Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva, por cuanto pese a que sus personas son los únicos propietarios del bien inmueble ubicado en barrio Fátima, UV. 3, manzano 10, lote 3, con una superficie de terreno de 838,200 m, inscrito en DD.RR. bajo la Matricula Computarizada 7.07.3.02.0000112, cuyo registro propietario se encuentra en trámite debido al fallecimiento de su padre Fortunato Vinacha Baigorria; el 10 de marzo de 2023, Freddy Rosales Chávez y Juana Ávalos Cruz -demandados-, junto a terceros no identificados, avasallaron violentamente al inmueble adquirido a título de herencia de su padre, expulsándolos y apropiándose de bienes muebles, entre ellos un camión Nissan Cóndor con placa 1873-APP, además de quemar sus pertenencias; actos que configuran medidas de hecho; motivo por el cual, solicitaron que se conceda la tutela y con ayuda de la fuerza pública, se disponga: 1) El desapoderamiento de los demandados o cualquier otra persona que se encuentre ocupando ilegalmente su inmueble; y, 2) Se restituya su derecho a la propiedad privada.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 132 a 139, pronunciada por la Jueza Pública Mixto Civil y Comercial, de Familia, de La Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos por la Jueza de garantías y detallados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1035/2025-S3 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57021-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 132 vta., a 139, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Isabel Vinacha Montaño, Felimon Vinacha Montaño, Ana María Vinacha Montaño, y, Janeth Vinacha Montaño por sí y en representación legal de Anulfo Vinacha Montaño contra Freddy Rosales Chávez y Juana Avalos Cruz.
Por memoriales presentados el 10 y 19 de mayo de 2023, cursantes de fs. 71 a 78 vta.; y, 84 a 85 respectivamente, los accionantes señalaron que:
Ante el fallecimiento de su padre, Fortunato Vinacha Baigorria, se declararon herederos forzosos, mediante Escritura Pública 26/2022, por lo que, siendo sucesores legales forzosos, continuaron ejerciendo la posesión sobre el inmueble, ubicado en la Localidad de Abapo, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, UV 3, manzana 10, lote 3, con una superficie de 838,20 m, registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula Computarizada 7.07.3.02.0000112, refiriendo que el cambio de nombre de titularidad se encontraba en trámite. El 10 de marzo de 2023, Freddy Rosales Chávez y Juana Avalos Cruz, ciudadanos ahora demandados, dirigiendo a más de cuatro personas -no identificadas-, armados con palos, martillos y armas blancas, irrumpieron de forma violenta en el referido predio, siendo expulsados de manera violenta de su propiedad, retirando el cerco de tablas, y procedieron a alambrar la parte frontal del terreno, manteniendo secuestrados dentro del inmueble todas sus pertenencias y enseres; entre ellos, un tanque de agua, y un camión marca Nissan Cóndor, con placa de control 1873-APP. Luego, los demandados quemaron varios enseres que se encontraban dentro del inmueble, evitando con dicho acto, el uso, goce y disfrute de su derecho propietario, debido al avasallamiento sufrido por parte de los demandados, que se demuestra conforme el muestrario fotográfico adjunto. Por lo que, el hecho de que los demandados irrumpieran en su propiedad sin ninguna autorización legal, menos acreditando tener algún derecho real sobre el mismo, como tampoco posesión alguna, constituyó un acto ilegal plenamente identificado como medidas de hecho, que vulneraron su derecho a la propiedad privada, prevista en el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE). Y conforme a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en casos similares, se determinó que ante situaciones violentas de hecho debe primar la protección del orden público, así como restablecer el derecho de los accionantes a su estado original, a efecto de evitar daños que puedan ser irreparables sino se presenta la protección inmediata y eficaz, casos en los cuales debe primar la excepción a la subsidiariedad, aplicando de forma presente el principio de inmediatez, puesto que lo que se busca es restituir en forma oportuna y eficaz los derechos fundamentales que hayan sido violentados, en el presente caso el derecho a la propiedad.
