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SCP 1021/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54655-2023-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal, a la petición, al acceso a la justicia; y, a la vida; así como de los principios de seguridad jurídica y celeridad; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, en audiencia, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que declaró infundado el incidente de nulidad de imputación que presentó; Resolución en la que asimismo, se señaló audiencia de medidas cautelares -no indica fecha de celebración-; sin embargo, el Juez demandado, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, omitió remitir al Tribunal de apelación, el legajo de su impugnación, incumpliendo los plazos establecidos por ley, condicionando a que previamente se realice la audiencia de medidas cautelares, inobservando el principio de celeridad procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 24 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1021/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54655-2023-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 24 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Rengel Terrazas contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de febrero de 2023, cursante de fs. 14 a 17, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, con Código Único de Denuncia (CUD) 201110201220516, radicado ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, la Fiscalía Especializada en Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, presentó en su contra la Resolución de Imputación Formal 06/2022 -no indica fecha-, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, tipificado en el art. 185 Bis del Código Penal (CP), en cuyo contenido se transcribieron e insertaron datos falsos de instituciones financieras y sumas de dinero, que fueron corroboradas a través de certificaciones emitidas por dichas entidades; ante ello, formuló excepciones e incidente de nulidad de la imputación formal. La imputación formal, omitió señalar la actividad ilícita de la cual provenían los montos de dineros consignados; puesto que, únicamente se podía consumar dicho tipo penal por sumas de dinero y bienes provenientes de la fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, y otros; empero, se le atribuyó su proveniencia; asimismo, la citada Resolución fiscal tampoco indicó el tiempo, lugar y modo de consumación del delito, basándose en un Informe Administrativo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que no tenía facultades jurisdiccionales, ni era parte del Ministerio Público, conllevando a una franca vulneración de la ratio decidendi de las SC 0010/2010-R, 410/2010-R; y, SCP 0171/2017-S2. Interpuesto el incidente de nulidad absoluta, en la “audiencia de incidentes” de 10 de febrero de 2023, por Auto Interlocutorio 120/2013 de 10 de noviembre, el Juez demandado, declaró infundado dicho mecanismo procesal; asimismo, señaló audiencia de medidas cautelares pese a estar cuestionada la imputación formal, contraviniendo lo establecido en la SCP 1064/2016-S2 de 24 de octubre. Ante tal determinación, solicitó explicación, complementación y enmienda; y, posteriormente presentó recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, este no fue remitido en alzada, incumpliendo los plazos establecidos por ley, condicionando a que previamente se realice la audiencia de medidas cautelares e inobservando el principio de celeridad procesal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal, a la petición, acceso a la justicia; y, a la vida; así como de los principios de seguridad jurídica y celeridad, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado informe respecto al cumplimiento de la ley; asimismo, se determine la responsabilidad civil y se califique costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de febrero de 2023, según consta en acta cursante a fs. 23, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar.

I.2. Informe de la parte demandada

Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a través de informes escritos presentados el 16 de febrero de 2023, cursantes a fs. 20 y vta. y 22; y, en audiencia de garantías, señaló que: 1) El Auto Interlocutorio 120/2023, fue apelado por el nombrado y remitido al Tribunal de alzada, a efecto de emitir criterio sobre los agravios alegados por el nombrado; 2) La acción tutelar presentada, no puede de modo alguno suplir mecanismos idóneos desde el punto de vista ordinario; ya que, existe un pronunciamiento pendiente y será la autoridad competente la que deba determinar si los agravios denunciados son evidentes o no, conforme a lo establecido por la SC 0080/2010-R de 3 de mayo; por lo que, al no existir materia constitucional de protección, ni haber vulnerado derecho alguno, solicitó se rechace la acción de defensa, con costas a favor del Estado; y, 3) El 14 de febrero de 2023, fue remitido el legajo de apelación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; instancia en la que solo se aceptaba las remisiones hasta horas 12:00.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 12/2023 de 16 de febrero, cursante a fs. 24 y vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De lo solicitado en la acción de defensa, e informe remitido por el Juez demandado, estableció que dicha autoridad cumplió con todos los parámetros correspondientes del Código de Procedimiento Penal; y habiendo surgido impugnaciones en el proceso, las mismas estarían siendo resueltas en alzada; ii) La motivación y fundamentación de las autoridades jurisdiccionales se hallan amparadas en el art. 3 del CPP, no siendo esta acción tutelar la vía que pueda subsanar, corregir o reparar los supuestos agravios sufridos y reclamados en la presente audiencia de garantías; y, iii) El accionante tampoco llegó a demostrar de manera objetiva y fehaciente que la autoridad demandada estuviera restringiendo o limitado sus derechos invocados.

