Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2025
Concede la tutela
Los accionantes, en su condición de padres de niños discapacitados, denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación, al derecho a la defensa y a la salud, así como al “al interés superior del niño” y la “seguridad jurídica”; en razón que, como afiliados a la CPS, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, por intermedio de la adquisición de prestación de compra de servicios externos, recibían terapias especializadas de acuerdo a la condición de cada uno; sin embargo, sin ninguna explicación técnica ni legal, la entidad gestora, decidió suspender la compra de los referidos servicios, bajo el argumento que debían realizarse evaluaciones de continuidad, acorde a la edad de los niños, sin tomar en cuenta el perjuicio que se causó en la salud de los referidos beneficiarios que necesitan una atención especializada continua y sin interrupciones, pues lo contrario significa un retroceso en su salud; asimismo, estos cortes en las atenciones fueron reiterados desde anteriores gestiones, en la cuales también se realizaron los reclamos correspondientes para poder garantizar el derecho de acceso a la salud del que gozan los accionantes como grupo de protección reforzada; por lo que solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) El restablecimiento de las terapias de rehabilitación para niños con discapacidad; b) La actualización de la aprobación, autorización y compra de servicios de terapia de estimulación temprana entre tanto y cuanto se implemente el Centro Integral Multidisciplinario de la CPS par…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 78/20 de 27 de junio de 2023, cursante de fs. 436 vta. a 441 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1034/2025-S3 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56995-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 78/23 de 27 de junio de 2023, cursante de fs. 436 vta. a 441 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Romel Leonardo Ipamo Saravia en representación legal de Eva Mollo Machaca, Zulma López Álvarez, Carmen Rosa Cerezo Salazar, Zulema Maldonado Hidalgo, Helen Lorena Cuéllar de Gonzáles, Iris Cuéllar Durán, Sandra Griselda Gutiérrez Escalante, Hugo Ernesto Aguilera Tórrez, Marina Luisa Serrudo Vedia, Carmen Fernández de Chuviru, Rossmery Cuéllar de González, Sara Libni Cruz Castro, Ángel Gabriel Flores Gutiérrez, Abigail Ovando Zurita, Cinthia Surubí Aguilar, Marina Vilma Vallejos Colque, Leonela Paniagua Sarabia de Landivar, Verónica Almendras Severich, Yamile Vanesaa Rea Antelo, Juan Gabriel Surubí Aguilar, Rocío Gisely Velasco Roca, Jessica Jasmina Flores Rojas, Fabiola García Rodríguez, Rosa Cruz Alanes, Eliana Equiza Pedraza, José Luis Rossel Montenegro, René Quiroz Peña, Roberth Ríos Ribera, Gabriel Ángel Vargas Salvatierra, Kristhel Romero Mendoza y Roger Orlando Hurtado Limpias contra David Silvestre Martínez Flores, Director General Ejecutivo; Hassan Bakry Rodríguez, Jefe Departamental; y, Luis Pablo Jauregui Carvacho, Administrador Departamental todos de la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 15 de mayo y 2 de junio ambos de 2023, cursantes de fs. 359 a 374; y, 412 y vta., los accionantes, a través de su representante legal, manifestaron que:
En su condición de padres de niños con “capacidades especiales, es decir niños discapacitados” (sic) se encuentran afiliados a la CPS, condición en la que requieren acceder a terapias especializadas de rehabilitación, como terapia cognitiva conductual, terapia del lenguaje -fonoaudiología-, terapia ocupacional, fisioterapia y otras, que por razones logísticas no pueden ser realizadas por el referido ente gestor; por lo que, deben ser adquiridas a través de una prestación de compra de servicios externos; a cuyo fin, los accionantes como padres de familia, en cada caso, para acceder a dichos servicios, cumplieron con los requisitos formales exigidos por la CPS, en cuanto a proformas, evaluaciones de los profesionales especialistas, informes médicos y otros similares; sin embargo, sin explicación técnica, aludiendo que esta compra de servicios era ilegal, suspendieron las mismas, interrumpiendo las terapias de sus hijos con el evidente perjuicio que implica a un niño con discapacidad no asistir a sus terapias, causándoles un retroceso en su condición física – cognitiva. Ante tal situación, presentaron reclamos ante la Comisión Regional de Prestaciones de la CPS; asimismo, solicitaron informe a la referida entidad, sobre el motivo de la suspensión en la compra de servicios de terapias de rehabilitación de niños con discapacidad, habiéndose acordado en una reunión extraordinaria sostenida entre los accionantes, la Defensoría del Pueblo y la CPS, con el objeto de poder contar con la continuidad de la compra de servicios de terapia de rehabilitación, para los niños con discapacidad sin límite de edad, la evaluación de cada niño de forma individual y el reembolso de los gastos realizados por los padres de los mencionados niños, sin que se haya cumplido con tal objetivo. En tal sentido, tratándose de la vulneración de los derechos a la vida y a la salud vinculado al interés superior de niños, niñas y adolescentes -en el caso presente en condición de discapacidad-, existió una flagrante lesión de los derechos de los referidos niños, a quienes pese a contar con los informes avalados por la Sociedad de Neurología y Pediatría del departamento de Santa Cruz, les suspendieron las terapias de rehabilitación, dejándoles en total indefensión bajo la absurda excusa de evaluaciones de continuidad, sin cumplir con los pagos mensuales a los centros de especialidad de terapias.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación, al derecho a la defensa y a la salud, así como al “al interés superior del niño” y la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 14. I, 60, 65, 115, 119.II, 178.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) El restablecimiento de las terapias de rehabilitación para niños con discapacidad; b) La actualización de la aprobación, autorización y compra de servicios de terapia de estimulación temprana entre tanto y cuanto se implemente el Centro Integral Multidisciplinario de la CPS para el programa de rehabilitación de personas con capacidades diferentes; y, c) La inmediata puesta en marcha del programa de cumplimiento establecido en la Resolución 96/2020 de 5 de marzo, emitida por la Comisión Regional de Prestaciones de la CPS.
Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 430 a 436 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) La Comisión Regional de Prestaciones de la CPS, es la encargada de realizar las compras de servicios para las terapias de rehabilitación de los niños con discapacidad asegurados en aquel ente gestor; sin embargo, de manera autoritaria, arbitraria, indebida e ilegal, suspendieron toda compra de los servicios anteriormente citados por estimarlos ilegales; destinando tales recursos económicos a otros rubros que consideraron prioritarios; 2) Establecieron como límite para el acceso a las terapias especializadas, la edad de siete años, excluyendo a los demás niños con discapacidad del derecho de rehabilitarse, en contravención de lo dispuesto en los arts. 45.III de la CPE y 12 de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- que establecen que las personas con discapacidad y necesidades especiales gozan de la cobertura del régimen de seguridad social debiendo garantizarse su atención, rehabilitación y habilitación, con carácter gratuito; normas vinculadas al art. 4.b de la referida Ley que prohíbe la discriminación a las personas con discapacidad por medio de la anulación o afectación de sus derechos, siendo deber de la CPS adquirir los servicios destinados a tal fin; y, 3) Presentaron distintas reclamaciones, entre ellas la dirigida a Hassan Bakry Rodríguez, Jefe Departamental de Santa Cruz de la CPS -ahora demandado-, solicitando el restablecimiento inmediato de las terapias de rehabilitación integral para los niños con discapacidad; por lo que, al no existir recurso ulterior se solicitó la flexibilización al principio de subsidiariedad.
David Silvestre Martínez Flores, Director General Ejecutivo, Hassan Bakry Rodríguez, Jefe Médico Departamental de Santa Cruz y Luis Pablo Jauregui Carvacho, Administrador Departamental de Santa Cruz, todos de la CPS , a través de sus abogados, en audiencia señalaron que: i) La Comisión Nacional de Prestaciones de la CPS, mediante Resolución 96/2020, dispuso aprobar y autorizar la compra de servicios para las terapias de estimulación temprana a favor de los niños con discapacidad, determinación contra la cual, la parte accionante interpuso recurso administrativo de reclamación, el cual se encuentra pendiente de pronunciamiento, lo que implica que no se agotaron todas las vías idóneas de reclamación, incumpliendo de esa manera con el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional; ii) Existe contradicción e incongruencia en lo pretendido por los ahora accionantes; toda vez que, en esta acción buscan hacer valer la Resolución 96/2020; pero de manera contradictoria, en sede administrativa, impugnaron la misma; iii) Los accionantes, señalaron la lesión de los derechos al debido proceso en su vertiente a la fundamentación y motivación; empero, no establecieron con claridad cual el acto administrativo que dispuso la suspensión de la compra de servicios y como hubiera incurrido la entidad demandada en aquella vulneración; iv) El acceso de las personas con discapacidad está garantizado por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación con carácter gratuito, de calidad y con calidez en la red de servicio públicos y en los tres niveles de atención, conforme a lo establecido en el art. 12 de la Ley 223, lo que significa que las prestaciones de servicios para la atención de niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes, no es una atribución u obligación de la CPS, más al contrario es una facultad de los servicios públicos tales como Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobernaciones y otras; v) La CPS, cuenta con profesionales para el tratamiento de estimulación temprana, el mismo que se debe aplicar a los niños de cero a siete años, entendimiento aprobado por diferentes sentencias constitucionales y normativa vinculada al desarrollo de personas con discapacidad; en tal sentido, la CPS -hoy en día- presta sus servicios con profesionales de experiencia en el área de pediatría, psicología, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y neurólogos infantiles que forman parte de un equipo multidisciplinario que realiza las evaluaciones y atención de los beneficiario, por lo que no existe necesidad, pertinencia y menos justificación para realizar la compra de los servicios; y, vi) La acción de amparo constitucional, no es la vía idónea para activar un proceso de contratación de servicios, pues dicho procedimiento se realiza de acuerdo al presupuesto y la capacidad económica de las entidades públicas acorde a lo estipulado por el Decreto Supremo (DS) 181 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS); en todo caso, debió convocarse al Directorio de la CPS que fueron quienes emitieron la Resolución de autorización, al Seguro Universal de Salud (SUS), que debe reglamentar y establecer procedimientos y al Ministerio de Salud que es el ente tutor que debe dar lineamientos para realizar estas atenciones a las personas con discapacidad. A las preguntas del Tribunal de garantías, respecto a cuáles son las Sentencias Constitucionales Plurinacionales que establecieron que la atención para el tratamiento de estimulación temprana, sea solo para niños de cero a siete años y cual la normativa vinculada, el abogado de los demandados respondió que no tenía el dato solicitado; sin embargo, es un criterio avalado por ciertos entes médicos.
Graciela Rojas Justiniano, Jefa de Trabajo Social de la CPS, en audiencia, manifestó que; su función únicamente está relacionada al envío de los pacientes -se entiende a las entidades de salud externas- siendo los padres de los niños los que deben asistir a reservar las citas con los diferentes especialistas; por cuanto, como funcionaria de la CPS no tiene relación alguna con lo demandado. Magaly Rodríguez, Directora y Psicopedagoga de “andar” Centro Interdisciplinario de Estimulación Temprana Especial; y, Annelise Beckmann Antezana, Directora del Centro de Atención Temprana Espira, no presentaron informe alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 421 y 422.
El representante de la Defensoría del Pueblo, en audiencia, señaló que; a) Los servicios de terapias especializadas para los niños con discapacidad fueron cortados en cada gestión -2020, 2021 y 2023-, motivo por el que tuvieron que intervenir a través de gestiones destinadas al caso; y, b) En ese sentido, solicitó que se tome en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes, ordenando a la CPS que reanude el servicio de terapia para aquellos niños, las cuales son importantes para el avance de su tratamiento.
