Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la salud, a la vida, al trabajo “en todos sus componentes”, al debido proceso y el derecho de las personas con discapacidad; puesto que, se habría procedido a su desvinculación laboral sin tomar en cuenta que su persona se encuentra a cargo de una persona con discapacidad mental del 52% -quien resulta ser la tía paterna de su esposa-, pese haber realizado el reclamo correspondiente, no ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades demandadas del SEDES La Paz; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Memorándum MR-0153/22 de 4 de agosto de 2022; b) Proceder a su reincorporación al mismo cargo e ítem, con igual remuneración y en el Centro de Salud Pampajasi; c) El pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales, aguinaldo, bono de antigüedad y otros relacionados que surjan en de la relación laboral con el SEDES La Paz; y, d) Garantizar la protección de sus derechos hasta que la resolución emitida sea revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 113 a 115 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada por no cumplir con el principio de la inmediatez. 2º Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que futuras actuaciones, verifiquen la concurrencia de las causales de improcedencia de las acciones tutelares sometidas a su conocimiento, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1033/2025-S3 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56944-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 137/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 113 a 115 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhon Limber Estévez Quispe contra Prisley Riveros García, Director Técnico; y, Margareth Gamboa Ruíz, Jefa de Unidad de Gestión y Administración de Recursos Humanos (RR.HH.), ambos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz.
Por memoriales presentados el 22 de mayo y 2 de junio de 2023, cursantes de fs. 57 a 70, y 76 a 80 vta., respectivamente, el accionante manifestó lo siguiente:
Conjuntamente a su esposa se encuentran a cargo de la tía paterna de la antes nombrada, quien obtuvo su carnet de discapacidad intelectual con un porcentaje de cincuenta y dos por ciento (52%) emitido por el Ministerio de Salud y Deportes el 16 de diciembre de 2019. Trabajó en calidad de médico, en distintas unidades de salud bajo dependencia del SEDES La Paz en distintas gestiones, pero el 4 de agosto de 2022, fue desvinculado por Memorándum MR-0153/22, mismo que objetó verbalmente, trató de entrevistarse con el ahora ex Director Técnico y la ex Jefa de Unidad de Gestión y Administración de RR. HH. de la referida Institución, a efectos de poder saber el motivo de su retiro, pero no encontró una respuesta concreta, por lo que, considera que esa decisión fue arbitraria.
Ante dicha situación, recabó información respecto a la discapacidad de la tía paterna de su esposa, quien se encuentra viviendo en su domicilio, conforme se evidencia por el Informe Social UE-FNSE/PRONASSLE-LA PAZ/INF/37/2019 de 2 de diciembre, así como, por informes y certificados médicos que corroboran la situación de la tía paterna de su esposa, documentación con la que el 7 de diciembre de 2022, presentó una nota al actual Director Técnico del SEDES La Paz -demandado-, para que tome conocimiento de la situación y pueda pronunciarse sobre el mismo y proceda con su reincorporación y restituya sus derechos laborales, pero no obtuvo respuesta alguna hasta la fecha de interposición de esta acción de amparo constitucional, pese a que, se puso en conocimiento de dicha autoridad todos los antecedentes señalados previamente, considerando una vulneración flagrante de sus derechos y garantías constitucionales.
