Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión del debido proceso en su triple dimensión y en sus elementos del juez natural, apreciación de la prueba, defensa, legalidad, inmediación, motivación, fundamentación y congruencia, toda vez que, dentro del fenecido proceso de regularización de derecho propietario en el marco de la Ley 247 respecto al inmueble que adquirió en calidad de compraventa, que siguió su vendedora, los Vocales ahora demandados, en conocimiento del recurso de apelación contra el rechazo del incidente de nulidad planteado tres años después de la ejecución de la sentencia por terceros ajenos al proceso, sin que las partes principales ni el actual propietario tengan conocimiento alguno, mediante el Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, sin la debida motivación ni fundamentación, resolvieron revocar la resolución apelada y de forma incongruente declarar probado el incidente de nulidad de obrados, disponiendo la inadmisibilidad de la demanda, además de la cancelación del registro de propiedad en Derechos Reales, omitiendo sustentar la razón jurídica por la cual asumió la decisión. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 19 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 73 vta. a 75 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1032/2023-S1 Sucre, 31 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54711-2023-110-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 73 vta. a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yeison Esqueti Quispe contra Edil Robles Lijerón y David Rosales Rivero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Miriam Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, ex vocales de la referida Sala.
Mediante memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 42 a 51, y memorial de subsanación presentado el 9 de febrero de 2023, de fs. 54 a 55, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 15 de agosto de 2022, a través del documento protocolizado ante la Notaría 103, contenido en el Testimonio 1196/2022, la tercera interesada María del Rosario Salvatierra Mariscal, le transfirió en calidad de venta el lote de terreno de 644.24 m2, ubicados en la UV 100, Mza. 23-B, lote 52 de la zona sudeste, que su vendedora adquirió por efecto del proceso de regularización de derecho propietario, dispuesta por la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012-, según escritura judicial de 24 de octubre de 2018, otorgada por el Juez Civil y Comercial Décimo de la capital de Santa Cruz, registrada en Derechos Reales, bajo la matrícula 7.01.1.99.0152584 y conforme se evidencia de la documentación que adjunta, su derecho propietario fue registrado el 17 de agosto de 2022, encontrándose plenamente facultado para ejercer defensa de la propiedad que ostenta. A pesar que nunca fue notificado con ningún actuado, recibió la visita de Rosemary Rojas Coronado, en el inmueble de su propiedad y le indicó que era la nueva dueña de su predio por lo que debía desalojarlo; es así que a raíz de lo manifestado tomó conocimiento sobre la existencia de un proceso en el cual se generó el acto que lesiona sus derechos, constatando que su vendedora, María Rosario Salvatierra Mariscal, interpuso una demanda de regularización de derecho propietario, dentro del marco de la Ley 247 demandando a Gonzalo Escobar Rodríguez, habiéndose llevado a cabo la audiencia única, en la cual se declaró probada la demanda y se dispuso la ejecutoria de la sentencia, emitiéndose el correspondiente testimonio para generar el registro del nuevo derecho propietario inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula 7.01.1.99.0152584 de 15 de noviembre de 2018, que se consolidó plenamente a favor de su nombrada vendedora. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2020, Rosemary Rojas Coronado, sin ser parte del proceso ordinario antes referido, solicitó copia legalizada del expediente concluido, con sentencia ejecutoriada y la correspondiente inscripción en Derechos Reales y juntamente con Aniceto Paredes Vásquez, interpusieron un incidente de nulidad de obrados, señalándose audiencia, mediante providencia de 1 de abril de 2021, para el 15 de julio del indicado año, que al haberse suspendido, se emitió nuevo señalamiento para el 23 del citado mes y año; audiencia que también se suspendió ordenando el Juez de la causa que se realice una consulta al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, respecto a si el incidente de nulidad de obrados debía tramitarse al existir sentencia ejecutoriada; pese a ello, en