B.IA.LEGAL

SCP 1023/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48914-2022-98-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia que la autoridad ahora demandada lesionó su derecho a la petición; toda vez que, por memorial de 4 de febrero de 2022, dirigido a la Presidenta del Colegio de Enfermeras de Bolivia, solicitó se emita documentación en copias simples, la cual fue reiterada el 11 de igual mes y año; sin embargo, no obtuvo respuesta a la fecha. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: a) La protección del derecho a la petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, b) Análisis del caso.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 143/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración del derecho a la petición, sea en los mismos términos que el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1023/2023-S1 Sucre, 30 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 48914-2022-98-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 143/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Susana Gabriela Postigo Ramos contra Elba Olivera Choque, Presidenta del Colegio de Enfermeras de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de mayo de 2022, cursante de fs. 6 a 9 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es licenciada en enfermería y socia del Colegio de Enfermeras de Bolivia desde el año 2017; entonces, al ver que en el Colegio no estaban respetando los estatutos, no se llamaron a elecciones durante 35 años, no se presentó rendición de cuentas de los aportes anuales y que existe falta de empadronamiento de todos los socios, presento una carta el 4 de febrero de 2022 a la Presidenta del Colegio de Enfermeras de Bolivia, solicitando la siguiente documentación: “1.-Padron de actualización de todas y todos los asociados al Colegio de Enfermeras de Bolivia hasta la gestión 2021; 2.-Resolución del congreso de ampliación de mandato de la actual Presidencia y responsable a nivel departamental; 3.-Informes de rendición de cuentas desde la gestión 2015 hasta la gestión 2021; y, 4.- Informes sobre los bienes inmuebles del colegio de Enfermeras de Bolivia y sus respectivas dependencias departamentales” (sic); la mencionada carta, no tuvo respuesta pese a realizar su petición al amparo de los arts. 21.6 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); en ese fin, reitero su petición el 11 de febrero del mismo año; sin embargo, esta tampoco mereció respuesta por más de tres meses hasta la interposición de esta acción tutelar, superando el tiempo razonable para la otorgación de la respuesta; siendo así, que al no dar respuesta a lo impetrado a través de los referidos escritos se conculcó su sagrado derecho a la petición, conforme lo establece el art. 24 de la CPE y la normativa aplicable al caso concreto.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La impetrante de tutela alega la vulneración de su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada de respuesta a las cartas de 4 de febrero de 2022, reiterada el 11 de febrero del mismo mes y año; disponiendo, se extiendan las fotocopias simples solicitadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de junio de 2022, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 13 a 17, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela ratificó in extenso el tenor de su acción de amparo constitucional y ampliándola expresó que: a) Han transcurrido tres meses que no se evacuó una respuesta; b) Se tendrá por lesionado el derecho de petición cuando la persona ante la cual se realiza la petición no responde en un tiempo razonable ya sea en el sentido positivo o negativo; y, c) La autoridad demandada alega que emitieron respuesta el 14 de febrero de 2022 y que la accionante no fue a recoger la misma.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Elba Olivera Choque, Presidenta del Colegio de Enfermeras de Bolivia, en audiencia manifestó lo siguiente: 1) Las solicitudes de información de 4 y 11 de febrero de 2022, merecieron respuesta el 14 de febrero de 2022, que no fue recogida por la ahora impetrante de tutela, aspecto que demuestra que la información impetrada por la ahora accionante fue atendida de manera pronta y oportuna; 2) La información impetrada y que ahora es objeto de la presente acción tutelar, fue oportunamente atendida; es así que, “previamente tiene que acreditar la condición, su legitimación y sobre todo su condición de afiliada” (sic); por lo que pide, se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 143/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 18 a 21, concedió la tutela solicitada; disponiendo que, en el plazo de tres días hábiles computables a partir de su legal notificación con la presente resolución, la ahora demandada de una respuesta a las peticiones formuladas por la accionante, haciendo conocer la misma ya sea de manera personal, o por medio telemático; asimismo, puedan remitir esta respuesta a esta Sala Constitucional a efecto de verificar el cumplimiento. Determinación asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Para que se considere vulnerado el derecho a la petición es necesario que se acredite: la existencia de una petición oral o escrita; la falta de una respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y, la inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo dicho derecho; ii) En el presente caso; se tiene acreditado mediante solicitudes de 4 y 11 de febrero de 2022, presentadas ante la Presidenta del Colegio de Enfermeras de Bolivia, que la accionante expuso y pidió información, manifestando además que transcurrió bastante tiempo desde dicha petición y que no mereció respuesta alguna, señalando número telefónico a objeto de que se le haga conocer; iii) La autoridad demandada no ha proveído ni emitió pronunciamiento alguno respecto a la solicitud arriba citada, habiendo trascurrido hasta el momento un plazo razonable sin que las peticiones o las solicitudes de la parte hubieren sido consideradas ya sea de manera positiva o negativa; iv) Consiguientemente, se tienen por cumplidos los requisitos exigidos para considerar violentado el derecho a la petición, ya que se encuentra acreditada la existencia de una petición escrita, que ha sido reiterada, sumada a la falta de pronunciamiento o de respuesta formal por parte de la autoridad demandada; misma que alega que, si emitió una respuesta el 14 de junio de 2022, pero que dicha respuesta no fue recogida por el impetrante de tutela; y, v) En la amplia jurisprudencia constitucional el derecho a formular una petición escrita u oral tiene como contrapartida el derecho a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna y que este derecho a obtener una contestación debe ser comunicado de manera formal a la peticionante, lo cual no ha ocurrido en el presente caso; por lo que, estando cumplidos los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para el efecto, se concluye que la demandada vulneró el derecho a la petición de la accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Susana Gabriela Portigo Ramos -ahora accionante-, por nota de 4 de febrero de 2022, solicitó ante la parte demandada se le proporcione documentación en copias simples, del Padrón actualizado de todas y todos los asociados al Colegio de Enfermeras de Bolivia hasta la gestión 2021, de la Resolución del congreso de ampliación de mandato de la actual Presidencia y responsable a nivel departamental, informe y rendición de cuentas desde la gestión 2015 hasta la gestión 2021, e información sobre los bienes inmuebles del colegio de Enfermeras de Bolivia y sus respectivas dependencias departamentales (fs. 3). II.3. Mediante memorial de 11 de febrero de 2022, la peticionante de tutela reitero ante la referida autoridad ahora demandada su petición de solicitud de información (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

