Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, por cuanto habiéndose señalado audiencia de cesación a su detención preventiva para el 15 de febrero de 2023; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar, la referida audiencia, fue suspendida por más de seis ocasiones, sin llevarse a cabo hasta la presentación de la acción de libertad; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, dentro del plazo establecido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2023, de 18 de marzo, cursante de fs. 11 vta., a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° Disponer el señalamiento de audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva de Miguel Eduardo Santiesteban Stroebel, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no hubiese cambiado.
3º Exhortar a la autoridad demandada, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1024/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54705-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2023, de 18 de marzo, cursante de fs. 11 vta., a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Miguel Eduardo Santiesteban Stroebel, contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 2 a 5 vta., el accionante a través de su representante, señaló lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato y otros, el 8 de octubre de 2022, se llevó adelante su audiencia de consideración de medidas cautelares, emitiéndose la Resolución 357/2022 que dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses. A raíz de ello, a la fecha de la interposición de la acción de libertad cumplía cinco meses de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, motivo por el cual y pese a haber solicitado la modificación de su situación jurídica, conforme al art 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), su audiencia fue programada para el 15 de febrero de 2023 a horas 13:00, pero tras una hora de espera, la Secretaria del Juzgado informó que no se instalaría la audiencia y que serían notificados posteriormente.
El 16 de igual mes y año fueron notificados con una nueva audiencia para el 17 de similar mes y año a las 15:00, ese día, se esperó la audiencia por tres horas porque el Juez demandado se encontraba en otras audiencias de medidas cautelares, pero después perdió la conexión, por lo que la audiencia fue suspendida para el 23 de idéntico mes y año. En esa fecha, aunque las partes estaban conectadas con anticipación, hubo problemas de conexión a internet fijándose otra audiencia para el 28 de febrero de 2023; sin embargo, una hora después de lo previsto, la Secretaria del Juzgado informó que tuvo una emergencia, sin dar más detalles, la audiencia fue suspendida sin emitirse una nueva notificación.
Posteriormente, se apersonaron al Juzgado donde le informaron que el nuevo señalamiento sería de oficio; recién el 8 de marzo de 2023, fueron notificados con el señalamiento de audiencia para el 9 de igual mes y año. Ese día, no se permitió el ingreso virtual a sus abogados se quiso designar abogados de oficio, y la audiencia fue suspendida para el 13 de marzo a horas 14:00.
En esta última fecha, la Secretaria del Juzgado informó que la audiencia se suspendía porque el Juez estaba con permiso; cuatro días después, al consultar en el Juzgado, se les indicó que aún no había nuevo señalamiento y que debían entregar hojas para futuras notificaciones, a pesar de que estas debían hacerse de forma virtual; en consecuencia, la actuación de la autoridad demandada se encuentre alejada de lo previsto en el art. 239 del CPP, que establece que planteada la solicitud de cesación de medidas cautelares, el Juez deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
Denunció la lesión de sus derechos, a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 109 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7, 9, 14, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se señale audiencia de consideración de su cesación de la detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual de 18 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 10 a 11, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los argumentos contenidos en la acción tutelar y ampliándola señaló que: a) Son seis audiencias que no se llevaron a cabo, habiendo trascurrido más de un mes, desde que solicitaron que se lleve adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva; b) No cabe duda, de que la suspensión de una audiencia puede estar justificada por una baja médica o por alguna otra circunstancia en particular, como la carga procesal, pero eso no puede ocurrir en varias suspensiones de audiencia; y, c) La audiencia no podía suspenderse por ningún motivo, excepto si el abogado del imputado no estaba presente o si no se habían cumplido las notificaciones; en este caso, las notificaciones sí se realizaron, e incluso se contó con la presencia de las partes involucradas en una de las audiencias, donde esperaron tres horas para que se llevara a cabo; sin embargo, tuvieron que retirarse por compromisos previos, como una conferencia.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través del informe escrito, presentado el 18 de marzo de 2023, cursante a fs. 9, señaló que: 1) No tiene legitimación pasiva para ser demandado, toda vez que tenía baja médica desde hace una semana antes a la interposición de la acción de libertad, motivo por el cual desconocía el movimiento de las causas en el despacho judicial; 2) Por lealtad procesal, la audiencia de cesación a la detención preventiva que mencionó el accionante, se suspendió varias veces por inasistencia del abogado de la parte imputada, o por la falta de conexión del imputado desde el penal de San Pedro de La Paz; sin embargo, era responsabilidad de la Secretaría de juzgado o del Juez suplente dar celeridad y reprogramar la audiencia dentro de los plazos previstos por la norma; y, 3) La acción de defensa debió presentarse en contra del Juez en suplencia legal o la Secretaria de Juzgado.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 22/2023 de 18 de marzo, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., denegó la tutela impetrada, disponiendo que, si bien no fue accionado el Secretario (a) del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Primero de El Alto del departamento de La Paz, se debe señalar audiencia dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP y comunicarse a la autoridad en suplencia legal para que efectivamente considere la cesación a la detención preventiva, bajo los siguientes fundamentos: i) El señalamiento de audiencias en una solicitud de cesación de detención preventiva corresponde al Secretario de despacho, sin embargo, también se debe tener presente que el director del proceso es la autoridad jurisdiccional; es decir, el Juez que está a cargo del proceso, quien debe controlar al personal del despacho; ii) La autoridad demandada señaló que se encontraba con baja médica y que existía una autoridad jurisdiccional suplente; sin embargo, también se debe tener presente que la Secretaria del Juzgado, es quien debe fijar día y hora de audiencia e informar a la autoridad que se encuentra en suplencia legal, más aun cuando se trata de un privado de libertad sobre el cual se suspendieron seis audiencias por distintos motivos; y, iii) Si bien no es posible dar curso a la pretensión, se dispone la notificación a la Secretaria para que señale la audiencia dentro del plazo que establece el art. 239.1 del CPP.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido contra Miguel Eduardo Santiesteban Stroelbel y otros por la presunta comisión del delito de asesinato, el accionante solicitó cesación de su detención preventiva; sin embargo, la audiencia no fue celebrada desde el 15 de febrero de 2023 hasta el 17 de marzo del referido año, fecha de presentación de esta acción tutelar, audiencia que fue suspendida en más de seis de ocasiones, de acuerdo al siguiente detalle: 15 de febrero, 17 de febrero, 23 de febrero, 28 de febrero, 9 de marzo, 13 de marzo y 17 de marzo del 2023 (fs. 10 a 11), según lo aseverado por el accionante y constatado por el Juez de garantías (fs. 10 a 11). II.2. La autoridad demandada dentro de la acción de libertad, informó que se encontraba de baja médica, desde hace una semana atrás –se entiende desde el 10 de marzo de 2023 (fs. 9); sin embargo, no ha adjuntando ningún elemento probatorio que acredite lo aseverado.
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, por cuanto habiéndose señalado audiencia de cesación a su detención preventiva para el 15 de febrero de 2023; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar, la referida audiencia, fue suspendida por más de seis ocasiones, sin llevarse a cabo hasta la presentación de la acción de libertad; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, dentro del plazo establecido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sistematizadora de línea, respecto al desarrollo jurisprudencial de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho referido a los casos de solicitudes de medidas cautelares, expuso el siguiente entendimiento:
«El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de 1El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:
[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
El impetrante de tutela a través de su memorial de acción de libertad, refiere que, el 8 de octubre de 2022, se llevó adelante su audiencia de medidas cautelares, donde el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva por el periodo de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a raíz de ello, cinco meses después, solicitó la modificación de su situación jurídica, en conformidad del art. 239.1 del CPP, empero, dicha audiencia no fue celebrada; por el contrario, fue suspendida en más de seis ocasiones. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, se advierte que, la audiencia de cesación a su detención preventiva programada para el 15 de febrero de 2023 no se llevó a cabo, siendo suspendida en reiteradas oportunidades, por más de seis veces, suspensiones comprendidas entre el 15 de febrero hasta el 17 de marzo de 2023, por diversas razones. Ahora bien, conforme se ha establecido en los Fundamentos Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales si están fijados o caso contrario dentro de un plazo razonable, dicha demora o dilación también está vinculada a suspensiones de audiencia de consideración de medidas cautelares, por causas o motivos que no justifican su suspensión. En el caso de las audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta decisión Constitucional, el Juez o tribunal deberán señalar audiencia para la resolución de la cesación de la detención preventiva dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Consiguientemente, ha quedado establecido que no solo la inobservancia del tiempo establecido para el señalamiento de audiencia puede constituir una demora o dilación indebida, sino también la falta de resolución de la situación jurídica del privado de libertad por suspensiones reiteradas, como ocurrió en el caso particular, a raíz de la suspensión excesiva de la audiencia de cesación a la detención preventiva del privado de libertad, que se vio reflejada en más de seis suspensiones de audiencia, desde el 15 de febrero de 2023 hasta el 17 de marzo de igual año, por diversas razones, en la mayoría de ellas, no atribuibles al impetrante de tutela; advirtiéndose una inobservancia al cumplimiento del plazo de señalamiento dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, pues la audiencia del 17 de febrero fue suspendida fijándose nueva audiencia para el 23 del mismo mes y año, audiencia que también fue suspendida por problemas de conexión, pero se fijó un nuevo señalamiento para cinco días después -28 de febrero de 2025-. Asimismo, se advierte que la autoridad judicial demandada inobservó el deber de señalar nueva fecha y hora de audiencia sin necesidad de que se presente una nueva solicitud, pues conforme lo aseverado por el accionante y no desvirtuado por la autoridad judicial demandada en la audiencia de 28 de febrero, suspendida no se fijó una nueva fecha de señalamiento, lo que provocó a que el accionante se apersonara a estrados judiciales, donde se fijó nueva audiencia para el 9 de marzo de 2023, que también fue suspendida, señalándose nueva fecha para el 13 del mismo mes y año, audiencia que también fue suspendida porque la autoridad judicial se encontraba con permiso, sin que se hubiere fijado nuevo señalamiento (Conclusiones II.1). Consiguientemente, las suspensiones reiteradas, así como los señalamientos de audiencia fuera del plazo previsto en la norma, han provocado una demora de más de treinta días, extremo que hace aplicable el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa, pues dicha demora constituye una lesión del derecho a la libertad física del solicitante, en ese sentido, conforme a la Jurisprudencia Constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se reitera, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada.
Finalmente, es importante aclarar que, si bien la autoridad demandada, refiere que contaba con baja médica una semana antes a la interposición de la acción de libertad, es decir, desde el 10 de marzo de 2023 aproximadamente, razón por la que desconocía el movimiento de las causas en ese periodo de tiempo y las suspensiones de audiencia suscitadas en ese lapso no serían de su responsabilidad (Conclusión II.2); sin embargo, conforme a lo manifestado por el impetrante de tutela, y los antecedentes de la acción tutelar, se tiene que, las suspensiones de las audiencias se dieron a partir del 15 de febrero; es decir, antes de que la autoridad demanda se encuentre con baja médica, que tampoco fue debidamente respaldada por la autoridad judicial demandada.
Por dicho motivo, se establece que no se encuentra exento de responsabilidad respecto a la demora y dilación en la resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela, toda vez que, durante el periodo de tiempo que se encontraba ejerciendo su labor jurisdiccional existieron varias suspensiones de audiencia y señalamientos fuera del plazo previsto por la norma. En ese sentido, es evidente que también existió dilación cuando se encontraba con baja médica, no obstante, de ello, la dilación posterior no enerva la demora y falta de resolución ocurrida con anterioridad; por lo que, en el marco de la jurisprudencia glosada, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 22/2023, de 18 de marzo, cursante de fs. 11 vta., a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° Disponer el señalamiento de audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva de Miguel Eduardo Santiesteban Stroebel, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no hubiese cambiado.
3º Exhortar a la autoridad demandada, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1024_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4ea411cdeec7b25e551aebbbd75c8059a97aa0493de397d39588776fc1e2d155
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