Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 26 de junio de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento al juez natural y motivación; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto Vista 126 de 13 de octubre de 2023, a través del cual rechazaron su solicitud “reposición parcial” del expediente, incurrieron en: 1) Una evidente y flagrante ilegalidad al no considerar que ellos son competentes por ley para tramitar la mencionada reposición, tomando en cuenta que el incidente de nulidad se interpuso contra una notificación realizada por el Oficial de Diligencias de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y la mencionada “reposición parcial” del expediente, se solicitó, porque el memorial que contenía el incidente de nulidad, no aparece por ningún lado para su tramitación; y, 2) Motivación arbitraria, al considerar que la “reposición parcial” del expediente, se presentó de manera extemporánea y por lo tanto, operó la preclusión; no obstante, que el Código Procesal Civil, no establece ningún plazo de caducidad para solicitar la "reposición parcial" del expediente y ese derecho no está sometido a plazos ni términos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; ii) De los principios procesales de preclusión e impugnación…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 65/2024 de 1 de abril, cursante de fs. 99 a 102, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1016/2026-S1 Sucre, 26 de junio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 63251-2024-127-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 65/2024 de 1 de abril, cursante de fs. 99 a 102, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Gil Parra contra José Ernesto Aponte Ribera, ex Vocal; Freddy Pérez Chavarría y Silvia Jaqueline Martínez Blacutt, actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El accionante, por memorial presentado el 25 de marzo de 2024, cursante de fs. 53 a 58, manifestó lo siguiente:
En la causa de ordinarización del proceso ejecutivo seguido por Javier Eid Guzmán -ahora tercer interesado- contra su persona, en apelación se pronunció el Auto de Vista 06 de 14 de febrero de 2020, con el que se le notificó el 4 de marzo de igual año a las 18:10 horas, por lo que, el 15 de noviembre de 2021, presentó ante la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, un memorial de incidente de nulidad contra la referida notificación, alegando que: a) La notificación se practicó fuera de horario hábil; y, b) La notificación no se practicó con su apoderado Gustavo Abel Cil Sosa. Por una extraña razón, el citado memorial que contenía el incidente de nulidad, no se encontró en la referida Sala, según informó el Secretario de Cámara; debido a ello, el 8 de mayo de 2023, José Ernesto Aponte Ribera, ex Vocal ahora coaccionado, ordenó se oficie al Juzgado de origen a efectos de verificar si el memorial que contenía el referido incidente estaba adjuntado al expediente original; sin embargo, el 24 del mismo mes y año, el Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial Décimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, informó que no cursaba en el expediente original el memorial que contiene el incidente planteado; por lo que, el 1 de septiembre de ese año, solicitó que la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, proceda a tramitar la “reposición parcial” del expediente; por cuanto, dicho documento no se encontró en la Sala ni el Juzgado de origen. Luego del traslado con la solicitud de “reposición parcial” del expediente, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 126 de 13 de octubre de 2023; rechazando la referida solicitud, alegando que el Auto de Vista 06, se encontraba ejecutoriado y por dicho motivo el expediente fue remitido al juzgado de origen, siendo que ese “Tribunal de Alzada” ya no tendría competencia; por lo que, resultaría improcedente la solicitud de reposición del expediente. Los Vocales ahora accionados, con la decisión de rechazar la “reposición parcial” del expediente, incurrieron en una evidente y flagrante ilegalidad que afectó el derecho al debido proceso en su elemento de derecho al juez natural; al referir no tener competencia por haber pronunciado el “Auto de Vista sobre lo principal” (sic); empero, no consideraron que son los únicos llamados por ley para tramitar la “reposición parcial” del expediente, en razón a que el incidente de nulidad se interpuso contra una notificación realizada por el Oficial de Diligencias de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y la “reposición parcial” del expediente, se solicitó, precisamente porque el memorial que contenía el incidente de nulidad, no aparece por ningún lado para su tramitación correspondiente. El Auto de Vista 126, atentó contra el derecho al debido proceso en su elemento de una resolución motivada, al considerar que, la “reposición parcial” del expediente se hubiese presentado de manera extemporánea y por lo tanto, operó la preclusión; no obstante, que el Código Procesal Civil, no establece ningún plazo de caducidad para solicitar la "reposición parcial" del expediente y ese derecho no está sometido a plazos ni términos, más aún, si el incidente de nulidad se presentó y no se encuentra adjunto al expediente que actualmente se encuentra en el juzgado de origen; de modo que, existió motivación arbitraria al considerar que el derecho a solicitar la reposición de un expediente estaría sujeto a plazos de caducidad.