lugar de remitir la mencionada consulta, el 23 igual mes y año, la autoridad jurisdiccional señaló nueva audiencia para el 9 de septiembre de 2021, misma que se desarrolló en ausencia de las partes del proceso, con la asistencia de solo uno de los incidentistas, no así la demandante ni el demandado, dado que las notificaciones fueron realizadas en el tablero judicial y no como informó el oficial de diligencias. En dicha audiencia, el Juez resolvió rechazar el incidente sin entrar al fondo, con el argumento de haber perdido competencia la autoridad jurisdiccional al estar ejecutoriada y ejecutada la sentencia que dictó; decisión que fue objeto de recurso de reposición con alternativa de apelación por parte de uno de los incidentistas, siendo rechazada la reposición y concedida la apelación en efecto suspensivo, como si se tratase de una de las partes quien apeló; apelación que tampoco les fue notificada a éstas. Remitido el expediente en apelación, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunciaron el Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, revocando la resolución apelada y declarando probado el incidente de nulidad de obrados, así como la inadmisibilidad de la demanda, ordenando la cancelación del registro del inmueble su de propiedad, sin haber dado participación legal a la demandante ni al demandado, menos al propietario del inmueble, procediendo a cancelar la matrícula con la cual se registró su propiedad sobre el inmueble, a pesar que nunca fue notificado con los actuados procesales mencionados, emergentes de un incidente de nulidad, que fue interpuesto por personas ajenas al proceso después de tres años de haberse ejecutoriado la sentencia y cuando la propietaria ya le había vendido el referido inmueble como comprador de buena fe, ignorando los Vocales demandados derechos públicos constituidos en favor de terceros con la nueva matrícula de Derechos Reales, sin ser escuchado y vencido en un proceso judicial. La apelación debió ser concedida en el efecto devolutivo, fue planteada contra un Auto que no consideró el argumento del incidente porque el Juez había perdido competencia, por lo que el Tribunal de alzada solo debió resolver sobre ese aspecto y en su caso ordenar que el Juez a quo resuelva el recurso considerando los argumentos que se opusieron en el incidente del tercero ajeno al proceso, nunca anular obrados, cancelar la sentencia ejecutoriada y declarar la inadmisibilidad de la demanda en un proceso donde el incidentista ni siquiera es parte, teniendo en cuenta que el incidente de nulidad de obrados en ejecución de sentencia de ninguna manera puede ser interpuesto por terceros ajenos al proceso, al ser un mecanismo reconocido solo a las partes que intervinieron en él, conforme refiere la propia jurisprudencia citada por el incidentista que única y exclusivamente les corresponde hacer uso de ese mecanismo a las partes del proceso. Por otra parte, el Auto de Vista 24, es incongruente porque se apeló el rechazo del incidente, nunca sobre la sentencia, motivo por el cual no podía ser afectada, dado que si un tercero se ve perjudicado por una sentencia emitida en un proceso del cual no fue parte, debe reclamar a través de otro proceso ordinario, jamás mediante un incidente. Además, la mencionada resolución de apelación también incurre en incongruencia porque el derecho alegado por el incidentista solo recae sobre una porción del terreno que le pertenece y no sobre la totalidad del mismo. Además de las incongruencias mencionadas, los Vocales demandados incurrieron en errónea aplicación e interpretación del art. 265.I del Código Procesal Civil (CPC), porque excediendo el contenido y alcance del propio recurso de apelación planteado contra una resolución incidental, terminaron anulando todo el proceso, dejando sin efecto un registro público, llegando al extremo de decretar la inadmisibilidad de la demanda; aspectos que no corresponden ser resueltos por la vía incidental; al margen de no haber sustentado la razón jurídica por la cual consideran posible desde el punto de vista del derecho sustantivo o adjetivo, haber anulado un fallo ejecutoriado, así como el registro en Derechos Reales afectando a terceros en total desconocimiento del su derecho a la propiedad, privándole del derecho a la defensa como actual propietario del inmueble; vulneraciones a sus derechos y garantías constitucionales que facultan a la jurisdicción constitucional conocer y revisar el Auto de Vista 24 y que representan el sustento de la tutela que solicita mediante la presente acción de defensa.
