B.IA.LEGAL

SCP 1021/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54796-2023-110-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, y motivación; toda vez que, la autoridad demandada, por Auto de Vista 66/2023-SP2, mantuvo su detención preventiva: 1) Incorporando el peligro de fuga previsto en el art. 234.5 del CPP con base en un formulario extraído del sistema JL1, cuando el documento idóneo para aquello, según lo establecido en la SCP 0630/2021-S3, es el certificado del REJAP; 2) Determinó la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.6 del citado Código, argumentando que fue imputado en otro proceso penal, lo cual vulneró su derecho a la presunción de inocencia, inobservando el entendimiento asumido en la citada SCP 0630/2021-S3; 3) Declaró la persistencia del art. 234.7 de la mencionada norma adjetiva, sosteniendo que, la Jueza a quo lo fundamentó correctamente en el hecho de que los carguíos de combustible que realizó “…DE UNO HASTA SEIS VECES”… (sic) afectó de manera directa al Estado; sin embargo, la Vocal demandada: i) No consideró que, para la concurrencia del mencionado precepto normativo, hace falta sentencia condenatoria ejecutoriada; y, ii) No se pronunció respecto al argumento vertido relacionado a la diferencia del bien jurídico; es decir, que el presente caso “…NO PERTENECE A UN BIEN JURIDICO, DONDE ESTE POR MEDIO UN SECTOR VULNERABLE…” (sic), abstrayéndose de lo desarrollado en la SCP 0185/2019-S3; 4) Se fundó el peligro de obstaculización establecido en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que, por Secretaría General de este Tribunal, se proceda a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Fiscalía General del Estado con la finalidad de que se tomen en cuenta las consideraciones y exhortación realizadas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1021/2025-S2 Sucre, 9 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54796-2023-110-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 03/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esteban Zapata Carballo contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 56 a 64 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo; el 16 de marzo de 2023 se celebró audiencia de aplicación de medidas cautelares ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Villamontes del departamento de Tarija. En dicha oportunidad, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, se dispuso su detención preventiva por el plazo de dos meses. Contra tal determinación, considerada arbitraria, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto mediante Auto de Vista 66/2023-SP2 de 27 de marzo, emitido por Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada-, manteniendo su detención preventiva. Dicha decisión resulta carente de fundamentación y motivación, puesto que: a) Incorporó a su situación jurídica el peligro de fuga previsto en el art. 234.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con base en el historial de denuncias del sistema Justicia Libre (JL) de 15 de marzo de 2023, cuando el documento idóneo para aquello es el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), desconociendo lo establecido en la SCP 0630/2021-S3 de 17 de septiembre; b) Determinó la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.6 del citado Código, argumentando que fue imputado en otro proceso penal, lo cual vulneró su derecho a la presunción de inocencia, inobservando el entendimiento asumido en la citada SCP 0630/2021-S3; c) Declaró la persistencia del art. 234.7 de la mencionada norma adjetiva, sosteniendo que, la Jueza a quo lo fundamentó correctamente en el hecho de que los carguíos de combustible que realizó “…DE UNO HASTA SEIS VECES”… (sic) afectó de manera directa al Estado; sin embargo, la Vocal demandada: 1) No consideró que, para la concurrencia del mencionado precepto normativo, hace falta sentencia condenatoria ejecutoriada; y, 2) No se pronunció respecto al argumento vertido relacionado a la diferencia del bien jurídico; es decir, que el presente caso “…NO PERTENECE A UN BIEN JURIDICO, DONDE ESTE POR MEDIO UN SECTOR VULNERABLE…” (sic), abstrayéndose de lo desarrollado en la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril; y, d) Se fundó el peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, señalando que, por la naturaleza del hecho, su persona podría influenciar en testigos; no obstante, dicho argumento se basa en meras suposiciones y aspectos subjetivos, incumpliendo lo establecido en la SCP 0276/2018-“S1” -siendo lo correcto y en adelante S2- de 25 de junio.