Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 6 de julio de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral y a la salud; puesto que, fue indebidamente desvinculada de su fuente de trabajo que ejercía en la CPS Regional Sucre por Memorando ARSR-0636/23 de 5 de septiembre de 2023, sin considerar que: a) Ejercía un cargo con ítem; por lo que, la relación laboral era por tiempo indefinido; y, b) El Administrador ahora accionado no tenía facultades para emitir la desvinculación; puesto que, su persona fue contratada por la MAE de la referida entidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La observancia del principio de subsidiariedad en el caso de los grupos vulnerables (flexibilización); 2) Legitimación pasiva como presupuesto procesal necesario en la acción de amparo constitucional; 3) Del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 164/2023-SCII de “14 de noviembre”, cursante de fs. 671 a 674, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada; disponiendo dejar sin efecto el Memorando ARSR-0636/23 de 5 de septiembre de 2023, de agradecimiento de servicios, emitido por Pablo Roberto Berdecio Fiengo, Administrador de la Caja Petrolera de Salud Regional Sucre, al haber determinado sin justificativo alguno prescindir de los servicios de Margoth Yucra Ríos, debiendo restituirla a su puesto laboral, en el mismo cargo y nivel salarial que tenía al momento de su desvinculación, dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles, computables a partir de su legal notificación con este fallo constitucional y al pago de la totalidad de salarios devengados y demás beneficios sociales, generados desde la fecha de indebida desvinculación hasta la efectiva reincorporación. 2° DENEGAR la tutela solicitada sobre la primera problemática y respecto al pago por daños y perjuicios, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1023/2026-S1 Sucre, 6 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 59349-2023-119-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 164/2023-SCII de “14 de noviembre”, cursante de fs. 671 a 674, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Margoth Yucra Ríos contra Pablo Roberto Berdecio Fiengo, Administrador de la Caja Petrolera de Salud (CPS) Regional Sucre.
La accionante, por memoriales presentados el 23 y 27 de octubre de 2023, cursante de fs. 493 a 504 vta.; y, 515 a 516 vta., manifestó lo siguiente:
Trabajó como Consultora Individual de Línea del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en condiciones de total explotación laboral, motivo por el cual asumió conocimiento de un cargo vacante en la CPS Regional Sucre; por lo que, envió su currículum vitae y días después, fue contactada por el Jefe del Departamento Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) y el Jefe Nacional de Jurídica de la referida Caja, indicándole que cumplía los requisitos necesarios para el cargo con ítem de Abogada en la Regional Sucre. De conformidad con ello, resolvió su contrato con el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, dado que el cargo con ítem implicaba estabilidad laboral y goce de todos los derechos y beneficios laborales para sostener su hogar monoparental; asimismo, por instrucción del Jefe del Departamento Nacional de RR.HH. de la CPS, el 12 de junio de 2023, se presentó en dicha institución y realizó su Declaración Jurada de Bienes y Rentas; puesto que, la información que se le proporcionó señalaba que el cargo era con ítem. No obstante, en la tarde de la referida fecha, le hicieron firmar un Memorando de Asignación de Ítem, que minutos después fue dejado sin efecto con absurdas excusas; por lo que, la hicieron regresar al día siguiente para empezar a ser víctima de acoso laboral por parte de la Jefa Administrativa Financiera y el Responsable de RR.HH., ambos de la CPS Regional Sucre, indicando que no ingresaría a trabajar hasta que el anterior Abogado renuncie, a pesar de que el cargo se encontraba vacante desde la pasada gestión; situación que le generó desesperación y angustia por sustentar sus deudas y vivencia diaria. En atención a ello, comunicó dicha situación a la “Oficina Nacional” de la CPS, que en respuesta le indicó que ya estaba trabajando en la referida Caja y que le enviarían el Memorando; por lo que, el 13 de junio de 2023, empezó a cumplir sus funciones de manera normal, notificándosele con el Memorando DNRH-M-454/2023 de 13 de junio, recién el 16 del mismo mes y año, en el que dicha designación, de manera contraria a la ley, establecía un plazo; extremo que no pudo reclamar por el temor fundado de que podían echarla de su fuente laboral. Desde ese momento, se recomendó con su trabajo sin que exista alguna queja de su desempeño. Cuando asumió el cargo, existía una recomendación procuradurial que fue incumplida por abogados y administradores, que contaba con dos conminatorias por incumplimiento, respecto de los procesos coactivos sociales de la CPS Regional Sucre, recomendando el inicio de acciones legales contra los servidores públicos; por lo que, presentó querella contra el anterior Abogado, Eddy Alberto Bedoya Eguivar, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, momento desde el cual comenzó a ser víctima de amedrentamiento, calumnias e injurias por parte de la gente cercana al nombrado; funcionarios de la referida Caja, incluido el Administrador ahora accionado, quien la hizo víctima de