Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía al debido proceso; toda vez que, en el marco del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 92/2023, mediante el cual revocó la decisión de primera instancia, que disponía medidas cautelares menos gravosas y ordenó su detención preventiva: 1) Sin considerar los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP, sustentando su decisión únicamente en que se encontraba pendiente la realización de una pericia psicológica a la víctima; 2) No explicó por qué su privación de libertad era indispensable para la práctica de dicho acto investigativo; y, 3) Omitió justificar la proporcionalidad del plazo fijado en tres meses para la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada señala que, el Auto de Vista impugnado fue dictado para garantizar la finalidad del art. 221 del CPP frente a riesgos procesales debidamente acreditados, como la peligrosidad del impetrante de tutela y la reiteración de su conducta violenta; por lo cual, justificó la detención preventiva para viabilizar la realización de la pericia psicológica de la víctima sin su revictimización. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 20/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 43 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, en suplencia legal de su similar Séptimo; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1022/2025-S2 Sucre, 9 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54819-2023-110-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 20/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 43 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Freddy Medina Molina contra Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 5 de abril de 2023, cursantes a fs. 1 y 21 a 25 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Fue imputado por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Es así que, mediante Auto Interlocutorio 186/2023 de 24 de febrero, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, con razonamiento enmarcado en los principios de proporcionalidad y necesidad, le impuso medidas cautelares personales que fueron debidamente cumplidas antes de la apelación. Sin embargo, por Auto de Vista 92/2023 de 13 de marzo, Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, revocó el Auto Interlocutorio en primera instancia y dispuso su detención preventiva, ordenando que el Juez a quo libre mandamiento de detención preventiva, decisión adoptada bajo el fundamento de la necesidad de practicar una pericia psicológica de la víctima, considerando indispensable que su persona guarde detención preventiva hasta la realización de dicho acto de investigación, pues, lo contrario, implicaría, de cierta manera, no resguardar la averiguación de la verdad. En ese sentido, la detención preventiva solo procede cuando concurren los tres requisitos establecidos en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, no es jurídicamente posible detener a una persona por su nivel de peligrosidad, sin especificar elementos de convicción concretos; además, la medida fue dispuesta sin analizar si era necesaria la detención, por qué estando en libertad el señalado acto de investigación no se llevaría a cabo o se entorpecería; y, tampoco realizó un análisis sobre una eventual revictimización de la víctima en un acto procesal en el que no se requiere su presencia. Por otro lado, el Auto de Vista 92/2023 “rebajó” la detención preventiva de cuatro a tres meses, pero no realizó un análisis mínimo sobre la temporalidad. Asimismo, sostuvo que la pericia debía efectuarse en condiciones de libertad personal de la víctima, lo cual resulta contrario a la finalidad de la detención preventiva, pues el detenido es su persona y la víctima se encuentra en plena libertad. En consecuencia, la Vocal demandada construyó un razonamiento conclusivo en el Auto de Vista, cuestionado más allá de lo solicitado por las partes e introdujo la libertad personal de la víctima como un criterio “de ejercicio propio” condicionado a su privación de libertad, disponiendo su detención preventiva sin considerar ni mencionar el art. 233.1 del CPP y valoró como única razón la realización de la pericia psicológica como acto de investigación.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y a la garantía del debido proceso; citando al efecto los arts. 23.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 92/2023; y, b) Que la autoridad demandada convoque a nueva audiencia y pronuncie uno nuevo.
Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 37 a 42, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) La declaración de las víctimas es realizada en Cámara Gesell y bajo un diseño de confidencialidad; además, se estructura la entrevista para evitar la revictimización; sin embargo, en el caso concreto, se exige que el imputado permanezca tres meses detenido para realizar un acto de investigación en donde su presencia no es relevante, puesto que ya se aplicaron medidas de protección que le prohíben acercarse a la víctima, las cuales nunca fueron incumplidas; 2) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador, estableció que las medidas restrictivas de la libertad deben ser estrictamente proporcionales, de modo que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte desmedido frente a las ventajas obtenidas con dicha restricción, cualquier limitación a la libertad que carezca de motivación suficiente, que permita evaluar si se ajusta a estas condiciones, será arbitraria y, por ello, detener preventivamente a una persona con fines meramente procesales no resulta lícito ni ético; 3) El juez debe pronunciarse únicamente sobre los aspectos reclamados por las partes y no puede construir razonamientos adicionales, ni siquiera bajo el principio de protección reforzada, ya que no le corresponde realizar una reingeniería de los argumentos que las partes no expusieron; y, 4) Si bien el auto impugnado señala que su persona es reincidente, no consideró que tiene un rechazo de denuncia a su favor por el delito de amenazas, un sobreseimiento por violencia familiar o doméstica con la misma víctima y que no consta salida alternativa ni proceso penal en etapa de juicio oral; por lo que, el Auto impugnado se basa en fundamentos falsos; además, en el numeral 6 de la indicada Resolución, se desarrolló un componente del peligro que se vincula con la necesidad de detenerlo, lo cual se encuentra fuera del contexto y alcance del art. 233 del CPP.
Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito cursante de fs. 31 a 33, sostuvo que: i) El Auto de Vista impugnado busca asegurar la finalidad descrita en el art. 211 del CPP y se sustenta en la existencia de riesgos procesales debidamente acreditados, entre ellos, la peligrosidad del accionante para la víctima, la cual sufre de un escenario reiterado de violencia ejercida por el mismo; ii) La decisión de revocar la Resolución de primera instancia obedece a que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del impetrante de tutela para llevar a cabo actuados de investigación pendientes; además, la resolución apelada contenía un sesgo de género, que no fue incorporado en la audiencia de aplicación de medidas cautelares sobre mensajes de WhatsApp, pues las conversaciones privadas no pueden ser exhibidas sin el consentimiento de los intervinientes, pues ello vulnera la privacidad y constituye un acto de revictimización; iii) Se determinó revocar la resolución de origen al advertirse que el Juez a quo no razonó sobre la manera en la que las medidas cautelares podían contener la peligrosidad del accionante frente a la víctima; iv) La pericia psicológica debía realizarse en condiciones de plena libertad personal de la víctima sin someterla a presiones o actos que impliquen revictimización; asimismo, señaló que no era la primera vez que el peticionante de tutela incurría en el mismo delito, tanto contra la actual víctima como contra otra anterior, existiendo un sobreseimiento impugnado y antecedentes de presión ejercida por el prenombrado para lograr la retractación de la víctima; y, v) Respecto a la alegación de que no se razonó sobre los pedidos de las partes procesales, se hizo constar que, en el acta de audiencia de 13 de marzo de 2023, tanto la víctima como el Ministerio Público solicitaron la revocatoria del Auto Interlocutorio 186/2023, y, en consecuencia, se resolvió en esos términos.
La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, en suplencia legal de su similar Séptimo, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 20/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 43 a 52, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 92/2023, sólo en relación con la fundamentación del punto séptimo de la indicada Resolución, ordenando que la autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, justifique el principio de proporcionalidad; con base en los siguientes fundamentos: a) En el considerando inicial de la Resolución del Juez de primera instancia, se hizo referencia a los mensajes de WhatsApp, que demostraban la existencia de una relación sentimental entre las partes del proceso penal, lo cual fue tomado en cuenta tanto por la autoridad de primera instancia como por el Tribunal de alzada; b) Respecto a la necesidad de disponer