El accionante, denuncia la vulneración su derecho al debido proceso en su elemento al juez natural y motivación; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPЕ).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se declare la nulidad del Auto de Vista 126 de 13 de octubre de 2023 y se ordene a la parte accionada, la reposición parcial del expediente.
Celebrada la audiencia virtual el 1 de abril de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 93 a 99, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Freddy Pérez Chavarría y Silvia Jaqueline Martínez Blacutt, actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante memorial presentado el 1 de abril de 2024, cursante a fs. 83 y vta., manifestaron que: 1) Mediante Auto de Vista 06, resolvieron confirmar la Sentencia de 7 de octubre de 2016 y estando ejecutoriada la misma, el 1 de septiembre de 2020, devolvieron el expediente al Juzgado Público Civil y Comercial Décimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; por lo que, perdieron competencia para resolver posteriores solicitudes referidas a dicho proceso, y si acaso la parte demandada tenía alguna observación, tuvo el tiempo oportuno para presentar los recursos correspondientes, al no hacerlo en el plazo pertinente dejó precluir su derecho y consintió los actos procesales realizados; y, 2) Se rechazó la solicitud de “reposición parcial” del expediente, al haber sido presentado después de más de un año y medio aproximadamente de ejecutoriado el referido Auto de Vista. José Ernesto Aponte Ribera, ex Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno, pese a su citación, cursante a fs. 63.
Javier Eid Guzmán, mediante memorial presentado el 1 de abril de 2024, cursante de fs. 77 a 81, así como en audiencia, manifestó que: i) Los entonces Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 06, confirmaron la Sentencia de 7 de octubre de 2016; mediante la cual que, se declaró probada la demanda e improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho, ordenando al accionante, el pago de las letras de cambio; dicho Auto de Vista fue notificado al nombrado el 4 de marzo de 2020, posteriormente, se declaró la ejecutoria del citado Auto de Vista mediante Auto Interlocutorio 2/20 de 16 de julio de 2020, mismo que fue notificado a las partes procesales el 18 de agosto del mismo año, devolviéndose el cuadernillo o expediente al Juzgado de origen el 22 de septiembre de 2022, cuyo titular emitió el decreto de "cúmplase" el 23 de igual mes y año, infiriéndose que el expediente, luego de dictarse el Auto de Vista 06, estuvo en la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz hasta el 22 de septiembre de 2020; es decir, siete meses, tiempo suficiente para presentar memoriales, o acciones de amparo constitucional; ii) El accionante, presentó un memorial el 15 de noviembre de 2021, luego de un año y medio de haberse dictado el citado Auto de Vista, planteando incidente de nulidad de notificación, asimismo, el 3 de mayo de 2023, solicitó la reposición de un supuesto memorial; es decir, después de otro año y medio más, en conclusión, pasaron tres años y medio de haberse dictado el referido Auto de Vista que resolvió la apelación y de la remisión del expediente al Juzgado de origen, tiempo, que en dicho Juzgado se continuó con los tramites de ejecución, a pesar de las “chicanas” presentadas por el accionante en dicho Juzgado; iii) No procedía la solicitud de reposición, porque las autoridades hoy accionadas ya no tenían competencia alguna para resolver dicha solicitud; puesto que, el recurso de apelación que se ventiló en dicho Tribunal concluyó con la declaración de ejecutoria mediante el Auto de 16 de julio del mismo año, con el que fueron notificadas las partes procesales conforme a procedimiento, al margen de que el expediente original ya fue remitido al Juzgado de origen para su ejecución el 22 de septiembre de ese año; iv) En caso de aceptarse la solicitud de reposición parcial del expediente luego de más de tres años, no se respetaría las etapas e instancias procesales dentro de un proceso y se vulneraría el principio de preclusión procesal, lo que generaría un caos judicial, más aún, cuando los Vocales perdieron competencia; v) No procedía la solicitud de reposición, en virtud a que el hoy accionante, debió haber solicitado y reclamado dicha petición de manera inmediata, oportuna y cuando los Vocales ahora accionados tenían competencia; es decir, antes de la respectiva remisión del expediente al Juzgado de origen, tomando en cuenta que todo memorial que ingresa a los tribunales, se entrega una copia a la parte interesada como constancia de presentación a objeto de hacer prevalecer su derecho ante alguna irregularidad existente; vi) El accionante, consintió que el proceso continúe su curso de manera legal; es decir, los actos en ejecución de sentencia, con la presentación de memoriales, incidentes, contestación a solicitudes de sustitución de medidas previas al remate, recursos de reposiciones, apelaciones y otros; por lo que, no correspondía pedir reposición alguna en esta instancia del proceso -medidas previas al remate-; vii) Resulta inviable la solicitud de reposición de un simple memorial, cuando no existe ningún proceso abierto y vigente que se esté ventilado o tramitando dentro del Tribunal de apelación; y, viii) El accionante, no dio cumplimiento al principio de subsidiariedad; siendo que, no presentó el recurso de casación como medio de defensa a objeto de que la Resolución cuestionada sea revisada por el Tribunal Supremo de Justicia, conforme previenen los arts. 252.3, 268, 270, 271, 274 y 276 del Código de Procesal Civil (CPC) y 180.II de la CPE; dejando caducar su derecho.