Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 21 de septiembre de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia que los Consejeros del Consejo de la Magistratura accionados vulneraron sus derechos al debido proceso en su vertiente del principio de legalidad; a la defensa y a la doble instancia; puesto que, a través de la Resolución 154/2020, rechazaron el recurso de apelación que interpuso contra la Sentencia Disciplinaria 24 que la sancionó con suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes; con el argumento de que fue presentado fuera de plazo; sin embargo: 1) Realizaron una interpretación “antojadiza” e “irrazonable” de los arts. 13 y 14.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental y 123 y 204.I de la LOJ, puesto que establecen cinco días hábiles para la apelación, computable desde el día siguiente hábil de practicada la notificación y vence a las veinticuatro horas del último día hábil señalado; y, 2) Al no dar lugar a su solicitud de enmienda y complementación solicitada a la Resolución 154/2020, se ejecutorió dicho fallo, sometiéndola al cumplimiento de una sanción disciplinaria gravosa, así como su registro en el sistema en el sistema “CERBERO-D” y sistema “CONTROLEG”. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-078/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 246 a 249, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, y en ese sentido se dispone dejar sin efecto la Resolución 154/2020 de 15 de octubre y la Resolución de 18 de agosto de 2021, que resuelve la solicitud de enmienda, complementación y aclaración al mismo, correspondiendo que los Consejeros del Consejo de la Magistratura, emitan una nueva resolución acorde al razonamiento expuesto en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1033/2023-S3 Sucre, 21 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 44121-2021-89-AAC Departamento: Cochabamba En revisión de la Resolución AAC-078/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 246 a 249, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosario Beatriz Orozco García contra Gonzalo Alcón Aliaga, ex Consejero; y, Omar Michel Duran, Marvin Arsenio Molina Casanova y Mirtha Gaby Meneses Gómez, actuales Consejeros, todos del Consejo de la Magistratura.
Por memoriales presentados el 3 y 8 de noviembre de 2021, cursantes de fs. 26 a 33 vta.; y, 39, la accionante manifestó lo siguiente:
En el proceso disciplinario seguido en su contra en su condición de Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, a instancia de Carlos Antonio Bazán Vargas -ahora tercer interesado-, el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura, emitió la Sentencia Disciplinaria 24 de 16 de junio de 2020, declarando probada la denuncia disciplinaria y disponiendo la sanción de suspensión de un mes sin goce de haberes; siendo notificada con esta Resolución el 5 de agosto de igual año. Posteriormente, mediante memorial de 12 de agosto del mismo año, planteó recurso de apelación contra la referida Sentencia; empero, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, constituido en Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia, mediante Resolución 154/2020 de 15 de octubre, rechazó injustamente su apelación, con el argumento que fue presentado fuera del término establecido por ley. Sin embargo, dicho fallo no resulta razonable ni coherente, pues de acuerdo a lo previsto en el art. 7 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por Acuerdo 20/2018 de 27 de febrero del Consejo de la Magistratura, se garantiza el debido proceso y por ende, los elementos que comprende el mismo, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo en cualquier proceso; de lo contrario, no se tendrá por cumplido el ideal constitucionalidad de razonabilidad. Ahora bien, el art. 14 del citado Reglamento, prevé cinco días hábiles para apelar, computable a partir de la notificación con la resolución definitiva o la resolución de complementación o enmienda; además de la consideración de ampliación de plazo por distancia; asimismo, el art. 13 del mismo Reglamento, señala que los plazos se computaran desde el día siguiente hábil de practicada la notificación y vencerán a las veinticuatro horas del último día hábil señalado, siendo los días hábiles de la semana de lunes a viernes, conforme lo establecido en el art. 123 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-. De modo que, habiendo sido notificada el 5 de agosto de 2020, podía interponer su apelación hasta el 13 de agosto de igual año, ello considerando que el 6 del mismo mes y año, era feriado nacional y los días 8 y 9 de ese mes y año, eran días inhábiles de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial; es así que, habiendo interpuesto su recurso de apelación el 12 del referido mes y año, se encontraba dentro del plazo legal para este objeto. De igual manera, el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia, al pronunciar la Resolución de 18 de agosto de 2021, que finalmente resolvió la enmienda y complementación solicitada a la Resolución 154/2020, realizó una interpretación antojadiza de la normativa procesal, negando así su apelación y por consiguiente la sometió al cumplimiento de una sanción disciplinaria gravosa, al declararse a partir de lo asumido por estas autoridades la ejecutoria de la sanción y dispuesto que se extienda el memorándum sancionatorio, así como su registro en el sistema en el sistema “CERBERO-D” y sistema “CONTROLEG” -de la Contraloría General del Estado-.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente del principio de legalidad; a la defensa y a la doble instancia; citando al efecto los arts. 115.II y 119.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene que las autoridades accionadas: a) Anulen o dejen sin efecto la Resolución 154/2020; y, la Resolución de 18 de agosto de 2021; b) Ingresen al análisis de fondo del recurso de apelación presentado contra la Sentencia 24 de 16 de junio de 2020; y, c) La imposición de costas, daños y perjuicios.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución de 9 de noviembre de 2021, cursante de fs. 40 a 42, notificada el 10 de igual mes y año (fs. 43) declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional; consecuentemente, la parte impetrante de tutela mediante memorial presentado el 16 de igual mes y año, cursante fs. 46 a 48, impugnó dicha determinación.
Por Auto Constitucional (AC) 0006/2022 de 13 de enero, cursante de fs. 53 a 59, la Comisión de Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución de 9 de noviembre de 2021, disponiendo en consecuencia que la Sala Constitucional admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela impetrada, según corresponda en derecho.
Instalada la audiencia pública virtual el 5 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 243 a 245, en presencia de la accionante asistida por su abogado; así como el abogado y representante legal de los actuales Consejeros del Consejo de la Magistratura accionados; y, ausentes Gonzalo Alcón Aliaga, ex Consejero de la Magistratura y Carlos Antonio Bazán Vargas, en su condición de tercer interesado; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante por intermedio de su abogado, en audiencia, ratificó en el contenido íntegro de los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y en respuesta al informe presentado por las autoridades accionadas mencionó que: 1) Las autoridades accionadas abiertamente informan y reconocen que observaron un entendimiento jurisprudencial, que interpreta normas de un “Acuerdo N° 165” que ya quedó sin efecto; lo que no sería posible, ya que actualmente rige el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobada por Acuerdo 20/2018, siendo así se estaría situando a los jueces en un escenario de inseguridad jurídica e incertidumbre; y, 2) Con relación a los actos consentidos en los que se menciona que incurrió, se debe considerar que la sanción no fue asumida por la accionante, sino por un “ente externo”, además que la misma no fue aceptada; por otro lado, el acto lesivo no radica en la sanción misma, sino en el rechazo del recurso de apelación contra la Sentencia Disciplinaria 24, pese a que fue presentado dentro del plazo establecido por ley; por lo que, la accionante oportunamente cuestionó esta ilegalidad.
