Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de agosto de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; puesto que: i) La Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero, emitida por el entonces Fiscal Departamental hoy accionado, al ratificar la Resolución de Desestimación 10/2023 de 4 de agosto, no tomó en consideración que, conforme a la prohibición establecida en la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, el Ministerio Público no puede disponer una desestimación por la atipicidad del hecho, al no provenir de una investigación, siendo en el presente caso acreditado que el lote de terreno adquirido, no pertenecía a Raimundo Julián Choque Pajsi y que le hicieron creer que fue de su propiedad, provocando que dispusiese de su patrimonio, dejándole sin otro recurso que acudir a la “jurisdicción penal” a efectos de que se investigue el hecho; y, ii) Existe falta de congruencia externa entre los agravios planteados en la objeción deducida y la decisión final, la cual no otorga una respuesta material. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; b) La congruencia como elemento del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 107/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 128 a 132, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero, debiendo el Fiscal Departamental de La Paz, emitir una nueva resolución, conforme con los fundamentados jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1033/2025-S1 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 57263-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 107/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 128 a 132, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Stephany María Alejandra Montenegro Bellott contra William Eduard Alave Laura, ex Fiscal Departamental de La Paz.
La accionante por memoriales presentados el 11 de mayo y 2 de junio de 2023, cursantes de fs. 96 a 107 vta.; y, 110 a 113 manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de su persona contra Raimundo Julián Choque Pajsi, “Frida Prado”, Sebastián Delgado Nina, “Pedro Argandoña”, “Santos”, Geraldine y Oscar, ambos de apellidos Caballero Prado, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), los nombrados le hicieron creer que el lote de terreno, ubicado en la Urbanización “Las Rosas” de la zona Sur de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con una superficie de 343 m, fue de propiedad del primer nombrado, llegando a adquirirlo por la suma de $us43 000.- (cuarenta y tres mil dólares estadounidenses), monto que fue entregado al momento de suscribir la minuta y el contrato privado; en el que, se consignó dicho costo real, entregando poder notarial a Sebastián Delgado Nina -mano derecha del vendedor- para registrárselo en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) de la localidad de Achocalla del referido departamento, posteriormente tomó conocimiento de que el lote de terreno no pertenecía a Raimundo Julián Choque Pajsi -vendedor- quien figuraba solo en los “papeles”, en cuyo bien inmueble se estaban realizando construcciones por su titular; siendo notificada con la Resolución de Desestimación 10/2023 de 12 de enero, cerrándole toda posibilidad de investigación. Contra la Resolución de Desestimación 10/2023, presentó objeción en tiempo oportuno; sin embargo, el ex Fiscal Departamental ahora accionado mediante Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero, sin una explicación coherente de los fundamentos expuestos en la impugnación procedió a ratificar la citada Resolución de Desestimación, omitiendo observar los siguientes puntos: a) La desestimación de denuncia por atipicidad, prevista por el art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, no puede equipararse al rechazo de denuncia; siendo que, la Resolución de Desestimación 10/2023, no proviene de una investigación preliminar, constituyéndose un impedimento para que el Ministerio Público determine la existencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal con la finalidad de establecer la atipicidad del hecho. En ese sentido la SCP 0815/2019-S2 11 de septiembre, establece que resulta arbitraria disponer la desestimación por falta de documentación de convicción necesaria; b) Con relación al delito de estelionato, se acreditó que el lote de terreno transferido no le pertenecía a Raimundo Julián Choque Pajsi, haciéndole creer que el bien inmueble fue de su