Denunció la lesión de su derecho a la propiedad y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 56, 115.I de la CPE y 22 inc. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -Pacto San José de Costa Rica-.
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) El desapoderamiento de los demandados o cualquier otra persona que este ocupando ilegalmente su inmueble, sea con la ayuda de la fuerza pública; y, b) Se restituya su derecho a la propiedad privada, remitiéndose antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de Sentencias Constitucionales.
Celebrada la audiencia pública, el 2 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 118 a 132, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron íntegramente los argumentos contenidos en la acción tutelar, y ampliándola manifestaron que: 1) Cuando se habla del derecho a la propiedad es necesario hacer referencia a las subreglas establecidas en la SCP 1743/2023 de 1 de diciembre, que establece que el derecho que se reclama sea cierto y que el mismo no se encuentre cuestionado; en el presenté caso su derecho propietario fue adquirido por ministerio de la ley, a través de la declaratoria de herederos 26/2022, por la que acredita que son herederos legales de Fortunato Vinacha Baigorria, propietario del inmueble avasallado, derecho que no se encuentra debatido, menos cuestionado; respecto a la segunda subregla se acreditó que la ocupación realizada por los demandados no deviene de ninguna orden judicial, ni derecho propietario; 2) Demostraron tener derecho legítimo sobre el inmueble avasallado, derecho que el Estado tiene el deber de proteger, y disponer en caso de ser necesario el restablecimiento del orden justo, de los derechos conculcados; y, 3) Solicitaron se valore e introduzcan todas las pruebas presentadas, entre ellas, el testimonio de la declaratoria de herederos, el pago de impuestos, folio real, muestrario fotográfico, factura de agua y luz, certificado de Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) del vehículo que se encuentra retenido en el predio, se reproduzca el video presentado en Disco Compacto (CD). Ante las interrogantes de la Jueza de garantías, los impetrantes de tutela por intermedio de su abogado manifestaron que se encuentran en posesión del inmueble, por lo que acreditando dicho derecho plantearon la acción de amparo constitucional debido al avasallamiento sufrido.
Freddy Rosales Chavez y Juana Avalos Cruz, a través de su abogado, en audiencia de garantías manifestaron que: i) Sus personas se adjudicaron el lote 2, manzana 10, UV.3 por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas del departamento de Santa Cruz; es decir, colindante del lote 3 al que hacen referencia los impetrantes de tutela, en consecuencia, no se trata del mismo espacio físico, si no de otro inmueble, aspecto que se puede constatar de la misma demanda y de las pruebas adjuntadas por la parte accionante: ii) Sus personas se encuentran asentados en el lote 2; y no en el lote 3, como manifiestan los impetrantes de tutela, siendo evidente que el lote 3 le pertenece al señor Fortunato Vinacha Baigirria, causante de los accionantes; iii) Los solicitantes de tutela, al tener conocimiento de que sus personas no tenían recursos económicos para perfeccionar su derecho propietario, mediante la inscripción correspondiente, pretendieron de manera dolosa utilizar esa documentación y apropiarse del lote 2 que fue adjudicada a su persona; iv) El certificado catastral establece claramente que el lote 3 pertenece al padre de los accionantes y no así el lote 2; ante dicha situación, se solicitó al mencionado Gobierno Municipal que realice el trámite de mensura y deslinde de esos terrenos; sin embargo, los accionantes se apersonaron a dicha institución solicitando se paralice la solicitud efectuada por sus personas, disponiendo el asesor legal que no se dé curso a ninguna solicitud hasta que se efectué la inspección técnica del predio por parte de los funcionarios de catastro, actuado que se llevó a cabo en presencia de los accionantes quienes trataron de impedir que se realice el mismo, encontrándose a la espera de la emisión del informe correspondiente; v) Los accionantes mencionaron que se quemó su ropa, que se tumbó un