B.IA.LEGAL

SCP 1022/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48940-2022-98-AAC
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, seguridad jurídica e inamovilidad laboral por ser progenitor de niño menor a un año; toda vez que, se desempeñaba laboralmente en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija; sin embargo, mediante CITE/R.R.H.H/H-R-R-/265/2021-2022 de 20 de enero de 2022, le negaron su recontratación, misma que fue solicitada por su persona, en mérito al nacimiento de su hijo AAA, que aconteció el 24 de noviembre de 2021, correspondiéndole el beneficio de inamovilidad laboral; por lo que, considera que la referida negativa se constituye en una desvinculación laboral injustificada; dado que, emergente de dicho nacimiento como se mencionó anteriormente, su persona goza de inamovilidad laboral por ser progenitor de hijo menor de un año de edad; ante dichas circunstancias interpone la presente acción de defensa, solicitando que se ordene su reincorporación laboral al cargo que desempeñaba y sea con los beneficios sociales que por ley corresponde; y, se disponga el pago de sueldos devengados desde el día de su desvinculación laboral hasta la fecha de su reincorporación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; b) La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres proge…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR la Resolución 37/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 430 a 435 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo simplemente el pago de sueldos devengados, desde la fecha de desvinculación laboral hasta el cumplimiento del año del hijo, más el pago de otros derechos sociales que le corresponda. De igual modo, el pago de las asignaciones familiares, por el tiempo que se le privó de dicho beneficio, conforme a la normativa de la materia; sea en el plazo de veinte días hábiles máximo a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y de acuerdo al desarrollo de los Fundamentos Jurídicos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores
  2. III.2. La protección reforzada de la inamovilidad laboral de progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados
  3. III.3. La garantía de inamovilidad laboral de progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo en trabajadores con contratos a plazo fijo
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1022/2023-S1 Sucre, 30 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 48940-2022-98-AAC Departamento Tarija En revisión la Resolución 37/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 430 a 435 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Abner Eliezer Alfaro Terán contra Nicandro Roger Bravo Cuellar, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 30 de junio y 8 de julio de 2022, cursantes de fs. 30 a 37; y, 39 a 41; respectivamente, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se desempeñaba laboralmente en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, bajo la modalidad de contrato eventual y habiendo sido desvinculado sin causa alguna, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, dependiente del Ministerio de Trabajo, entidad administrativa que, una vez corridas la notificaciones legales y los trámites que en derecho corresponde, emitió la Instructiva de Reincorporación MTEPS-JDTT-RPT-046/2021 de 24 de junio, mediante la cual, instruye su inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba más el pago de sus sueldos devengados y demás derechos sociales que le correspondan. Emergente de dicha Instructiva, procede a la elaboración y firma del Contrato Administrativo 059/2021-2022, mediante el cual fue restituido a su fuente laboral en el cargo de Técnico Especializado III, dependiente de la Responsable de Protocolo de la Asamblea Legislativa Departamental hasta el 22 de noviembre de 2021, a dicho Contrato se realizó una adenda, por la cual, se extendió el plazo de vigencia hasta el 20 de enero de 2022. Posterior a ello, fue notificado con el CITE/R.R.H.H/H-R-R-/265/2021-2022 de 20 de enero de 2022, a través del cual, se le negó su solicitud de recontratación, afirma que dicha negativa constituye una desvinculación injustificada; puesto que, gozaba de inamovilidad laboral, por ser progenitor de hijo menor de un año de edad. Afirma además, que el señalado cite fue puesto a su conocimiento veinte días después de la fecha que consigna; por ello, continuó trabajando casi un mes, por el cual no recibió pago alguno.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, seguridad jurídica e inamovilidad laboral por ser progenitor de niño menor a un año; citando al efecto, el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo en consecuencia: a) Se ordene su reincorporación laboral al cargo que desempeñaba y sea con los beneficios sociales que por ley le corresponde; y, b) Se disponga el pago de sueldos devengados desde el día de su desvinculación laboral hasta la fecha de su reincorporación.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 12 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 427 a 429 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la persona demandada

