Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 6 de julio de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración probatoria, vinculados con el derecho a la libertad; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 42/2023 de 6 de abril, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto de 21 de marzo de 2023, que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, sin efectuar una valoración integral y objetiva de la prueba de reciente obtención presentada, ni emitir un pronunciamiento fundamentado respecto a su pertinencia y alcance. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; ii) La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 116 vta. a 124, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1028/2026-S1 Sucre, 6 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55537-2023-112-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 02/2023 de 12 de mayo, cursante a fs. 116 vta. a 124, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Colque Flores e Hyon Charli Cáceres Flores contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Mary Jackeline Barrientos Argandoña, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Betanzos del referido departamento.
Los accionantes, por memorial presentado el 11 de mayo de 2023, cursante de fs. 76 a 83, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 8 del Código Penal (CP), se les aplicó la medida cautelar de detención preventiva; posteriormente, plantearon solicitud de cesación de la detención preventiva, adjuntando como prueba de reciente obtención la ampliación del informe médico forense y una pericia genética; empero, dichos elementos probatorios fueron descartados sin una previa y razonable valoración probatoria. La Jueza ahora accionada, mediante Auto de 21 de marzo de 2023, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, otorgando prevalencia al testimonio de la víctima respecto al temor manifestado por la nombrada, considerando que los nuevos elementos presentados no desvirtuaban los riesgos procesales ni el presupuesto material previsto por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva, formularon recurso de apelación incidental; sin embargo, la Vocal hoy accionada mediante Auto de Vista 42/2023 de 6 de abril, declaró improcedente la impugnación planteada, omitiendo realizar los siguientes puntos de análisis: a) Establecer y valorar los motivos que determinaron la detención preventiva; b) Identificar los nuevos motivos introducidos por los imputados para solicitar la cesación de la detención preventiva; y, c) Realizar la valoración integral de los medios probatorios presentados por los nombrados, la parte acusadora y/o la víctima.
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración probatoria, vinculados con el derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 23, 115.I y II, y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se restablezcan las formalidades legales y se restituya su derecho a la libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 114 y 116 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido de la acción de libertad, y ampliando; manifestaron que: 1) Cuando una autoridad jurisdiccional resuelve cuestiones vinculadas con la libertad de las personas detenidas, debe efectuar un análisis objetivo e integral de todos los elementos probatorios, tanto de cargo como de descargo; 2) Las resoluciones cuestionadas carecen de motivación y fundamentación; además, de vulnerar el principio de legalidad; ya que, no efectuaron una valoración objetiva de la prueba aportada, asumiendo criterios de presunción de culpabilidad; y, 3) La Vocal ahora accionada omitió efectuar un adecuado análisis de los agravios expuestos, confirmando el criterio de que la prueba de reciente obtención no desvirtúa la declaración de la víctima, aplicando de manera incorrecta la perspectiva de género y dejando de lado el carácter garantista del sistema jurídico penal.
Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia, manifestó que: i) Para ingresar al análisis de fondo de una denuncia vinculada a valoración probatoria, la jurisprudencia constitucional establece el cumplimiento de determinadas subreglas y presupuestos mínimos, no siendo suficiente invocar el principio de informalismo; en ese entendido, los accionantes debieron adecuar su pretensión a los criterios establecidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0353/2018-S2 de 18 de julio y “500/2021”; y, ii) Para desvirtuar la declaración de la víctima como elemento de convicción deben concurrir los presupuestos desarrollados en la SCP “033/2013”, aspecto que no hubiese sido cumplido por los accionantes, quienes no expusieron correctamente los agravios denunciados en apelación; asimismo, la prueba pericial genética ya fue objeto de análisis en otro recurso incidental y conforme al art. 232.1 del CPP, los elementos invocados para sustentar una solicitud de cesación de la detención preventiva deben constituirse en elementos nuevos, situación que no ocurrió en el caso concreto. Mary Jackeline Barrientos Argandoña, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Betanzos del departamento de Potosí, mediante informe presentado el 12 de mayo de 2023, cursante a fs. 98 y vta., manifestó que: a) La acción de libertad fue presentada y firmada por ambos accionantes; sin embargo, el contenido del memorial se encuentra redactado en singular, sin identificar de manera concreta qué derecho o garantía fue vulnerado respecto de cada uno de ellos; b) La causa penal ya fue remitida al Tribunal correspondiente para el inicio de la fase de juicio oral, público y contradictorio, aclarándose que el proceso sufrió demora; puesto que, la víctima no recibió atención oportuna; c) El reclamo referido a la incorrecta valoración de la prueba pericial no es evidente; ya que, la imputación formal no se sustenta en la existencia de espermatozoides, sino en la presunta comisión de un delito de carácter sexual, considerando la declaración de la víctima en Cámara Gesell y el conjunto de elementos probatorios acumulados en la investigación; d) El Auto de 21 de marzo de 2023, que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, fue objeto de apelación incidental y posteriormente ratificada por el Tribunal de alzada, lo que demostraría que se encuentra debidamente fundamentada y motivada; y, e) Si bien se respeta la presunción de inocencia de los accionantes, también deben resguardarse los derechos de las víctimas.