propiedad, provocando así la disposición de su patrimonio a través de la suscripción de un contrato privado firmado por el nombrado y la accionante; y, c) Se omitió en absoluto el reclamo de los defectos de forma, con relación a que los denunciados no tenían domicilio conocido; así también, el hecho de que no tenía otra instancia a la cual acudir sino la “jurisdicción penal” a efectos de que se investigue el hecho denunciado, siendo que la obligación de investigar recae en el Fiscal de Materia, y que la simple afirmación de que debe acudir a demandar mejor derecho propietario no es suficiente; en razón a que, no cuenta con informe técnico, ni con otros requisitos exigidos por el “Gobierno Autónomo Municipal”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero; y, 2) Se ordene al Fiscal Departamental hoy accionado emitir una nueva resolución, conforme con los lineamientos jurídicos constitucionales a exponerse en la “resolución de garantías” y a los establecidos en la jurisprudencia constitucional.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 122 a 127 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, señalando que: i) La Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, emitida por el entonces Fiscal Departamental ahora accionado, respondió de manera general a los puntos de agravio, indicando sin explicación que los hechos probados ocurrieron con posterioridad, infiriendo la inexistencia de engaño en la comisión de los delitos, cuando a su persona, la llevaron al lugar y le mostraron el bien inmueble en venta, extremo que acredita la existencia de una conducta engañosa; ii) Se dedujo que los hechos fuesen atípicos, sin tomar en cuenta que la SCP 0815/2019-S2, que prohíbe disponer la desestimación por la atipicidad; ya que, un hecho no puede equipararse al rechazo de una denuncia por falta de documentación de convicción necesaria; y, iii) Con la ratificación de la Resolución de Desestimación 10/2023, se la dejó sin instancia donde acudir, impidiendo que se investigue el caso, cuya indefensión material justifican la existencia de relevancia constitucional. A la pregunta, del Vocal de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto que si la fecha del trámite de obtención del folio real en la Oficina de DD.RR. fue posterior a los hechos denunciados, concretamente al 7 de octubre de 2022; respondió que dicho trámite se realizó el 2021; asimismo, manifestó que Raimundo Julián Choque Pajsi vendedor, al percatarse que fue denunciado, apagó su celular y no se pudo dar con su paradero, por cuyas razones pide se investigue el caso.
William Eduard Alave Laura, ex Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe presentado el 19 de junio de 2023, cursante de fs. 119 a 121, manifestó que: a) Al momento de resolver la objeción a la Resolución de Desestimación 10/2023, consideró todos los puntos expuestos en el memorial de objeción, valorando la documentación que fue adjuntada, siendo que la apreciación de la accionante resulta totalmente errónea; ya que, si bien hizo referencia a un acontecimiento posterior a la suscripción de los documentos, al señalar que el lote de terreno adquirido corresponde a un tercero -Daniel Escobari-, y que por ello le estafaron, son apreciaciones subjetivas de las cuales no se advirtió el engaño del que se valieron los sindicados para hacer incurrir en error al sujeto pasivo y que realizó el acto de disposición patrimonial en su perjuicio, de cuyo folio real de DD.RR. y el Testimonio 152/2007 de 5 de septiembre y de la información rápida, se advierte que el nombrado fue propietario del lote de terreno antes de ser adquirido por la accionante, el mismo que fue registrado en la Oficina de DD.RR., sin que se pudiera advertir engaño o falsa apreciación de la realidad, advirtiéndose simplemente una supuesta ocupación y derecho propietario que ostenta una tercera persona, pudiendo la accionante activar una demanda de mejor derecho propietario; b) En cuanto al delito de estelionato, su autoridad mediante Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, valoró y consideró adecuadamente la documentación adjunta, sin lograr evidenciar que los denunciados hubiesen adecuado su accionar a dicho delito; puesto que, la actual propietaria del bien inmueble es la accionante; tampoco se logró determinar elementos indiciarios que coadyuven a tomar una determinación diferente a la asumida; siendo que, el Ministerio Público investiga hechos y no tipos