Nicandro Roger Bravo Cuellar, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, a través del Informe presentado el 12 de julio de 2022, cursante de fs. 417 a 426 vta., y constituido en audiencia manifestó que: 1) En el caso del accionante no se produjo ningún despido o desvinculación laboral, sino que se llegó al término de un contrato; por lo que, no puede existir arbitrariedad alguna, menos aún lesión de derechos; 2) Considera un exceso el pretender ampararse en el beneficio de inamovilidad laboral estando en contratos que no están amparados por la Ley General del Trabajo (LGT), ni el Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-; 3) La fuente de financiamiento para dicho contrato eventual corresponde a la partida presupuestaria “12100” proveniente de las regalías departamentales; 4) En la Cláusula Quinta del Contrato Administrativo, de forma específica se establece que el mismo se encuentra fuera del ámbito de aplicación del régimen laboral y de la LGT; y, que se sujeta a la normativa prevista en la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; y, 5) No se cumplió el principio de subsidiariedad, debido a que el accionante no realizó ningún acto administrativo ante la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ADT), tampoco acudió ante otra institución pública, menos al Ministerio de Trabajo y que más al contrario esperó que transcurran los seis meses para interponer la presente acción de amparo constitucional.

I.2.2. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 37/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 430 a 435 vta., denegó la tutela solicitada, decisión que asumió sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Los funcionarios públicos no se encuentran sujetos a la Ley General del Trabajo; por consiguiente, se encuentran sometidos a las disposiciones establecidas en la Ley SAFCO; ii) Entre los servidores públicos se tienen los de carrera y los provisorios, el accionante se encuentra comprendido en el último señalado, que se encuentra sujeto a una partida presupuestaria, por lo que sería más apropiado referir que se trata de un trabajador eventual, mismo que no goza de inamovilidad laboral alguna, debido a que dicho beneficio es atribuido únicamente a los servidores públicos de carrera; y, iii) El peticionante de tutela ingresó a trabajar bajo un contrato a plazo fijo, lo que implica que cuando se cumple dicho plazo, la relación entre el servidor público y la entidad expira, motivo por el cual, no puede pretender el ahora accionante acogerse a los beneficios de los funcionarios de carrera.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Contrato Administrativo 059/2021-2022 de 23 de julio de 2021, mediante el cual Abner Eliezer Alfaro Terán es contratado en el cargo de Técnico Especializado II del 23 de julio al 22 de noviembre de 2021 (fs. 1 a 3). II.2. Cursa Contrato Administrativo 59/2021 – ADENDA PERSONAL EVENTUAL, por el cual, se extiende el plazo de vigencia del contrato a favor de Abner Eliezer Alfaro Terán hasta el 30 de diciembre de 2021 (fs. 4 a 5).