cerco de tablones; sin embargo, en las fotografías adjuntas no se acreditó dicho aspecto, lo que se ve son llantas viejas, fierros y el cerco levantado por sus personas -demandados- debido a que el anterior era de tablón y estaba viejo y destruido; vi) La parte accionante de manera dolosa, con la intención de querer tomar posesión de su inmueble, hace aproximadamente un año metió el camión a su propiedad; sin embargo, no pudieron retirarlo debido a que lo dejaron cerca del garaje, trancada con otra movilidad, situación que se hubiera corroborado si es que los accionantes hubieren solicitado la inspección del inmueble, toda vez que con esa actuado se acreditaría que fueron ellos los que ingresaron de manera violenta a un terreno que se adjudicaron; es más, ellos mismos ponen el tractor delante del camión para que no puedan sacar el mismo, con la finalidad de que ahora puedan argumentar que se tiene secuestrado su vehículo; vii) Los impetrantes de tutela, manifestaron que se habría vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente de tutela judicial efectiva y al derecho a la propiedad; empero, el debido proceso en su vertiente la tutela judicial efectiva, debe ser invocado dentro de la tramitación de un proceso; sin embargo, ellos denuncian un supuesto avasallamiento que no es tutelable mediante el debido proceso, toda vez que sus personas no son autoridades administrativas, ni judiciales para brindarles tutela judicial efectiva; por otro lado, respecto a la vulneración de su derecho a la propiedad, ellos manifiestan que en su calidad de demandados debieron darle protección a la propiedad privada; empero, sus personas no son el Estado para otorgar protección a terceros, derechos que no son aplicables mucho menos tutelables, más aun cuando no se demostró los supuestos actos y hechos realizados, no existiendo nexo de causalidad entre el relato y el supuesto derecho a la propiedad; viii) Conforme a la documental presentada respecto al lote 2, se acreditó la posesión del inmueble desde el año 98, por lo que el supuesto avasallamiento efectuado el 10 de marzo de 2023, resulta falso, toda vez que no se acreditó ese extremo, más aun cuando en prueba aportada existió un informe técnico del asesor del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas del departamento de Santa Cruz, donde claramente establece que ambas partes alegan posesión sobre el terreno y que al existir derechos controvertidos, los mismos deben ser dilucidados por la autoridad competente; ix) Debido a la posesión del predio desde el año 98, solicitaron la adjudicación a la mencionada entidad edil, emitiéndose en el trámite el informe de mensura, el decreto que resolvió la adjudicación del predio a favor de Juana Avalos Cruz; razón a ello, se le otorgó el testimonio y adjudicación definitiva del predio aprobada mediante Resolución Administrativa (RA) 097/2022 de 20 de diciembre de 2002, otorgándole certificado catastral donde claramente establece el lote 2 del plano de ubicación, documental en original que se halla en posesión del abogado que se encuentra realizando el trámite de inscripción, al efecto adjuntan constancia de pago de impuestos de las gestiones 2020, 2021, cancelados el 27 de diciembre de 2022, y gestión 2022 pagado el 6 de febrero del 2023, certificación que acredita que de Juana Avalos Cruz es poseedora conjuntamente su familia de una casa precaria lote de terreno cercado, ubicado en la UV.3, manzana 10 lote 2, lo que acreditó que se encuentran poseyendo ese predio desde el año 98; y, x) De la reproducción del CD, lo único que se pude constatar es a una persona barriendo y en el otro video a personas fuera de la movilidad. Ante las interrogantes de la Jueza de garantías Freddy Rosales Chávez demandado señaló que, se concubino con Juana Avalos Cruz, el año 2002, cuando ella ya era dueña de ese lote; el 10 de marzo ingresaron al inmueble porque es propiedad de su esposa, no pudieron realizar el trámite por falta de dinero, situación que quieren a provechar los accionantes para apropiarse del predio. Ante las interrogantes de la Jueza de garantías, la señora Juana Avalos Cruz, manifestó que se encuentra viviendo en el predio de manera pacífica y continua, desde el año que compro el inmueble -año 98-.