la detención preventiva, la autoridad demandada fundamentó su decisión en la normativa y la jurisprudencia aplicables, señalando la existencia de antecedentes del accionante, ya que mencionó que no era la primera denuncia en su contra y que, en ocasiones anteriores, habría amenazado o inducido a la víctima a desistir de sus denuncias, lo cual configuraba un riesgo para la víctima, justificando la medida; c) Si bien la autoridad demandada consideró que el plazo de cuatro meses de detención preventiva resultaba excesivo, por lo que redujo el plazo a tres meses, no justificó adecuadamente la finalidad de ese plazo, ni especificó si se respondía a la necesidad la realización de una pericia psicológica u otros actuados pendientes; y, d) En cuanto a la denuncia relativa a si la detención preventiva del impetrante de tutela otorgaba mayor libertad a la víctima, si bien dicha medida no garantiza tal efecto, los antecedentes de conducta agresiva del prenombrado reflejaban un patrón reiterado que podría influir en la víctima. En vía de complementación y enmienda, el accionante indicó que, al haberse “otorgado la tutela” -lo correcto es concedido en parte- y disponerse la nulidad del Auto de Vista 92/2023 -el cual originó la emisión del mandamiento de detención preventiva-, dicho mandamiento carecería de existencia jurídica resultando ilegal su detención; en consecuencia, solicitó notificar a la autoridad demandada a objeto de librar mandamiento de libertad en su favor. Ante ello, la Jueza de garantías rechazó la solicitud de complementación, señalando que, en la Resolución no se dispuso la nulidad del Auto de Vista 92/2023, sino únicamente se dejó sin efecto el punto 7 de la indicada Resolución, por lo que, la petición del impetrante de tutela no se ajusta a lo resuelto, siendo claros los términos de la decisión.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de registro de audiencia pública de consideración de la aplicación de medidas cautelares y Auto Interlocutorio 186/2023 de 24 de febrero, dictados por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, mediante el cual dispuso imponer medidas cautelares personales a Freddy Medina Molina -accionante- consistentes en detención domiciliaria, arraigo a nivel nacional, fianza económica y presentación semanal ante la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público; así como la prohibición de acercarse a la presunta víctima (fs. 2 a 13). II.2. Cursa acta de audiencia pública de consideración y resolución de apelación incidental de medida cautelar y Auto de Vista 92/2023 de 13 de marzo, en la cual se determinó revocar el Auto Interlocutorio 186/2023, disponiendo la detención preventiva del impetrante de tutela por un plazo de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (fs. 14 a 20 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía al debido proceso; toda vez que, en el marco del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 92/2023, mediante el cual revocó la decisión de primera instancia, que disponía medidas cautelares menos gravosas y ordenó su detención preventiva: 1) Sin considerar los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP, sustentando su decisión únicamente en que se encontraba pendiente la realización de una pericia psicológica a la víctima; 2) No explicó por qué su privación de libertad era indispensable para la práctica de dicho acto investigativo; y, 3) Omitió justificar la proporcionalidad del plazo fijado en tres meses para la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada señala que, el Auto de Vista impugnado fue dictado para garantizar la finalidad del art. 221 del CPP frente a riesgos procesales debidamente acreditados, como la peligrosidad del impetrante de tutela y la reiteración de su conducta violenta; por lo cual, justificó la detención preventiva para viabilizar la realización de la pericia psicológica de la víctima sin su revictimización. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, entre los componentes configuradores del debido proceso, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, de ahí que las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de fundamentar y motivar razonablemente sus decisiones. En el ámbito penal, esta obligación emerge del art. 124 del CPP, por la que se exige que las sentencias y autos interlocutorios expresen los motivos de hecho y de derecho, y la valoración que se otorga a los medios probatorios; además, prohíbe que la motivación sea reemplazada por una relación de los documentos y requerimientos de las partes. Sobre las medidas cautelares de carácter personal, se estableció el deber del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique, mantenga o rechace la misma. En ese sentido, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.