un gran acoso laboral, reclamándole por la presentación de la querella y la solicitud de aplicación de medidas cautelares, incluso llegando a usar a los Sindicatos de Trabajadores para que la saquen del trabajo. Fueron tan graves los actos de amedrentamiento y acoso laboral en su contra que se vio afectada en su salud psicológica y física, siendo atendida en emergencias en dos ocasiones. El Administrador hoy accionado radicalizó el amedrentamiento contra su persona, pasándole una severa llamada de atención sin ningún tipo de fundamento y producto de ese abuso de autoridad y acoso laboral, el 6 de septiembre de 2023, le notificaron con el agradecimiento de servicios mediante Memorando ARSR-0636/23 de 5 del mismo mes y año, siendo que no fue el nombrado quien la designó en el cargo con ítem, sino la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). El 11 de ese mes y año, se constituyó en su trabajo; no obstante, Administrador ahora accionado, el Responsable de RR.HH. y la Jefa Administrativa Financiera, todos de la CPS Regional Sucre, le impidieron el ingreso; por lo que, inmediatamente se comunicó con el Jefe Nacional de Jurídica, que le recomendó presentar la denuncia en la “Jefatura de Trabajo”. La acción de amparo constitucional prevé excepciones al principio de subsidiariedad, dentro de las cuales se encuentra su caso; puesto que, al no permitirle ingresar a la CPS Regional Sucre, inmediatamente se constituyó en la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para presentar su denuncia por despido injustificado; sin embargo, la funcionaria que la atendió no quiso tomar su denuncia verbal y a pesar de realizar mucha insistencia, ni siquiera quiso expedir la citación para el denunciado, alegando que era servidora pública y no pertenecía al sector privado de la CPS; por lo que, no se podía aplicar la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales. Luego de reconsiderar su posición, la Técnico de la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social le comunicó que se citaría al Administrador hoy accionado; por cuanto, presentó varios elementos probatorios; no obstante, la referida Jefatura emitió la Resolución Administrativa (RA) J.D.T.CH.-R.A.R. 0274/2023 de 9 de octubre, que no aplica en absoluto la Constitución Política del Estado, ni ninguna normativa laboral; puesto que, rechaza la denuncia de despido injustificado y le niega la reincorporación así como el pago de sueldos devengados y demás beneficios sociales. En atención a ello, ante tantas vulneraciones del derecho al debido proceso contenidas en la RA J.D.T.CH.-R.A.R. 0274/2023, el 16 de octubre de 2023, presentó recurso de revisión, resultando la vía de la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social inidónea para la protección de sus derechos; puesto que, omiten referir lo que sucedió el día de su denuncia; además, que existe retardación evidente en la citación al Administrador ahora accionado que se produjo tres días después de la denuncia y toda solicitud de certificados y fotocopias fueron respondidas después de un mes; y, a pesar de que contaban con tres días para remitir su recurso de revisión al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el último día de aquel plazo, cuando recogía las fotocopias solicitadas, pudo constatar que el referido recurso no fue enviado a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por lo que, esta vía no es la idónea para salvaguardar sus derechos, abriéndose la vía constitucional conforme las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1025/2013 de 27 de junio y 0220/2023-S4 de 2 de mayo. Asimismo, la vía laboral no es idónea; ya que, en el desempeño de sus labores en la CPS Regional Sucre, constató que el anterior Abogado tiene vinculación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de acuerdo con las conversaciones vía WhatsApp que adjunta. Por otro lado, también merece atención preferente exenta del principio de subsidiariedad, al ser madre soltera, cabeza de hogar y única proveedora del mismo; además, de padecer discapacidad auditiva, en la que presenta una pérdida auditiva del 25% desde 2018, no pudiendo realizarse un control debido a que no contaba con seguro médico. Del mismo modo, indica que presenta una lesión plana en el estómago que debe ser observada, pudiendo ser cancerígena; sin embargo, no puede atenderse debido a que no cuenta con un trabajo estable. También presenta síndrome ansioso depresivo producto del Coronavirus (COVID-19), que se activa en situaciones de estrés, preocupación, angustia y tristeza, por las situaciones negativas que viene atravesando generadas en la CPS Regional Sucre. Y finalmente, presenta problemas en su ojo izquierdo como consecuencia de un accidente laboral in itinere; puesto que, el sábado “8 de julio”, el Administrador ahora accionado, les hizo asistir a la institución para realizar labores de limpieza, situación en la que sufrió una caída en la acera, lastimándose en varias partes de su cuerpo y el rostro; y, desde entonces sufre serias y fuertes molestias en el ojo accidentado. En atención a todo ello, se demuestra que fue designada en un cargo con ítem como personal regular y permanente, que merece la protección constitucional ante la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral que le fueron afectados por el despido indirecto o intempestivo, por parte del Administrador hoy accionado, dado que el plazo señalado en su designación mediante Memorando DNRH-M-454/2023, es nulo de pleno derecho y el agradecimiento de servicios por Memorando de ARSR-0636/23, emitido contra su persona es indebido; puesto que, no fue el nombrado quien la designó.