II.3. Certificado de Nacimiento del menor AAA acaecido el 24 de noviembre de 2021, consignando como padre a Abner Eliezer Alfaro Terán (fs. 23). II.4. Por Nota de 29 de noviembre de 2021, Abner Eliezer Alfaro Terán pide a Nolberto Gallardo Suruguay, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, que se realice el trámite para hacer efectivo el pago de lactancia e inamovilidad en razón del nacimiento de su hijo AAA el día 24 de noviembre de 2021, adjuntando para tal efecto toda la documental pertinente al nacimiento y reconocimiento en vientre del niño AAA (fs. 25). II.5. A través de Nota de 7 de diciembre de 2021, Abner Eliezer Alfaro Terán solicita a Nolberto Gallardo Suruguay, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, que disponga el pago de bono de natalidad a favor de su hijo nacido el 24 de noviembre de 2021 (fs. 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, seguridad jurídica e inamovilidad laboral por ser progenitor de niño menor a un año; toda vez que, se desempeñaba laboralmente en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija; sin embargo, mediante CITE/R.R.H.H/H-R-R-/265/2021-2022 de 20 de enero de 2022, le negaron su recontratación, misma que fue solicitada por su persona, en mérito al nacimiento de su hijo AAA, que aconteció el 24 de noviembre de 2021, correspondiéndole el beneficio de inamovilidad laboral; por lo que, considera que la referida negativa se constituye en una desvinculación laboral injustificada; dado que, emergente de dicho nacimiento como se mencionó anteriormente, su persona goza de inamovilidad laboral por ser progenitor de hijo menor de un año de edad; ante dichas circunstancias interpone la presente acción de defensa, solicitando que se ordene su reincorporación laboral al cargo que desempeñaba y sea con los beneficios sociales que por ley corresponde; y, se disponga el pago de sueldos devengados desde el día de su desvinculación laboral hasta la fecha de su reincorporación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; b) La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores; c) La garantía de inamovilidad laboral a progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo en trabajadores con contratos a plazo fijo; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional. En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 873/01-R de 20 de agosto de 2001 sentó la línea 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (…)”. 2El FJ III.3, indica: “…en el momento de producirse la destitución, la agraviada era madre de un menor que aún no había cumplido un año de edad, por lo que de no brindarse la protección solicitada, aquel despido causaría efectos irreparables, no sólo a la recurrente, sino principalmente al mencionado menor, en cuyo mérito es preciso prescindir de la subsidiariedad que caracteriza al amparo; teniendo en cuenta que en situaciones análogas, este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela que brinda el amparo constitucional (…)”. 3El FJ III.2, refiere: “…en consecuencia, conforme a la Sentencia Constitucional citada, y teniendo en cuenta que el art. 15 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a la vida, siendo el mismo un derecho fundamental, en este caso de la mujer en gestación así como de la niña nacida, no correspondía denegar la tutela de la presente acción respecto al codemandado Luis Adolfo Flores Roberts, Gobernador del departamento de Pando por el principio de subsidiariedad, sino por el contrario ingresar al análisis del fondo respecto de la presente acción y determinar si la autoridad corecurrida también vulneró el derecho de la accionante”. 4El FJ III.2, manifiesta que: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”. 5El Tercer Considerando, establece: “Que los hechos relacionados, deben ser adecuadamente compulsados dentro de la jurisdicción laboral no correspondiendo hacerlo dentro del presente Recurso, una vez que el Amparo Constitucional no sustituye a los medios ordinarios que la Ley reconoce para la defensa de los derechos”.

jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010-R de 15 de octubre. Posteriormente, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo efectuó una mutación implícita, ya que concedió la tutela de reincorporación laboral dispuesta en la conminatoria laboral. Luego, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo moduló el entendimiento sobre la excepción del principio de subsidiariedad, en el caso que el trabajador opte por la reincorporación, estableciendo los siguientes supuestos: a) Deberá denunciar este hecho ante las jefaturas departamentales de trabajo, entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, emitiendo, si corresponde, la conminatoria de reincorporación 6El FJ III.3, infiere: “De los fundamentos expuestos, se llega a la firme convicción de que, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, en el presente caso no se activa la protección que otorga, pues la recurrente no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la Resolución de la Jefatura Departamental de Trabajo del Ministerio de Trabajo, dictada por el Jefe Departamental. En consecuencia, los hechos denunciados, no se adecuan a los presupuestos jurídicos previstos por los preceptos del art. 19 de la CPE para otorgar la tutela solicitada”. 7El FJ III.4, refiere: “…conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, el recurso de amparo constitucional no es la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos y judiciales, por lo cual en el presente caso no se activa la protección que otorga esta acción tutelar, pues el accionante no agotó la vía idónea para solicitar la ejecución de la resolución dictada por el Director Departamental de Trabajo”. 8El FJ III.2, dispone: “De lo expuesto, se puede establecer que con la resolución de reincorporación por parte del Ministerio de trabajo se acaba con la vía administrativa, pudiendo acudir el trabajador ante la justicia ordinaria, siendo dicha opción optativa del trabajador antes de acudir a la vía constitucional, toda vez que, conforme la jurisprudencia constitucional, una vez agotada la vía administrativa, no se necesita agotar también la vía ordinaria, para acudir a la jurisdicción constitucional ya que la vía administrativa y la ordinaria son dos vías diferentes.