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión del derecho al debido proceso en su triple dimensión y en sus elementos del juez natural, apreciación de la prueba, defensa, legalidad, inmediación, motivación, fundamentación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Se solicita se conceda la tutela demandada, disponiendo la anulación del Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, ordenando que los incidentistas y terceros interesados acudan a la vía ordinaria llamada por ley, para ejercer la defensa de los derechos que consideren vulnerados, respetando los derechos de los terceros que pudieran ser afectados con su demanda.
En la audiencia de acción de amparo constitucional, celebrada de manera virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 70 a 73, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional en todos sus términos, puntualizando lo siguiente: a) Cuando efectuó la adquisición del inmueble objeto del proceso de regularización de derecho propietario que su vendedora realizó en el marco de la Ley 247, se encontraba plenamente saneado, por lo que procedió con la inscripción correspondiente en Derechos Reales a su nombre como único y legítimo propietario; b) Al no haber sido citado ni notificado con ningún actuado del incidente de nulidad que dejó sin efecto todo lo obrado en relación a la regularización del derecho propietario en el marco de la Ley 247 por su vendedora, no obstante de existir sentencia ejecutoriada en mérito a la cual se realizó el registro en Derechos Reales fue colocado en estado absoluto de indefensión, además de privarle de ejercer su derecho a impugnar; y, c) Al existir una sentencia con calidad de cosa juzgada, el Tribunal de alzada no podía anular obrados y ordenar la cancelación de la matrícula en Derechos Reales y menos determinar la inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley 247, por lo que hubo una actuación incorrecta.
Edil Robles Lijerón y David Rosales Rivero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora demandados, no asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito alguno, no obstante haber sido debidamente citados, conforme se establece en las diligencias cursantes a fs. 61 y 62. Miriam Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, ex vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 63 y 64.
María Rosario Salvatierra Mariscal, por intermedio de su abogado expresó lo siguiente: 1) El Auto de Vista de 25 de mayo de 2022 pronunciado por el Tribunal de alzada de manera ultra petita, solo debió resolver la resolución que negó el recurso de reposición contra el rechazo del incidente de nulidad, tomando en cuenta que la apelante nunca tuvo legitimación activa en ese proceso de regularización de derecho propietario por la Ley 247 modificada por la Ley 803, que en caso de oposición debió acudir a la vía ordinaria demostrando su legitimación activa y no pronunciar la resolución de apelación por una simple relación de documentos, incurriendo en una mala valoración de la prueba, al no observar que el predio reclamado por la incidentista se encontraba en otra zona, ni consideraron que existía perención de instancia, porque ya se generaron documentos; 2) Nuca supo que se planteó el incidente de nulidad, porque no fue notificada; además se vulneró el principio de legalidad, al no observar la previsión contenida en el art. 260 del CPC, ingresando a analizar una apelación concedida en efecto suspensivo de una decisión sobre una cuestión incidental, sin establecer bajo qué argumentos, fundamentando bajo una simple relación de hechos y documentación vulnerando el debido proceso en su elemento motivación; y, 3) La incidentista carece de legitimación activa, por cuanto no tiene derecho oponible a terceros por carecer de documentos registrados en Derechos Reales y si tuviera derechos debió reclamarlos por la vía ordinaria. Aniceto Paredes Vásquez, mediante su abogado expresó: i) No es evidente que el Auto de Vista de 25 de mayo de 2022 hubiese vulnerado derechos fundamentales como refiere la accionante, dado que cumple con todas las formalidades exigidas por la norma procesal civil , dado que la decisión final adoptada está conforme a la normativa constitucional así como de acuerdo con la jurisprudencia constitucional; ii) El proceso de regularización de derecho propietario seguido por María Rosario Salvatierra Mariscal contra el presunto propietario Gonzalo Escobar Rodríguez ingresó al Juzgado Público Civil y Comercial Décimo el 11 de octubre de 