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SCP 1030/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 6 de julio de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
6 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58568-2023-118-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y al debido proceso; puesto que, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no se devolvieron al Juzgado de origen -Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz- los antecedentes del legajo del recurso apelación incidental que fue resuelto por el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 598/2023 de 16 de agosto, causándole un estado de indefensión; ya que, no puede solicitar cesación a su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juzgado de origen; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 083/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer de manera inmediata la devolución del legajo del recurso de apelación incidental ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, salvo que por el transcurso del tiempo dicha remisión ya hubiese sido efectuada.

2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la solicitud de establecer responsabilidad administrativa del Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juzgado de origen
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1030/2026-S1 Sucre, 6 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58568-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 083/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Benedicto Pio Sabino Tancara Castillo en representación sin mandato de Franz Wilfredo Vino Vino contra Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 15 de septiembre de 2023, cursante de fs. 8 a 11 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Franz Wilfredo Vino Vino -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya del referido departamento; motivo por el cual formuló recurso de apelación incidental que mereció el Auto de Vista 598/2023 de 16 de agosto, que revocó en parte la Resolución 339/2023 de 22 de julio; empero, hasta la fecha -se entiende de interposición de esta acción tutelar-, transcurrieron más de veinte días sin que el personal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, a cargo del Vocal ahora accionado devuelva el legajo del recurso de apelación incidental al mencionado Juzgado de Instrucción, situación que lo dejó en total estado de indefensión; puesto que, no tiene la posibilidad de solicitar la cesación de su detención preventiva; ya que, al momento de pedir audiencia de cesación de su detención preventiva presentada el 11 de septiembre de 2023, la referida Jueza señaló que es imprescindible adjuntar el citado Auto de Vista; puesto que, sin dicho actuado procesal no podría llevarse a cabo la indicada audiencia; por lo que, esa ausencia podría generar contradicción al emitir una resolución que conceda o rechace la solicitud de cesación de su detención preventiva, así como la lealtad procesal entre las partes procesales, vulnerándose de esa manera el debido proceso y la jurisprudencia constitucional.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y al debido proceso; citando al efecto los arts. 109, 110, 115, 116, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Ordenar en el día la remisión del Auto de Vista 598/2023 de 16 de agosto, al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del departamento de La Paz; y, b) Establecer la responsabilidad administrativa del Vocal ahora accionado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Solicitó a la Jueza de primera instancia en dos a tres ocasiones audiencia de cesación de su detención preventiva; sin embargo, la nombrada señaló que no se puede llevar -acabo- esa audiencia; puesto que, no se remitió el legajo del recurso de apelación incidental; 2) Existe la “resolución” que resolvió el recurso de apelación; sin embargo, su persona no sabe dónde se encuentra dicha resolución, es más, tiene conocimiento que la misma fue enviada en una determinada fecha; es decir, el 7 de septiembre de 2023; y, 3) La SCP 0036/2018-S2 de 6 de marzo, dispone el plazo prudencial para remitir actuados; empero, si bien la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tiene recargadas labores, no cuenta con Secretario o no tiene personal, esas situaciones deben estar debidamente justificadas y no debe exceder el plazo prudencial para la remisión del legajo del recurso de apelación incidental al Juzgado de origen.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 15 de septiembre de 2023, cursante a fs. 19 y vta., manifestó que: i) El Auto de Vista 598/2023, se emitió dentro del plazo establecido por norma y en cumplimiento a los parámetros y límites de competencias establecidos en los arts. 396 y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), atendiéndose todos los agravios que fueron fundamentados en audiencia, en observancia de los arts. 115.II de la CPE y 124 del CPP, teniendo una motivación, consideración y fundamentación correcta, de acuerdo a las exigencias establecidas por la norma; en consecuencia, no se puede alegar vulneración de derechos y garantías constitucionales del accionante; por lo que, se advierte la ausencia de legitimidad pasiva de acuerdo con lo descrito por los arts. 125 de la CPE; y, 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, ii) De acuerdo al informe verbal del personal de apoyo jurisdiccional, la causa fue remitida al juzgado de origen, motivo por el cual ya no se encuentra radicando en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia, Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 083/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 22 a 24, denegó la tutela solicitada, recomendando al personal de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, para que en el plazo de “1 día” proceda a regularizar esa remisión -del legajo del recurso de apelación incidental-, debiendo constituirse al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del citado departamento, donde se dejó la causa, con la finalidad que de manera inmediata sea remitido al Juzgado de origen, es decir, al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del mencionado departamento; ya que, dichas tareas son propias del personal de apoyo jurisdiccional, para cuyo efecto notifíquese también a esos funcionarios, todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Se hizo mención a que el Vocal ahora accionado no remitió la Resolución 598/2023 de 16 de agosto, existiendo una dilación en la remisión de los actuados al referido Juzgado de origen; y, b) De la documentación presentada por el citado Vocal, se tiene un oficio dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del mismo departamento, con cargo de recepción el 7 de septiembre de ese año, así como una fotocopia del libro de altas y bajas donde se consigna la recepción de la causa del accionante, extremos que demuestran que sí se remitió la causa, si bien existió un error en la remisión de actuados al no remitir al señalado Juzgado de origen; empero, se debe considerar que bajo la distribución de funciones que se tiene en un determinado despacho judicial, existen funciones específicas del personal de apoyo jurisdiccional que no son propias de la autoridad jurisdiccional como en el caso presente, del referido Vocal; sin embargo, por otro lado; también, se debe considerar que sí existió una remisión de actuados, aunque erróneo; no obstante, la remisión fue efectivizada por el personal de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Cuarta del mencionado Tribunal -de manera errónea-, lo cual no puede ser atribuida a dicho Vocal ahora accionado. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó: Que en uno de los Considerandos de la Resolución 083/2023, se estableció que supuestamente el 7 de agosto de 2023, se remitió el legajo del recurso de apelación incidental a un juzgado que no es el correcto, por lo que, “…solicitamos se pueda solicitar un oficio o una copia de la presente resolución ante el Juzgado Primero de Instrucción en donde deba remitir la misma al juzgado de origen en este caso al Juzgado Segundo Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer con dicha determinación…” (sic). En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, por Auto de 15 de septiembre de 2023, manifestó que: 1) La finalidad de las determinaciones asumidas es efectivizarlas y materializarlas y que no sean meramente formales; en ese sentido, de existir la posibilidad de que el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, de manera inmediata pueda remitir esos antecedentes al Juzgado de origen -Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del mencionado departamento-, no ve ningún impedimento; y, 2) Emítase también el oficio al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del citado departamento para que proceda con la devolución inmediata de la causa seguida contra el accionante al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del mismo departamento.