Denunció la lesión de sus derechos a la salud, a la vida, al trabajo “en todos sus componentes”, al debido proceso y el derecho de las personas con discapacidad, citando al efecto los arts. 15, 18.I, 35, 37, 46.I y II, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Memorándum MR-0153/22 de 4 de agosto de 2022; b) Proceder a su reincorporación al cargo e ítem que antes tenía, con la misma remuneración y en el centro de salud donde desempeñaba sus funciones; c) El pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales, aguinaldo, bono de antigüedad y otros relacionados que surjan de la relación laboral con el SEDES La Paz; d) Garantizar la protección de sus derechos hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional pronuncie la correspondiente resolución; y, e) Conceder la medida cautelar solicitada.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 107 a 112; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar, ampliándola señaló que: 1) Cuando logró entrevistarse con el ex Director Técnico del SEDES La Paz, le expuso todos los antecedentes de sus funciones desempeñadas con responsabilidad, así como, la situación de la tía paterna de su esposa, quien vive con su familia y su hija menor de edad, motivo por el cual necesita contar con una fuente laboral estable; quien le mencionó que revisarían su caso y le darían una respuesta; 2) Ante el cambio de autoridades en el SEDES La Paz, el “12 de diciembre de 2022” presentó una nota al Director Técnico demandado, en el que, mencionó la necesidad de contar con una fuente laboral, puesto que, es el sostén de su familia y también se encuentra a su cuidado una persona con discapacidad, así evidenciado en el Informe Social UE-FNSE/PRONASSLE-LA PAZ/INF/37/2019 de 2 de diciembre, adjunto a la acción de amparo constitucional, sin que hasta la fecha de su interposición tenga una respuesta; 3) No se encuentra dentro de los alcances del Decreto Supremo (DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998 en su art. 9 inc. k), por no ser personal dependiente de la oficina central del SEDES La Paz y menos ocupa cargos como director distrital o de un centro de salud; 4) No se aperturó proceso alguno en su contra para su desvinculación ni tiene llamada de atención, existiendo una falta total a su derecho al debido proceso; 5) La nota de “12 de diciembre de 2022”, no fue respondida, generando mayor vulneración de a su derecho al trabajo, constituido en los arts. 46 y 48 de la CPE; y, 6) Cita la SCP 1770/2013 de 21 de octubre, en relación a la excepcionalidad de interponer este mecanismo de defensa sin agotar todos los medios idóneos ante un daño irreparable o peligro inminente o perjuicio irreparable, al no ser eficaz el medio además de tratarse de un grupo vulnerable al constituirse medidas de hecho en contra del accionante, ya que, la base legal del memorándum de desvinculación es inaplicable en el caso de que el accionante haya sido desvinculado sin proceso previo en su contra o llamada de atención, siendo ese su caso, además que, si se tenía alguna confusión al respecto, el art. 54 de dicho Decreto Supremo, establece cumplir con el reglamento del SEDES La Paz, la ley y en caso de disolución o disidencia la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y su Decreto Supremo reglamentario.
Prisley Riveros García, Director Técnico del SEDES La Paz, mediante informe escrito, presentado el 29 de junio de 2023, cursante de fs. 98 a 99, y en audiencia por intermedio de su abogado, manifestó que: i) El 10 de octubre de 2018, se designó al accionante como médico a tiempo completo en el Centro de Salud Pampajasi, en aplicación de la normativa que establece las facultades que tiene el Director Técnico del SEDES La Paz, se determinó su desvinculación el 4 de agosto de 2022, en la que, se prescindió de los servicios del solicitante de tutela; ii) El peticionante de tutela tiene condición de funcionario provisorio, que está regulado por el art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP); ya que, el mismo accedió al cargo por medio de invitación directa, modalidad establecida en el art. 18 inc. b). 1 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001, motivo por el cual se tomó la decisión de su retiro, que fue recibido por el demandante de tutela el 4 de agosto de 2022, aclarando que no ingresó por examen de competencia o concurso de méritos, lo hizo por invitación directa; iii) Se pretende hacer valer una fecha de presentación de una nota al SEDES La Paz, en el que no se habría dado respuesta con la finalidad de confundir a la jurisdicción constitucional, la cual ingresó con Hoja de Ruta 20034 a horas 13:01, que fue respondida el 12 de enero de 2023, con base en el Informe CITE:GADLP/SEDES/U.G.A.R.R.H.H./ 057/2023 de igual fecha, de la Unidad de Gestión y Administración de RR.HH., que hace alusión a lo señalado previamente, en cuanto a su condición de trabajador de carácter provisorio y la normativa específica al caso; iv) Pretende hacer valer un certificado de discapacidad, que nunca fue puesto a conocimiento del SEDES La Paz, de quien sería la tía paterna de su esposa, cuando la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- establece en su “numeral 5”, la inamovilidad laboral de personas con discapacidad; así como, de la madre o el padre, conyugue o tutor legal que se encuentre a cargo de una persona con discapacidad grave o muy grave en los sectores públicos y privados, siempre y cuando, cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación; v) Desde el 2018 a la fecha de la desvinculación del accionante transcurrieron cuatro años, sin que se haya declarado tutor legal de la persona con discapacidad, tampoco presentó documentación alguna al respecto, recién pretende hacer valer dicha situación, sin adjuntar prueba legal que la respalde; y, vi) Respecto a que no se dio respuesta a su petición, el accionante no hizo seguimiento al mismo, y ahora pretende que se sustancie una acción de amparo constitucional fuera del plazo establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es decir, después de los seis meses computables a partir de la comisión de la supuesta vulneración del hecho, ante ello, el demandante de tutela en su calidad de funcionario provisorio, tenía la opción de formular recurso de revocatoria y activar el procedimiento administrativo; sin embargo, no lo hizo, solo presentó la nota de 7 de diciembre de 2022, que fue respondida, por cuanto, en mérito al art. “53. 