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, y motivación; citando al efecto los arts. 21.7, 23, 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 66/2023-SP2, se revoque su detención preventiva y, consecuentemente, se dispongan medidas cautelares personales distintas a la medida extrema que sean menos invasivas a sus derechos y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 85 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que en la audiencia de aplicación de medidas cautelares se presentó un certificado del REJAP, el cual acreditó que su persona no cuenta con antecedente penal alguno; empero, no se le otorgó ningún valor.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 77 a 79, solicitó se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: i) Respecto a los peligros de fuga establecidos en el art. 234.5 y 6 del CPP, el informe del sistema JL presentado por el Ministerio Público acreditó de manera confiable que el impetrante de tutela fue beneficiado con una salida alternativa por delito doloso el 8 de abril de 2017 y, por lo tanto, cuenta con actividad delictiva reiterada, de acuerdo a lo razonado por la Jueza a quo; ii) Con relación al art. 234.7 del citado Código, se fundamentó su incorporación a la situación jurídica del peticionante de tutela, señalando que el prenombrado realizó carguíos de combustible de una hasta seis veces por día, afectando de manera directa al Estado, puesto que, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sostuvo que aquel es un recurso energético subvencionado y regulado por el Gobierno Nacional para el buen uso y aprovechamiento de la población; y, iii) En cuanto al art. 235.2 de la norma adjetiva penal, es evidente que, al encontrarse el proceso en etapa de investigación, el Ministerio Público debe realizar distintas diligencias, como tomar las declaraciones testificales de los funcionarios de la estación de servicio, recabar las grabaciones de las cámaras de seguridad y la inspección ocular del lugar de los hechos; actos que, por la naturaleza del hecho investigado, pueden ser obstaculizados por el accionante; por consiguiente, la incorporación de dicho peligro de obstaculización fue debidamente fundamentado.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, sostuvo que, del informe de la autoridad demandada, la apelación incidental del impetrante de tutela fue declarada procedente en parte, lo que lleva a la conclusión de que, en el caso, si se realizó un análisis de los antecedentes a efectos de disponer la detención preventiva del prenombrado, así como de la necesidad, proporcionalidad y temporalidad de la medida; por lo que, solicitó el análisis de todos estos elementos al momento de determinar “lo que corresponda”.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 03/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 86 a 89 vta., concedió en parte la tutela solicitada por lesión al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, dejando sin efecto el Auto de Vista 66/2023-SP2 y ordenando a la autoridad demandada emita uno nuevo en el plazo de veinticuatro horas, solo respecto a los peligros de fuga insertos en el art. 234.5 y 6 del CPP; con base en los siguientes fundamentos: a) En lo que respecta a los peligros de fuga insertos en el art. 234.5 y 6 del CPP, la Jueza a quo los fundamentó en el hecho de que el 8 de abril de 2017 se aplicó al impetrante de tutela una salida alternativa por delito doloso, acreditado por un historial de denuncias generado por el sistema JL y que, por lo mismo, contaba con actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada; sin embargo, omitió valorar el certificado del REJAP presentado por el prenombrado -el cual acreditaba que no contaba con registro de sentencia condenatoria o “salida alternativa”-, bajo el argumento errado de que el mismo no registra todas las salidas alternativas; b) El historial de denuncias del sistema JL no indica el delito por el cual se procesó al peticionante de tutela; por consiguiente, afirmar que dicha prueba constituye una información confiable transgrede el principio de verdad material y lo establecido en el art. 234 del CPP; en consecuencia, la representación fiscal no demostró que el proceso por el cual se aplicó una salida alternativa al accionante sea por la comisión de un delito doloso; y, c) La autoridad demandada declaró concurrente el peligro de fuga inserto en el art. 234.6 del citado Código, señalando que, al activarse el numeral 5 del citado artículo, también se demostró que el impetrante de tutela contaba con actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada; fundamento incongruente y errado, puesto que, ambos peligros de fuga no pueden confundirse y menos señalar que se configuran bajo las mismas circunstancias, al margen de que dicho argumento no contempló lo establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0056/2014” y 0185/“219”-S3 -siendo lo correcto 2019-, mismas que fueron invocadas y presentadas ante la Vocal demandada;