El representante de la Defensoría del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, en audiencia, manifestó que; los accionantes, al ser niños y personas con discapacidad, conforme el art. 70 de la Ley 223, tienen derecho a ser protegidos por su familia y el Estado, a una educación y salud integral gratuita, lo que implica que la CPS debe garantizar la continuidad de sus terapias, debiendo concederse la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 78/23 de 27 de junio de 2023, cursante de fs. 436 vta. a 441 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que las autoridades demandadas de forma inexcusable, presten servicios de terapia de rehabilitación y estimulación de los afiliados y/o beneficiarios, debiendo prever con anticipación la provisión de estos servicios sin interrupción; Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme lo establecido en la SCP 0781/2018-S3 de 20 de diciembre, al tratarse de niños con discapacidad los cuales forman parte de un grupo especialmente vulnerable, tanto por ser niños como por su condición de salud, por lo que gozan de una protección reforzada, extremo por el cual no resulta exigible el requisito de subsidiariedad; asimismo, tampoco resultaba exigible que la acción sea dirigida en contra de toda autoridad que vulneró los derechos, pues si el Tribunal de garantías verifica la vulneración de los mismos, puede ampliar el espectro tutelar a aquellos que no hubieren sido demandados, por lo que determinaron flexibilizar la legitimación pasiva; 2) No se presentó prueba alguna que verse, expresamente sobre el rechazo de la CPS, para la compra de los servicios externos cuestionados; por lo que, al haber sido negados estos extremos por la entidad demandada, no se podía aplicar el principio de la presunción de veracidad, aspecto que impidió emitir pronunciamiento al respecto; 3) La entidad gestora demandada, alegó que si se encontraba prestando el servicio reclamado por los accionantes; sin embargo, estos sostuvieron lo contrario, tal contradicción les permitió concluir que, con independencia de si la CPS venía o no proporcionando las terapias de rehabilitación, no existía ningún inconveniente para que dichas prestaciones fueran efectivamente otorgadas; y, 4) En ese orden, dada la protección reforzada de las niñas, niños y adolescentes y al mismo tiempo la dicotomía de ser personas con discapacidad, conforme a la jurisprudencia constitucional que establece la prohibición de limitar, restringir o amenazar el derecho a la salud por ser una vertiente primigenia de la vida, corresponde que la institución demandada, independientemente de los estamentos internos que la invistan, disponga de forma inmediata, ininterrumpida e inexcusable la prestación del servicio de terapias de rehabilitación y estimulación de los afiliados que gozan de protección constitucional reforzada, debiendo prever que por ningún motivo tales servicios deben ser interrumpidos bajo apercibimiento de ley.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan carnets de asegurados a la CPS y de discapacidad de los hijos de los accionantes (fs. 27, 28, 46, 47, 55, 57, 65, 66, 75, 76, 82, 83, 94, 95, 100, 101, 108, 109, 123, 130, 158, 159, 165, 166, 181, 182, 199, 200, 206, 207, 216, 217, 226, 227, 234, 235, 241, 242, 249, 250, 257, 258, 270, 271, 284, 285, 290, 291, 299, 300, 313, 314, 321, 322, 332, 333, 338, 339, 346, 347, 353 y 354). II.2. La Comisión Regional de Prestaciones emitió la Resolución 96/2020 de 5 de marzo que en lo pertinente, determinó: i) Aprobar y autorizar la compra del servicio para terapia de estimulación temprana, mientras no se implemente el Centro Integral Multidisciplinario, para el programa de rehabilitación multidisciplinario de capacidades diferentes; ii) Instruir a la Comisión Multidisciplinaria de Terapia de Estimulación procedan a la reevaluación de todos los pacientes de la CPS que reciben tratamiento de estimulación para luego referirlos a centros especializados con su debido diagnóstico, en base al Protocolo de Rehabilitación Multidisciplinaria de Pacientes con Capacidades Diferentes; y, iii) Instruir a la Administración Departamental de Santa Cruz previo cumplimiento de las normas, firmar convenios con centros especializados para la compra de servicios de terapia de estimulación temprana (fs. 447 a 449). II.3. Por Comunicación Externa 2021/202 de 1 de junio de 2021, Annelise Beckman Antezana, Directora del Centro de Atención Temprana Espiral, dio a conocer -se entiende a un padre de familia- que, por solicitud de suspensión de prestaciones a beneficiarios mayores de siete años, realizada por Sergio Ballivián Capriles, Jefe Departamental de Servicios de Salud de la CPS, a partir de aquella fecha quedaba suspendida la atención terapéutica a su hijo por cuenta de la CPS (fs. 393). II.4. Mediante circular de 2 de junio de 2021, Magali Rodríguez, Directora del Centro Interdisciplinario de Estimulación Temprana Especial “andar”, puso en conocimiento de los padres de familia, la suspensión del programa Terapéutico a los pacientes de la CPS a partir del mes de junio, debido al incumplimiento de los pagos mensuales de la referida entidad gestora, por los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021 (fs. 390). II.5. El 22 de julio de 2021, Zulma Roca Oliva, Jefe Departamental de Trabajo Social de la CPS, informó a Sergio Ballivián Capriles, Jefe Departamental de Servicios de Salud de la misma entidad, que en cumplimiento de las Resoluciones 67/20 y 96/2020, la reevaluación de todos los pacientes de la CPS que recibían tratamientos de estimulación, se estaba realizando bajo un cronograma establecido, por cuanto las terapias serían nuevamente ejecutadas una vez realizadas las mismas a los beneficiarios mayores de siete años (fs. 392).