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral y a la salud; citando al efecto los arts. 13, 15, 46.I, 48.I, II y III, 49.II, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Declarar ilegal y nulo el despido injustificado efectuado por el Administrador ahora accionado, dejando sin efecto el agradecimiento de servicios por Memorando ARSR-0636/23 de 5 de septiembre de 2023; b) Ordenar la reincorporación inmediata a su fuente laboral, en el mismo cargo que ocupaba, más el pago de sus salarios devengados y otros derechos sociales reconocidos por ley, en aplicación del art. 48.I, II y III de la CPE, el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales; y, c) Indemnizar los daños y perjuicios por parte del Administrador hoy accionado, de conformidad con lo previsto por el art. 113 de la Norma Suprema.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de noviembre de 2023 y reanudada el 15 del mismo mes y año, según consta en el acta cursante de fs. 654 a 663 vta.; y, 668 a 670 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Pablo Roberto Berdecio Fiengo, Administrador de la CPS Regional Sucre, mediante informe presentado el 13 de noviembre de 2023, cursante de fs. 579 a 582 vta., y en audiencia manifestó que: 1) La accionante observa la designación por Memorando DNRH-M-454/2023, que a su criterio es nulo; sin embargo, fue convalidado por la nombrada al suscribir el mismo, sin que medie vicio alguno; 2) En el referido Memorando se estableció el periodo de funciones, convalidando también aquel aspecto; por lo que, la acción de amparo constitucional es improcedente, conforme el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre; 3) De acuerdo al Memorando DNRH-M-454/2023, la accionante fue contratada como dependiente de la Administración de la CPS Regional Sucre; por lo tanto, como Administrador de la referida Caja, de acuerdo con el Manual de Organización y Funciones de esa entidad, tiene atribuciones de gestionar los recursos humanos, respaldado por el Testimonio 373/2023 de 3 de julio, en el cual el Director General Ejecutivo de la CPS le otorga dicha facultad; 4) Respecto al despido injustificado, acogiéndose al principio de la comunidad de la prueba, la accionante presentó un recurso de revisión que se encuentra pendiente de resolución ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por lo que, la causa es improcedente de acuerdo con el art. 53.3 del citado Código; 5) Sobre las denuncias de malos tratos y vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, es preciso señalar que para que una persona sea considerada con discapacidad, se debe contar con la acreditación del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), lo cual no fue acreditado en la acción de amparo constitucional; además, que en ningún momento se le negó el acceso al seguro de salud, lo que se demuestra por el examen preocupacional que se le realizó y el fichaje de su Matrícula 19766005YRM; 6) Sobre la prueba presentada, la accionante refiere el tipo de trabajo efectuado acompañando la respectiva documentación. No obstante, se debe considerar que el ingreso a la entidad exige la firma de un acuerdo de confidencialidad destinado a proteger la información de los pacientes; 7) El Memorando ARSR-0636/23, de agradecimiento de servicios fue emitido por la administración, en cumplimiento de sus atribuciones, sin vulnerar ningún tipo de derecho ni garantía constitucional; 8) Las capturas de pantalla adjuntadas no son resoluciones ni cuestiones administrativas; y, 9) La Disposición Única del DS “44069” -4469- de 3 de marzo de 2021, refiere que la calidad de funcionarios de carrera administrativa fue suprimida por la Disposición Final Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado; por lo que, la asignación del ítem fue únicamente para tenerla dentro de registro para efectos de control dentro de la CPS de la referida Regional.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -con la aclaración que se convocó al Vocal dirimidor de su similar Primera-, mediante Resolución 164/2023-SCII de “14 de noviembre”, cursante de fs. 671 a 674, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La accionante ingresó a trabajar en la CPS Regional Sucre a través del Memorando DNRH-M-454/2023, desde el 13 de junio hasta el 8 de septiembre de 2023; y posteriormente, mediante Memorando ARSR-0636/23 de agradecimiento de servicios suscrito por el Administrador hoy accionado, el 5 de septiembre de 2023, fue desvinculada de dicho cargo; ii) En esas circunstancias, el 11 de septiembre de 2023, acudió a la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y presentó denuncia verbal de despido ilegal, solicitando su reincorporación laboral y el pago de salarios devengados; por lo que, la Jefa Departamental de Chuquisaca del referido Ministerio, emitió la RA J.D.T.CH.