La Jueza Pública Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz, constituía en Jueza de garantías, por Resolución 01/2023 de 2 de julio, cursante de fs. 132 vta. a 139, denegó la tutela solicitada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Los accionantes acreditaron ser herederos forzosos de Fortunato Vinacha Baigorria; sin embargo, la inscripción de su derecho propietario aún se encontraba en trámite; es decir, no estaba inscrito en DD.RR. conforme dispone la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887, debiendo aplicarse lo dispuesto en cuanto a que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos frente a terceros sin la correspondiente publicidad registral; b) La prueba aportada por los accionantes es contradictoria, toda vez que en la audiencia de acción tutelar refirieron que se encontraban en posesión del inmueble; empero, al mismo tiempo indicaron que fueron desposeídos de manera violenta por los demandados; c) Conforme el Informe Técnico GAMC-010/2023 de 12 de mayo, elaborado por el Técnico Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas del departamento de Santa Cruz, se evidenció que existe un interés legal de ambas partes, sobre el bien inmueble; y, d) La SCP 116/2022 de 12 de septiembre, estableció como presupuesto que ningún derecho real sobre los inmuebles surte efecto frente a terceros, si no se adquiere la publicidad a través de la inscripción del título que origina el derecho, situación que aconteció en el presente caso debido a que los accionantes no tienen inscrito ese derecho propietario en el registro correspondiente, por consiguiente al no estar consolidado su derecho propietario y al existir contradicciones en sus alegatos sobre la posesión pacífica del inmueble, no se demostró la existencia de un daño irreparable que justificara la concesión de la tutela mediante la acción de amparo constitucional.
En vía de complementación y enmienda los impetrantes de tutela manifestaron que: no se aplicó lo dispuesto en el SCP 024/2018 de 28 de febrero; toda vez que, el hecho de denegarse la tutela bajo el argumento que no se acreditó la titularidad de los accionantes debido a la falta de inscripción derecho propietario en DD.RR., razonamiento que resulta excesivamente formalista, toda vez que no se consideró su condición de titular del derecho propietario debido a la sucesión hereditaria por la vía voluntaria notarial; asimismo, no se tomó en cuenta la posesión, menos el hecho de que uno de los demandados reconoció que el 10 de marzo de 2023, si ingresó al inmueble. En sustanciación y resolución de lo señalado, la Jueza de garantías manifestó que la Resolución emitida contiene fundamentos claros, expresos, concretos, con cita de formas legales, motivo por el cual no correspondía la explicación, ni enmienda solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopias de las cédulas de identidad de los accionantes, Isabel Vinacha Montaño, Felimon Vinacha Montaño, Ana María Vinacha Montaño, Janeth Vinacha Montaño y Anulfo Vinacha Montaño (fs. 2 a 5). II.2. Testimonio de adjudicación definitiva, del lote de terreno UV. 3, manzana 10, lote 3, con una superficie de 838,20 m a favor de Fortunato Vinacha Baigorria, de 5 de agosto de 2023 (fs. 11 a 12). II.3. Fotocopia legalizada del Testimonio de Escritura Pública 26/2022 de 2 de febrero, de una minuta complementaria de individualización de derecho propietario de inmueble adquirido por sucesión hereditaria, que realizan en calidad de herederos Isabel Vinacha Montaño, Felimon Vinacha Montaño, Ana María Vinacha Montaño, Janeth Vinacha Montaño y Anulfo Vinacha Montaño, salvando los derechos sucesorios de terceras personas que demuestren igual o mejor derecho, sobre el inmueble con Matricula Computarizada 7.07.3.02.0000112 (fs. 13 a 18 vta.). II.4. Cursa formularios de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles urbanos, del predio ubicado en el barrio Comercio