II.6. Cursa nota de 7 de octubre de 2021, realizada por algunos de los accionantes -Marina Luisa Serrudo Vedia y otros-, dirigida a Sergio Ballivián Capriles, Jefe Departamental de Servicios de Salud de la CPS Regional Santa Cruz, solicitando informe por escrito y la inmediata restitución de las terapias especializadas sin discriminación de edad (fs. 373 a 385). II.7. Cursan Evaluaciones de Terapia de Estimulación, Solicitudes de Terapias Específicas, Informes Médicos correspondientes a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad beneficiarios de la CPS, en cuyas conclusiones se recomienda que los prenombrados continúen con las terapias que venían recibiendo y/ o se solicita la realización de las mismas; dichas solicitudes fueron efectuadas en las gestiones 2022 y 2023 (fs. 35 a 37, 50 a 51, 59, 68, 86, 88 a 89, 97, 111, 119, 126, 133 a 137, 153, 168, 186 a 187, 202, 221, 222, 229, 244, 252, 262, 275, 276, 277 a 278, 308, 317, 325, 342 y 349). II.8. Mediante nota de 8 de marzo de 2023, algunos de los accionantes – entre ellos Iris Cuéllar Durán y otros, solicitaron al Hassan Bakry Rodríguez, Jefe de Servicios de Salud de la CPS Regional Santa Cruz, el restablecimiento inmediato de las terapias especializadas de rehabilitación integral de niños con capacidades especiales beneficiarios del ente gestor referido, enfatizando que a tres meses del inicio de aquella gestión, no iniciaron las terapias antes citadas, pese a las evaluaciones realizadas a los niños todo el mes de febrero (fs. 386 a 389).
Los accionantes, en su condición de padres de niños discapacitados, denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación, al derecho a la defensa y a la salud, así como al “al interés superior del niño” y la “seguridad jurídica”; en razón que, como afiliados a la CPS, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, por intermedio de la adquisición de prestación de compra de servicios externos, recibían terapias especializadas de acuerdo a la condición de cada uno; sin embargo, sin ninguna explicación técnica ni legal, la entidad gestora, decidió suspender la compra de los referidos servicios, bajo el argumento que debían realizarse evaluaciones de continuidad, acorde a la edad de los niños, sin tomar en cuenta el perjuicio que se causó en la salud de los referidos beneficiarios que necesitan una atención especializada continua y sin interrupciones, pues lo contrario significa un retroceso en su salud; asimismo, estos cortes en las atenciones fueron reiterados desde anteriores gestiones, en la cuales también se realizaron los reclamos correspondientes para poder garantizar el derecho de acceso a la salud del que gozan los accionantes como grupo de protección reforzada; por lo que solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) El restablecimiento de las terapias de rehabilitación para niños con discapacidad; b) La actualización de la aprobación, autorización y compra de servicios de terapia de estimulación temprana entre tanto y cuanto se implemente el Centro Integral Multidisciplinario de la CPS para el programa de rehabilitación de personas con capacidades diferentes; y, c) La inmediata puesta en marcha del programa de cumplimiento establecido en la Resolución 96/2020, emitida por la Comisión Regional de Prestaciones de la CPS. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras, asumió el siguiente razonamiento:
[E]l principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad (negrillas añadidas).
Conforme a lo anotado, las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad manifiesta, como el caso particular de las niñas, niños y adolescentes, requieren de una protección reforzada e inmediata; por ello, en estos casos se hace abstracción del principio de subsidiariedad, consiguientemente, la acción de amparo constitucional puede ser presentada de manera directa, no obstante de existir los medios en la vía ordinaria o administrativa. En el mismo sentido se pronunció la SCP 2126/2013 de 21 de noviembre, al señalar que el principio de subsidiariedad sede en los casos de medidas de hecho, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas de 1 El FJ III.2, refiere: “ʽ…es importante destacar que vía jurisprudencial, de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. Con relación a lo señalado, este Tribunal a través de la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, refiriéndose a los fundamentos jurídicos de la excepción a la regla de la subsidiariedad refirió que: '…existen situaciones excepcionales en las que el agotamiento de tales vías implicaría la consumación irreversible de la vulneración del derecho, con el consiguiente daño irremediable, en cuyo caso la tutela resultaría ineficaz, en el que por la existencia de acciones de hecho o justicia directa o a mano propia, que puede ser proveniente de parte de autoridades o funcionarios públicos, o de particulares, se hace urgente la tutela inmediata, prescindiendo de las vías legales que pudiesen existir, a efectos de que cesen las ilegalidades y actos hostiles, con la consiguiente afectación inclusive de otros derechos fundamentales, por tanto en esos casos corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada'”.
la tercera edad y personas con discapacidad; por lo que, en estas situaciones, pese a existir medios intraprocesales de impugnación, se ingresa al análisis de fondo y, en virtud a la protección inmediata que se debe otorgar a los derechos y garantías supuestamente lesionados; razonamiento que ya fue establecido en la SC 1422/2004-R de 31 de agosto. Este entendimiento fue reiterado en la SCP 0712/2025-S3 de 8 de julio.
La SCP 0846/2012 de 20 de agosto, sobre la protección de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad, señaló:
“El fundamento de la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad es la igualdad en su múltiple dimensión, valor-principio-derecho, fuertemente proclamada en el nuevo orden constitucional, que debe ser comprendida en sus dos vertientes: La igualdad formal y la igualdad material, que se hallan complementadas, compatibilizadas y conciliadas en el texto constitucional.
En efecto, cuando la Constitución Política del Estado, desde su Preámbulo declara que el Estado Plurinacional se basa en la igualdad entre todos, prohibiendo y sancionando conforme dispone el art. 14.II de dicho cuerpo legal toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona, debido a que como afirma el art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en el de igualdad, lo que hace la Ley Fundamental es consagrar la igualdad formal entre todas las personas, a través de diversas concreciones, como por ejemplo la igualdad entre el hombre y la mujer o prohibición de discriminación fundada en razón de sexo, la prohibición de discriminación por el estado de embarazo, o la igualdad entre las personas independientemente de sus capacidades físicas, mentales, psicomotoras, etc., o prohibición de discriminación fundada en razón de discapacidad, etc.
Ahora bien, el principio de igualdad formal que nos recuerda el aforismo de que ‘Todas las personas son iguales ante la ley, propio del Estado Liberal de Derecho, es conciliado, compatibilizado y complementado con el principio de igualdad material afianzado a partir del Estado Social de Derecho, cuando la propia Constitución Política del Estado contiene normas para conseguir la igualdad efectiva entre todas las personas. Normas constitucionales aparentemente desigualitarias para favorecer a ciertos sectores en situación de inferioridad, reconociendo por ejemplo, que sectores en condiciones de vulnerabilidad, como son las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con capacidades diferentes, los niños o niñas, etc. son formalmente iguales respecto del resto de las otras personas pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, es decir, tener otra posición social, económica o de otra índole requieren de disposiciones constitucionales específicas para una protección reforzada por parte del Estado a través de diversas concreciones para ser coherentes con el valor justicia consagrado como principio, valor y fin del Estado (art. 8.II de la CPE).