penales, y sobre el entendimiento de la SCP 0815/2019-S2, se prevé la salvedad únicamente para casos excepcionales y extremadamente evidentes, como en el presente caso donde es cierto el análisis de la documentación arrimada, del cual no se advierte ninguna licitud; c) En cuanto a la transgresión del derecho de acceso a la justicia, no se describió el nexo de causalidad a objeto de advertir la vulneración reclamada; puesto que, desde la Resolución de Desestimación 10/2023, no se logró advertir que Raimundo Julián Choque Pajsi, Frida Prado, Sebastián Delgado Nina, “Pedro Argandoña”, “Santos”, Geraldine y Oscar, ambos de apellidos Caballero Prado, hubiesen adecuado su conducta a los delitos denunciados, menos se logró evidenciar la existencia de elementos documentales que permitan inferir que los nombrados subsumieron su acción al delito de estafa o estelionato; y, d) No se advierte del contenido de la acción de defensa cómo la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, transgredió los derechos denunciados como vulnerados, careciendo de relevancia procesal constitucional al no cumplir con los requisitos requeridos por la SCP 1233/2013-L de 10 de octubre. Por último, solicitó que luego de la intervención de la accionante en audiencia de consideración de acción de amparo constitucional, no se considere ampliación o argumentación fáctica alguna, lo que vulneraría el principio de igualdad de las partes, tal como señala la SC 0348/2011-R 7 de abril. Por todo lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 107/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 128 a 132, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero, disponiendo que el Fiscal Departamental de La Paz, en un plazo razonable emita una nueva resolución, observando los criterios establecidos por la jurisdicción constitucional, bajo los siguientes fundamentos: 1) La accionante al suscribir una Escritura Pública y posteriormente registrar el lote de terreno adquirido en la Oficina de DD.RR., ameritaba observar el principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; ya que, en dicho registro la nombrada figuraba como titular de la propiedad transferida por Raimundo Julián Choque Pajsi, sobre el bien inmueble se estuviese edificando una construcción y que el mismo pertenecería a “Daniel Escobar” desde hace varios años, cancelando sobre el mismo la suma de “42.000 Dólares Americanos”; teniéndose, en definitiva que el vendedor fue beneficiado con la entrega de ese dinero; 2) Con relación al delito de estelionato, se debe considerar que se trata de un lote de terreno ubicado en el ex Fundo Achumani de 343 m, se encuentra en una situación de completa indeterminación, cuyo elemento debe analizarse por el ex Fiscal Departamental hoy accionado; y, 3) Sobre la aplicación de la SCP 0815/2019-S2, con relación al art. 55 de la LOMP, no puede asimilarse al art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en sentido que el Ministerio Público sostenga la desestimación por la atipicidad de hecho y la falta del elemento de convicción, necesarios; puesto que, la desestimación no emerge de ningún acto de investigación; y por ello, no se puede determinar la existencia o no de hechos constitutivos del tipo penal para establecer la tipicidad del hecho, provocando una negativa de acceso a la jurisdicción constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Testimonio 127/2021 de 4 de agosto, relativo a la protocolización de Escritura Pública del lote de terreno de 343 m, y del Documento Privado de Compraventa del mencionado terreno por la suma de $us43 000, suscritos a la fecha entre Raimundo Julián Choque Pajsi (vendedor) y Stephany María Alejandra Montenegro Bellott -ahora accionante- (compradora); así como, fotocopia de plano, Formulario de Información Rápida, Folio Real registrado bajo la matrícula computarizada 2.01.0.00.0000392, documentación personal del vendedor (certificado de nacimiento, cédula de identidad) e impresiones de conversaciones vía WhatsApp, entre “Gonzalo Montenegro” y “Frida Prado” con la accionante, en la cuales se ofreció un bien inmueble, coordinaron su visita y pactaron su transferencia, mencionándose además a “Santos”; asimismo, figuran fotografías del lote ya cercado por “Daniel Escobar” presunto dueño del referido inmueble (fs. 26 a 64). II.2. Consta Resolución de Desestimación 10/2023 de 12 de enero, emitida por el Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por