2018 dictándose sentencia el 24 del mismo mes y año, de donde se colige que tuvo una duración de 14 días de trámite, cuando lo mínimo que dura un proceso es 10 meses hasta dos años, por lo que no cumplió con lo dispuesto por el art. 11.d) de la Ley 247 sobre regularización del derecho propietario, dado que no adjuntó el comprobante de pago de impuestos a la propiedad inmueble de los últimos cinco años, ni adjuntó la constancia de realización de trámites municipales ni la certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz sobre la antigüedad de la construcción del inmueble cuya regularización se pretende; iii) La demandante tenía conocimiento que ingresó al terreno en calidad de “tolerada” y las construcciones existentes en el terreno fueron realizadas por Aniceto Paredes Vásquez, para que ésta viva, por lo que el trámite de regularización iniciado fue fraudulento; iv) El art. 12.1 de la Ley 247 prohíbe realizar la regularización de más de un terreno urbano destinado a vivienda a nivel nacional y de acuerdo a la certificación emitida por Derechos Reales, María Rosario Salvatierra Mariscal tenía registrado derecho propietario sobre otro inmueble en Chuchio, por lo que el Juez no debió admitir la demanda de regularización, más si los servicios básicos recién fueron inscritos el 2018; v) El Auto de Vista cuestionado fue emitido el 22 de mayo de 2022 anulando todo el proceso y el accionante recién adquirió el inmueble en 17 de agosto de ese año, es decir tres meses después de anulado el proceso; y, vi) El incidente de nulidad fue presentado adjuntando toda la documentación que acredita su derecho propietario debidamente inscrito en Derechos Reales el 20 de febrero de 1997, el mismo que admitido y corrido en traslado el 8 de enero de 2021 y como se evidencia en el expediente, no era de su propiedad todo el inmueble, no siendo evidente que se hubiera dejado en indefensión a María Rosario Salvatierra, porque se le notificó el 8 de enero de 2021 y el 26 de marzo del mismo año se apersonó contestando el incidente, siendo posible plantear un incidente de nulidad en ejecución de sentencia buscando dejar sin efecto un proceso ilegal.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 19 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 73 vta. a 75 vta., concedió la tutela solicitada y dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, resguardando el derecho a la defensa en el marco de los fundamentos expuestos en esa Resolución; tal determinación se dio con los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista de 25 de mayo de 2022, no refirió en ninguna parte sobre la existencia de un proceso de regularización de derecho propietario promovido por María Rosario Salvatierra, como tampoco sobre el presunto derecho propietario de ésta, exponiendo solo los argumentos del incidente, pues en aplicación del principio de igualdad de las partes, velando por el saneamiento procesal, debió ordenar que se notifique al ahora accionante, como también a la ex propietaria, por ser quien promovió el proceso de regularización de derecho propietario, quien como resultado del mismo, logró registrar en Derechos Reales dicho derecho propietario; y, b) Las autoridades accionadas no tomaron en cuenta el mencionado proceso y dispusieron la nulidad de obrados, como dejar sin efecto el registro en Derechos Reales del derecho propietario regularizado y de otros posteriores que pudieran haber sobre el inmueble objeto del proceso, que motivó el incidente de nulidad, bajo ese entendimiento al evidenciarse que los vocales accionados no consideraron el principio de igualdad de las partes ante la ley, teniendo en cuenta el derecho a la defensa de quienes estaban involucrados en la problemática, se evidencia que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso en su elemento derecho a la defensa porque no se les permitió defenderse ni conocer la existencia de dicho incidente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Testimonio 1196/2022 de 15 de agosto de 2022 de la Escritura Pública sobre transferencia definitiva del bien inmueble signado con el lote de terreno 52, ubicado en la Mza. 23-B, UV 100, zona sud-este de Santa Cruz de la Sierra, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula 7.01.1.99.0152584, efectuada por la vendedora María Rosario Salvatierra Mariscal en favor de Yeison Esqueti Quispe, ahora accionante. Asimismo, cursan el Formulario de Folio Real, el Certificado Catastral, plano de ubicación y uso de suelo del referido inmueble a nombre