B.IA.LEGAL

SCP 1037/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 1 de septiembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48989-2022-98-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso civil de nulidad de contrato de anticresis seguido contra Juan Carlos Rojas Pinedo y Zelma Carina Méndez Valverde, los Magistrados ahora demandados emitieron el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, por el cual declararon infundado su recurso de casación presentado contra el Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) No efectuaron un análisis de los fundamentos descritos en el Auto de Vista 55/2021, ni de la Sentencia emitida por el Juez A quo, repitiendo los mismos errores que el Tribunal de alzada; b) A momento de declarar infundado el recurso de casación, se basaron en normas insertas en los arts. 250 y 258.2 del CPCabrg., obviando analizar el fondo del Auto de Vista impugnado; y, c) Dieron prevalencia a la Escritura Pública 763/2012 al habérsele otorgado una consistencia legal, sin tomar en cuenta que la misma era simulada y no contaba con las formalidades legales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, 2) Análisis del Caso Concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2022 de 17 de junio, cursante de fs. 112 a 116 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en base a los Fundamentos Jurídicos y argumentos explicados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1037/2023-S1 Sucre, 1 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 48989-2022-98-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 137/2022 de 17 de junio, cursante de fs. 112 a 116 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Germán Chambilla Justo en representación legal de Abraham Fernández Aliaga y Natividad Machicado Yujra, contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 y 28 de enero de 2022, cursante de fs. 52 a 58; y, 61 a 63 vta. respectivamente, el accionante expresó los siguientes fundamentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso civil de nulidad de contrato de anticresis firmado el 15 de diciembre de 2009, e instaurado el 6 de abril de 2017, al haber transcurrido más de once años sin haberse devuelto una tienda por los anticresistas e incumpliendo lo estipulado en el art. 1435.II del Código Civil (CC), se emitió la Sentencia 248/2019, la cual fue objeto de recurso de apelación, siendo resuelta por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por medio del Auto de Vista 55/2021, por la cual, ingresando en consideraciones erróneas y confusiones respecto al objeto del proceso, sin efectuar una revisión cuidadosa de la Sentencia de primera instancia, incurriendo además en errores insalvables, declaró improponible la demanda y sin reposición, siendo una determinación fuera de toda objetividad jurídica en cuanto al fondo, por lo que interpuso el recurso de casación.

Planteado el recurso de casación, los Magistrados ahora demandados, emitieron el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, quienes de manera ilegal se salieron del objeto del proceso, pues no efectuaron una revisión de los errores insalvables que se puso a su conocimiento perpetrados en el Auto de Vista 55/2021, tampoco cotejaron de forma objetiva la determinación del Juez a quo, careciendo de los requisitos establecidos en el art. 213.2, 3 y 4 del Código Procesal Civil (CPC), repitiendo los mismos errores que el Tribunal de alzada, pues los accionados, realizaron interpretaciones erróneas con normas abrogadas cuando se refieren a los arts. 250 y 258.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg.) con la cual declararon infundado el recurso de casación dando aplicación a una norma que no se encuentra vigente, sin efectuar un análisis de fondo del Auto de Vista impugnado, y en lugar de revocarlo, lo declaró infundado con citas al Código de Procedimiento Civil abrogado; además, dan una prevalencia a la Escritura Pública 763/2012 con la cual la parte demandada sorprendió al Juez de la causa, esto al haberle dado una consistencia legal, sin tomar en cuenta que la misma era simulada y no contaba con las formalidades legales, vulnerando sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, citando al efecto los 56.I y II, 115.I y II; y, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiéndose: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio; y, b) Que los Magistrados demandados emitan una nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 17 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 109 a 111 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 10 de junio de 2022, cursante de fs. 105 a 107 vta., señalaron que: a) Con relación al punto 1, respecto a que el Auto Supremo no analizó la Sentencia de primera instancia, ni el Auto de Vista, por lo cual carecería de los requisitos que obliga el Código Procesal Civil; se puede entrever que el Auto Supremo cuestionado cumple a cabalidad lo exigido por el art. 213.2, 3 y 4 del CPC, pues contiene en su estructura la parte narrativa de exposición de los hechos, el derecho que justifica la determinación; y, la parte resolutiva por el cual se declaró infundado el recurso de casación, además que el reclamo es confuso en su memorial de acción de amparo constitucional; b) Respecto al punto 2, sobre que el Auto Supremo efectúa citas de normas abrogadas que no estaría vigente; al respecto, se establece que el Auto Supremo hace cita como precedente a la naturaleza del recurso de casación como medio de impugnación y no como un presupuesto procesal para declarar infundado el referido recurso, mencionando como antecedente el Auto Supremo 214/2016 de 14 de marzo; y, c) En cuanto a los puntos 3, 4 y 5, respecto a que el Auto Supremo accionado, realiza una valoración de la Escritura Pública 763/2012 relativo a la compra venta de un bien inmueble que fue objeto del contrato de anticrético cuya nulidad fue demandado; se debe establecer, que en el acápite III.2 de Doctrina Legal Aplicable, se dejó establecido que no es viable que en un recurso de casación se cuestione de manera directa los fundamentos de la sentencia, pues la técnica recursiva exige que el recurso de casación debe ser interpuesto contra el Auto de Vista en aplicación del art. 270.I del CPC, asimismo, respecto a la Escritura Pública 673/2012, se señaló que cuando la misma se demanda de nulidad por efectos de la simulación, la misma debe ser demostrado mediante un contra-documento, para que se evidencia la referida simulación y revocar el negocio jurídico; empero, la parte accionante en ningún momento presentó prueba para demostrar que dicha Escritura fuera ficticio o simulado, pues no existe el contradocumento necesario, evidenciándose que se dio respuesta a todos los puntos de impugnación encontrándose debidamente fundamentado y motivado, solicitando se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de terceros interesados

Juan Carlos Rojas Pinedo y Zelma Méndez Valverde, no presentaron informe alguno, ni se apersonaron a la audiencia programada, pese a su legal notificación, cursante a fs. 72.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, por Resolución 137/2022 de 17 de junio, cursante de fs. 112 a 116 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto a los puntos 1, 2, 3 y 8 del recurso de casación, luego de cuestionar los fundamentos de la Sentencia del Juez a quo que no se tomó en cuenta la pretensión incoada, referida a la nulidad del contrato de 15 de diciembre y el exceso en el plazo establecido en la norma, y al no contar con las formalidades legales, los demandados señalaron el lineamiento jurisprudencial que establece la inviabilidad de cuestionar los fundamentos de la Sentencia en etapa de casación, debiendo la misma ser interpuesta contra el Auto de Vista en aplicación del art. 270.I del CPC; 2) En relación a los puntos 4, 7 y 9 del recurso de casación, al señalar que el Auto Supremo carece de fundamentación, pues el Tribunal de alzada no hubiera explicado los fundamentos legales por la que justifiquen la imposibilidad de la demanda, se puede establecer que se busca cuestionar la estructura formal de la determinación, centrándose el análisis en la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, denotándose que si existe las razones por las que se consideró la improponibilidad subjetiva de la demanda principal; y, 3) En cuanto a los puntos 5 y 6 del recurso de casación, denuncian que no se tomó en cuenta los requisitos que exige el art. 110 del CPC; empero, se evidencia que si se consideraron los requisitos formales, no resultando trascendente dicha denuncia, pues dicho presupuesto no exime la declaratoria de improponibilidad, como también en relación a la Escritura Pública 673/2012 que sea ficticio, el impetrante de tutela no presentó prueba que demuestre dicho aspecto, estableciéndose que el Auto Supremo cuenta con los fundamentos necesarios, dando cumplimiento a las obligaciones de ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Documento Privado de Promesa de Compra Venta de 15 de diciembre de 2009, con su respectivo Reconocimiento de Firmas de la misma fecha por ante Notario de Fe Pública 59 del departamento de La Paz, suscrito entre Abraham Fernández Aliaga, Natividad Machicado Yujra -ahora accionantes- como propietarios y Juan Carlos Rojas Pinedo y Zelma Carina Méndez Valverde como compradores, por el cual, en la Cláusula Segunda del mencionado documento se indica que:

SEGUNDA.- Las dos partes “EL PROPIETARIO” y “LOS COMPRADORES” de común acuerdo sin vicios del consentimiento o presión alguna, suscriben mediante el presente documento de Promesa Formal de compra-venta del 50% del inmueble ubicado en la Calle Zoilo Flores No. 1094, que consta de dos tienda, y dos departamentos que, colindan al callejón y están próximos a la Calle Riobamba y que “EL PROPIETARIO”, tiene en su poder y posesión pacífica desde el año 1995 ininterrumpidamente. La suma fijada y aceptada por ambas partes es de cien mil 00/100 dólares americanos ($us. 100.000.-) {…[sic. (fs. 8 a 11)]}. II.2. Consta Documento Privado de anticrético de 15 de diciembre de 2009, con su respectivo Reconocimiento de Firmas de la misma fecha por ante Notario de Fe Pública 59 del departamento de La Paz, suscrito entre Abraham Fernández Aliaga, Natividad Machicado Yujra como propietarios y Juan Carlos Rojas Pinedo y Zelma Carina Méndez Valverde como anticresistas, la cual, en sus Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta, señala que: (…).