la accionante contra Raimundo Julián Choque Pajsi, Sebastián Delgado Nina, “Pedro Argandoña”, “Santos”, “Frida Prado”, Oscar y Geraldine ambos de apellidos Caballero Prado, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, a través de la cual se dispuso la desestimación de su denuncia (fs. 70 a 72 vta.). II.3. Mediante memorial de 19 de enero de 2023, dirigida al Fiscal de Materia, la accionante interpuso objeción contra la Resolución de Desestimación 10/2023 (fs. 74 y 75): dicho escrito mereció en respuesta la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero, emitida por William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz -ahora accionado-, determinando en su parte dispositiva: “RATIFICAR la Resolución de Desestimación N° 10/2023 de fecha 12 de enero de 2023 (…) debiéndose proceder al archivo de obrados” (sic [fs. 81 a 84 vta.]).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; puesto que: i) La Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero, emitida por el entonces Fiscal Departamental hoy accionado, al ratificar la Resolución de Desestimación 10/2023 de 4 de agosto, no tomó en consideración que, conforme a la prohibición establecida en la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, el Ministerio Público no puede disponer una desestimación por la atipicidad del hecho, al no provenir de una investigación, siendo en el presente caso acreditado que el lote de terreno adquirido, no pertenecía a Raimundo Julián Choque Pajsi y que le hicieron creer que fue de su propiedad, provocando que dispusiese de su patrimonio, dejándole sin otro recurso que acudir a la “jurisdicción penal” a efectos de que se investigue el hecho; y, ii) Existe falta de congruencia externa entre los agravios planteados en la objeción deducida y la decisión final, la cual no otorga una respuesta material. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; b) La congruencia como elemento del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0710/2024-S3 de 23 de agosto, haciendo alusión a la SCP 0825/2018-S1 de 5 de diciembre, y esta a su vez a la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, establece que: «“…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP”. Igualmente, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, que refrendó a la SC 1523/2004-R de 28 septiembre, expresó que: “…se declaró la procedencia de un amparo constitucional en razón a que el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el Fiscal de Distrito demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas y a partir de generalizaciones se llegó a la conclusión de que no existían suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados, lesionándose el derecho de acceso a la justicia de la víctima e ignorándose que toda resolución que resuelva el fondo del asunto: ‘…no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver…’, de lo contrario su decisión resultaría arbitraria: ‘…pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…’; lo que en definitiva debió ser observado por el fiscal superior”. (…) Por lo que la Resolución fiscal debe estar debidamente fundamentada, lo que significa que resolviendo el fondo, su requerimiento debe cumplir exigencias de estructura de forma como de contenido, no limitándose a relatar lo ya expuesto por los sujetos procesales, sino citar los elementos probatorios aportados por éstos, exponer su criterio sobre el valor dado a los mismos luego del contraste y valoración que hagan de ellos y aplicando las normas jurídicas a resolver, evitando así tomar decisiones arbitrarias» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, señala que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; puesto que: 1) La Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero, emitida por el entonces Fiscal Departamental hoy accionado, al ratificar la Resolución de Desestimación 10/2023 de 4 de agosto, no tomó en consideración que, conforme a la prohibición establecida en la SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, el Ministerio Público no puede disponer una desestimación por la atipicidad del hecho, al no provenir de una investigación, siendo en el presente caso acreditado que el lote de terreno adquirido, no pertenecía a Raimundo Julián Choque Pajsi y que le hicieron creer que fue de su propiedad, provocando que dispusiese de su patrimonio, dejándole sin otro recurso que acudir a la “jurisdicción penal” a efectos de que se