-R.A.R. 0274/2023, rechazando dicha petición; y posteriormente, el 20 de septiembre de 2023, interpuso recurso de revocatoria; no obstante, dicho recurso no fue resuelto en el plazo oportuno; razón por la que, el 19 de octubre de igual año, planteó recurso jerárquico, que se encuentra pendiente de resolución; iii) En ese contexto, la accionante pretende que la jurisdicción constitucional se pronuncie respecto a su presunta desvinculación ilegal del cargo que desempeñaba en la CPS Regional Sucre; y, con la finalidad de superar el requisito de subsidiariedad, señala que debe prescindirse de manera excepcional; puesto que, concurriría la causal establecida en las SCP 1025/2013 y 0220/2023-S4, alegando que la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se constituye en una instancia inidónea e ineficaz para la tutela inmediata y oportuna de sus derechos fundamentales; además, que pertenece a grupos vulnerables por su condición de madre soltera, con discapacidad y condiciones de salud deteriorada; iv) Ciertamente, la jurisprudencia indicada establece excepciones a la subsidiariedad en materia de derechos laborales, específicamente cuando el medio de defensa ordinario se constituye en inidóneo para la protección de los derechos fundamentales y cuando la protección resulte tardía y/o exista la inminencia de un daño irreparable e irremediable por no otorgarse la tutela solicitada; extremos que en el presente caso no fueron acreditados por la accionante, quien se limitó a denunciar de manera subjetiva una presunta parcialización de personeros de la citada Jefatura Departamental, no pudiendo asumirse el rechazo a una petición como una cuestión que defina la idoneidad de la autoridad administrativa, más aun cuando su decisión está sujeta a revisión y el mecanismo de control fue activado por la accionante; v) Por otro lado, respecto de la pertenencia de la nombrada a determinados grupos vulnerables que permitirían prescindir del principio de subsidiariedad, la accionante no acreditó que el acto presuntamente vulnerador de sus derechos fundamentales sea consecuencia de la aplicación de un criterio discriminatorio por su condición de madre soltera o su presunta enfermedad auditiva o de salud, sino que ella misma denuncia que sería consecuencia de represalias por la denuncia que presentó contra un ex funcionario; además, respecto de su estado de invalidez, este no fue acreditado materialmente; y, la condición de salud y ser madre soltera, no se constituyen en circunstancias que permitan prescindir del principio de subsidiariedad; y, vi) Habiendo la accionante presentado “recurso jerárquico” contra la RA J.D.T.CH.-R.A.R. 0274/2023, que rechazó su solicitud de reincorporación laboral y encontrándose pendiente de resolución, atendiendo a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no puede pronunciarse sobre el fondo de la problemática planteada; por lo que, deberá estar atenta a la determinación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como instancia de revisión jerárquica.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro de plazo. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Por decreto constitucional de 26 de marzo de 2026, cursante a fs. 739, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio de 2026, cursante a fs. 743; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorando DNHR-M-454/2023 de 13 de junio, suscrito por el Jefe del Departamento de RR.HH., el Director Nacional Administrativo Financiero; y, el Director General Ejecutivo a.i., todos de la CPS, dirigido a Margoth Yucra Ríos -ahora accionante-, que señala: “En uso de las atribuciones conferidas a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Art. 27° inciso e) del Estatuto Orgánico Institucional, que faculta la disposición de cargos jerárquicos a nivel nacional, se comunica a usted que a partir de la fecha se ha dispuesto su designación en el cargo de Abogado, dependiente de la Administración Regional de Sucre, hasta el 08 de septiembre de 2023, indefectiblemente; fecha en la que concluirá su relación laboral con la Institución” (sic [fs. 6]). II.2. Consta Memorando ARSR-0636/23 de 5 se septiembre de 2023, suscrito por Pablo Roberto Berdecio Fiengo, Administrador de la CPS Regional Sucre -ahora accionado-, en el que señala: “…comunico a usted que la Administración Regional ha dispuesto agradecer sus servicios prestados a la Institución, concluyendo su relación laboral en viernes 08 de septiembre de 2023 a horas 17:00 con La Caja Petrolera de Salud Regional Sucre” (sic [fs. 2]); asimismo, cursa Formulario Notarial de certificación, emitido por la Notaria de Fe Pública Vigésimo Cuarta del municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca, que acredita la entrega del referido Memorando a la accionante, el 6 del mismo mes y año (fs. 3). II.3. Cursa RA J.D.T.CH.-R.A.R. 0274/2023 de 9 de octubre, pronunciada por la Jefa Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dentro de la denuncia verbal de despido, solicitud de reincorporación y pago de sueldos devengados planteada por la accionante contra el Administrador hoy accionado; que en la parte dispositiva señala: “…RECHAZA LA DENUNCIA DE DESPIDO SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN LABORAL, PRESENTADA POR LA IMPETRANTE MARGOTH YUCRA RÍOS…” (sic [fs. 44 a 48 vta.]); también, consta Formulario de Notificación con la referida Resolución Administrativa, el 10 de octubre de 2023, a las 10:00 horas (fs. 43). II.4. Mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2023, ante la Jefatura Departamental de Chuquisaca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la accionante formuló Recurso de Revisión contra la RA J.D.T.CH.- RAR 0274/2023 (fs. 27 a 34 vta.).
II.5. Consta el Estatuto Orgánico de la CPS, aprobado por el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) mediante RA 040-05 de 11 de mayo de 2005, que en su art. 27, establece las funciones del Director Ejecutivo encargado de la Dirección Ejecutiva Nacional de la CPS: “e) Designar al Asesor Legal Nacional y al Jefe de Auditoría Interna Nacional, a los Jefes de los Departamentos Nacionales dependientes de las Direcciones Nacionales a propuesta de los Directores Nacionales en sus respectivas áreas, así como a profesionales y funcionarios de planta. Asimismo, promoverlos, removerlos y prescindir de sus servicios, de acuerdo a disposiciones legales” (sic [fs. 86 a 112]). II.6. Por Testimonio 373/2023 de 3 de julio, emitido por el Notario de Fe Pública Quincuagésimo Quinto del municipio de Sucre del departamento de Chuquisaca, mediante el cual revocó el Poder Especial 228/2023 de 28 de abril y se otorga nuevo Poder Especial, por el cual David Silvestre Martínez Flores, en su condición de Director General Ejecutivo de la CPS, confiere al Administrador ahora accionado varias facultades; entre ellas, la siguiente: “24. FACULTADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 24.1 En coordinación estricta e inexcusable con la Dirección General Ejecutiva y el Departamento Nacional de Recursos Humanos, planificar, instrumentar, desarrollar, y evaluar procedimientos y prioridades relativas a los recursos humanos, optimizando el clima organizacional, suministrando personal idóneo con habilidad, destreza y motivación para alcanzar la eficacia y eficiencia institucional en la administración de los recursos humanos, con la facultad de promoverlos, removerlos y prescindir de servicios. Facultad de suscribir contratos laborales para designar profesionales y funcionarios, PREVIA COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y APROBACIÓN EXPRESA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, facultades que deberán estar en estricto apego al Estatuto Orgánico, Reglamento Interno de Personal y al ordenamiento jurídico vigente” (sic [fs. 544 a 548 vta.]).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral y a la salud; puesto que, fue indebidamente desvinculada de su fuente de trabajo que ejercía en la CPS Regional Sucre por Memorando ARSR-0636/23 de 5 de septiembre de 2023, sin considerar que: a) Ejercía un cargo con ítem; por lo que, la relación laboral era por tiempo indefinido; y, b) El Administrador ahora accionado no tenía facultades para emitir la desvinculación; puesto que, su persona fue contratada por la MAE de la referida entidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La observancia del principio de subsidiariedad en el caso de los grupos vulnerables (flexibilización); 2) Legitimación pasiva como presupuesto procesal necesario en la acción de amparo constitucional; 3) Del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; y, 4) Análisis del caso concreto.
Conforme se tiene establecido a partir de los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo, la acción de amparo constitucional procede siempre y cuando no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, determinando de esta manera como presupuesto para su activación, el cumplimiento del principio de subsidiaridad; asimismo, este último artículo prevé la posibilidad de excepcionalmente prescindir de tal observancia, cuando tras la interposición del mecanismo pertinente, la protección pudiera resultar tardía o exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable. Bajo ese entendimiento, numerosas sentencias constitucionales plurinacionales establecieron y reiteraron la posibilidad de la activación directa de la acción de defensa, cuando justamente se presenten estas alternativas, así la SCP 0537/2017-S3 de 9 de junio, establece que: «…la parte accionante puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional haciendo abstracción del principio de subsidiaridad cuando es inminente el daño irreparable o irremediable; no obstante, está obligada a demostrar el mismo, al respecto la SC 0428/2010-R de 28 de junio, concluyó que: “En efecto, aplicando el criterio de interpretación referente a la ‘concordancia práctica’, en un Estado Social y Democrático de Derecho, cuando exista el riesgo de ocasionarse con un acto u omisión indebida un daño tan grave que sea irreparable por equivalencia, frente al cumplimiento de formalidades, debe preferirse la tutela inmediata de bienes jurídicos en grave riesgo de afectación, porque de no resguardarse inmediatamente los derechos, se estaría convalidando o consintiendo situaciones irreversibles que atentarían los cimientos propios del Estado Social y Democrático de Derecho. En este contexto, la irreparabilidad significa que el daño que sea ocasionado por no haberse prestado una tutela constitucional pronta y oportuna, por la naturaleza del bien jurídico afectado, no podría ser restituido ni reparado por ningún medio. Es imperante establecer que la parte accionante que solicita tutela alegando la causal antes descrita, tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo de daño grave e irreparable que pueda ocasionarse en caso de no operar la tutela constitucional de manera inmediata, no siendo suficiente invocar la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad simplemente describiendo hechos que en criterio del accionante puedan ocasionar daños graves e irreparables”». Concretamente, a tiempo de precisar los casos en los que excepcionalmente sería posible abstraerse del citado principio, la SCP 1171/2015-S3 de 16 de noviembre, señala que: “…el ámbito preventivo de la acción de amparo constitucional, está destinado a evitar la vulneración de derechos a través de la concesión de una tutela constitucional inmediata y efectiva que evite la consumación de la lesión y/o violación de derechos. En ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción fueron uniformes al sostener que, la abstracción del principio de subsidiariedad que uniforma a esta acción tutelar, se producirá cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz y se trate de grupos de atención prioritaria, como ser: niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres en estado de gestación; posteriormente, se amplió esta abstracción a casos en los que se encuentren comprometidos los derechos a la salud y la vida, así como los referidos a temas de discriminación y racismo, siendo sin embargo el común denominador de dicha aplicación excepcional, la acreditación objetiva del daño irreparable” (las negrillas nos corresponden). De los entendimientos vertidos, se concluye que no obstante resulta posible hacer abstracción del principio de subsidiariedad y activar directamente la presente acción de defensa, dicha excepcionalidad se circunscribe al previsible daño irreparable o irremediable, como a la activación de un recurso ineficaz e incluso cuando se trate de grupos vulnerables; empero, respecto a estos últimos el razonamiento glosado estableció que la flexibilización respecto al cumplimiento del citado principio debe derivar de la acreditación objetiva del daño irreparable; es decir, que cualquier persona que se crea inmersa en uno de los grupos antes mencionados y solicite la abstracción del principio de subsidiariedad, no solo debe sostener su petición en la simple alusión de su pertenencia a uno de estos grupos, sino que tiene la obligación de probar mediante medios objetivos el riesgo del daño irremediable que lo habilite para aplicar la referida flexibilización.
La SCP 0951/2021-S2 de 8 de diciembre, establece que: [Con carácter previo a realizar el análisis de fondo de la problemática traída a revisión, es importante verificar la legitimación pasiva del accionado, en ese sentido es pertinente hacer referencia a lo desarrollado por la SC 1086/2010-R de 27 de agosto, que señala: «Para que se produzca una relación jurídica procesal válida en cualquier proceso y más aún, dentro de un amparo constitucional, no basta la interposición del recurso, deben estar presentes en él, los denominados presupuestos procesales, unos de orden formal y otros de fondo: Los presupuestos procesales de forma son: a) La forma propiamente dicha de la demanda; b) La capacidad procesal de las partes; y, c) La competencia del juez; y los presupuestos procesales de fondo o materiales, son: 1) La existencia del derecho que tutela la pretensión procesal; y, 2) La legitimidad para obrar. Los presupuestos procesales de forma al igual que los considerados de fondo, son ineludibles al momento de la interposición de cualquier acción legal, para que se genere una relación jurídica procesal válida.
En ese sentido la SC 0095/2010-R de 4 de mayo, ha señalado: “En la SC 0325/2001-R de 16 de abril, con relación a la legitimación pasiva este Tribunal ha establecido que: ‘…para la procedencia del amparo constitucional es ineludible que el Recurso sea dirigido contra el sujeto que ejecutó el acto ilegal o la omisión indebida, es decir, el agraviante’. En ese sentido, un recurrido carece de legitimación pasiva cuando no se da esta coincidencia, así la SC 0410/2001-R de 8 de mayo, establece que: ‘…no se presenta la coincidencia que tiene que darse entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quién se dirige la acción’”».
En relación a la falta de identificación total o parcial de la o las personas a las que se les atribuye la calidad de accionado dentro de una acción constitucional la SC 0979/2010-R de 17 de agosto señaló: «la legitimación pasiva es un requisito de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos, de no hacerlo así, o al no identificar a todos los que cometieron tales actos, o de sólo darse una identificación parcial a pesar de que pudo identificarse a todos, o al no ser claros tales elementos; entonces la acción de amparo deberá ser declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitada»] (las negrillas nos pertenecen).
La CPE en su art. 46, protege el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, al establecer que: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”.
El art. 4 de la Ley General del Trabajo -Ley 321 de 18 de diciembre de 2012-, dispone que: “Los derechos que esta ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario”.
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en su art. 23.1, señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Siendo así que conforme lo establece el art. 410 de la CPE, el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad y continuidad laboral y a la salud; puesto que, fue indebidamente desvinculada de su fuente de trabajo que ejercía en la CPS Regional Sucre por Memorando ARSR-0636/23 de 5 de septiembre de 2023, sin considerar que: i) Ejercía un cargo con ítem; por lo que, la relación laboral era por tiempo indefinido; y, ii) El Administrador ahora accionado no tenía facultades para emitir la desvinculación; puesto que, su persona fue contratada por la MAE de la referida entidad. Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, debe abordarse el cumplimiento del principio de subsidiariedad en el presente caso; puesto que, la accionante reconoce desde un inicio que si bien acudió a la vía administrativa laboral para restituir sus derechos, llegando a plantear un recurso de revisión que a la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional, no fue resuelto por la autoridad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; no obstante, debe considerarse que en la SCP 0209/2018-S2 de 22 de mayo, se dejó sentado el siguiente razonamiento: “…el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, son derechos fundamentales cuya vulneración afecta a otros derechos primordiales del impetrante de tutela y del grupo familiar que depende de él, como ser el derecho a la vida y su subsistencia misma; en consecuencia, al constituirse el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral en un derecho elemental para el ser humano, se debe prescindir de este principio de subsidiariedad en el caso que se examina y aperturar la competencia de este Tribunal para analizar el fondo del problema planteado…”.
Así, en el presente caso, la condición como mujer y madre de la accionante; además, de su disminuido estado de salud, denotan una situación en que concurre una múltiple vulnerabilidad, lo que hace necesaria la intervención de la jurisdicción constitucional con la finalidad de verificar si concurre alguna vulneración de los derechos alegados; y, brindar, si correspondiera, la tutela inmediata requerida, abstrayendo el principio de subsidiariedad precisamente por su pertenencia a un grupo que goza de protección reforzada, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. Ahora, con la finalidad de analizar la problemática planteada, debemos partir por analizar con objetividad las características de la relación laboral establecida entre las partes procesales, en vista de que tanto la contratación o designación como la desvinculación de las personas, no se encuentran sujetas al libre capricho de los intervinientes sino a reglas previamente acordadas y/o establecidas por ley, en las que deben acomodarse los actos de las personas. Conforme con ello, se constató que la designación efectuada a la accionante mediante el Memorando DNHR-M-454/2023, si bien fija en su contenido un determinado periodo para el ejercicio de labores de la accionante, también se tiene que se encuentra firmado por las autoridades indicadas en el documento, entre ellos, el Director General Ejecutivo a.i. de la CPS, remitiéndose expresamente a su atribución establecida en el art. 27 inc. e) del Estatuto Orgánico de la referida entidad, como facultad para designar a personal profesional y de planta (Conclusión II.1.). Por otro lado, la desvinculación laboral se produjo a raíz del Memorando ARSR-0636/23 de agradecimiento de servicios (Conclusión II.2.), emitido por el Administrador hoy accionado, en el que indica: “…comunico a usted que la Administración Regional ha dispuesto agradecer sus servicios prestados a la institución, concluyendo su relación laboral…” (sic). Entonces, en cuanto a la primera problemática, en la que se reclama la vigencia de la relación laboral con la CPS; puesto que, fue designada con un ítem, el cual no tenía un plazo determinado para concluir sus funciones al ser personal de planta o permanente, es pertinente precisar que la designación en el Memorando DNHR-M-454/2023 (Conclusión II.1.), a la finalidad de la presente acción tutelar, fue emitida por el Jefe del Departamento Nacional de RR.HH., el Director Nacional Administrativo Financiero y el Director General Ejecutivo a.i., todos de la CPS y no por el Administrador ahora accionado, de manera que la primera problemática traída en revisión, no corresponde ser analizada por esta jurisdicción constitucional al no ser un elemento atribuible al nombrado contra quien se interpuso la acción de defensa, sino un acto efectuado por otra autoridad de la CPS, contra quien no se dirigió la demanda. En consecuencia, el nombrado carece de legitimación pasiva, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2.; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada en este punto. Respecto a la segunda problemática, si procedemos con el cotejo entre los dos documentos previamente indicados, se permite concluir que la relación laboral que inició con base en la atribución del Director General Ejecutivo a.i. de la CPS, de acuerdo con norma interna (Conclusión II.5.), no concluyó de la misma manera; puesto que, sin aportar mayor información, el Memorando ARSR-0636/23 de agradecimiento de servicios emitido por el Administrador hoy accionado, dispone la cesación de funciones de la accionante, sin justificar con cita de norma o disposición alguna el motivo por el que asumió dicha determinación o hace uso de aquella atribución. De acuerdo con el Informe presentado por el Administrador ahora accionado, indica que la accionante se encontraba bajo su dependencia; por lo que, se encuentra dentro de sus facultades el gestionar los recursos humanos de acuerdo con el “Manual de Funciones”; y, además que, el Testimonio 373/2023, extendido por el Director General Ejecutivo a.i. de la CPS, le otorgó la facultad de disponer del personal (Conclusión II.6.). Al respecto es pertinente señalar que la dependencia entendida dentro del presente caso por el Administrador hoy accionado, no implicaría dependencia per sé, sino tuición en tanto las labores de la accionante se encontrarían vinculadas a sus funciones como Administrador de la CPS Regional Sucre, prestándole asesoramiento; empero, debe considerarse que la gestión de recursos humanos no necesariamente conlleva la disposición de ese elemento con relación a su vinculación con la referida entidad, en tanto no se acreditó una atribución normativa que asista al Administrador ahora accionado para la desvinculación del personal dotado por el Director General Ejecutivo a.i. de la CPS, aspecto que en todo caso se alega sería delegado; no obstante, de acuerdo con los antecedentes aquella delegación estaría por sobre todo condicionada. Si nos remitimos al Testimonio 373/2023, se tiene que en efecto el nombrado Director, otorgó al Administrador hoy accionado, la facultad de administrar el recurso humano; y, como parte de ello, podría prescindir de los servicios del personal; no obstante, fija como condición para esa finalidad la “coordinación estricta e inexcusable” con la Dirección General Ejecutiva de la CPS. En conclusión, conforme con lo establecido en los documentos analizados, no se acredita que el Administrador ahora accionado, tenga la facultad para emitir el Memorando ARSR-0636/23 de agradecimiento de servicios a la accionante; y, en el caso concreto, tampoco podría disponer del cargo en ejercicio de la delegación que se le hizo, puesto que no refiere ni acredita la coordinación y autorización previa y necesaria para emitir el citado Memorando, considerando que aun cuando el plazo para el ejercicio de funciones establecido en el Memorando DNHR-M-454/2023 fue fijado con anterioridad, la desvinculación indefectiblemente tuvo que provenir de la autoridad facultada por norma para esa finalidad, o por otra delegada conforme las reglas establecidas y cumpliendo las formalidades necesarias para efectuar dicho acto. En consecuencia, se tiene que el Administrador hoy accionado, no contaba con la facultad para emitir el Memorando ARSR-0636/23 de agradecimiento de servicios, de acuerdo con las normas vigentes; por lo que, su emisión resulta vulneratoria a los derechos fundamentales de la accionante, al trabajo y a la estabilidad laboral, incidiendo ello a su vez en su salud, al privarla indebidamente de su fuente laboral con una determinación ajena a la normativa en vigencia; por lo tanto, corresponde conceder la tutela en función de la segunda problemática denunciada por la nombrada, concesión por la cual tendrá que restituírsela al cargo que ocupaba, en tanto no se emita una desvinculación que cumpla de manera adecuada con los requisitos establecidos por ley, debiendo asimismo restituirle sus salarios devengados en razón al despido injustificado e indebido comprobado. Por último, la accionante peticiona la indemnización por daños y perjuicios en contra del Administrador ahora accionado; sin embargo, debe tenerse presente que la SCP 0113/2012 de 27 de abril, señala que: “El primer criterio responde al efecto inmediato que podría emerger de la lesión constatada del derecho fundamental o garantía constitucional, es decir, aquel efecto material directo que se constata y percibe sin necesidad de un proceso controversial; ello significa que en la sustanciación de la acción amparo constitucional, el daño civil no puede ser determinado o calificado sobre la base de los parámetros previstos por el art. 994 del CC, es decir, el daño emergente y el lucro cesante, pues la determinación de un resarcimiento de daños y perjuicios con dichos criterios requiere de un proceso controversial en el que las partes, en igualdad de condiciones, puedan hacer valer sus pretensiones; hecho que no es posible realizar con la acción de amparo constitucional, primero, porque su finalidad es la de otorgar una tutela inmediata, efectiva e idónea, restableciendo o restituyendo el derecho restringido o suprimido, y no el resarcimiento de los daños civiles; y, segundo, porque dado su carácter sumarísimo no es posible desarrollar un verdadero proceso contencioso o controversial. En consecuencia, el accionante que considere haber sufrido daños y perjuicios que requieren ser reparados, previa calificación sobre la base de los criterios del daño emergente y lucro cesante, tendrá la vía ‘civil ordinaria’, razonamiento que también fue referido en el AC 0042/2004-CDP de 29 de octubre de 2004” (las negrillas nos corresponden).
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 164/2023-SCII de “14 de noviembre”, cursante de fs. 671 a 674, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada; disponiendo dejar sin efecto el Memorando ARSR-0636/23 de 5 de septiembre de 2023, de agradecimiento de servicios, emitido por Pablo Roberto Berdecio Fiengo, Administrador de la Caja Petrolera de Salud Regional Sucre, al haber determinado sin justificativo alguno prescindir de los servicios de Margoth Yucra Ríos, debiendo restituirla a su puesto laboral, en el mismo cargo y nivel salarial que tenía al momento de su desvinculación, dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles, computables a partir de su legal notificación con este fallo constitucional y al pago de la totalidad de salarios devengados y demás beneficios sociales, generados desde la fecha de indebida desvinculación hasta la efectiva reincorporación. 2° DENEGAR la tutela solicitada sobre la primera problemática y respecto al pago por daños y perjuicios, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1023_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): fbf7b95c4342c5cc9c2f0f8625874a40dfbf91f166a8eefa0841c33ada74e989
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