B.IA.LEGAL

SCP 1035/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 6 de julio de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
6 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58574-2023-118-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a una justicia pronta, gratuita, oportuna, sin dilaciones, a la defensa y a los principios de legalidad y seguridad jurídica; así como, los principios éticos-morales ama suwa, ama llulla y ama qhilla; puesto que, a través de su defensa técnica, el 30 de junio de 2023, interpuso el recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, contra la “resolución” emitida en audiencia de modificación de medidas cautelares y la Secretaria ahora accionada, hasta la presentación de esta acción tutelar -4 de julio de igual año- estando lista para su remisión, no remitió el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, vulnerando de esta manera su situación procesal, al encontrarse con detención domiciliaria sin salida laboral. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iii) La legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 65/2023 de 5 de julio, cursante a fs. 9 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa y de pronto despacho, por la vulneración de los derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como, a la defensa conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Disponiendo que la Secretaría del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, remita los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada y sea de manera inmediata y una vez notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo y lo dispuesto por la Jueza de garantías ya se hubiese remitido. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto del derecho a una justicia gratuita y los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, los principios éticos y morales ama suwa, ama llulla y ama qhilla, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión
  2. III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  3. III.3. La legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1035/2026-S1 Sucre, 6 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58574-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 65/2023 de 5 de julio, cursante a fs. 9 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Vladimir Rodríguez Bolo en representación sin mandato de Freddy Gastón Choque Cortes contra Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 4 de julio de 2023, cursante a fs. 3 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy Gastón Choque Cortes -accionante-, por la presunta comisión del delito de “…Consorcio de Jueces, Fiscales Policías y Abogados…” (sic), el 30 de junio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de modificación de medidas cautelares solicitada por su persona y ante el resultado adverso en esa audiencia, a través de su defensa técnica y al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso recurso de apelación incidental contra la determinación asumida, solicitando que dentro del plazo establecido por la citada norma procesal, el mismo sea remitido ante el Tribunal de alzada; empero, hasta la fecha -se entiende de la presentación de esta acción tutelar-, dicho recurso no fue remitido, transcurriendo más de cuarenta y ocho horas, situación que vulneró sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta, gratuita, oportuna, sin dilaciones; así como, a la defensa, al encontrarse con detención domiciliaría sin salida laboral, e incumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a una justicia pronta, gratuita, oportuna, sin dilaciones, a la defensa y a los principios de legalidad y seguridad jurídica; asimismo, en audiencia menciono los principios éticos-morales ama suwa, ama llulla y ama qhilla; citando al efecto los arts. “7”, “15” -115-, 21, 22, 23 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene que en el día se remita a la Sala Penal correspondiente el legajo del recurso de apelación incidental, referente a la modificación de medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 7 a 8, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo; manifestó que: a) Planteó el recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, contra la “resolución” que fue emitida de manera incongruente, estando listo para su remisión; sin embargo, la Secretaria ahora accionada “hasta la fecha” no remitió el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, conforme al plazo establecido de veinticuatro horas por la norma procesal; b) Dicha Secretaria, al no remitir informe alguno a efecto de establecer si son verídicos o no los hechos denunciados; así como, su inasistencia a la audiencia, opera el principio de veracidad en el presente caso, conforme a la línea jurisprudencial de la SC 0038/2011-R de 7 de febrero; y, c) En ese entendido, en el caso de autos, se vulneraron los derechos y garantías establecidas en los arts. 21, 22, 23 de la CPE, respecto a acceder a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; así también, se lesionó los principios éticos-morales ama suwa, ama llulla y ama qhilla del art. “7” -8.I- de la Ley Fundamental; por lo que, pidió se conceda la tutela solicitada y se ordene que, en el día, la Secretaria hoy accionada remita el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada que corresponda, a efectos de viabilizar el curso de su impugnación conforme al art. 180 de la Norma Suprema.

I.2.2. Informe de la Secretaria accionada

Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 6.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 65/2023 de 5 de julio, cursante a fs. 9 y vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el día, se remitan ya sea en original los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, evitando provocar una mayor dilación de la ya generada hasta el momento y se llamó severamente la atención a la Secretaria ahora accionada por la no remisión oportuna de esos antecedentes, estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su calidad de instancia de revisión, determine la sanción que corresponda aplicar a la misma; bajo los siguientes fundamentos: 1) En el caso de autos, se evidencia una dilación indebida e injustificada en cuanto al debido procesamiento; ya que, habiéndose presentado un recurso de apelación incidental de conformidad con el art. 251 del CPP, que dispone la remisión ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, se tiene que el 30 de junio del 2023, se realizó la audiencia de modificación de medidas cautelares y hasta la fecha -5 de julio de igual año-, …“por demás, un tiempo excesivo y súper abundante”… (sic), sin remitirse el referido recurso de apelación incidental, formulado por la defensa técnica del accionante; y, 2) En el presente caso, al tratarse de una modificación de medidas cautelares, la misma tiene relación directa con el derecho a la libertad o la libre locomoción del accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SC-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa Asimismo, por decreto constitucional de 18 de mayo de 2026, cursante a fs. 14, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio del citado año, cursante a fs. 18; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Al no existir documentación adjunta en la presente acción de libertad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitirá su pronunciamiento conforme a lo expresado por las partes procesales y lo verificado por la Jueza de garantías.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a una justicia pronta, gratuita, oportuna, sin dilaciones, a la defensa y a los principios de legalidad y seguridad jurídica; así como, los principios éticos-morales ama suwa, ama llulla y ama qhilla; puesto que, a través de su defensa técnica, el 30 de junio de 2023, interpuso el recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, contra la “resolución” emitida en audiencia de modificación de medidas cautelares y la Secretaria ahora accionada, hasta la presentación de esta acción tutelar -4 de julio de igual año- estando lista para su remisión, no remitió el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, vulnerando de esta manera su situación procesal, al encontrarse con detención domiciliaria sin salida laboral. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iii) La legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión

La SCP 0704/2025-S1 de 24 de junio, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

(…)

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’.