investigue el hecho; y, 2) Existe falta de congruencia externa entre los agravios planteados en la objeción deducida y la decisión final, la cual no otorga una respuesta material. De la revisión de antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la accionante, cursa Testimonio 127/2021, relativo a la protocolización de Escritura Pública del lote de terreno de 343 m, y del Documento Privado de Compraventa del mencionado terreno por la suma de $us43 000, suscritos a la fecha entre Raimundo Julián Choque Pajsi vendedor y la accionante; así como, fotocopia de plano, Formulario de Información Rápida, Folio Real registrado bajo la matrícula computarizada 2.01.0.00.0000392, documentación personal del vendedor (certificado de nacimiento, cédula de identidad) e impresiones de conversaciones vía WhatsApp, entre “Gonzalo Montenegro” y “Frida Prado” con la accionante, en las cuales se ofreció el bien inmueble, coordinaron su visita y pactaron su transferencia, mencionándose además a “Santos”; asimismo, figuran fotografías del lote ya cercado por “Daniel Escobar” presunto dueño del referido inmueble (Conclusión II.1.); consta Resolución de Desestimación 10/2023, emitida por el Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por la accionante contra Raimundo Julián Choque Pajsi, Sebastián Delgado Nina, “Pedro Argandoña”, “Santos”, “Frida Prado”, Oscar y Geraldine ambos Caballero Prado, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, a través de la cual se dispuso la desestimación de su denuncia (Conclusión II.2.); Mediante memorial de 19 de enero de 2023, dirigida al Fiscal de Materia, la accionante interpuso objeción contra la Resolución de Desestimación 10/2023, dicho escrito mereció en respuesta la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, emitida por el ex Fiscal Departamental ahora accionado, determinando en su parte dispositiva: “RATIFICAR la Resolución de Desestimación N° 10/2023 de fecha 12 de enero de 2023 (…) debiéndose proceder al archivo de obrados” (sic [Conclusión II.3.]). Del contenido fáctico de la parte conclusiva del presente fallo constitucional y la delimitación del objeto procesal motivo de la acción de amparo constitucional, se cuestiona básicamente el contenido de la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, que ratificó la Resolución de Desestimación 10/2023; en cuyo mérito, corresponde ingresar a su análisis a partir de los siguientes presupuestos del derecho al debido proceso: i) Carencia de fundamentación y motivación; y, ii) Falta de congruencia. Respecto de los elementos de fundamentación y motivación Para abordar el análisis sobre ese punto, amerita extractar los agravios del memorial de objeción contra la Resolución de Desestimación 10/2023: a) En cuanto al dolo en el delito de estafa, se alegó que “…TODOS LOS DENUNCIADOS SABIAN QUE físicamente el lote de terreno NO EXISTIA, sabían que el lote que me mostraron para venderme NO ERA DE DEL Sr. RAIMUNDO JULIAN CHOQUE PAJSI, incluyéndolo, con artimañas que me hicieron CREER QUE ESOS DOCUMENTOS que me mostraron y me entregaron después de haberles entregado el dinero CORRESPONDIAN AL LOTE QUE ME VENDIERON, ahí está ese elemento DOLO, todos actuaron con CONOCIMIENTO y VOLUNTAD EN SU CONDUCTA DESDE EL MOMENTO EN QUE PUBLICARON A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES LA VENTA DEL LOTE DE TERRENO.
Empero su autoridad, pese a haber tenido a su conocimiento todos los elementos indiciarios y la fundamentación de la denuncia, determina que los elementos expuestos no son idóneos por no haber el nexo causal, sin tomar en consideración que el Ministerio Publico investiga hechos y no delitos” (sic);
b) Respecto del ilícito de estelionato, “…LOS DENUNCIADOS ME VENDIERON UN BIEN (LOTE DE TERRENO) QUE NO LE PERTENECIA A RAIMUNDO JULIAN CHOQUE PAJSI, como me hicieron creer Y CREAME QUE SE DISPUSO MI PATRIMONIO EN LA SUMA DE Sus. 43.000,- (cuarenta y tres mil 00/100 dólares Americanos) ASI SE EVIDENCIA DEL DOCUMENTO PRIVADO QUE SE PRESENTO COMO PRUEBA Y QUE SE ENCUENTRA SUSCRITO POR AMBAS PARTES” (sic); y, c) Le niegan el acceso a la justicia con la desestimación, ya que:
“…NO TENGO DONDE MAS ACUDIR A EFECTOS DE QUE SE INVESTIGUE ESTE HECHO, PUES LA UNICA JURISDICCION QUE TENGO ES MATERIA PENAL, PORQUE ESTA GENTE FUE TAN ASTUTA QUE ME MANIPULARON DE TAL MANERA QUE LOGRARON SONSACARME SUS. 43.000.- (CUARENTA Y TRES MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS)” (sic).