del accionante (fs. 4 a 12 vta.). II.2. Según Acta de Audiencia Única efectuada el 24 de octubre de 2018, en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital de Santa Cruz, dentro del proceso de regularización de derecho propietario en el marco de la Ley 247, luego de las exposiciones de las partes fueron producidas las pruebas, emitiéndose sentencia que declaró probada en todas sus partes la demanda de regularización de derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la zona sud-este, UV 100, Mza. 23-B, lote 23 y 24, con una superficie de 644,24 m planteada por María Rosario Salvatierra Mariscal, quien deberá registrar su derecho propietario sobre dicho bien en Derechos Reales y en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz y al haber presentado ambas partes su renuncia al recurso de apelación, declaró ejecutoriada la sentencia (fs. 13 a 20 vta.). II.3. Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2020, Rosemary Rojas Coronado se apersonó en el proceso de regularización de derecho propietario seguido por María Rosario Salvatierra Mariscal contra Gonzalo Escobar Rodríguez solicitando fotocopias del mencionado proceso alegando que la demandante solo era ocupante tolerada del inmueble de propiedad de su fallecido cónyuge Luis Grover Paz Coronado, de quien se declaró heredera (fs.21). II.4. Según Acta de Audiencia de 28 de junio de 2021, por Secretaría se informó que dentro del proceso ordinario de regularización de derecho propietario seguido por María Rosario Salvatierra Mariscal contra Gonzalo Escobar Rodríguez, ambas partes fueron notificadas para ese acto procesal, estando presente la parte demandante, no así la demandada, encontrándose también los incidentistas Aniceto Paredes Vásquez y Rosemary Rojas Coronado, procediéndose a la instalación de la audiencia se admitió el incidente de nulidad de obrados, disponiendo el Juez de la causa la suspensión de la audiencia y que se eleve en consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz sobre la posibilidad de proseguir el incidente, considerando que existe sentencia ejecutoriada y que por disposición del art. 16.4 del CPC la autoridad judicial perderá competencia por conclusión del pleito y de conformidad con el art. 373 del CPC, las sentencias que afecten sustancialmente los derechos controvertidos entre las partes, permitirá a la perdedora acudir al proceso ordinario para la defensa material de su derecho material (fs. 24). II.5. De acuerdo a lo señalado en el Acta de Audiencia de 9 de septiembre de 2021, por Secretaría se informó que fueron notificadas las partes demandante y demandada, quienes no asistieron a la audiencia, encontrándose presentes solo los incidentistas Aniceto Paredes Vásquez y Rosemary Rojas Coronado, quienes a través de si abogado se ratificaron en el incidente de nulidad de obrados, emitiéndose a continuación la resolución por la cual el Juez de la causa resolvió rechazar el incidente planteado bajo el argumento de encontrarse el proceso con sentencia ejecutoriada habiendo llegado a ser inscrito en Derechos Reales del derecho propietario regularizado, por lo que al haber perdido competencia no se encuentra facultado para revisar el fondo de incidente (fs. 27 a 29 vta.). II.6. A través del Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, emitido por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del recurso de apelación planteado por los incidentistas contra el Auto de 9 de septiembre de 2021 que rechazó su incidente de nulidad, se resolvió revocar totalmente la resolución apelada, declarando probado el incidente, consiguientemente, anuló obrados hasta “fs.39 inclusive del proceso”, decretando la inadmisibilidad de la demanda por incumplir con los requisitos establecidos en el art. 11 y 12 parágrafo I de la Ley 247, disponiendo además la cancelación del derecho de propiedad registrado en Derechos Reales a nombre de María Rosario Salvatierra Mariscal, bajo la Matrícula 7.01.1.99.0152584, Asiento A-1 de titularidad, de 16 de noviembre de 2018; decisión adoptada con el argumento de no haber efectuado el Juez Aquo una correcta valoración y apreciación de la prueba acompañada al proceso, inaplicando lo establecido en el art. 145.I de la Ley 439, ni haber observado los requisitos de admisibilidad de la demanda de regularización del derecho propietario exigidos por la Ley 247 y su ampliatoria 803, además de haber interpretado erróneamente el art. 16del CPC, desconociendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (fs. 30 a 35).