Segunda.- La construcción del inmueble es antigua y existe un Local comercial (tienda) signada con el número 1120 de aproximadamente 20 m2, con salida directa a la calle Zoilo Flores el inmueble descrito en la cláusula que antecede de 305 m2, se encuentra avaluado en la suma de $us. 72.000.- el cambio oficial del día, conforme consta en los respectivos registros a la evaluación de la HAM. Tercera.- A la fecha por convenir a mis intereses, yo ABRAHAM FERNÁNDEZ ALIAGA con C.I. 978826 CBBA, doy el citado inmueble (tienda) con todos sus hambientes y servicios, contando todos ellos con sus respectivas puertas, chapas cerraduras, en CONTRATO DE ANTICRESIS al señor JUAN CARLOS ROJAS PINEDO con C.I. 4793649 L.P. por la suma de DIECIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS ($us. 18.000), valor que declaro haber recibido en moneda de curso legal y corriente a mi plena satisfacción, a tiempo de suscribir la presente minuta, que es una renovación de un contrato anterior, pudiendo los anticresistas, en consecuencia, seguir ocupando, el mencionado inmueble (tienda), por el tiempo establecido en la cláusula cuarta. Cuarta.- El plazo por el que regirá este contrato cera de Cinco años forzosos, pudiendo renovarse cumpliendo el plazo, a partir de la fecha de la suscripción del presente documento, a cuyo vencimiento en caso de no renovarse; el anticresista deberá proceder a la desocupación y entrega del inmueble a su propietario y la vez este, devolver la suma recibida en tal calidad, sin necesidad de previo aviso para ninguna de las partes [sic. (fs. 5 a 7)]. II.3. Por memorial de 10 de abril de 2017, Germán Chambilla Justo en representación del ahora impetrante de tutela Abraham Fernández Aliaga, interpone demanda civil de nulidad de contrato de anticresis y de reivindicación del predio dado en tal calidad, demanda dirigido contra Juan Carlos Rojas Pinedo y Zelma Carina Méndez Valverde, solicitando a la autoridad jurisdiccional:

…declarar en sentencia probada la presente demanda y en cuya resolución se disponga 1ro que el contrato de anticresis suscrito en fecha 15 de diciembre de 2009, sea declarado nulo y sin valor legal en aplicación de los Núms.4) del Art.452, y el Art.1435 del Código, Art.452, Num. 1) del Art.549 , y el Art.1435 del Código Civil, 2do se disponga por reivindicada el predio con la entrega inmediata de la tienda a favor dell apoderado al tercer día de su ejecutoría de la sentencia, 3ro se disponga la devolución del total del capital de los 18.000 Sus dólares americanos a favor delos anticresistas al tercer día de su ejecutoria de la sentencia y sea con las formalidades de Ley [sic. (fs. 13 a 14)]. II.4. Cursa Sentencia 248/2019 de 15 de agosto, pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz, por el cual, declaró probada en parte la demanda principal, disponiendo: (…).

1° Dejar sin valor legal y nulo el Documento Privado de Anticrético de fecha 15 de diciembre de 2009 sobre una tienda comercial ubicado en la calle Zoilo Flores No. 1120, zona San Pedro de la ciudad de La Paz de 20 mtsa2 de superficie. 2° Como consecuencia de los efectos retroactivos de la nulidad y habiéndose demostrado la suscripción de un contrato de compra venta de manera posterior entre el propietario del inmueble ABRAHAM FERNANDEZ ALIAGA a favor de los demandados Juan Carlos Rojas Pinedo sobre el inmueble objeto del proceso IMPROBADA la pretensión de la restitución de la tienda comercial a favor del demandante, así como la devolución del capital de anticrético de $us. 18.000 a favor de los demandadlos. Con costas en contra del demandante [sic. (fs. 31 a 34)]. II.5. Por Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero, la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó anular todo lo obrado sin reposición al ser la demanda improponible en aplicación del art. 218.II.4) del CPC (fs. 35 a 38). II.6. Consta Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, emitido por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- declararon infundado el recurso de casación interpuesto por los ahora peticionantes de tutela, bajo los siguientes fundamentos: (…). CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al presente caso, corresponde expresar las siguientes consideraciones: En los puntos 1), 2), 3) y 8) de la casación, los recurrentes cuestionaron los fundamentos de la sentencia de primer grado, alegando que el juez de primera instancia no tomó en cuenta que la pretensión planteada en la demanda es precisa y concreta; pues la misma está referida a la nulidad del contrato de 15 de diciembre de 2009 en razón de que ésta excede el plazo establecido en el art. 1435.II del Código Civil y porque no cumple con las formalidades que requiere el art. 1430 del mismo cuerpo legal. Todo esto, según reclama el recurrente, generó la emisión de una sentencia incompleta, ambigua, confusa y nada precisa; pus si bien en ella se declaró la nulidad del contrato de anticresis, de forma aberrante y contrario al orden jurídico establecido, el juez declaró improbada la pretensión de restitución de la tienda comercial en favor del demandante y la devolución del capital de anticrético en favor de los demandados. Al respecto, conviene remitirnos a los lineamientos jurisprudenciales descritos en el acápite III.2 de la doctrina aplicable, donde este Tribunal ha dejado establecido que no es viable que en la casación se impugnen de manera directa los fundamentos de la sentencia, debido a que la adecuada técnica recursiva, exige que el recurso de casación sea interpuesto en contra de los aspectos considerados y resueltos en la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta el art. 270.I de Código Procesal Civil, y ello justamente, porque este recurso constituye un medio impugnatorio cuya naturaleza requiere que todos los reclamos formulados deban ir orientados a observar aspectos de forma y fondo que surjan de la determinación asumida por el Tribunal de apelación. Estas pautas, según se puede observar en la casación, no fueron tomadas en cuenta por la parte recurrente, puesto que sus argumentos, en particular los que ahora nos encontramos analizando, tienen por objeto contravertir los razonamientos que fueron sustento de la sentencia de primer grado, lo cual hace inviable su análisis, ya que lo permite es impugnar los fundamentos de la resolución de segunda instancia (Auto de Vista), demostrando de manera concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma se hubieren violado y/o transgredido los derechos o intereses de la parte recurrente a tiempo de emitirse dicha resolución.