2” del CPCo, que estipula, al no haber agotado los medios ordinarios que puedan modificar lo determinado procederá la improcedencia. Margareth Gamboa Ruíz, Jefa de Unidad de Gestión y Administración de RR.HH. del SEDES La Paz, por Informe GADLP/SEDESLP/U.G.A.RR.HH./INF/ 0370/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 90 a 95, mencionó que: a) El accionante ingresó al SEDES La Paz en condición de servidor público provisorio, puesto que, no se incorporó a través de convocatoria pública ni concurso de méritos, aspecto que fue verificada en la base de datos de la citada Institución, ante ello, no es un servidor público institucionalizado, por lo cual, no tiene estabilidad laboral permanente, sujetándose a lo previsto por los arts. 6.II y 71 del EFP; b) El peticionante de tutela fue notificado con el Memorandum MR-0153/22 conforme a la norma, cabe aclarar, que al haber ingresado la referida Institución por invitación directa el cese de sus funciones no requiere de ningún procedimiento adicional; c) De la verificación del “file” del solicitante de tutela no se advirtió ninguna resolución judicial de nombramiento de tutoría legal de persona con discapacidad u otra causal para que sea beneficiario de la inamovilidad laboral, al respecto, solicitó a la Unidad de Tratamiento de Rehabilitación, Investigación Social en Drogodependencia y Discapacidad UTRAID SEDES La Paz, sobre la situación reclamada por el prenombrado, teniendo como respuesta, que no se evidenció datos en el “SIPRUNOCD`S”, ante lo cual, no existe información que corrobore que fuese una persona con discapacidad o que algún familiar haya sido declarado como tal; d) “…de acuerdo a Hoja de Ruta Nº 22034 Adjunta a Nota de fecha 27 de diciembre de 2022, la misma fue respondida en su momento con Nota Cite: GSDLP/SEDESLP/U.G.A.RR.HH./EXT./2022 de fecha diciembre de 2022” (sic); y, f) Observó la admisión de la acción de amparo constitucional interpuesta, puesto que, no cumplió con el plazo de presentación dispuesto por el art. 55 del CPCo.
Pedro Francisco Calizaya Aro, Defensor del Pueblo, mediante su representante legal, en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) En caso de ingresarse al fondo de la acción de amparo constitucional, solicitó que se tome en cuenta la protección reforzada que gozan las personas con discapacidad, citando al efecto la SCP 1102/2022-S3 de 24 de agosto; y, 2) Se considere la inamovilidad laboral que gozan las personas o trabajadores con personas con discapacidad a su cargo, citando la SC “235/007”, que determina obligaciones pasivas para el empleador de abstenerse de realizar acciones o conductas que puedan vulnerar sus derechos constitucionales.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 137/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 113 a 115 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) La acción de amparo constitucional tiene dos principios configuradores, la subsidiariedad y la inmediatez; se identificó como el acto ilegal el Memorándum MR-0153/22 de 4 de agosto de 2022, no obstante, fue interpuesto este mecanismo tutelar recién el 22 de mayo de 2023, por lo que, se encuentra fuera del término estipulado por el art. 53 del CPCo; al haber transcurrido más de seis meses, es decir, sesenta días más del plazo determinado por ley y la jurisprudencia para su interposición, en ese sentido, la jurisdicción constitucional se encuentra inhibido de poder entrar a considerar el fondo de lo solicitado, correspondiendo disponer la denegatoria de la tutela impetrada; y, ii) El acto lesivo formulado por el peticionante de tutela es la desvinculación laboral a través del citado Memorándum, de lo que se concluye que la indicada desprotección no fue a una persona con discapacidad, ya que, tal extremo nunca fue objeto de debate en sede administrativa; de la revisión de antecedentes se tiene que no existió un reclamo previo al respecto o agotamiento de la vía administrativa en dicho sentido, para que pueda ser valorado, y advertir si el accionante era o no el responsable de una persona con discapacidad, tampoco se puso a conocimiento del Director Técnico demandado dicha situación, motivo por el cual no puede ser debatida en vía constitucional, al ser el reclamo posterior a los hechos denunciados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum MI-427/18 de 10 de octubre de 2018, se designó a Jhon Limber Estevez Quispe -accionante-, como médico a tiempo completo al Centro de Salud Pampahasi Alto Red 4 Este, con ítem TGN-82405, por necesidad y mientras se institucionalice el cargo al accionante (fs. 7). II.2. Mediante Memorándum MR-0153/22 de 4 de agosto de 2022, expedido por Mayber Lenin Aparicio Loayza, Director Técnico; y, Abigail Machaca Quenallata, Jefa de Unidad de Gestión y Administración de RR. HH., ambos del SEDES La Paz, se dio por concluida la relación laboral con el solicitante de tutela en mérito a lo dispuesto por el art. 9 inc. k) del DS 25233, en concordancia con el “Art. 33” (fs. 15). II.3. Consta memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, por el peticionante de tutela a Prisley Riveros García, Director Técnico del SEDES La Paz -demandado-, por el cual, solicitó su reincorporación laboral (fs. 32 a 33). II.4. A través de Informe CITE: GADLP/SEDES/U.G.A.R.R.H.H./ 057/2023 de 12 de enero, suscrito por el Asesor Legal de la Unidad de Gestión y Administración de RR.HH. del SEDES La Paz, se dio respuesta a la solicitud de reincorporación presentada el 7 de diciembre de 2022 por el accionante (fs. 102 a 103). II.5. Consta caratula del Sistema Integrado de Registro Judicial con Número de Registro Judicial (NUREJ) 204086722 de la presente acción de amparo constitucional de 22 de mayo de 2023, por el impetrante de tutela (fs. 70).