La igualdad material está constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva o que disciplina políticas o acciones afirmativas, que implica tratar desigualdad a los desiguales, es decir a aquéllos grupos o sectores que se encuentran en desventaja y, por tanto, en una situación desigual y desfavorable, para equilibrar la balanza y dar oportunidades a los grupos menos favorecidos para que puedan estar en igualdad de condiciones a través de normas jurídicas que busquen ese equilibrio tratando de evitar así detrimentos a grupos que se encuentran en desventaja.
Se trata de aquellas normas constitucionales que reconocen la protección constitucional reforzada de algunos sectores en condiciones de vulnerabilidad, que buscan ese equilibrio de personas que se encuentran en desventaja con el conjunto en general, como ser, entre otros ejemplos: …b) Las personas con capacidades diferentes. El art. 71.II y III de la CPE, establece que el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.
En ese orden, también los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE), reconocen normas jurídicas de discriminación positiva especiales en aras de la protección reforzada de los sectores en situación de vulnerabilidad, respecto de los niños, la mujer, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, etc.; bloque de constitucionalidad que según la SC 0110/2010-R, de 10 de mayo, comprende también a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (…)
De la misma forma que las normas constitucionales y las que integran el bloque de constitucionalidad, la ley también tiene contiene normas de igualdad material. Ello se puede verificar a través del desarrollo legislativo pre y post constitucional amplio respecto a las normas jurídicas de discriminación positiva a favor de los sectores en situación de vulnerabilidad, como son, respecto de los niños, de la mujer los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, etc.
III.1.2. Las dos funciones que nacen de la complementación, compatibilización y conciliación constitucional de la igualdad en sus dos vertientes: La igualdad formal y la igualdad material (…)
La complementación y conciliación de ambas vertientes del principio de igualdad: formal y material constitucionalizados y reconocidos en el bloque de constitucionalidad tiene dos funciones: La primera, obliga al Estado a través de sus Órganos en sus respectivos roles a otorgar un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes, debido a que los derechos fundamentales son vinculantes para el legislador, al ejecutivo y los jueces, a estos últimos dado su rol preponderante en el Estado Constitucional de Derecho. Al legislador ordinario a dictar normas de desarrollo de discriminación positiva, al ejecutivo a realizar políticas públicas a través de acciones afirmativas o acciones positivas y a los jueces a proferir jurisprudencia que potencie el principio de igualdad material a través de un interpretación progresista, extensiva, libre de formalismos, a partir de los criterios y métodos de interpretación constitucionalizados como los de favorabilidad, favor debilis, pro hómine, en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, entre otros.
ii) El derecho subjetivo a un trato desigual de las personas pertenecientes a sectores de vulnerabilidad.
La segunda función que cumple la complementación y conciliación de ambas vertientes del principio de igualdad: formal y material es configurar un auténtico derecho subjetivo de las personas pertenecientes a estos colectivos tradicionalmente discriminados a recibir un trato jurídico desigual y favorable en determinados casos, con la finalidad de conseguir su equiparación social, precisamente a través de medidas normativas, políticas públicas y jurisprudenciales. Su configuración nace a partir de la reconstrucción de las normas constitucionales que consagran y reconocen la igualdad formal (art. 14.II de la CPE), y la igualdad material a través de normas jurídicas específicas de discriminación positiva de estos sectores (por ejemplo las normas constitucionales de protección de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia (arts. 48.VI y 45.V de la CPE entre otras), las normas constitucionales de protección reforzada de las personas con discapacidad o capacidades diferentes (art. 71.II de la CPE) y así, en lo conducente, otras normas respecto de otros grupos de especial vulnerabilidad.
Existen varios ejemplos del reconocimiento del derecho subjetivo a un trato desigual de las personas pertenecientes a sectores de vulnerabilidad por la jurisprudencia constitucional. Esto debido a que la Constitución Política del Estado, es una norma jurídica que obliga a todos a someterse a ella, a sus principios, valores derechos y garantías constitucionales (normas constitucionales-principios), en especial a los jueces dada su labor preponderante a partir de la configuración del Estado Constitucional de Derecho y debido a que en sus manos están la pluralidad de fuentes del Derecho, el desarrollo jurisprudencial también debe ser coherente con la compatibilización y conciliación que declara la Constitución Política del Estado respecto a la igualdad en su múltiple dimensión valor-principio-derecho y en sus dos vertientes: la igualdad formal y la igualdad material. Ello se puede verificar en las líneas jurisprudenciales de la protección reforzada de los sectores de especial vulnerabilidad, que ha tenido su efecto irradiador no sólo en los derechos fundamentales sustantivos, sino asimismo, en los derechos procesales de éstos (…) Fundamento extraído de la SCP 0131/2024-S4 de 7 de mayo.
La SCP 0315/2024-S4 de 17 de julio señaló que:
“Respecto al derecho la vida, la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, sostuvo que: ‘Es el primero de los derechos fundamentales y que da inicio al catálogo desarrollado por el art. 15.I de la CPE; derecho primigenio cuyos alcances ya han sido establecidos por este Tribunal, que en el entendido de que es el bien jurídico más importante, señaló que: ‘es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento’ (SCP 687-2000-R de 14 de julio) (las negrillas son nuestras).
En ese contexto jurisprudencial, se tiene que el derecho a la vida se constituye en aquel derecho fundamental, consagrado constitucionalmente, cuya importancia trascendental se funda en que el citado derecho es el presupuesto para la titularidad de derechos y obligaciones y, constituyéndose en la condición previa necesaria para la realización y disfrute del resto de los derechos, en ese sentido entendimiento expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia de 4 de julio de 2006, pronunciada dentro del caso Ximenes Lopes Vs Brasil, al señalar que: ‘124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo´.