Omar Michel Duran, Marvin Arsenio Molina Casanova y Mirtha Gaby Meneses Gómez, actuales Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito cursante a fs. 206 a 210 vta. y a través de su representante legal en audiencia, solicitaron que se deniegue la tutela con base en los siguientes argumentos: i) Los arts. 204.I de la LOJ y 14.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, prevén que el cómputo del plazo de los cinco días para interponer el recurso de apelación, se efectúa a partir de la notificación y no desde el día siguiente hábil, razón por la que el término para la interposición del recurso debe ser computado de momento a momento; es decir, iniciándose en el instante en el que se practica la notificación y culminando en hora similar al del momento en el que se practicó este actuado procesal, del día en que se cumple dicho plazo; entendimiento que es respaldado con la jurisprudencia constitucional; ii) El Tribunal Constitucional Plurinacional como intérprete de la Constitución Política del Estado, se pronunció en varias oportunidades sobre la forma del cómputo del plazo para apelar las resoluciones de primera instancia y el alcance de los arts. 204.I de la LOJ y 14.I del citado Reglamento, estableciendo que este plazo es fatal y perentorio y corre de momento a momento; entre ellas, se tiene la SCP 0001/2014-S2 de 1 de octubre. En el mismo sentido, la SCP 1164/2014 de 10 de junio, precisó que el plazo para interponer el recurso de apelación corre de momento a momento, concluyendo que el cómputo del plazo para interponer la apelación contra la Sentencia Disciplinaria comienza a partir de su notificación y concluye el último día hábil a la misma hora, entendimiento jurisprudencial que es ratificado por la SCP 0565/2018-S2 de 25 de septiembre. Por otro lado, si bien, esta jurisprudencia constitucional citada se refiere a los Acuerdos 165/2012 -de 10 de julio- y “075/2013”, que quedaron sin efecto; sin embargo, dicho razonamiento es aplicable al Acuerdo 20/2018, que aprueba el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, actualmente vigente, que en sus arts. 14.I y 110.I, establece que el plazo fatal y perentorio para apelar es de cinco días hábiles, computables a partir de la notificación con la resolución definitiva o con la resolución de complementación; por lo que, al ser uniforme este razonamiento jurisprudencial, proporciona certidumbre sobre la aplicación objetiva de la norma jurídica, en lo relativo a la forma de calcular el plazo para apelar; considerando también que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales son vinculantes, conforme lo prevé el art. 203 de la CPE; iii) Una vez emitida la Resolución de Primera Instancia -Sentencia- 24, fue notificada a la accionante, el 5 de agosto de 2020, a horas 9:00; y, el cargo de recibido del recurso de apelación presentado por la nombrada, es de 12 de igual mes y año, a horas 11:06; por lo que, en observancia de lo establecido en los arts. 204.I de la LOJ; 14.I y 110.I del referido Reglamento, se encontraba fuera de plazo; aspecto que les impidió ingresar al análisis y resolución de los supuestos agravios. Consiguientemente, la accionante no fue diligente en su propia causa, al no haber ejercido su derecho a impugnar dentro del plazo establecido por ley; y dejando así que la resolución asumida por el Juez Disciplinario adquiera ejecutoria; y, iv) La accionante confesó de manera expresa y voluntaria que la sanción impuesta está siendo cumplida, incurriendo así en una causal de improcedencia prevista en el art. 53.2 del CPCo referida a los actos consentidos; pues en el documento de constancia de entrega de los activos a su cargo, que suscribió al inicio del cumplimiento de la sanción impuesta, no existe manifestación expresa de rechazo, denotando con ello su consentimiento. Gonzalo Alcón Aliaga, ex Consejero de la Magistratura, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional ni presentó informe escrito, pese a su legal citación cursante de fs. 234 a 235.
Carlos Antonio Bazán Vargas, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni tampoco presentó informe escrito, pese a su legal citación cursante de fs. 219 a 220.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por la Resolución AAC-078/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 246 a 249, concedió la tutela impetrada, contra las autoridades que emitieron la Resolución 154/2020 -Omar Michel Durán y Gonzalo Alcón Aliaga- dejando sin efecto el referido fallo y determinando que las autoridades actuales que componen el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, emitan una nueva resolución y sea en función al nuevo cómputo que deben realizar considerando el feriado nacional del 6 de agosto de 2020; y que ingresen a resolver el fondo del recurso de apelación o en su caso dispongan lo que corresponda en derecho; todo ello, en el plazo de diez días. Determinación asumida con los siguientes fundamentos: a) Con respecto a la existencia de actos consentidos, dicho aspecto ya fue valorado en una primera oportunidad como causal de improcedencia por la Sala Constitucional y luego de revisada esta determinación, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó por AC 0006/2022, la inconcurrencia de este supuesto, disponiendo que se ingrese a resolver el fondo de la causa; consiguientemente, en este momento procesal el argumento de existencia de actos consentidos ya no es válido; b) Las autoridades accionadas reconocen que el cómputo para admitir el recurso de apelación es de cinco días hábiles, citando como fundamento la SCP 0565/2018-S2; empero, del análisis de dicho entendimiento jurisprudencial se advierte que el mismo hace referencia al Acuerdo 109/2015; de modo que “… no resulta aplicable al presente caso, al no existir antecedentes fácticos análogos con relación a la normativa que debió ser aplicado en su momento específico…” (sic); c) El art. 13.1 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, indica que los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria que se halle prevista en el referido Reglamento; de igual manera, el numeral 2 del citado artículo, menciona que los plazos determinados en días comienzan a correr al día siguiente hábil de practicada la notificación y vencen a las veinticuatro horas del último día hábil señalado; asimismo, el numeral 3 establece que los plazos determinados en horas corren inmediatamente después de haber ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación sin interrupción; y el numeral 6, señala que son días y horas hábiles, los determinados en los parágrafos I y II del art. 123 de la LOJ; de manera que, el propio Reglamento se remite al art. 123 de la citada Ley, que refiere lunes a viernes, como días hábiles de la semana y horario judicial; finalmente, el art. 14 de dicho Reglamento, establece que el plazo fatal y perentorio para apelar es de cinco días hábiles, computables desde la notificación con la resolución definitiva o con la resolución de complementación o enmienda; considerando además para este fin, la ampliación del plazo por la distancia; y, d) De la revisión de antecedentes se advirtió que la accionante fue notificada con la Sentencia Disciplinaria 24, el 5 de agosto de 2020; por tanto, el cómputo del plazo comenzaba a correr desde el 7 del referido mes y año, tomando en cuenta que el 6 de igual mes y año, era día inhábil; entonces, hasta la interposición del recurso de apelación efectuada el 12 del mencionado mes y año, transcurrieron cuatro días hábiles; empero, la interpretación efectuada por las autoridades accionadas omitió considerar el feriado nacional inhábil, tampoco efectuó un cómputo correcto de plazo, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental y el art. 123 de la LOJ.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Sentencia Disciplinaria 24 de 16 de junio de 2020, pronunciada por el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura, en el proceso disciplinario seguido contra Rosario Beatriz Orozco García -ahora accionante- a denuncia de Carlos Antonio Bazán Vargas -ahora tercero interesado-; por la cual, se declaró probada la denuncia sobre la autoría de la comisión de la falta disciplinaria calificada y tipificada en el art. 187.2 de la LOJ, disponiéndose la sanción de suspensión de funciones sin goce de haberes por un lapso de un mes, a compatibilizarse a partir de la ejecutoria de la Sentencia; así como improbada la falta prevista en el art. 187.9 y 14 de la citada Ley (fs. 10 a 15). Resolución con la que la accionante fue notificada de manera personal el 5 de agosto de 2020, a horas 9:00 (fs. 10). II.2. Consta recurso de apelación presentado el 12 de agosto de 2020, a horas 11:06; por la impetrante de tutela, quien solicitó que se revoque la Sentencia Disciplinaria 24, y resuelva el caso disponiendo el rechazo de la denuncia en su contra, con severa llamada de atención al Juez Disciplinario (fs. 16 a 17 vta.). II.3. Cursa Resolución 154/2020 de 15 de octubre; por la que, Omar Michel Duran y Gonzalo Alcón Aliaga, miembros de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, constituida en Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia, resolvieron rechazar el recurso de apelación presentado por la hoy impetrante de tutela y declarar la ejecutoria de la Sentencia Disciplinaria 24 (fs. 18 a 20 vta.). II.4. A través de memorial presentado el 5 de agosto de 2021, la peticionante de tutela, solicitó que se enmiende, complemente y aclare, la Resolución 154/2020, estableciendo de manera correcta el cómputo para interponer el recurso de apelación y consiguientemente resolver el mismo (fs. 22 y vta.). II.5. Por Resolución de 18 de agosto de 2021, Marvin Arsenio Molina Casanova y Mirtha Gaby Meneses Gómez, miembros de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, constituida en Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia, determinaron no ha lugar a la solicitud de aclaración, enmienda y complementación de la Resolución 154/2020 (fs. 23 y vta.).
La accionante denuncia que los Consejeros del Consejo de la Magistratura accionados vulneraron sus derechos al debido proceso en su vertiente del principio de legalidad; a la defensa y a la doble instancia; puesto que, a través de la Resolución 154/2020, rechazaron el recurso de apelación que interpuso contra la Sentencia Disciplinaria 24 que la sancionó con suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes; con el argumento de que fue presentado fuera de plazo; sin embargo: 1) Realizaron una interpretación “antojadiza” e “irrazonable” de los arts. 13 y 14.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental y 123 y 204.I de la LOJ, puesto que establecen cinco días hábiles para la apelación, computable desde el día siguiente hábil de practicada la notificación y vence a las veinticuatro horas del último día hábil señalado; y, 2) Al no dar lugar a su solicitud de enmienda y complementación solicitada a la Resolución 154/2020, se ejecutorió dicho fallo, sometiéndola al cumplimiento de una sanción disciplinaria gravosa, así como su registro en el sistema en el sistema “CERBERO-D” y sistema “CONTROLEG”. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
disciplinarios del Consejo de la Magistratura. Aplicación de cambio de línea
Al respecto la SCP 0903/2023-S3 de 11 de agosto, estableció: [A tiempo de dotar de un sentido interpretativo a las normas relativas a la aplicación del plazo para la interposición del recurso de apelación contra una Sentencia Disciplinaria; la SCP 1164/2014 de 10 de junio, partiendo del contenido establecido en el art. 204.I de la LOJ, relacionado a lo previsto en el Reglamento del Régimen Disciplinario para el Personal Judicial de la Jurisdicción Ordinaria, entonces vigente -aprobado por Acuerdo 165/2012 de 10 de julio-, estableció el siguiente entendimiento: «…se tiene que art. 204 de la LOJ, prevé que: “I. Contra las resoluciones emitidas por los Tribunales Disciplinarios, juezas o jueces, la o el denunciado o el denunciante, podrá presentar recurso de apelación ante el mismo Tribunal, en el plazo fatal y perentorio de cinco (5) días computables a partir de la notificación señalada en el anterior artículo”. En ese contexto, el art. 57 del Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal Judicial de la Jurisdicción Ordinaria, aprobado por Acuerdo 165/2012, estableció que: “I. Contra las resoluciones emitidas por la o el Juez Disciplinario o el Tribunal Disciplinario Colegiado, la o el denunciado o el denunciante, podrá presentar recurso de apelación ante la misma autoridad que emitió la resolución de primer grado. II. El recurso de apelación se interpondrá dentro del plazo fatal y perentorio de cinco días hábiles computables a partir de la notificación con la resolución objeto del recurso y excepcionalmente se tomará en cuenta para computo de plazo, la notificación a la parte interesada con la resolución que complemente o enmiende la resolución de primer grado, acorde a lo dispuesto en el parágrafo III del artículo 48 y 56 del presente Reglamento”. Por su parte, y en concordancia con la norma precedentemente señalada, el art. 12 del ya referido Reglamento, establece que: “I. Los términos y plazos previstos para la tramitación del procedimiento establecido por el presente Reglamento, se entienden como máximos y son de cumplimiento obligatorio. II. Los plazos se computan en días hábiles y comienzan a correr a partir del primer momento hábil del día siguiente a aquel en que se tenga lugar la notificación del acto procesal y concluyen en el último momento hábil, del último día hábil. Si el plazo se señala por días sólo se computarán los días hábiles administrativos, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. III. Los términos son perentorios y se computan por horas a partir de la notificación con el actuado procesal, y son de momento a momento”. Ahora bien, tanto la Ley de Organización Judicial en su arts. 204 y el Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal Judicial de la Jurisdicción Ordinaria (Vocales Jueces), de la jurisdicción Agroambiental (jueces) y Personal de Apoyo Judicial de ambas Jurisdicciones, aprobado por Acuerdo 165/2012, refiriéndose al cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación, señalan que el mismo debe ser computado a partir de la notificación, la norma establece con meridiana claridad que el inicio de cómputo a efecto de la presentación de la apelación, es a partir de la notificación con la resolución. A efecto, de una clara argumentación jurídico legal, corresponde señalar que tanto la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, respecto al cómputo de plazos procesales han identificado esencialmente: 1) Los plazos que se computan por días, entendido por tales los que corren a partir del día siguiente hábil a la notificación; y 2) Los que se computan de momento a momento, los cuales se computan desde el instante de la notificación, y finalizan a la misma hora de vencido el plazo; aclarando esta problemática la SC 1508/2005 R de 25 de noviembre ha referido lo siguiente: “De la jurisprudencia glosada, se establece que los plazos procesales pueden computarse por día, así como de momento a momento, para el caso de los plazos procesales que se cuentan por días, el término comienza a correr desde el día hábil siguiente a la notificación y culmina el último momento hábil del día que corresponde; mientras que para los plazos que se cuentan de momento a momento, el cómputo se inicia desde el momento de la notificación, y culmina en la hora similar del día en que se cumplen los concedidos como plazo”, es decir, que a efectos de identificar si un plazo procesal debe ser computado de momento a momento o desde el día hábil siguiente, la pauta interpretativa que debe ser la establecida en la norma procesal. En el presente caso tanto el art. 204 de la LOJ, y el art. 57 del Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal Judicial de la Jurisdicción Ordinaria, aprobado por Acuerdo 165/2012, prevén que el cómputo del plazo para la interposición de apelación debe ser realizado a partir de la notificación, y no desde el día siguiente hábil, razón por la cual, el plazo para la interposición del recurso de apelación debe ser computado de momento a momento; por lo cual, el cómputo del mismo se inicia el instante de la notificación y culmina en la hora similar del día en que se cumple el mismo; esto quiere decir, que el plazo de los cinco días para impugnar la Sentencia emitida por los Jueces o Tribunal Disciplinarios, corre a partir de la notificación con el actuado procesal y concluye a la misma hora en la que se produjo la notificación el quinto día hábil». Así, en aplicación el criterio establecido al caso concreto dicha Sentencia estableció:
“en el presente caso aplicaron lo dispuesto por el art. 204.I de la LOJ, que determina que el cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación debe ser realizado a partir de la notificación con la sentencia, concluyendo de manera correcta que el computo del plazo para interponer la apelación contra la Sentencia Disciplinaria, comienza a partir de su notificación y concluye el último día hábil del quinto día a la misma hora; es decir, que la accionante al haber sido notificada con la Sentencia Disciplinaria el 10 de abril de 2013, a horas 10:00, debió presentar su apelación el 17 de abril de 2013 a horas 10:00; sin embargo, si bien lo hizo el mismo 17, empero, de manera extemporánea la presentó una hora después, provocado que se desestime la impugnación por haber sido interpuesta fuera de plazo; de donde se advierte que la Resolución ahora impugnada se encuentra dentro de los marcos de la razonabilidad y motivación al haber desestimado la apelación, no existiendo por parte de los demandados una interpretación desfavorable, caprichosa ni restrictiva a los derechos de la accionante; consecuentemente, corresponde denegar la tutela”. Criterio que igualmente fue aplicado a partir de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0112/2014-S3; 0139/2014-S2; 0067/2016-S2; 1245/2016-S3 y 1308/2016-S1, entre otras. Asimismo, la SCP 0565/2018-S2 de 25 de septiembre, asumió igual criterio, pero esta vez no solo basado en el art. 204.I de la LOJ, sino en los arts. 13, 14 y 109 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 109/2015 de 26 de octubre, realizando el siguiente análisis: “…el art. 14 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, estableció que: ‘El plazo fatal y perentorio, para apelar es de cinco días hábiles computables a partir de la notificación con la resolución definitiva. Este plazo fenecerá transcurrido el término concedido, a la misma hora y minuto en la que fue notificado’. A su vez, el art. 109 del citado Reglamento prevé:
I. El recurso de apelación se interpondrá en el plazo fatal y perentorio de cinco días hábiles computables a partir de la fecha de la notificación, ante la misma autoridad que emitió la resolución definitiva de primera instancia, conforme a la previsión del Artículo 16 del presente reglamento. Cuando corresponda, para el cómputo del plazo, se tomará en cuenta, la notificación con el auto que aclare, complemente o enmiende la resolución de primera instancia. Por su parte, el art. 13 del referido Reglamento, establece que:
I. Los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria de este Reglamento previstos para la tramitación del procedimiento establecido por el presente Reglamento. II. Los plazos se computarán de momento a momento y comienzan a correr a partir del primer momento hábil que tenga lugar la citación o notificación del acto procesal y concluyen en el último momento hábil, del último día hábil. III. Los plazos determinados por día comenzarán a correr al día siguiente hábil de practicada la notificación y vencerán el último día hábil señalado. En ese marco, tanto la Ley del Órgano Judicial y el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, refiriéndose al inicio del cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación, establece con meridiana claridad, que es a partir de la notificación con la resolución”. Bajo esa consideración normativa, dicho fallo en el caso concreto, estableció: “En síntesis, conforme se tiene manifestado precedentemente, se advierte que los codemandados al resolver el recurso de compulsa confirmando el Auto de 10 de marzo de 2017, que a su vez desestima el recurso de apelación formulado por la accionante, por haber entendido que fue presentado fuera del plazo previsto, no vulneraron derecho o garantía constitucional alguno ni realizaron una interpretación incorrecta de la normativa, ya que en el presente caso aplicaron lo dispuesto por el art. 204.I de la LOJ y el art. 14 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, que determina que el plazo para interponer el recurso de apelación es fatal y perentorio; el cual, debe ser realizado a partir de la notificación con la Sentencia y debe ser calculado de momento a momento, concluyendo de manera correcta que el cómputo del plazo para interponer la apelación contra la sentencia disciplinaria, comienza a partir de su notificación y concluye el último día hábil a la misma hora; es decir, que la solicitante de tutela, al haber sido notificada con la Sentencia Disciplinaria 08/2017, el 2 de marzo de 2017 a horas 10:30, debió presentar su apelación dentro del plazo señalado en la normativa; sin embargo, presentó su recurso el 9 de igual mes y año a horas 17:35, de manera extemporánea, provocando que se desestime la impugnación por haber sido interpuesta fuera de plazo; de donde se advierte que la resolución que desestima la apelación y la que rechaza el recurso de compulsa, ahora impugnadas, se encuentran dentro de los marcos de la motivación y la normativa de la materia, en cuya razón la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura no podía ingresar a analizar el fondo de la apelación; por lo que, se concluye que no existe por parte de las autoridades demandadas, una interpretación desfavorable, caprichosa ni restrictiva a los derechos de la accionante”. Posteriormente, en consideración y aplicación del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018, la SCP 0314/2023-S4 de 22 de mayo, remitiéndose a entendimientos asumidos en la SCP 1491/2022-S4 de 14 de noviembre, que estableció un entendimiento sobre las etapas del proceso sancionador, asumió el siguiente criterio: «…en materia de procesos disciplinarios administrativos de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, el Reglamento de Procesos Disciplinarios. Para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por Acuerdo 020/2018 tiene como objeto establecer el procedimiento disciplinario para el ejercicio de la potestad disciplinaria atribuida al Consejo de la Magistratura; siendo aplicable a los servidores judiciales: Vocales, Juezas y Jueces, personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial de Bolivia, y ex servidores judiciales, en procesos disciplinarios por la comisión de faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones; definiendo al proceso disciplinario como “…el conjunto de actos procesales disciplinarios internos, destinados a conocer la verdad material de los hechos, emergentes de la presunta comisión de una falta disciplinaria” (sic), conforme prevé en su art. 6 inc. b); constando dicho proceso de dos instancias, la primera que se inicia con la denuncia verbal o escrita ante el Juez Disciplinario y ante el cumplimiento de requisitos la emisión del Auto de Admisión de denuncia e Inicio de la Investigación y a la conclusión de la etapa investigativa el inicio de sumario disciplinario y posterior juicio disciplinario concluyendo la primera instancia con la emisión de la Resolución definitiva de primera instancia; iniciándose la segunda instancia con la interposición del recurso de apelación previsto por el art. 110 del referido Reglamento que prevé: “Articulo 110.- (APELACIÓN)
notificación, ante la misma autoridad que emitió la resolución definitiva de primera instancia, conforme la previsión del artículo 14 del presente reglamento. Cuando corresponda, para el cómputo del plazo, se tomará en cuenta la notificación con el Auto que aclare, complemente o enmiende la resolución de primera instancia. II. La apelación de la resolución disciplinaria se interpondrá señalando y fundamentado de forma clara el o los agravios sufridos por la resolución. Este recurso deberá ser corrido en traslado, para que sea respondido en el mismo plazo establecido en el parágrafo precedente.
III. Con la contestación o sin ella, se remitirá el proceso ante el Tribunal de Segunda Instancia. IV. La Jueza o el Juez, o Tribunal Disciplinario, si extemporaneidad del recurso, a través de resolución motivada denegará y acredita la declarará la firmeza de la resolución disciplinaria definitiva de primera instancia”. En armonía con el precepto normativo antes glosado, el art. 14 del mismo compilado normativo, respecto al plazo para formular apelación, dispone lo que sigue: “Artículo 14.- (PLAZO PARA APELAR)
o con la resolución de complementación o enmienda, considerando además la ampliación de plazo por la distancia; ampliándose los plazos en razón de un día por cada doscientos kilómetros, siempre que exista transporte aéreo, fluvial, ferroviario o carretera. Si no hubiere éstos servicios, la ampliación será de un día por cada sesenta kilómetros. II. El plazo para apelar es individual a cada una de las partes. III. La apelación efectuada por alguna de las partes, suspende la declaratoria de firmeza de la resolución, respecto a los demás interesados”. De lo descrito precedentemente se concluye que el medio de impugnación en materia disciplinaria ante errores de procedimiento y pretendiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo es el recurso de apelación, previsto por el art. 110 del referido Reglamento; puesto que el Tribunal de alzada, puede anular obrados hasta el vicio más antiguo ante la evidencia de error de procedimiento que fuera denunciado por el recurrente y hubiera vulnerado los principios de principios de convalidación, especificidad, transcendencia y legalidad; marco legal concordante con la jurisprudencia descrita precedentemente. Consiguientemente, conforme la lógica procesal del proceso administrativo sancionador, los actos procesales que se consideren vulneratorios de derechos no pueden ser impugnados al margen de la impugnación de la Resolución Final, sino de manera conjunta, teniendo en cuenta que por la sumariedad del proceso disciplinario, existe una lógica de concentración de los agravios in procedendo e in judicando; es decir, los reclamos de errores de procedimiento y de juzgamiento, deben ser reclamados a momento de interponer el recurso de apelación en el marco de lo previsto por los arts. 14 110 y ss del mencionado Reglamento”.
Adicionalmente a la normativa analizada en el fallo constitucional antes glosado, la LOJ en su art. 204.I, referido a la activación de la segunda instancia en los procesos disciplinarios, determina lo siguiente: “DE LA SEGUNDA INSTANCIA Artículo 204. (APELACIÓN). I. Contra las resoluciones emitidas por los Tribunales Disciplinarios, juezas o jueces, la o el denunciado o el denunciante, podrá presentar recurso de apelación ante el mismo Tribunal, en el plazo fatal y perentorio de cinco (5) días computables a partir de la notificación señalada en el anterior artículo”. Consecuentemente y de la lectura e interpretación sistemática de los señalados arts. 14 y 110 del Reglamento de Procesos Disciplinarios. Para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por Acuerdo 020/2018; y, art. 204.I de la LOJ, queda establecido sin lugar a duda alguna, que todo disciplinado o procesado en esta vía, podrá impugnar las decisiones asumidas por juezas, jueces o Tribunales Disciplinarios, en el plazo fatal y perentorio de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la resolución definitiva o con la resolución de complementación o enmienda; lapso de tiempo que se computa, al ser perentorio y fatal, de momento a momento, siendo que excedido dicho término, opera la preclusión del derecho y la impugnación deviene en extemporánea, ameritando en consecuencia su rechazo o denegatoria» Con base en tal criterio, en el caso concreto concluyó: “…de los datos del proceso y en relación a la parte disciplinaria demandada hoy accionante, se advierte que la misma fue notificada con la RA Disciplinaria de Primera Instancia 05/2020, que además expresamente estableció que, de conformidad a lo estipulado en el art. 204.I de la LOJ, las partes tienen un plazo fatal de cinco (5) días para presentar recurso de apelación, el 2 de junio de 2020 a las 09:45, fecha desde la cual le corrió el plazo legal para interponer el respectivo recurso de apelación; no obstante, la impetrante de tutela interpuso el indicado recurso contra dicho fallo, el 9 de junio de 2020 a las 13:51, al respecto, tomando en cuenta el desarrollo jurisprudencial y normativo efectuado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cómputo del plazo es de momento a momento; en consecuencia, el vencimiento del término indefectible se produjo el 9 de junio de 2020 a las 09:45; por lo que, la impetrante de tutela al haber planteado su recurso de apelación el mismo día a las 13:51, dejó que opere la caducidad del mismo, situación que fue advertida por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura –Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia–, a tiempo de pronunciar la Resolución RSP-D - AP 121/2020 de 24 de agosto, que rechazó el recurso de apelación presentado por la solicitante de tutela; al verificar que, la apelación fue interpuesta extemporáneamente”. De lo glosado, se advierte en primer término que a partir del alcance otorgado al art. 204.I de la LOJ, sustentado a su vez en los distintos Reglamentos a los que se hizo referencia, se determinó que el cómputo a efectuarse en relación al plazo para la interposición del recurso de apelación dentro del régimen disciplinario en el Órgano Judicial y el Tribunal Agroambiental es de momento a momento; no obstante, como se percibe, a tiempo de realizar el cómputo en los casos concretos el término se interrumpió considerando al efecto la existencia de días inhábiles. En ese sentido, y pese a que en el fallo constitucional que fundó tal criterio -SCP 1164/2014-, se remitió a su vez a entendimientos jurisprudenciales que marcaron la diferencia existente entre el cómputo efectuado por días y aquel que es de momento a momento, estableciendo claramente que: “…para el caso de los plazos procesales que se cuentan por días, el término comienza a correr desde el día hábil siguiente a la notificación y culmina el último momento hábil del día que corresponde; mientras que para los plazos que se cuentan de momento a momento, el cómputo se inicia desde el momento de la notificación, y culmina en la hora similar del día en que se cumplen los concedidos como plazo”, a tiempo de aplicar tal distinción, dicho fallo constitucional, en una contradictoria interpretación, incurrió en una dualidad en cuanto a la consideración de ambos cómputos, pues estableció que los cinco días para apelar corren una vez practicada la notificación -lo que sería de momento a momento-; empero, en una conjugación de criterios, estableció que el plazo concluye en la misma hora en que se produjo la notificación pero del quinto día hábil; es decir, si bien para el inicio y la culminación del plazo se toma en cuenta la hora en que se practicó la notificación; no obstante, también se establece que a tiempo de realizar tal computo debe considerarse la existencia de días hábiles, lo cual no resultaría relevante si se tiene en cuenta que el cómputo es de momento a momento. En ese marco, es importante tener en cuenta la diferencia existente entre el cómputo realizado de momento a momento, o como lo nombra la doctrina, plazo natural, del plazo civil.
Así, Álvaro Pinilla Galvis, en su aporte realizado a la Revista de Derecho Privado N° 24 de la Universidad Externado de Colombia, haciendo referencia a su vez a Fernando López de Zavalía en su escrito “Reflexiones del Tiempo en el Derecho”, puntualizó la diferencia existente entre estos dos tipos de sistemas de cómputo de plazos que por su importancia y a fin de su comprensión el mismo se desglosa in extenso de la siguiente manera: «Los autores distinguen entre la computación natural y la civil, entendiendo por “natural” la que verifica los cálculos de momento a momento, y por “civil” la que no es natural. Parafraseando a Savigny (“Sistema”, § clxxxii) con la terminología que nosotros adoptamos, podríamos decir que en la computación natural el límite jurídico coincide con el matemático, en tanto que en la civil, no coincide con él. […] a) Natural. Por computación natural, entendemos lo mismo que enseña la terminología tradicional, esto es, una forma de cómputo que parte de momento a momento. Así, celebrado un contrato a las 10 horas, 12 minutos de un día determinado, y fijado un plazo, él, en un cómputo natural, trátese de días, meses o años, tendría que fenecer precisamente a las 10 horas, 12 minutos; b) Civil. Por tal, entendemos una forma de cálculo que toma divisiones enteras. Aplicada esa regla a los días, conduce a que no se compute de momento a momento (esto es: a que se rechace el cálculo natural), sino de medianoche a medianoche, con lo cual se desprecia la fracción. Siguiendo la misma línea de pensamiento la doctrina española explica que la computación natural es aquella que rige: … de momento a momento, que cuenta el día como un periodo de veinticuatro horas a partir de un momento; y la computación civil (es aquella) que toma como unidad de tiempo el día calendario, y se cuentan los días por entero, prescindiendo de las fracciones de día comprendidas en el plazo. Generalmente, como apunta Espín, se sigue la computación civil, ya que permite una mayor fijeza que la computación natural, que requiere el conocimiento exacto de la hora inicial, lo que no siempre se conoce o puede probar.
El cómputo natural de los plazos es aquel en el que el conteo se produce “de momento a momento”, de tal forma que empezado a contar un plazo en un momento específico, debe terminar en el mismo instante; así las cosas, un conteo natural de un (1) día a partir de la 1:00 p.m. culminará a la misma hora del día siguiente, pues naturalmente hablando el día tiene 24 horas. Por el contrario, el cómputo civil de los plazos implica que el término debe contarse de medianoche a medianoche, tomándose, en el caso de días, el que empieza a partir de la medianoche de un día hasta la medianoche de otro, sin dividir el día en las fracciones de horas que lo componen. Así las cosas, un plazo civil de un (1) día determinado siempre inicia a la medianoche del día en que se pacta y culmina a la medianoche del día siguiente, sin que se fraccione su conteo, ni su inicio, ni su final. De lo anterior se concluye que el cómputo natural corre “de momento a momento”, mientras que el cómputo civil es aquel en el que se cuenta la hora, el día, el mes o el año de manera completa prescindiendo de las fracciones dentro de cada uno de ellos, en orden a otorgar mayor certeza y seguridad a las relaciones, siendo este la regla general aplicable al cómputo del plazo con efectos jurídicos y aquel aplicable a todos los demás casos que carecen de relevancia jurídica». De lo que se tiene claro que, el cómputo de momento a momento o también denominado natural, inicia en un momento específico y termina en el mismo instante, considerando que naturalmente el día tiene veinticuatro horas, en ese entendido, este tipo de cómputo como su nombre lo indica, considera el computo natural del tiempo de instante a instante, lo que contrario censu nos lleva a afirmar que este tipo de cómputo no considera la calidad de hábil o inhábil de las horas o días, pues su transcurrir es natural de instante a instante, pues si éste se llegara a interrumpir, el mismo ya no se denominaría de momento a momento. Por su parte en el cómputo civil, como se tiene bien explicado a partir de desglose realizado, se aprecia que el conteo se realiza de media noche a media noche. En nuestro sistema jurídico, a manera de referencia, y a partir de lo establecido tanto en el art. 21.II de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- (Los términos y plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento), como en el art. 90.I del Código Procesal Civil (CPC), (Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas, a partir del día siguiente hábil al de la respectiva citación o notificación, salvo que por disposición de la Ley o de la naturaleza de la actividad a cumplirse tuvieren el carácter de comunes, en cuyo caso correrán a partir del día hábil siguiente al de la última notificación), puede establecerse que en general el sistema adoptado es el sistema de cómputo civil. En el caso de la línea jurisprudencial establecida en torno al plazo para interponer el recurso de apelación en el régimen disciplinario del Órgano Judicial y del Tribunal Agroambiental, si bien la misma fue construida a partir del contenido del art. 204.I de la LOJ; no obstante, su consideración solo se enfocó en una parte del mismo -como se verá más adelante- y no en función a un análisis integral y sistemático tanto del señalado artículo como del marco normativo que lo acompaña y menos aún a partir de la protección que otorgan los principios pro actione, pro homine y de interpretación favorable, siendo más que evidente no solo la incongruencia advertida a momento de su aplicación, sino la repercusión inevitable en la vulneración de derechos fundamentales y la afectación en la seguridad jurídica, aspecto por el cual se requiere un replanteamiento de su consideración a la luz de los derechos y principios que todo Estado Constitucional de Derecho como el nuestro debe contemplar. En ese sentido, es necesario enfatizar que a fin del resguardo y respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso sea administrativo o judicial, la Constitución Política del Estado a partir de su art. 180.II garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, lo que implica que todo tipo de procedimiento debe prever un mecanismo para recurrir el acto o resolución que se considere lesivo al interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida en la que la autoridad a tiempo de emitir su determinación hubiera podido incurrir pretendiéndose lograr su modificación o sustitución, siendo en ese sentido el derecho a la impugnación como elemento del debido proceso, un mecanismo de defensa frente a las decisiones de la autoridad administrativa y judicial, mediante el cual a su vez el ejercicio del derecho a la defensa se hace efectivo. Asimismo, y en el marco del razonamiento precedente, es importante tener en cuenta que a fin del ejercicio del derecho a la defensa se hace necesario también garantizar a las partes intervinientes de un proceso, el acceso a los medios recursivos previstos en el ordenamiento jurídico, en ese escenario, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, aplicando y realizando una labor hermenéutica de las normas procesales de manera más favorable que permita el acceso a las instancias de impugnación, lo que implica que el citado derecho se encuentra regido por los principios pro actione y pro homine. Así, y siguiendo el razonamiento de Pinilla Galvis, a tiempo de efectuar el cómputo de algún término, es preciso tener en cuenta los principios generales de interpretación de las normas jurídicas en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, como en efecto es el principio pro actione al que se hace referencia, según el cual, de acuerdo al citado autor, «“el sentido de interpretación del juez (frente al ejercicio de una acción) debe permitir el acceso a la administración de justicia, interpretando el recurso o acción interpuesta, de la manera más favorable para la efectividad de los derechos’; en otras palabras, el principio pro actione implica que ‘en asuntos donde haya duda sobre la correcta aplicación de las normas que rigen un mecanismo de acceso a la administración de justicia, debe prevalecer aquella que permita su ejercicio”» . En cuanto al principio pro homine, dicho autor sostuvo que en virtud del mismo “…se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre, y debe entenderse como la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana”. Asimismo, sostiene como un principio a tomarse en cuenta a fin de realizar el cómputo, el principio de protección efectiva de los derechos “…según el cual la actuación del Estado debe tender a la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona, en primer lugar, y de los demás derechos (como los colectivos, p. ej.), en segundo lugar; en todo caso, la actuación del Estado debe procurar siempre que se puedan proteger efectivamente los derechos de la persona” , lo que se relaciona con el principio pro libertate “conforme al cual, en caso de duda, debe acogerse la interpretación más favorable -p. ej., expansiva-para el ejercicio de los derechos” (las negrillas son nuestras). Parámetros bajo los cuales resalta como un estándar de aplicación, la interpretación favorable, amplia y extensiva en procura de la protección efectiva de los derechos fundamentales, en este caso como los derechos a la defensa, impugnación, acceso al sistema de justicia, doble instancia, etc., debiendo otorgar la interpretación que facilite y permita el acceso de las partes procesales al ejercicio pleno y eficaz de sus derechos reconocidos. Bajo ese marco de consideración que tiende a dotar de una base axiológica a tiempo de realizar la labor jurisdiccional que implica también una labor de interpretación normativa, corresponde evaluar y analizar la activación efectiva del mecanismo de impugnación dispuesto en el régimen disciplinario del Órgano Judicial y del Tribunal Agroambiental a partir del contenido y alcance del art. 204.I de la LOJ, sin desconocer la interpretación favorable que a su vez pretendió otorgarse a partir de lo establecido en la normativa que reglamenta el proceso disciplinario ahora en análisis, labor que precisamente debe efectuarse a la luz del ejercicio eficaz del derecho a la defensa, impugnación, acceso a la justicia y los principios a los que anteriormente se hizo referencia. Así, el art. 204.I de la LOJ, establece lo siguiente: “Artículo 204. (APELACIÓN). I. Contra las resoluciones emitidas por los Tribunales Disciplinarios, juezas o jueces, la o el denunciado o el denunciante, podrá presentar recurso de apelación ante el mismo Tribunal, en el plazo fatal y perentorio de cinco (5) días computables a partir de la notificación señalada en el anterior artículo” (negrillas agregadas). Por su parte, el art. 14.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018, en similar contenido estableció: “El plazo fatal y perentorio para apelar es de cinco días hábiles, computables a partir de la notificación con la resolución definitiva o con la resolución de complementación o enmienda…”. En ese mismo razonamiento, el art. 110.I del citado Reglamento, determinó: “El recurso de apelación se interpondrá en el plazo fatal y perentorio de cinco días hábiles computables a partir de la notificación, ante la misma autoridad que emitió la resolución definitiva de primera instancia”. A partir de las normas glosadas, se evidencia el sentido y alcance que debe otorgarse al plazo establecido para el recurso de apelación que ahora se analiza; pues no obstante, de que en las mismas se refiera la frase “computables a partir de la notificación”, al especificar que estos días deben ser días hábiles, rompe por completo el criterio de aplicación (restrictivo) para este mecanismo de defensa acerca de la aplicación del cómputo natural o de momento a momento, pues como anteriormente fue referido esta clase de cómputo se efectúa de instante a instante considerando el transcurso natural del tiempo, sin tener en cuenta la calidad de hábil o inhábil de las horas o días. En ese marco de consideración y en una interpretación sistemática de las normas que regulan este mecanismo de defensa, y a fin de dotar a la interpretación un sentido más amplio y de acuerdo a los principios de pro actione, pro hómine y de protección efectiva de los derechos fundamentales antes mencionados, debe señalarse que el plazo de cinco días establecidos en la norma debe adoptar la regla general establecida para el cómputo del plazo previsto en días, el cual se efectúa desde el día siguiente a la notificación y computando claro esta solo días hábiles. Así, como se mencionó anteriormente, se tiene establecido a partir de los arts. 21.II de la LPA; 90.I del CPC, e incluso 1488 del Código Civil (CC), que el cómputo por días, se realiza a partir del día siguiente de su notificación, lo que se halla en coherencia con lo dispuesto en el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018 que en su art. 13 determina: “Artículo 13.- (COMPUTO DE PLAZOS) (…) II. Los plazos determinados por días, comenzarán a correr el día siguiente hábil de practicada la notificación y vencerán a las 24 horas del último día hábil señalado” (negrillas incorporadas). En este sentido, se advierte que la normativa específica que regula el régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, de forma expresa determinó cómo debe computarse el plazo que es determinado por días, como en efecto sucede con el otorgado a fin de presentar el recurso de apelación, debiendo éste considerar solo días hábiles y cuyo cómputo inicia al día siguiente de su notificación. En el marco del análisis realizado, más allá de que en efecto a partir de la redacción de las previsiones normativas a las que se hizo referencia, pudiera darse lugar a distintas interpretaciones dada la ambigüedad en su contenido, conforme se señaló anteriormente y en función a los principios antes abordados en cuyo marco, la interpretación que se efectúe debe permitir el ejercicio efectivo del mecanismo de defensa utilizado permitiendo su acceso al sistema de justicia, brindando la interpretación más favorable, amplia y extensiva para la efectividad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos. En ese sentido, en una consideración sistemática y bajo una interpretación amplia y extensiva en el ejercicio de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales, en lo que concierne al plazo establecido para la interposición del recurso de apelación en el régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria y agroambiental dispuesto a partir del art. 204.I de la LOJ, al ser un plazo dispuesto por días su cómputo debe observar la regla general establecida y que fue perfectamente descrita en el art. 13 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018, comprendiéndose en ese sentido que los cinco días dispuestos empiezan a correr al día siguiente de realizada la notificación culminando a las veinticuatro horas del último día hábil señalado, debiendo comprenderse que la frase inserta en los arts. 204.I de la LOJ; y, 14.I y 110.I del mencionado Reglamento “computables a partir de la notificación” únicamente indica -en palabras de Pinilla Galvis- el hito para determinar la necesidad de iniciar un conteo, pero no el inicio del plazo de caducidad para el ejercicio del derecho. El planteamiento abordado se constituye en un cambio de la línea establecida a partir de la SCP 1164/2014, correspondiendo que el presente entendimiento sea aplicado en el marco de lo previsto en el art. 203 de la CPE”].
Inicialmente y con la finalidad de lograr una comprensión efectiva del fallo, este Tribunal estima por conveniente describir el contexto del que emerge el problema jurídico que se plantea. Así, con base a la revisión de los antecedentes descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidenció que en el proceso disciplinario seguido contra Rosario Beatriz Orozco García -ahora accionante- en su condición de Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, a denuncia de Carlos Antonio Bazán Vargas -ahora tercero interesado-; a través de Sentencia Disciplinaria 24 de 16 de junio de 2020, emitida por el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura, declaró probada la denuncia sobre la autoría de la comisión de la falta disciplinaria calificada y tipificada en el art. 187.2 de la LOJ, disponiendo una sanción de suspensión de sus funciones sin goce de haberes por el lapso de un mes, a compatibilizarse a partir de la ejecutoria de la Sentencia Disciplinaria 24; así como improbada la falta prevista en el art.
187.9 y 14 de la citada Ley (Conclusión II.1). Por lo que, al considerar lesiva a sus derechos dicha decisión, la impetrante de tutela planteó el 12 de agosto de 2020, a horas 11:06; un recurso de apelación, solicitando que se revoque la Sentencia Disciplinaria 24, y resuelva el caso disponiendo el rechazo de la denuncia en su contra, además de una severa llamada de atención al Juez Disciplinario (Conclusión II.2). De manera que, en atención a dicho recurso, Omar Michel Duran y Gonzalo Alcón Aliaga -ahora accionados- pronunciaron la Resolución 154/2020 de 15 de octubre; por la que, resolvieron en segunda instancia, rechazar el recurso de apelación presentado por la impetrante de tutela y declarar la ejecutoria de la citada Sentencia Disciplinaria 24 (Conclusión II.3).
Posteriormente, a través de memorial interpuesto el 5 de agosto de 2021, la peticionante de tutela, solicitó que se aclare, enmiende y complemente la Resolución 154/2020, estableciendo de manera correcta el cómputo para interponer el recurso de apelación y consiguientemente resolver el mismo (Conclusión II.4); evidenciándose que dicho planteamiento fue resuelto mediante Resolución de 18 de agosto de 2021; por la que, Marvin Arsenio Molina Casanova y Mirtha Gaby Meneses Gómez, determinaron no ha lugar, desestimando dicha solicitud (Conclusión II.5). En tal contexto, la accionante denuncia que los Consejeros del Consejo de la Magistratura vulneraron sus derechos al debido proceso en su vertiente del principio de legalidad; a la defensa y a la doble instancia; puesto que, a través de Resolución 154/2020, rechazaron el recurso de apelación que interpuso contra la Sentencia Disciplinaria 24 que la sancionó con suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes; con el argumento de que fue presentado fuera de plazo; sin embargo: 1) Realizaron una interpretación “antojadiza” e “irrazonable” de los arts. 13, 14.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental y 123 y 204.I de la LOJ, que establecen cinco días hábiles para la apelación, computable desde el día siguiente hábil de practicada la notificación y vence a las veinticuatro horas del último día hábil señalado; y, 2) Al no dar lugar a su solicitud de enmienda y complementación solicitada a la Resolución 154/2020, se ejecutorió dicho fallo, sometiéndola al cumplimiento de una sanción disciplinaria gravosa, así como su registro en el sistema en el sistema “CERBERO-D” y sistema “CONTROLEG”. Pues bien, en el marco de estas denuncias, se pudo evidenciar que los Consejeros del Consejo de la Magistratura accionados, consideraron que el recurso de apelación contra la Sentencia Disciplinaria 24, presentado por la accionante el 12 de agosto a 2020, a horas 11:06 fue extemporáneo, argumentando que de acuerdo a los arts. 204.I de la LOJ; y, 14.I y 110.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018, el lapso de los cinco días dispuestos como plazo fatal y perentorio para apelar, son computables de momento a momento y se inicia en el instante de la notificación y culmina en hora similar del día en que se cumple el mismo; deduciéndose de esta conclusión como lo afirmado en audiencia de consideración de esta acción tutelar, que la extemporaneidad no radica en la fecha sino en la hora de presentación -11:06- en el entendido de que la accionante habría sido notificada con el fallo el 5 de agosto de 2020, a horas 9:00.
En esa línea, con la finalidad de análisis propuesta sobre la consideración del cómputo correcto del plazo para interponer el recurso de apelación en el proceso disciplinario instaurado contra la accionante, corresponde en el caso en examen aplicar el cambio de la línea jurisprudencial establecida al respecto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que este Tribunal recurrió a criterios de interpretación más favorable, amplios y extensivos respecto al ejercicio eficaz de los derechos y garantías constitucionales de las disposiciones que regulan este tema; vale decir, tanto del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018, como de la Ley del Órgano Judicial, a la luz de los principios pro actione, pro homine, protección efectiva de los derechos la defensa, impugnación y acceso a la justicia; concluyendo que: “…en lo que concierne al plazo establecido para la interposición del recurso de apelación en el régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria y agroambiental dispuesto a partir del art. 204.I de la LOJ, al ser un plazo dispuesto por días su cómputo debe observar la regla general establecida y que fue perfectamente descrita en el art. 13 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo 020/2018, comprendiéndose en ese sentido que los cinco días dispuestos empiezan a correr al día siguiente de realizada la notificación culminando a las veinticuatro horas del último día hábil señalado…”; extrayéndose de ello y a partir del razonamiento vertido en el citado Fundamento Jurídico, que el plazo de los cinco días previstos para la apelación deben ser computados solo en días hábiles, con base a la regla general de los plazos previstos en días, esto es a partir del día siguiente de realizada la notificación, feneciendo a las veinticuatro horas del último día hábil habilitado. Pues bien, subsumiendo los elementos fácticos que concurren en el caso concreto a este presupuesto normativo; se verificó que una vez pronunciada la Sentencia Disciplinaria 24, que declaró probada la denuncia disciplinaria en su contra, la accionante fue notificada con esta Resolución de manera personal el 5 de agosto de 2020; de modo que, aplicando al caso el precedente anterior; el plazo de los cinco días hábiles para interponer el recurso de apelación comenzaba a correr a partir del día siguiente hábil a la notificación con dicha Sentencia. En el caso concreto, considerando que este día cayó en jueves 6 de agosto de 2020, reconocida esta fecha como feriado a nivel nacional y por consiguiente, como un día inhábil, dicho cómputo empezaría a contar desde el viernes 7 de igual mes y año, y fenecería a las veinticuatro horas del jueves 13 del mismo mes y año, descontando el sábado y domingo que transcurrió en ese ínterin, por ser días inhábiles. De modo que, al constituir otro hecho probado que la accionante presentó su memorial de recurso de apelación contra la Sentencia Disciplinaria 24, el 12 del citado mes y año, como se advierte del timbre electrónico inserto en ese memorial; dicho mecanismo de impugnación fue activado oportunamente o dentro del plazo de los cinco días hábiles establecido para su interposición.
Por consiguiente, los Consejeros del Consejo de la Magistratura accionados al haber determinado la extemporaneidad del recurso de apelación, incurrieron en una aplicación errada y restrictiva de lo normado; además de advertirse una inconsistencia en el conteo realizado, pues si el mismo adoptaba el criterio de plazo natural o de momento a momento, no debería considerar la existencia de días hábiles o inhábiles, sino de instante a instante sin interrupción, característica que es propia de esta modalidad; empero, excluyeron del cómputo el sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2020, más contradictoriamente incluyeron al conteo el feriado nacional de 6 de agosto de ese año; vulnerando por esta actuación los derechos a la defensa y doble instancia que corresponden a la impetrante de tutela; no obstante, dada la ambigüedad de la norma y el entendimiento asumido vía jurisprudencial, la misma resulta excusable, lo cual sin embargo, de manera alguna excluye la imponderable necesidad y obligatoriedad de conceder la tutela solicitada, debiendo el razonamiento expuesto en este fallo constitucional ser aplicado a futuros casos puestos a consideración del Consejo de la Magistratura. Asimismo, corresponde definir que dicho alcance de tutela se extiende con relación a la Resolución de 18 de agosto de 2021 -identificada también por la accionante como acto lesivo- que en consideración a la solicitud de enmienda, complementación y aclaración a la Resolución 154/2020 -ahora cuestionada-, desestimó tal solicitud sin ingresar al análisis de fondo de lo planteado; empero, no solo generó efectos jurídicos de ratificación del razonamiento inicialmente asumido en la Resolución 154/2020, sino que con base en ello, la ejecutoria del fallo en cuestión, dando así lugar a la ejecución de una sanción disciplinaria dispuesta para la accionante. No obstante, en coherencia con lo razonado anteriormente, no correspondía adquirir la calidad de ejecutoriada, en tanto no se resuelva en el fondo el recurso de apelación planteado por la accionante; por tal razón, corresponde dejar sin efecto la mencionada Resolución de 18 de agosto de 2021.
Por otro lado y solo a modo de aclaración, ante el hecho de que la Resolución 154/2020 fue pronunciada únicamente por Omar Michel Duran, actual Consejero y Gonzalo Alcón Aliaga, ex Consejero; restringiéndose la actuación de Mirtha Gaby Meneses Gómez y Marvin Arsenio Molina Casanova, actuales Consejeros, todos del Consejo de la Magistratura, a la emisión de su fallo complementario -Resolución de 18 de agosto de 2021-; sin embargo, además que el mismo resulta lesivo a los derechos de la accionante, son las autoridades que actualmente ostentan el cargo y tienen legitimación pasiva a efecto de restituir o cesar la vulneración de derechos considerando que: “... cuando el funcionario o autoridad ya no ocupa el cargo en el que se encontraba cuando ocasionó la lesión al derecho o garantía, el accionante debe dirigir su demanda contra la persona que actualmente ostente el cargo. Excepcionalmente, al no ser conocido por parte del accionante el cambio de autoridad, no le es imputable ese hecho, por lo que al dirigir la acción de amparo constitucional únicamente contra la autoridad anterior, no incumplió con uno de los requisitos exigidos para la activación de esta acción de defensa, teniendo legitimación pasiva la autoridad que actualmente ostenta el cargo del cual devino el cuestionado acto ilegal u omisión indebida…” (las negrillas son nuestras [SCP 0801/2021-S3 de 20 de octubre que cita a la SCP 0134/2012 de 4 de mayo]). Por último, en lo concerniente al derecho al debido proceso en su vertiente de legalidad, entendido este como la aplicación objetiva de la ley a los casos en que deba aplicarse; evitando así una libre interpretación o aplicación caprichosa de la norma (SC 0676/2010-R de 19 de julio), ante la conclusión de que la aplicación de la norma sobre el cómputo de plazo para apelar resoluciones de primera instancia en procesos disciplinarios, no condice con lo previsto en la Constitución Política del Estado, incluido el contenido axiológico de la misma, así como la interpretación sistemática y favorable de las disposiciones que la regulan, se colige que las autoridades accionadas a tiempo de dilucidar la apelación planteada por la accionante incurrieron a su vez en su vulneración, que en su acepción más amplia no abarca únicamente a la ley propiamente dicha pues resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; por ello debe entenderse que supone fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma -en lo que concierne a las disposiciones del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental-(SCP 0401/2012 de 22 de junio). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-078/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 246 a 249, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, y en ese sentido se dispone dejar sin efecto la Resolución 154/2020 de 15 de octubre y la Resolución de 18 de agosto de 2021, que resuelve la solicitud de enmienda, complementación y aclaración al mismo, correspondiendo que los Consejeros del Consejo de la Magistratura, emitan una nueva resolución acorde al razonamiento expuesto en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
1 La Revista de Derecho Privado es una publicación que recoge, principalmente, los resultados de los trabajos de investigación de los Departamentos del área privatística de la Universidad, y además las investigaciones y los escritos de profesores de otras universidades, nacionales y extranjeras.
2 Pinilla Galvis, Álvaro 2013. Breves Comentarios a las reglas vigentes para el cómputo de plazos o términos de origen legal. Revista de Derecho Privado. 24 (jun. 2013), 298 y 299.
3 Álvaro Pinilla Galvis, “Breves Comentarios a las reglas vigentes para el cómputo de plazos o términos de origen legal”. Revista de Derecho Privado (Universidad Externado de Colombia) Número 24. Página 316.
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Ídem. Pág. 314
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1033_2023-S3.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): b6af47d21418523f5c31ad0406499defe4352b7eae74f74bf52d7ee8422dda03
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