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 65/2024 de 1 de abril, cursante de fs. 99 a 102, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 126 de 13 de octubre de 2023 y que en el plazo de tres días los Vocales ahora accionados emitan nueva Resolución, bajo los siguientes fundamentos: a) En cumplimiento al Auto Supremo 897/2019 de 6 de septiembre, se emitió el Auto de Vista 06 de 14 de febrero de 2020, mediante el cual, se confirmó la Sentencia de 7 de octubre de 2016, efectuadas las notificaciones correspondientes, se procedió a la devolución del expediente al Juzgado de origen el 22 de septiembre de 2020, posteriormente, el accionante, el 1 de octubre de 2020, presentó incidente de nulidad de obrados ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décimasegunda de la Capital del mismo departamento, aduciendo que la notificación con el referido Auto de Vista que resolvió la apelación, se había diligenciado de manera incorrecta, autoridad que mediante Auto Interlocutorio de 28 de octubre del mismo año, señaló que el acto procesal motivo del incidente, fue generado mientras el expediente se encontraba bajo tutela y competencia de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del referido Tribunal; por lo que, corresponde que dicho acto sea considerado en tal instancia; b) El 15 de noviembre de 2021, el accionante acudió ante los Vocales hoy accionados, con el objeto de que se resuelva el incidente de nulidad planteado; sin embargo, le informaron que el mencionado memorial se encontraba extraviado; por lo que, solicitó la búsqueda del mismo y que se efectúe el correspondiente trámite conforme a ley; documentación nunca fue encontrada, a pesar de que los Vocales ahora accionados ordenaron su búsqueda; de donde se evidencia que dichas autoridades, al desplegar una serie de actuaciones como pedir informes, correr en traslado, asumieron competencia para resolver ese extremo, caso contrario, debieron rechazar in límine al iniciar el trámite; siendo que, el art. 128 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2012-, prohíbe traslados innecesarios; por lo tanto, no resulta evidente que los referidos Vocales ahora accionados, carezcan de competencia; puesto que, ellos mismos asumieron competencia al imprimir el trámite correspondiente ante la solicitud de “reposición parcial” del expediente; c) Respecto a la falta de motivación del Auto de Vista 126, los Vocales hoy accionados, refirieron que se contaba con los recursos de impugnación para plantearlos; empero, contrariamente, la Jueza de la causa refirió que las citadas autoridades deben resolver la pretensión; d) Los Vocales ahora accionados debieron haberse pronunciado si la notificación observada era correcta o no; e) Frente a la situación anormal y extraordinaria de pérdida del memorial, el Código Procesal Civil dispone la reposición; la cual, se pudo haber realizado con la fotocopia simple de la parte solicitante, dando prevalencia al derecho a la impugnación; f) La fotocopia del incidente que presentó el accionante, merece una respuesta y debe ser emitida por los Vocales ahora accionados, ya sea de manera afirmativa o negativa, no se puede considerar el extravió del memorial, cuando la parte solicitante tiene la copia en su poder, con el respectivo timbre de recepción y si bien existe una demora de catorce años en resolver la causa, se debe a las negligencias que tuvieron las autoridades de instancia, al no haber resuelto los incidentes, tal como fueron planteados por las partes, y si ellos, advirtieron que una de las partes estuvo dilatando el proceso, existen también normas para frenar esas dilaciones como el art. 128 de la LOJ; y, g) Siendo que existe un memorial a través del cual se planteó un incidente de nulidad de notificación con el timbre de plataforma, debió ser resuelto por los Vocales hoy accionados, tomando en cuenta que no puede existir una negación de justicia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Asimismo, por decreto constitucional de 27 de abril de 2026 cursante a fs. 120, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 25 de junio del citado año, cursante a fs. 125; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 06 de 14 de febrero de 2020, emitido por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que resolvió confirmar totalmente la Sentencia de 7 de octubre de 2016; en la que, se declaró probada la demanda e improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho (fs. 40 a 46 vta.); misma que, fue notificada en Secretaria de Cámara de ese Tribunal a Mario Gil Parra -hoy accionante-, el de 4 de marzo de 2020 a las 18:10 horas, conforme cursa formulario de notificación (fs. 8). II.2. Consta Oficio 146/2020 de 1 de septiembre, mediante el cual, la Secretaria de Cámara de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, procedió a la devolución del cuadernillo de apelación, siendo recepcionado en la misma fecha por el Auxiliar del Juzgado Público Civil y Comercial Décimosegundo del referido departamento (fs. 85). II.3. Mediante memorial presentado el 15 de noviembre de 2021, ante la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el accionante interpuso incidente de nulidad y solicitó la remisión de expediente al Tribunal de apelación, por considerar que existió una ilegal notificación