Esto, dicho en otras palabras, significa que, a tiempo de formularse la casación, el recurrente debe efectuar una crítica legal del Auto de Vista, identificando de manera clara y precisa en qué medida el Tribunal de apelación ha errado y cómo debe sanearse el yerro que se generó, lo cual no implica reiterar lo ya planteado en apelación o realizar apreciaciones genéricas, antojadizas y/o imprecisas respecto a otras resoluciones como la sentencia de primer grado. Con base en estas consideraciones, podemos concluir que los argumentos expuestos en los puntos 1, 2, 3 y 8 de la casación, no coinciden con las exigencias establecidas en el art. 270.I del Código Procesal Civil, en sentido de constituir acepciones que propiamente cuestionan los fundamentos de la sentencia de primer grado y no de la resolución de alzada; razón por la cual no merecen mayor consideración. En los puntos 4), 7) y 9) del memorial de casación, los recurrentes acusaron que la resolución recurrida carece de fundamentación, debido a que el Tribunal de alzada no explicó cuáles son los fundamentos de orden legal que justifican la improponobilidad de la demanda, por el contrario, a todas luces esa determinación constituiría una aberración jurídica, pues el hecho de haber citado una fuente doctrina no es suficiente para justificar una resolución de esa naturaleza; mucho menos cuando en la misma el Ad quem utilizó terminología que causa gracia y extrañeza que no guardan los mínimos marcos de una ponencia jurídica. Añadió que con esa determinación, el Ad quem quebrantó el princio de seguridad jurídica, porque en lugar de enmendar los errores del juzgador de grado, emitió una resolución injusta que fue sustentada con base en una fuente doctrinal que no es pertinente al objeto del presente proceso, toda vez que la misma está referida a los requisitos extrínsecos e intrínsecos vinculados a la improponibilidad objetiva y subjetiva para interponer la pretensión; los cuales habrían sido aplicados de forma irresponsable y absurda, pues incluso se hizo alusión al AS N° 233/2019 que no refleja absolutamente anda sobre el fondo ola forma del presente proceso. De lo expuesto en este apartado, de advierte que el mismo está orientado a cuestionar la estructura formal de la resolución, toda vez que lo que se acusa es la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, caso en el cual este Tribunal se encuentra compelido a verificar si lo advertido es o no evidente y de así si este es o no trascendental como para generar la nulidad de obrados. En ese entendido y previo a considerar lo referido, conviene tomar en cuenta que el derecho a la fundamentación y motivación como parte del derecho al debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE y el art. 4 del Código Procesal Civil, está ligado a la búsqueda del orden justo, es decir que cuando el referido mandato constitucional instruye que el Estado debe garantizar una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones, no solamente ordena poner en movimiento las reglas del procedimiento civil, sino busca un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales consagrados en el art. 180.I del texto constitucional, principios que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por la autoridad judicial, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas y sustantivas de nuestro orden jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que las resoluciones emitidas dentro de un juicio se encuentren debidamente fundamentadas y motivadas, pues solo así podrá garantizar que las partes conozcan las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional. A ello cabe añadir que este derecho, no únicamente se encuentra consagrado en nuestro orden jurídico interno, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diferentes fallos a establecido, también, los alcances del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, verbigracia de ello tenemos el Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela, donde la Corte razonó que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de la sociedad democrática, en ese mismo sentido en el Caso Tristán Donoso Vs. Panamá, se ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe demostrar que fueron debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas fue analizado. (…). Expuestas estas consideraciones, se puede colegir que en el caso analizado no encontramos evidente la acusación descrita por el recurrente, por cuanto de una atenta revisión de los argumentos que sustentan el Auto de Vista N° 55/2021 de 21 de enero, se advierte que el Tribunal de alzada si explicó las razones por las cuales considera que en este caso concurre la improponibilidad subjetiva de la demanda planteada por el recurrente. Si nos remitidos al texto de la resolución mencionada, podremos advertir que en el punto 3.3 de la parte considerativa de dicho fallo, e Ad quem declaró la improponibilidad de la demanda, argumentado que de la revisión del documento de fs. 8 a 9 (contrato de anticresis), se advierte que Abraham Fernández Aliaga (recurrente) a tiempo de realizar el contrato de anticrético, gozaba de un derecho de propiedad sobre el 50% (equivalente a 152,50 m2) del inmueble ubicado en ciudad satélite Plan 361, calle Zoilo Flores N° 1094 de la zona San Pedro de la ciudad de La Paz; empero, a través de la Escritura Pública N° 673/2012 dicho sujeto, transfirió el derecho propietario del cual gozaba en favor a José Carlos Rojas Pinedo, que hasta ese momento era el anticresista. Esto, según lo razonado en la resolución recurrida, hizo que el actor ya no se cuente con un derecho de propiedad sobre el inmueble que fue objeto del contrato de anticresis; razón por la que ya no cuenta con un interés que avale su legitimación para incoar la nulidad del contrato de 15 de diciembre de 2009, por tanto, pretender invalidar un documento de anticresis por ausencia de formalidad, cuando ya no se es propietario de la cosa, según sostiene el Ad quem, carece de todo interés vigente, puesto que, si bien el actor figuró como propietario en el contrato de anticrético, actualmente ya no cuenta con esa condición, por lo que ya no le asiste ningún derecho para proponer la presente demanda, máxime cuando la situación jurídica de ese contrato, en caso de que la pretensión sea, acogida favorablemente, no generaría ningún efecto entre las partes, pues no modificaría en lo absoluto la situación actual de los demandados, que no pueden ser despojados de un bien inmueble del cual gozan de un derecho propietario. Como se puede apreciar, y contrariamente a lo argumentado por el recurrente, el Tribunal de alzada si ha expuesto las razones por las cuales considera que en este caso concurre la improponibilidad subjetiva de la demanda, pues, al margen de los argumentos antes descritos, dicho Tribunal realizó una adecuada relación de los antecedentes del proceso e hizo mención de la jurisprudencia que respalda su postura (Auto Supremo N° 233/2019); lo cual descarta la acusación planteada en la casación, ya que no es evidente que la fuente doctrinal utilizada por el Ad quem, sea impertinente para este caso, puesto que la misma se encuentra referida a los presupuestos que configuran la improponibilidad objetiva y subjetiva de la pretensión, de los cuales el Tribunal de alzada, adecuadamente aplicó la segunda figura.

De ahí que es este caso no amerita dar curso a los reclamos expuestos en los puntos 4, 7 y 9 de la casación, al no ser evidente la carencia de fundamentación ni el quebrantamiento del principio de seguridad jurídica, mucho menos es evidente que la fuente doctrinaria utilizada en el Auto de Vista no sea suficiente para justificar la determinación asumida en este caso. Finalmente, en los puntos 5) y 6) de la casación, los recurrentes denunciaron que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta que la demanda cumple con todos los requisitos que exige el art. 110 del Código Procesal Civil, y que el contrato transcrito en la Escritura Pública N° 763/2012 es ficticio, (aunque lo correcto es la E.P. 673/2012) debido a que en él se estableció un precio que no es real; además, porque en su confección no intervinieron los mismos sujetos que intervinieron en el contrato de anticrético de 15 de diciembre de 2009 y porque no existe ninguna cláusula donde se deje sin efecto el contrato de anticrético; a esto, añadió que dicha escritura pública no se encuentra registrada en Derechos Reales. De lo expuesto se desprenden dos argumentos; el recurrente debe tomar en cuenta que el Tribunal de alzada, una vez comprobada la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales que exige el art. 110 del Código Procesal Civil, efectúo un control de proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción; análisis que a diferencia del control formal, radica en realizar un juicio de fundabilidad de los elementos que corresponde al derecho material invocado y al interés legítimo de la parte que postula la pretensión; de ahí que ha concluido que en este caso, ante la ausencia del interés legítimo del actor (carencia de derecho), su demanda es improponible, pues ello no permite formar y continuar válidamente el proceso, y por tanto, impide a ese Tribunal de continuar el dispendio de un proceso inoficioso y le inhibe de poder emitir decisión sobre el fondo. Con esto, se tiene que en este caso la consideración de los requisitos formales establecidos en el art. 110 del Código Procesal Civil, resulta intrascendente, pues como se ha manifestado, el hecho de que la demanda cumpla con esos presupuestos no exime de que esta pueda ser declarada improponible, pues la improponibilidad no deviene de un análisis formal de la demanda, sino de la revisión de los elementos de fondo que configuran la pretensión, tales como el interés legítimo o derecho del actor para presentar la pretensión, por ello el art. 24 del Código Procesal Civil, que en su numeral 1) inciso a), establece que la autoridad judicial tiene el poder para rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda cuando esta sea manifiestamente improponible. Ahora bien, en lo que concierne al segundo argumento, donde los recurrentes sostuvieron que el contrato de transferencia inmerso en la Escritura Pública N° 673/2012 es ficticio; cabe señalar que cuando una de las partes de un negocio jurídico, demanda la nulidad del contrato por efectos de la simulación, indefectiblemente debe reatarse a las estipulaciones del art. 545.II del CC, que respecto a la prueba de la simulación, establece que: “Entre partes solo puede hacerse mediante contra-documento u otra prueba escrita que no atente contra la Ley o el derecho de terceros”, asumiendo que a partir de ello que el contra-documento constituye la prueba concluyente para probar la simulación, pues la declaración contenida en él expresando que lo manifestado en el contrato simulado no es valedero, deja sin efecto e importa una revocación de dicho negocio jurídico, es decir que el contra-documento tiene una doble finalidad; primero, como acto jurídico que revela la verdad de lo pactado en acto simulado; y segundo, como el documento destinado a probar dicha manifestación de voluntad, y así el contradocumento a entender de autores como Guillermo Borda, constituye: “…una declaración de voluntad formulada por escrito por las partes de carácter generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado”.