La accionante denuncia que la autoridad ahora demandada lesionó su derecho a la petición; toda vez que, por memorial de 4 de febrero de 2022, dirigido a la Presidenta del Colegio de Enfermeras de Bolivia, solicitó se emita documentación en copias simples, la cual fue reiterada el 11 de igual mes y año; sin embargo, no obtuvo respuesta a la fecha. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: a) La protección del derecho a la petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, b) Análisis del caso.

III.1. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

En relación al derecho a la petición, aplicando las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, aplicó las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0276/2019-S2 de 24 de mayo, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al referido derecho. En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo. Consecuentemente, en virtud a la asunción del razonamiento más progresivo señaló que la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la Norma Suprema, debe ser protegido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme manda el art. 196.I de la CPE que establece: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.

A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad; y, la misión de ejercer la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema; ello, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE, es así que dentro del catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos.

Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; y, 5) Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: i) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido 1 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.

2 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 3 La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras).

por la ley o dentro de un plazo razonable; ii) Formal; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada, lo que implica que la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó:

“Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las 4 La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 5 La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 6 La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho. Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición” (las negrillas son incorporadas).

vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.” Asimismo, en relación a la legitimación activa referenciando la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre. En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, para posteriormente referenciar las SSCC 0310/2004-R, 0560/2010-R, 1995/2010-R; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril, 2051/2013 de 18 de noviembre; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición: 1) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, 2) Las personas particulares.

9 El FJ III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 10 El FJ III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.