El accionante denuncia la lesión del debido proceso en su triple dimensión y en sus elementos del juez natural, apreciación de la prueba, defensa, legalidad, inmediación, motivación, fundamentación y congruencia, toda vez que, dentro del fenecido proceso de regularización de derecho propietario en el marco de la Ley 247 respecto al inmueble que adquirió en calidad de compraventa, que siguió su vendedora, los Vocales ahora demandados, en conocimiento del recurso de apelación contra el rechazo del incidente de nulidad planteado tres años después de la ejecución de la sentencia por terceros ajenos al proceso, sin que las partes principales ni el actual propietario tengan conocimiento alguno, mediante el Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, sin la debida motivación ni fundamentación, resolvieron revocar la resolución apelada y de forma incongruente declarar probado el incidente de nulidad de obrados, disponiendo la inadmisibilidad de la demanda, además de la cancelación del registro de propiedad en Derechos Reales, omitiendo sustentar la razón jurídica por la cual asumió la decisión. Consiguientemente solicita se le conceda tutela disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, ordenando que los incidentistas y terceros interesados acudan a la vía ordinaria llamada por ley para ejercer la defensa de los derechos que consideren vulnerados, respetando los derechos de los terceros que pudieran ser afectados con su demanda. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos expuestos por la parte accionante son evidentes a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Jurisprudencia referida a la legitimación activa; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0570/2020-S1 de 6 de octubre de 2020, en relación a la legitimación activa para accionar el amparo constitucional, expuso lo siguiente: “La SCP 0377/2018-S2 de 24 de julio, recogió los entendimientos sobre la legitimación activa, como la capacidad para poder solicitar la tutela de los derechos vulnerados, por el titular de ese derecho o en su caso el representante aprobado legítimamente mediante un poder notariado, o por la autoridad correspondiente. El poder notarial es la autorización bajo la cual una persona física o jurídica designa a otra como su representante legal. Así, la Sentencia Constitucional Plurinacional citada desarrolla lo siguiente: “Al respecto, recogiendo los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, la SCP 1507/2014 de 16 de julio, señalo que: “La legitimación activa en la acción de amparo constitucional es entendida como la capacidad que tiene toda persona sea natural o jurídica para interponerla y solicitar al Estado la protección o restitución de un derecho vulnerado. En ese sentido, quien tiene esta capacidad de solicitar la tutela de su supuesto derecho vulnerado, es el titular del mismo o, en su caso, un representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial”. Por su parte, el art. 129.I de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, o por otra a su nombre siempre que acompañe un poder notariado, o en su caso por la autoridad correspondiente. En ese entendido, el accionante debe demostrar que el hecho denunciado recae directamente en un derecho del cual es titular; así precisó la SCP 0929/2014 de 15 de mayo, al precisar que: “La legitimación activa es un presupuesto procesal para la admisión de la demanda, implica la existencia de una correspondencia directa entre el accionante y el derecho que se invoca, para acreditar este presupuesto es necesario demostrar la vinculación entre el acto que se impugna y su derecho legítimo supuestamente lesionado. La SC 0626/2002-R de 3 junio, señaló: “...a efectos de plantear un Amparo, es preciso que toda persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo (...) no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad o particular recurrido, pues las únicas personas que pueden denunciar la violación de un derecho fundamental ajeno, son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público conforme a los arts. 124 y 129-I de la Constitución Política del Estado”. En consiguiente, la calidad de legitimación activa se adquiere por la coincidencia que se da entre quien sufre la supuesta vulneración de derechos o garantías constitucionales, y aquel que activa la acción tutelar, o en su caso, otorga poder suficiente para su representación legítima. El art. 52 del Código Procesal ConstitucionalCPCo, en cuanto a la legitimación activa señala: “La Acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por:
1.Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente. 2. El Ministerio Público. 3. La Defensoría del Pueblo. 4. La Procuraduría General del Estado. 5. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia”.