con el Auto de Vista 06, al haber sido practicado fuera de horario hábil de trabajo del Juzgado, y la supresión en la misma del nombre de su apoderado acreditado a juicio (fs. 9 a 11 vta.). II.4. Por memorial presentado el 3 de mayo de 2023, ante el “SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA PRIMERA CIVIL COMERCIAL, FAMILIAR, NIÑEZ DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA” (sic), el accionante solicitó la búsqueda de memorial del incidente de nulidad planteado, señalando que, no se imprimió el trámite de ley y en las múltiples ocasiones que se apersonó a ventanilla de sus oficinas, le señalaron que vuelva; no obstante, que dicho memorial se encontraría extraviado; por lo que, adjuntó fotocopia del citado memorial (fs. 12). II.5. Por decreto de 5 de mayo de 2023, emitido por José Ernesto Aponte Ribera, ex Vocal ahora accionado, ordenó la búsqueda del memorial extraviado -citado en la Conclusión II.2.- (fs. 14); y, por Informe escrito de la misma fecha, Gustavo Adolfo Rojas Rivero, Secretario de Cámara de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, refirió que se procedió a la búsqueda del memorial de 15 de noviembre de 2021; sin embargo, no se encontró dicha documentación entre los archivos (fs. 15). II.6. A través del decreto de 8 de mayo de 2023, José Ernesto Aponte Rivera, ex Vocal accionado, dispuso se oficie al Juzgado de origen a efectos de que se verifique en el expediente la existencia del referido memorial del incidente de nulidad presentado por el ahora accionante, añadiendo que, en caso de encontrarse dicho documento adjunto al expediente, se deberá remitir copia legalizada del mismo (fs. 16); decreto que fue puesto a conocimiento del Juez Público Civil y Comercial Décimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Nota 377/23 de 12 de mayo de 2023 (fs. 18); instancia que respondió por Oficio 644/2023 de 24 de igual mes, señalando que en el expediente no cursa el memorial mencionado (fs. 19 a 27). II.7. Mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, ante el “SEÑOR PRESIDENTE Y VV. DE LA SALA PRIMERA CIVIL COMERCIAL, FAMILIAR, NIÑEZ DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA” (sic), el accionante solicitó emitan providencia de “reposición parcial” de expediente conforme al art. 104 del CPC (fs. 30 y vta.). II.8. Cursa memorial presentado el 6 de octubre de 2023, por Javier Eid Guzmán -hoy tercero interesado-, ante Freddy Pérez Chavarría y Silvia Jaqueline Martínez Blacutt, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionados-, haciendo conocer su oposición a la solicitud de “reposición parcial” del expediente, por considerar que los Vocales no tienen competencia alguna para resolver dicha solicitud de reposición, porque el recurso de apelación está concluido al haberse declarado la ejecutoria del Auto de Vista 06 mediante Auto Interlocutorio 2/20 de 16 de julio de igual año, y el expediente ya fue remitido al Juzgado de origen para su ejecución el 22 de septiembre del referido año; y que, aceptar dicha solicitud, vulneraría las etapas e instancias de un proceso, atentando contra el principio de preclusión procesal, originando un caos judicial (fs. 36 a 38 vta.). II.9. A través del Auto de Vista 126 de 13 de octubre de 2023, los Vocales ahora accionados, rechazaron la solicitud de reposición presentada por el accionante, en virtud a lo dispuesto en el art. 16 de la LOJ, aduciendo que al encontrarse ejecutoriado el Auto de Vista 06, mediante Auto Interlocutorio 2/20; el expediente fue devuelto al Juzgado de origen, mediante Oficio 146/20 de 1 de septiembre de 2020, perdiendo competencia el Tribunal de alzada para resolver posteriores solicitudes, tomando en cuenta que el accionante, tuvo el tiempo oportuno para presentar los recursos correspondientes, al no hacerlo en el plazo correspondiente dejo precluir su derecho; por lo que, no corresponde atender la solicitud en esta instancia del proceso (fs. 39).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento al juez natural y motivación; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto Vista 126 de 13 de octubre de 2023, a través del cual rechazaron su solicitud “reposición parcial” del expediente, incurrieron en: 1) Una evidente y flagrante ilegalidad al no considerar que ellos son competentes por ley para tramitar la mencionada reposición, tomando en cuenta que el incidente de nulidad se interpuso contra una notificación realizada por el Oficial de Diligencias de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y la mencionada “reposición parcial” del expediente, se solicitó, porque el memorial que contenía el incidente de nulidad, no aparece por ningún lado para su tramitación; y, 2) Motivación arbitraria, al considerar que la “reposición parcial” del expediente, se presentó de manera extemporánea y por lo tanto, operó la preclusión; no obstante, que el Código Procesal Civil, no establece ningún plazo de caducidad para solicitar la "reposición parcial" del expediente y ese derecho no está sometido a plazos ni términos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; ii) De los principios procesales de preclusión e impugnación; y, iii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, establece que: [«“‘La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. (…) De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho»] (las negrillas son nuestras). En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señala que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).