(…)

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 11 El FJ III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

(…)

Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”. 12 El FJ III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 13 El FJ III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento: i) En el término establecido por ley; y, ii) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: a) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; b) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; c) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, d) Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición. Finalmente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para lo cual, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia que la autoridad ahora demandada lesionó su derecho a la petición; toda vez que, por memorial de 4 de febrero de 2022, dirigido a la Presidenta del Colegio de Enfermeras de Bolivia, solicitó se emita documentación en copias simples, la cual fue reiterada el 11 de igual mes y año; sin embargo, no obtuvo respuesta a la fecha. Del cotejo de antecedentes documentales y Conclusiones que informan el presente fallo constitucional; se tiene que, el 4 de febrero de 2022 la impetrante de tutela presentó ante la ahora autoridad administrativa demandada, solicitud de documentación en copias simples de: “1.-Padron de actualización de todas y todos los asociados al Colegio de Enfermeras de Bolivia hasta la gestión 2021; 2.- Resolución del congreso de ampliación de mandato de la actual Presidencia y responsable a nivel departamental; 3.-Informes de rendición de cuentas desde la gestión 2015 hasta la gestión 2021; y, 4.- Informes sobre los bienes inmuebles del colegio de Enfermeras de Bolivia y sus respectivas dependencias departamentales” (Conclusión II.1), solicitud que fue reiterada el 11 de idéntico mes y año (Conclusión II.2).

En ese contexto, el principio del estándar jurisprudencial más alto de protección de derechos y garantías, estableció los supuestos por los que la jurisdicción constitucional puede tutelar a través de la acción de amparo constitucional, el derecho a la petición, atendiendo a su contenido esencial. A razón de ello, este derecho fundamental impele a que toda solicitud o reclamo amerita una respuesta: pronta y oportuna, que implica realizarse dentro del plazo previsto por ley, o en su defecto dentro de un plazo razonable; formal, que implica ser escrita y debidamente comunicada, a efectos de que en el caso de disconformidad se permita realizar los reclamos pertinentes o utilizar los medios de impugnación debidamente previstos en disposiciones normativas; material, que implica un pronunciamiento en el fondo de la cuestión, ya sea en un sentido positivo o negativo, sin incurrir en evasivas; y, argumentada que implica la existencia de una debida fundamentación o motivación del porque se atiende o no la pretensión perseguida; cuya omisión de cualesquiera de estos hace patente su lesión (Fundamento Jurídico III.1.).

En el presente caso se tiene que la accionante el 4 de febrero de 2022, presentó ante la ahora autoridad administrativa demandada, solicitud de documentación en copias simples de: “1.-Padron de actualización de todas y todos los asociados al Colegio de Enfermeras de Bolivia hasta la gestión 2021; 2.- Resolución del congreso de ampliación de mandato de la actual Presidencia y responsable a nivel departamental; 3.-Informes de rendición de cuentas desde la gestión 2015 hasta la gestión 2021; y, 4.- Informes sobre los bienes inmuebles del colegio de Enfermeras de Bolivia y sus respectivas dependencias departamentales” (sic); nota que, fue reiterada el 11 de idéntico mes y año; sin embargo, tal solicitud no mereció una respuesta por parte de la autoridad demandada con observancia del contenido esencial del derecho a la petición, quien si bien en audiencia sostuvo que el referido derecho fundamental no fue lesionado, porque se dio respuesta el 14 de febrero de 2022 y que el mismo no fue recogido por la accionante, pero se observa que el mismo no fue notificado a la impetrante de tutela, pese a que en los oficios dejo como referencia un numero de celular “772666234”; por lo que, se establece que en el caso concreto, la solicitud no fue respondida de manera expresa de forma positiva o negativa, menos en un plazo prudente; por lo que, no se cumplió con emitir una respuesta pronta y oportuna; tampoco, esta fue recepcionada por la peticionante de tutela; es más, no tenía conocimiento de la referida nota; por lo que no se cumplió con emitir una respuesta formal, material y argumentativa; observándose una actitud omisiva de la autoridad demandada la cual vulnera el derecho a la petición de la ahora accionante, dejándola en un estado de incertidumbre jurídica respecto de las solicitudes realizadas y que no tuvieron respuesta; por lo que, no se dio cumplimiento al mandato constitucional establecido en el art. 24 de la CPE, aspecto que permite a este Tribunal conceder la tutela impetrada.

Por lo señalado precedentemente, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 143/2022 de 13 de junio, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración del derecho a la petición, sea en los mismos términos que el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

7 El FJ III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”.

8 El FJ III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”.

14 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras).

15 El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1023_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): d5507269aaef9e0e43952dd42c08b53963bfc3f7502de7e775337fe22ed06af4

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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