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SCP 1016/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 18 de junio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de junio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
81444-2026-163-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso; toda vez que: 1) Las Magistradas demandadas, dentro del proceso de nulidad de Título Ejecutorial seguido por el Sindicato de la Comunidad Cañuma Suruzaya, emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 a 024/2021 de 8 de junio, declarando probada la demanda y disponiendo la cancelación de las partidas en folios reales con Matrículas 2.01.3.01.0020314 y 2.01.3.01.0021001, pese a que -según sostiene- el demandado principal en el proceso agrario de origen, Jorge Aguilar Osorio, habría fallecido antes de emitirse dicha Resolución; y, 2) Al haber promovido incidente de nulidad por fraude procesal, este fue rechazado mediante Auto 105/2023, desconociendo que la personalidad se extingue con la muerte y que correspondía anular obrados hasta el vicio más antiguo. Ante ello, la parte demandada sostiene que, no existe vulneración alguna, porque la presente acción de defensa fue presentada fuera del plazo de seis meses, considerando que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021 fue notificada el 10 de junio de 2021 y el Auto que rechazó el incidente de nulidad fue emitido el 6 de junio de 2023; además, señalan que el accionante no identificó con claridad el acto lesivo ni acreditó nexo de causalidad, que el Auto cuestionado explicó las razones por las cuales no correspondía la nulidad solicitada y que una eventual concesión de tutela carecería de relevancia constitucional, al no modificar el fondo de la decisión asumida respecto a la nulidad del Título Ejecutorial. En consecuencia, cor…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 282/2025 de 8 de diciembre, cursante de fs. 139 a 141, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y,

2° Llamar la atención a Alexis Ángel Angles Mercado, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a la parte in fine del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1016/2026-S2 Sucre, 18 de junio de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 81444-2026-163-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 282/2025 de 8 de diciembre, cursante de fs. 139 a 141, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Emilio Julián Pérez Durán contra Ángela Sánchez Panozo y Elva Terceros Cuellar, Magistradas del Tribunal Agroambiental, “o actuales autoridades”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de noviembre de 2024 y 27 de enero de 2025, cursantes de fs. 27 a 32; y, 41 a 42; el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de agosto de 2020, fue notificado con la demanda de nulidad de Título Ejecutorial 720199 incoado por el Sindicato de la Comunidad Cañuma Suruzaya, que se tramitaba en la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental; puesto que, el 2010 adquirió el lote de terreno ubicado en el ex Fundo Chacolla, cantón Achocalla, provincia Murillo del departamento de La Paz, con todas las formalidades y requisitos exigidos de la compra venta. La referida demanda agraria de nulidad de título ejecutorial fue dirigida, principalmente, contra Jorge Aguilar Osorio -fallecido-, quien fue el primero de los adquirientes que obtuvo el Título Ejecutorial 720199, mismo que, el 21 de enero de 2021 -estando aún con vida-, respondió en el fondo dicha demanda, interponiendo incluso excepciones previas conforme a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria; más adelante, la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, luego de haber compulsado las pruebas, dictó la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021 de 8 de junio, declarando probada la demanda, disponiendo la cancelación de las partidas en folios reales con Matrículas 2.01.3.01.0020314 y 2.01.3.01.0021001, correspondiendo este último a su persona como adquiriente de buena fe. No obstante, ante la emisión de dicha Sentencia Agroambiental, interpuso incidente de nulidad por fraude procesal, alegando que el principal demandado del proceso agrario, es decir, Jorge Aguilar Osorio, habría fallecido antes de la emisión de la misma, lo que implicaría un vicio de nulidad absoluto, aspecto del cual tenían conocimiento las Magistradas demandadas. Este incidente, fue resuelto por el Auto 105/2023 de 6 de junio, que dispuso no ha lugar el incidente; por lo que, se debía tomar “…en cuenta esta fecha para el plazo de 6 meses para esta clase de Recursos” (sic); en esa misma línea, en relación a la inmediatez, el término de los seis meses indicó que este fue interrumpido por la presentación de una similar acción radicada en su momento en “…las Salas Primera y Cuarta de la Jurisdicción de La Paz…” (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso; citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 incs. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021; y, b) Se disponga la nulidad hasta el vicio más antiguo, en el caso concreto, hasta el día en que falleció Jorge Aguilar Osorio -demandado principal en el proceso agrario de origen- en enero de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia mixta -presencial y virtual- el 8 de diciembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 134 a 138 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, por intermedio de su abogados, ratificó todos los términos de su memorial de acción de amparo constitucional presentado, y añadiendo en audiencia de garantías que: 1) Al haberse emitido la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021 y al haberse enterado que Jorge Aguilar Osorio falleció el 25 de enero de 2021, es decir, antes de la emisión de dicho fallo, presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental incidente de nulidad; y, 2) No obstante, las autoridades demandadas no dieron curso a la misma, desconociendo de esta manera su derecho a la defensa, y violando el art. 2 del Código Civil (CC), el cual determina que la personalidad de la persona se extingue con su fallecimiento.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Roxana Chávez Rodas y María Soledad Peñafiel Bravo, Magistradas de la Sala Especializada Segunda del Tribunal Agroambiental, por informe escrito cursante de fs. 96 a 103 vta., y en audiencia de garantías, solicitaron se deniegue la tutela, manifestando lo siguiente: i) El accionante no cumplió con el principio de inmediatez, toda vez que, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021 le fue notificada el 10 del mismo mes y año; y, el Auto que dispuso no ha lugar el incidente de nulidad el 6 de julio de 2023, además presentó su acción tutelar el 28 de noviembre de 2024; es decir, excediendo los seis meses que establece la norma; ii) Tampoco identificó con claridad el acto o hecho generador de la vulneración de los derechos demandados ni cumplió con el nexo de causalidad; iii) La acción de amparo constitucional no es un recurso alternativo o instancia adicional, por lo que también están restringida en relación a los alcances mismos de la justicia constitucional sobre valoración probatoria; iv) En relación al argumento de que, al no haber dado curso a su solicitud de sentencia por haberse emitido esta cinco meses después del fallecimiento del demandado en el proceso agrario de origen se habría vulnerado sus derechos al debido proceso y a la igualdad jurídica; la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021 evidenció que el Título Ejecutorial 720199 fue fraguado o falsificado, por lo que no tiene validez legal de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria; v) Respecto al Auto de 6 de junio de 2023 que rechazó su incidente de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, este no lesionó derecho constitucional alguno, puesto que dicho Auto, de manera clara y precisa, explicó al accionante por qué no era procedente el mismo; y, vi) Finalmente, carecía de relevancia constitucional; toda vez que, en el caso de autos se cumplieron con las exigencias de una demandad de nulidad de Título Ejecutorial, y el rechazo de incidente de nulidad de obrados por supuestas incompetencia y materia, por lo que, cualquier posible concesión de tutela no modificará el fondo de lo resuelto.

I.2.3. Intervención los terceros interesados

Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través de su representante legal, mediante informe escrito cursante a fs. 85 a 87 vta. y en audiencia de garantías, manifestó lo siguiente: a) Debía declararse la improcedencia de la acción de amparo constitucional por incumplimiento del art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), puesto que, el plazo máximo para la interposición de una acción de amparo constitucional es de seis meses computable a partir de la comisión de la vulneración alegada; b) La presente acción tutelar carecía de relevancia constitucional; toda vez que, el no haber hecho conocer oportunamente a la autoridad judicial sobre el fallecimiento del entonces demandado principal -Jorge Aguilar Osorio-, no incidía en el fondo del asunto; y, c) De lo señalado, solicitó se deniegue la tutela impetrada. La Comunidad Suruzaya, a través de su abogado, en audiencia de garantías, señalaron lo siguiente: 1) La acción tutelar no cumplía con el criterio de subsidiariedad; toda vez que, el accionante contaba con todos los mecanismos de defensa ante el Tribunal Agroambiental para controvertir la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021; no obstante, no usaron los mismos; 2) Se inobservó el principio de inmediatez, puesto que se estaba a más de cuatro años de haberse emitido la referida Sentencia Agroambiental; 3) Las pruebas fueron analizadas en sede ambiental, por lo que la justicia constitucional no puede invadir esa tarea; y, 4) Se incumplió con la carga argumentativa para establecer el acto lesivo ni el nexo de causalidad, consecuentemente, debe denegarse la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, por Resolución 282/2025 de 8 de diciembre, cursante de fs. 139 a 141, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante identificó como acto lesivo la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021; es decir, un acto que estaba fuera de los seis meses establecidos por la norma para la presentación de la acción tutelar; ii) Asimismo, el accionante no adjuntó