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/201 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. (…) i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La SCP 1101/2025-S1 de 4 de septiembre, establece que: “…la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante” (las negrillas son nuestras).

III.3. La legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad

La citada SCP 0704/2025-S1, señala que: “… el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’.

De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a una justicia pronta, gratuita, oportuna, sin dilaciones, a la defensa y a los principios de legalidad y seguridad jurídica; así como, los principios éticos-morales ama suwa, ama llulla y ama qhilla; puesto que, a través de su defensa técnica, el 30 de junio de 2023, interpuso el recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, contra la “resolución” emitida en audiencia de modificación de medidas cautelares y la Secretaria ahora accionada, hasta la presentación de esta acción tutelar -4 de julio de igual año- estando lista para su remisión, no remitió el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, vulnerando de esta manera su situación procesal, al encontrarse con detención domiciliaria sin salida laboral. Establecido el problema jurídico, es necesario precisar que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la interposición del recurso de apelación incidental de medidas cautelares, los antecedentes deben ser remitidos de manera improrrogable y bajo responsabilidad en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal de alzada, lo contrario significaría una dilación indebida que conllevaría a la vulneración del derecho a la libertad, tal como establece el art. 251 del CPP. Bajo ese entendimiento jurisprudencial y normativo, corresponde remitirse a los antecedentes, en el marco de lo señalado en la Conclusión II.1. de este fallo Constitucional; en ese sentido, de lo manifestado por el accionante en su demanda de acción de libertad, se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra su persona a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión de delito de “…Consorcio de Jueces, Fiscales Policías y Abogados…” (sic); por lo que, se llevó a cabo audiencia de modificación de sus medidas cautelares el 30 de junio de 2023, y ante el resultado adverso, a través de su defensa técnica y conforme al art. 251 del CPP, formuló recurso de apelación incidental contra la determinación asumida; asimismo, dentro del plazo establecido por la norma procesal pidió se remita ante el Tribunal de alzada; empero, hasta la interposición de esta acción de libertad de 4 de julio del citado año, los antecedentes de dicho recurso no fueron remitidos a la instancia superior, transcurriendo más de veinticuatro horas previstas en la normativa penal para tal efecto, extremo que no fue desvirtuado por la Secretaria ahora accionada; ya que, no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa pese a su citación, lo cual era su obligación al ser una funcionaria pública; por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, relativo al principio de presunción de veracidad, se tiene por válido y certero lo denunciado por el accionante.

Por consiguiente de lo antecedido, ante la evidente dilación indebida por la falta de remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares interpuesto por el accionante ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ocasionó que la situación jurídica del nombrado no sea resuelta y que no pueda ejercer su derecho a la defensa; así como, se le impidió el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones como elemento del derecho al debido proceso en segunda instancia y por lo tanto esta demora vulneró su derecho a la dignidad, el cual tiene toda persona, en su condición humana de ser juzgado en un plazo razonable; por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, corresponde activar la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al ser el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración del principio de celeridad relacionado con el derecho a la libertad. De lo expuesto, se advierte que la Secretaria ahora accionada asumió una conducta pasiva que ocasionó la dilación respecto a la remisión de los antecedentes del referido recurso de apelación incidental, omitiendo actuar bajo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE; por lo cual, de acuerdo con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la actuación omisiva e indebida de la mencionada Secretaria se encuadra dentro del presupuesto establecido por la jurisprudencia sobre la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional cuando determina que: “…b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos…” (SCP 0704/2025-S1); advirtiéndose, en el caso concreto, la concurrencia de ese presupuesto; ya que, la Secretaria hoy accionada incumplió las obligaciones y funciones inherentes a su cargo; en ese sentido, corresponde conceder la tutela solicitada, debiendo aclararse que esa concesión únicamente corresponde en el marco de protección de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como, a la defensa a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, lo que no implica que se disponga la libertad del accionante; puesto que, esa decisión deberá ser asumida por la autoridad jurisdiccional competente, de acuerdo a los antecedentes del caso. Respecto del derecho a una justicia gratuita y los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, los principios éticos-morales ama suwa, ama llulla y ama qhilla, el accionante no precisó de qué manera los mismos fueron vulnerados con la actuación de la Secretaria ahora accionada; ya que, no corresponde emitir criterio alguno; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a ellos. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 65/2023 de 5 de julio, cursante a fs. 9 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa y de pronto despacho, por la vulneración de los derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como, a la defensa conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

a) Disponiendo que la Secretaría del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, remita los antecedentes del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada y sea de manera inmediata y una vez notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo y lo dispuesto por la Jueza de garantías ya se hubiese remitido. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto del derecho a una justicia gratuita y los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, los principios éticos y morales ama suwa, ama llulla y ama qhilla, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1035_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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