Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos, a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, a raíz de la Resolución 167/2023, emitida por la autoridad demandada, que determinó el rechazo de su solicitud de cesación a su detención preventiva, interpuso recurso de apelación, y que la misma hasta la presentación de su acción de libertad no fue remitida al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido dieciséis días, ocasionando una mora procesal vinculada directamente con su libertad, más aún, sin considerar que se trata de una persona de la tercera edad de sesenta y siete años. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022, de 31 de marzo, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer la remisión del testimonio de apelación en el plazo de veinticuatro horas, en caso de no haber sido remitido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1025/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54720-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gary Moisés Palenque Rivero en representación sin mandato de Freddy Torrejón Rocabado contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de prevaricato y otros, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. El 15 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, que concluyó con la Resolución 167/2023 de igual fecha, emitida por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, -autoridad ahora demandada-, rechazando la solicitud de cesación a su detención preventiva; razón por la cual, en la referida audiencia, interpuso recurso de apelación conforme al art. 251, 403.3 y 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitando que en el plazo máximo de tres días se remita el legajo de apelación ante el tribunal de alzada; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad, el Juez ahora demandado, no remitió el legajo de apelación, habiendo transcurrido aproximadamente dieciséis días calendario, y que dicha demora procesal tiene vinculación directa con la restricción de su derecho a la libertad, sin considerar que se trata de una persona de la tercera edad de sesenta y siete años, que pertenece a un grupo vulnerable y en consecuencia debe recibir protección reforzada de sus derechos y garantías constitucionales.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, citando al efecto el art. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene que el Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia hacía la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, remita el legajo de apelación al Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliando los mismos manifestó que: a) Desde el 15 de marzo de 2023, su abogado así como sus asistentes, se apersonaron todos los días al Juzgado donde radica la causa, a objeto de solicitar la coordinación para la remisión del legajo de apelación al “Tribunal Departamental de Justicia” (sic); sin embargo, solo obtuvieron respuestas evasivas por parte de los funcionarios de dicho despacho judicial, quienes manifestaron que el expediente se encontraba en despacho con la Resolución esperando por la firma de la autoridad demandada; en ese sentido, transcurrieron diecisiete días hasta el día de la presentación de la acción de libertad, razón por la que acudió a la justicia constitucional; b) Ante la existencia de un motivo, razón o circunstancia legalmente reconocida, excepcionalmente el plazo para la remisión de la apelación se amplía a tres días, sin embargo en el caso en particular no existía causal para el retraso de diecisiete días, más aún sin considerar que se trata de una persona privada de libertad con sesenta y siete años que pertenece a un grupo vulnerable que merece una protección reforzada; y, c) No pudo hacer constar que el expediente todo el tiempo se encontraba en despacho; toda vez que, no existe un libro del litigante como en cualquier otro juzgado para hacer notar ciertas irregularidades.
Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su homologo primero, mediante informe escrito presentado el 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 9 a 10, manifestó que: 1) La autoridad accionada a la fecha de la presentación de la acción de libertad, se encontraba en comisión de estudios en el país de México, extremo que hizo conocer a la notificadora de la gestora, a efectos de la no vulneración de sus derechos; en ese sentido, no existió una citación efectiva con la acción tutelar a la autoridad demandada; por lo que, correspondía la anulación de obrados de la acción de libertad y que se proceda a la correcta citación de la misma a objeto de que ejerza su derecho a la defensa; y, 2) Sobre la apelación, si bien la misma se interpuso de forma oral en audiencia, en dicho acto procesal no se encontraba presente el Consejo de la Magistratura, que es parte del proceso, y que hasta la fecha de la realización de la audiencia de garantías no se tiene el diligenciamiento devuelto por la gestora; razón por la cual, no habría transcurrido el plazo establecido en el art. 251 del CPP, teniendo como resultado que la parte accionante actuó de manera desleal, sin realizar un seguimiento de su proceso.
El Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 23 a 25 vta., denegó la tutela impetrada, exhortando al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a efectos que observe los plazos procesales y ante la interposición de un recurso de apelación se remita los antecedentes establecidos por la norma dentro de los términos. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) A partir de la estructura de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), se establece un sistema de suplencias que tiene como finalidad la continuidad de las causas y de los trámites procesales, en el caso particular es el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su homologo primero, en ese sentido se tenía un Juez en suplencia legal con lo que la representación del Juzgado se encontraba plenamente válida, motivo por el cual no existe una vulneración al derecho de defensa de la autoridad demandada; ii) La autoridad jurisdiccional en suplencia legal y ahora demandado, indicó que la apelación se interpuso en forma oral en la audiencia señalada; sin embargo, en la misma no se encontraba presente el representante del Consejo de la Magistratura, que es parte del proceso, y que hasta la interposición de la acción tutelar no se tendría el diligenciamiento devuelto por la Gestora de Procesos, lo cual implica que aún falta cumplir con los formalismos necesarios como es la diligencia de notificación, y que la parte accionante actuó de manera desleal al no haber realizado el seguimiento y monitoreo correspondiente; iii) La autoridad demandada adjuntó una copia de la Resolución 167/2023, que está debidamente rubricada y firmada por el Juez demandado, así como el Secretario abogado, aspecto que ingresa en contradicción con lo señalado por el impetrante de tutela, cuando manifestó que, la causa se encontraría en despacho para la firma de la indicada Resolución; iv) No se demostró, más allá de lo manifestado de manera verbal, que el impetrante de tutela haya acudido al juzgado personalmente o a través de sus asistentes a realizar su reclamo; toda vez que, el sistema procesal posibilita a las partes en base al derecho a la petición acceder a un reclamo mediante un documento escrito, por lo que se advierte que existe una subsidiariedad excepcional ya que la acción de libertad tiene que caracterizarse como el último recurso al cual se debe recurrir; y, v) La acción de libertad también puede ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial, toda vez que, desde que asumieron una determinada función , la ley les impone deberes que están establecidos en la Ley del Órgano Judicial, por esa razón el impetrante de tutela, debió presentar su acción de libertad contra el funcionario subalterno que consideraba, más aún si realizo varios reclamos de manera verbal, o acudir de manera directa a transparencia del Consejo de la Magistratura. En la vía de complementación y enmienda, el impetrante de tutela solicito lo siguiente: a) Se aclare, si la autoridad demandada que se encontraba en suplencia legal adjuntó la diligencia de notificación que realizo la gestora dirigida al Consejo de la Magistratura; b) Se complemente sobre cuál es la norma que obliga a los sujetos procesales tener que acudir a otras instancias o instituciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los servidores judiciales; y, c) Se complemente si se remitió ante el Juez de garantías el oficio de remisión de la apelación, a objeto de que tenga certeza sobre ello y de ser así, indique la fecha en la que se hubiere remitido. En sustanciación de lo impetrado el citado Juez de garantías, señalo lo siguiente: 1) La autoridad demandada presento en fotocopias simples el punteo de la audiencia de fecha 15 de marzo de 2023 así como la Resolución 167/2023, no habiéndose remitido más antecedentes; asimismo, tampoco se tiene el oficio de remisión de la apelación, motivo por el cual al no tener prueba suficiente, falló denegando la tutela; y, 2) Las obligaciones y responsabilidades del Secretario abogado se encuentran establecidas, en tal sentido en caso de haberse encontrado alguna observación como es la falta del libro de denuncias, la parte demandante tiene la posibilidad de acudir ante las instancias respectivas a fin de hacer valer sus derechos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de prevaricato y otros, cursa Resolución 167/2023 de 15 de marzo, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por la cual rechaza la cesación a la detención preventiva formulada por el impetrante de tutela (fs. 18 a 20). II.2. De la Resolución 167/2023 de 15 de marzo, se evidencia que el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra dicho fallo, solicitando que en el plazo de tres días se remitan los antecedentes al superior en grado; del mismo documento se advierte que, la autoridad demandada ordenó la remisión de los antecedentes ante la sala que corresponda (fs. 19 vta., a 20). II.3. Cursa extracto de audiencia de 15 de marzo de 2023, en el cual se evidencia la presencia las partes en audiencia de exceptuando el representante del Consejo de la Magistratura (fs. 17 y vta.). II.4. Consta notificación de 31 de marzo de 2023, a Helmer Laura Picavia;
Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, con el Auto de Admisión de la acción de libertad de la misma fecha (fs. 7 y vta.).
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos, a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, a raíz de la Resolución 167/2023, emitida por la autoridad demandada, que determinó el rechazo de su solicitud de cesación a su detención preventiva, interpuso recurso de apelación, y que la misma hasta la presentación de su acción de libertad no fue remitida al Tribunal de alzada, habiendo transcurrido dieciséis días, ocasionando una mora procesal vinculada directamente con su libertad, más aún, sin considerar que se trata de una persona de la tercera edad de sesenta y siete años. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas 1El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.
La jurisprudencia constitucional pronunciada por este Tribunal ha desarrollado un entendimiento expreso con relación a la apelación incidental de forma oral, entre otras, la SCP 0991/2023-S2 de 12 de diciembre, siguiendo lo expresado por su similar 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, manifiesta:
4 El Fundamento Jurídico III.1. de esta sentencia señaló: “[Las] partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada”. La promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, supone un cambio al procedimiento penal orientado entre otras cosas a evitar el retardo procesal y brindar una administración de justicia en los términos consagrados en el art. 115.II del CPP; es decir, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones. El art. 1 de la referida disposición legal, señala que: “(Objeto).La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, ‘Código de Procedimiento Penal’, y disposiciones conexas”. Acorde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e [A]corde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos. En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada. (El resaltado es nuestro). Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[L]a simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante.
Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia. (Las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra la Resolución 167/2023, que rechazó la solicitud de cesación a su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la autoridad demandada no remitió los antecedentes al Tribunal de alzada, incurriendo el demandado en dilaciones injustificadas e indebidas, sin considerar que se trata de una persona de la tercera edad, que se encuentra privado de libertad. Con carácter previo al análisis del caso concreto, si bien, mediante el informe de 31 de marzo de 2023, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su homologo primero expresó la falta de citación efectiva a la autoridad demandada dentro de la acción de libertad; sin embargo, se debe aclarar que, de los antecedentes de la acción tutelar y conforme a la conclusión II.4. se evidencio la notificación a la autoridad demandada; además que, en los antecedentes de la acción tutelar cursa el informe presentado por el Juez en suplencia legal, quien asumió la referida suplencia e informó con conocimiento de la causa, las razones por las cuales no se remitió los antecedentes de la apelación al Tribunal de alzada, motivo por el que de ninguna manera se provocó una lesión del derecho a la defensa del accionante.
De la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en la Conclusión II.1., del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy Torrejón Rocabado, -accionante- por la supuesta comisión del delito de prevaricato y otros, el 15 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva, que concluyó con el rechazo de su solicitud a través de la Resolución 167/2023 emitida por la autoridad demandada.
Contra dicha determinación, el 15 de marzo de 2023, el impetrante de tutela formuló recurso de apelación, emergente de ello la autoridad demandada dispuso la remisión de la apelación al Tribunal de alzada en el plazo máximo de tres días (Conclusión II.2.). En el caso en particular, de los datos consignados, se tiene que desde la fecha de la celebración de la audiencia de consideración de la solicitud de cesación a su detención preventiva; es decir, desde el 15 de marzo de 2023, hasta la fecha de celebración de la audiencia de la acción tutelar, transcurrieron dieciséis días sin que la apelación sea remitida a la sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz., incurriendo en una dilación indebida en el trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva, que amerita el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1, de este fallo constitucional. Sin embargo, el representante legal del Consejo de la Magistratura no estuvo presente en la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.3), al respecto, del informe emitido por el Juez en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz dentro de la acción de libertad, el mismo señala que ante su inasistencia y al no constar diligenciamiento de su notificación, no era posible la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada mientras no se lleve a cabo la notificación de su representante; por lo que, no es posible atribuir la dilación en la remisión de los antecedentes a la autoridad demandada.
De lo manifestado, se puede concluir que la autoridad demandada al disponer que con carácter previo se notifique el recurso de apelación al representante del Consejo de la Magistratura, condicionó la remisión del referido recurso, inobservando el contenido normativo de los arts. 251, 403 y 404 del CPP, que establecen que una vez interpuesto el recurso de apelación, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de apelación en el término de veinticuatro horas; bajo la misma línea la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional establece que una vez interpuesto el recurso de apelación de manera oral en conformidad a lo previsto en los arts. 251, 403 y 404 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, sin ningún condicionamiento; puesto que, lo que se busca es acelerar los trámites judiciales para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
De ello se infiere que la inasistencia por parte del representante legal del Consejo de la Magistratura; no era un obstáculo para que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el propio procedimiento penal, razón por la que no correspondía condicionar la remisión de los antecedentes del recurso de apelación al Tribunal superior a una previa notificación al representante de la referida institución con la Resolución que denegó la solicitud de cesación a su detención preventiva, otorgando una tramitación irregular al procedimiento establecido en la normativa señalada. Al respecto si bien la autoridad judicial pretendió que la Resolución y el recurso de apelación planteado sean puestos en conocimiento del Consejo de la Magistratura, no es menos evidente que de conformidad a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional se tiene que las modificaciones realizadas al procedimiento inherente al recurso de apelación establecen que será el Tribunal de apelación el que una vez remitidos los antecedentes del mismo, el que deba realizar la respectiva notificación a las partes con el señalamiento de la audiencia para la consideración de la apelación formulada; toda vez que, establecer que el juez de primera instancia deba notificar a todas las partes involucradas con los actuados de manera previa para recién remitir los antecedentes de la apelación al Tribunal de alzada provocaría una dilación innecesaria.
En ese sentido la actuación realizada por la autoridad demandada inobservó el principio de celeridad, el cual se constituye en elemento primordial del debido proceso y que, tratándose de un privado de libertad, tiene directa incidencia sobre el derecho a la libertad personal del accionante, más aun, cuando no se consideró que se trataba de la situación jurídica de una persona de la tercera edad de sesenta y siete años, razón por la cual pertenece a un sector vulnerable de la sociedad al ser un adulto mayor, mereciendo una atención prioritaria y diferenciada a objeto de resguardar sus derechos fundamentales.
Finalmente, de los argumentos expuestos por el Juez de garantías dentro de la Resolución 01/2023, se advierte que el mismo, considera que la acción tutelar también debió ser interpuesta contra el Secretario del Juzgado donde se tramita la causa; toda vez que, hizo caso omiso a los reclamos que se habrían realizado a objeto de que se lleve adelante la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada; al respecto, cabe aclarar que en situaciones como esta, la responsabilidad es compartida entre la autoridad jurisdiccional y los funcionarios subalternos; toda vez que, si bien la autoridad jurisdiccional no es la responsable de remitir el cuaderno procesal, sin embargo en su condición de director del proceso, tiene el deber de realizar el control al personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, y evitar que se vulnere cualquier derecho fundamental de las partes.
En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022, de 31 de marzo, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer la remisión del testimonio de apelación en el plazo de veinticuatro horas, en caso de no haber sido remitido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1025_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9ab851c084e29c73ec5b0261ad2c6eafc47c7cba0e0146127b54aa4b98958368
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