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa historial de denuncias del sistema JL de 15 de marzo de 2023, el cual señala que, Esteban Zapata Carballo -ahora accionante- contaba con un proceso seguido en su contra signado como TAR-VIL1700254 de 28 de abril de 2017, con estado “Salida alternativa” y etapa “Cerrado” (fs. 7). II.2. Consta acta de audiencia de consideración de medidas cautelares y Auto Interlocutorio, ambos de 16 de marzo de 2023, emitidos por Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija. Mediante el ultimo, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en la Carceleta Pública del referido municipio por el plazo de dos meses (fs. 9 a 17 vta.). II.3. Se tiene acta de audiencia de apelación de medidas cautelares y Auto de Vista 66/2023-SP2, ambos de 27 de marzo de 2023, emitidos por Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandada-; en el último, declaró sin lugar en parte el recurso de apelación incidental presentado por el peticionante de tutela contra la resolución detallada en la Conclusión II.2, desactivando únicamente el peligro de fuga inserto en el art. 234.5 del CPP y manteniendo, en consecuencia, la disposición de detención preventiva impuesta por la Jueza a quo al prenombrado (fs. 18 a 20 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus vertientes fundamentación, y motivación; toda vez que, la autoridad demandada, por Auto de Vista 66/2023-SP2, mantuvo su detención preventiva: 1) Incorporando el peligro de fuga previsto en el art. 234.5 del CPP con base en un formulario extraído del sistema JL1, cuando el documento idóneo para aquello, según lo establecido en la SCP 0630/2021-S3, es el certificado del REJAP; 2) Determinó la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.6 del citado Código, argumentando que fue imputado en otro proceso penal, lo cual vulneró su derecho a la presunción de inocencia, inobservando el entendimiento asumido en la citada SCP 0630/2021-S3; 3) Declaró la persistencia del art. 234.7 de la mencionada norma adjetiva, sosteniendo que, la Jueza a quo lo fundamentó correctamente en el hecho de que los carguíos de combustible que realizó “…DE UNO HASTA SEIS VECES”… (sic) afectó de manera directa al Estado; sin embargo, la Vocal demandada: i) No consideró que, para la concurrencia del mencionado precepto normativo, hace falta sentencia condenatoria ejecutoriada; y, ii) No se pronunció respecto al argumento vertido relacionado a la diferencia del bien jurídico; es decir, que el presente caso “…NO PERTENECE A UN BIEN JURIDICO, DONDE ESTE POR MEDIO UN SECTOR VULNERABLE…” (sic), abstrayéndose de lo desarrollado en la SCP 0185/2019-S3; 4) Se fundó el peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, señalando que, por la naturaleza del hecho, su persona podría influenciar en testigos; no obstante, dicho argumento se basa en meras suposiciones y aspectos subjetivos, incumpliendo lo establecido en la SCP 0276/2018-S2. Ante ello, la autoridad demandada señala que: a) Respecto a los peligros de fuga establecidos en el art. 234.5 y 6 del CPP, el informe del sistema JL presentado por el Ministerio Público acreditó de manera confiable que el impetrante de tutela fue beneficiado con una salida alternativa por delito doloso el 8 de abril de 2017 y, por lo tanto, cuenta con actividad delictiva reiterada; b) Con relación al art. 234.7 del citado Código, se fundamentó su incorporación a la situación jurídica del peticionante de tutela, señalando que el prenombrado realizó carguíos de combustible de una hasta seis veces por día, afectando de manera directa al Estado, puesto que, la ANH sostuvo que aquel es un recurso energético subvencionado y regulado por el Gobierno Nacional para el buen uso y aprovechamiento de la población; y, c) En cuanto al art. 235.2 de la norma adjetiva penal, es evidente que, al encontrarse el proceso en etapa de investigación, el Ministerio Público debe realizar distintas diligencias, como tomar las declaraciones testificales de los funcionarios de la estación de servicio, recabar las grabaciones de las cámaras de seguridad y la inspección ocular del lugar de los hechos; actos que, por la naturaleza del hecho investigado, pueden ser obstaculizados por el accionante; por ello, la incorporación de dicho peligro de obstaculización fue debidamente fundamentado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales como garantía del debido proceso