I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo. Mediante decreto constitucional de 11 de mayo de 2026, cursante a fs. 29, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio del citado año, cursante a fs. 33; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión a los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Oficio de 30 de agosto de 2023, dirigido a Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionado- por el que la Jueza del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del citado departamento, solicitó devolver los antecedentes del legajo del recurso de apelación incidental a efectos de considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por Franz Wilfredo Vino Vino -hoy accionante- (fs. 3 a 4). II.2. Consta Oficio de 4 de septiembre de 2023, emitido por el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -se entiende que se encuentra en suplencia legal de su similar cuarta-, mediante el cual hace conocer al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del citado departamento, la devolución en fotocopias simples, legalizadas y los actuados originales del proceso penal seguido contra el accionante, siendo recepcionado por el referido Juzgado el 7 de ese mes y año (fs. 16 y vta.); Cursa fotocopia simple del libro de altas y bajas de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, que demuestra que los antecedentes correspondientes al legajo del recurso de apelación incidental, fueron devueltos al señalado Juzgado la misma fecha, a las 9:19 horas (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y al debido proceso; puesto que, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no se devolvieron al Juzgado de origen -Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz- los antecedentes del legajo del recurso apelación incidental que fue resuelto por el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 598/2023 de 16 de agosto, causándole un estado de indefensión; ya que, no puede solicitar cesación a su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juzgado de origen; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el Juzgado de origen

La SCP 1179/2025-S1 de 16 septiembre, señala que: “La SCP 0385/2025-S1 de 2 de mayo, citando a su vez a la SC 0465/2010-R de 5 de julio, establece que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

La SCP 0205/2025-S1 de 25 de marzo, citando a la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: ‘…respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas’”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y al debido proceso; puesto que, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no se devolvieron al Juzgado de origen -Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz- los antecedentes del legajo del recurso apelación incidental que fue resuelto por el Vocal hoy accionado, a través del Auto de Vista 598/2023 de 16 de agosto, causándole un estado de indefensión; ya que, no puede solicitar cesación a su detención preventiva.

De la revisión de antecedentes, se establece que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del CP, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya del referido departamento, motivo por el cual formuló recurso de apelación incidental que mereció el Auto de Vista 598/2023, emitido por el Vocal hoy accionado que revocó en parte la Resolución 339/2023.