la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021, por lo que esa Sala no podía revisar el contenido de la misma, incluso, se pretendía que se revise el contenido de la presunta lesión únicamente a través de los actos de comunicación, aspecto que era técnicamente inviable; iii) De igual manera, el peticionante de tutela señaló que se hubiera presentado un incidente que habría sido resuelto por Auto de 6 de junio de 2023, fallo que tampoco fue adjuntada, segunda situación que impedía a esa Sala el poder ingresar a la revisión de esos contenidos; iv) Existía una incongruencia entre lo descrito y el petitorio de la acción de amparo constitucional presentada, pues si no podían revisar la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021, tampoco podían revisar el contenido del Auto de 6 de junio de 2023; por lo que, existía tanto una barrera procesal como técnica que no podían salvar; v) Además de aquello, el acto no fue correctamente identificado, en ese sentido, el accionante no cumplió con lo establecido en el art. 128 de la CPE, ni con el principio de inmediatez; y, vi) Tampoco cumplió con el principio de subsidiariedad, porque el demandante de tutela pretendió que se prevea una ejecutoria relacionada con la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021; empero, lo argumentos no estaban relacionados para la revisión de este acto, y aun así, si se revisaran, la decisión de esa Sala no alteraría la decisión final; puesto que, la nulidad del título, así se cambien los sujetos, la nulidad del documento volvería a ser la misma.

En vía de enmienda, complementación y aclaración, el accionante, a través de memorial de 9 de diciembre de 2025, cursante a fs. 142 y vta., solicitó lo siguiente: a) Si se revisa de forma exhaustiva la acción incoada, ésta estaba dentro de los seis meses, cumpliendo de esta manera con el principio de inmediatez; b) Respecto a la subsidiariedad, se cumplió con este requisito; y, c) Asimismo, no se entró a fondo del asunto, sin tener en cuenta que el fondo de su acción era la legítima defensa, y la vulneración a la legítima igualdad y a la defensa procesal; consecuentemente, por Auto de 11 de diciembre de 2025, la Sala Constitucional declaró no ha lugar a la solicitud de enmienda, complementación y aclaración realizada por la parte accionante; toda vez que, este medio procesal es para enmendar, complementar y aclarar, y no para cambiar el fondo de la decisión.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2026 (fs. 151 a 152 vta.) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante pidió adelanto de sorteo, por ser una persona adulta mayor y encontrarse delicada de salud; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del Auto Constitucional 192/2026-CA/S de 1 de abril, cursante de fs. 177 a 180, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto 89/2024 de 9 de octubre, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso “POR NO PRESENTADA” la acción de amparo constitucional interpuesta por Emilio Pérez Durán el 10 de septiembre de 2024 contra Ángela Sánchez Panozo y Elva Terceros Cuellar, entonces Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental (fs. 26 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso; toda vez que: 1) Las Magistradas demandadas, dentro del proceso de nulidad de Título Ejecutorial seguido por el Sindicato de la Comunidad Cañuma Suruzaya, emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 a 024/2021 de 8 de junio, declarando probada la demanda y disponiendo la cancelación de las partidas en folios reales con Matrículas 2.01.3.01.0020314 y 2.01.3.01.0021001, pese a que -según sostiene- el demandado principal en el proceso agrario de origen, Jorge Aguilar Osorio, habría fallecido antes de emitirse dicha Resolución; y, 2) Al haber promovido incidente de nulidad por fraude procesal, este fue rechazado mediante Auto 105/2023, desconociendo que la personalidad se extingue con la muerte y que correspondía anular obrados hasta el vicio más antiguo. Ante ello, la parte demandada sostiene que, no existe vulneración alguna, porque la presente acción de defensa fue presentada fuera del plazo de seis meses, considerando que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021 fue notificada el 10 de junio de 2021 y el Auto que rechazó el incidente de nulidad fue emitido el 6 de junio de 2023; además, señalan que el accionante no identificó con claridad el acto lesivo ni acreditó nexo de causalidad, que el Auto cuestionado explicó las razones por las cuales no correspondía la nulidad solicitada y que una eventual concesión de tutela carecería de relevancia constitucional, al no modificar el fondo de la decisión asumida respecto a la nulidad del Título Ejecutorial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De manera similar, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, que será computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho, el mismo artículo, en el parágrafo II, también refiere que: “Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso, sosteniendo que, las Magistradas demandadas emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021 de 8 de junio, dentro del proceso de nulidad de Título Ejecutorial seguido por el