Ahora bien, si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”. 9El FJ III.3, señala: “1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”.

en los términos previstos en esta norma, y en caso que el empleador incumpla la referida conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional; b) La conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto, el empleador puede impugnar esta determinación en la justicia ordinaria, interponiendo la acción laboral, instancia en la que en definitiva, se establecerá si el despido fue o no justificado; y, c) En los casos en que el trabajador, fuera sometido a un proceso interno; dentro del cual, se determine su despido por una de las causales establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, en su caso, por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495 no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral; dicho entendimiento fue modulado implícitamente por la SCP 0735/2013, la que en razón a la protección de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral reforzada de los padres, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 complementario del art. 6 del DS 0012, estableció que dado que el art. 1 del DS 0496 es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a pedir su reincorporación e interponer directamente la acción de amparo constitucional.

A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial, en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013, por cuanto permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; razonamiento que será aplicado en el presente fallo.

III.2. La protección reforzada de la inamovilidad laboral de progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados

En relación a la temática el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, en el art. 48.VI, garantiza la inamovilidad laboral de la mujer en estado de embarazo y de los progenitores hasta que el nuevo ser cumpla un año de edad; en ese marco, el DS 0012 estableció en el art. 2, que: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”. Respeto a la garantía de inamovilidad laboral de padres progenitores, las SSCC 0505/2000-R -en el Cuarto Considerando- y 0068/2003-R de 21 de enero, entre otras, refiriéndose al fundamento de la garantía de la inamovilidad funcionaria, señalaron que no solo se debe proteger el derecho al trabajo sino otros derechos primarios del trabajador y del nuevo ser, que resultan afectados con el despido intempestivo, como son la seguridad social, que a su vez resguarda la salud y finalmente la vida; por su parte, la SCP 0424/2012 de 22 de junio complementó que la finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y a su familia con un menor de edad, estabilidad no solo económica, sino también, la consiguiente atención médica y emocional. En cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la SC 1536/2005-R de 29 de noviembre indicó que la misma, no solo protege la permanencia en la fuente laboral del trabajador, sino además, que no puede afectarse su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo; dicho entendimiento, fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0434/2010-R de 28 de junio y 0105/2012 de 23 de abril.

III.3. La garantía de inamovilidad laboral de progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo en trabajadores con contratos a plazo fijo

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0138/2022-S1 de 26 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad -art. 62 de la CPE-. Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino, que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y lactancia, aspectos que dan lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas son nuestras). Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, lo entendió la SC 1497/2011-R de 11 de octubre.

Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 0130/2005-R de 10 de febrero, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, estableció que la garantía de inamovilidad laboral:

…es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”. 16La SC 1497/2011, señaló: “De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’.

La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle.

Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”. 17La referida SC 130/2005-R, en su F.J.III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de ‘todas las personas’, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas.

En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.

desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores (las negrillas nos corresponden). Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la Norma Suprema), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez, provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal.

VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (las negrillas son nuestras). En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que:

…todo trabajador del sector público o privado, tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad… (negrillas agregadas) Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, en el marco de la protección que brinda la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional precisó que está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento, refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, y los de cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que:

18El FJ III.2 de la citada Sentencia expresa lo siguiente “…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE-permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza”.

se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE… Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril, efectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, señalando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE; por cuanto, si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política 19Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo. 20La citada Sentencia en el FJ.III.5. señala que “…al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección”. 21El art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”. 22El FJ III.8, expresa: “La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores.