En el caso analizado, el accionante denuncia la lesión del debido proceso en su triple dimensión y en sus elementos del juez natural, apreciación de la prueba, defensa, legalidad, inmediación, motivación, fundamentación y congruencia, toda vez que, dentro del fenecido proceso de regularización de derecho propietario en el marco de la Ley 247 respecto al inmueble que adquirió en calidad de compraventa que siguió su vendedora, los Vocales ahora demandados, en conocimiento del recurso de apelación contra el rechazo del incidente de nulidad planteado tres años después de la ejecución de la sentencia por terceros ajenos al proceso, sin que las partes principales ni el actual propietario tengan intervención alguna, mediante el Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, sin la debida motivación ni fundamentación, resolvieron revocar la resolución apelada y de forma incongruente declarar probado el incidente de nulidad de obrados, disponiendo la inadmisibilidad de la demanda, además de la cancelación del registro de propiedad en Derechos Reales, omitiendo sustentar la razón jurídica por la cual asumió la decisión. Consiguientemente solicita se le conceda tutela disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, ordenando que los incidentistas y terceros interesados acudan a la vía ordinaria llamada por ley para ejercer la defensa de los derechos que consideren vulnerados, respetando los derechos de los terceros que pudieran ser afectados con su demanda. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se puede evidenciar que según Testimonio 1196/2022 de 15 de agosto de la Escritura Pública suscrita el 3 de marzo de 2022, el impetrante de tutela adquirió el bien inmueble signado con el lote de terreno 52, ubicado en la Mza. 23-B, UV 100, zona sud-este de Santa Cruz de la Sierra, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula 7.01.1.99.0152584, en mérito a la venta efectuada por María Rosario Salvatierra Mariscal; derecho propietario que se encuentra debidamente registrado a su nombre desde 17 de agosto del citado año, conforme acredita en el Formulario de Folio Real así como en el Certificado Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Por otra parte, se puede advertir que con carácter previo a la adquisición del inmueble en favor del accionante, su vendedora María Rosario Salvatierra Mariscal siguió un proceso ordinario de regularización de derecho propietario, en el marco de la Ley 247 contra Gonzalo Escobar Rodríguez, tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital de Santa Cruz, en cuya audiencia única efectuada el 24 de octubre de 2018, se dictó sentencia declarando probada en todas sus partes la demanda, disponiendo el registro del derecho propietario del referido inmueble en Derechos Reales en favor de la demandante, así como en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; decisión que fue declarada ejecutoriada al haber presentado ambas partes su renuncia al recurso de apelación.
Posteriormente, el 13 de noviembre de 2020, Rosemary Rojas Coronado se apersonó en el referido proceso de regularización de derecho propietario seguido por María Rosario Salvatierra Mariscal contra Gonzalo Escobar Rodríguez, solicitando fotocopias del mencionado proceso alegando que la demandante solo era ocupante tolerada del inmueble de propiedad de su fallecido cónyuge Luis Grover Paz Coronado, de quien se declaró heredera, es así que en la Audiencia de 28 de junio de 2021, por Secretaría se informó que dentro del proceso ordinario de regularización de derecho propietario seguido por María Rosario Salvatierra Mariscal contra Gonzalo Escobar Rodríguez, ambas partes fueron notificadas para ese acto procesal, estando presente la parte demandante, no así la demandada, encontrándose también los incidentistas Aniceto Paredes Vásquez y Rosemary Rojas Coronado, procediéndose a la instalación de la audiencia se admitió el incidente de nulidad de obrados, disponiendo el Juez de la causa la suspensión de la audiencia y que se eleve en consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz sobre la posibilidad de proseguir el incidente, considerando que existe sentencia ejecutoriada y que por disposición del art. 16.4 del CPC la autoridad judicial perderá competencia por conclusión del pleito y de conformidad con el art. 373 del CPC, las sentencias que afecten sustancialmente los derechos controvertidos entre las partes, permitirá a la perdedora acudir al proceso ordinario para la defensa material de su derecho material. Posteriormente, el 9 de septiembre de 2021, se efectuó una nueva audiencia en la cual por Secretaría se informó que fueron notificadas las partes, tanto demandante y la demandada, quienes no asistieron a la audiencia, encontrándose presentes solo los incidentistas Aniceto Paredes Vásquez y Rosemary Rojas Coronado, quienes