Ante cuya descripción de agravios, se pronunció la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, ratificando la Resolución de Desestimación 10/2023, con base en los siguientes fundamentos: 1) Con relación al ilícito de estafa, “…no se ha provisto de literal o efectuado mayor abundamiento respecto del error, engaño, artificio que se sostiene en relación a estos, los mismos que se entienden, deben originarse al momento de realizarse el acuerdo o ser anteriores al acto denunciado como ilegal y no con posterioridad, no se refiere que tipo de conductas engañosas o fraudulentas idóneas y objetivas utilizaron los denunciados para que la denunciante caiga en error y se le haga ver una falsa apreciación de la realidad en lo que piensa o cree y por ello disponga de su patrimonio en su perjuicio, antes o en el momento de la suscripción de la Minuta de Transferencia y el Documento Privado de Compra y Venta (…) son antecedentes o datos ciertos de los cuales se advierte que Raimundo Julián Choque Pajsi fue propietario del lote de terreno antes de ser adquirido por la denunciante, y que además se encuentran consignados en los documentos suscritos (véase a fs. 24-34) los mismos que fue registrado en Derechos Reales su derecho propietario la denunciante respecto al lote de terreno adquirido (véase a fs. 35); en consecuencia, de la descripción de los hechos en el Memorial de Denuncia y Memorial de Objeción a la Resolución de Desestimación 10/2023, así como de la documentación adjunta que fueron considerados de los cuales no se advierte el engaño, o una falsa apreciación de la realidad en el contenido de los documentos suscritos entre las partes, que ha motivado disponer de su patrimonio, advirtiéndose simplemente una supuesta ocupación y derecho propietario que ostenta una tercera persona, que si bien la denunciante se ve afectada por estos hechos deberá activar los medios legales respectivos, con motivo de que pueda demandar el mejor derecho propietario…” (sic). 2) Respecto del delito de estelionato, establece que: “…Raimundo Julián Choque Pajsi, vendió un bien propio sin ningún tipo de restricciones a la denunciante Stephany María Alejandra Montenegro Bellot, quien hizo ingresar ese derecho adquirido ante las Oficinas de Derechos Reales; siendo que el delito de Estelionato se consuma en el momento en el que el sujeto activo, en éste caso Raimundo Julián Choque Pajsi, Sebastián Delgado Nina, “Pedro Argandoña”, Oscar Caballero Prado, “Frida Prado”, Geraldine Caballero Prado y Santos, realiza la ocultación del estado legal del bien para recibir una contraprestación económica del sujeto pasivo, al momento de disposición del bien inmueble Raimundo Julián Choque Pajsi era propietario del cual tenía pleno conocimiento la parte denunciante y que además, no contaba con gravamen (restricción en la disponibilidad del bien inscrito en los registros públicos), ni una situación de litigio (objeto de controversia judicial), mucho menos uno de embargo (decisión judicial sobre el bien); en el delito de Estelionato debe concurrir la existencia de un nexo causal entre la disposición del patrimonio por parte del sujeto pasivo inducido en error por la simulación o ardid respecto de la condición de disponibilidad del bien aducida por el sujeto activo, de lo que deduce es que inicialmente deberá comprobarse que el patrimonio se haya dispuesto y segundo, que esta disposición sea la consecuencia del error en sujeto activo ha provocado a través de una simulación de la verdadera condición jurídica del bien inmueble en cuanto a su titularidad o libre disponibilidad…” (sic). Asimismo, se sustenta en el principio de mínima intervención, concluyendo que: “…la Resolución de Desestimación es acorde a los datos del proceso; porque el hecho puesto a conocimiento del Ministerio Público es atípico, no se tiene indício mínimo que suponga el engaño y que el mismo sea anterior o durante la suscripción del contrato, por lo que no cumple con los requisitos materiales respecto al tipo penal de Estafa; asimismo, no pudo llegar a identificarse adecuadamente y objetivamente la defraudación específica en cuanto el vender o gravar un bien como libre siendo litigiosos por una parte, o vendiera, gravare o arrendare un bien ajeno cual si fuera propio…” (sic). De cuyo contraste, se tiene que evidentemente el entonces Fiscal Departamental hoy accionado ratificó la Resolución de Desestimación 10/2023, a la cual se le cuestiona inobservar los elementos de fundamentación y motivación del debido proceso, estableciendo la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que toda decisión dentro de un proceso penal que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada y debidamente fundamentada; es decir, deberán circunscribir o relatar lo expuesto por las partes, citar las pruebas que aportaron, exponer su criterio sobre el valor que le otorgan a las mismas, luego del contraste y valoración que realicen de ellas, aplicarán las normas jurídicas a resolver, cumpliendo exigencias de estructura de forma, como de contenido, evitando asumir decisiones arbitrarias. En ese entendido, continuando con el análisis a partir de lo solicitado en la objeción presentada, con relación