El referido derecho se encuentra relacionado de manera intrínseca con el derecho a la salud, respecto al cual la jurisprudencia señala en la SC 1580/2011 de 11 de octubre, citando a la SC 0026/2003-R de 8 de enero, señala lo siguiente: “Derecho, sobre cuyo entendimiento este Tribunal en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, estableció que: ‘es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida'.
Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien, como previene el art. 8.II de la CPE; pero también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9 num. 5) de la CPE, al señalar que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley 'Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo’” (las negrillas nos pertenecen). Del entendimiento jurisprudencial expuesto se tiene que dentro de los alcances del derecho a la salud, se encuentra una existencia con calidad de vida.
Los derechos se encuentran relacionados con el derecho a la seguridad social, cuyo entendimiento jurisprudencial se encuentra plasmado en la SC 1488/2011-R de 10 de octubre, sostuvo que: “El derecho a la seguridad social estaba reconocido en el art. 7 inc. k) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg) como derecho fundamental, estableciendo el art. 158 constitucional los principios inspiradores de los regímenes de seguridad social: universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.
Desarrollando dichas normas constitucionales, los arts. 1 del Código de Seguridad Social (CSS) y 1 de su Reglamento, Decreto Supremo (DS) 24469, de 17 de enero de 1997, así como con el art. 1 de la Ley de Pensiones (LP) -vigentes al momento de la interposición de la acción de amparo venida en revisión ante este Tribunal Constitucional- aseguran la continuidad de los medios de subsistencia de la población a través de los regímenes de la seguridad social, es decir, las prestaciones de corto plazo bajo los preceptos del Código de Seguridad Social y las prestaciones de largo plazo por la Ley de Pensiones.
En dicho contexto normativo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional definió este derecho '…es la potestad o facultad que tiene toda persona a la cobertura integral de sus contingencias y a que se le garanticen los medios materiales que le aseguren una existencia humana digna, preservando su vida y salud física y mental, su seguridad económica, el descanso y la protección de su núcleo familiar. Este derecho comprende la cobertura a contingencias inmediatas y mediatas.
Por lo mismo, resulta ser un derecho irrenunciable de carácter prestacional para el trabajador activo o retirado' (SC 0058/2004 de 24 de junio).
La Constitución vigente, en el Capítulo Quinto de la Segunda Parte, Derechos sociales y económicos, en la Sección II, desarrolla los derechos a la salud y a la seguridad social. Así sobre este último derecho, el art. 45 de la CPE, señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad interculturalidad y eficacia” (las negrillas nos corresponden).
Dicho derecho, se encuentra intrínsecamente vinculado a los derechos a la vida y a la salud, encontrando el derecho a la seguridad social, trascendental importancia, cuando se encuentra en relación a personas cuya debilidad por enfermedad y necesidad de acceder a las prestaciones de seguridad social en relación a su salud, es patente y manifiesta; en ese sentido se ha pronunciado el entonces Tribunal Constitucional en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, al establecer que: “El derecho a la vida, como lo ha proclamado la SC 687/2000-R, es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales previstos en el art. 7 de la Constitución; es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. (...). El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida. (....) El derecho a la seguridad social, como derecho constitucional, adquiere su esencia de fundamental cuando atañe a las personas cuya debilidad es manifiesta, es decir, que requieren de la misma para seguir con vida, tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables”. Fundamento reiterado en la SCP 0042/2025-S3 de 10 de marzo.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolló el principio de continuidad en la prestación de servicios de salud como inherente al derecho a la vida y a la salud de las personas, en tal sentido, la SCP 1100/2016-S2 de 3 de noviembre, mencionando la SC 1294/2004-R de 12 de agosto y otras, estableció:
[Q]ue de las disposiciones señaladas se infiere que el tratamiento de los enfermos crónicos supone una atención que debe ser prestada en forma inmediata y continua, no debiendo ser interrumpida por trámites y resoluciones administrativas, que en definitiva determinan únicamente la transferencia de responsabilidad sobre el suministro y costo del tratamiento, que pasa de una entidad a otra del Estado como es la Caja Nacional de Salud al Ministerio de Salud y Previsión Social; responsable de la protección de la salud de las personas, debiendo en su caso dicho Ministerio brindar la atención médica adecuada a través de otros centros de salud, si lo viere conveniente, y sólo en ese caso la Caja Nacional de Salud podrá suspender el tratamiento; importando toda discontinuidad en el tratamiento un atentado a la vida y a la salud del paciente.
(…)
Razonamiento que es asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0229/2015-S3 de 5 de marzo, expresando lo siguiente: “La jurisprudencia constitucional entendió que: ‘El derecho a la salud es aquel derecho que por virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida’ (SC 0026/2003-R de 8 de enero). En ese sentido, se entiende que el mantenimiento de las condiciones adecuadas para que las personas alcancen un estado óptimo de bienestar físico y mental, depende -entre otros muchos factores- de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de salud, respecto de los cuales el art. 38.II de la CPE, establece que: ‘Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida’.
Esta disposición constitucional contempla el principio de continuidad en la prestación de los servicios de salud, el cual supone la garantía de las personas que reciben determinada atención médica o iniciaron un tratamiento médico respecto de una determinada enfermedad, no se vean afectados con la privación del mismo, pues en ambos casos se tiene que dicha interrupción implicaría un potencial riesgo de su derecho a la vida.
Entonces, el principio de continuidad en la prestación de los servicios de salud conlleva una obligación inexcusable que debe ser cumplida por parte del Estado, y que a la vez constituye en una garantía de los usuarios de salud de que el servicio no será interrumpido, menos aún si de dicha prestación depende la continuación de un tratamiento médico especializado que compromete su propia subsistencia física, como es el caso de los pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica, que por su grado de vulnerabilidad física requieren del tratamiento permanente del servicio de hemodiálisis para mantenerse con vida.