Desde la SC 0752/2002-R de 25 de junio, se tiene que para que una resolución se encuentre debidamente fundamentada y motivada la misma debe sustentarse en una ratio decidendi o razón de la decisión clara y coherente; en otras palabras: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las notas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

El 16 de marzo de 2023 se llevó a cabo una audiencia de aplicación de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido contra Esteban Zapata Carballo -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo; en dicho acto, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija, por Auto Interlocutorio de la misma fecha, dispuso la detención preventiva del accionante por el plazo de dos meses (Conclusión II.2). Contra tal determinación, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por Auto de Vista 66/2023-SP2 de 27 de marzo, pronunciado por la Vocal demandada, “…desactivando únicamente el numeral 5 del artículo 234 del CPP…” (sic) y manteniendo su detención preventiva (Conclusión II.3).

En ese contexto, corresponde abordar la problemática planteada de la siguiente manera:

Con relación al punto 1), se tiene que por Auto Interlocutorio de 16 de marzo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija incorporó el peligro de fuga establecido en el art. 234.5 del CPP a la situación jurídica del peticionante de tutela bajo el siguiente argumento: “…para el presente acto procesal el Ministerio Publico presenta un historial de denuncias del formulario JL1, que el mismo habría sido beneficiado con salida alternativa el año 2017, la defensa hace mención que no es un elemento de prueba que venga a activar este peligro procesal, siendo que el Ministerio Publico no ha demostrado de manera objetiva el art. 234, manifestando que no menciona de que delito el imputado ha sido beneficiado y del Certificado del REJAP, su defendido no registra antecedentes penal, se llega a la conclusión que lo vertido por la defensa, no vendría a desvirtuar este peligro procesal, tomando en cuenta que del formulario JL1, refiere que el imputado habría sido beneficiado con una Salida Alternativa, y siendo que en el certificado REJAP, no registra Salidas Alternativas, como ser de Conciliación, criterio de oportunidad, solo se registra Sentencias Condenatorias, Rebeldías y Suspensiones Condicionales del Proceso, en ese sentido se considera por e el historial JL1, el imputado ya fue sometido a una salida alternativa, por lo que este peligro procesal se encontraría activado…” (sic). Dicha decisión fue cuestionada por el accionante en audiencia de apelación incidental de 27 de marzo de 2023, sosteniendo en esencia que: “… no se ha traído un documento donde demuestre que se hubiere beneficiado por un delito doloso…” (sic). Vale decir, el impetrante de tutela no cuestionó la veracidad de la conclusión arribada por la Jueza a quo, sino que únicamente señaló que el historial de denuncias del sistema JL de 15 de marzo de 2023 (Conclusión II.1) no demostraba que el proceso por el cual se le benefició con la aplicación de una salida alternativa sea por un delito doloso.

Ante ello, la Vocal demandada, por Auto de Vista 66/2023-SP2, a tiempo de cohonestar el razonamiento expuesto por la Jueza a quo, señaló lo siguiente: “…el Ministerio Público ha presentado un historial de denuncias del formulario de denuncias del sistema JL1 donde hubiera sido beneficiado con una salida alternativa del año 2017 (…) señala la Juez aquo que si bien en el REJAP no registra ninguna sentencia condenatoria, ni rebeldia pero se puede verificar en el sistema JL1 que el mismo ha sido sometido a una salida alternativa y es lo que establece el Art. 234 en su núm. 5) del CPP modificado por la Ley 1173 (…) por lo que si bien el Ministerio Público ha presentado un historial del sistema JL1 en el que se puede advertir, que se hubiera emitido a favor del imputado en fecha 8 de abril de 2017, es una información confiable para determinar que ha sido una salida alternativa por delito doloso” (sic).

Ahora bien, en apelación a tiempo de sustentar su recurso de apelación incidental e incluso en sede constitucional, el peticionante, en lugar de controvertir la veracidad de dicha afirmación -esto es, cuestionar si efectivamente el proceso por el cual obtuvo la salida alternativa correspondía a un delito doloso-, se limitó a observar que el referido historial no consignaba el tipo de delito; es decir, si el accionante consideraba que la conclusión asumida por la Jueza a quo no reflejaba la realidad, le correspondía actuar con lealtad procesal, controvirtiéndola expresamente, por ejemplo, alegando que el proceso en el cual fue beneficiado con una salida alternativa, lejos de tratarse de un delito doloso, correspondía a uno de tipo culposo; circunstancia que no acontece en el caso concreto, lo que impide conceder la tutela impetrada en la medida en la que, la parte accionante no puede alegar su propia indefensión. Sobre el punto 2), se tiene que por Auto Interlocutorio de 16 de marzo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija incorporó el peligro de fuga establecido en el art. 234.6 del CPP a la situación jurídica del peticionante de tutela bajo el siguiente argumento: “…para el presente acto procesal el Ministerio Público presenta un historial del JL1 que el imputado ya habría sido beneficiado con una Salida alternativa, se llega a la conclusión que por esta documental presentada, siendo que es una prueba idónea, es información en donde se registran el estado y conclusiones de cada proceso, el historial del JL1, se registran antecedentes del proceso, en ese sentido se puede demostrar que este peligro procesal se encontraría avivado” (sic).

Dicha decisión fue cuestionada por el accionante en audiencia de apelación incidental de 27 de marzo de 2023, sosteniendo en esencia que: “… la única forma de activar el riesgo procesal debe presentarse una sentencia ejecutoriada…” (sic). Con relación al art. 234.6 del CPP, la Vocal demandada sostuvo: “…este riesgo procesal ha sido debidamente activado, en merito a la prueba presentada que es el historial JL1, en el que se tiene como beneficiario de una salida alternativa y es que esa documentación es una prueba idónea para determinar de que el imputado tiene una actividad delictiva anterior, toda vez, de que ha sido beneficiado por una salida alternativa” (sic).

Al respecto, este Tribunal recuerda que la valoración de peligros procesales en sede de medidas cautelares obedece a un juicio de pronóstico razonado y no a un estándar de certeza propio de la etapa de juicio oral. Con relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.6 del CPP, a saber: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada”, este Tribunal recuerda el entendimiento desarrollado en la SCP 0027/2023-S3 de 10 de marzo, que sostuvo: “…el referido Vocal fue claro en establecer que para desvirtuar ese riesgo procesal no necesariamente debe recaer sobre el procesado una sentencia condenatoria ejecutoriada […] esto en función al entendimiento jurisprudencial establecido en la SCP 0056/2014, bastando únicamente con los antecedentes que, en el presente caso, cuenta el Ministerio Público…”, entendimiento conforme al cual la denuncia de insuficiencia motivacional respecto del art. 234.6 del CPP cuando se sostiene que sin sentencia ejecutoriada no hay existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, no es atendible, por cuanto dicho riesgo procesal no exige sentencia condenatoria ejecutoriada para su activación. En esa línea, se precisa que basta la existencia de antecedentes objetivos, identificables y verificables, siempre que la autoridad exteriorice los motivos por los que tales antecedentes no fueron desvirtuados y expliquen el enlace lógico con el pronóstico de riesgo. En consecuencia, no se configura vulneración al derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y motivación respecto del art. 234.6 del CPP; por lo que, corresponde denegar la tutela en este extremo.