II. CONCLUSIONES

De los hechos la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2022, la Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada de Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, presentó ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, la Resolución de Imputación Formal 06/2022 de 16 de noviembre, contra José Rengel Terrazas -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, caso signado con el CUD 201102012205516; asimismo, informó del inicio de investigaciones, solicitando la aplicación de medidas cautelares alternativas a la detención preventiva del imputado (fs. 7 a 11). II.2. Según Acta de audiencia de la presente acción tutelar, se tiene que el accionante interpuso ante el Juez demandado incidente de nulidad de la Resolución de Imputación Formal 06/2022; el cual, fue resuelto mediante el Auto Interlocutorio 120/2013 de 10 de febrero, declarando infundado el mismo; determinación contra la cual, el peticionante de tutela, formuló recurso de apelación incidental (fs. 23 a 24 vta.). II.3. Cursa Nota de 14 de febrero de 2023, a través de la cual, se remitió ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el legajo del recurso de apelación incidental en cumplimiento a lo dispuesto por el Auto Interlocutorio 120/2023 (fs. 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal, a la petición, al acceso a la justicia; y, a la vida; así como de los principios de seguridad jurídica y celeridad; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, en audiencia, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que declaró infundado el incidente de nulidad de imputación que presentó; Resolución en la que asimismo, se señaló audiencia de medidas cautelares -no indica fecha de celebración-; sin embargo, el Juez demandado, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, omitió remitir al Tribunal de apelación, el legajo de su impugnación, incumpliendo los plazos establecidos por ley, condicionando a que previamente se realice la audiencia de medidas cautelares, inobservando el principio de celeridad procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En el marco de dicho precedente constitucional la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio ha precisado el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho señalando lo siguiente: consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.

III.2. Análisis del caso concreto

En el presente caso, el accionante, denuncia dilación indebida en la remisión del legajo del recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio que declaró infundado su incidente de nulidad de imputación formal, incumpliendo el Juez demandado los plazos procesales al no elevar en alzada el mismo hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, condicionando su envío -en criterio suyo- a la celebración de la audiencia de medidas cautelares señalada también en la citada Resolución, activando la acción de libertad de pronto despacho. Al respecto, de la revisión de antecedentes del expediente constitucional y lo manifestado por las partes procesales en la audiencia de garantías de esta acción tutelar, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio contra el impetrante de tutela, el 17 de noviembre de 2022, la Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada de Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, presentó ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, la Resolución de Imputación Formal 06/2022 de 16 de noviembre; asimismo, informó del inicio de investigaciones, solicitando señale audiencia de aplicación de medidas cautelares alternativas a la detención preventiva del nombrado, quien según Acta de audiencia de la presente acción tutelar, en audiencia de 10 de febrero de 2023, presentó ante la citada autoridad judicial, incidente de nulidad de imputación formal; el cual, fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 120/2013, declarándolo infundado, además de señalar en la referida Resolución, audiencia de medidas cautelares en su contra. Situación que dio lugar a que el accionante presente recurso de apelación incidental contra la citada Resolución; cuyo legajo, según, Nota de 14 de febrero de 2023, suscrita por el Juez demandado, fue remitido la indicada fecha ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; motivando que, ante la demora incurrida, presente esta acción tutelar. En ese contexto, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad. En ese marco, no obstante que el accionante solicita la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en razón a la dilación en la remisión del legajo de su apelación incidental; del contenido de la Resolución de Imputación Formal presentada contra el impetrante de tutela, se advierte que la Fiscal de Materia asignada al caso, solicitó al Juez de control jurisdiccional, la aplicación de medidas cautelares alternativas a la detención preventiva en favor del accionante, entre estas la presentación periódica con intervalo de diez días en el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental a fin de controlar la presencia del imputado; antecedente que nos permite establecer que el peticionante de tutela no se encontraba privado de libertad, ni existía la amenaza de restricción de ese derecho. Circunstancia por la cual, en el caso en revisión, al no configurarse dicho presupuesto, en el marco de los alcances de protección de la acción de libertad de pronto despacho; cual es, resolver con celeridad los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver solicitudes o peticiones vinculadas con la libertad de una persona, la situación procesal del impetrante de tutela, impide que este Tribunal pueda ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por dilación indebida; máxime si respecto a la programación de audiencia de medidas cautelares objeto de la presente acción de defensa, en actuados procesales no cursa elemento alguno que demuestre dicho señalamiento, que permita a este Tribunal tener certeza sobre la vulneración del derecho invocado; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada. Por otro lado, en cuanto al señalamiento de audiencia de medidas cautelares, estando cuestionada la imputación formal, y que dicha actuación, atentaría a la ratio decidendi de la SCP 1064/2016-S2, incumbe señalar que contrariamente a lo manifestado por el accionante, el citado precedente jurisprudencial vinculante, que analizó un caso donde la libertad del accionante estaba en riesgo y se hallaba cuestionada la programación de audiencia de consideración de medidas cautelares estando pendiente de resolución su recurso de apelación incidental contra la Resolución que declaró infundado su incidente de actividad procesal defectuosa de la imputación formal, estableció que: “…la determinación asumida por la autoridad demandada de fijar fecha para la consideración de medidas cautelares del imputado ‒ahora accionante‒, no incurrió en vulneración de derechos o garantías constitucionales; considerando que la imputación, como motivó el juez demandado, no tenía vicios fundamentales suficientemente probados que hubieran dado lugar a dejar en suspenso cualquier tramitación de la causa en esa etapa investigativa…”; al concluir la citada Sentencia que, el incidente de nulidad de la imputación formal carecía de sustento en cuanto a los defectos subsanables que podrían dar lugar a dejar en suspenso la aplicación de alguna medida cautelar En ese entendido, al no concurrir en el presente caso los presupuestos de activación de la acción de libertad, concierne su denegatoria. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 24 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1021_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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