al primer punto de agravio sobre el delito de estafa, donde se cuestiona que los denunciados tenían conocimiento que el lote de terreno que le mostraron no pertenecía al presunto propietario Raimundo Julián Choque Pajsi, haciéndole creer con artimañas que la documentación entregada correspondía al mismo, evidenciándose el dolo a partir de la publicación en redes sociales respecto de la venta; el ex Fiscal Departamental ahora accionado razonó que no se hubiese provisto de prueba y argumentó respecto del error, engaño o artificio con relación a los denunciados originados al momento de efectuarse el acuerdo o ser anteriores al acto denunciado como ilegal, aseverando que no se identificó las conductas engañosas o fraudulentas utilizadas para que la accionante caiga en error y se le haga ver una falsa apreciación de la realidad, antes o en el momento de la suscripción de la minuta de transferencia, concluyendo que Raimundo Julián Choque Pajsi fue propietario del lote de terreno antes de ser adquirido por la accionante y sobre la ocupación y derecho propietario ejercido por una tercera persona, deberá demandar mejor derecho propietario. Sobre dicha conclusión, si bien esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede valorar la prueba que implicaría usurpar una función que no le está conferida legal, ni constitucionalmente, en el presente caso, es evidente la falta de correspondencia de la prueba existente con la realidad, y de cuya apreciación resultó una Resolución de Desestimación 10/2023, al margen de la verdad material establecida por el art. 180.I de la CPE, cuya verificación objetiva está por encima de una interpretación formal, evidenciándose en los hechos una trasferencia del lote de terreno por Documento Privado de Compra y Venta de Terreno por la suma de $us43 000.- a la fecha de la suscripción, así como documental consistente en el Testimonio 127/2021 de protocolización de Escritura Pública de transferencia de dicho inmueble de 343 m, suscrito entre Raimundo Julián Choque Pajsi -denunciado en el proceso penal- y la accionante; Formulario de Información rápida, Folio Real registrado bajo la matrícula computarizada 2.01.0.00.0000392, documentación personal del vendedor e impresiones de conversaciones vía WhatsApp, entre “Gonzalo Montenegro” y “Frida Prado” y “Santos” -denunciados-con la accionante; en los que, ofrecieron el bien inmueble, coordinaron su visita y pactaron la inminente transferencia; así también constan fotografías del lote de terreno que fue cercado por “Daniel Escobar”, presunto titular del mismo; siendo esas literales corroboradas mediante la Resolución de Desestimación 10/2023 y por Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 que lo ratificó, y que es objeto de la acción de amparo constitucional; de modo que, con base en el principio de verdad material, “…debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia (…) los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez” (SCP 1662/2012 de 1 de octubre), no resultando suficiente el análisis que despliega el ex Fiscal Departamental ahora accionado, que pretende desconocer documental que no fue objeto de investigación, ni sometida a valoración, derivando dicha apreciación en una vulneración al principio de verdad material. Sobre el principio de verdad material, previsto por el art. 55 de la LOMP la atribución de los Fiscales de Materia de desestimar denuncias de manera directa en las que el hecho sea atípico, la SCP 0815/2019-S2 establece que: “…será arbitrario el disponer la desestimación por la atipicidad del hecho o por la falta de elementos de convicción necesarios (…) por cuanto, queda claro que la desestimación no proviene de ninguna investigación; en tal sentido, menos podría determinar la existencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal para poder establecer la atipicidad del hecho denunciado, al no tenerse los elementos necesarios para efectuar el juicio de tipicidad o juicio de adecuación; es decir, el análisis de la correspondencia exacta entre lo que el agente presuntamente realizó y aquello que se encuentra descrito en la ley; salvo en casos muy excepcionales y extremadamente evidentes…” (las negrillas nos pertenecen); cuyo razonamiento jurisprudencial concluye claramente que no podría determinarse la desestimación por atipicidad del hecho o falta de elementos de convicción necesarios; puesto que, debía devenir de la etapa investigativa y no de admisibilidad, jurisprudencia que fue inobservada y omitida por el ex Fiscal Departamental hoy accionado, quien recién en su informe remitido a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, refirió a su contenido, sustentando contrariamente la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, en que el hecho fue atípico, bajo el fundamento de no tenerse indicio mínimo que suponga el engaño y que no cumpliría los requisitos materiales respecto al tipo penal de Estafa, provocando con ello una negativa de acceso a la jurisdicción ordinaria a la denunciante, al coartar su derecho de que los extremos denunciados puedan ser investigados, tornando dicha determinación en discrecional y arbitraria; más aun, cuando tampoco se desplegó examen alguno sobre