Sin embargo, al considerar esa garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”.

del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo, que no admite discriminación alguna; por lo que, la Norma Suprema está orientada a proteger a la madre o padre progenitores, garantizándole su inamovilidad en el trabajo sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad (…).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, seguridad jurídica e inamovilidad laboral por ser progenitor de niño menor a un año; toda vez que, se desempeñaba laboralmente en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija; sin embargo, mediante CITE/R.R.H.H/H-R-R-/265/2021-2022 de 20 de enero de 2022, le negaron su recontratación, misma que fue solicitada por su persona, en mérito al nacimiento de su hijo AAA, que aconteció el 24 de noviembre de 2021, correspondiéndole el beneficio de inamovilidad laboral; por lo que, considera que la referida negativa se constituye en una desvinculación laboral injustificada; dado que, emergente de dicho nacimiento como se mencionó anteriormente, su persona goza de inamovilidad laboral por ser progenitor de hijo menor de un año de edad; ante dichas circunstancias interpone la presente acción de defensa, solicitando que se ordene su reincorporación laboral al cargo que desempeñaba y sea con los beneficios sociales que por ley corresponde; y, se disponga el pago de sueldos devengados desde el día de su desvinculación laboral hasta la fecha de su reincorporación. En el caso de autos, se tiene que la problemática jurídica recae en la viabilidad de gozar del beneficio de inamovilidad laboral por ser progenitor de un niño menor a un año, cuando la relación laboral del solicitante emerja de un contrato a plazo fijo. De la compulsa de la documental aportada, tanto por el impetrante como por la entidad departamental demandada, se tiene que, en cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación MTEPS-JDTT-RPT-046/2021 de 24 de junio, emitida a favor del accionante, se reincorporó al último mencionado al cargo de Técnico Especializado III dependiente de la Responsable de Protocolo de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, bajo Contrato Administrativo 059/2021-2022 de 23 de julio de 2021, mismo que establece como fecha de conclusión el 22 de noviembre de 2021 (Conclusión II.1). Posterior a ello, se efectuó una extensión a dicho plazo de conclusión bajo el Contrato Administrativo 59/2021 ADENDA PERSONAL EVENTUAL hasta el 30 de diciembre de 2021 (Conclusión II.2).

A través del Certificado de Nacimiento del menor AAA (Conclusión II.3), hijo del peticionante de tutela, se conoce que la fecha de nacimiento del menor es el 24 de noviembre de 2021, de ello, se tiene que dicho nacimiento se produjo mientras el solicitante de tutela se encontraba dentro del plazo del referido contrato; es decir, su contrato estaba vigente, faltando un mes y días para la conclusión del mismo. Ahora bien, corresponde referirnos a la garantía de inamovilidad laboral a progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo en trabajadores con contratos a plazo fijo, a fin de analizar si la pretensión del accionante se encuentra amparada por la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese lineamiento, resulta menester referir que según lo establecido en el art. 45.V de la Norma Suprema, el Estado tiene el deber de resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal del ser en gestación y nacido se desarrollen en condiciones adecuadas a fin de garantizar el derecho a la vida del ser en gestación quién tiene garantizados sus derechos fundamentales desde el momento mismo de su concepción. Por ello, surgió la garantía de inamovilidad laboral, misma que fue instituida con el objeto de proteger derechos de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad. Asimismo, se tiene que el Estado protege el derecho a la seguridad social, que se encuentra contenido en el art. 45 de la Norma Suprema, entre las que se encuentran las asignaciones familiares inherentes a la maternidad a las cuales todo trabajador sea del sector público o privado, tiene derecho a acceder. Ahora bien, ingresando a resolver la problemática planteada en el caso que nos ocupa, resulta pertinente señalar el alcance de la garantía de inamovilidad laboral, en el marco de la protección que brinda la CPE misma que está encaminada a resguardar a las madres y progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral hasta que su hijo (a) cumplan el año de edad, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público, entre los que se encuentran los de libre nombramiento, provisorios, y los de cargos electivos. Corresponde resaltar que en el caso de autos el accionante se enmarca dentro de los provisorios, respecto a los cuales la basta jurisprudencia individualizada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional, asumió que dicha condición (servidora o servidor público provisorio) no se encuentra excluida del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la Norma Suprema; dado que, si bien dichos funcionarios no gozan de los privilegios previstos para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de madres o progenitores con hijo (a) menor a un año, y no así a la forma de contratación. En cuanto a la obligación que tiene el trabajador (a) de poner a conocimiento del empleador respecto al estado de gestación o nacimiento de hijo (a) del que emerge el beneficio de inamovilidad, pese, a que la misma fue superada por ser un mero formalismo que a la postre no impedirá que el beneficiario (a) acceda a dicho beneficio. En el caso que nos ocupa, se evidencia que el peticionante sí dio cumplimiento con su dicha obligación, debido a que por Notas de 29 de noviembre y 7 de diciembre ambas de 2021, se dirige a Nolberto Gallardo Suruguay, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, solicitando que se realice el trámite para hacer efectivo el pago de lactancia e inamovilidad en razón del nacimiento de su hijo AAA, así como el bono de natalidad correspondiente anexando para tal fin la documental pertinente (Conclusiones II.4 y II.5). Emergente de ello, se tiene que el demandado tomó conocimiento de forma oportuna respecto al nacimiento de AAA del que emerge el beneficio de inamovilidad del peticionante; es decir, mes y días antes de que llegue la fecha de vencimiento del contrato; por lo que, no existe óbice alguno para no haber extendido el mismo hasta que el nacido AAA cumpla el año de edad. Por lo previamente desarrollado y teniendo en cuenta que la inamovilidad laboral a partir de la interpretación progresiva de la Norma Suprema, resulta ser una garantía constitucional que no admite excepción o discriminación alguna, ni está condicionada a la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador, misma que debe ser garantizada hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. En el presente caso, se evidencia que se lesionó el derecho de inamovilidad laboral del ahora accionante, por ser progenitor de un niño menor a un año del impetrante de tutela, lo expresado es en sujeción a los precedentes establecidos dentro del Fundamento Jurídico III.3 del presente Fallo Constitucional, correspondiendo en consecuencia la concesión de la tutela solicitada en los términos señalados por dicha jurisprudencia hasta que su hijo cumpla un año de edad.