En el caso presente, al margen de que la demanda no tuvo como sustento la simulación del contrato inmerso en la Escritura Pública N° 673/2012, porque este contrato no fue objeto del proceso; el demandante, ahora recurrente, a tiempo de rebatir la argumentación de la parte demandada, en ningún momento presentó prueba que demuestre que dicho contrato sea ficto o simulado, pues en obrados no cursa contradocumento que permita apreciar todos los extremos que son mencionados en casación; razón por la que no amerita dar curso a la alegación recursiva expuesta en este punto; mucho menos bajo el criterio de que la mencionada escritura no estuviera inscrita en el registro de DDRR, pues conforme manda el art. 1538.III del Código Civil, los actos de transmisión de Derechos Reales que no hubieren llenado las formalidades de inscripción, surten efectos entre las partes contratantes. Con base en todo lo expuesto, se concluye que ninguno de los reclamos de la casación cuenta con sustento, por lo que corresponde emitir resolución en el marco de lo establecido por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 304 a 308 vta., interpuesto por Abraham Fernández Aliaga y Natividad Machicado Yujra representados por Germán Chambilla Justo contra el Auto de Vista N° 55/2021 de 21 de enero, cursante de fs. 298 a 301, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos [sic. (fs. 39 a 46)].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso civil de nulidad de contrato de anticresis seguido contra Juan Carlos Rojas Pinedo y Zelma Carina Méndez Valverde, los Magistrados ahora demandados emitieron el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, por el cual declararon infundado su recurso de casación presentado contra el Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) No efectuaron un análisis de los fundamentos descritos en el Auto de Vista 55/2021, ni de la Sentencia emitida por el Juez A quo, repitiendo los mismos errores que el Tribunal de alzada; b) A momento de declarar infundado el recurso de casación, se basaron en normas insertas en los arts. 250 y 258.2 del CPCabrg., obviando analizar el fondo del Auto de Vista impugnado; y, c) Dieron prevalencia a la Escritura Pública 763/2012 al habérsele otorgado una consistencia legal, sin tomar en cuenta que la misma era simulada y no contaba con las formalidades legales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, 2) Análisis del Caso Concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic. [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

1 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).

(…). 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic.[las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro el proceso civil de nulidad de contrato de anticresis seguido contra Juan Carlos Rojas Pinedo y Zelma Carina Méndez Valverde, los Magistrados ahora demandados emitieron el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, por el cual declararon infundado su recurso de casación presentado contra el Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) No efectuaron un análisis de los fundamentos descritos en el Auto de Vista 55/2021, ni de la Sentencia emitida por el Juez A quo, repitiendo los mismos errores que el Tribunal de alzada; 2) A momento de declarar infundado el recurso de casación, se basaron en normas insertas en los arts. 250 y 258.2 del CPCabrg., obviando analizar el fondo del Auto de Vista impugnado; y, 3) Dieron prevalencia a la Escritura Pública 763/2012 al habérsele otorgado una consistencia legal, sin tomar en cuenta que la misma era simulada y no contaba con las formalidades legales. De los antecedentes que se encuentran descritos en las conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, el 15 de noviembre de 2009, ser firmó un Documento Privado de Promesa de Compra Venta y otro de Anticresis entre los ahora accionantes y Juan Carlos Rojas Pinedo y Zelma Carina Méndez Valverde -terceros interesados-debidamente reconocidos por ante Notario de Fe Pública 59 del departamento de La Paz, de forma posterior los impetrantes de tutela por medio de su representante legal, instauró el 10 de abril de 2017 demanda civil de nulidad de contrato de anticresis y de reivindicación contra los terceros interesados, solicitando al juez declarar probada la misma, como también declarar nulo y sin valor legal el contrato de anticrético, la reivindicación del bien a su favor y se orden la devolución del canon económico a los demandados, por lo que, el 15 de agosto de 2019 el Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz, pronunció la Sentencia 248/2019 por el cual declaró probada en parte la demanda, dejando sin valor legal el Documento de anticrético de 15 de diciembre de 2009, y declarando improbada la pretensión de restitución del bien, al existir un contrato de compra venta de forma posterior en favor de Juan Carlos Rojas Pinedo, apelada como fue dicha Sentencia por los peticionantes de tutela, la misma fue resuelta por medio del Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero emitido por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la cual al evidenciar la improponibilidad de la demanda determinó anular obrados sin reposición, y que al haber sido impugnado por medio del recurso de casación, los Magistrados de la Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- resolviendo dicho recurso, declararon infundado el mismo a través del Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 y II.6). Ahora bien, conforme a la problemática planteada es pertinente señalar lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual refiere que:

…la fundamentación consiste a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. En ese orden de cosas, se necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, así tenemos, que conforme a la Conclusión II.6 de esta Resolución Constitucional, las autoridades demandadas a momento de pronunciar el antedicho Auto Supremo determinaron declarar infundado el recurso de casación interpuesto por los accionantes, argumentado que:

(…). CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al presente caso, corresponde expresar las siguientes consideraciones: En los puntos 1), 2), 3) y 8) de la casación, los recurrentes cuestionaron los fundamentos de la sentencia de primer grado, alegando que el juez de primera instancia no tomó en cuenta que la pretensión planteada en la demanda es precisa y concreta; pues la misma está referida a la nulidad del contrato de 15 de diciembre de 2009 en razón de que ésta excede el plazo establecido en el art. 1435.II del Código Civil y porque no cumple con las formalidades que requiere el art. 1430 del mismo cuerpo legal. Todo esto, según reclama el recurrente, generó la emisión de una sentencia incompleta, ambigua, confusa y nada precisa; pus si bien en ella se declaró la nulidad del contrato de anticresis, de forma aberrante y contrario al orden jurídico establecido, el juez declaró improbada la pretensión de restitución de la tienda comercial en favor del demandante y la devolución del capital de anticrético en favor de los demandados. Al respecto, conviene remitirnos a los lineamientos jurisprudenciales descritos en el acápite III.2 de la doctrina aplicable, donde este Tribunal ha dejado establecido que no es viable que en la casación se impugnen de manera directa los fundamentos de la sentencia, debido a que la adecuada técnica recursiva, exige que el recurso de casación sea interpuesto en contra de los aspectos considerados y resueltos en la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta el art. 270.I de Código Procesal Civil, y ello justamente, porque este recurso constituye un medio impugnatorio cuya naturaleza requiere que todos los reclamos formulados deban ir orientados a observar aspectos de forma y fondo que surjan de la determinación asumida por el Tribunal de apelación. Estas pautas, según se puede observar en la casación, no fueron tomadas en cuenta por la parte recurrente, puesto que sus argumentos, en particular los que ahora nos encontramos analizando, tienen por objeto contravertir los razonamientos que fueron sustento de la sentencia de primer grado, lo cual hace inviable su análisis, ya que lo permite es impugnar los fundamentos de la resolución de segunda instancia (Auto de Vista), demostrando de manera concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma se hubieren violado y/o transgredido los derechos o intereses de la parte recurrente a tiempo de emitirse dicha resolución.

Esto, dicho en otras palabras, significa que, a tiempo de formularse la casación, el recurrente debe efectuar una crítica legal del Auto de Vista, identificando de manera clara y precisa en qué medida el Tribunal de apelación ha errado y cómo debe sanearse el yerro que se generó, lo cual no implica reiterar lo ya planteado en apelación o realizar apreciaciones genéricas, antojadizas y/o imprecisas respecto a otras resoluciones como la sentencia de primer grado. Con base en estas consideraciones, podemos concluir que los argumentos expuestos en los puntos 1, 2, 3 y 8 de la casación, no coinciden con las exigencias establecidas en el art. 270.I del Código Procesal Civil, en sentido de constituir acepciones que propiamente cuestionan los fundamentos de la sentencia de primer grado y no de la resolución de alzada; razón por la cual no merecen mayor consideración. En los puntos 4), 7) y 9) del memorial de casación, los recurrentes acusaron que la resolución recurrida carece de fundamentación, debido a que el Tribunal de alzada no explicó cuáles son los fundamentos de orden legal que justifican la improponobilidad de la demanda, por el contrario, a todas luces esa determinación constituiría una aberración jurídica, pues el hecho de haber citado una fuente doctrina no es suficiente para justificar una resolución de esa naturaleza; mucho menos cuando en la misma el Ad quem utilizó terminología que causa gracia y extrañeza que no guardan los mínimos marcos de una ponencia jurídica. Añadió que con esa determinación, el Ad quem quebrantó el princio de seguridad jurídica, porque en lugar de enmendar los errores del juzgador de grado, emitió una resolución injusta que fue sustentada con base en una fuente doctrinal que no es pertinente al objeto del presente proceso, toda vez que la misma está referida a los requisitos extrínsecos e intrínsecos vinculados a la improponibilidad objetiva y subjetiva para interponer la pretensión; los cuales habrían sido aplicados de forma irresponsable y absurda, pues incluso se hizo alusión al AS N° 233/2019 que no refleja absolutamente anda sobre el fondo ola forma del presente proceso. De lo expuesto en este apartado, de advierte que el mismo está orientado a cuestionar la estructura formal de la resolución, toda vez que lo que se acusa es la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, caso en el cual este Tribunal se encuentra compelido a verificar si lo advertido es o no evidente y de así si este es o no trascendental como para generar la nulidad de obrados. En ese entendido y previo a considerar lo referido, conviene tomar en cuenta que el derecho a la fundamentación y motivación como parte del derecho al debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE y el art. 4 del Código Procesal Civil, está ligado a la búsqueda del orden justo, es decir que cuando el referido mandato constitucional instruye que el Estado debe garantizar una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, trasparente y sin dilaciones, no solamente ordena poner en movimiento las reglas del procedimiento civil, sino busca un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales consagrados en el art. 180.I del texto constitucional, principios que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por la autoridad judicial, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas y sustantivas de nuestro orden jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que las resoluciones emitidas dentro de un juicio se encuentren debidamente fundamentadas y motivadas, pues solo así podrá garantizar que las partes conozcan las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional. A ello cabe añadir que este derecho, no únicamente se encuentra consagrado en nuestro orden jurídico interno, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diferentes fallos a establecido, también, los alcances del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, verbigracia de ello tenemos el Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela, donde la Corte razonó que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de la sociedad democrática, en ese mismo sentido en el Caso Tristán Donoso Vs. Panamá, se ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe demostrar que fueron debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas fue analizado. (…). Expuestas estas consideraciones, se puede colegir que en el caso analizado no encontramos evidente la acusación descrita por el recurrente, por cuanto de una atenta revisión de los argumentos que sustentan el Auto de Vista N° 55/2021 de 21 de enero, se advierte que el Tribunal de alzada si explicó las razones por las cuales considera que en este caso concurre la improponibilidad subjetiva de la demanda planteada por el recurrente. Si nos remitidos al texto de la resolución mencionada, podremos advertir que en el punto 3.3 de la parte considerativa de dicho fallo, e Ad quem declaró la improponibilidad de la demanda, argumentado que de la revisión del documento de fs. 8 a 9 (contrato de anticresis), se advierte que Abraham Fernández Aliaga (recurrente) a tiempo de realizar el contrato de anticrético, gozaba de un derecho de propiedad sobre el 50% (equivalente a 152,50 m2) del inmueble ubicado en ciudad satélite Plan 361, calle Zoilo Flores N° 1094 de la zona San Pedro de la ciudad de La Paz; empero, a través de la Escritura Pública N° 673/2012 dicho sujeto, transfirió el derecho propietario del cual gozaba en favor a José Carlos Rojas Pinedo, que hasta ese momento era el anticresista. Esto, según lo razonado en la resolución recurrida, hizo que el actor ya no se cuente con un derecho de propiedad sobre el inmueble que fue objeto del contrato de anticresis; razón por la que ya no cuenta con un interés que avale su legitimación para incoar la nulidad del contrato de 15 de diciembre de 2009, por tanto, pretender invalidar un documento de anticresis por ausencia de formalidad, cuando ya no se es propietario de la cosa, según sostiene el Ad quem, carece de todo interés vigente, puesto que, si bien el actor figuró como propietario en el contrato de anticrético, actualmente ya no cuenta con esa condición, por lo que ya no le asiste ningún derecho para proponer la presente demanda, máxime cuando la situación jurídica de ese contrato, en caso de que la pretensión sea, acogida favorablemente, no generaría ningún efecto entre las partes, pues no modificaría en lo absoluto la situación actual de los demandados, que no pueden ser despojados de un bien inmueble del cual gozan de un derecho propietario. Como se puede apreciar, y contrariamente a lo argumentado por el recurrente, el Tribunal de alzada si ha expuesto las razones por las cuales considera que en este caso concurre la improponibilidad subjetiva de la demanda, pues, al margen de los argumentos antes descritos, dicho Tribunal realizó una adecuada relación de los antecedentes del proceso e hizo mención de la jurisprudencia que respalda su postura (Auto Supremo N° 233/2019); lo cual descarta la acusación planteada en la casación, ya que no es evidente que la fuente doctrinal utilizada por el Ad quem, sea impertinente para este caso, puesto que la misma se encuentra referida a los presupuestos que configuran la improponibilidad objetiva y subjetiva de la pretensión, de los cuales el Tribunal de alzada, adecuadamente aplicó la segunda figura.

De ahí que es este caso no amerita dar curso a los reclamos expuestos en los puntos 4, 7 y 9 de la casación, al no ser evidente la carencia de fundamentación ni el quebrantamiento del principio de seguridad jurídica, mucho menos es evidente que la fuente doctrinaria utilizada en el Auto de Vista no sea suficiente para justificar la determinación asumida en este caso. Finalmente, en los puntos 5) y 6) de la casación, los recurrentes denunciaron que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta que la demanda cumple con todos los requisitos que exige el art. 110 del Código Procesal Civil, y que el contrato transcrito en la Escritura Pública N° 763/2012 es ficticio, (aunque lo correcto es la E.P. 673/2012) debido a que en él se estableció un precio que no es real; además, porque en su confección no intervinieron los mismos sujetos que intervinieron en el contrato de anticrético de 15 de diciembre de 2009 y porque no existe ninguna cláusula donde se deje sin efecto el contrato de anticrético; a esto, añadió que dicha escritura pública no se encuentra registrada en Derechos Reales. De lo expuesto se desprenden dos argumentos; el recurrente debe tomar en cuenta que el Tribunal de alzada, una vez comprobada la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales que exige el art. 110 del Código Procesal Civil, efectúo un control de proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción; análisis que a diferencia del control formal, radica en realizar un juicio de fundabilidad de los elementos que corresponde al derecho material invocado y al interés legítimo de la parte que postula la pretensión; de ahí que ha concluido que en este caso, ante la ausencia del interés legítimo del actor (carencia de derecho), su demanda es improponible, pues ello no permite formar y continuar válidamente el proceso, y por tanto, impide a ese Tribunal de continuar el dispendio de un proceso inoficioso y le inhibe de poder emitir decisión sobre el fondo. Con esto, se tiene que en este caso la consideración de los requisitos formales establecidos en el art. 110 del Código Procesal Civil, resulta intrascendente, pues como se ha manifestado, el hecho de que la demanda cumpla con esos presupuestos no exime de que esta pueda ser declarada improponible, pues la improponibilidad no deviene de un análisis formal de la demanda, sino de la revisión de los elementos de fondo que configuran la pretensión, tales como el interés legítimo o derecho del actor para presentar la pretensión, por ello el art. 24 del Código Procesal Civil, que en su numeral 1) inciso a), establece que la autoridad judicial tiene el poder para rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda cuando esta sea manifiestamente improponible. Ahora bien, en lo que concierne al segundo argumento, donde los recurrentes sostuvieron que el contrato de transferencia inmerso en la Escritura Pública N° 673/2012 es ficticio; cabe señalar que cuando una de las partes de un negocio jurídico, demanda la nulidad del contrato por efectos de la simulación, indefectiblemente debe reatarse a las estipulaciones del art. 545.II del CC, que respecto a la prueba de la simulación, establece que: “Entre partes solo puede hacerse mediante contra-documento u otra prueba escrita que no atente contra la Ley o el derecho de terceros”, asumiendo que a partir de ello que el contra-documento constituye la prueba concluyente para probar la simulación, pues la declaración contenida en él expresando que lo manifestado en el contrato simulado no es valedero, deja sin efecto e importa una revocación de dicho negocio jurídico, es decir que el contra-documento tiene una doble finalidad; primero, como acto jurídico que revela la verdad de lo pactado en acto simulado; y segundo, como el documento destinado a probar dicha manifestación de voluntad, y así el contradocumento a entender de autores como Guillermo Borda, constituye: “…una declaración de voluntad formulada por escrito por las partes de carácter generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado”.

En el caso presente, al margen de que la demanda no tuvo como sustento la simulación del contrato inmerso en la Escritura Pública N° 673/2012, porque este contrato no fue objeto del proceso; el demandante, ahora recurrente, a tiempo de rebatir la argumentación de la parte demandada, en ningún momento presentó prueba que demuestre que dicho contrato sea ficto o simulado, pues en obrados no cursa contradocumento que permita apreciar todos los extremos que son mencionados en casación; razón por la que no amerita dar curso a la alegación recursiva expuesta en este punto; mucho menos bajo el criterio de que la mencionada escritura no estuviera inscrita en el registro de DDRR, pues conforme manda el art. 1538.III del Código Civil, los actos de transmisión de Derechos Reales que no hubieren llenado las formalidades de inscripción, surten efectos entre las partes contratantes. Con base en todo lo expuesto, se concluye que ninguno de los reclamos de la casación cuenta con sustento, por lo que corresponde emitir resolución en el marco de lo establecido por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 304 a 308 vta., interpuesto por Abraham Fernández Aliaga y Natividad Machicado Yujra representados por Germán Chambilla Justo contra el Auto de Vista N° 55/2021 de 21 de enero, cursante de fs. 298 a 301, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos (sic.). En ese contexto, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada, así tenemos: i. En cuanto a la primera problemática Los accionantes denuncian que los Magistrados demandados, al emitir el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, por el cual determinar declarar infundado su recurso de casación, violaron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, pues, no efectuaron un análisis de los fundamentos descritos en el Auto de Vista 55/2021, ni de la Sentencia emitida por el Juez A quo, repitiendo los mismos errores que el Tribunal de alzada. a. Sobre la fundamentación

El Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, a momento de declarar infundado el recurso de casación interpuesto por los accionantes contra el Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero que fuere pronunciada por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 115.II y 180.I de la CPE; 545 y 1538.III del CC; 42.I.1) de la Ley del Órgano Judicial; y, 4, 24.1.a), 110, 220.II y 270.I del CPC.

Justificando y argumentando de manera legal la decisión de declarar infundado el recurso de casación presentado por los impetrantes de tutela; por lo que, puede observarse que el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, basó su determinación en las normas vigentes, estableciéndose que los demandados cumplieron lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por lo que se puede evidenciar que la antedicha resolución se encuentra debidamente fundamentada, en consecuencia corresponde denegar la tutela solicitada. b. Respecto a la motivación

Las autoridades ahora demandas a momento de pronunciar el referido Auto Supremo al determinar declarar infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero, indicaron que: i) El recurso de casación no es viable para cuestionar o impugnar de forma directa los fundamentos de la sentencia, ya que solo deber ser presentado contra lo resuelto en la resolución de segunda instancia, conforme lo establece el art. 270.I del CPC; ii) Dicha técnica recursiva no fue tomada en cuenta, ya que se trata de analizar lo resuelto en primera instancia, tornándose de inviable dicho análisis; y, iii) A momento de interponer el recurso de casación, es una obligación de la parte identificar de forma clara la medida en que el Tribunal de apelación erró en la toma de su determinación, lo que no implica reiterar lo planteado en la apelación o efectuar apreciaciones genéricas o imprecisas en relación a toras decisiones como es la sentencia de primera instancia. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en una arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada por el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio emitido por las autoridades demandadas, conforme a la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, sostienen que:

(…).

Al respecto, conviene remitirnos a los lineamientos jurisprudenciales descritos en el acápite III.2 de la doctrina aplicable, donde este Tribunal ha dejado establecido que no es viable que en la casación se impugnen de manera directa los fundamentos de la sentencia, debido a que la adecuada técnica recursiva, exige que el recurso de casación sea interpuesto en contra de los aspectos considerados y resueltos en la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta el art. 270.I de Código Procesal Civil, y ello justamente, porque este recurso constituye un medio impugnatorio cuya naturaleza requiere que todos los reclamos formulados deban ir orientados a observar aspectos de forma y fondo que surjan de la determinación asumida por el Tribunal de apelación.

Estas pautas, según se puede observar en la casación, no fueron tomadas en cuenta por la parte recurrente, puesto que sus argumentos, en particular los que ahora nos encontramos analizando, tienen por objeto contravertir los razonamientos que fueron sustento de la sentencia de primer grado, lo cual hace inviable su análisis, ya que lo permite es impugnar los fundamentos de la resolución de segunda instancia (Auto de Vista), demostrando de manera concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma se hubieren violado y/o transgredido los derechos o intereses de la parte recurrente a tiempo de emitirse dicha resolución.

Esto, dicho en otras palabras, significa que a tiempo de formularse la casación, el recurrente debe efectuar una crítica legal del Auto de Vista, identificando de manera clara y precisa en qué medida el Tribunal de apelación ha errado y cómo debe sanearse el yerro que se generó, lo cual no implica reiterar lo ya planteado en apelación o realizar apreciaciones genéricas, antojadizas y/o imprecisas respecto a otras resoluciones como la sentencia de primer grado. En ese orden de cosas, es necesario acudir al art. 270.I del CPC, la cual regula la procedencia del recurso de casación, señalando que:

I. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista

dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley. (las negrillas fueron añadidas). De donde se puede establecer de la norma citada precedentemente, que el recurso de casación solamente procede contra Autos de Vista los cuales son determinaciones emitidas por los Tribunales de segunda instancia o alzada, es decir, no pudiendo denunciarse en casación lo resuelto por los Jueces o Tribunales de primera instancia, pues para ello está reservado otro medio impugnaticio y por lo mismo también un procedimiento propio como lo es el recurso de apelación.