la salvedad prevista en el propio razonamiento jurisprudencial, referido a la excepcionalidad y a la extrema evidencia para su aplicación directa. Con relación al segundo punto, referente al delito de estelionato, el agravio radicó en que los denunciados tenían conocimiento de que el lote de terreno que le vendieron no pertenecía a Raimundo Julián Choque Pajsi, apoyándose en el documento privado y la minuta de transferencia del mismo, suscrita por ambas partes; sobre ese aspecto, el ex Fiscal Departamental ahora accionado sostiene que la titularidad del lote, objeto del proceso, correspondería al citado vendedor, quien vendió un bien inmueble propio sin ningún tipo de restricciones, y aseveró que el delito de estelionato se consumó en el momento en que el denunciado realizó la ocultación del estado legal del bien inmueble para recibir una contraprestación económica, que en el caso, el nombrado resultaba ser el propietario y que la accionante tenía pleno conocimiento; además, no contaba con gravamen; dicho análisis se centra en la temporalidad de la comisión del delito; es decir, a quien pertenece la titularidad actualmente, sin considerar que lo denunciado por la accionante, tiende a hacer notar que el bien objeto de la transacción, fuera ajeno con anterioridad a la transacción que se ejecutó con la accionante; asimismo, el hecho que no contenga restricciones ni gravámenes, no implica que el mismo no pueda ser transferido; por lo que, al figurar en la documentación un anterior titular, se justificaría la dilucidación dentro de una investigación; sin embargo, el ex Fiscal Departamental hoy accionado al igual que en el análisis del agravio anterior, incurrió en disponer la desestimación de la denuncia por inadmisibilidad directa, fundada en la atipicidad del citado delito, en razón a fundar su determinación en que no se logró identificarse adecuadamente y objetivamente la defraudación específica en cuanto el vender o gravar un bien ajeno como propio, lo que deviene en la ausencia evidente de motivación de la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 sobre este punto, provocando la negativa al acceso a la justicia al negar que se investigue ese hecho. Sobre el elemento congruencia Al respecto, a la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, se cuestiona no atender los agravios de la objeción deducida, acompañando una respuesta material. La jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, establece de manera general que toda autoridad jurisdiccional o administrativa, al emitir su decisión, debe responder de manera pertinente a todos, sea en una demanda o un recurso, precisando dos acepciones; externa, en virtud al cual, toda autoridad jurisdiccional o administrativa al emitir su decisión, debe responder de manera pertinente a todos los aspectos peticionados como pretensión sea en una demanda o un recurso; es decir, se trata de la correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto; e, interna, que exige que toda resolución debe estar estructurada de manera coherente entre sus partes, debiendo cuidar el hilo conductor que le dote orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva. En ese entendido, en el caso de autos, la accionante reclama entre uno de los puntos que fue obviada la consideración de los domicilios de algunos de los denunciados, a pesar de que fueron precisados en el memorial de denuncia; ello, aludiendo a las funciones del Ministerio Público en la labor de investigador; sobre dicho aspecto, el ex Fiscal Departamental ahora accionado, no solo no mencionó, ni consideró en su análisis tal omisión en absoluto, sino también, a tiempo de efectuar la descripción de cada punto de agravio en el acápite II.2. de la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023, precisando que fue un aspecto denunciado por la accionante, no se refirió en lo más mínimo en su análisis, lo que deviene en la inobservancia de la congruencia interna, al no observar una estructura coherente desde la parte considerativa, hasta la dispositiva, resultando en una resolución carente de correspondencia. Consecuentemente, la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 en análisis, se desmarcó de la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, asumiendo su decisión al margen del orden constitucional, cuya determinación carece de una clara y detallada explicación con base jurisprudencial, conteniendo inconsistencias a la hora de atender los puntos de agravio expuestos precedentemente e inobservando en consecuencia, los elementos del debido proceso alegados en la presente acción de defensa, deben ser considerados en la inminente concesión de tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 107/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 128 a 132, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/D 28/2023 de 14 de febrero, debiendo el Fiscal Departamental de La Paz, emitir una nueva resolución, conforme con los fundamentados jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1033_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 80410d178e0b782c261671b3db92016555e4e2079f3eb0eda384b6204d4cca55
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →