B.IA.LEGAL

SCP 1020/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54785-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la salud, a la vida, a la dignidad, a la presunción de inocencia y a la “verdad material”, y al debido proceso en su componente al juez natural; toda vez que, las autoridades demandadas procedieron a su aprehensión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para posteriormente trasladarlo a la ciudad de El Alto, donde, en audiencia de medidas cautelares se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, sin considerar que: i) El hecho que sustenta la presunta comisión del delito de estafa por el que se lo imputó, jamás existió, ya que, quién adeudaría el monto de dinero es el Club Deportivo y Cultural Sport Boys de Warnes; además, dado que su domicilio y los antecedentes de la denuncia se suscitaron en Santa Cruz de la Sierra, la sustanciación del caso debe ser de competencia del juez de turno de esta ciudad; y, ii) Es una persona de la tercera edad que sufre hipertensión arterial y fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, requiriendo atención médica especializada, más aún, cuando se encuentra detenido en una ciudad a más de 3 500 metros de altura; no obstante, debido a que el centro penitenciario donde se encuentra detenido no cuenta con condiciones para tal propósito y que las mismas le fueron negadas, requiere sea trasladado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/23 de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 191 vta. a 193, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dado el tiempo transcurrido, dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo firmes y subsistentes los efectos de la tutela otorgada por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Necesidad de acreditar afectación al derecho a la vida para una tutela inmediata
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1020/2025-S2 Sucre, 9 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54785-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/23 de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 191 vta. a 193, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Augusto Paniagua Yépez contra Freddy Gastón Choque Cortez, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; y, Félix Antonio Paricona López, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 173 a 179 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro a denuncia penal presentada el 28 de octubre de 2022 por Estefano Romar Ferrufino Rojas ante el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, se alegó que su persona no habría entregado la suma de $us32 000.- (dólares estadounidenses) que se le adeudada al fallecido Marcos Rodolfo Ferrufino Pérez -padre del denunciante- por sus servicios como “ex director Técnico” del Club Deportivo y Cultural Sport Boys de Warnes; no obstante, dicho ilícito jamás existió, puesto que, conforme a la certificación emitida por Carlos Gustavo Romero Bonifaz, ex Presidente del referido Club Deportivo, señaló que no autorizó a su persona el “…pago, transferencia o depósito…” de tal monto de dinero. Sin embargo, el 30 de enero de 2023, cuando se encontraba próximo a su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue detenido de manera ilegal e injusta, siendo posteriormente trasladado a la ciudad de El Alto, en virtud de la orden de detención preventiva dispuesta por Freddy Gastón Choque Cortez, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, y por Félix Antonio Paricona López, Fiscal de Materia -ahora demandados-. En ese contexto, el traslado de su persona a la ciudad de El Alto se sustentó en un domicilio “inventado”, sobre el cual se formalizó la acción penal en dicha ciudad, pese a que el presunto delito y su domicilio real se encontraba en la ciudad de Warnes, y su domicilio laboral en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; circunstancia que vulneró el debido proceso en su componente juez natural. Sumado a ello, al haber sido trasladado al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, situado a 3 800 metros sobre el nivel del mar, y considerando su delicado estado de salud -en razón de las múltiples intervenciones quirúrgicas que sufrió y la hipertensión arterial crónica que padece-, requiere una atención médica especializada, corriendo riesgo su derecho a la salud; y, debido a que guarda una detención en “condiciones infrahumanas”, corre peligro su derecho a la vida.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la salud, a la vida, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la “verdad material”, y al debido proceso en su componente al juez natural; citando al efecto los arts. 15.I, 18, 22, 115, 116.I, 119, 120.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDPC).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, ordene su “…TRASLADO E INTERNACIÓN MÉDICA EN CUALQUIER HOSPITAL Y/O CLINICA DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, CON CARCTER DE URGENCIA, A LOS EFECTOS DE RECIBIR EL TRATAMIENTO MÉDICO ESPECIALIZADO…” (sic), para su atención correspondiente en resguardo de su salud y vida.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de marzo de “2022” -lo correcto es 2023-, según consta en el acta cursante de fs. 187 a 191 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa y, ampliando en audiencia, señaló que: a) El Presidente del Club Deportivo y Cultural Sport Boys de Warnes, certificó que no le entregó ningún dinero al accionante, por lo que, no existe hecho sobre el cual pueda sustanciarse la causa penal; b) Existen excepciones pendientes, por las cuales se desconoció la competencia del Juez de la ciudad de “La Paz” -siendo lo correcto, El Alto-, debido a que la supuesta deuda tenía que ser ejecutada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; extremos que, no se discuten en esta acción de defensa; y, c) El único objeto de la acción de libertad planteado, es la tutela de los derechos a la vida y la salud, a efectos de que, por cuestiones estrictamente humanitarias, su persona, siendo de la tercera edad, por las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido y su enfermedad de hipertensión arterial, sea sometido al proceso ante el juez de turno de “Santa Cruz”, frente el cual pueda asumir efectivamente su derecho a la defensa y pueda ser internado en un centro hospitalario donde reciba las atenciones médicas que requiere, las cuales le fueron negadas en La Paz.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Félix Antonio Paricona López, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela impetrada, expresando que: 1) Se estableció que el lugar donde se habría cometido el hecho respecto al delito de estafa, fue en la ciudad de El Alto, tal como analizó “…el fiscal Dr. Agustín Coronado…” (sic) a tiempo de admitir la denuncia presentada por Estefano Romar Ferrufino Rojas, ante la cual, se apersonaron Raúl Ángelo Porcel Gonzales, Víctor Hugo Pérez Justiniano y Ernesto Antonio Aranivar Calancha, en calidad de víctimas; 2) Se imputó al accionante por la presunta comisión de tal delito, puesto que, en su condición de Secretario General de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (FABOL), manejó tal monto de dinero -se entiende, los $us32 000 adeudados al padre del denunciante Estefano Romar Ferrufino Rojas- que habría recibido de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF); 3) Si bien el impetrante de tutela presentó la declaración notarial informativa del Club Deportivo Sport Boys de Warnes, quien sería el que debería la señalada suma de dinero; empero, el mismo fue presentado con posterioridad a la denuncia, aspecto que, corresponde analizar a la autoridad del control jurisdiccional; 4) Una vez celebrada la audiencia de medidas cautelares, el 1 de febrero de 2023, conforme establece el art. 233.1, 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se determinó la probabilidad de autoría del peticionante de tutela, por la cual, se dispuso su detención preventiva por el lapso de “tres meses”; frente a ello, el peticionante de tutela planteó recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolución; es decir, dicha determinación fue emitida con posterioridad a la declaración informativa realizada el 16 del mismo mes y año; por lo que, no podían haber considerado tal extremo, más aún, cuando el prenombrado se sujetó al derecho de silencio; 5) La Resolución “62/2023” consideró lo argumentado respecto al derecho a la salud, alegado por el impetrante de tutela, ya que, de la documentación adjunta al respecto, no se evidenció la vulneración al mismo, por cuanto, conforme a las previsiones de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) no se generó ningún documento que dé cuenta de ello, razón por la que, de igual forma, ante la presentación del precitado recurso de impugnación, se encuentra pendiente de revisión y resolución; 6) Al memorial de acción de libertad, no se adjuntó ningún documento que pruebe el peligro de la vida del accionante, dado que, al estar detenido en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, este no acompañó informe del médico o del gobernador que establezca la gravedad de su estado de salud para justificar su salida a un centro hospitalario; y, 7) El cuestionamiento al juez natural, fue resuelto por el Auto Interlocutorio 1442/2023 de 20 de marzo de 2023. Freddy Gastón Choque Cortez, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni ingresó a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del accionante, pese a su notificación cursante a 186.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Raúl Ángelo Porcel Gonzales y Víctor Hugo Pérez Justiniano, se apersonaron a la audiencia de garantías y, a través de su abogado, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) El abogado del accionante no pudo identificar el tipo de acción de libertad que se planteó; ii) No adjuntó documental alguna dirigida al juez del control jurisdiccional, por la cual se haya comunicado la situación del estado de salud del impetrante de tutela que amerite su traslado a un centro hospitalario, más aún, cuando el art. 22 de la LEPS establece los mecanismos procesales y jurisdiccionales para el tratamiento inmediato de este tipo de solicitudes; iii) El impetrante de tutela, como petitorio en su acción tutelar solicita su traslado a cualquier clínica o especialidad para su tratamiento médico, sin especificar de forma fundamentada el sustento de tal requerimiento; iv) Al no existir ningún tipo de solicitud sobre lo requerido, no se ha agotado la subsidiariedad; y, v) Existe una autoridad fiscal y una autoridad jurisdiccional, además de una defensa técnica, a través de los cuales se podrían hacer valer tales solicitudes, por ello, no existe ninguna vulneración de derechos constitucionales.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 02/23 de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 191 vta. a 193, concedió en parte la tutela solicitada, conminando al abogado de la parte accionante a acreditar mediante certificado médico forense lo alegado en la acción tutelar, en base al cual, el juez del control jurisdiccional resolverá la procedencia o no de la salida del impetrante de tutela al centro hospitalario solicitado; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Si bien el art. 35 de la CPE protege y garantiza el derecho a la salud, para su tutela vía acción de libertad, se debe analizar lo sustanciado en la vía ordinaria, lo cual está sujeto al control jurisdiccional; por lo que, no se cumplen los presupuestos de procedencia de esta acción de defensa, puesto que no se acreditó el primer presupuesto respecto al que la vida del peticionante de tutela esté en peligro, extremo que fue base de los alegatos cuando se señaló el estado de salud del prenombrado; b) Lo solicitado por el accionante se centra en su traslado de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para su atención médica; empero, no se consideró que también existen centros hospitalarios en dicha ciudad; c) Pese a haberse presentado certificados médicos, estos no han sido refrendados ni homologados por un médico forense que dé cuenta de la necesidad del referido trasladarlo; d) El único derecho que se limitó con la imposición de las medidas cautelares fue el derecho de libertad, mas no los derechos a la vida y a la salud; y, e) En virtud del art. 22 de la LEPS, es posible que tales solicitudes puedan plantearse ante el juez de instrucción penal, dado que, los centros penitenciarios no cuentan con las especialidades que se requiere para la atención médica efectiva de los internos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución de Imputación Formal 10/2022 de 31 de enero, Félix Antonio Pacoricona López, Fiscal de Materia -ahora demandado-, imputó formalmente a David Augusto Paniagua Yépez -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de estafa demandado por Estefano Romar Ferrufino Rojas y Raúl Ángelo Porcel Gonzales y Víctor Hugo Pérez Justiniano -ahora terceros interesados-, solicitando su detención preventiva por cinco meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (fs. 3 a 12 vta.). II.2. Mediante Certificados Médicos de 10 de marzo de 2023, Henry Flores Aguirre, médico con matrícula profesional F-537 y José Antonio Requena Pinto, médico con matrícula profesional R-591, respectivamente, certifican que el impetrante de tutela: 1) “…fue multioperado de cadera en 4 ocasiones con complicaciones graves (…) paciente tiene riesgo alto de sufrir nuevamente Infección si no se toman los cuidados adecuados de limpieza y nutrición además de que esa infección Se complique y corra riesgo de vida” (sic [fs. 13 y vta.]); y, 2) “…Presento (…) la Hipertension Arterial (…) puede comprometer su estilo de salud…” (sic [fs. 14 y vta.]). II.3. Cursa expediente clínico 737386, a cargo de Edgar Villavicencio Abuawad, médico hospitalista de la Clínica Foianini de Santa Cruz de la Sierra, respecto a los antecedentes y situación médica del peticionante de tutela, por el cual, se programó cirugía de “prótesis de cadera izquierda” (sic [fs. 52 a 171]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la salud, a la vida, a la dignidad, a la presunción de inocencia y a la “verdad material”, y al debido proceso en su componente al juez natural; toda vez que, las autoridades demandadas procedieron a su aprehensión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para posteriormente trasladarlo a la ciudad de El Alto, donde, en audiencia de medidas cautelares se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, sin considerar que: i) El hecho que sustenta la presunta comisión del delito de estafa por el que se lo imputó, jamás existió, ya que, quién adeudaría el monto de dinero es el Club Deportivo y Cultural Sport Boys de Warnes; además, dado que su domicilio y los antecedentes de la denuncia se suscitaron en Santa Cruz de la Sierra, la sustanciación del caso debe ser de competencia del juez de turno de esta ciudad; y, ii) Es una persona de la tercera edad que sufre hipertensión arterial y fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, requiriendo atención médica especializada, más aún, cuando se encuentra detenido en una ciudad a más de 3 500 metros de altura; no obstante, debido a que el centro penitenciario donde se encuentra detenido no cuenta con condiciones para tal propósito y que las mismas le fueron negadas, requiere sea trasladado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ante ello, el Fiscal de Materia demandado sostiene que: a) El cuestionamiento al hecho que sustentó la presunta comisión del delito de estafa por el cual se imputó al impetrante de tutela; la determinación de la probabilidad de autoría en la que se basó la orden de su detención preventiva; y, la competencia de las autoridades que sustanciaron la causa en la ciudad de El Alto, fueron objeto de recurso de apelación incidental por el prenombrado, el cual aún no cuenta con la resolución correspondiente; y, b) La consideración del estado de salud del peticionante de tutela ya fue resuelta, además, este no adjuntó documental alguna que dé cuenta de la necesidad de trasladarlo a un centro hospitalario de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sumado a ello, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión le faculta para que tal petición sea atendida en el centro penitenciario donde se encuentra detenido, extremo que no aconteció. Por otro lado, el Juez demandado, no presentó informe escrito alguno ni ingresó a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del accionante, pese a su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Necesidad de acreditar afectación al derecho a la vida para una tutela inmediata

El art. 125 de la CPE señala que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad…”, siendo cuatro los presupuestos para la activación de esta acción tutelar; mismos que, según la SCP 0618/2012 de 23 de julio, se concretizan en: “…a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (el énfasis corresponde al texto original).

Ahora bien, la tutela inmediata al derecho a la vida, debe existir certidumbre en su lesión; en este sentido, la SCP 0007/2025-S2 de 14 de febrero, estableció: “Por lo que, para la procedencia de una solicitud en la cual esté de por medio la vida, los certificados médicos deben ser claros sobre la situación de salud y las necesidades que requiere el solicitante y, en su caso, respecto a la necesidad de valoración por parte de otro médico especialista; es decir, lo que se espera es que el informe médico establezca, con probabilidad y de manera justificada, qué afectaciones al derecho a la vida se pueden presentar, para que, de esta forma, la autoridad judicial no interprete o traduzca lo que el perito quiso decir y pueda ser, como se señaló, una base cierta de su decisión”.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes del expediente constitucional, se evidencia que, por Resolución de Imputación Formal 10/2022 de 31 de enero, Félix Antonio Pacoricona López, Fiscal de Materia -ahora demandado-, imputó formalmente al accionante por la presunta comisión del delito de estafa (Conclusión II.1). Posteriormente, habiéndose ejecutado su aprehensión, fue trasladado de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a la ciudad de El Alto, donde se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; en este sentido, se alega por el impetrante de tutela: 1) Que no cometió el delito de estafa y que la sustanciación del caso debe ser en Santa Cruz al supuestamente cometerse el delito en esa ciudad; y, 2) Es de la tercera edad, sufre hipertensión arterial y fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, por lo que requiere atención médica especializada y ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al respecto inicialmente se analizará el segundo punto, pues, en el caso concreto, en cuanto a la afectación al derecho a la vida depende la aplicación de la subsidiariedad de la acción de libertad, por tanto, dicho aspecto debe analizarse primero. Entonces respecto al segundo punto reclamado, el peticionante de tutela señala que, al ser una persona de la tercera edad, sufrir hipertensión arterial y haberse sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, requiere atención especializada para el resguardo de sus derechos a la salud y a la vida, puesto que, al estar detenido en una ciudad con más de 3 500 metros de altura y dentro de un centro penitenciario que no contaría con las condiciones para atender sus requerimientos médicos, además de que éstos le habrían sido negados, solicita su traslado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para la atención médica especializada que necesitaría. Por su parte, el Fiscal de Materia demandado indicó que la consideración del estado de salud del impetrante de tutela fue resuelta en la Resolución “62/2023”; sumado a ello, este no habría adjuntado documental alguna que pruebe la necesidad del traslado solicitado y que el prenombrado no activó los mecanismos establecidos ante el centro penitenciario donde se encuentra detenido u otra autoridad competente para hacer vale dichos requerimientos. En efecto, si bien es posible activar la excepción al principio de subsidiariedad para la protección del derecho a la vida -en este caso, vinculado al derecho a la salud- mediante la acción de libertad; sin embargo, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, le corresponde al accionante acreditar que la lesión alegada sea actual y que requiere atención inmediata. En efecto, en el caso concreto, no obstante que el peticionante de tutela presentó certificados médicos que establecerían las intervenciones quirúrgicas por las que atravesó, además de la hipertensión arterial que padecería (Conclusión II.2) y el historial médico (Conclusión II.3), el mismo no adjuntó ni tampoco solicitó a las autoridades competentes se produzca prueba pertinente y conducente que demuestre de forma fehaciente la inminente afectación o lesión de los derechos invocados, ni la urgencia o necesidad de su traslado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para recibir atención médica especializada fuera del recinto penitenciario donde se encuentra detenido en la ciudad de La Paz, cuyos recintos penitenciarios cuentan con atención médica que puede detectar situaciones de emergencia y obrar en consecuencia. En consecuencia, no habiéndose acreditado la inminencia de la lesión que justifique la excepción al principio de subsidiariedad, no corresponde conceder la tutela inmediata solicitada por el accionante respecto al derecho a la vida, en la medida en la que no es suficiente, para tener una tutela favorable, la mera invocación de dicho derecho. Ahora bien, respecto al primer punto reclamado, el impetrante de tutela señala que el hecho por el cual se lo imputó no es evidente, ya que, quien adeudaría el monto reclamado dentro de la causa penal sería el Club Deportivo y Cultural Sport Boys de Warnes; no obstante, siendo que su domicilio y los antecedentes alegados en la denuncia corresponden a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la misma debe ser sustanciada por la autoridad competente de tal asiento judicial. Ante ello, el Fiscal de Materia demandado indica que el análisis de los hechos, la probabilidad de autoría y la competencia del juez de la causa fueron analizadas a momento de admitir la denuncia; además, dichos extremos fueron objeto de apelación por el peticionante de tutela, cuyo análisis y posterior resolución se encuentra pendiente.

En ese contexto si bien el accionante sostiene la existencia de supuestas irregularidades en el desarrollo del proceso penal instaurado en su contra como la existencia del hecho delictivo, la probabilidad de autoría y la competencia del juez de la causa, se tiene que el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación contra la Resolución “62/2023”, en la cual se habrían planteado tales cuestionamientos. Al respecto, incluso el Tribunal de garantías subrayó que dicha resolución “…aún no está firme…” (sic [fs. 193]) por encontrarse pendiente de resolución, con lo cual se activó un mecanismo ordinario de impugnación respecto a esos aspectos; extremo que, el impetrante de tutela no cuestionó en la audiencia de garantías y, al encontrarse en curso un medio de impugnación previamente activado, no corresponde realizar un análisis de fondo sobre tales alegaciones, por no haberse agotado la subsidiariedad excepcional exigible en este tipo de demandas. En consecuencia, al haberse activado previamente un medio de impugnación idóneo para la restitución de los supuestos derechos vulnerados en este punto, no corresponde conceder la tutela solicitada, máxime tal cual se señaló en el punto anterior, el accionante no demostró inminencia en la afectación al derecho a la vida. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión del derecho a la dignidad; así como, al principio de verdad material, estos no han merecido mayor fundamentación a efectos de constatar su eventual vulneración, no correspondiendo realizar mayor análisis al respecto, más aún, cuando no se argumentó la vinculación de los mismos con los presupuestos de tutela que rige la acción de libertad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/23 de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 191 vta. a 193, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dado el tiempo transcurrido, dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo firmes y subsistentes los efectos de la tutela otorgada por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1020_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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