Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 6 de julio de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/23 de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 49 vta. a 54, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1024/2026-S1 Sucre, 6 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59177-2023-119-AL Departamento: Santa Cruz En revisión a la Resolución 16/23 de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 49 vta. a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Mauricio Prieto Velázquez en representación sin mandato de Leny Escobar Aguilar contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de octubre de 2023, cursante de fs. 28 a 33, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido contra Leny Escobar Aguilar -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con agravantes, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 con relación al artículo 346 bis del Código Penal (CP), la Jueza de Instrucción Penal y Liquidador Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Auto Interlocutorio “167/23” de 25 de junio de 2022 -2023-, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin explicar la necesidad de aplicar la medida extrema, ni efectuar el “test de proporcionalidad” de la misma, dejándole en un total estado de indefensión, sin una debida fundamentación; por lo que, contra dicho Auto Interlocutorio planteó un recurso de apelación incidental; instancia en la que, el Vocal ahora accionado, mediante el Auto de Vista 308 de 3 de octubre del mismo año, declaró improcedente la referida apelación incidental y confirmó el citado Auto Interlocutorio, sin realizar una debida y motivada fundamentación, limitándose a señalar que la Jueza de primera instancia explicó la necesidad de la imposición de la medida extrema, cuando efectuó la formulación del art. 235.2 del CPP.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 22, 25 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: Revocar el Auto de Vista 308 de 3 de octubre de 2023, emitido por el Vocal hoy accionado y se conceda la aplicación de medidas sustitutivas establecidas por el art. 231 bis del CPP, al no existir la necesidad de aplicar la medida más gravosa.
Celebrada la audiencia pública el 4 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 49 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) En la audiencia de medidas cautelares, la Jueza de primera instancia no obstante de señalar en la ampulosa redacción del acta, que solo concurría el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP en la parte resolutiva del Auto Interlocutorio “167/23”, dispuso su detención preventiva sin fundamentarla; asimismo, tampoco explicó la necesidad de la imposición, ni se realizó el test de proporcionalidad; por lo que, contra ese Auto Interlocutorio planteó un recurso de apelación incidental, que fue resuelta por el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 308 de 3 de octubre de igual año, sin la debida fundamentación respecto al agravio que expuso en su referido recurso de apelación, limitándose a señalar que la Jueza de primera instancia al momento de la construcción del art. 235.2 del CPP y la realización del test de proporcionalidad lo hubiese fundamentado; lo que es falso, siendo una apreciación subjetiva que vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, b) La respuesta otorgada por el mencionado Vocal, constituyó una verdadera arbitrariedad; debido a que, su obligación al momento de resolver dicho recurso de apelación, es de realizar la misma conforme “a derecho” y a lo establecido por la SCP 0012/2016-R de 4 de enero, referente a la responsabilidad de los Tribunales de apelación; asimismo, volver a explicar cómo se construyen los riesgos procesales y cómo concurren de acuerdo a su criterio, para poder aplicar la medida cautelar -en este caso- la más gravosa, siendo eso incumplido; puesto que, la accionante no debería estar detenida preventivamente, solo por existir un riesgo procesal de obstaculización; es decir, que si bien la libertad no es automática bajo la concurrencia de un solo riesgo, la jurisprudencia constitucional señala que se tiene la obligación de explicar razonablemente por qué se tendría que aplicar una detención preventiva, como lo refiere la SCP 0340/2019-S3 de 24 de julio; por lo que, en su caso se aplicó directamente la medida extrema, cuando se podría haber dispuesto la detención domiciliaria, presentación de firmas u otras de la determinadas por el art. 231 bis del CPP; solicitando por lo expuesto, se conceda la tutela solicitada revocando el Auto de Vista 308 de 3 de octubre de 2023.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 35.