Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 6 de julio de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa, al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y al principio de celeridad procesal; puesto que, su solicitud de señalamiento de audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva, fue rechazada por el Juez ahora accionado, con el argumento de que esa petición fue posterior a la acusación formal y conminó que por auxiliatura se remita dicha causa por efecto de la referida acusación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 53/2023 de 24 de octubre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso vinculado al principio de celeridad procesal; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional:
a) Disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dentro de las veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiese llevado a cabo esa audiencia. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la dignidad, a la defensa, a una justicia plural, transparente y gratuita, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1032/2026-S1 Sucre, 6 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59417-2023-119-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 53/2023 de 24 de octubre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Enrique Vargas Torrez contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
JURÍDICA
El accionante, por memorial presentado el 24 de octubre de 2023, cursante de fs. 3 a 6 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de “orden público”, el 13 de octubre de 2023, solicitó día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva, ante el Juez ahora accionado, quien respondió mediante decreto de 17 de igual mes y año, señalando que, en atención a los datos del proceso y en razón a la solicitud de dicha cesación de detención preventiva efectuada por el imputado -su persona-, “NO HA LUGAR”, debiendo estar a lo establecido por el art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP), más aun que esa solicitud fue posterior a la acusación formal, conminando a la vez que por auxiliatura se remita esa causa por efecto de la referida acusación. Al no tener una respuesta favorable, se vio en la obligación de interponer la presente acción de libertad.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa, al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, al principio de celeridad procesal; citando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 24, 115.II, 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, que el Juez ahora accionado señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, en razón de no haberse cumplido con lo establecido por el art. 325 del CPP.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) La acusación formal fue presentada por el Ministerio Público “en junio de 2023”, a la fecha transcurrieron cuatro meses; sin embargo, el art. 325.I del CPP, refiere que presentado el requerimiento conclusivo de acusación la jueza o juez de instrucción, dentro del plazo de veinticuatro horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, remitirá los antecedentes ante la jueza o juez del Tribunal de Sentencia bajo responsabilidad; y, b) El “expediente” de la causa aún se encuentra bajo la competencia del Juez hoy accionado; por lo que, al no tener una respuesta pronta y oportuna, el referido Juez trata de deslindar su responsabilidad, motivo por el cual, solicita que el Juez ahora accionado señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva; debido a que, no se dio cumplimiento con lo establecido por el art. 325 del CPP. Ante la pregunta del Juez de garantías, señaló que, se hizo el seguimiento correspondiente desde “junio”, siendo el motivo por el que se presentó ante el Juez ahora accionado la solicitud de cesación de la detención preventiva; ya que, en una primera instancia, antes que se presente la acusación formal se efectuó una primera solicitud de dicha cesación de la detención preventiva, donde el referido Juez observó diferentes puntos, en mérito a ello, es que se realizó el seguimiento exhaustivo y por lo cual volvió a solicitar -por segunda vez- la cesación de la referida medida cautelar. Asimismo, refirió que en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) continúa figurando el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. Finalmente señaló que no interpuso recurso alguno contra la determinación del Juez hoy accionado, debido a la respuesta que brindó el citado Juez; ya que, el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva fue presentado por segunda vez el “11” de octubre -se entiende de 2023- y la respuesta fue el 17 de ese mes y año; empero, su persona recién conoció ese “previsto” el 20 de igual mes y año; debido a que, nunca en el despacho del Juez ahora accionado encontraron el cuaderno de control jurisdiccional; razón por la cual, se recurrió a la presente acción de libertad.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado de 24 de octubre de 2023, cursante a fs. 12 y vta., manifestó que, el accionante sin recurrir a los medios que le franquea la ley -recurso de reposición conforme el art. 401 y 402 del CPP- acudió a la vía constitucional, vulnerando el principio de subsidiaridad, el cual indica que se debe agotar las posibilidades de la tutela en la vía judicial antes de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional y que se erige un verdadero presupuesto que condiciona la admisibilidad de la acción de defensa.
El Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 53/2023 de 24 de octubre, cursante de fs. 15 a 16 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad jurisdiccional que tiene los antecedentes señale y resuelva de manera inmediata -la cesación de la detención preventiva-conforme a los parámetros de tiempo establecidos por la abundante “Sentencia Constitucional”; bajo los siguientes fundamentos: 1) La línea jurisprudencial de la SCP “77/2019-S3”, sobre la duración de la etapa preparatoria, conclusión y remisión de antecedentes al Tribunal de Sentencia y en caso de constituirse requerimiento conclusivo de acusación fiscal, señala que, una vez que se emita y que se presente ante la autoridad jurisdiccional el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, toda cuestión planteada de manera posterior en ese caso como excepciones e incidentes no puede ser resuelta por el juez de instrucción en razón de que con ese acto se concluye la etapa preparatoria; por lo que, dicha Sentencia efectúa una amplia descripción de lo que corresponde ser asumido en esa etapa procesal, también se analiza respecto a las observaciones que efectúa el juez o tribunal de sentencia devolviendo al juzgado de instrucción y éste debe atender solamente esas observaciones; empero, no es el presente caso; como manifestó el accionante, si bien la carga de la prueba le correspondía presentar al mismo; sin embargo, en audiencia señaló que a partir del 23 de junio de 2023, se habría emitido el requerimiento conclusivo y hasta la fecha transcurrieron varios meses sin que la misma se hubiese cumplido con la remisión respectiva; 2) Al margen de lo expuesto, la SCP “77/2019-S3”, señala como excepcionalidad que el juez pierda competencia, lo que dilataría la etapa preparatoria y afectaría el derecho constitucional a una justicia pronta y oportuna de las partes, a excepción de las solicitudes de los encausados que se encuentren con medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva o arraigo; y, 3) En el caso que las solicitudes tengan que ver con las medidas cautelares, la misma sentencia por la naturaleza jurídica de esas medidas y su finalidad expresa que deben ser tramitadas y resueltas de manera inmediata por la autoridad jurisdiccional “tenedora de los antecedentes”, lo cual denota que por más que el accionante no hubiese agotado los recursos idóneos o eficaces se tiene que lo que se está discutiendo en el presente caso es el derecho a la libertad y como derecho primario tiene que ser atendido con la mayor celeridad posible como establece ese fallo constitucional; en consecuencia, la competencia para conocer las cesaciones se encuentra asumida por el juez de control jurisdiccional; puesto que, otro sería que el caso se encuentre radicado por un juzgado de sentencia o tribunal de sentencia, aspecto que no se puso en conocimiento de manera objetiva por el Juez ahora accionado; por lo que, al no contar con un juez que ejerce el control jurisdiccional de los derechos de las partes; es decir, al encontrarse aún sin la radicatoria por un juzgado de sentencia o tribunal de sentencia, debe conocer la solicitud de cesación de la detención preventiva el Juez hoy accionado; por lo que, se asumió que la acción de libertad debía diferirse en favor del accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala PlenaTCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 8 de mayo de 2026, cursante a fs. 19, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio del citado año, cursante a fs. 23; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. No consta documentación pertinente adjunta a la acción de libertad; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado por Luis Enrique Vargas Torrez -hoy accionante- en su memorial de la acción de defensa (fs. 3 a 6 vta.); lo manifestado en la respectiva audiencia virtual de acción de libertad (fs. 13 a 14); y, la Resolución 53/2023 de 24 de octubre, emitida por el Juez de garantías (fs. 15 a 16 vta.).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa, al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y al principio de celeridad procesal; puesto que, su solicitud de señalamiento de audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva, fue rechazada por el Juez ahora accionado, con el argumento de que esa petición fue posterior a la acusación formal y conminó que por auxiliatura se remita dicha causa por efecto de la referida acusación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, iv) Análisis del caso concreto.
La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, asumiendo el entendimiento jurisprudencial de la SCP 0705/2021-S1 de 24 de noviembre, establece que: “…el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. (…) En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art.
325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva…” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La SCP 0349/2025-S1 de 25 de abril, citando a la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, señala que: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. (…) ‘…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a su vez a la SC 0044/2010-R de 20 de abril, señala que: “…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos (…). Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; (…)” por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa, al debido proceso y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y al principio de celeridad procesal; puesto que, su solicitud de señalamiento de audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva, fue rechazada por el Juez ahora accionado, con el argumento de que esa petición fue posterior a la acusación formal y conminó que por auxiliatura se remita dicha causa por efecto de la referida acusación.
De la revisión de antecedentes y en el marco de la Conclusión II.1. de este fallo constitucional, el accionante alega que el 13 de octubre de 2023, solicitó día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, el Juez ahora accionado mediante decreto de 17 de igual mes y año, hubiese señalado que en atención a los datos del proceso y en razón a la solicitud de dicha cesación de la detención preventiva efectuada por el imputado -accionante-, “NO HA LUGAR” debiendo estar al art. 325 del CPP y que textualmente ordenó: “…se conmina remitir la presente causa por auxiliatura en razón de la acusación fiscal…” (sic), aspecto que no fue controvertido por el referido Juez; ya que, en su informe escrito solo refirió que el accionante, sin recurrir a los medios que franquea “el procedimiento”, como el recurso de reposición, acudió directamente a la jurisdicción constitucional, vulnerando la subsidiariedad excepcional que condiciona la admisibilidad de la acción tutelar; de lo cual, si bien dicho Juez presentó su informe; empero, inobservó lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, al referir que la parte accionada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, lo que no ocurrió en el presente caso; es decir, que el Juez ahora accionado no desvirtuó ni presentó prueba alguna que desvirtúe lo alegado por el accionante, lo que permite presumir en el caso concreto la veracidad de los hechos expuestos en la acción de libertad. Ahora bien, del contraste de los argumentos efectuados por ambas partes procesales, se tiene que si bien se presentó la acusación formal contra el accionante el 24 de junio de 2023; empero, del contenido del decreto de 17 de octubre del mismo año, claramente se advierte que recién en esa fecha se habría dispuesto la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, extremo que no fue desvirtuado ni negado por el Juez hoy accionado en su informe presentado en esta acción de libertad, denotando ello, que la solicitud de día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva efectuada por el accionante, fue realizada cuando el referido cuaderno de control jurisdiccional aún se encontraba bajo el conocimiento del citado juez; puesto que, tampoco habría sido radicado ante un Tribunal de Sentencia, justamente por la omisión de remisión; por lo que, en el presente caso es pertinente aplicar lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional al señalar que los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hubiesen presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el Juez o Tribunal de Sentencia; así como, para desarrollar la audiencia y pronunciar la resolución respectiva. Bajo ese criterio jurisprudencial, la competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva correspondía ser tramitada y resuelta por el Juez hoy accionado, justamente por no encontrarse radicada la causa ante un juzgado o tribunal de sentencia en virtud a la acusación formal presentada por el Ministerio Público; por lo que, la respuesta negativa otorgada al accionante a través del decreto de 17 de octubre de 2023, generó dilación en la resolución de la situación jurídica del nombrado, que se encuentra privado de libertad siendo evidente la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso vinculado al principio de celeridad procesal; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; conforme establece el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad procesal y una justicia pronta y oportuna respeto a los derechos; es decir, que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, lo que no se advierte en el presente caso; ya que, el Juez hoy accionado omitió aplicar dicho criterio jurisprudencial; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración de los derechos a la dignidad, a la defensa y a una justicia plural, transparente y gratuita, se tiene que el accionante no identificó de qué manera los mismos hubiesen sido vulnerados, limitándose únicamente a su mención; correspondiendo, en consecuencia, denegar la tutela respecto a los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 53/2023 de 24 de octubre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso vinculado al principio de celeridad procesal; y, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional:
a) Disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dentro de las veinticuatro horas de notificado con el presente fallo constitucional, señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiese llevado a cabo esa audiencia. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la dignidad, a la defensa, a una justicia plural, transparente y gratuita, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1032_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5179c790ee89df91e4e3ab7cfdf6cd3bf5405aaa3447aa1df579c7abfb656151
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