Ahora, en mérito al tiempo pasado desde la emisión de la resolución del Tribunal de garantías y la revisión de esta por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que dentro del presente caso no es posible disponer la reincorporación del accionante a su fuente laboral, ya que el niño tiene más de un año de edad; por lo que, corresponde solo disponer el pago de sueldos desde el momento del despido hasta la fecha de cumplimiento del año del menor. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR la Resolución 37/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 430 a 435 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo simplemente el pago de sueldos devengados, desde la fecha de desvinculación laboral hasta el cumplimiento del año del hijo, más el pago de otros derechos sociales que le corresponda. De igual modo, el pago de las asignaciones familiares, por el tiempo que se le privó de dicho beneficio, conforme a la normativa de la materia; sea en el plazo de veinte días hábiles máximo a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y de acuerdo al desarrollo de los Fundamentos Jurídicos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

10 El FJ III.2, indica: “Lo que significa que vía construcción jurisprudencial este Tribunal Constitución Plurinacional ha establecido que la normativa reglamentaria contenida en Artículo Único del DS 496, es una norma permisiva, debido a que le otorga a la trabajadora o el trabajador sujeto de protección constitucional al tenor de lo dispuesto en el art. 48.VI de la CPE, la posibilidad por un lado de solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruya su reincorporación, o de otro, si así lo decide, prescindir de este medio administrativo y acudir directamente al amparo constitucional, en aplicación correcta de la excepción al principio de subsidiariedad”.

11 El FJ III.1, refiere: “…este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela `...por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (…)´”. 12El FJ III.3, indica: “Cabe aclarar que la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que conforme a su art. 2 también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo…”. 13El FJ III.4, manifiesta: “…Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que: `…también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo´ (SC 1536/2005-R de 29 de noviembre)”.

14 El FJ III.3, menciona: “Respecto a la inamovilidad funcionaria de la mujer embarazada, la jurisprudencia constitucional se ha expresado a través de la SC 0434/2010-R de 28 de junio, señalando que: `…Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que: «…también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo» (SC 1536/2005-R de 29 de noviembre)´”. 15La SCP 0076/2012 de 12 de abril, señala: “…durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1022_2023-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8e004d3516393efc81109e376dcfbfe9b536ffc19d8881a9a5e15ab5b025b708

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