Del análisis de antecedentes, se advierte que, mediante acta de audiencia pública de consideración de medidas cautelares y Auto Interlocutorio 186/2023 de 24 de febrero, el Juez a quo determinó la aplicación de medidas cautelares personales contra el accionante, consistentes en detención domiciliaria, arraigo nacional, fianza económica, presentación semanal ante el juzgado y el Ministerio Público; y, además, la prohibición de acercarse a la presunta víctima, entre otras (Conclusión II.1); y, por otro lado, consta acta de audiencia pública y Auto de Vista 92/2023 de 13 de marzo, por el que la Vocal demandada revocó el referido Auto Interlocutorio y dispuso la detención preventiva del prenombrado por el plazo de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (Conclusión II.2). En dicho contexto, el impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía al debido proceso; toda vez que, en el marco del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Auto de Vista emitido por la Vocal demandada ordenó su detención preventiva i) Sin considerar los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP, sustentando su decisión únicamente en la necesidad de practicar una pericia psicológica a la víctima; ii) No explicó por qué la privación de libertad del accionante era indispensable para la realización de dicho acto investigativo; y, iii) No justificó la proporcionalidad del plazo de detención. Respecto al primer alegato, sobre la falta de consideración de los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP y que la Vocal demandada sustentó su decisión únicamente en que se encontraba pendiente una pericia psicológica de la víctima -al momento de considerar la apelación realizada por el Ministerio Público respecto del art. 233.3 del CPP vinculado con la concurrencia del art. 234.5, 6 y 7 del mismo Código-, el Auto de Vista 92/2023 sostuvo que: “…toda vez que, existe una salida alternativa, por un delito de violencia familiar o doméstica, en favor del ahora imputado, de ahí que se cumpla a cabalidad el art. 234 inc. 5) de la normativa procesal de la materia…” (sic); asimismo, con relación al art. 234.6 del indicado cuerpo legal: “…En cuanto al ilícito de violencia familiar o doméstica, ya se ha emitido un criterio vinculado a una salida alternativa en favor del imputado, considerándose también que, el imputado tiene una actividad delictiva reiterada, debidamente acreditada. En cuanto a otro delito de violencia familiar o doméstica, que se encontraría cerrado con sobreseimiento, la propia víctima ha señalado que, existe un vicio de consentimiento en la redacción de dicho documento y que se hubiera impugnado este sobreseimiento ante el Fiscal Departamental, entonces este otro proceso, genera una actividad delictiva reiterada del imputado…” (sic); finalmente, con relación al art. 234.7 la autoridad demandada indicó que:“…la autoridad jurisdiccional de origen razona y concluye en el entendido que, el imputado es un peligro efectivo para la víctima, pero de ningún modo, establece en su resolución, como es que esta peligrosidad del imputado, en relación a la víctima, se contrarresta con las medidas cautelares que le ha impuesto” (sic).
De lo desarrollado, se tiene que la Vocal demandada, al momento de considerar la apelación del Ministerio Público respecto al art. 233.3 del CPP, consideró que el Auto Interlocutorio 186/2023 emitido por el Juez a quo analizó los peligros procesales vinculados al art. 234.5, 6 y 7 del mismo cuerpo normativo, señalando que existían antecedentes de salidas alternativas a favor del peticionante de tutela en procesos por delitos relacionados a violencia familiar y que existían denuncias previas en el historial del Ministerio Público, que daban cuenta de una conducta de violencia reiterada del prenombrado; además, en el caso concreto, existían elementos de convicción suficientes para presumir que el mismo agredió a la víctima, configurando un peligro efectivo para ella. En ese contexto, la Vocal demandada advirtió que el Juez a quo, pese a construir la idea de peligrosidad del peticionante de tutela, no justificó por qué las medidas cautelares dispuestas contrarrestaban la peligrosidad a la víctima. Por consiguiente, no resulta evidente lo alegado por el accionante en sentido de que el Auto de Vista impugnado no consideró el art. 233 del CPP y se limitó únicamente a la necesidad de practicar una pericia psicológica a la víctima; pues, de la revisión de la indicada Resolución, se advierte que la Vocal demandada valoró los riesgos procesales establecidos en el art. 234.5, 6 y 7 del CPP al momento de considerar la apelación del Ministerio Público respecto al art. 233 del mismo cuerpo normativo. En ese orden, la Vocal demandada destacó la existencia de antecedentes de salidas alternativas y denuncias previas que reflejaban una conducta reiterada de violencia, así como la concurrencia de elementos de convicción que permitían presumir agresiones contra la víctima en el caso concreto; de modo que, el análisis no se circunscribió únicamente a la pericia psicológica, sino que abarcó otros elementos de fundamentación vinculados a la construcción de la noción de