Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra, la parte víctima -ahora tercera interesada-, solicitó la realización de varios actos investigativos, entre ellos una pericia psicológica proponiendo varios puntos a realizarse, los cuales al haber sido de su conocimiento, al amparo de la última parte del art. 209 del CPP, el 11 de febrero de 2022 objetó y propuso nuevos puntos de pericia con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos; sin embargo, mediante providencia de 14 de igual mes y año, fue rechazada por la Fiscal de Materia encargada de la causa; por lo que, en tiempo hábil conforme prevé el art. 306 del CPP objetó la proposición de diligencias, mismo que al ser elevado ante la autoridad jerárquica, esta emitió la incongruente Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22 de 4 de marzo de 2022, sin resolver ninguno de sus agravios y ratificando el requerimiento de “31 de mayo de 2021”, cuando el objetó del cuestionamiento radicaba en la providencia de “14 de febrero de 2022”; extremo que desemboco en la emisión del Dictamen Pericial Psicológico IDIF/PSICO/SC 096/2022, que a postre originó lo imputen formalmente. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 095/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 188 a 195, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos invocados conforme al Fundamento Jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar se levanten todas las medidas impuestas por Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1025/2023-S1 Sucre, 30 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 48920-2022-98-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 095/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 188 a 195, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Fernando Loayza Alayza contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 19 y 26 de mayo de 2022, cursantes de fs. 40 a 50; y, 52 a 60, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El proceso penal seguido en su contra por el delito de violencia familiar o doméstica en su sub tipo de violencia psicológica, concluyó con rechazo de denuncia, la cual incluso fue confirmada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz; empero, -la víctima en el proceso- interpuso acción de amparo constitucional contra la Resolución Jerárquica, consiguiendo que el entonces Tribunal de garantías disponga la nulidad de dicho fallo ordenándose se dicte una nueva; a lo que la autoridad ahora demandada de manera errada emitió otra determinación Jerárquica revocando la resolución de Rechazo, disponiendo la continuidad de la investigación. Habiéndose aperturando nuevamente la investigación, la denunciante -ahora tercera interesada-, solicitó la realización de varios actos investigativos, entre ellos una pericia psicológica proponiendo varios puntos a realizarse, los cuales al haber sido de su conocimiento, al amparo de la última parte del art. 209 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 11 de febrero de 2022 objetó y propuso nuevos puntos de pericia con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos; sin embargo, mediante providencia de 14 de igual mes y año, fue rechazada por la Fiscal de Materia encargada; por lo que, en tiempo hábil conforme prevé el art. 306 del CPP, objetó la proposición de diligencias formulando los agravios sufridos. Una vez se elevó los antecedentes ante la autoridad jerárquica, el mismo de manera incongruente emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22 de 4 de marzo de 2022, y sin resolver ninguno de sus agravios ratificó el requerimiento de “31 de mayo de 2021”, cuando objetó la providencia de “14 de febrero de 2022”; extremo que desemboco en la emisión del Dictamen Pericial Psicológico IDIF/PSICO/SC 096/2022, que a postre originó que lo imputen formalmente.
El impetrante de tutela denunció la lesión al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto al art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto lo siguiente: a) La Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22 de 4 de marzo de 2022, emitido por el ahora demandado, ordenando la emisión de una nueva; b) El Dictamen Pericial Psicológico IDIF/PSICO/SC 096/2022; y, c) La Resolución de imputación formal de 18 de abril de 2022.
Celebrada la audiencia pública el 3 de junio de 2022, según se tiene el acta de audiencia cursante de fs. 177 a 187 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado ratificó los extremos planteados en su memorial de acción de amparo constitucional.