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 116 vta. a 124, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad constituye un mecanismo tutelar destinado a la protección inmediata y efectiva del derecho a la libertad y de los derechos vinculados a ésta, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP “1619/2013-R”; 2) Respecto a la motivación y fundamentación de resoluciones judiciales, particularmente aquellas emitidas por tribunales de apelación, corresponde observar los lineamientos jurisprudenciales contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1206/2017-S1 de 15 de noviembre y 0030/2018-S1 de 6 de marzo; así como, la jurisprudencia relativa a la valoración probatoria y la aplicación de la perspectiva de género desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0894/2012 de 22 de agosto y 0064/2018-S2 de 15 de marzo; 3) Los accionantes no cumplieron con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para activar la tutela respecto a supuestos defectos de valoración probatoria; puesto que, no acreditaron una vinculación directa entre los agravios denunciados y el derecho a la libertad; 4) La prueba pericial genética cuestionada sí fue objeto de valoración por las autoridades hoy accionadas, quienes concluyeron que dicho elemento no desvirtuaba la declaración de la víctima ni los elementos concurrentes para sostener la medida cautelar de detención preventiva; y, 5) Los accionantes pretendían una nueva valoración de los elementos probatorios analizados en sede ordinaria, aspecto que no puede ser revisado mediante acción de libertad, al no advertirse ausencia de fundamentación, motivación o valoración arbitraria vinculada directamente con la restricción del derecho a la libertad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de plazo. Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Por decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 137, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio del mismo año, cursante a fs. 141; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de 21 de marzo de 2023, emitido por Mary Jackeline Barrientos Argandoña, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Betanzos del departamento de Potosí -ahora accionada-, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Colque Flores e Hyon Charli Cáceres Flores -hoy accionantes-, por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa (fs. 58 a 64). II.2. Mediante Auto de Vista 42/2023 de 6 de abril, Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionada-, al resolver la apelación incidental formulada por los hoy accionantes, declaró improcedente la impugnación planteada manteniendo incólume el Auto de 21 de marzo de 2023. (fs. 2 a 9).
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración probatoria, vinculados con el derecho a la libertad; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 42/2023 de 6 de abril, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto de 21 de marzo de 2023, que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, sin efectuar una valoración integral y objetiva de la prueba de reciente obtención presentada, ni emitir un pronunciamiento fundamentado respecto a su pertinencia y alcance. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal; ii) La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, iii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, citando a su vez a la SCP 0450/2012 de 29 de junio, establece que: «“La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.
Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita” » (las negrillas nos corresponden).
En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señala que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.
La SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, establece que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas nos pertenecen).
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración probatoria, vinculados con el derecho a la libertad; puesto que, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 42/2023 de 6 de abril, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto de 21 de marzo de 2023, que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, sin efectuar una valoración integral y objetiva de la prueba de reciente obtención presentada, ni emitir un pronunciamiento fundamentado respecto a su pertinencia y alcance.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se advierte que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los accionantes, por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa, la Jueza hoy accionada, mediante Auto de 21 de marzo de 2023, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por los nombrados, considerando que los elementos de reciente obtención presentados no desvirtuaban los riesgos procesales concurrentes ni el presupuesto material previsto por el art. 233 del CPP (Conclusión II.1.). Contra dicha determinación, los accionantes formularon recurso de apelación incidental; en mérito a ello, la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 42/2023, declaró improcedente la impugnación planteada, manteniendo incólume el Auto de 21 de marzo de 2023 (Conclusión II.2.). Precisados los antecedentes procesales relevantes, corresponde señalar que, si bien la presente acción tutelar fue dirigida también contra la Jueza hoy accionada, dicha autoridad emitió una determinación que posteriormente fue objeto de revisión mediante recurso de apelación incidental, resuelto por el Auto de Vista 42/2023; en consecuencia, el análisis constitucional se circunscribirá a la actuación desplegada por la Vocal ahora accionada, quien emitió la última decisión jurisdiccional y tenía competencia para revisar los agravios denunciados respecto a la decisión asumida por la citada Jueza.