Abapo S/N (fs. 19); impuestos Nacionales de transmisión o enajenación de bienes de 10 de enero de 2022, declarado por Anulfo Vinacha Montaño -accionante- (fs. 20); impuesto departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes, firmado por Anulfo Vinacha Montaño del inmueble ubicado en la Avenida Fátima A5/B1-A5, barrio Comercio Abapo (fs. 21); Certificado Catastral UV.3, manzana 10, lote 3, inmueble de propiedad de Fortunato Vinacha Baigorria (fs. 22); Plano de ubicación de suelo del inmueble UV. 03, manzana 10, lote 03 con una superficie de 838,20 msolicitado por Fortunato Vinacha Baigorria (fs. 23); recibo de pago servicio de agua y luz a nombre de Fortunato Vinacha Baigorria, padre de los accionantes, del inmueble ubicado en Abapo, barrio Fátima (fs. 36). II.5. Cursa folio real de DD.RR. de Camiri del departamento de Santa Cruz, de registro de la propiedad inmueble, del predio con matrícula 7.07.3.02.0000112, bajo el asiento A de titularidad sobre el dominio de Fortunato Vinacha Baigorria, padre de los accionantes, con designación UV 3, manzana 10, lote 03, con una superficie de 838.20 m, (fs. 24). II.6. Muestrario fotográfico del predio a decir de los impetrantes de tutela avasallado (fs. 25 a 35). II.7. Cursa, solicitud de adjudicación de lote de terreno de 10 de mayo de 2001, efectuada por Juana Avalos Cruz -codemandada-, dirigida a Berthy Canizares Castro, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas del departamento de Santa Cruz (fs. 103); Aviso al público de la solicitud efectuada por la demandada -Juana Avalos Cruz- de adjudicación de lote de terreno ubicado en la localidad de Abapo, de 11 de mayo de 2001 (fs. 104); Solicitud de mensura del referido inmueble de 26 de mayo de 2001 (fs. 105); Informe de mensura emitida por los peritos del mencionado Gobierno Municipal, en el que se establece la extensión superficial de 1 083,62 m, con las siguientes colindancias, al norte con la avenida Fátima, al sur con el lote de terreno del Higinio Camacho y con terrenos municipales, al este con lote de terreno de Fortunato Vinacha, al oeste con el lote de terreno de Ciro Ayala (fs. 106); Solicitud de auto definitivo de adjudicación y extensión del Testimonio para su constancia ejecutorial, efectuada por Juana Avalos Cruz de 20 de diciembre de 2022, decretada el mismo día, por Berthy Canizares Castro, Alcaldesa de la referida entidad edil, disponiéndose la adjudicación definitiva del lote de terreno referido supra, a favor de Juana Avalos Cruz ( fs. 107). II.8. Por fotocopia simple del Testimonio emitido por la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, mediante el cual se resuelve la adjudicación definitiva a favor de Juana Avalos Cruz, el lote de terreno con una superficie de 1 083,62 m, colindante al norte con avenida Fátima, al sur con terrenos municipales y con el lote de terreno de Higinio Camacho, al este con lote de terreno de Fortunato Vinacha y al oeste con el terreno de Ciro Ayala (fs. 108 a 109 vta.). II.9. Fotocopia de Resolución Administrativa 097/02 de 20 de diciembre de 2002, emitida por Berthy Canizares Castro, en la que se dispone la adjudicación en calidad de dotación definitiva a favor de la Juana Avalos Cruz, el lote de terreno con una superpusiese de 1 083,62 m en la localidad de Abapo, conforme las colindancias establecidas en el informe técnico (fs. 111). II.10. Fotocopia simple de Resolución Municipal 097/2002 de 20 de diciembre de 2002, emitida por Ivo Fernando Canido Vásquez, Presidente del Honorable Concejo Municipal de Cabezas, Tercera Sección de la Provincia Cordillera, que aprueba la Resolución Administrativa 097/2002 de 20 de diciembre, de adjudicación de lote de terreno dictada por Berthy Canizares Castro, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas, a favor de Juana Avalos Cruz, de adjudicación en calidad de dotación definitiva el lote de terreno con una superficie de 1 083,62 m, ubicado