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito de 2 de junio de 2022, cursante de fs. 160 a 166 vta.; asimismo, en audiencia de acción tutelar solicitó se deniegue la tutela, señalando lo siguiente: 1) El ahora accionante denunció que nunca tuvo conocimiento de la providencia de 31 de mayo de 2021 relativos a los puntos de pericia psicológica;
empero, existe un informe policial de 31 de enero de 2022, que indica que el mismo fue notificado de manera personal en su domicilio real, donde incluso estampó su firma; 2) Mediante memorial de 2 de febrero del citado año referente a la objeción de puntos de pericia, reconoce que fue notificado el 31 de enero de mismo año en su domicilio real con la Resolución y el Requerimiento Fiscal de 31 de mayo de 2021; 3) Por memorial de 11 de febrero de 2022, el prenombrado objetó los puntos de pericia y propuso otros, teniendo como respuesta de la Fiscal de Materia del caso, la providencia de 14 de igual mes y año, por la que se le señaló que una anterior autoridad fiscal emitió el 31 de mayo de 2021, donde el mismo ya habría objetado la pericia referida el 3 de febrero de 2022, y que tuvo respuesta el proveído de 4 de similar mes y año; 4) Si bien se habla de un memorial de objeción de pericia psicológica que se presentó el 22 de junio de 2021, el cual no objeta el rechazo de la diligencia, “solo se cuestiona la profesión de la diligencia” (sic) mediante memorial de 23 de febrero de 2022 contra la providencia de 14 de igual mes y año; y, 5) La Resolución de Fiscalía General “186/2019”, expresa cuales son los fundamentos periciales a realizar las víctimas, y cuales los puntos de pericia a realizar al denunciado.
Yanhel Solange Yaksic Laguna, por informe escrito presentado el 2 de junio de 2022, cursante de fs. 136 a 146, así como en audiencia solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) Aplica disponer la subsidiariedad de la causa, en razón de que el ahora peticionante de tutela no reclamo estos hechos ante la autoridad encargada de ejercer control jurisdiccional, quien es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales; ii) El prenombrado presentó impugnación de puntos de pericia el 11 de febrero de 2022; siendo su anterior defensa el 17 de junio de 2021 objeto los mismos puntos con iguales argumentos; iii) Para rechazar los puntos de pericia, la Fiscal de Materia a cargo no solo se amparó en la perspectiva de género, sino también en una la Resolución de la Fiscalía General del Estado; iv) De ninguna manera se está violentando los derechos a la defensa del citado, a quien nunca se le negó se realice una pericia psicológica. Por otra parte, cursa una apelación en Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde el mismo apeló el Auto Interlocutorio inferior que disponía un nuevo sorteo para la designación de un nuevo perito para su evaluación; v) La presente acción de amparo constitucional, lo único que busca es dilatar se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares por segunda vez; y, vi) Por proveído de 7 de febrero de 2022, el Ministerio Público hizo conocer a las partes que la perito designada aleatoriamente recayó en la Psicóloga Forense Glenda Eliana Dávalos Mejía; resultando incongruente que el abogado del ahora accionante señale que desconocía que era el perito designado. Además respecto a la solicitud a la anulación de la pericia porque la perito no hubiera prestado juramente, el art. 75 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en su última parte determina que el juramento a tiempo de ser posesionados en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se tendrá como válido y suficiente para el desempeño de los casos concretos en los cuales fueron designados.
La Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz, a través de la Resolución 095/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 188 a 195, concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22 de 4 de marzo de 2022, disponiendo que la autoridad demandada emita otra en el plazo de cinco días en atención a los siguientes fundamentos: a) Se evidenció que el abogado de la parte impetrante de tutela, fue debidamente notificada el 8 de febrero de 2022, con proveído de 7 de igual mes relativa a la designación de la perito Glenda Eliana Dávalos Mejía, no correspondiendo acoger tutela alguna; b) El art. 75 del CPP modificado por la Ley 1173 establece que los peritos una vez que prestan juramento ante el IDIF o ante el Instituto Técnico Científico de la Universidad Policial (ITCUP), se tiene como válido para desempeñar su función, extremo por el cual no corresponde asumir la denuncia respecto de este punto; c) La autoridad jerárquica tenía la obligación de pronunciarse concluyendo si el rechazo a la complementación se encontraba fundamentado; empero, fuera de ello no señaló si la misma fuera útil, legal, necesaria o conducente al hecho, estableciendo que se no efectuó una respuesta vinculada al debido proceso en sus componentes de congruencia, licitud, pertinencia y utilidad; concluyendo que en concreto omitió pronunciarse sobre los aspectos que fueron cuestionados por el ahora peticionante de tutela, siendo dicho fallo incongruente; d) Se establece la solicitud de que se deje sin efecto la pericia psicológica e imputación formal, no formaron parte de la acción de defensa, no siendo pertinente mayor pronunciamiento en referencia a estos actos; y, e) Al tener vinculación la Resolución 006/2022 con la emisión del dictamen pericial psicológico, de conformidad a lo previsto en los arts. 3.2 y 54 de la Ley 254 de 5 de julio de 2012, se deja en suspenso los efectos y alcances que pudiera generar el contenido del citado dictamen 1432/2021-IDIF/PSICO/SC-096/2022.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 11 de febrero de 2022, bajo la referencia de “RESPONDE A SOLICITUD DE PERICIA PSICOLÓGICA Y SOLICITA ORDENE CORRECCIÓN” (sic), por el cual Luís Fernando Loayza Alayza -ahora accionante- dirigiéndose a la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género Violencia Sexual y Trata y Tráfico, “sin convalidar defectos” objeta puntos de pericia y propone nuevos (fs. 2 a 4); mismo que por proveído de 14 del mencionado mes y año, la autoridad fiscal a cargo de la investigación señaló lo siguiente:
” Resolviendo el memorial que antecede presentado por LUIS FERNANDO LOAYZA ALAYZA dentro del CASO FELCV-19112021 FUD: 701102022100540, se requiere lo siguiente: CON RELACION RESPONDE A LA SOLICITUD DE PERICIA PSICOLOGICA Y SOLICITA ORDENE SU CORRECCCION.- De la revisión del cuaderno de investigaciones se tiene que evidentemente en fecha 21 de mayo del 2021 la parte denunciante (YANHEL SOLANGE YAKSIC LAGUNA) presento memorial ante el Ministerio Publico solicitando PERICIA PSICOLOGICA, lo cual mereció el decreto de fecha 24 de mayo de 2021 emitido por la anterior Fiscal que conocía el proceso en ese momento, la cual dispuso que previa notificación a la otra parte que se remita al IDIF. Posteriormente, en fecha 31 de mayo de 2021 la Fiscal que estaba a cargo emitió requerimiento disponiendo LA PERICIA PSICOLOGICA señalando a la víctima Yanhel Solange Yaksic Laguna y que sea por el PERITO EN PSICOLOGIA DEL IDIF. Consiguientemente, la aclaración que se solicita es intrascendente y no corresponde porque:
- La parte denunciante Sí propuso perito, indicando PERITO DEL IDIF, el cual se conoce una vez interoperado el requerimiento de pericia y no antes, entonces como podría la parte denunciante o la Fiscal conocer el nombre del o la perito si no se puede interoperar el requerimiento de PERICIA PSICOLOGICA, sin estar las partes notificadas con los puntos de pericia.
- Con relación a la objeción a los puntos de pericia solicitados por la denunciante en el referido memorial de fecha 21 de mayo de 2021, que son los mismos dispuestos mediante requerimiento de fecha 31 de mayo de 2021, los mismos ya fueron objetados mediante memorial presentado por LUIS FERNANDO LOAYZA ALAYZA en fecha 03/02/22 que mereció el decreto de fecha 04/02/22 debiendo estarse a dicho decreto. CON RELACION A PUNTO DESCRITO COMO SIN CONVALIDAD DEFECTOS OBJETA PUNTOS DE PERICIA Y PROPONE NUEVOS - Con relación a la objeción de puntos de pericia dicha petición fue presentada en fecha 03/02/22 que mereció el decreto de fecha 04/02/22 debiendo estarse a dicho decreto.
- Con relación a propone puntos de pericia, los mismos están orientados a establecer el estado mental, personalidad, riesgo de violencia, perfil de personalidad e incluso establecer si sería una "psicópata% la DENUNCIANTE Y VICTIMA, no correspondiendo disponer dichos puntos, toda vez que NO ES LA VICTIMA la que está siendo investigada por realizar algún TIPO DE VIOLENCIA, estos puntos de pericia de acuerdo al MANUAL Y GUIA DE PUNTOS DE PERICIA aprobado mediante RESOLUCION FGE/3LP/DAJ No 186/2019 en fecha 07/08/2019 por el Fiscal General del Estado, es dispuesto para LOS AGRESORES EN CASOS DE VIOLENCIA Y NO ASI PARA LA VICTIMA, por lo que no corresponde disponer que se realicen los mismos” (sic [fs. 5]). II.3. Por memorial de 23 de febrero de 2022, el impetrante de tutela ante la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género Violencia Sexual y Trata y Tráfico, formuló objeción al rechazo de proposición de diligencias de 14 de igual mes y año (fs. 6 a 8). II.4. Mediante Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22 de 4 de marzo de 2022, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandada- resolvió ratificar el requerimiento fiscal de 31 de mayo de 2021, señalando que fue resuelto conforme a procedimiento y mérito del tipo penal investigado (fs. 10 a 17).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra, la parte víctima -ahora tercera interesada-, solicitó la realización de varios actos investigativos, entre ellos una pericia psicológica proponiendo varios puntos a realizarse, los cuales al haber sido de su conocimiento, al amparo de la última parte del art. 209 del CPP, el 11 de febrero de 2022 objetó y propuso nuevos puntos de pericia con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos; sin embargo, mediante providencia de 14 de igual mes y año, fue rechazada por la Fiscal de Materia encargada de la causa; por lo que, en tiempo hábil conforme prevé el art. 306 del CPP objetó la proposición de diligencias, mismo que al ser elevado ante la autoridad jerárquica, esta emitió la incongruente Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22 de 4 de marzo de 2022, sin resolver ninguno de sus agravios y ratificando el requerimiento de “31 de mayo de 2021”, cuando el objetó del cuestionamiento radicaba en la providencia de “14 de febrero de 2022”; extremo que desemboco en la emisión del Dictamen Pericial Psicológico IDIF/PSICO/SC 096/2022, que a postre originó lo imputen formalmente. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; y, 2) Análisis del caso concreto.
La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala:
“La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.
En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:
“I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
1. La protección pueda resultar tardía.
2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. En ese contexto, el entonces Tribunal Constitucional en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, refiriéndose a la subsidiariedad señaló que debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el amparo constitucional. Asimismo, la SC 0492/2003-R de 15 de abril, sobre el mismo tema precisó que:
“…el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras que no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo...” Siguiendo dicho razonamiento a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que: ”…el recurso de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”, del cual se extraen las siguientes sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad:
“1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son incorporadas). De lo que se concluye que, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros los medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establece los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la parte víctima -ahora tercera interesada-, solicitó la realización de varios actos investigativos, entre ellos una pericia psicológica proponiendo varios puntos a realizarse, los cuales al haber sido de su conocimiento, al amparo de la última parte del art. 209 del CPP, el 11 de febrero de 2022 objetó y propuso nuevos puntos de pericia con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos; sin embargo, mediante providencia de 14 de igual mes y año, fue rechazada por la Fiscal de Materia encargada de la causa; por lo que, en tiempo hábil conforme prevé el art. 306 del CPP objetó la proposición de diligencias, mismo que al ser elevado ante la autoridad jerárquica, esta emitió la incongruente Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22 de 4 de marzo de 2022, sin resolver ninguno de sus agravios y ratificando el requerimiento de “31 de mayo de 2021”, cuando el objetó del cuestionamiento radicaba en la providencia de “14 de febrero de 2022”; extremo que desemboco en la emisión del Dictamen Pericial Psicológico IDIF/PSICO/SC 096/2022, que a postre originó lo imputen formalmente. De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que por memorial de 11 de febrero de 2022, el ahora peticionante de tutela ante la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género Violencia Sexual y Trata y Tráfico, objetó los puntos de pericia de la parte víctima y propuso nuevos;
mismo que por proveído de 14 de febrero del mencionado año, la autoridad fiscal a cargo de la investigación denegó señalando que no correspondía conforme al manual y guía de puntos de pericia; a lo que por memorial de 23 de igual mes y año el citado formuló objeción al rechazo de proposición de diligencias; el cual mediante Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22, fue denegado por la autoridad demandada, quien resolvió ratificar el requerimiento fiscal de 31 de mayo de 2021 (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4) Ahora bien, ingresando al acto lesivo denunciado ut supra por la parte accionante, siendo que el reclamo formulado en lo medular se encuentra enfocado en que Roger Rider Mariaca Montenegro -ahora demandado-, a través de la Resolución Fiscal Departamental RRMM OD-006/22 (Conclusión II.4), no resolvió los agravios que formuló por el rechazo de los puntos de pericia que propuso, lo cual presuntamente vulnera su derecho a una respuesta congruente y fundamentada conforme el art. 115.II de la CPE; en tal situación corresponde realizar un análisis jurídico, para establecer si evidentemente existe dicha vulneración; para ello, es preciso verificar si el prenombrado agotó los mecanismos de impugnación en la vía ordinaria, resultando pertinente remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, el cual en referencia a la subsidiariedad prevista en el art. 129.I de la CPE concordante con el art. 54 del CPCo, determinó que la acción de amparo constitucional se podrá interponer ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; esta situación fue complementada por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, misma que estableciendo reglas y subreglas para considerar su improcedencia siendo los siguientes: .”..a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados…” (énfasis agregado).
Previamente corresponde precisar que en lo relativo a la objeción de puntos de pericia y rechazo de la proposición de diligencias, los arts. 209 y 306 del CPP establece lo siguiente:
“Artículo 209°.- (Designación y alcances). Las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones a valorar. El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Las partes podrán proponer u objetar los temas de la pericia.
Artículo 306º.- (Proposición de diligencias). Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. La negativa deberá ser fundamentada. Cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias que se estiman esenciales, las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas”. Al respecto de la precedente descripción, contextualizando la temática del presente caso en concreto, cabe establecer que: i) Cuando se formula una diligencia investigativa (temas de pericia) y esta merece observación por la autoridad fiscal de la causa por no cumplir determinados parámetros para establecer su pertinencia o necesidad en los puntos a ser tratados en el dictamen pericial; conforme prevé la última parte del art. 209 del CPP, corresponde acudir en reclamo ante la autoridad que ejerce control jurisdiccional denunciado la presunta vulneración, puesto que en aplicación de dicho razonamiento procesal, conforme señalan los arts. 34.17 y 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, los Fiscales Departamentales solo se remiten a atender objeciones de rechazo e impugnaciones de sobreseimiento, siendo en consecuencia el Juez, quien en definitiva podrá establecer los puntos de pericia a realizarse; y, ii) Por otra parte, cuanto se propone actos o diligencias consideradas esenciales (declaración de testigos, inspecciones oculares, dictámenes periciales u otros), y estas son rechazadas por el fiscal de la causa; en este caso al constituirse un rechazo manifiesto a la realización de una diligencia investigativa que podría interesar a una de las partes procesales, conforme determina la última parte del art. 306 del CPP, el afectado debe impugnar dicha decisión para que el superior Jerárquico (Fiscal Departamental) resuelva dicho rechazo. En base a dichas puntualizaciones, contextualizado los antecedentes traídos en revisión, se establece que el proveído de 14 de febrero de 2022 emitido por la Fiscal de la causa (Conclusión II.1), si bien no dispuso aceptar la objeción de puntos de pericia formulada por el ahora impetrante de tutela, refiriendo que la víctima no sería la persona investigada, ya que según el manual y guía de puntos de pericia, dicha práctica estaría dispuesta para agresores en casos de violencia; en tal razón, aquella observación que no estaba orientada a rechazar la diligencia investigativa trasuntada en el dictamen pericial, debió ser impugnada o reclamada ante la autoridad que ejerce control jurisdiccional conforme establece el art. 209 del CPP y que se encuentra detallado el punto i) Descrito líneas arriba; extremo que demuestra que el impetrante de tutela, al comprender que se trataría de un rechazo a la diligencia investigativa de pericia psicológica, aplicando el art. 306 del CPP erróneamente lo objetó ante el Fiscal Departamental, sin considerar que conforme prevén los arts. 34.17 y 65 de la LOMP, la citada autoridad jerárquica carece de atribución para pronunciarse sobre el particular. En consecuencia, el actuar procesal del citado peticionante de tutela respecto de esta problemática, se subsume al principio de subsidiariedad con la que cuenta esta acción tutelar respecto a que el recurso se planteó pero de manera incorrecta; esto imposibilita a esta instancia Constitucional ingresar al fondo del caso, por concurrir causales de improcedencia, ya que como se estableció, el señalado contaba con el mecanismo idóneo el cual era acudir ante el Juez de control jurisdiccional para salvaguardar sus derechos fundamentales y garantías constitucionales que no fue activado debidamente; en tal virtud corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática identificada. Finalmente, corresponde llamar la atención a los componentes de la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz, puesto que no realizaron un debido análisis de los antecedentes de la causa, el cual ante su errada concesión de tutela derivó en que se deje en suspenso los efectos y alcances del dictamen pericial psicológico 1432/2021 IDIF/PSICO/SC-096/2022, limitando a la víctima de violencia acceda a una verdadera justicia plural. Cabe resaltar que toda autoridad judicial o administrativa, al momento de tratar casos de violencia donde se involucra a mujeres, tienen la obligación de hacerlo con la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo desde un enfoque interseccional, el cual es un instrumento necesario y valioso para analizar la vulneración del derecho a la igualdad, y que permite visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres, partiendo desde las desigualdades y necesidades considerando su estado de vulnerabilidad por diversas razones. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó en forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 095/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 188 a 195, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos invocados conforme al Fundamento Jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar se levanten todas las medidas impuestas por Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
1 F.J. III.1. Que, el carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por abundante jurisprudencia de este Tribunal, así tenemos las SS.CC. 1089/2003-R, 552/2003-R, 106/2003-R, 374/2002-R, entre otras, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable.
2 ARTÍCULO 34. (ATRIBUCIONES). Las o los Fiscales Departamentales, dentro del ámbito territorial de sus funciones, tienen las siguientes atribuciones (…) 17. Resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo e impugnación a sobreseimientos, conforme a procedimiento;
3 ARTÍCULO 65. (RECURSO JERÁRQUICO). La impugnación al rechazo o sobreseimiento será resuelta por la o el superior jerárquico, valorando integralmente el contenido de las actuaciones y de manera fundamentada, en el plazo que establece la Ley, bajo su responsabilidad
4 …la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, establece como obligación de los Estados partes a asumir políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación. Conforme a la jurisprudencia desarrollada precedentemente, al referirse a los Estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se convierte como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la aplicación de medidas necesarias que tiendan a la protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; asimismo, en cuanto al derecho de acceso a la justicia de las mujeres señaló que también los Estados partes, deben asegurar que las mujeres víctimas, tengan un verdadero acceso a la justicia, al advertir que existen impedimentos y restricciones que les impiden efectivizar este derecho de acceso a la justicia, debiendo asegurar la efectivización de este derecho en el marco de la igualdad; ya que los obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, muchas veces es atribuible como a factores relacionados a estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; impedimentos que se tornan en violaciones persistentes a los derechos humanos de la mujer.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1025_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 80655aca61740125c9899702a4a44c0438a65d4ed216d1b3e8670c39087b950d
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