Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de septiembre de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos y garantías al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la igualdad procesal de las partes, al juez natural en su elemento de imparcialidad, a la defensa; así como a los principios de verdad material y seguridad jurídica; puesto que, al haberse formulado la recusación contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, la misma fue rechazada por esa autoridad judicial mediante Auto Interlocutorio 191/2023 de 16 de marzo, el cual en grado de revisión, el Vocal ahora accionado por Auto de Vista 01/2023 de 20 del mismo mes, sin exponer las suficientes razones de hecho y de derecho, aprobó el rechazo de la recusación, omitiendo pronunciarse sobre los hechos admitidos por la referida Jueza en el mencionado Auto Interlocutorio; y, efectuando una incorrecta valoración del Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015 de 11 de agosto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución Constitucional 130/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 91 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 01/2023 de 20 de marzo; y, en consecuencia, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita nuevo auto de vista, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la igualdad procesal de las partes, al juez natural en su elemento de imparcialidad, a la defensa; y, a los principios de verdad material y seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1028/2023-S3 Sucre, 12 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 57398-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución Constitucional 130/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 91 a 97, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Adalid Tejada Ponce contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
El accionante por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 21 a 40 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal iniciado el 2013 por el Ministerio Público a instancia del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la comunidad originaria Chuquiña “Matiapampa” de dicho departamento, y el Comité Agropecuario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia Saucari de ese departamento -hoy terceros interesados- contra su persona como Gerente General de la Empresa Minera Inti Raymi Sociedad Anónima (EMIRSA), por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, previstos y sancionados por los arts. 216 y 223 del Código Penal (CP), incorporados por la Ley para la Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH-SIDA -Ley 3729 de 8 de agosto de 2007-, y la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano -Ley 530 de 23 de mayo de 2014-, respectivamente, que fue remitido a conocimiento de la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del señalado departamento, para el juicio oral, público y contradictorio, casi diez años después; en resguardo de su derecho a un juez imparcial, después de varias audiencias de inicio de juicio oral, público y contradictorio, suspendidas por la inasistencia de los ahora terceros interesados, en “marzo” de 2023, formuló recusación contra la referida autoridad judicial por las causales sobrevinientes previstas por el art. 316 incs. 5), 10) y 11) del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que: a) Dicha autoridad judicial tenía un interés personal en el proceso penal de referencia; ya que a pesar que la misma había resuelto declarar el abandono de la querella y acusación particular de los acusadores y supuestas víctimas que no asistan sin justificación alguna a las audiencias fijadas, habiendo procedido de esa manera con varios de ellos en posteriores audiencias de inicio de juicio oral, público y contradictorio, que igualmente fueron suspendidas; así en la audiencia instalada el 11 de ese mes y año, ante la inasistencia injustificada del representante del citado Gobierno Autónomo Departamental, y sin considerar el pedido expreso del Ministerio Público, los acusadores particulares y suyo para que se declare el abandono de la acusación particular de dicho Gobierno Autónomo Departamental, de forma completamente parcializada, vulnerando el derecho a la igualdad procesal de las partes, declaró un cuarto intermedio hasta que se haga presente la representación de la mencionada entidad, procediendo incluso frente a todos los presentes a comunicarse personalmente vía celular con personeros de la misma, a efectos que no se declare el abandono de su acusación, indicándoles que de no asistir se comunicaría directamente con el Gobernador del señalado Gobierno Autónomo Departamental. Finalmente, la referida audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio, se reinstaló cuando el representante de dicho Gobierno Autónomo Departamental, se hizo presente en la misma, casi una hora después de la hora señalada, procediéndose a resolver las excepciones que interpuso, las cuales fueron rechazadas, denotándose la enemistad de la indicada autoridad judicial; y, b) El 13 del mencionado mes y año, su persona junto a sus abogados revisó el internet, donde tuvo conocimiento del Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015 de 11 de agosto, por el cual la señalada autoridad judicial en su calidad de Abogada de la Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos recomendó al entonces Gobernador, ambos del referido Gobierno Autónomo Departamental “…la factibilidad de un convenio en total apoyo a un informe de la Secretaría Departamental de Medio Ambiente, Agua y Madre Tierra” (sic); evidenciándose con ello, el interés personal de esa autoridad judicial en el proceso penal; ya que, fue servidora pública dependiente del señalado Gobierno Autónomo Departamental, ahora tercero interesado, durante la tramitación del mismo, habiéndose beneficiado en ese tiempo con los sueldos percibidos, teniendo amistad íntima con los servidores públicos de dicha entidad. En mérito a ello, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, ante la formulación de la recusación emitió el Auto Interlocutorio 191/2023 de 16 de marzo, a través del cual a pesar de reconocer los hechos sucedidos en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, y que fue servidora pública dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, determinó rechazar esa recusación y no allanarse a la misma, disponiendo la interrupción de plazos para efectos del cómputo de la duración máxima del proceso, y declarando a esa recusación como temeraria. Así, en grado de revisión, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 01/2023 de 20 de marzo, aprobó el rechazo de la recusación, disponiendo que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, continúe conociendo el proceso penal; sin embargo, esa determinación: 1) De manera arbitraria, no consideró ni se pronunció sobre los hechos reconocidos por la citada Jueza en el Auto Interlocutorio 191/2023, por el que admitió que en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de igual mes de 2023, realizó una llamada vía celular a personeros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, demostrando tener una marcada amistad con los mismos, declarando un cuarto intermedio hasta que algún representante de esa entidad se haga presente a efectos de no declarar el abandono de su acusación particular, evidenciándose el trato preferencial hacia el referido Gobierno Autónomo Departamental; señalando de manera forzada que la relación de amistad alegada debía ser demostrada mediante documentación; y, 2) Valoró de forma incorrecta el Informe Legal G.A.D.OR. -S.D.A.J. 745/2015, limitándose a señalar que el mismo no guardaba ninguna relación con el proceso penal; por lo que, concluyó que no se presentó prueba alguna, omitiendo considerar que con dicho Informe Legal se evidenció la relación de dependencia de la referida autoridad judicial con ese Gobierno Autónomo Departamental, constituida como parte acusadora en el proceso penal.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos y garantías al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la igualdad procesal de las partes, al juez natural en su elemento de imparcialidad, a la defensa; así como a los principios de verdad material y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 23, 115.II, 117.I, 119.I y II, 120.I; y, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 01/2023 de 20 de marzo; y, ii) La emisión de un nuevo auto de vista que en grado de revisión resuelva la recusación formulada contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, observando el debido proceso en los elementos alegados en la acción tutelar.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 83 a 90 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, después de que en el proceso penal declaró en anteriores oportunidades sin consideración alguna el abandono de la acusación particular de varios acusadores por su inasistencia injustificada a las audiencias programadas, en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, de manera sorpresiva declaró un cuarto intermedio hasta que el representante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, este presente, procediendo en dicha audiencia a llamar vía celular a personeros de esa entidad, con el objetivo de no declarar el abandono de su acusación particular; b) La citada autoridad judicial, que fue recusada, a través del Auto Interlocutorio 191/2023, admitió todas las causales de recusación que su persona argumentó; asimismo, con relación al Informe Legal G.A.D.OR. -S.D.A.J. 745/2015, la señalada autoridad judicial indicó que si bien suscribió el mismo; sin embargo, no lo hizo como Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos de ese Gobierno Autónomo Departamental; empero, no consideró que su reclamo fue que ejerció funciones como servidora pública dependiente del referido Gobierno Autónomo Departamental, el cual se constituye en el principal acusador del proceso penal del que deviene la acción de amparo constitucional; c) Aunque la mencionada autoridad judicial, no haya recibido dádivas o regalos, como alegó; no obstante, sí percibió beneficios laborales y sociales producto de su relación de dependencia con el indicado Gobierno Autónomo Departamental, situación que sí fue reconocida en el citado Auto Interlocutorio; d) El Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista 01/2023, por el que revisó dicho Auto Interlocutorio, omitió valorar adecuadamente el indicado Informe Legal; ya que de manera falsa indicó que no presentó prueba alguna que acredite las causales de recusación que alegó; e) Con el mencionado Informe Legal se demostró que la referida Jueza fue servidora pública dependiente de la principal entidad acusadora del proceso penal; es decir, del citado Gobierno Autónomo Departamental; empero, el Vocal hoy accionado no se pronunció sobre ese extremo, y tampoco lo hizo con relación a los hechos sucedidos en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, que fueron admitidos por esa Jueza. Al contrario, se limitó a señalar que dicho Informe Legal no tenía ninguna relación con el proceso penal; por lo que, no se constituía en prueba; y, f) A pesar que el Vocal ahora accionado conocía la relación de dependencia de la mencionada Jueza con relación a esa entidad, de manera contraria al principio de verdad material aprobó el rechazo de la recusación, manifestando una supuesta falta de pruebas.
Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 24 de mayo de 2023, cursante de fs. 74 a 76 vta., manifestó que: 1) El argumento relativo a que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, incurriría en la causal de recusación establecida por el art. 316 inc. 5) del CPP, ya que fue servidora pública del Gobierno Autónomo Departamental el 2015, es subjetivo; puesto que, el accionante no acreditó el interés personalísimo exteriorizado por esa autoridad judicial, no siendo suficiente alegar los hechos acontecidos en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de igual año, que se constituyen en actos procesales efectuados ante el retraso de las partes; más aún cuando no presentó prueba alguna sobre los mismos; 2) El Informe Legal G.A.D.OR.-S.D.A.J. 745/2015, que fue obtenido a través de internet, no se constituye en prueba suficiente para demostrar el interés de la citada Jueza en el proceso penal de referencia; puesto que, no guarda relación con el mismo, como tampoco refleja el cargo ni las fechas en las que dicha autoridad judicial hubiera ejercido funciones en el mencionado Gobierno Autónomo Departamental. En ese sentido, se consideró que los argumentos del accionante para formular la recusación se fundaron en meras sospechas subjetivas; 3) En cuanto a la causal de recusación prevista por el art. 316 inc. 10) del CPP, el accionante no demostró que la señalada Jueza o alguno de sus familiares hubiera recibido alguna dádiva o beneficio por parte de dicho Gobierno Autónomo Departamental, simplemente alegó que la misma fue servidora pública de esa entidad; sin embargo, con ello no se acreditó la indicada causal de recusación, debido a que el sueldo que percibió fue en retribución al trabajo realizado en el mencionado Gobierno Autónomo Departamental en el ejercicio de su derecho al trabajo; 4) Sobre la causal de recusación establecida por el art. 316 inc. 11) del CPP, el accionante no demostró la relación de amistad íntima de la citada Jueza con dicho Gobierno Autónomo Departamental. Tampoco identificó a la persona dependiente de esa entidad, con la que tendría la amistad íntima exteriorizada por un trato frecuente; 5) El referido Informe Legal no aportó los elementos suficientes para acreditar las causales de recusación alegadas por el accionante, quien fundó su pretensión en meras alegaciones subjetivas; y, 6) El Auto de Vista 01/2023 se encuentra debidamente fundamentado y motivado no existiendo ninguna vulneración de derechos del accionante; por lo que, pidió que se deniegue la tutela solicitada.
Freddy Antonio Claros Gonzáles en representación de la Dirección Desconcentrada Departamental de Oruro de la Procuraduría General del Estado, en audiencia, manifestó que: i) En el acta de audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, no constan los hechos relatados por el accionante, relativos a que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital de dicho departamento, la cual fue recusada, hubiera llamado vía celular a personeros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, a efectos de que acudan a esa audiencia. La citada autoridad judicial declaró cuarto intermedio con la finalidad de codificar las pruebas, y cuando reinstaló la referida audiencia, el representante del señalado Gobierno Autónomo Departamental, ya se encontraba presente; ii) No consta que el accionante haya reclamado en esa audiencia, el supuesto beneficio y trato desigual que recibió el citado Gobierno Autónomo Departamental con relación a otros acusadores particulares; sino, que recusó a la mencionada Jueza, recién después de que rechazó las excepciones que interpuso, pretendiendo apartarla del proceso penal, para volver a plantear esas excepciones ante otra autoridad judicial; iii) Ninguna persona puede ser amiga íntima de una institución como señaló el accionante. Si bien la citada Jueza pudo ser amiga del entonces Gobernador del indicado Gobierno Autónomo Departamental, ello fue el 2015, estando actualmente ese cargo ocupado por otra persona; iv) El accionante no acreditó el interés que tendría la señalada Jueza para que el proceso penal se resuelva en favor de dicho Gobierno Autónomo Departamental y le genere algún beneficio; v) El accionante no identificó al personero del citado Gobierno Autónomo Departamental, con quien la mencionada Jueza tendría una amistad íntima; vi) El Vocal hoy accionado fue claro al emitir el Auto de Vista 01/2023, indicando que no correspondía considerar el Informe Legal G.A.D.OR.- S.D.A.J. 745/2015 porque no tenía ninguna relación con el proceso penal; y, vii) Tal como señaló el Vocal ahora accionado, la prueba presentada por el accionante es subjetiva. Nicolás Nina Mamani, miembro del Comité Agropecuario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia Saucari del departamento de Oruro, a través de su abogada en audiencia, manifestó que: a) El accionante recusó a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del citado departamento, después de que se rechazaron las excepciones e incidentes que el mismo interpuso, presentando simples impresiones que datan de 2015; b) El accionante fundó la acción tutelar en el simple hecho que la referida Jueza declaró un cuarto intermedio en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, obviando que dicha autoridad judicial tomó esa decisión con la finalidad de no suspender más las audiencias, y así dar continuidad al proceso penal del que deviene la acción de amparo constitucional; c) De manera completamente discrecional, el accionante presentó la acción de defensa en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, cuando los hechos reclamados sucedieron en la ciudad de Oruro; d) No existió ninguna causal sobreviniente para recusar a la mencionada Jueza; ya que, el Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015 es de la gestión 2015, no constituyéndose en una prueba idónea. Por consiguiente, la decisión del Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista 01/2023 fue correcta; y, e) El indicado Auto de Vista cuenta con la debida fundamentación y motivación. La Secretaría Departamental de Medio Ambiente Agua y Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y la comunidad originaria Chuquiña Matajpampa de dicho departamento, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de defensa, a pesar de sus notificaciones cursantes a fs. 58 y 59.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución Constitucional 130/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 91 a 97, concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 01/2023; y, 2) Que el Vocal hoy accionado emita nuevo auto de vista en el plazo previsto por el art. 318.II del CPP; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) No corresponde analizar el argumento relativo a que no concurriría ninguna causal sobreviniente para recusar a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; puesto que, ello no fue parte de los fundamentos del Auto Interlocutorio 191/2023 ni del mencionado Auto de Vista; ii) Del Informe Legal G.A.D.OR.- S.D.A.J. 745/2015, así como de lo indicado por el accionante, que fue confirmado por la citada Jueza y el Vocal ahora accionado, sin ser refutado por los hoy terceros interesados, se advierte que en el 2015 la indicada Jueza mantuvo una relación de dependencia laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, percibiendo un sueldo por esa relación laboral. En ese sentido, tanto la referida Jueza como el Vocal ahora accionado, debieron considerar que la causal de recusación prevista por el art. 316 inc. 10) del CPP, no efectúa una diferenciación entre los tipos de beneficios que pueda percibir la autoridad judicial recusada, pudiendo ser estos regalos, dádivas o beneficios al margen de la ley, como también la retribución por la prestación de algún trabajo, como ocurrió en el caso analizado; por cuanto, el Vocal hoy accionado al pronunciar el señalado Auto de Vista, interpretó de manera errónea los alcances de la referida causal de recusación, incurriendo en una fundamentación y motivación arbitraria sobre la misma; iii) Del propio Auto Interlocutorio 191/2023, se establece que en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, la citada Jueza llamó vía celular a personeros de ese Gobierno Autónomo Departamental; sin embargo, el Vocal ahora accionado en grado de revisión, sin motivación alguna omitió valorar dicha situación, limitándose a señalar que el accionante no habría presentado prueba alguna que acredite ese extremo; iv) En cuanto a la causal de recusación prevista por el art. 316 inc. 5) del CPP, el Vocal hoy accionado no consideró que de lo aseverado por el accionante, y los ahora terceros interesados, el proceso penal del que deviene la acción tutelar inició el 2013, y la mencionada Jueza sostuvo una relación de dependencia laboral con el indicado Gobierno Autónomo Departamental, el 2015; es decir, si bien no consta un pronunciamiento previo de dicha autoridad judicial sobre el proceso penal en cuestión; empero, sí ejerció funciones en la referida entidad acusadora durante la tramitación del mismo; v) El Vocal hoy accionado omitió valorar adecuadamente el citado Informe Legal; ya que si bien el mismo no guarda ninguna relación con el proceso penal; no obstante, sí acreditó que dicha Jueza fue servidora pública en el señalado Gobierno Autónomo Departamental; por lo que, también incurrió en una fundamentación y motivación arbitraria sobre la valoración de ese Informe Legal; y, vi) De acuerdo con lo previsto por el art. 3.III de la Ley de Creación de las Salas Constitucionales -Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018-, el accionante esta facultado para presentar la acción de amparo constitucional ante la Sala Constitucional competente en razón de su domicilio. En ese sentido, siendo que el accionante tiene su domicilio en la av. 20 de octubre 2252, zona Sopocachi de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no es evidente que se hubieran incumplido las reglas de competencia, tal cual reclamó el hoy tercero interesado.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 15 de marzo de 2023, Luis Adalid Tejada Ponce -ahora accionante- formuló recusación contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro adjuntando el Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015 de 11 de agosto (fs. 3 a 9); mereciendo el Auto Interlocutorio 191/2023 de 16 de marzo, por el que la referida autoridad judicial, rechazó y no se allanó a dicha recusación (fs. 14 a 17 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 01/2023 de 20 de marzo, Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionado- aprobó el rechazo de la recusación formulada contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital de ese departamento (fs. 18 a 19 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos y garantías al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la igualdad procesal de las partes, al juez natural en su elemento de imparcialidad, a la defensa; así como a los principios de verdad material y seguridad jurídica; puesto que, al haberse formulado la recusación contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, la misma fue rechazada por esa autoridad judicial mediante Auto Interlocutorio 191/2023 de 16 de marzo, el cual en grado de revisión, el Vocal ahora accionado por Auto de Vista 01/2023 de 20 del mismo mes, sin exponer las suficientes razones de hecho y de derecho, aprobó el rechazo de la recusación, omitiendo pronunciarse sobre los hechos admitidos por la referida Jueza en el mencionado Auto Interlocutorio; y, efectuando una incorrecta valoración del Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015 de 11 de agosto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0458/2016-S3 de 20 de abril, estableció que: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben observarse a tiempo de asumir una determinación, tanto en sede judicial como administrativa. En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, estableció que: ‘…[L]a garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió’” (las negrillas son nuestras). En cuanto a la fundamentación, la SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió…” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (...).
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada...’” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos y garantías al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la igualdad procesal de las partes, al juez natural en su elemento de imparcialidad, a la defensa; así como a los principios de verdad material y seguridad jurídica; puesto que, al haberse formulado la recusación contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, la misma fue rechazada por esa autoridad judicial mediante Auto Interlocutorio 191/2023 de 16 de marzo, el cual en grado de revisión, el Vocal ahora accionado por Auto de Vista 01/2023 de 20 del mismo mes, sin exponer las suficientes razones de hecho y de derecho, aprobó el rechazo de la recusación, omitiendo pronunciarse sobre los hechos admitidos por la referida Jueza en el mencionado Auto Interlocutorio; y, efectuando una incorrecta valoración del Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015 de 11 de agosto. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la comunidad originaria de Chuquiña Matjapampa de dicho departamento, y el Comité Agropecuario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia Saucari del citado departamento -hoy terceros interesados- contra el accionante en su calidad de Gerente General de EMIRSA, por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, este mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2023, formuló recusación contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del mencionado departamento, adjuntando el Informe Legal G.A.D.OR. -S.D.A.J. 745/2015; que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 191/2023, por el que la referida autoridad judicial rechazó la recusación y no se allanó a la misma (Conclusión II.1.). En consecuencia, en grado de revisión, el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 01/2023 aprobó ese rechazo de la recusación (Conclusión II.2.). Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde referirse al reclamo del hoy tercero interesado, Nicolás Nina Mamani, Presidente del Comité Agropecuario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia Saucari del departamento de Oruro, relativo a que el accionante al presentar la acción de defensa en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no observó las reglas de competencia de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ya que los hechos reclamados ocurrieron en la ciudad de Oruro. Al respecto, se debe precisar que según la SCP 1778/2013 de 21 de octubre: “…por el ámbito territorial, son competentes para conocer las acciones de defensa, el Juez o Tribunal: 1) Del lugar donde se haya producido la violación del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder, en los lugares donde no hubiere Juez o tribunales; y, 3) Del domicilio del afectado o afectada, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia” (las negrillas son nuestras). En ese sentido, considerando que el accionante de manera expresa identificó su domicilio en la av. 20 de octubre 2252, zona Sopocachi de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, conforme a su cédula de identidad cursante a fs. 20, se advierte que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, contaba con la competencia territorial para conocer la acción tutelar por tratarse del lugar de residencia del accionante, tal como establece la tercera regla de competencia territorial expuesta líneas arriba; por cuanto, sin exponer mayores fundamentos respecto a dicho reclamo previo, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese marco y conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho en que basa sus decisiones, así como el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo reemplazar esa labor con la simple relación de documentos; dejando de esa manera pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió.
Bajo ese marco jurisprudencial, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si los hechos denunciados por el accionante en la acción tutelar son evidentes o no. Por consiguiente, del memorial presentado el 15 de marzo de 2023, a través del cual el accionante formuló recusación contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, en lo pertinente para la acción tutelar, expuso los siguientes argumentos: a) La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, exteriorizó un interés personal en el proceso penal de referencia en favor de la principal entidad acusadora, como es el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; puesto que, pese a que había resuelto declarar el abandono de la querella y la acusación particular de los acusadores particulares que no asistan sin justificación alguna a las audiencias fijadas, habiendo procedido de esa manera con varios de ellos sin ninguna consideración; en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio, instalada el 11 de marzo de 2023, ante la inasistencia injustificada del representante de dicho Gobierno Autónomo Departamental, y sin considerar el pedido expreso de todos los presentes en la misma, como ser el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, los acusadores particulares, las supuestas víctimas y su persona, para declarar el abandono de la acusación particular de la referida entidad ausente, de forma completamente parcializada, la indicada autoridad judicial, comunicó que esperaría al representante del señalado Gobierno Autónomo Departamental, declarando cuarto intermedio con la excusa de codificar las pruebas, procediendo incluso frente a todos los presentes a comunicarse personalmente vía celular con personeros de esa entidad. a efectos que no se declare el abandono de su acusación; reinstalándose finalmente dicha audiencia cuando el representante del referido Gobierno Autónomo Departamental se hizo presente debido a su insistencia, casi una hora después; oportunidad en la que se rechazaron sus excepciones, evidenciándose la marcada enemistad de la señalada Jueza. b) El 13 de marzo de 2023, junto con sus abogados, revisó el internet, donde descubrió el Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015, por el cual la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, en su calidad de Abogada de la Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos, recomendó al entonces Gobernador, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, “…la factibilidad de un convenio en total apoyo a un informe de la Secretaría Departamental de Medio Ambiente, Agua y Madre Tierra” (sic); evidenciándose con ello el interés personal de esa autoridad judicial en el proceso penal de referencia por haber sido servidora pública dependiente de la señalada entidad acusadora durante la tramitación del mismo, habiéndose beneficiado en ese tiempo con los sueldos percibidos, teniendo amistad íntima con los servidores públicos de dicho Gobierno Autónomo Departamental, que son sus ex colegas de trabajo. c) Con esa manera de actuar, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, incurrió en las casuales de recusación establecidas por el art. 316 incs. 5), 10) y 11) del CPP.
En mérito a ello, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro a través del Auto Interlocutorio 191/2023, determinó rechazar la recusación, y no allanarse a la misma, alegando que: 1) Si bien en la audiencia de inicio de juicio oral, púbico y contradictorio de 11 de marzo de 2023, se solicitó declarar el abandono de la querella del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, ello implicaba una nueva suspensión de esa audiencia; por lo que, se procedió a llamar vía telefónica a personeros de dicho Gobierno Autónomo Departamental, con la finalidad de que un abogado de esa entidad, este presente, declarándose un cuarto intermedio con ese objeto, así como para codificar las pruebas faltantes. 2) Respecto a la causal de recusación prevista por el art. 316 inc. 5) del CPP, el accionante no presentó prueba idónea que acredite cuál sería su interés en el proceso penal, limitándose a indicar que habría ejercido funciones en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; sin embargo, no presentó certificado de trabajo alguno, adjuntando únicamente una copia del Informe Legal G.A.D.OR. -S.D.A.J. 745/2015, el cual no guarda ninguna relación con ese proceso penal, siendo falso que hubiera ejercido el cargo de Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos del mencionado Gobierno Autónomo Departamental.
3) En cuanto a la causal de recusación prevista por el art. 316 inc. 10) del CPP, en virtud al derecho al trabajo del que goza toda persona, quien preste servicios en una entidad estatal, tiene derecho a percibir un sueldo como retribución por el trabajo realizado. En ese sentido, ello no puede ser confundido como un beneficio o dádiva.
4) Con relación al art. 316 inc. 11) del CPP, el accionante no presentó prueba alguna que acredite su amistad íntima con algún servidor público del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y lo identifique; siendo irracional considerar que tenga una relación de amistad íntima con dicho Gobierno Autónomo Departamental. Asimismo, tampoco demostró la supuesta enemistad que se tendría con su persona.
En grado de revisión, el Vocal hoy accionado por Auto de Vista 01/2023, resolvió aprobar el rechazo a la recusación pronunciado por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, disponiendo que dicha autoridad judicial continúe conociendo el proceso penal, bajo los siguientes fundamentos: i) Sobre la causal de recusación establecida por el art. 316 inc. 5) del CPP, el accionante no aportó prueba alguna que demuestre su concurrencia; ya que, el Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015 no tiene ninguna relación con el proceso penal. ii) En cuanto a la causal de recusación prevista por el art. 316 inc. 10) del CPP, el hecho que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, haya percibido un sueldo del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, no significa que hubiera recibido un beneficio; ya que, fue otorgado en retribución al trabajo prestado en esa entidad, no correspondiendo considerarlo como un beneficio.
iii) Con relación a la causal de recusación establecida por el art. 316 inc. 11) del CPP, el accionante no presentó prueba alguna que demuestre una relación de amistad íntima con la parte querellante. En ese sentido, considerando los hechos denunciados en la acción de defensa, efectuando una relación entre la recusación formulada por el accionante contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro y los fundamentos expuestos por esa autoridad judicial, que fueron revisados por el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 01/2023, se tiene que: a) Sobre la falta de consideración y pronunciamiento respecto a los hechos acontecidos en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, que demostrarían el interés personal de la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, y su relación de amistad con servidores públicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; los cuales habrían sido reconocidos por dicha autoridad judicial en el Auto Interlocutorio 191/2023.
Del memorial presentado el 15 de marzo de 2023, a través del cual el accionante formuló recusación contra la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, se establece que uno de los argumentos para formular dicha recusación, fue que la referida autoridad judicial en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, ante la inasistencia injustificada del representante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, ignorando los pedidos de todas las partes presentes para que se declare el abandono de la querella particular de esa entidad, como se lo hizo con otros acusadores particulares, de manera parcializada y exteriorizando su interés personal en el proceso penal, así como su relación de amistad con los servidores públicos de dicho Gobierno Autónomo Departamental, declaró un cuarto intermedio con la finalidad de esperar a su representante, procediendo a comunicarse vía celular con personeros de la misma a efectos de no declarar el abandono solicitado; reinstalándose esa audiencia recién cuando un abogado del indicado Gobierno Autónomo Departamental se hizo presente, casi una hora después de la hora fijada para ese acto procesal.
Asimismo, consta que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 191/2023, alegó que la declaratoria de abandono de querella del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, solicitada en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, conllevaría la suspensión de ese acto procesal; por lo que, se procedió a llamar por vía telefónica a personeros de esa entidad, con la finalidad que un abogado de la misma este presente, declarándose un cuarto intermedio con ese objetivo.
En ese sentido, a pesar que el Vocal hoy accionado en su labor de revisión debía analizar tanto los argumentos vertidos por el accionante como los fundamentos del fallo de la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, en todo su contenido a fin de aceptar o rechazar la recusación formulada contra esa autoridad judicial, tal cual consta en el art. 320 del CPP; se advierte que el Vocal ahora accionado al pronunciar el Auto de Vista 01/2023, sin justificación alguna fundada en derecho, por una parte, omitió pronunciarse sobre los referidos hechos reclamados que habrían acontecido en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, que a decir del accionante demostrarían el interés personal de la señalada Jueza con el proceso penal, y su relación de amistad íntima con personeros de la principal entidad acusadora, como es el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; y, por otra parte, no tomó en cuenta los fundamentos del Auto Interlocutorio 191/2023, en el que la citada Jueza admitió el cuarto intermedio dispuesto con la intención de esperar la presencia del abogado de la señalada entidad acusadora, y que a tal fin se procedió a llamar a dicho Gobierno Autónomo Departamental por vía telefónica.
En ese contexto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional observa que esta primera denuncia resulta ser verdadera; por lo que, el Vocal ahora accionado vulneró el derecho al debido proceso del accionante en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, no consta pronunciamiento alguno sobre lo acontecido en la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, a pesar que ello fue admitido por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, en el Auto Interlocutorio 191/2023, el cual fue revisado por el Vocal ahora accionado, quien si consideraba que tales hechos no acreditaban ninguna causal de recusación, como indicó en su informe presentado en la acción tutelar, debió expresar sus argumentos fundados en razones objetivas que generen certeza en el accionante, y no simplemente evitar pronunciarse como lo hizo. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada sobre ese reclamo. b) Con relación a la incorrecta valoración del Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015, que acreditaría la relación de dependencia que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro tenía con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar la prueba, debido a que esa labor le corresponde privativa y exclusivamente a las autoridades judiciales o administrativas; no obstante, tiene la obligación de verificar si: “1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional” (las negrillas son nuestras [SCP 1916/2012 de 12 de octubre]).
Bajo ese marco jurisprudencial, se advierte que respecto al Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015, el Vocal hoy accionado se limitó a indicar que el mismo no guardaba ninguna relación con el proceso penal del que deviene la acción tutelar; por lo que, no demostraría la concurrencia de la causal de recusación prevista por el art. 316 inc. 5) del CPP; sin embargo, si bien es evidente que omitió efectuar una valoración integral relacionada con la tramitación del proceso penal desde su inicio, el 2013, tal como fue señalado por el accionante y confirmado por los hoy terceros interesados; y, los sucesos de la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 11 de marzo de 2023, conforme el relato expuesto por el accionante en la acción de defensa, y lo afirmado por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, en el Auto Interlocutorio 191/2023; ya que, por una parte, se evidencia que el referido Informe Legal fue suscrito por la citada Jueza el 11 de agosto de 2015, dejando entrever que la misma fue servidora pública del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, cuando el proceso penal se encontraba en curso a instancia de esa entidad como principal parte acusadora, y si bien no consta que hubiera intervenido o emitido algún criterio al respecto, resulta cierto que en su calidad de Abogada de la Secretaría Departamental de Asuntos Jurídicos de dicho Gobierno Autónomo Departamental, tenía acceso a los datos que hacen a ese proceso penal; razón por la cual, pudo asesorar en su tramitación, asumiendo de esa manera un conocimiento anticipado de los hechos denunciados en su oportunidad. Por otra parte, se observa que en la mencionada audiencia, dejó en evidencia que producto de aquella relación de dependencia que mantuvo con el indicado Gobierno Autónomo Departamental, se encuentra en contacto con personeros de esa entidad, al extremo de poder contactarse de manera directa con la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la misma, tal como fue alegado por el accionante, sin que ese extremo haya sido refutado por la mencionada Jueza o por los hoy terceros interesados.
En ese sentido, se constata que el Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de Vista 01/2023, no valoró de manera correcta y razonable el Informe Legal G.A.D.OR. - S.D.A.J. 745/2015, con el simple argumento que no tendría relación con el proceso penal del que deviene la acción tutelar, cuando el objeto de su presentación fue acreditar la relación de dependencia que sostuvo la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, como principal entidad acusadora en el proceso penal de referencia; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada con relación a este punto, ante la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.
Finalmente, en cuanto a la vulneración de los derechos a la igualdad procesal de las partes, al juez natural en su elemento de imparcialidad, y a la defensa; así como a los principios de verdad material y seguridad jurídica, alegados por el accionante en la acción de amparo constitucional, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que el mismo no expuso de manera clara las razones precisas por las que consideró que el Vocal hoy accionado al pronunciarse con la emisión del Auto de Vista 01/2023 habría vulnerado dichos derechos y principios; por esa razón, sin emitir mayor pronunciamiento, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución Constitucional 130/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 91 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 01/2023 de 20 de marzo; y, en consecuencia, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita nuevo auto de vista, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la igualdad procesal de las partes, al juez natural en su elemento de imparcialidad, a la defensa; y, a los principios de verdad material y seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1028_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 307db9d2e525b35d537149a61b34efaf08d1f895a8b3a304548fae0303853bbd
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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