en la localidad de Abapo, cantón Abapo, tercera sección de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz (fs. 110). II.11. Certificado Catastral 000018 emitido por el Gobierno Municipal, Secretaria de Catastro de Cabezas de Santa Cruz, del predio ubicado en Abapo, barrio Fátima, UV-3, con una superficie de 1 083,62 m, de propiedad de Juana Avalos Cruz (fs. 112); Plano de ubicación de uso y suelo del predio ubicada en la localidad Abapo, zona, UV.3, manzano 10, lote 2, con una superficie 1 083,62 m de propiedad de Juana Avalos Cruz (fs.113); Formulario de pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles urbanos del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas, del inmueble ubicado en el barrio Fátima Abapo, de las gestiones 2022 y 2023 de propiedad de Juana Avalos Cruz (fs. 117). II.12. Certificación de 3 de mayo de 2023, emitida por María Alejandra Chingo Cuellar, presidenta de la junta vecinal del barrio Fátima de la localidad de Abapo, Municipio Cabezas, por el cual se certifica que Juana Avalos Cruz, tiene residencia fija y estable en la localidad de Abapo, barrio Fátima, siendo poseedora conjuntamente con su familia, de un lote de terreno cercado con madera, ubicado en la UV. 03, manzano 10, lote 02 (fs. 116). II.13. Por Informe Jurídico GAMC-010/2023 de 12 de mayo, emitido por el Técnico Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas, mediante el cual estableció la existencia del interés legal de ambas partes sobre el bien inmueble ubicado en la localidad de Abapo, UV.3, manzano 10, lote 3, evidenciando supuestos derechos controvertidos, por lo que en resguardo de ambos derechos, el mismo debe ser resuelto en la vía conciliatoria, caso contrario en las instancias correspondientes, disponiendo realizarse una inspección in situ, con la finalidad de obtener datos exactos sobre la ubicación, superficie y número de lote, la extensión de los colindantes, disponiéndose la paralización del trámite efectuado por ambas partes en cuanto no se resuelva los conflictos internos en cuanto a la sobreposición del inmueble supra mencionado (fs. 100 a 101).
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva, por cuanto pese a que sus personas son los únicos propietarios del bien inmueble ubicado en barrio Fátima, UV. 3, manzano 10, lote 3, con una superficie de terreno de 838,200 m, inscrito en DD.RR. bajo la Matricula Computarizada 7.07.3.02.0000112, cuyo registro propietario se encuentra en trámite debido al fallecimiento de su padre Fortunato Vinacha Baigorria; el 10 de marzo de 2023, Freddy Rosales Chávez y Juana Ávalos Cruz -demandados-, junto a terceros no identificados, avasallaron violentamente al inmueble adquirido a título de herencia de su padre, expulsándolos y apropiándose de bienes muebles, entre ellos un camión Nissan Cóndor con placa 1873-APP, además de quemar sus pertenencias; actos que configuran medidas de hecho; motivo por el cual, solicitaron que se conceda la tutela y con ayuda de la fuerza pública, se disponga: 1) El desapoderamiento de los demandados o cualquier otra persona que se encuentre ocupando ilegalmente su inmueble; y, 2) Se restituya su derecho a la propiedad privada.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión el Tribunal Constitucional Plurinacional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural”. Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida”; empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.
Sin ingresar a especificidades, corresponde señalar que la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, dentro de la sistematización de las subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional vinculadas a medidas de hecho, con relación a la carga probatoria, citando a la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que el peticionante de tutela debe cumplir la siguiente regla general: “…i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria…”.