Ahora bien, los accionantes reclaman que los demandados, no explicaron el por qué no analizaron el Auto de Vista recurrido ni la Sentencia de primera instancia, aspectos que no son evidentes, pues se puede establecer una explicación clara, precisa y con apoyo jurisprudencial ordinario, las razones por la cual se encuentran impedidos de realizar un análisis a los fundamentos de la Sentencia de primer grado, pues la misma no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del recurso de casación, sino conforme el art. 257 del CPC, contra la sentencia de primera instancia procede el recurso de apelación y no así el de casación, y contra el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación, sin bien procede el recurso de casación, la misma debe contener los requisitos estipulados en la norma procesal civil, y las causales estipuladas en el art. 271.I y II del mismo cuerpo legal, la cual establece:

(CAUSALES DE CASACIÓN). I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueran esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores Causales que deben ser demostrados e identificados de forma clara y precisa a momento de interponer el recurso de casación, aspectos que no fueron advertidos por los ahora accionados para que puedan los mismos ingresar al estudio de fondo del memorial de recurso de casación, pues los accionantes no expusieron de forma clara cuales las causales por las que se denuncia al Auto de Vista 55/2021, dando una explicación didáctica sobre dichos aspectos, presupuestos que fueron tomados en cuenta por los Magistrados accionados, hace denotar que el Auto Supremo cuestionado se encuentra debidamente motivado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a que toda resolución sea esta judicial o administrativa, debe estar fundado en normas jurídicas y debidamente justificada y argumentada, y no basarse en simples apreciaciones subjetivas que no sean demostrados con la prueba pertinente y fidedigna, aspectos que en el contenido del Auto Supremo cuestionado se encuentran justificados y argumentados a momento de analizar la subsunción realizada, por lo que se puede advertir que el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio emitida por las autoridades accionadas, si se encuentra debidamente motivada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. ii. Sobre la segunda problemática

Los impetrantes de tutela denuncian que los Magistrados demandados, al emitir el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, por el cual determinan declarar infundado su recurso de casación, violaron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, ya que, se basaron en normas insertas en los arts. 250 y 258.2 del CPCabrg., obviando analizar el fondo del Auto de Vista impugnado. 1. En cuanto a la fundamentación

El Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, al momento de declarar infundado el recurso de casación interpuesto por los peticionantes de tutela contra el Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero que fuere pronunciada por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 115.II y 180.I de la CPE; 545 y 1538.III del CC; 42.I.1) de la Ley del Órgano Judicial; y, 4, 24.1.a), 110, 220.II y 270.I del CPC. Justificando y argumentando de manera legal la decisión de declarar infundado el recurso de casación presentado por los accionantes; por lo que, puede observarse que el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, basó su determinación en las normas vigentes, estableciéndose que los demandados cumplieron lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por lo que se puede evidenciar que la antedicha resolución se encuentra debidamente fundamentada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 2. Sobre la motivación

Las autoridades accionadas a momento de emitir el antedicho Auto Supremo por el que declararon infundado el recurso de casación presentado contra el Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero, señalaron que: a) Los argumentos por las que del Auto de Vista 55/2021, explicaron las cuales determinan que la causa es improponible; b) En el Auto de Vista se señaló, que de la revisión de documentos, cuando Abraham Fernández Aligada gozaba del derecho propietario al momento de otorgar su bien en anticrético; empero, desde el 2012 dicho derecho propietario fue transferido a José Carlos Rojas Pinedo por medio de la Escritura Pública 673/2012; y, c) El Tribunal de alzada expuso las razones por las cuales se consideró la improponibilidad de la demanda, realizando una correcta relación de los antecedentes y utilizó jurisprudencia con la que respaldó su decisión, en la cual se considera los presupuestos de la improponibilidad objetiva y subjetiva. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en una arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada por el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio emitido por las autoridades demandadas, conforme a la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, sostienen que:

Expuestas estas consideraciones, se puede colegir que en el caso analizado no encontramos evidente la acusación descrita por el recurrente, por cuanto de una atenta revisión de los argumentos que sustentan el Auto de Vista N° 55/2021 de 21 de enero, se advierte que el Tribunal de alzada si explicó las razones por las cuales considera que en este caso concurre la improponibilidad subjetiva de la demanda planteada por el recurrente.

Si nos remitidos al texto de la resolución mencionada, podremos advertir que en el punto 3.3 de la parte considerativa de dicho fallo, e Ad quem declaró la improponibilidad de la demanda, argumentado que de la revisión del documento de fs. 8 a 9 (contrato de anticresis), se advierte que Abraham Fernández Aliaga (recurrente) a tiempo de realizar el contrato de anticrético, gozaba de un derecho de propiedad sobre el 50% (equivalente a 152,50 m2) del inmueble ubicado en ciudad satélite Plan 361, calle Zoilo Flores N° 1094 de la zona San Pedro de la ciudad de La Paz; empero, a través de la Escritura Pública N° 673/2012 dicho sujeto, transfirió el derecho propietario del cual gozaba en favor a José Carlos Rojas Pinedo, que hasta ese momento era el anticresista.

Esto, según lo razonado en la resolución recurrida, hizo que el actor ya no se cuente con un derecho de propiedad sobre el inmueble que fue objeto del contrato de anticresis; razón por la que ya no cuenta con un interés que avale su legitimación para incoar la nulidad del contrato de 15 de diciembre de 2009, por tanto, pretender invalidar un documento de anticresis por ausencia de formalidad, cuando ya no se es propietario de la cosa, según sostiene el Ad quem, carece de todo interés vigente, puesto que, si bien el actor figuró como propietario en el contrato de anticrético, actualmente ya no cuenta con esa condición, por lo que ya no le asiste ningún derecho para proponer la presente demanda, máxime cuando la situación jurídica de ese contrato, en caso de que la pretensión sea, acogida favorablemente, no generaría ningún efecto entre las partes, pues no modificaría en lo absoluto la situación actual de los demandados, que no pueden ser despojados de un bien inmueble del cual gozan de un derecho propietario.

Como se puede apreciar, y contrariamente a lo argumentado por el recurrente, el Tribunal de alzada si ha expuesto las razones por las cuales considera que en este caso concurre la improponibilidad subjetiva de la demanda, pues, al margen de los argumentos antes descritos, dicho Tribunal realizó una adecuada relación de los antecedentes del proceso e hizo mención de la jurisprudencia que respalda su postura (Auto Supremo N° 233/2019); lo cual descarta la acusación planteada en la casación, ya que no es evidente que la fuente doctrinal utilizada por el Ad quem, sea impertinente para este caso, puesto que la misma se encuentra referida a los presupuestos que configuran la improponibilidad objetiva y subjetiva de la pretensión, de los cuales el Tribunal de alzada, adecuadamente aplicó la segunda figura. (sic). En ese contexto, el art. 24.1.a) del CPC, en relación a los poderes con los que cuenta la autoridad jurisdiccional, señala:

(PODERES). La autoridad judicial tiene poder para: 1.Rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda cuando: a) Sea manifiestamente improponible (las negrillas nos corresponden). De donde se puede establecer, que, si una demanda es improponible, pueda la autoridad judicial sea de primera o segunda instancia rechazarlo, emitiendo una resolución debidamente fundamentada dando una explicación argumentada del porque se toma la referida determinación. En ese orden de cosas, los accionantes refieren que los magistrados demandados, a momento de declarar infundado el recurso de casación se hubieren basado en los arts. 250 y 258.2 del CPCabrg., con las cuales obviaron ingresar a analizar el fondo del Auto de Vista recurrido, de donde se puede establecer, de una revisión exhaustiva de la parte intitulada “FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN”, que es la parte en la cual se analiza el caso concreto, no existe una referencia a dichos articulados como base o fundamento jurídico para la declaratoria de infundado el recurso de casación, sino más bien, se basa en los poderes que cuenta la autoridad jurisdiccional para efectuar el análisis de la procedencia o no -proponibilidad o improponibilidad- de la demanda, antes de ingresar al análisis de fondo, lo cual conforme se describió supra está inserto en el art. 24.1.a) del CPC, explicando de forma clara y precisa, por qué no se puede ingresar a verificar el fondo de la demanda y menos del recurso, aspectos que fueron tomados en cuenta por los Magistrados accionados, haciendo denotar que el Auto Supremo cuestionado se encuentra debidamente motivado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a que toda resolución sea esta judicial o administrativa, debe estar fundado en normas jurídicas y debidamente justificada y argumentada, y no basarse en simples apreciaciones subjetivas que no sean demostrados con la prueba pertinente y fidedigna, aspectos que en el contenido del Auto Supremo cuestionado se encuentran justificados y argumentados a momento de analizar la subsunción realizada, por lo que se puede advertir que el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio emitida por las autoridades accionadas, si se encuentra debidamente motivado, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. iii. Respecto a la tercera problemática

Los peticionantes de tutela denuncian que los Magistrados demandados, al emitir el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, por el cual determinar declarar infundado su recurso de casación, violaron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, puesto que, dieron prevalencia a la Escritura Pública 763/2012 al habérsele otorgado una consistencia legal, sin tomar en cuenta que la misma era simulada y no contaba con las formalidades legales. a. Respecto a la fundamentación

El Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, al momento de declarar infundado el recurso de casación interpuesto por los impetrantes de tutela contra el Auto de Vista 55/2021 de 21 de enero que fuere pronunciada por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 115.II y 180.I de la CPE; 545 y 1538.III del CC; 42.I.1) de la Ley del Órgano Judicial; y, 4, 24.1.a), 110, 220.II y 270.I del CPC. Justificando y argumentando de manera legal la decisión de declarar infundado el recurso de casación presentado por los peticionantes de tutela; por lo que, puede observarse que el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio, basó su determinación en las normas vigentes, estableciéndose que los demandados cumplieron lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por lo que se puede evidenciar que la antedicha resolución se encuentra debidamente fundamentada, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. b. En cuanto a la motivación

Los Magistrados demandados, al momento de emitir el Auto Supremo referido, en la cual declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista de 21 de enero, refirieron que: 1) El cumplimiento de los requisitos de forma descritos en el art. 110 del CPC, es para efectuar un control formal; 2) También es necesario el análisis del interés legítimo de la parte que incoa una pretensión, y que ante la ausencia de dicho interés, la demanda se torna en improponible, impidiendo al Tribunal continuar el proceso y le inhibe pronunciar una decisión de fondo; 3) Conforme el art. 545.II del CC para demostrar que la Escritura Pública 673/2012 es ficticio, se debe demostrar un contradocumento contundente, para dejar sin efecto y revocar dicho negocio jurídico, prueba que no fue presentada por los recurrentes -impetrantes de tutela- a momento de presentar el recurso de casación; y, 4) El hecho de que la Escritura Pública no esté registrado en Derechos Reales, se aplica lo estipulado en el art. 1538.III del CC, que indica que si no se cumple con la formalidad de inscripción, los efectos surten para las partes contratantes. En ese contexto, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en una arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada por el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio emitido por las autoridades demandadas, conforme a la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, sostienen que:

Con esto, se tiene que en este caso la consideración de los requisitos formales establecidos en el art. 110 del Código Procesal Civil, resulta intrascendente, pues como se ha manifestado, el hecho de que la demanda cumpla con esos presupuestos no exime de que esta pueda ser declarada improponible, pues la improponibilidad no deviene de un análisis formal de la demanda, sino de la revisión de los elementos de fondo que configuran la pretensión, tales como el interés legítimo o derecho del actor para presentar la pretensión, por ello el art. 24 del Código Procesal Civil, que en su numeral 1) inciso a), establece que la autoridad judicial tiene el poder para rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda cuando esta sea manifiestamente improponible.

Ahora bien, en lo que concierne al segundo argumento, donde los recurrentes sostuvieron que el contrato de transferencia inmerso en la Escritura Pública N° 673/2012 es ficticio; cabe señalar que cuando una de las partes de un negocio jurídico, demanda la nulidad del contrato por efectos de la simulación, indefectiblemente debe reatarse a las estipulaciones del art. 545.II del CC, que respecto a la prueba de la simulación, establece que: “Entre partes solo puede hacerse mediante contra-documento u otra prueba escrita que no atente contra la Ley o el derecho de terceros”, asumiendo que a partir de ello que el contra-documento constituye la prueba concluyente para probar la simulación, pues la declaración contenida en él expresando que lo manifestado en el contrato simulado no es valedero, deja sin efecto e importa una revocación de dicho negocio jurídico, es decir que el contra-documento tiene una doble finalidad; primero, como acto jurídico que revela la verdad de lo pactado en acto simulado; y segundo, como el documento destinado a probar dicha manifestación de voluntad, y así el contradocumento a entender de autores como Guillermo Borda, constituye: “…una declaración de voluntad formulada por escrito por las partes de carácter generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado”.

En el caso presente, al margen de que la demanda no tuvo como sustento la simulación del contrato inmerso en la Escritura Pública N° 673/2012, porque este contrato no fue objeto del proceso; el demandante, ahora recurrente, a tiempo de rebatir la argumentación de la parte demandada, en ningún momento presentó prueba que demuestre que dicho contrato sea ficto o simulado, pues en obrados no cursa contradocumento que permita apreciar todos los extremos que son mencionados en casación; razón por la que no amerita dar curso a la alegación recursiva expuesta en este punto; mucho menos bajo el criterio de que la mencionada escritura no estuviera inscrita en el registro de DDRR, pues conforme manda el art. 1538.III del Código Civil, los actos de transmisión de Derechos Reales que no hubieren llenado las formalidades de inscripción, surten efectos entre las partes contratantes.. (sic). En ese orden de cosas, los impetrantes de tutela, denunciaron que los Magistrados demandados dieron una prevalencia a la Escritura Pública 673/2012 por la cual transfieren su derecho propietario a los terceros interesados; empero, hay que tomar en cuanta, que los prenombrados, no desmienten o aducen como falso dicho documento, sino que señalan que el documento es ficticio o simulado en cuanto al precio o monto de la transferencia, pero no así respecto al hecho y acto voluntario de transferir su derecho propietario a terceras personas, por lo cual, fue correcto la aplicación del art. 545.II del CC, en cuanto a la prueba para demostrar la simulación, la cual señala que: (PRUEBA DE LA SIMULACIÓN).-

(…).

II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de

terceros (las negrillas fueron añadidas).

En ese contexto, no es evidente que los accionados hayan dado una prevalencia ilegal o arbitraria a la Escritura Pública 673/2012 suscrita por las partes en el proceso civil, pues son los mismos hoy accionantes quienes dan fe de la existencia de dicha documental, la cual no puede pasar desapercibido por los administradores de justicia de segunda y tercera instancia, pues, el mencionado documento da certeza de que de forma anterior a la presentación de la demanda civil, el derecho propietario de los impetrantes de tutela fue transferido a los ahora terceros interesados, de la cual solo se limitó a indicar que la misma es simulada en su monto o costo, y no así en objetivo de transferencia del derecho propietario, por lo cual, la explicación brindada por los accionados es correcta y clara, pues no se aportó prueba consistente en el contradocumento para evidenciar la simulación referida, para que tanto el Tribunal de casación y este Tribunal Constitucional pueda fallar en favor de los peticionantes de tutela resguardando sus derechos patrimoniales; asimismo, los accionantes consideran que al no haber sido inscrito en las oficinas de Derechos Reales la antedicha Escritura Pública, la misma no cumpliría dicha formalidad y por lo mismo no pudiera ser tomado en cuenta en la emisión del fallo de casación, a dicho extremo, el art. 1538.III del CC establece:

(PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES; REGLA GENERAL).- (…). III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiese llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados (las negrillas nos corresponden). En ese orden de ideas, y en aplicación de la norma descrita, los accionantes tampoco demostraron que, al momento de interponer el recurso de casación, se estarían perjudicando derechos de terceros interesados, puesto que, si bien la Escritura Pública 673/2012 no fue inscrito en las Oficinas de Derechos Reales, se puede entrever que las partes en conflicto en el proceso civil, son las mismas que firmaron el referido documento, por lo que sus efectos jurídicos simplemente les afecta a los mismos, determinación que fue explicada de forma general por parte de los accionados de forma clara y concisa a momento de declarar infundado su recurso de casación, aspectos, que fueron tomados en cuenta por los Magistrados accionados, haciendo denotar que el Auto Supremo cuestionado se encuentra debidamente motivado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a que toda resolución sea esta judicial o administrativa, debe estar fundado en normas jurídicas y debidamente justificada y argumentada, y no basarse en simples apreciaciones subjetivas que no sean demostrados con la prueba pertinente y fidedigna, aspectos que en el contenido del Auto Supremo cuestionado se encuentran justificados y argumentados a momento de analizar la subsunción realizada, por lo que se puede advertir que el Auto Supremo 562/2021 de 30 de junio emitido por las autoridades accionadas, si se encuentra debidamente motivado, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2022 de 17 de junio, cursante de fs. 112 a 116 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en base a los Fundamentos Jurídicos y argumentos explicados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1037_2023-S1.pdf · páginas 1 a 30.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4a18188441c3c68be51c946fe40539c125256390eaaec5b55b8c28ad10c8dffa

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →