B.IA.LEGAL

SCP 1023/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54704-2023-110-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad personal, presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la dignidad y de no privación de libertad; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de concusión, hurto y robo agravado: 1) Permanecieron “arrestados” por más de treinta y siete horas sin ser remitidos ante la autoridad de control jurisdiccional para que defina su situación jurídica; 2) La Fiscal de Materia codemandada, el 5 de febrero de 2023, emitió Resolución de Imputación Formal en su contra, con defectos de forma y fondo, carente de la debida fundamentación; puesto que, no identificó quién era el autor de los supuestos ilícitos que les fueron atribuidos, sustentado además su determinación en valoraciones arbitrarias y conjeturales, sin individualizar la conducta ilícita atribuida a cada imputado; y, 3) El Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio 35/2023 de 6 de febrero, dispuso su detención preventiva, pronunciando una resolución sin motivación suficiente, ni razones propias respecto a cómo llegó a determinar la autoría de los delitos sindicados, y la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, adhiriéndose únicamente a las conclusiones y valoraciones efectuadas por el Ministerio Público, tampoco estableció el nexo causal entre el hecho y el delito de concusión que les fue atribuido, incurriendo ambas autoridades en apreciaciones subjetivas, y sin valoración alguna en relación al hecho den…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 08/2023 de 8 de febrero, cursante a fs. 22 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1023/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54704-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2023 de 8 de febrero, cursante a fs. 22 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricia Farfán López en representación sin mandato de Jorge Abraham Sotes Araníbar, Daniel Omar Gudiño Rueda, René Wilfredo Santos Mamani; y, Denis Miguel Quispe Blanco contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, Pamela Nieves Portocarrero Jiménez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 11 a 16, los accionantes a través de su representante, expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) e integrantes del Grupo de Reacción Inmediata (GRIA), aproximadamente a horas 15:07, del 4 de febrero de 2023, cuando se encontraban realizando un patrullaje rutinario contra el contrabando en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, identificaron el vehículo con placa de control 2161-GNL, que presentaba características sospechosas, conducido por José Luis Bacarreza Costa; por ello, al evidenciar que se trataba de un motorizado indocumentado y con placa clonada, procedieron a su intervención conforme al procedimiento establecido por la ANB. Sin embargo, el mencionado ciudadano, para eludir su responsabilidad, llamó a la “Policía” denunciando supuestos abusos de parte suya, dando lugar a que fueran “arrestados” y trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanecieron privados de libertad en dicha calidad desde el 4 de febrero de 2023 hasta el 6 de igual mes y año; fecha en la que fueron puestos a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, superando el límite legal de veinticuatro horas establecido por el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE). El 5 de febrero de 2023, Pamela Nieves Portocarrero Jiménez, Fiscal de Materia de turno, emitió Resolución de Imputación Formal en su contra -sin número-, atribuyéndoles la supuesta comisión de los delitos de concusión, hurto y robo agravado, según la calificación provisional realizada en la referida imputación; la cual, adolecía de defectos formales y de fondo; por cuanto, no contaba con la debida fundamentación ni motivación; puesto que, no identificaba con claridad quién era el autor del supuesto ilícito, sustentándose en valoraciones arbitrarias y conjeturales, sin individualizar la conducta ilícita atribuida a cada imputado. Permanecieron en “arresto” por más de treinta y siete horas, sin haber sido puestos a conocimiento de la autoridad jurisdiccional para que defina su situación jurídica, conforme se advertiría del decreto de 5 de febrero de 2023, de reprogramación de audiencia de medidas cautelares emitida por la autoridad judicial demandada, quien el 6 del citado mes y año, mediante Auto Interlocutorio 35/2023, dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses a ser cumplidos en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pronunciando una Resolución sin la debida fundamentación ni motivación, al no contener razones propias respecto a quién era el autor de los delitos atribuidos, la existencia de los riesgos procesales de fuga u obstaculización, adhiriéndose simplemente a las valoraciones subjetivas efectuadas por el Ministerio Público. El citado Auto Interlocutorio se basó en supuestos riesgos procesales sin respaldo probatorio concreto, omitiendo valorar elementos favorables como sus credenciales de funcionarios de ANB, actas de comiso y celulares secuestrados, en suma, ambas autoridades demandadas vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, al haberse excedido el plazo legal del arresto, al emitirse la imputación formal en su contra a través una Resolución carente de motivación suficiente y dictarse una medida extrema sin pruebas idóneas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, a la presunción de inocencia, a la dignidad y libertad personal; y, a la no privación de libertad, citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II y 116 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; en consecuencia, se disponga: a) Su conducción física a la audiencia, a objeto de verificar que no fueron objeto de vejámenes o tortura; y, b) Su libertad inmediata e irrestricta.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 8 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 21 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su representante, ratificaron íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándolo manifestaron que: 1) El 5 de febrero de 2023, la Fiscal de Materia asignada al caso, presentó imputación formal en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, hurto y concusión, de cuyo contenido evidenció que adolecía de defectos de forma y de fondo; toda vez que, no contaba con la debida fundamentación ni motivación, existiendo conclusiones y valoraciones arbitrarias e irrazonables, basadas en conjeturas y suposiciones; 2) Permanecieron “arrestados” por más de treinta y siete horas sin ser remitidos ante la autoridad de control jurisdiccional para que defina su situación jurídica, conforme constaba del decreto de “6” de febrero de 2023, de reprogramación de audiencia de medidas cautelares; y, 3) Por Auto Interlocutorio 35/2023 de la citada fecha, se dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I.2.2. Informe del demandado

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 8 de febrero de 2023, cursante a fs. 23 y vta., expresó que: i) Los argumentos vertidos por los accionantes únicamente tienen fines dilatorios; toda vez, que no reflejan el acto en sí realizado en la audiencia de medidas cautelares; la cual, se llevó a cabo cumpliendo las formalidades legales, sin que los peticionantes de tutela interpusieran incidentes y excepciones, que son de previo y especial pronunciamiento, según lo establecido por el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; ii) Por Auto Interlocutorio 35/2023 de 6 de febrero, dispuso la detención preventiva de los impetrantes de tutela; sin embargo, contra dicha determinación los nombrados, no formularon apelación en el precitado acto procesal, conforme lo previsto en el art. 251 del citado Código, tampoco complementación y enmienda; iii) De datos del proceso penal de referencia, se advierte que “el día de hoy” -se entiende día de celebración de esta acción tutelar- los accionantes presentaron memorial de recurso de apelación incidental; el cual, se correrá en traslado a las partes procesales; y, iv) Los nombrados, no cumplieron con el principio de subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar; toda vez, que previo a acudir a la vía constitucional, omitieron agotar los señalados mecanismos intraprocesales; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Pamela Nieves Portocarrero Jiménez, Fiscal de Materia, en la misma audiencia, se adhirió íntegramente al informe escrito presentado por la autoridad judicial demandada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 08/2023 de 8 de febrero, cursante a fs. 22 y vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia constitucional ha establecido que toda solicitud donde se encuentre involucrado el derecho a la libertad de las personas privadas de ese derecho debe ser tramitado con la mayor celeridad posible; sin embargo, en la presente audiencia tanto el abogado de los accionantes como las autoridades demandadas indicaron que se “encontraban en libertad”; por ello, -el caso- no era vinculante a dicha doctrina constitucional; y, b) En lo concerniente al derecho a la vida, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0087/2014, 0174/2015 y 0435/2015; entre otras, establecen que el citado derecho es tutelable a través de esta acción de defensa, únicamente cuando está estrechamente vinculado con el derecho a la libertad; extremo que no fue demostrado por la parte impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Imputación Formal de 5 de febrero de 2023 -sin consignar número-, e Informe del inicio de investigaciones, presentados por Pamela Nieves Portocarrero Jiménez, Fiscal de Materia, ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de José Luis Bacarreza Costa contra Denis Miguel Quispe Blanco, Daniel Omar Gudiño Rueda, René Wilfredo Santos Mamani y Jorge Abraham Sotes Araníbar, por la presunta comisión de los delitos de concusión, hurto y robo agravado, imputando a los nombrados por los señalados ilícitos (fs. 3 a 8 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 5 de febrero de 2023, se señaló audiencia de medidas cautelares para la indicada fecha, a horas 17:30; asimismo, por Auto Interlocutorio de igual data, se reprogramó el precitado acto procesal para el 6 del referido mes y año a horas 8:45 (fs. 9 a 10 y vta.).

II.3. Según Acta de audiencia de esta acción tutelar y lo manifestado por las partes procesales en dicho acto procesal, por Auto Interlocutorio 35/2023 de 6 de febrero, el Juez demandado, dispuso la detención preventiva de los impetrantes de tutela por el lapso de tres meses a ser cumplidos en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; determinación contra la cual, la fecha de audiencia, los impetrantes de tutela formularon recurso de apelación incidental (fs. 21 a 23 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad personal, presunción de inocencia, al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la dignidad y de no privación de libertad; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de concusión, hurto y robo agravado: 1) Permanecieron “arrestados” por más de treinta y siete horas sin ser remitidos ante la autoridad de control jurisdiccional para que defina su situación jurídica; 2) La Fiscal de Materia codemandada, el 5 de febrero de 2023, emitió Resolución de Imputación Formal en su contra, con defectos de forma y fondo, carente de la debida fundamentación; puesto que, no identificó quién era el autor de los supuestos ilícitos que les fueron atribuidos, sustentado además su determinación en valoraciones arbitrarias y conjeturales, sin individualizar la conducta ilícita atribuida a cada imputado; y, 3) El Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio 35/2023 de 6 de febrero, dispuso su detención preventiva, pronunciando una resolución sin motivación suficiente, ni razones propias respecto a cómo llegó a determinar la autoría de los delitos sindicados, y la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, adhiriéndose únicamente a las conclusiones y valoraciones efectuadas por el Ministerio Público, tampoco estableció el nexo causal entre el hecho y el delito de concusión que les fue atribuido, incurriendo ambas autoridades en apreciaciones subjetivas, y sin valoración alguna en relación al hecho denunciado y que en su condición de funcionarios de la ANB se encontraban cumpliendo con su trabajo; por lo que, solicitan se conceda la tutela y se disponga su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Las Sentencias Constitucional Plurinacionales 0038/2018-S2, 0077/2018-S2, 0078/2018-S2, sistematizadoras de línea jurisprudencial, se han pronunciado sobre la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, exponiendo el siguiente entendimiento:

«El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sienta la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción tutelar. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente, o de manera simultánea, la justicia constitucional.

Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo [...]

1El FJ III.1.2, indica que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, señala: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos”. 3El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4El FJ III.4, refiere: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”.

Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental [...]».

Por su parte, la SCP 0825/2018-S2 de 10 de diciembre, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado sobre los casos de aprehensiones fiscales o policiales consideradas ilegales, exponiendo que debe acudirse ante el juez de instrucción penal, con la finalidad que esta autoridad ejerza el control material y formal de dichas aprehensiones. Esta sentencia desarrolló lo siguiente: «[…] En ese sentido, el juez de instrucción penal tiene bajo su control jurisdiccional un proceso penal, que desde la etapa preliminar existen mecanismos de protección e impugnación para restituir los derechos y garantías supuestamente restringidos ilegalmente, especialmente el derecho a la libertad; por ello, esta autoridad judicial está obligada a realizar una revisión de la legalidad formal y material de la aprehensión, conforme lo dejó establecido la SC 0957/2004-R de 17 de junio, pues:

…al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al contrario, tiene el deber (…) de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al juez cautelar, conforme lo establece el art. 54.1) del CPP, controlar la investigación y, en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, a analizar los siguientes aspectos:

1) Legalidad formal de la aprehensión.- Es decir, deberá evaluar si se observaron los presupuestos constitucionales y legales para la aprehensión, consistentes en: a) orden escrita emanada de autoridad competente -salvo caso de flagrancia-; b) adopción de la medida en base a las formalidades legales (aprehensión en caso de desobediencia a la citación prevista en el art. 224 del CPP o resolución debidamente fundamentada si se trata de la atribución conferida al fiscal de acuerdo al art. 226); c) el cumplimiento del término previsto por ley para remitir al aprehendido ante autoridad judicial (art. 226). Si después del análisis formal realizado por el juzgador, se concluye que se observaron las normas para la aprehensión del imputado, el juez deberá examinar la legalidad material de la aprehensión.

2) Legalidad material de la aprehensión.- Cuando el fiscal aprehendió directamente al imputado, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 226 del CPP, el juez deberá evaluar los siguientes aspectos: a) la existencia de suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en el momento de la aprehensión; b) si el delito imputado tiene una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y; c) si existieron los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado podía ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad (art. 226 del CPP).

Si del análisis efectuado, el juzgador concluye que tanto el aspecto formal como material fue observado al momento de la aprehensión, determinará la legalidad de la aprehensión y, con los elementos de convicción existentes, pronunciará la Resolución mediante la cual aplicará la medida cautelar pertinente, si es el caso, ajustada a lo previsto por el art. 233 del CPP, definiendo la situación jurídica del imputado.

Si al contrario, del análisis efectuado por el juez cautelar, se concluye que no se observaron las formalidades o existió infracción a la legalidad material en la aprehensión ordenada, el juez anulará la actuación realizada con violación a las normas constitucionales y legales, y pronunciará la resolución de medidas cautelares, en base a los elementos de convicción existentes, que no hayan sido obtenidos en infracción a los derechos y garantías del imputado, a consecuencia del acto ilegal declarado nulo (las negrillas son añadidas). Por todo lo expuesto precedentemente, en caso de aprehensiones fiscales o policiales que se consideren ilegales, debe acudirse ante el juez de instrucción penal, con la finalidad que esta autoridad ejerza el control material y formal de dichas aprehensiones; pues, ante la amenaza que el derecho a la libertad pudiera ser restringido ilegítimamente por los funcionarios de la Policía Boliviana o por los operadores del Ministerio Público, la vía expedita de protección continúa siendo la ordinaria, en tanto, que es ésta instancia, la que previamente conocerá y examinará el cumplimiento de requisitos formales y materiales que pudieran hacer procedente la restricción de la libertad, a partir de la posible emisión de un mandamiento de aprehensión». De otro lado, otro de los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, es el referido a la activación simultánea de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, que ha merecido un pronunciamiento expreso por la jurisprudencia constitucional. Así, entre otras, la la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en su Fundamento Jurídico III. 3, expresa al respecto lo siguiente:

[Es] preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico [las negrillas fueron añadidas]

Razonamiento reiterado en la SCP 0733/2019 Siguiendo la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, refirió que: [D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la subsidiariedad excepcional en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Razonamiento reiterado en las sentencias constitucionales plurinacionales 0241/2018-S2, de 12 de junio, 0733/2019-S2 de 28 de agosto, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

En la problemática expuesta los accionantes denuncian que: i) La Fiscal de Materia codemandada, emitió Resolución de Imputación Formal en su contra, con defectos de forma y fondo, carente de la debida fundamentación; puesto que, no identificó quién era el autor de los supuestos ilícitos que les fue atribuido, sustentando además su determinación en valoraciones arbitrarias y conjeturales, sin individualizar la conducta ilícita atribuida a cada imputado; y, ii) El Juez demandado, dispuso su detención preventiva, pronunciando una Resolución sin motivación suficiente, ni razones propias respecto a cómo llegó a determinar la autoría de los delitos sindicados, y la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, adhiriéndose únicamente a las conclusiones y valoraciones efectuadas por el Ministerio Público, tampoco estableció el nexo causal entre el hecho y el delito de concusión que les fue atribuido, incurriendo ambas autoridades en apreciaciones subjetivas, y sin valoración alguna en relación al hecho que en su condición de funcionarios de la ANB se encontraban cumpliendo con su trabajo; y, iii) Permanecieron “arrestados” por más de treinta y siete horas sin ser remitidos ante la autoridad de control jurisdiccional para que defina su situación jurídica. Al respecto, de la revisión de antecedentes adjuntos al expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Denis Miguel Quispe Blanco, Daniel Omar Gudiño Rueda, René Wilfredo Santos Mamani y Jorge Abraham Sotes Aranibar -ahora accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de concusión, hurto y robo agravado, el 5 de febrero de 2023, la Fiscal de Materia codemandada, presentó Informe de inicio de investigaciones y Resolución de Imputación Formal ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-(Conclusión II.1). De igual manera, consta Auto Interlocutorio 35/2023 de 6 de febrero; por el cual, el Juez demandado, dispuso la detención preventiva de los peticionantes de tutela; determinación contra la cual, conforme lo manifestado por la nombrada autoridad judicial, en su informe de descargo, hizo conocer que a la fecha de celebración de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, los nombrados, formularon recurso de apelación incidental que indicó sería trasladado a las partes procesales -aspecto no controvertido por los demandantes de tutela- en el citado acto procesal (Conclusión II.2 y 3). a) Con relación a los actos denunciados de la autoridad fiscal Efectuadas las precisiones precedentes, se advierte que los accionantes atribuyen a la Fiscal de Materia codemandada, omisiones en la emisión de la Resolución de Imputación Formal emitida en su contra; sin embargo, conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los actos ilegales u omisiones indebidas en las que incurran tanto fiscales como policías y que afecten derechos y garantías fundamentales, antes de activar la acción de libertad, deben ser denunciados previamente ante el Juez de Instrucción Penal a través de los mecanismos de defensa idóneos y oportunos, como ser el incidente de actividad procesal defectuosa. En ese marco, en el caso concreto, al encontrarse el proceso penal seguido contra los accionantes bajo la dirección del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, es ante dicha autoridad donde los impetrantes de tutela debieron acudir de manera previa a interponer la presente acción de defensa, denunciando las supuestas omisiones incurridas por la Fiscal de Materia relacionadas con los defectos de forma y fondo de la imputación formal emitida en su contra, por ser dicha instancia la competente para conocer las supuestas ilegalidades ahora denunciadas como la falta de fundamentación y motivación en la citada Resolución, formulando a ese efecto incidente de actividad procesal defectuosa, por ser el medio idóneo y oportuno para pedir la protección de su derecho fundamental al debido proceso supuestamente conculcado y solo en caso de que el mismo no sea reparado, se encuentra abierta la protección constitucional que brinda la acción de libertad. No obstante a ello, de actuados procesales y conforme lo manifestado por la autoridad judicial demandada en su informe de descargo -no controvertido por los accionantes-, se advierte que los demandantes de tutela, no presentaron incidente alguno ante el Juez de control jurisdiccional en relación a la omisiones en la emisión del Requerimiento Fiscal de 5 de febrero de 2025; de lo cual, se establece que los impetrantes de tutela acudieron directamente a la instancia constitucional denunciando dichas irregularidades; aspecto que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela por subsidiariedad excepcional en relación a este punto. b) Respecto al Juez demandado De las Conclusiones II.2 y 3, arribadas en el presente fallo constitucional se tiene que mediante Auto Interlocutorio 35/2023, el Juez demandado, dispuso la detención preventiva de los impetrantes de tutela; determinación contra la cual, conforme lo manifestado por la nombrada autoridad judicial, en su informe de descargo, hizo conocer que la fecha de celebración de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar -8 de febrero de 2023-, los peticionantes de tutela formularon recurso de apelación incidental -se entiende en agotamiento de los medios de impugnación intraprocesales de reclamo, a efectos de cumplir la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad-[extremo que tampoco fue controvertido por los nombrados en el citado acto procesal]. Sin embargo, sin esperar el resultado de dicha apelación, los accionantes formularon la presente acción tutelar, advirtiéndose de ello que, de manera simultánea a la presentación de este mecanismo de defensa, interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 35/2023; es decir, activaron de forma paralela la jurisdicción constitucional y ordinaria para que conozcan y resuelvan las mismas irregularidades ahora denunciadas -su detención preventiva-; extremo que conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de esta decisión constitucional, no está permitido; toda vez, que la apertura simultánea de ambas jurisdicciones, puede conllevar a la emisión de fallos contradictorios sobre el mismo tema, correspondiendo que las ilegalidades denunciadas sean dilucidadas previamente en la vía ordinaria; razón por la cual, agotada la misma, recién podría acudir a la justicia constitucional. En ese sentido, en el caso presente, encontrándose pendiente de resolución el señalado recurso de apelación incidental por el Tribunal de alzada, tal situación imposibilita realizar un análisis de fondo de la problemática planteada, ello con el fin de evitar que la activación de la jurisdicción constitucional se convierta en un medio paralelo que genere disfunción procesal, con la emisión de dos resoluciones sobre la misma temática que podrían resultar contradictorias; por lo que, corresponde, en consecuencia, denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo del análisis de la problemática planteada. c) Respecto a la aprehensión ilegal alegada

Los impetrantes de tutela, refieren haber permanecido “arrestados” por más de treinta y siete horas sin ser remitidos ante la autoridad de control jurisdiccional para que defina su situación jurídica; de la misma manera, al encontrarse abierta la causa penal bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, los accionantes debieron acudir ante dicha autoridad con carácter previo, y denunciar la supuesta conculcación de su derecho a la libertad a causa del tiempo excesivo de su detención, puesto que es el órgano competente e idóneo para reparar el citado derecho de forma oportuna e inmediata, conforme a sus atribuciones previstas en los arts. 54.1 y 279 del CPP, y en caso de subsistir la transgresión denunciada, recién acudir a la jurisdicción constitucional. En efecto, entre los precedentes constitucionales contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se ha establecido que en caso de aprehensiones fiscales y/o policiales que se consideren ilegales, debe acudirse ante el juez de instrucción penal, con la finalidad que esta autoridad ejerza el control material y formal de dicha aprehensión. En el caso que se revisa, las ilegalidades que se denuncia con relación a su aprehensión, así como el que permanecieron “arrestados” por más de treinta y siete horas sin ser remitidos ante la autoridad de control jurisdiccional para que defina su situación jurídica, debieron ser denunciados ante el Juez demandado, extremo del que no se tiene evidencia que los accionantes hubieren denunciado las actuaciones relacionadas con su aprehensión ante la autoridad a cargo del control jurisdiccional, instancia que previamente conocerá y examinará la legalidad formal y material de la misma. No haber acudido previamente, impide que esta instancia constitucional se pronuncie en el fondo. Consiguientemente, ante el incumplimiento de presupuestos establecidos en la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de esta acción tutelar. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 08/2023 de 8 de febrero, cursante a fs. 22 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1023_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 44346e85b5cff731107ed55d0a54f095c4f0289c1966f3176e1925acff5ba4a1

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