La SCP 0890/2013 de 20 de junio, recogiendo entendimientos respecto a los hechos controvertidos en la acción de amparo constitucional, tanto del anterior Tribunal Constitucional como del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la naturaleza jurídica de la citada acción de defensa, tutela derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos ni reconocer derechos; los que deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.5, establece que:
[E]l anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: “…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: “…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos”; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: “…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…”; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: “…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante”; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: “…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…”. El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: “De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional”; 2) La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: “…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”; y, 3) Asimismo, la SCP1130/2012 de 6 de septiembre, desarrolló, en sentido de que si bien se puede activar directamente la acción de amparo constitucional, cuando existan medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, pero también restringe y limita, cuando concurre hechos controvertidos, así, refiere: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. Entendimiento que ha sido asumido en la SCP 0151/2018-S2 de 30 de abril.
Dentro del presente caso los accionantes denunciaron la comisión de vías o medidas de hecho, afirmando que los particulares demandados, sin tener derecho propietario alguno, irrumpieron en su propiedad de manera violenta, procedieron a desalojarles y procedieron a cercar el indicado predio, secuestrando sus enseres -tanques de agua, un camión, etc.-, medidas que se mantienen hasta el momento de presentación de esta acción de amparo constitucional. De la revisión de los antecedentes que cursan en la presente acción, se tiene la Escritura Pública 26/2022 de 2 de febrero, sobre protocolización de minuta complementaria de individualización de derecho propietario de inmueble adquirido por los accionantes mediante proceso voluntario sucesorio sin testamento 580/2021, sobre la aceptación de herencia por sucesión hereditaria, que la realizan en calidad de herederos de su difunto padre Fortunato Vinacha Baigorria, documento que a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional no fue registrado en Derechos Reales.
Sin embargo, a decir de los impetrantes de tutela, se encontraría en trámite de inscripción el cambio de nombre; constatándose además, que en el folio real con Matrícula Computarizada 7.07.3.02.0000112, en el Asiento de titularidad sobre el dominio se encuentra registrado como único propietario del inmueble el señor Fortunato Vinacha Baigorria padre de los ahora accionantes, inmueble sobre el cual los impetrantes de tutela se encuentran realizando pagos de impuestos a la propiedad, como de servicios básicos (Conclusiones II.1 al II.5). Por otra parte, se verificó la existencia del trámite efectuado por Juana Avalos Cruz -codemandada- respecto a la adjudicación del lote 2, manzana 10, UV.3 que concluyó en la emisión del testimonio y RA 097/2002 de 20 de diciembre, ambos documentos emitidos por la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas del departamento de Santa Cruz, que resolvieron la adjudicación definitiva a favor de la demandada Juana Avalos Cruz, de un lote de terreno con una superficie de 1 083,62 m, colindante al norte con la avenida Fátima, al sur con terrenos municipales y con el lote de terreno de Higinio Camacho, al este con lote de terreno de Fortunato Vinacha y al oeste con el terreno de Ciro Ayala, derecho propietario que se encuentra en trámite de inscripción (Conclusiones II. 7 a la II.11). En ese contexto, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, determina que es posible activar de manera directa la presente acción de defensa de forma excepcional, haciendo abstracción de la aplicación del principio de subsidiariedad, al constituir las medidas o vías de hecho contrarias al ordenamiento jurídico, afectando derechos fundamentales; por lo que, requieren de una tutela inmediata, sin que sea necesario agotar otros mecanismos legales de defensa; en consecuencia, la jurisdicción constitucional podrá analizar la problemática planteada siempre y cuando, el o la afectada demuestre su titularidad o dominalidad sobre el bien objeto de las medidas de hecho, al margen de acreditar que las mismas acontecieron, correspondiendo analizar el fondo de la problemática jurídica planteada dentro del presente caso. Ahora bien, de la revisión del Informe Técnico GAMC-010/2023 de 12 de mayo de 2023, emitido por Yeseni Molares Llanos, Técnico Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas del departamento de Santa Cruz, se evidencia que ambas partes mantienen intereses contrapuestos respecto al mismo bien inmueble, lo que refleja la existencia de controversia sobre derechos propietarios aún no definidos ni consolidados, controversia que no versa únicamente sobre un conflicto posesorio, sino a la determinación del derecho de propiedad respecto al inmueble del que se denunció el avasallamiento.