En ese sentido, cursa Oficio de 30 de agosto de 2023, mediante el cual la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, solicitó al Vocal ahora accionado devolver los antecedentes del legajo del recurso de apelación incidental a efectos de considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante (Conclusión II.1.); asimismo, consta Oficio de 4 de septiembre de igual año, a través del cual el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento -se entiende que se encuentra en suplencia legal de su similar Cuarta-devolvió al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del mismo departamento, fotocopias simples y legalizadas así como actuados originales del proceso penal seguido contra el accionante, siendo recibido por dicho Juzgado el 7 de ese mes y año; también cursa fotocopia simple del libro de altas y bajas de la Sala Penal Cuarta del mencionado Tribunal que demuestra que los antecedentes correspondientes al referido legajo, fueron devueltos a ese Juzgado el 7 de igual mes y año a las 9:19 horas (Conclusión II.2.).

En ese marco, se advierte que desde 16 de agosto de 2023, fecha en la que se resolvió el recurso de apelación incidental formulado por el accionante mediante Auto de Vista 598/2023, hasta el 15 de septiembre de igual año, que se interpuso la acción de libertad (fs.1) no se devolvieron los antecedentes del citado recurso de apelación al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, donde radica el proceso; puesto que, si bien se adjuntó una fotocopia de un oficio de devolución de obrados; sin embargo, los mismos fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del referido departamento; por lo que, se corrobora con la fotocopia del libro de altas y bajas, donde se verifica que los antecedentes correspondientes al legajo del recurso de apelación incidental, fueron devueltos al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el 7 de septiembre de 2023, siendo que la autoridad que conoce la causa principal es el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del mismo departamento, como se tiene señalado; por lo que, existió un error en la devolución de los antecedentes que perjudicó al accionante en cuanto a su solicitud de cesación de su detención preventiva, transcurriendo treinta días sin resolver su situación procesal al estar detenido preventivamente, razón por la cual, el argumento expresado por el Vocal ahora accionado respecto a que el referido legajo ya fue aparentemente devuelto al Juzgado de origen, no lo exime de responsabilidad y no constituye justificativo válido y suficiente para no haberse remitido los antecedentes de manera adecuada, provocando una dilación indebida por treinta días, cuando conforme establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional correspondía que, una vez resuelto el recurso de apelación incidental, el Tribunal de alzada remita los antecedentes, el acta y la resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas.

En este contexto, el Vocal hoy accionado al no realizar el seguimiento correspondiente en la transcripción de la resolución y posterior devolución del legajo del recurso de apelación incidental al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas establecidos en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, asumió responsabilidad en la demora denunciada por el accionante, al ser finalmente quien tiene a su cargo la verificación de las actuaciones judiciales del personal a su cargo; además, que debió tomar en cuenta que la remisión de obrados, está vinculada a la libertad del accionante, quien se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de Patacamaya del referido departamento. En ese sentido y de conformidad a lo establecido en el citado Fundamento Jurídico, referido a la acción de libertad de pronto despacho, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o en su caso, dentro de los plazos razonables, al no hacerlo provocó una restricción indebida del citado derecho así como al derecho al debido proceso; por lo que, corresponde conceder la tutela solicita respecto al referido Vocal.

Asimismo, es pertinente considerar la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta; en ese sentido, se recomienda al Vocal ahora accionado y a la Jueza de la causa que en las actuaciones que conozcan dentro del desarrollo del proceso penal al exordio deben cumplir su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial un enfoque interseccional, herramienta que conforme a lo desarrollado en la doctrina y la jurisprudencia constitucional vigente permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…”, considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). Por lo que, la demora identificada en el presente caso también perjudica a la víctima generándole una afectación indirecta; ya que, el proceso penal está vinculado a un delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia.

Asimismo, se precisa que la concesión de tutela no conlleva la libertad del accionante si no limita a ordenar que el Vocal ahora accionado remita a la brevedad posible los antecedentes del recurso de apelación incidental formulado por el accionante, sin pronunciarse sobre el fondo de la situación jurídica del nombrado, cuya valoración corresponde a la jurisdicción ordinaria, que debe garantizar la debida protección de los derechos de la víctima. Finalmente, respecto a su solicitud de establecer responsabilidad administrativa del Vocal ahora accionado, se aclara al accionante que puede acudir directamente a la instancia que considere pertinente, para esa finalidad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 083/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia, Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer de manera inmediata la devolución del legajo del recurso de apelación incidental ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, salvo que por el transcurso del tiempo dicha remisión ya hubiese sido efectuada.

2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la solicitud de establecer responsabilidad administrativa del Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1030_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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