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 16/23 de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 49 vta. a 54, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 308 de 3 de octubre de 2023, emitido por el Vocal ahora accionado, debiendo emitir un nuevo auto de acuerdo a los fundamentos expuestos por la mencionada Sala Constitucional, decisión asumida, bajo los siguientes fundamentos: 1) Para la Sala Constitucional el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, se fundó en un acontecimiento probable, futuro e incierto, plasmado en la probabilidad, respecto a que la accionante puede influenciar a víctimas, testigos, partícipes o peritos; y, 2) Si bien el referido Vocal dió respuesta a cada uno de los puntos reclamados por la accionante, fue evidente la falta de explicación de razones que motivaron a mantener la situación penal de la nombrada; ya que, se encuentra vinculado con “la proporcionalidad” como principio rector y en especial con la relevancia del caso, teniendo presente la jurisprudencia constitucional que establece que, no resulta suficiente la cantidad de riesgos procesales; puesto que, la detención preventiva es una probabilidad, no hay una prohibición o limitación adjetiva penal que limite las facultades de un Tribunal a quo o ad quem, de disponer la detención preventiva ante la concurrencia de uno u otros; puesto que, lo imperativo para el ad quem con mayor razón que al a quo, es fundar las razones de mantener la medida o revocarla en función a la proporcionalidad; por lo que, no puede fundarse una proporcionalidad en acontecimientos futuros e inciertos, es decir referente a que posiblemente pueda influenciar sobre, víctimas, testigos o peritos de manera expresa.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Finalmente, por decreto constitucional de 24 de abril de 2026, cursante a fs. 58, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio de 2026, cursante a fs. 62; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio “167/23” de 25 de junio de 2023, emitida por la Jueza de Instrucción Penal y Liquidador Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de Leny Escobar Aguilar -ahora accionante-, como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 y 231.10 bis del CPP, por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato con agravantes (fs. 22 a 27 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista 308 de 3 de octubre de 2023, emitido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionado-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por la accionante, contra el Auto Interlocutorio “167/23”, confirmando la misma (fs. 42 a 45 vta.).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato con agravantes, el Vocal ahora accionado sin realizar una debida y motivada fundamentación, emitió el Auto de Vista 308 de 3 de octubre de 2023, confirmando el Auto Interlocutorio “167/23” que fue objeto de apelación, limitándose a señalar respecto al agravio expuesto en su recurso de apelación incidental que, la Jueza de primera instancia ya explicó la necesidad de la imposición de la medida extrema, cuando efectuó la formulación del art. 235.2 del CPP, mediante el mencionado Auto de Vista; sin embargo eso no fue evidente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación a las medidas cautelares de carácter personal; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, señala que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.
Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”». (las negrillas son nuestras).
En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma; por lo que, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”. (las negrillas nos pertenecen).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato, el Vocal ahora accionado sin realizar una debida y motivada fundamentación, emitió el Auto de Vista 308 de 3 de octubre de 2023, confirmando el Auto Interlocutorio “167/23” que fue apelado, limitándose a señalar respecto al agravio expuesto en su recurso de apelación incidental que, Jueza de primera instancia ya había explicado la necesidad de la imposición de la medida extrema, cuando efectuó la construcción del art. 235.2 del CPP, mediante el mencionado Auto de Vista; sin embargo esto no fue evidente. En el contexto señalado, de los antecedentes procesales se advierte que, mediante Auto Interlocutorio “167/23”, la Jueza de Instrucción Penal y Liquidador Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de la accionante, por la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 y 231.10 Bis del CPP (Conclusión II.1.), decisión contra la que planteó recurso de apelación incidental; instancia que, mereció el Auto de Vista 308, emitido por el Vocal ahora accionado, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental; y en consecuencia, confirmó el referido Auto Interlocutorio (Conclusión II.2.).
Planteado el problema jurídico, se advierte que lo cuestionado a través de esta acción de defensa, es la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 308, que confirmó la decisión asumida por la Jueza de primera instancia, que dispuso la detención preventiva de la accionante, por la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP; en cuyo mérito, se procederá a su revisión a objeto de verificar si es evidente lo denunciado por la nombrada; para tal motivo, es preciso referirse a los agravios expuestos en la audiencia de apelación incidental, señalando que: en la Resolución “167/23” de medidas cautelares de la Jueza de primera instancia, se estableció la concurrencia del riesgo procesal previsto en el citado artículo; empero, no se construyó correctamente; puesto que, se hizo mención a que debería realizarse pericias de Disco Compacto (CD) en formato Disco Versátil Digital (DVD); es decir confundiendo el objeto del “art. 235 el num. 1) con el num. 2)” (sic) del CPP, incurriendo en incongruencia; ya que, sin explicar la necesidad y bajo un principio de proporcionalidad, decidió aplicar la detención preventiva en su contra, constituyéndose en una resolución arbitraria y excesiva; solicitando por ello, en consideración a la existencia de un solo riesgo procesal de “fuga”, que se apliquen medidas sustitutivas en lugar de esa medida extrema gravosa y se revoque la Resolución “167/23” de la Jueza de primera instancia. El Vocal hoy accionado, al asumir conocimiento del recurso de apelación incidental, pronunció el Auto de Vista 308, declarándolo improcedente y confirmó el Auto Interlocutorio “167/23”, bajo los siguientes fundamentos: a) La autoridad jurisdiccional al momento de haber activado el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP consideró lo dispuesto en dicha normativa, por existir cuatro sujetos que podían ser influenciados; el partícipe, víctima, testigos o peritos, y en este caso estableció el tercer presupuesto; es decir sobre los testigos, al haber referido: “En el presente hecho existen al momento 5 víctimas que están dando libertad la imputada puede influenciar negativamente”(sic), nombrando a cada uno de ellos sobre los que influiría negativamente estando en libertad, cumpliendo con el parámetro del art. 235.2 del CPP; de esa manera que, no resultó ser cierto lo manifestado por la defensa técnica de la accionante -entonces imputada-, respecto a que no se explicó la necesidad, debido a que, la necesidad se encontraba plasmada en el riesgo procesal de que la accionante, pueda influenciar sobre las víctimas y testigos; y, b) Si bien es evidente que también se mencionó la realización de una pericia, el riesgo principal está vinculado a influenciar sobre las partes procesales; por lo que, como Tribunal de alzada, consideró que la autoridad jurisdiccional al haber concluido como lo hizo, actuó de manera correcta y objetivamente, teniendo en cuenta la existencia de varias víctimas dentro de la cuales -como se señaló la imputación formal-, a una ciudadana de setenta y nueve años de edad, que constitucionalmente merecería una protección reforzada por pertenecer a un grupo vulnerable como persona de la tercera edad; por lo que, lo resuelto por la autoridad jurisdiccional fue conforme a derecho.
Como se constata del Auto de Vista 308, no resulta evidente lo denunciado por la accionante, respecto a que el Vocal hoy accionado emitió el mencionado Auto de Vista, vulnerando su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, como se advierte, previo al análisis del Auto Interlocutorio “167/23”, luego de establecer el agravio expuesto en el recurso de apelación incidental, se pronunció al respecto, refiriendo que, sobre el cuestionamiento de la falta de fundamentación con relación a la necesidad y bajo un principio de proporcionalidad, la Jueza de primera instancia decidió aplicar la detención preventiva en su contra, por la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, ante la existencia de cinco víctimas plenamente identificadas sobre las cuales, en caso de encontrarse la accionante en libertad, podría influir negativamente con la finalidad de ocasionar que informen falsamente respecto a contratos anticréticos suscritos con las mismas, además de identificar que la abogada Vanesa Vera Orellana, quien hubiese manifestado a las víctimas que el inmueble de la accionante -entonces imputada- estaba otorgando en anticrético, se encontraba libre de gravámenes, sin que ello constituya apreciaciones subjetivas, concluyendo que dicha autoridad jurisdiccional actuó conforme a derecho, habiendo circunscrito la Resolución del mencionado Auto Interlocutorio como lo dispone el art. 398 del CPP, a lo cuestionado en el recurso de apelación incidental.
Por lo expuesto precedentemente, no resulta veraz lo denunciado por la accionante, respecto a que el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 308, carente de fundamentación y motivación; en mérito a que, como se refirió ut supra, si fundamentó el agravio expuesto en el recurso de apelación incidental, explicando la razón que sustentó su decisión; es decir, que la Resolución “167/23”, fue pronunciada con la debida fundamentación y motivación, existiendo correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, cumpliendo de esta manera con las reglas del debido proceso y con lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que determina al no ser evidente la vulneración de los elementos del derecho alegados por la accionante, que se deniegue la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/23 de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 49 vta. a 54, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1024_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): d8ee60877e8eb500ffe0ed049a938d0dad0b6458634d8ffc6ed1ecfd7f34ee82
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