Efectuada dicha precisión, corresponde analizar si el Auto de Vista 42/2023, carece de la debida fundamentación, motivación y valoración probatoria denunciadas por los accionantes. En ese entendido, de la revisión del referido Auto de Vista 42/2023, se advierte que los accionantes, en apelación incidental, cuestionaron esencialmente: a) La falta de valoración integral de la ampliación del informe médico forense y de la pericia genética presentadas como elementos de reciente obtención; b) La persistencia de los riesgos procesales que sustentaron la medida cautelar de detención preventiva; y, c) La prevalencia otorgada a la declaración de la víctima sin considerar el alcance y pertinencia de la prueba aportada. Dichos agravios fueron absueltos por la Vocal hoy accionada mediante el Auto de Vista 42/2023, señalando que los elementos probatorios presentados por los accionantes no constituían elementos nuevos suficientes para desvirtuar los riesgos procesales concurrentes ni el presupuesto material considerado al momento de disponerse la detención preventiva; asimismo, sostuvo que la prueba genética ya había sido objeto de consideración dentro de la causa penal y que la valoración de los antecedentes debía efectuarse de manera integral junto a la declaración de la víctima y los demás elementos acumulados en la investigación. En ese contexto, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales constituyen elementos esenciales del debido proceso, exigibles también respecto a las resoluciones emitidas por tribunales de apelación en materia de medidas cautelares de carácter personal; empero, dicha exigencia no implica la necesidad de una fundamentación ampulosa o excesivamente extensa, sino que la autoridad jurisdiccional exponga de manera clara, razonable y suficiente las razones jurídicas y fácticas que sustentan su decisión, para arribar a una determinada conclusión. Bajo dicho entendimiento, en el caso concreto se advierte que la Vocal ahora accionada, expuso las razones por las cuales consideró que los elementos presentados por los accionantes no resultaban suficientes para modificar su situación jurídica, pronunciándose respecto a la prueba aportada y explicando que ésta debía ser valorada de manera conjunta con los demás antecedentes del proceso, particularmente con la declaración de la víctima y los elementos concurrentes que sustentaron la medida cautelar de detención preventiva. En efecto, la Vocal hoy accionada explicó que la prueba genética y la ampliación del informe médico forense no constituían elementos novedosos con entidad suficiente para desvirtuar los riesgos procesales ni los fundamentos que sustentaron la detención preventiva, sosteniendo además que el análisis de dichos elementos no podía efectuarse de manera aislada, sino en relación con el conjunto de antecedentes acumulados dentro de la investigación penal; de igual manera, expresó las razones por las cuales consideró que la declaración de la víctima mantenía relevancia dentro del análisis cautelar efectuado, particularmente considerando la naturaleza del hecho investigado. En consecuencia, se evidencia que la Vocal ahora accionada emitió criterios jurídicos concretos respecto a los agravios planteados en apelación incidental, exponiendo las razones por las cuales consideró que correspondía mantener incólume el Auto de 21 de marzo de 2023; por lo que, no se advierte ausencia absoluta de fundamentación o motivación, ni incongruencia omisiva que permita concluir la existencia de vulneración al debido proceso en los términos denunciados por los accionantes. Con relación a la valoración probatoria, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a revalorizar la prueba producida dentro del proceso penal, salvo que se evidencie una omisión arbitraria de valoración, apartamiento de los marcos de razonabilidad o sustentación de la decisión en prueba inexistente; aspectos que no se advierten en el presente caso; puesto que, los accionantes no acreditaron la existencia de una omisión absoluta de consideración de la prueba presentada; por el contrario, de la revisión del Auto de Vista 42/2023, se evidencia que la Vocal hoy accionada sí se pronunció respecto a la ampliación del informe médico forense y a la pericia genética cuestionadas, otorgándoles un determinado valor dentro de una valoración integral de los antecedentes del proceso; en ese sentido, el hecho de que la autoridad jurisdiccional haya arribado a una conclusión distinta a la pretendida por los nombrados, no implica por sí mismo vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales. En ese marco, el reclamo formulado por los accionantes se encuentra orientado, en realidad, a cuestionar el resultado de la valoración efectuada por la jurisdicción ordinaria, pretendiendo que esta jurisdicción constitucional realice una nueva valoración de los elementos probatorios considerados por las autoridades ahora accionadas, aspecto que no resulta posible mediante la acción de libertad; puesto que, la jurisdicción constitucional no puede sustituir la labor propia de las autoridades jurisdiccionales ordinarias ni efectuar un nuevo examen del mérito probatorio considerado dentro del proceso penal.
Asimismo, corresponde precisar que el análisis efectuado por la Vocal hoy accionada, respecto a la declaración de la víctima y a los elementos probatorios concurrentes, se encuentra vinculado al ejercicio de valoración integral de los antecedentes del proceso realizado dentro del ámbito de competencia propio de la jurisdicción ordinaria; por lo que, no corresponde a esta jurisdicción constitucional sustituir dicho criterio jurisdiccional mientras no se evidencie arbitrariedad manifiesta, omisión absoluta de valoración o apartamiento de criterios mínimos de razonabilidad, extremos que no concurren en el caso analizado. Por lo expuesto, al no evidenciarse vulneración a los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración probatoria vinculados con el derecho a la libertad, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 116 vta. a 124, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1028_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3977ea0a6af795dd438c35000435d4b718d066c17cc3feaed7dcc3579cd4a4ab
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