La vigencia de este principio determina a su vez, la obligación del Estado de evitar cualquier situación que ponga en peligro los derechos de los usuarios del servicio de salud, como el de no verse privados de una eficaz y continua atención médica” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 1551/2012 de 24 de septiembre, pronunciándose en torno a la cuestión en análisis, señaló:
[L]a Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-158/10 de 5 de marzo de 2010, que establece: “La Corte Constitucional en varias ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho a la prestación continúa, permanente y sin interrupciones de los servicios médicos y de recuperación de la salud. Sobre el tema, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en afirmar que las entidades públicas y privadas que prestan el servicio público de salud no pueden abstenerse legítimamente de su obligación constitucional y legal de procurar la conservación, recuperación y mejoramiento del estado de sus usuarios, así como tampoco del suministro continúo y permanente de los tratamientos médicos ya iniciados. Esta Corporación ha desarrollado dos criterios sobre los cuales descansa el derecho a la continuidad en la prestación de los tratamientos médicos en curso, a saber: (i) la necesidad del paciente de recibir tales servicios, y (ii) los principios de la buena fe y la confianza legítima. Igualmente, en sentencia T-765 de 2008, señaló que en desarrollo de esos criterios, existen ciertos supuestos básicos bajo los cuales no es admisible constitucionalmente que una entidad que presta servicios de salud se abstenga de suministrarlos de manera continua, permanente y oportuna. Ellos son: '(i) que los servicios médicos hayan sido ordenados por el médico tratante adscrito a la entidad en cuestión; (ii) que exista un tratamiento médico en curso, es decir, iniciado con anterioridad a la suspensión del servicio; y (iii) que el mismo médico tratante haya indicado la necesidad de continuar con la prestación de la atención médica requerida por el paciente'. Sobre la base de dichos entendimientos jurisprudenciales, se puede establecer que el derecho a la salud reconocido por la Constitución Política del Estado, impone a las entidades públicas y de seguridad social la obligación de garantizar la prestación ininterrumpida, oportuna y adecuada de los servicios de salud; dado que tal derecho se constituye en un esencial y su provisión o puede estar sujeta a decisiones administrativas que generen interrupciones injustificadas que pongan en riesgo la vida, integridad o bienestar de las personas. Respecto a la personas con discapacidad, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en su art. 1 señala como propósito el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad; asimismo, define a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. En base a dichas conceptualizaciones, debemos razonar que si bien la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de continuidad en la prestación de servicios médicos principalmente en relación a pacientes con enfermedades crónicas, dicho entendimiento resulta plenamente extensible y aplicable a las personas con discapacidad; ello porque la necesidad de atención permanente, terapias especializadas y seguimiento multidisciplinario no deriva únicamente de la cronicidad de una patología, sino también de las condiciones estructurales y permanentes que caracterizan la discapacidad, por requerir intervenciones continuas para garantizar su desarrollo funcional, autonomía e inclusión social. En esa línea, los estándares de continuidad de prestación de servicios médicos, definidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben interpretarse bajo un criterio de protección reforzada en cumplimiento de los arts. 13.II, 70 y 71 de la CPE y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que imponen al Estado el deber de brindar servicios estables, accesibles y sin interrupciones arbitrarias, a las personas con discapacidad.
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos a la motivación y fundamentación, al derecho a la defensa y a la salud, así como al “al interés superior del niño” y la “seguridad jurídica”; en razón a que, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad afiliados a la CPS, recibían terapias especializadas conforme a sus requerimientos, dichas prestaciones se las realizaba a través de la compra de servicios externos, debido a que el ente gestor no contaba con las condiciones logísticas para su realización.
Empero, sin ninguna explicación técnica ni legal, la entidad demandada decidió suspender la compra de todo tipo de servicios externos bajo el argumento que debían realizarse evaluaciones de continuidad acorde a la edad de los niños, sin tomar en cuenta el perjuicio que se causó en la salud de los referidos beneficiarios que necesitan una atención especializada continua y sin interrupciones, pues lo contrario significa un retroceso en su salud; asimismo, estos cortes en las atenciones fueron reiterados desde anteriores gestiones, en la cuales también se realizaron los reclamos correspondientes para poder garantizar el derecho de acceso a la salud del que gozan los accionantes como grupo de protección reforzada. Con carácter previo a ingresar al análisis de la presente acción de amparo constitucional, corresponde referir que, si bien en los antecedentes remitidos no obra el Testimonio de Poder 624/2023 de 10 de abril, otorgado por la Notaría de Fe Pública Décima de la ciudad de Santa Cruz, que acredita formalmente la representación legal de Romel Leonardo Ipamo Saravia en favor los accionantes, corresponde entender que dicha verificación fue realizada por el Tribunal de garantías al momento de la admisión de la acción, razón por la cual se tiene por satisfecha la legitimación activa y se da por acreditada la representación procesal que fue ejercida sin observación alguna. En relación a la subsidiariedad observada por la parte demandada, es necesario remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece las excepciones a esta exigencia procesal cuando se encuentren involucrados los derechos de personas que requieran protección inmediata por su condición de vulnerabilidad; en el caso presente, al dilucidarse sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, corresponde exceptuar la exigencia de subsidiariedad, considerando además que, los actos denunciados son de efecto inmediato y continuado que vulneran directamente los derechos fundamentales de los accionantes; consecuentemente, ante la ausencia de un recurso idóneo y eficaz para reestablecer de manera urgente los derechos vulnerados, la acción de amparo constitucional se configura como el mecanismo apto para la protección constitucional exigida permitiendo el análisis del problema jurídico planteado. De los antecedentes que informan esta acción de amparo constitucional, se tiene que, los hijos de los accionantes son niñas, niños y adolescentes con discapacidad afiliados a la CPS; en dicha condición reciben terapias especializadas de rehabilitación que eran adquiridas a través de la compra de servicios externos, toda vez que el ente gestor no contaba con dichos servicios médicos (Conclusión II.1).