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la salud, a la vida, al trabajo “en todos sus componentes”, al debido proceso y el derecho de las personas con discapacidad; puesto que, se habría procedido a su desvinculación laboral sin tomar en cuenta que su persona se encuentra a cargo de una persona con discapacidad mental del 52% -quien resulta ser la tía paterna de su esposa-, pese haber realizado el reclamo correspondiente, no ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades demandadas del SEDES La Paz; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Memorándum MR-0153/22 de 4 de agosto de 2022; b) Proceder a su reincorporación al mismo cargo e ítem, con igual remuneración y en el Centro de Salud Pampajasi; c) El pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales, aguinaldo, bono de antigüedad y otros relacionados que surjan en de la relación laboral con el SEDES La Paz; y, d) Garantizar la protección de sus derechos hasta que la resolución emitida sea revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, asumió el siguiente razonamiento: “El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: `La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial´. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado. El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio2, determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto alguno ni ser consideradas por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como `intrascendentes´. Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en 1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos. 2. Si es que se hubiese solicitado enmienda, aclaración o complementación de la resolución principal o auto de vista, que se constituye en el medio idóneo y que agota la vía, y no hubiesen sido consideradas, por extemporaneidad o el motivo que fuere; al no tener trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de aclaración, complementación o enmienda. 3. En los casos en que la solicitud hubiese sido considerada dando lugar a la enmienda, aclaración o complementación, la misma pasa a formar parte del contenido de la resolución principal, conformando un todo; en consecuencia, por los efectos o trascendencia, sólo en estos casos, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución que da lugar a la complementación, enmienda o aclaración. Las subreglas desarrolladas constituyen una modulación a la SC 0261/2010-R -que a efectos del cómputo del plazo de la inmediatez, tomó en cuenta al Auto que resolvió la solicitud de explicación, complementación y enmienda-, que deberán ser aplicadas con carácter vinculante a partir de la emisión de la presente Sentencia, en aplicación del art. 44.I de la LTC, realizando el cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, conforme a los entendimientos asumidos en el presente fallo”. 3El FJ. III.4.2. establece: (…) "Consiguientemente, tomando en cuenta los principios pro homine y de progresividad, deberá establecerse a partir del presente, que la suspensión de plazos establecidos en el art. 221 del CPC, es aplicable a toda situación en la que se presente solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitiva, debiendo computarse en mérito a ello, el plazo para interponer los recursos ordinarios o extraordinarios, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación, lo que se encuentra directamente relacionada con lo dispuesto por el propio art. 55 del CPCo; en razón a que el auto a pronunciarse sobre la solicitud de aclaración, complementación o enmienda, llega a formar parte de la resolución final de la que se pidió su complementación. Circunstancia por la cual, y con la finalidad de uniformar criterios, tanto en la jurisdicción ordinaria y constitucional, se establece que el razonamiento constitucional esgrimido en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, ya no es aplicable -como precedente vinculante- a casos similares como el presente, así como tampoco a futuras acciones de amparo constitucional presentados en torno a hechos fácticos similares a los expuestos, debiendo por ello reconducirse dicho entendimiento constitucional y reasumirse el desarrollado en la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, con la siguiente subregla que la aclara: Los plazos para la interposición de los recursos ordinarios (como la apelación y casación entre otros) o las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia”.