En cuanto al punto 3), por Auto Interlocutorio de 16 de marzo de 2023, la Jueza a quo incorporó el peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante establecido en el art. 234.7 del CPP a la situación jurídica del peticionante de tutela bajo el siguiente argumento: “…siendo que el mismo desde enero hasta el 14/03/2023 ha realizado carguíos de combustible, de 1 hasta 6 veces por día, realizando este ilícito que afecta a la víctima toda vez que existe un daño directo a una institución del estado como ser la ANH, (…) debemos tener en cuenta que el combustible es un elemento subvencionado y regulado por el gobierno nacional, para el buen uso, aprovechamiento y abastecimiento de la población a nivel nacional…” (sic). Esta decisión fue objetada por el ahora accionante en audiencia de apelación incidental de 27 de marzo de 2023, señalando que: “…para acreditar ese riesgo procesal debe existir un certificado de antecedentes penales donde se contenga una sentencia ejecutoriada y que la víctima no está vinculada al sector de vulnerabilidad por lo que existe insuficiente motivación y motivación y no se ha cumplido con el art. 124 del CPP” (sic).

Respecto al art. 234.7 del CPP, la Vocal demandada, a tiempo de cohonestar el razonamiento expuesto por la Jueza a quo, señaló lo siguiente: “…ha fundamentado la activación de dicho riesgo procesal en base a la prueba, a los elementos indiciarios presentados como son, los carrillos de combustibles que ha realizado de una hasta seis veces por día el imputado, afectando de manera directa al Estado es decir, la ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos y ha motivado la misma al señalar de que se debe tomar en cuenta de que el combustible es un elemento subvencionado y regulado por el gobierno nacional para el buen uso aprovechamiento y abastecimiento de la población a nivel nacional, habiendo afectado de manera directa a quién está destinado el mismo y conforme la documentación, donde claramente se ha detallado los carguíos que se hubieran realizado, desde el enero hasta el 14 de marzo, ocasionando un daño a la institución y es que en ese sentido el actuar del imputado constituye un peligro inminente para la víctima y es que la víctima es una institución que representa el Gobierno Nacional se debe considerar de que no se está hablando de una persona natural, sino de una institución jurídica que representa al Gobierno Nacional y es que se encuentran debidamente motivado en cuanto a la activación de este riesgo procesal al señalar estaría afectando correcto, uso aprovechamiento y abastecimiento a la población a nivel nacional” (sic). Sobre este extremo, cabe tomar en cuenta lo señalado en la SCP 0585/2023-S3, de 15 de junio, que sostuvo: “…si bien el REJAP o la existencia de una sentencia condenatoria emitida en otro proceso, pudieran sustentar sobre el imputado un indicio acerca de la existencia de este riesgo procesal en sentido de considerársele en un peligro para la sociedad, la víctima o denunciante, empero, este no es el único elemento a ser considerado, sino que por el contrario debe tenerse en cuenta la conducta del imputado, así como las particularidades del caso, aspectos que sin embargo, y de acuerdo a lo establecido en la SCP 0056/2014 tampoco pueden estar sujetos a la arbitrariedad o criterios subjetivos del juez o tribunal siendo necesario que las referidas autoridades se sustenten en hechos o circunstancias materialmente verificables”. De lo anterior, se infiere que la alegación del accionante en el sentido de que, la activación del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP debía acreditarse únicamente por sentencia condenatoria ejecutoriada, carece de sustento, pues tal exigencia corresponde cuando se funde en antecedentes penales para establecer peligrosidad, más no cuando el riesgo se desprende de hechos del propio proceso, como ocurre en este caso. De lo expuesto, este Tribunal constata que la decisión de la Vocal demandada contó con motivación suficiente, pues identificó la víctima, individualizó los hechos relevantes y explicó su conexión con el riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP, cumpliendo así con el estándar mínimo exigido por la jurisprudencia. No se advierte arbitrariedad ni motivación aparente, por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada en este extremo. En lo referente al punto 4) por Auto interlocutorio de 16 de marzo de 2023, la Juez a quo motivó la activación del art. 235.2 del CPP, manifestando que: “…por la naturaleza del hecho, y tomando en cuenta que nos encontramos en una etapa de investigación, el Ministerio Público tiene que investigar acerca de este ilícito, falta realizar la toma de las declaraciones testificales de las personas que tienen conocimiento de este ilícito, como ser los funcionarios de la Estación de servicio, falta recabar las grabaciones de las cámaras de seguridad, realizar audiencia de inspección ocular de los hechos y por la naturaleza del hecho se puede establecer de manera objetiva la probable influencia del imputado en la investigación a objeto de influencia negativamente con testigos, para beneficiarse con la investigación y no llegar al esclarecimiento de los hechos…” (sic). A este respecto, el accionante alegó en audiencia de apelación incidental de 27 de marzo: “…existe una sentencia constitucional que prohíbe fundar el riesgo en meras suposiciones y hechos imaginarios que podría influir y podría obstaculizar…” (sic). La Vocal demandada, por Auto de Vista 66/2023-SP2, sobre este extremo, indicó: “…es evidente de que al encontrarse en una etapa de investigación, el Ministerio Pública que va a realizar diferentes toma de declaraciones de las personas que tienen conocimiento del ilícito, que son funcionarios de la estación de servicio, las grabaciones de las cámaras de seguridad, la inspección ocular de los hechos y que por la naturaleza del hecho se puede establecer de manera objetiva la probable influencia del imputado, en los testigos y así beneficiarse en la investigación y no llegar al esclarecimiento de los hechos, por lo que el peligro de obstaculización se encuentra debidamente fundamentado al señalar los actos de investigación pendientes para llegar a la verdad de los hechos” (sic). De la revisión de antecedentes, se constata que la Vocal demandada delimitó de manera funcional el círculo de testigos potencialmente influenciables: funcionarios de la estación de servicio que intervinieron o tienen conocimiento directo de los carguíos atribuidos. Dada la inmediatez entre los hechos imputados y el espacio operativo (la misma estación), la identificación sectorial satisface -en esta fase cautelar- el criterio de concreción razonable, pues sitúa a personas determinables por su rol y conexión inmediata con el objeto de investigación.

La motivación explica cómo podría producirse la injerencia: el imputado -quien habría realizado carguíos reiterados en ese mismo establecimiento- conoce a los operadores y la dinámica interna; esa proximidad fáctica habilita un acercamiento o coordinación que distorsione declaraciones o la conservación de registros. Los hechos base del propio proceso: periodicidad y frecuencia de carguíos, lugar determinado y actos investigativos pendientes sobre personas y soportes localizables. Tales circunstancias, consideradas en conjunto, sustentan un pronóstico de riesgo real y actual, suficiente a efectos cautelares. En el marco de este análisis, no se advierten suposiciones. La alzada motiva por qué, estando pendientes declaraciones y resguardos de evidencia en el mismo entorno operacional del imputado, las restricciones personales resultan idóneas para neutralizar los posibles riesgos. El núcleo del razonamiento -la exposición directa de testigos del mismo ámbito físico y funcional- justifica la intensidad de la cautela mientras se practican las diligencias. Corresponde, por tanto, denegar la tutela en este extremo, dado que el Auto de Vista 66/2023-SP2, contiene motivación suficiente en lo que atañe a la activación del peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta la problemática planteada, corresponde advertir que, tal como se indicó en el acápite relativo a la resolución del punto i) del objeto procesal dentro del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, una de las circunstancias que motivó la eventual interposición del recurso de apelación incidental y, posteriormente, la activación de esta acción tutelar, fue el hecho de que el formulario del sistema JL no registró el delito por el cual, en su momento, se procesó al accionante. En ese marco, se exhorta a la Fiscalía General del Estado para que, a través de la instancia correspondiente, disponga la corrección y actualización de la información contenida en los formularios emitidos por dicho sistema, a fin de que los operadores de justicia cuenten con datos confiables y actualizados sobre los antecedentes de las personas sometidas a investigación y puedan emitir decisiones fundadas en información precisa. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que, por Secretaría General de este Tribunal, se proceda a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Fiscalía General del Estado con la finalidad de que se tomen en cuenta las consideraciones y exhortación realizadas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1021_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 49f626808d081a33b76560dabb6948403031086ca3366a6277e5c3380b1b6c7e

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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