a través de su abogado se ratificaron en el incidente de nulidad de obrados, emitiéndose a continuación la resolución por la cual el Juez de la causa resolvió rechazar el incidente planteado, bajo el argumento de encontrarse el proceso con sentencia ejecutoriada, habiendo llegado a ser inscrito en Derechos Reales del derecho propietario regularizado, por lo que al haber perdido competencia, no le está permitido revisar el fondo de incidente. Impugnada la referida Resolución, mediante Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, emitido por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del recurso de apelación planteado por los incidentistas contra el Auto de 9 de septiembre de 2021 que rechazó su incidente de nulidad, se resolvió revocar totalmente la resolución apelada, declarando probado el incidente, consiguientemente, anuló obrados hasta “fs.39 inclusive del proceso”, decretando la inadmisibilidad de la demanda por incumplir con los requisitos establecidos en el art. 11 y 12 parágrafo I de la Ley 247, disponiendo además la cancelación del derecho de propiedad registrado en Derechos Reales a nombre de María Rosario Salvatierra Mariscal, bajo la Matrícula 7.01.1.99.0152584, Asiento A-1 de titularidad, de 16 de noviembre de 2018; decisión adoptada con el argumento de no haber efectuado el Juez Aquo una correcta valoración y apreciación de la prueba acompañada al proceso, inaplicando lo establecido en el art. 145.I de la Ley 439, ni haber observado los requisitos de admisibilidad de la demanda de regularización del derecho propietario exigidos por la Ley 247 y su ampliatoria 803, además de haber interpretado erróneamente el art. 16 del CPC, desconociendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia De los antecedentes expuestos precedentemente, se puede advertir que los actos que el accionante denuncia como lesivos a sus derechos al debido proceso en su triple dimensión y en sus elementos del juez natural, apreciación de la prueba, defensa, legalidad, inmediación, motivación, fundamentación y congruencia, devienen del incidente suscitado por los ahora terceros interesados Aniceto Paredes Vásquez y Rosemary Rojas Coronado en ejecución de la sentencia emitida dentro del proceso de regularización de derecho propietario en el marco de la Ley 247 que siguió María Rosario Salvatierra Mariscal, anterior propietaria de quien adquirió el inmueble; incidente y actuados procesales que se produjeron el año 2021, dado que el referido incidente fue presentado y resuelto en la mencionada gestión, cuya denegatoria que fue objeto de apelación se resolvió por el Auto de Vista 24/2022 de 25 de mayo, es decir, varios meses antes de ser efectuada la compra del inmueble por parte del ahora accionante. Consiguientemente, el impetrante de tutela no puede argüir la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, considerando que cuando se realizaron los supuestos actos lesivos, no tenía relación alguna con el proceso y menos con el bien inmueble objeto del mismo, puesto que cuando se anularon obrados, se dispuso la inadmisibilidad de la demanda y la cancelación del registro en Derechos Reales de la regularización de derecho propietario, el accionante no había adquirido aún el referido bien inmueble, por lo que no existe coincidencia entre el afectado con la supuesta vulneración de derechos o garantías constitucionales y quien activa la acción tutelar, tampoco cuenta con el poder suficiente para representar a quien era propietaria y posible afectada con los actos procesales ahora reclamados, de tal forma que el accionante carece de legitimación activa para plantear la presente acción de tutela en reclamo de actos que posiblemente hubieran vulnerado los derechos de la anterior propietaria del inmueble que le fue transferido muchos meses después de haberse emitido el Auto de Vista 24 de 25 de mayo de 2022, ausencia de legitimación activa que no fue observada por la Sala Constitucional en la etapa de admisibilidad, puesto que no se observó la disposición contenida en el art. 52 CPCo.1, que establece que la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente, dado que los derechos cuya vulneración se reclama no le correspondían al accionante; falta de legitimación activa que impide a este Tribunal ingresar al análisis de la problemática planteada y por ende conceder la tutela impetrada, por lo que corresponde denegar la tutela pretendida. En ese sentido, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, no obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 19 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 73 vta. a 75 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1032_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2ca67ac9788b76f35d64bff674c38afb8363d25117d8a0e714ad32c5945cc1da
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