peligrosidad del accionante, pero la carencia de fundamentación sobre cómo las medidas sustitutivas eran suficientes para contrarrestar dicha peligrosidad. Con relación al segundo alegato sobre la falta de explicación de por qué la privación de libertad del accionante era indispensable para la realización de dicho acto investigativo, el Auto de Vista impugnado señala que: “…se ha efectuado una inadecuada valoración de la necesidad de disponer la detención preventiva, cuando esta es a todas luces evidente, existen peligros vinculado a la peligrosidad del imputado en relación a la víctima, a la existencia de una actividad delictiva reiterada y además, ya se le ha aplicado al imputado, una salida alternativa, por la comisión del mismo ilícito que se le investiga, lo que hace que su situación procesal sea en criterio de este despacho, mucho más grave, entonces estos peligros procesales, reatados a la necesidad de garantizar a la víctima, que va vivir una vida libre de violencia, hacen necesaria más bien, la aplicación de la medida cautelar de extrema ratio…” (sic [negrillas añadidas]). A partir de lo anterior, se advierte que la Vocal demandada concluyó que, en casos como el presente, el análisis de la peligrosidad a partir del art. 234.7 del CPP se debe hacer con perspectiva de género, atendiendo la gravedad del delito y en atención de los derechos de la víctima, lo que fue omitido por el Juez a quo. Asimismo, destacó que “…la existencia de una actividad delictiva reiterada y además, ya se le ha aplicado al imputado, una salida alternativa, por la comisión del mismo ilícito que se le investiga…” (sic), lo que refuerza la peligrosidad del accionante y la necesidad de su detención preventiva como medida de ultima ratio, especialmente en el contexto de actos de investigación pendientes, como la práctica de la pericia psicológica a la víctima sin presiones indebidas de ningún tipo. Por consiguiente, el argumento del impetrante de tutela no es evidente, por cuanto la autoridad demandada explicó que la detención preventiva resultaba necesaria para garantizar tanto la eficacia del acto investigativo como la protección efectiva de la víctima frente a un riesgo real y reiterado; de modo que, la decisión no se sustentó únicamente en la realización de la pericia psicológica, sino en un análisis integral de la concurrencia de la peligrosidad en el marco del art. 234.7 del CPP. Finalmente, con relación al último argumento del peticionante de tutela, relativo a la falta de proporcionalidad del plazo de tres meses de su detención, el Auto de Vista impugnado señaló: “…en cuanto al tiempo, si bien el Ministerio Público ha solicitado una detención preventiva por un plazo de 4 meses, entiende este tribunal de alzada que, este tiempo para este actuado jurisdiccional, resulta siendo de cierta manera desproporcionado, sin embargo, un plazo de tres meses, entiendo se encuentra proporcional para asegurar esta finalidad instrumental…” (sic). En virtud de lo anterior, se evidencia que la Vocal demandada consideró que el lapso de cuatro meses para la detención preventiva solicitada por el Ministerio Público resultaba excesivo frente a la finalidad de la imposición de dicha medida cautelar personal, que era asegurar la protección a la víctima y garantizar la realización de actos investigativos pendientes, en particular la realización de la indicada pericia psicológica; por lo que, lo redujo a tres meses, estimándolo suficiente para asegurar la finalidad de la privación de libertad en el caso concreto. Por consiguiente, se concluye que ninguno de los alegatos formulados por el accionante resulta evidente, puesto que la Vocal demandada cumplió con la obligación de fundamentar y motivar su resolución conforme lo exige la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; pues, al resolver la apelación formulada por el Ministerio Público, valoró la concurrencia de riesgos procesales establecidos en el art. 234.5, 6 y 7 del CPP vinculados a la reiteración de conductas de violencia, a la existencia de una salida alternativa por la comisión del mismo delito, así como la necesidad de su detención preventiva para resguardar la seguridad de la víctima y la realización de actos pendientes de investigación; asimismo, efectuó un análisis expreso de proporcionalidad del tiempo de detención, reduciendo el plazo solicitado por el Ministerio Público de cuatro a tres meses, al considerarlo razonable y adecuado para cumplir la finalidad de la medida cautelar; por lo cual, se advierte que el Auto de Vista impugnado se encuentra fundamentado y motivado, en cumplimiento de la garantía del debido proceso, sin que la parte accionante hubiese desvirtuado dichos argumentos a través de la presente acción de libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 20/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 43 a 52, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, en suplencia legal de su similar Séptimo; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1022_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1bcb563009ca8a4d0c4aa069c952ccaae404709273460f88b67df791a4dfa482
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