B.IA.LEGAL

SCP 1026/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 29 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
29 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56856-2023-114-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral, al debido proceso y del principio de la seguridad jurídica; toda vez que, habiendo suscrito, el 13 de septiembre de 2021, un Contrato Indefinido de Trabajo con la Empresa Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL S.A.) para desempeñar las funciones de Supervisor de Ruta, ; Edson Hidalgo Rodas, le comunicó que, al haber encontrado supuestas irregularidades en sus encuestas a los puntos asignados y en sus salidas de trabajo durante la gestión 2022, procedería a presentar la denuncia correspondiente ante las instancias competentes, merced a ello, el 16 de febrero de 2023, le iniciaron proceso interno a través de memorándum de la misma fecha; en ese sentido, a efecto de acreditar su inocencia se sometió a la entrevista emitiéndose el Informe del Departamento de Fraude, que determinó analizar su permanencia en la referida empresa telefónica, y posterior a ello, la Comisión Mixta de TELECEL S.A. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 574 a 578, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los actos consentidos libre y expresamente, como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional.
  2. III.2. Improcedencia de la reincorporación cuando el trabajador o la trabajadora opta por el cobro de finiquito
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1026/2025-S3 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56856-2023-114-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 75/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 574 a 578, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Rodríguez Claros contra Jorge Rojas Ruiz, Local Compliance Officer; Rodrigo Giovanny Rojo Jiménez, Director de Asuntos Corporativos; y Juan Pablo Sánchez Orsini, Gerente Legal, todos de la Comisión de Segunda Instancia; Jorge Emilio Salces Paz, Presidente; Gonzalo Javier Castro Salas y Diego Daniel Clavijo Velasco, ambos Representantes Telecel; Heber Baltazar Llusco y Vladimir Oscar Alfaro Ayllón, ambos Representantes de trabajadores de la Comisión Mixta; todos ellos de la Empresa Telefónica Celular de Bolivia Sociedad Anónima (TELECEL S.A.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 y 13 de junio de 2023, cursantes de fs. 229 a 240 vta.; y, 244 a 250., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo suscrito, el 13 de septiembre de 2021, un Contrato Indefinido de Trabajo con la Empresa Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL S.A.) para desempeñar las funciones de Supervisor de Ruta, y ejerciendo sus labores con puntualidad, esmero y dedicación, fue sorprendido por lo manifestado por su inmediato superior, Edson Hidalgo Rodas, quien, de manera prepotente y soberbia, el 8 de noviembre de 2022, le comunicó que, al haber encontrado supuestas irregularidades en sus encuestas a los puntos asignados y en sus salidas de trabajo, durante la gestión 2022, procedería a presentar la denuncia correspondiente ante las instancias competentes, con el propósito de lograr su despido de la fuente laboral. En virtud a ello, el 16 de febrero de 2023, se le inició proceso interno, a través de memorándum de la misma fecha; circunstancia por la cual, ejerciendo su derecho a la defensa presentó en similar data, memorial en el cual adjuntó prueba a efecto de acreditar su inocencia respecto de los hechos sindicados, así como también se sometió a la entrevista, conforme señala el acta de igual fecha en la cual le hicieron preguntas de rutina y posteriormente de manera brusca procedieron a obligarle a atribuirse la responsabilidad de cosas que realizó para mejorar sus rutinas de trabajo. Posteriormente, de manera extraña y en la misma fecha, se emitió el Informe del Departamento de Fraude, el cual sin tener las firmas de los responsables y sin adjuntar prueba documental alguna, determinó analizar su permanencia en la referida empresa telefónica, aspecto que resulta ser lesivo a sus derechos y garantías fundamentales. Consecuentemente, y tras el desarrollo de diversas audiencias de declaraciones testificales de inicio y ampliación realizadas el 2 y el 15 de marzo del citado año, y en virtud del informe ampliatorio emitido por el Departamento de Fraude, el cual contenía únicamente un relato de los procedimientos internos, la Comisión Mixta TELECEL S.A., emitió la Resolución Final de 24 de marzo del mismo año, mediante la cual, resolviendo el incumplimiento del referido contrato de trabajo, recomendó que se procediera a su despido, sin considerar la prueba de descargo presentada mediante sus diversos memoriales, ni lo establecido en el Reglamento Interno de la mencionada empresa telefónica, la Ley General del Trabajo y el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, respectivamente. En ese sentido, y en torno al pronunciamiento de la referida Resolución Final emitida por la Comisión Mixta de TELECEL S.A., dentro el plazo establecido para dicho cometido, interpuso el 30 de marzo del señalado año, el correspondiente recurso de impugnación, en el cual argumentando el incumplimiento a la normativa citada precedentemente, solicitó al Comité de Segunda Instancia, revoque la referida Resolución Final de fecha 24 de marzo de 2023, disponiendo que el Comité Mixto emita nueva resolución, que se adecue a las pruebas presentadas y a la normativa legal vigente, disponiéndose proceder con su inmediata reincorporación a su fuente laboral. En respuesta a lo impetrado, el Comité de Segunda Instancia pronunció la Resolución Definitiva 001/2023 de 17 de abril, en mérito a la cual y bajo las mismas consideraciones realizadas en la Resolución Final de la Comisión Mixta de 24 de marzo 2023, pero con la diferencia que dicho Comité de Segunda Instancia admitió proceder con lo establecido en el art. 82 del Reglamento Interno de TELECEL S.A., el cual señala de forma textual que “…Infracciones con sanción pecuniaria: multas o suspensión temporal sin goce de haberes.- Se aplicará una multa de hasta el 20% del sueldo básico mensual, dependiendo de la gravedad del perjuicio ocasionado. A criterio de La Empresa, esta sanción se podrá ser sustituida por la suspensión sin goce de haberes que no superará los cinco días y en caso de reincidencia, se deberá poner en conocimiento de la Comisión Mixta.."; circunstancia que advierte, que la transgresión cometida por su persona se adecua a una sanción pecuniaria y no así a un despido justificado; aquello en el entendido que este acontecimiento sería su primera infracción de esta índole; no obstante de aquello, y de acuerdo a las consideraciones del referido Comité, en mérito a la Resolución dictada por el Comité de Segunda Instancia, se procedió a ratificar mencionada Resolución final, sin considerar que la sanción a ser impuesta debió ser pecuniaria y no así la de despido justificado; situación por la cual, acude a la justicia constitucional en resguardo de sus derechos y garantías presuntamente vulnerados.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral, al debido proceso y del principio de la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 46.I y II; 48.II; y, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7, 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre (DADDH); 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que: a) La Comisión de Segunda Instancia de TELECEL S.A., emita nueva Resolución Definitiva, considerando todos los derechos y garantías constituciones vulnerados; y, b) El Comité Mixto pronuncie nueva Resolución Final, estableciendo una sanción alterna al despido, misma que se ajuste a lo establecido en el Reglamento Interno de la mencionada empresa telefónica.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 570 a 573, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por medio de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar, y ampliándola manifestó que: 1) TELECEL S.A., mediante Acta de 27 de febrero de 2023, evidenció la instalación de un proceso interno por la supuesta comisión de fraude, emitido por la Comisión Mixta de la misma empresa sin analizar el fondo ni considerar lo establecido en su propio Reglamento Interno, y respecto al principio de no discriminación y a la política del diálogo, refirió que en ningún momento se realizó aquello con él, quien a su vez, tampoco recibió llamadas de atención escritas ni memorándums previos que cursen en su file personal como antecedentes de culpabilidad; 2) Dentro del mencionado proceso interno, no se presentó prueba de cargo idónea, debidamente firmada por funcionarios competentes de la indicada empresa telefónica, señalando solamente que de la prueba aportada por la parte accionada, únicamente se adjuntaron impresiones con gráficos en Excel que fácilmente pudieron ser modificados y manipulados, aspecto que no cuenta con legitimidad ni idoneidad; 3) Dependiendo de la gravedad del perjuicio ocasionado, a criterio de la empresa, la sanción podrá ser sustituida por la suspensión sin goce de haberes que no supere los cinco días; y, en caso de reincidencia, se deberá poner en conocimiento de la Comisión Mixta; y, 4) La Resolución Definitiva emitida por el Comité de Segunda Instancia de Telecel S.A., vulneró lo establecido en el art. 46.I de la CPE, que garantiza el derecho a una fuente laboral estable, así como también lo dispuesto en el art. 48.II del citato texto constitucional, el cual dispone que las normas laborales deben aplicarse bajo los principios de protección a los trabajadores, aquello al disponerse su despido supuestamente justificado.

I.2.2. Informe de los demandados

Juan Pablo Sánchez Orsini, Gerente Legal, y miembro de la Comisión Mixta; de la Empresa Telefónica TELECEL S.A., a través de informes escritos presentados el 22 de junio de 2023, cursante de fs. 488 a 496 vta., y 3 de julio -este último en dos oportunidades- cursantes de fs. 526 a 534 vta.; y, 536 a 544, y en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela impetrada argumentando que: i) El art. 30 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que las acciones de amparo constitucional serán declaradas improcedentes ante el incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 33 del mismo cuerpo normativo, precepto que dispone expresamente que dicha acción tutelar debe contener una relación clara de los hechos, la identificación de los derechos y garantías presuntamente vulnerados, así como un petitorio preciso, aspecto que en el presente caso no ocurrió, razón por la cual corresponde la improcedencia de la acción por falta de nexo causal entre los hechos expuestos, los derechos alegados y la pretensión de defensa; ii) El accionante no solo incurrió en la prohibición de instalar software no autorizado en equipos de propiedad de la empresa, sino que lo hizo con el fin de simular el cumplimiento de su trabajo y de su horario, lo que supuso un incumplimiento de las políticas de la empresa, debidamente conocidas por el solicitante de tutela, así como una infracción al Reglamento Interno y al Contrato de Trabajo; iii) Consecuentemente, no existió despido injustificado ni ilegal; por el contrario, hubo una causa sustentada que motivó la terminación de la relación laboral, a lo que se sumó la aplicación de un debido proceso interno mediante el cual se respetó el derecho a la defensa del impetrante de tutela; iv) Lamentablemente, el accionante, de forma intencional, omitió referirse al cobro de sus derechos y beneficios sociales, mediante el correspondiente finiquito, debidamente visado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social el 28 de abril de 2023, a través del cual le fue cancelado un monto aunque el mismo no le correspondían -indemnización por años de servicio, aguinaldo en duodécimas y vacaciones acumuladas, por un monto total de Bs7 320.- (siete mil trescientos veinte bolivianos), suma que fue recibida en su integridad por el prenombrado; v) Se reportaron visitas a puestos de supervisión en los que no se encontraba para realizar el llenado de las encuestas encargadas, que forman parte de sus funciones. Consecuentemente, ante dichos reportes falsos o alterados, se tiene que el accionante incumplió su carga horaria laboral establecida y simultáneamente incumplió lo pactado en su contrato de trabajo; vi) Con relación a los puntos precedentemente expuestos, se advierte la razón por la cual el accionante no acudió al Ministerio de Trabajo para denunciar y solicitar la reparación de su derecho a la estabilidad laboral en apego a la Ley 1468 de 3 de octubre de 2022; sin embargo, de la acción constitucional interpuesta y de los documentos adjuntos se evidencia que, en el caso del impetrante de tutela, se evidenció que se respetaron sus derechos a la defensa y al debido proceso, así como también el principio de presunción de inocencia, pues en virtud a lo referido, se le instauró un proceso interno previo y no uno arbitrario; vii) Respecto al derecho a la estabilidad laboral y al trabajo, en casos de supuestos despidos injustificados como el denunciado, tanto el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social como la jurisdicción constitucional se encuentran impedidos de conocer y conceder tutela cuando ha existido un proceso interno previo de despido del trabajador; viii) El accionante pretende la aplicación de conceptos procesales propios de la jurisdicción ordinaria al referirse a una violación al derecho al debido proceso, sin embargo, en la presente causa, como bien lo expresa el prenombrado, se tiene que se le instauró un proceso interno previo dentro del establecimiento de las garantías al derecho al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia; y, ix) La trabajadora o trabajador que haya hecho efectivo el cobro de beneficios sociales, no podrá solicitar su reincorporación a través de la vía administrativa, y en el presente caso al evidenciarse dicha situación aconteció; dado que existe un documento idóneo que acredita dicho cobro, la misma no puede ahora ser reclamada a través de la jurisdicción constitucional. Gonzalo Javier Castro Salas, Representantes de Telecel de la Comisión Mixta de la Empresa Telefónica TELECEL S.A., a través de informe escrito presentado el 3 de julio del citado año, cursante a fs. 536 a 544 vta., y en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela peticionada con similares argumentos expuestos por Juan Pablo Sánchez Orsini; empero, ampliándolo señaló que: a) El accionante, de forma intencional omitió referirse al cobro de sus derechos y beneficios sociales mediante el correspondiente finiquito debidamente visado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social el 28 de abril de 2023, mediante el cual le fue cancelado lo adeudado aunque aquello no le correspondía; consecuentemente, se tiene que el referido cobro en efectivo de sus beneficios sociales tienen una relevancia constitucional siendo que mediante dicho acto el prenombrado generó un acto consentido por el cual la tutela constitucional resulta inviable conforme lo determina el art. 53.2 del CPCo; b) En el ámbito laboral y propiamente en el caso de reincorporaciones laborales el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció un criterio con respecto a la imposibilidad de otorgar la reincorporación cuando se ha demostrado el cobro efectivo del finiquito por los derechos y beneficios sociales del ex trabajador, en ese contexto, se tiene presente que en virtud a lo dispuesto por art. 10.I del DS 28699 que, cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, este podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; y, c) La naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, establece que este medio de defensa tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona naturales o jurídicas, de las cuales se restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir sus derechos y garantías fundamentales; pese a ello, en el tema laboral, en relación a despidos injustificados e intempestivos, se tendrá presente que cuando el trabajador sea cesado, este podrá solicitar su reincorporación u optar por el cobro de sus beneficios sociales, ahora en la presente causa, al haber optado el accionante por el pago de sus beneficios, se tiene que este tácitamente se encuentra de acuerdo con su desvinculación laboral; circunstancia por la cual ese aspecto nuevamente, no puede ser tutelado ahora por la justicia constitucional. Jorge Rojas Ruiz, Local Compliance Officer y miembro de la Comisión de Segunda Instancia; Jorge Emilio Salces Paz, Presidente; Diego Daniel Clavijo Velasco, Representante Telecel; Heber Baltazar Llusco, Representantes de trabajadores, los tres últimos miembros de la Comisión Mixta; todos ellos de la Empresa Telefónica TELECEL S.A., mediante informe escrito presentado el 3 de julio del referido año, y en audiencia de garantías solicitaron se deniegue la tutela peticionada, alegando similares argumentos expuestos a lo expuesto por Juan Pablo Sánchez Orsini. Vladimir Oscar Alfaro Ayllón, Representante de trabajadores de la Comisión Mixta de la Empresa Telefónica TELECEL S.A., a través de informe escrito presentado el 3 de julio del citado año, y en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: 1) El art. 30.I.1 del CPCo, dispone que la improcedencia de la acción de amparo constitucional, se puede dar cuando no se acredite debidamente la legitimación activa, que únicamente le está conferida a quien considere que sus derechos constitucionales sean vulnerados, bajo dicha premisa corresponde resaltar que el art. 1 del Reglamento Interno de TELECEL S.A., indica que el Régimen Laboral de Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL S.A.), se regirá por el presente Reglamento Interno que determinará la relación laboral entre dicha empresa y sus trabajadores, dentro del cual se establece con claridad que la Comisión Mixta es la instancia establecida para el conocimiento de las infracciones muy graves y aquellas previstas por los arts. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento; en ese sentido, se observa que el accionante pretende impugnar resoluciones de la Comisión Mixta y de la Comisión de Segunda Instancia, omitiendo señalar al Tribunal de garantías que ya no es trabajador de TELECEL S.A. al haber cobrado su finiquito de forma voluntaria admitiendo la conclusión de la relación, razón por la cual dejó se tener dicha calidad; aspecto que infiere en la ausencia de legitimación activa; 2) La prueba producida por el accionante fue debidamente analizada y ponderada en ambas instancias del proceso interno seguido en su contra, tal es así que en ambas resoluciones accionadas se encuentra la descripción de los hechos que motivaron el procesamiento interno del ex trabajador que son relatados en su memorial de acción constitucional; aspecto por el cual, no es posible manifestar que en la presente causa existió una supuesta falta de valoración probatoria; 3) El impetrante de tutela realizó una relación incompleta, distorsionada y falsa de los hechos por los que fue sometido a proceso interno y pretende minimizar la sanción aplicable; correspondiendo, de acuerdo con los hechos debidamente comprobados, su procesamiento y sanción por faltas muy graves e incumplimiento al contrato de trabajo; y, 4) Ante el incumplimiento demostrado del contrato de trabajo, se conformó una causa justificada de despido; circunstancia por la cual, la sanción de despido resulta totalmente congruente con los hechos y las acciones indebidas manifestadas por el accionante; consecuentemente, no existe vulneración alguna al derecho al debido proceso, porque en este caso el principio de legalidad ha sido cumplido adecuadamente. Rodrigo Giovanny Rojo Jiménez, Director de Asuntos Corporativos y miembro de la Comisión de Segunda Instancia de la Empresa Telefónica TELECEL S.A., en audiencia de garantías por intermedio de su abogado solicitó se deniegue la tutela peticionada, alegando similares fundamentos expuestos por los demandados citados precedentemente.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Edson René Hidalgo Rodas, no presentó informe escrito, así como tampoco estuvo presente en la audiencia de garantías, pese a su notificación realizada cursante a fs. 266.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 75/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 574 a 578, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante omitió demostrar a la justicia constitucional cómo la actividad desplegada por los demandados, a tiempo de resolver el recurso de apelación y dictar la Resolución Definitiva 001/2023, lesionaron sus derechos y garantías invocados, pues el prenombrado solamente se limitó a denunciar errores procedimentales, sin exponer las razones por las cuales considera que dicho fallo carecía de congruencia y motivación y que esa ausencia referida afectaría materialmente a su derecho al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral; ii) Por lo expuesto, se advierte también que, producto de una incorrecta argumentación planteada, el impetrante de tutela, no identificó el nexo de causalidad existente entre la Resolución Definitiva ahora cuestionada con la presunta lesión de sus derechos y garantías fundamentales; puesto que este, en su memorial de amparo constitucional, solo se limitó a citar normativa legal y jurisprudencia, así como varias Sentencias Constitucionales, pretendiendo que esta jurisdicción ingrese a analizar el proceso administrativo de referencia y asuma un rol de un Tribunal de apelación, aspecto que no concuerda con las funciones y atribuciones de la jurisdicción constitucional; por lo que, ante la ausencia de carga argumentativa, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta; iii) Ahora en cuanto a la relevancia constitucional, deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal, en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna; y, iv) Del análisis realizado a la Resolución Definitiva 001/2023 emitida por las autoridades accionadas, se concluye que la misma cumple con los parámetros requeridos de fundamentación, motivación y congruencia, así como también de valoración de la prueba; dado que dicha actividad -valoración de la prueba- solamente le es reconocida a la jurisdicción ordinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene contrato de trabajo indefinido, suscrito el 13 de septiembre de 2021, entre Edgar Rodríguez Claros -accionante- y la Empresa Telefónica TELECEL S.A., a efecto de que el prenombrado realice la funciones de Supervisor de Ruta, mismo que se rige a lo dispuesto por la Ley General del Trabajo (LGT) y su Decreto Reglamentario, el cual en su Cláusula Décima Segunda establece que dicho acuerdo laboral, podrá ser rescindido por parte de la citada empresa por infracciones del trabajador, aquello en el marco de lo previsto en el art. 16 de la LGT y su Decreto Reglamentario (fs. 5 a 11). II.2. A través de Memorándum de 16 de febrero de 2023, emitido por la Coordinadora de Relaciones Laborales de TELECEL S.A., se puso en conocimiento del impetrante de tutela el inicio de proceso interno, aquello en virtud a haberse identificado el incumplimiento al procedimiento de distribución, situación por la cual se procedió con la suspensión de sus funciones de manera temporal con goce de haberes (fs. 14). II.3. Ante la emisión del indicado Memorándum, el solicitante de tutela a través de memorial de similar fecha dirigido al Presidente y Representantes de la Comisión Mixta de TELECEL S.A., procedió a presentar los descargos correspondientes, solicitando en consecuencia que, en mérito a lo establecido en el art. 100 del Reglamento Interno de Telefónica Celular de Bolivia S.A. y en virtud de los principios de verdad material, presunción de inocencia, debido proceso y derecho a la defensa, se proceda con la correcta valoración de la prueba aportada y se disponga una sanción alternativa a su despido (fs. 15 a 18). II.4. Se tiene Informe del Departamento de Fraude de la referida empresa telefónica de 16 de febrero de 2023, suscrito por Erwin Andrés Ortiz Paiva, sobre el caso “Incumplimiento de Funciones”, a través del cual se recomendó realizar las siguientes acciones: a) Analizar la permanencia del accionante en la citada empresa, aquello en virtud al incumplimiento de funciones por parte del mencionado; b) Realizar auditorías in situ para detectar que no concurran casis similares; y, c) Analizar la posibilidad de rotación de los supervisores (fs. 34 a 40). II.5. A través de Acta de Inicio de Proceso Interno de 27 de febrero de 2023, suscrito por el Presidente de la Comisión Mixta de TELECEL S.A., se dispuso notificar al impetrante de tutela a efectos que el prenombrado, asuma su defensa irrestricta sobre la comisión de hechos sindicados en su contra, debiendo el mismo presentarse el 2 de marzo del referido año para prestar su declaración informativa correspondiente (fs. 42 a 43). II.6. Por memorial presentado el 7 de marzo del citado año, el impetrante de tutela asumiendo su defensa, presentó pruebas de descargo, y en consecuencia de ello solicitó se emita Resolución fundamentada enmarcada dentro del debido proceso por la cual, se declare la absolución de los cargos increpados en su contra (fs. 52 a 59). II.7. En virtud al inicio de proceso interno contra el peticionante de tutela y a la presentación de pruebas de descargo de su parte, la Comisión Mixta de TELECEL S.A., pronunció Resolución Final de 24 de marzo de 2023, a través de la cual dispuso recomendar a la Gerencia de Recursos Humanos de la señalada empresa telefónica imponer la sanción de despido justificado contra el prenombrado (fs. 127 a 132). II.8. En virtud a la emisión de la Resolución Final de 24 de marzo de 2023, dictada por la Comisión Mixta de TELECEL S.A., el accionante, formuló recurso de impugnación a través de memorial de 30 de marzo del referido año, por el cual impetró se remitan antecedentes a la Comisión de segunda instancia a objeto que la misma emita nueva resolución en la cual se imponga la correspondiente llamada de atención (fs. 140 a 147). II.9. En respuesta al recurso de impugnación formulado por el impetrante de tutela, la Comisión de Segunda Instancia de la empresa TELECEL S.A., pronunció la Resolución Definitiva 001/2023 de 17 de abril del citado año, en mérito de la cual resolvió ratificar en todos sus términos la Resolución Final emitida por la Comisión Mixta de 24 de marzo 2023 con referencia al proceso disciplinario establecido contra Edgar Rodríguez Claros (fs. 151 a 153). II.10. Se tiene finiquito, sin debidamente visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de 28 de abril de 2023, a través del cual se evidencia que el accionante, procedió en el cobro de Bs7 320.- (siete mil trescientos veinte bolivianos), suma que fue recibida en su integridad por el prenombrado por concepto de la liquidación de sus derechos y beneficios sociales, correspondiente a indemnización por años de servicio, aguinaldo en duodécimas y vacaciones acumuladas, que le otorgó la empresa Telefónica Celular de Bolivia TELECEL S.A. (fs. 296 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral, al debido proceso y del principio de la seguridad jurídica; toda vez que, habiendo suscrito, el 13 de septiembre de 2021, un Contrato Indefinido de Trabajo con la Empresa Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL S.A.) para desempeñar las funciones de Supervisor de Ruta, ; Edson Hidalgo Rodas, le comunicó que, al haber encontrado supuestas irregularidades en sus encuestas a los puntos asignados y en sus salidas de trabajo durante la gestión 2022, procedería a presentar la denuncia correspondiente ante las instancias competentes, merced a ello, el 16 de febrero de 2023, le iniciaron proceso interno a través de memorándum de la misma fecha; en ese sentido, a efecto de acreditar su inocencia se sometió a la entrevista emitiéndose el Informe del Departamento de Fraude, que determinó analizar su permanencia en la referida empresa telefónica, y posterior a ello, la Comisión Mixta de TELECEL S.A. emitió la Resolución Final de 24 de marzo del mismo año, mediante la cual, recomendó que se proceda a su despido de la mencionada empresa, sin considerar la prueba de descargo presentada, situación por la cual, presento recurso de impugnación, resuelto por la Comisión de Segunda Instancia de la citada empresa, a través de la Resolución Definitiva 001/2023 de 17 de abril de 2023, ratificar en todos sus términos la Resolución Final emitida por la Comisión Mixta de 24 de marzo del citado año, aspecto que considera lesivo sus derechos y garantías fundamentales; toda vez que la sanción a ser impuesta debió ser pecuniaria y no así la de despido, solicitando al efecto: 1) Que la Comisión de Segunda Instancia de TELECEL S.A., emita nueva Resolución Definitiva, considerando todos los derechos y garantías constituciones vulnerados; y, 2) Que el Comité Mixto pronuncie nueva Resolución Final estableciendo una sanción alterna al despido, misma que se ajuste a lo establecido en el Reglamento Interno de la mencionada empresa telefónica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre los actos consentidos libre y expresamente, como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional.

Jurisprudencia reiterada

[M]ás allá de formalismos, son los hechos y la actitud de la persona supuestamente agraviada la que en definitiva conducen a determinar si hubo acto consentido o no, en ese caso aunque no haya una expresión expresa en ese sentido, tiene el mismo efecto del consentimiento tácito, pero reflejado en actos expresos y libres de sometimiento a los efectos del acto, decisión o resolución que se impugna de ilegal; lo cual resulta un contrasentido, dado que si hay sometimiento voluntario palpable o demostrable, no puede posteriormente tachar de ilegalidad a lo que se ha sometido, puesto que la jurisdicción constitucional no está sujeta a la desidia de las partes, quienes pese a tener en su momento el derecho y la posibilidad de interponer la acción de amparo constitucional de manera inmediata con un procedimiento y tutela también inmediata y efectiva, no lo hicieron, y es más, lo cumplieron; o luego de haber activado la acción de amparo constitucional, de manera paralela se sometieron a los efectos de la Resolución impugnada, pese a estar en trámite la acción de amparo constitucional” (resaltado añadido). El precedente jurisprudencial fue extractado de la SC 0906/2010-R de 10 de agosto. [L]a SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, respecto al entendimiento y procedencia de los actos consentidos, señaló que: “…la jurisprudencia constitucional en su SCP 0198/2012 de 24 de mayo, emitido por este mismo Despacho, señaló 'En este orden, implica que el legislador ha considerado que al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aun cuando después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica consecuencia no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna'. Siendo importante el aspecto de consentimiento sobre los actos emergentes en los casos donde se vulneran derechos y garantías constitucionales, debiendo señalarse que al respecto, el art. 53.2 del CPCo, señala que la acción de amparo constitucional no procederá: 'Contra actos consentidos libre y expresamente…' . (…) En tal sentido, se debe establecer que para que exista un acto consentido, debe existir una voluntad manifiesta sobre una acción, siendo muy importante la determinación de la voluntad expresa o manifiesta sobre hechos y actos.

De esta forma, se deben establecer las siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido, en tal sentido deberá considerarse como acto consentido: a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos”. (las negrillas corresponden al texto original).

El precedente jurisprudencial fue extractado de la SCP 1721/2014 de 5 de septiembre.

III.2. Improcedencia de la reincorporación cuando el trabajador o la trabajadora opta por el cobro de finiquito

[L]a naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, señala que este medio de defensa tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, sea contra actos ilegales u omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir; sin embargo, en los casos vinculados a los despidos injustificados e intempestivos, cuando el trabajador cesado, solicita su reincorporación habiendo optado previamente por el cobro de sus beneficios sociales, incurre en una pretensión que no puede ser amparada por la justicia constitucional; por cuanto, al haber optado por el pago de sus beneficios, se tiene que tácitamente se encuentra de acuerdo con su desvinculación laboral. Es así que, la SCP 1096/2012 de 5 de septiembre, luego de realizar un análisis del art. 10.I del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, estableció que: “…si la trabajadora o el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales, se entiende que está de acuerdo con su desvinculación laboral; en cuyo supuesto, para ser coherente con su exigencia no puede al mismo tiempo solicitar su reincorporación. De ahí que si el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales (los cobra o consiente en su pago) no es procedente la acción de amparo constitucional, quedándole la vía administrativa conciliadora (art. 105 de la LGT) y en caso de controversia la vía ordinaria judicial laboral, porque ante una eventual controversia que se suscite entre el trabajador y el empleador respecto al pago de los beneficios sociales (monto u otro tipo de conflicto), esta problemática no puede ser resuelta por la justicia constitucional, debido al amplio debate y valoración de prueba que requiere, siendo la vía idónea la jurisdicción laboral ” (el resaltado corresponde al texto original).

El precedente jurisprudencial fue extractado de la SCP 0307/2017-S3 de 12 de abril.

III.3. Análisis del caso concreto

De los hechos que motivan la presente acción tutelar y los antecedentes cursantes en el legajo procesal se tiene: contrato de trabajo indefinido, suscrito el 13 de septiembre de 2021, entre el accionante y la Empresa TELECEL S.A., a efecto que el prenombrado realice la funciones de Supervisor de Ruta, mismo que se rige de acuerdo a lo establecido por la LGT y su Decreto Reglamentario, el cual en su Cláusula Décima Segunda establece que dicho acuerdo laboral, podrá ser rescindido por parte de la citada empresa por infracciones del trabajador (Conclusión II.1); así como también Memorándum de 16 de febrero de 2023, emitido por la Coordinadora de Relaciones Laborales de la referida empresa telefónica, por el cual se puso en conocimiento del impetrante de tutela el inicio de proceso interno, aquello en virtud a haberse identificado el incumplimiento al procedimiento de distribución (Conclusión II.2).

Posteriormente, ante la emisión del indicado Memorándum, el solicitante de tutela a través de memorial de similar fecha dirigido al Presidente y Representantes de la Comisión Mixta de TELECEL S.A., procedió a presentar los descargos correspondientes, solicitando en consecuencia que, en mérito a lo establecido en el art. 100 del Reglamento Interno de Telefónica Celular de Bolivia S.A. y en virtud de los principios de verdad material, presunción de inocencia, debido proceso y derecho a la defensa, se proceda con la correcta valoración de la prueba aportada y se disponga una sanción alternativa a su despido (Conclusión II.3); no obstante de ello, se emitió Informe del Departamento de Fraude de la referida empresa telefónica de 16 de febrero de 2023, sobre el caso “Incumplimiento de Funciones”, a través del cual se recomendó realizar las siguientes acciones: i) Analizar la permanencia del accionante en la citada empresa, aquello en virtud al incumplimiento de funciones; ii) Realizar auditorías in situ para detectar que no concurran casos similares; y, iii) Analizar la posibilidad de rotación de los supervisores (Conclusión II.4)

Consecuentemente, a través de Acta de Inicio de Proceso Interno de 27 de febrero de 2023, se dispuso notificar al impetrante de tutela a efectos que el prenombrado, asuma su defensa irrestricta sobre la comisión de hechos sindicados en su contra, debiendo el mismo presentarse el 2 de marzo del referido año para prestar su declaración informativa correspondiente (Conclusión II.5); pese a lo señalado, por memorial presentado el 7 de marzo del citado año, el impetrante de tutela asumiendo su defensa, presentó pruebas de descargo, y en consecuencia solicitó se emita Resolución fundamentada enmarcada dentro del debido proceso por la cual, se declare la absolución de los cargos increpados en su contra (Conclusión II.6).

En virtud al inicio de proceso interno contra el peticionante de tutela y a la presentación de pruebas de descargo de su parte, la Comisión Mixta de TELECEL S.A., pronunció Resolución Final de 24 de marzo de 2023, a través de la cual dispuso recomendar a la Gerencia de Recursos Humanos de la señalada empresa telefónica imponer la sanción de despido justificado en su contra (Conclusión II.7); situación por la cual, ante dicho acontecimiento, el prenombrado a través de memorial de 30 de marzo del referido año, formuló recurso de impugnación, por el cual impetró se remitan antecedentes a la Comisión de segunda instancia a objeto que la misma emita nueva resolución en la cual se imponga la correspondiente llamada de atención (Conclusión II.8).

En respuesta al recurso presentado, la Comisión de Segunda Instancia de la empresa TELECEL S.A., pronunció la Resolución Definitiva 001/2023 de 17 de abril, en mérito de la cual resolvió ratificar en todos sus términos la Resolución Final emitida por la Comisión Mixta de 24 de marzo 2023, con referencia al proceso disciplinario establecido contra Edgar Rodríguez Claros (Conclusión II.9). Finalmente, en obrados cursa finiquito visado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social de 28 de abril de 2023, a través del cual se evidencia que el accionante, procedió en el cobro de Bs7 320, suma que fue recibida en su integridad por el prenombrado por concepto de la liquidación de sus derechos y beneficios sociales, correspondiente a indemnización por años de servicio, aguinaldo en duodécimas y vacaciones acumuladas, que le otorgó la empresa TELECEL S.A. a su favor y constancia (Conclusión II.10). Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde señalar que son los hechos y principalmente la actitud de la persona presuntamente agraviada, la cual en definitiva conducen a determinar si aconteció un acto consentido, aquello en mérito a considerar que el consentimiento es precisamente una expresión libre de la voluntad; en ese contexto, se tiene presente que de acuerdo a lo establecido por el art. 53.2 CPCo, la acción de amparo constitucional no procederá contra actos consentidos libre y expresamente; situación que a su vez, infiere que para la materialización de dicho contexto deberá existir una voluntad manifiesta sobre una acción concreta, de manera tal que, cuando el accionante se conforma con el acto que alega de lesivo, o lo hubiera admitido por manifestaciones de su voluntad, no existe razón para otorgar la tutela peticionada por este. Ahora, de la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, y teniendo en cuenta las actuaciones procesales desarrolladas en etapa de impugnación de primera y segunda instancia; se evidencia que, el accionante siendo notificado el 16 de febrero de 2023 con el memorándum de inicio de proceso interno, y pese a que presentó los descargos correspondientes en virtud de demostrar su inocencia sobre los hechos imputados en su contra -irregularidades en sus encuestas a los puntos asignados y en sus salidas de trabajo durante la gestión 2022-, posterior a ello, la Comisión Mixta de TELECEL S.A. emitió la Resolución Final de 24 de marzo de similar año, mediante la cual, resolviendo el incumplimiento del referido contrato de trabajo, recomendó proceder con su despido de la mencionada empresa; situación que siendo refutada a través del recurso de impugnación formulado el 30 de marzo del referido año, en respuesta al mismo la Comisión de Segunda Instancia de la citada empresa, resolvió a través de la Resolución Definitiva 001/2023 de 17 de abril de 2023, ratificar en todos sus términos la Resolución Final emitida por la mencionada Comisión Mixta. En ese marco y en virtud a lo formulado por el accionante en su petitorio expuesto en la presente acción de defensa, se constata que este, lo que impetró fue, que la Comisión de Segunda Instancia de TELECEL S.A., emita una nueva Resolución Definitiva considerando todos los derechos y garantías constituciones vulnerados y merced a ello ordenar que la Comisión Mixta pronuncie nueva Resolución Final estableciendo una sanción alterna al despido, misma que se ajuste a lo establecido en el Reglamento Interno de la mencionada empresa telefónica, señalando en consecuencia que la sanción a ser impuesta debería ser pecuniaria y no así la de un despido justificado.

Ahora, en virtud a lo obrado en todo el proceso administrativo instaurado contra el accionante, se tiene presente que, lo que el prenombrado solicitó se encontraba relacionado al establecimiento de una sanción en su contra pero dentro de un ámbito correctivo; es decir, con el establecimiento de una sanción en este caso pecuniaria o económica, misma que no sea la de un despido justificado; empero, contrario sensu a lo peticionado, a través de la firma de un finiquito mismo que se encontraría visado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social de 28 de abril de 2023, procedió a aceptar el mismo y en consecuencia de ello, optó por el cobro de Bs7 320, suma que fue recibida en su integridad, por concepto de la liquidación de sus derechos y beneficios sociales, correspondiente a indemnización por años de servicio, aguinaldo en duodécimas y vacaciones acumuladas, que le otorgó la empresa Telefónica Celular de Bolivia TELECEL S.A. En ese contexto, de lo referido precedentemente, se observa que el impetrante de tutela, a pesar de solicitar que en su caso se proceda con el establecimiento de una sanción económica y no de un despido, este de manera contradictoria procedió a cobrar de manera voluntaria un finiquito otorgado por TELECEL S.A., hecho que evidencia la existencia de un pago de beneficios sociales y por ende el consentimiento de la ruptura de su relación laboral, aquello en el entendido que, si la trabajadora o el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales, se entiende que está de acuerdo con su desvinculación laboral, de ahí se tiene que si el trabajador opta por el pago de sus beneficios sociales -los cobra o consiente en su pago-; posteriormente, no resulta procedente acudir a este mecanismo de defensa para reclamar una desvinculación que califique como ilegal o arbitraria, por consiguiente, en la problemática sometida a revisión corresponde denegar la tutela en mérito a los fundamentos desarrollados ut supra. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 574 a 578, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1026_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): e68814fc2f165b5d181a011b03195dc530608f77823db23288c044bcaa2485e1

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