Ahora bien, el 5 de marzo de 2020, la Comisión Regional de Prestaciones emitió la Resolución 96/2020, por la que aprobó y autorizó la compra de servicios de estimulación temprana, hasta que se implemente el Centro Multidisciplinario Integral para el programa de rehabilitación de personas con capacidades diferentes, por lo que se instruyó a la Comisión Multidisciplinaria de Terapias de Estimulación, procedan a la reevaluación de todos los pacientes de la CPS que recibían tratamiento de estimulación para luego referirlos a centros especializados con su debido diagnóstico; en dicha resolución, se tomó en cuenta la recomendación formulada por la Comisión Multidisciplinaria de Terapias de Estimulación, referida a la conformación de un Centro Integral Multidisciplinario para los niños menores a siete años, al tratarse de la edad recomendada para la estimulación temprana (Conclusión II.2). En ese contexto, conforme el memorial de acción de amparo constitucional, así como por lo señalado por la representante de la Defensoría del Pueblo, se tiene que las referidas terapias a las que debían acudir las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, fueron interrumpidas por lapsos indeterminados en varias gestiones, debido a diferentes factores como: la solicitud expresa de suspensión de prestaciones a beneficiarios mayores de siete años, realizada el 1 de junio de 2021, por el Jefe Departamental de Servicios de Salud de la CPS (Conclusión II.3); la falta de los pagos mensuales al Centro de Estimulación Temprana Especial “andar”, por los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2021 (Conclusión II.4); la interrupción en la ejecución de las terapias y tratamientos de estimulación que recibían los niños con discapacidad por la reevaluación que se realizaba a través de cronograma en la gestión 2021 (Conclusión II.5); las solicitudes de los padres de familia en las gestiones 2021 y 2023, dirigidas al Jefe de Servicios Médicos de Salud de la CPS Regional Santa Cruz, impetrando el restablecimiento inmediato de las terapias especiales beneficiarios del ente gestor (Conclusiones II.6 y II.8), se constituyen en elementos probatorios que son concretos y concisos, por los que se llega a establecer que efectivamente la CPS interrumpió la compra de servicios para la continuidad de las terapias especializadas para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad afiliados a aquel ente gestor. En ese marco, no resulta justificativo lo expuesto por la entidad demandada; en primer lugar, la referencia a que el acceso a la salud de las personas con discapacidad se encuentra garantizado por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de los servicios gratuitos en la red de servicio públicos y en los tres niveles de atención, servicios que en su criterio, no resultan atribución u obligación de la CPS, siendo una facultad de los servicios públicos tales como Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobernaciones y otras entidades estatales; dicho argumento no resulta válido, puesto que en su calidad de ente gestor, tiene el deber jurídico de asegurar la continuidad de las prestaciones a sus propios afiliados. En segundo lugar, la alegación que actualmente cuenta con un Centro de Atención para menores de siete años, tampoco justifica la exclusión, ya que la obligación de prestar atención especializada debe comprender a todas las personas con discapacidad que se encuentren afiliadas, sin distinción etaria. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de continuidad en la prestación de los servicios de salud, bajo criterios enlazados al derecho a la vida y a la salud, último que conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente sentencia, no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad, sino el derecho a una existencia con calidad de vida; en dicho orden, se establece que la CPS, como entidad gestora, debe asegurar la permanencia y regularidad de los tratamientos médicos nuevos o iniciados, más aún si se trata de personas pertenecientes a grupos de atención reforzada, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, quienes -como se glosó en el Fundamento Jurídico III.3- necesitan y tienen derecho a una atención médica atención permanente e integral, rehabilitación, medicamentos esenciales, controles periódicos, terapias especializadas y seguimiento multidisciplinario por las condiciones permanentes que caracterizan a la discapacidad, sin interrupciones arbitrarias pues, su interrupción podría generar retrocesos irreversibles, afectando gravemente su derecho a una vida digna, a la igualdad de oportunidades y a su desarrollo integral. En consecuencia, el corte de los servicios realizados por la CPS hacia los accionantes, resulta incompatible con los estándares constitucionales, dado que su deber no se limita a remitir a los pacientes a otros niveles del Estado, como erróneamente alega, sino a garantizar directamente la continuidad de atención a sus afiliados, no pudiendo justificar ningún tipo de exclusión por criterios etarios que se sobrepongan a la necesidad terapéutica, pues la atención a cada paciente con discapacidad, sea infante, niño o adolescente debe ser realizado acorde a la necesidad que tenga, debiendo primar el carácter reforzado y prioritario que tienen en la protección de sus derechos debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, sobre todo tratándose de su derecho a la salud que se encuentra directamente vinculado con el derecho a la vida y a la dignidad de los accionantes.
Asimismo, la CPS, no puede abstenerse de suministrar los servicios de salud de manera continua, permanente y oportuna por trámites o resoluciones administrativas, pues tratándose del derecho primigenio a la vida y también a la salud, debe prever y realizar ajustes razonables como infraestructura, contratación de personal, contratación de servicios externos y otros, a efectos de materializar los derechos de sus afiliados para recibir los servicios médicos necesarios, ya que, como en el caso presente, al tratarse de personas en doble condición de vulnerabilidad la negación de los servicios médicos puede constituir discriminación indirecta; pues en todo caso toda limitación o exclusión debe estar prevista por Ley, debe ser proporcional y razonable, no siendo un justificativo la realización de trámites burocráticos. En consecuencia, al haberse vulnerado el principio de continuidad y, con él, los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la protección reforzada de las niñez y personas con discapacidad, corresponde conceder la tutela solicitada, para que la CPS reanude de manera inmediata e ininterrumpida las terapias especializadas requeridas por las niñas, niños y adolescentes con discapacidad afiliados a ese ente gestor, debiendo prever y realizar los trámites administrativos que correspondan, sin que éstos puedan constituir un obstáculo o condicionamiento para la efectiva y oportuna prestación del servicio. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 78/20 de 27 de junio de 2023, cursante de fs. 436 vta. a 441 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 El FJ III.3, refiere que: ”…no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo; por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1034_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): e8d18a8f22536eb494402bce2f33454c664fe03c39a95db1afa838f5311a1bf8
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