Sindicato de la Comunidad Cañuma Suruzaya, pese a que el demandado principal en el proceso agrario de origen, Jorge Aguilar Osorio, habría fallecido antes de la emisión de dicha decisión; y que, posteriormente, al promover incidente de nulidad por fraude procesal, este fue rechazado mediante Auto 105/2023 de 6 de junio, desconociéndose -a su criterio- que la personalidad se extingue con la muerte y que correspondía anular obrados hasta el vicio más antiguo. De los antecedentes se advierte que, la parte accionante identificó como primer acto lesivo la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021, que declaró probada la demanda de nulidad de Título Ejecutorial y dispuso la cancelación de las partidas correspondientes. Según el informe de las autoridades demandadas, dicha Sentencia fue notificada al accionante el 10 de junio de 2021. En consecuencia, desde esa fecha hasta la presentación de la esta acción de amparo constitucional, efectuada el 28 de noviembre de 2024, transcurrió abundantemente el plazo máximo de seis meses previsto para la activación de esta acción de defensa. Asimismo, el propio accionante señaló como segundo acto lesivo el Auto 105/2023, por el cual se rechazó el incidente de nulidad que promovió contra la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021. Respecto a este acto, las autoridades demandadas informaron que, el nombrado fue notificado el 6 de julio de 2023; por tanto, aun tomando esta última fecha como punto de cómputo más favorable al peticionante de tutela, la acción de amparo constitucional presentada el 28 de noviembre de 2024, resulta igualmente extemporánea, al haber transcurrido más de un año desde la notificación con la última decisión judicial que, según su propia versión, habría consolidado la lesión denunciada. Ahora bien, el accionante sostuvo, además, que el plazo de inmediatez habría sido interrumpido por la presentación de una acción tutelar previa. Sin embargo, de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que, el Auto 89/2024 de 9 de octubre, emitido por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso tener “por no presentada” la acción de amparo constitucional interpuesta por Emilio Pérez Durán el 10 de septiembre de 2024 contra las Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental. No obstante, este antecedente tampoco permite superar el término máximo establecido por el principio de inmediatez, pues, incluso considerando la fecha de presentación de esa acción de defensa previa -10 de septiembre de 2024-, ésta igualmente se formuló fuera del plazo de seis meses, tanto respecto de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021, como del Auto 105/2023 de 6 de junio, notificado el 6 de julio de 2023. En ese entendido, no resulta posible establecer que una acción tutelar previa, presentada cuando el plazo constitucional ya se encontraba vencido, tenga la aptitud de interrumpir o reactivar el cómputo de la inmediatez. Admitir lo contrario, implicaría permitir que la parte accionante, mediante la presentación sucesiva de acciones constitucionales extemporáneas o defectuosas, extienda indefinidamente el plazo previsto por la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, vaciando de contenido el principio de seguridad jurídica que informa el requisito de inmediatez. Por consiguiente, tanto si se toma como acto lesivo la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021, como si se considera el Auto 105/2023 que rechazó el incidente de nulidad, la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta fuera del plazo máximo de seis meses. Esta conclusión no varía aún bajo la hipótesis más favorable al accionante, esto es, computando el plazo desde la notificación con el Auto de rechazo del incidente, ocurrida el 6 de julio de 2023, ni considerando la acción tutelar previa presentada el 10 de septiembre de 2024, pues esta también fue formulada de manera extemporánea. En consecuencia, al no haberse cumplido con el principio de inmediatez previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de los cuestionamientos referidos a la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 024/2021 ni al Auto 105/2023. Finalmente, corresponde llamar la atención al Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Alexis Ángel Angles Mercado, quien intervino en la tramitación de las admisiones de ambas acciones tutelares presentadas por el accionante, a efectos de que, en lo sucesivo, observe con mayor responsabilidad los presupuestos de admisibilidad de las acciones de defensa, especialmente el cumplimiento del principio de inmediatez, cuya verificación inicial constituye una garantía de seguridad jurídica y evita la tramitación de acciones manifiestamente extemporáneas, y por lo mismo, inviables. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 282/2025 de 8 de diciembre, cursante de fs. 139 a 141, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y,

2° Llamar la atención a Alexis Ángel Angles Mercado, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme a la parte in fine del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1016_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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