En ese contexto, si bien ambas partes presentaron documentos de propiedad, dichos instrumentos no pueden ser analizados ni definidos en el marco de una acción tutelar, puesto que, se advirtió la existencia de controversia sobre la titularidad de dicho predio, debido a que ambas partes refirieron ser propietarios del inmueble cuyo derecho propietario no se encontraba registrado en DD.RR. a efecto de dar publicidad del mismo y ser oponible ante terceros; por lo que, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no puede considerarse vulnerado bajo los parámetros de protección tutelar previstos por la Constitución y la jurisprudencia constitucional; toda vez que, no se puede mediante una acción tutelar definir o dilucidar derechos, siendo esta última competencia única de la jurisdicción ordinaria, y no así de la constitucional, ya que las acciones tutelares tienen por objeto el tutelar derechos, mas no así el definirlos. En consecuencia, debe considerarse que únicamente la jurisdicción constitucional, puede resolver una acción en el fondo, ante la existencia y verificación de una evidente lesión a derechos fundamentales, reiterando siempre y cuando no existan hechos controvertidos y se encuentren debidamente publicitados mediante el registro correspondiente, aspecto que no acontece en el caso de autos; toda vez que, se advirtió que el conflicto en el presente caso no es solamente de posesión, sino se circunscribe en la determinación de la titularidad propietaria, cuestión que debe resolverse en la jurisdicción ordinaria y será en ese ámbito donde, en observancia de los principios de contradicción e igualdad, deberá dilucidarse la situación jurídica de las partes, con la debida carga argumentativa y probatoria, a fin de establecer de forma definitiva el derecho propietario sobre el inmueble controvertido.
De lo previamente detallado, se concluye que, cuando se denuncien medidas o vías de hecho, le corresponde a los accionantes demostrar que los mismos se realizaron sin que exista causa jurídica, extremo que como se advirtió previamente, no fue demostrado objetivamente; toda vez que, si bien los impetrantes de tutela presentaron el folio real del inmueble bajo la Matrícula Computarizada 7.07.3.02.0000112 , con una superficie de 838,20 m², a nombre de Fortunato Vinacha Baigoria, para demostrar su derecho propietario; por sucesión hereditaria, sin embargo, conforme lo manifestado por los demandados la ubicación del indicado predio fue controvertido, hecho que también se advierte del informe emanado del Gobierno Autónomo Municipal de Cabezas del departamento de Santa Cruz, en el que textualmente se afirmó la existencia de derechos controvertidos e interés legales sobre el predio por ambas partes, disponiendo realizar la inspección del inmueble; toda vez que, de la documental aportada, no coinciden con el número de lote y superficie.
Por lo previamente detallado, ante la existencia de hechos y derechos controvertidos, y ante el incumplimiento de la carga de la prueba de los accionantes de demostrar objetivamente la comisión de medidas de hecho, aplicando la jurisprudencia citada dentro del Fundamento Jurídico III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que claramente determina que no le corresponde a la justicia constitucional dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos; por lo que, corresponde en denegar la tutela impetrada. Finalmente, corresponde señalar que en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, dicha vulneración de derecho no puede ser atribuida a los demandados; toda vez que, estos no ostentan la función de impartir justicia, ni tienen competencia para garantizar su ejercicio, en consecuencia, no existe nexo causal que permita responsabilidad por una eventual vulneración de este derecho fundamental, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela respecto al referido derecho invocado por la parte accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 2 de junio, cursante de fs. 132 a 139, pronunciada por la Jueza Pública Mixto Civil y Comercial, de Familia, de La Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cabezas del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos por la Jueza de garantías y detallados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1035_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 559f2f6b5a257c3de549813e6610b4f8b407342e808de9f23f2f88cd88e7c79c
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