El impetrante de tutela ha denunciado la lesión de sus derechos a la salud, a la vida, al trabajo “en todos sus componentes”, al debido proceso y el derecho de las personas con discapacidad, puesto que, se habría procedido a su desvinculación laboral por intermedio de Memorándum MR-0153/22 de 4 de agosto de 2022, notificado en la fecha (Conclusión II.2), sin contar que se encuentra a cargo de una persona con discapacidad mental del 52% -tía paterna de su esposa-. Señala que, ante la falta de atención a las solicitudes verbales realizadas a anteriores autoridades del SEDES La Paz, el 7 de diciembre de 2022, presentó memorial de reincorporación laboral al Director Técnico demandado, adjuntando toda la documentación correspondiente a que está a cargo de una persona con discapacidad para que se reconsidere su reincorporación (Concusión II.3), la cual no tuvo respuesta alguna. Por tal motivo, el impetrante de tutela ha interpuesto la presente acción de amparo constitucional el 22 de mayo de 2023 a horas 17:33 en plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.5). Ahora bien y previamente a considerar los hechos denunciados vía este mecanismo de defensa se debe realizar el análisis correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos configuradores del mismo; específicamente sobre el principio de inmediatez, que ha sido señalado de incumplido por la parte demandada. Al respecto en la presente acción de defensa, se acusa como acto lesivo o hecho vulnerador de sus derechos al Memorándum MR-0153/22 de 4 de agosto de 2022, por el cual, se ha desvinculado de sus funciones laborales al accionante, que ha sido notificado el mismo día, aspecto que fue confirmado por el peticionante de tutela en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, en la fase de preguntas aclarativas a las partes (fs. 107 a 112), ratificando que el citado Memorándum es el acto que transgredió sus derechos. De igual manera, es importante señalar que, por la carátula del Sistema Integrado de Registro Judicial, esta acción de amparo constitucional fue presentada el 22 de mayo de 2023, a horas 17:33 en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora bien, realizando el cómputo del término de presentación, es evidente que el mismo ha excedido el plazo determinado por la Constitución Política del Estado en su art. 129.II, concordante con el art. 55.I del CPCo y la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, ya que, fue interpuesta tres meses y dieciocho días después del vencimiento del señalado término de los seis meses, ya que, el cómputo para la interposición de los seis meses debe ser realizada desde la comisión del hecho o acto lesivo de sus derechos, es decir, desde la notificación con el Memorándum MR-0153/22 de 4 de agosto de 2022, ante la concurrencia de la causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional por el incumplimiento del principio de inmediatez. En mérito a tales antecedentes, se tiene que el incumplimiento del principio de inmediatez impide a este Tribunal ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada por el impetrante de tutela, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
Es necesario que los jueces y tribunales de garantías, así como, las salas constitucionales, al momento de conocer las acciones de amparo constitucional, evalúen y verifiquen de manera minuciosa, la concurrencia de las causales de improcedencia previstas por los arts. 54 y 55 del CPCo; para luego, comprobar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el art. 33 del citado Código; en ese sentido, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, antes de admitir la presente acción tutelar, debió efectuar el cómputo del plazo de inmediatez y declarar la improcedencia de la misma, evitando así que se desarrolle todo el desglose procesal efectuado, que deriva en la sobrecarga innecesaria de causas que son remitidas a esta Tribunal y que perjudican la atención más oportuna de otras mecanismos de defensa, que sí merecen un análisis de fondo; por ello, corresponde exhortar a los Vocales de la citada Sala, a que cumplan con sus funciones de manera eficiente, observando el procedimiento establecido en la normativa constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 113 a 115 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada por no cumplir con el principio de la inmediatez. 2º Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que futuras actuaciones, verifiquen la concurrencia de las causales de improcedencia de las acciones tutelares sometidas a su conocimiento, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.2.3, refiere:“…No obstante, en un plano de equilibrio y coherencia con el principio de subsidiariedad, para dicho cómputo debe tenerse en cuenta que ese acto o medio impugnativo utilizado en la vía reparadora, y previa a la acción de amparo, debe ser idóneo; es decir, previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo de lo que se acusa de ilegal o lesivo de los derechos; estando exentos de dicho cómputo aquellos medios y recursos no previstos por ley o presentados erróneamente, toda vez que la finalidad de esta acción tutelar no es reparar errores del agraviado o accionante, sino derechos fundamentales”. 2El FJ III.4, señala: “A efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta el plazo prudencial para la interposición del amparo y su naturaleza subsidiaria -que encarna el agotamiento en la misma vía de medios idóneos- debe ser modulado en los siguientes términos:
mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivo".
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1033_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8d268bf2a11fbd619b7b6041d885273fdad5aee84324d9690d6a68609c5942a8
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