Al respecto, la SCP 1402/2012 de 19 de septiembre, a tiempo de desarrollar los principios procesales del proceso civil, señala lo siguiente: «“Principio de preclusión procesal.- En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica, no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino que su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido; de manera que, no se incurra en una incongruencia aditiva o incongruencia omisiva, ello sin descuidar la cita de las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir la decisión respecto al objeto del proceso. Una muestra de que el proceso implica avance, es el principio de preclusión procesal, pues dentro de cada etapa procesal las partes cuentan con facultades previstas por la ley que pueden ser ejercitadas, pero dentro del plazo establecido para el efecto, bajo alternativa de extinguirse. "Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del período o sección correspondiente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso”. Al respecto el art. 16 de la LOJ establece: “ I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”. 3) Principio de impugnación.- El principio de impugnación de los actos jurídico procesales no sólo se encuentra vigente en el ámbito civil (art. 213 del CPC), sino hoy tiene rango constitucional, así el art. 180.II de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, con la finalidad de que las partes puedan exigir la reparación de su derecho la enmienda del error cometido por el Juez de la causa, garantizándose así el doble examen y el control que deben ejercer las partes de las decisiones del órgano jurisdiccional. Como dijo Jorge Peyrano: “Desconoċer la normatividad de los principios procesales equivale a quitar obligatoriedad a su aplicación”; y, siendo que su aplicación coadyuva en la aplicación e interpretación de la ley procesal corresponde observarla a tiempo de la resolución de las causas, en armonía con los principios, valores, derechos y garantías previstos por nuestra Ley Fundamental. Por lo desarrollado, se concluye: 1) Los principios procesales no actúan de manera aislada, sino que entre ellos existe una estrecha vinculación, así por ejemplo, junto al principio de impugnación está el de preclusión procesal, que obliga a las partes a hacer uso oportuno de dicho extinguirse dicha facultad; y, ambos guardan relación con el principio dispositivo, que indica que su ejercicio y extinción depende de la voluntad de las partes; (...)» (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento al juez natural y motivación; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto Vista 126 de 13 de octubre de 2023, a través del cual rechazaron su solicitud “reposición parcial” del expediente, incurrieron en: 1) Una evidente y flagrante ilegalidad al no considerar que ellos son competentes por ley para tramitar la mencionada reposición, tomando en cuenta que el incidente de nulidad se interpuso contra una notificación realizada por el Oficial de Diligencias de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y la mencionada “reposición parcial” del expediente, se solicitó, porque el memorial que contenía el incidente de nulidad, no aparece por ningún lado para su tramitación; y, 2) Motivación arbitraria, al considerar que la “reposición parcial” del expediente, se presentó de manera extemporánea y por lo tanto, operó la preclusión; no obstante, que el Código Procesal Civil, no establece ningún plazo de caducidad para solicitar la "reposición parcial" del expediente y ese derecho no está sometido a plazos ni términos. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, y en consideración a lo expresado por el hoy tercero interesado en sentido de que el accionante no hubiera observado el principio de subsidiariedad, al no haber planteado con carácter previo a la interposición de la presente acción tutelar el recurso de casación, al respecto, de acuerdo a la previsión establecida en el art. 344.I del CPC, las resoluciones que resuelvan los incidentes, admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación, de cuyo entendimiento, se establece que contra estas decisiones no procede el recurso de casación; ya que, este último recurso, solo procede contra sentencias o autos definitivos que resuelven el fondo de la causa en segunda instancia, en el caso concreto, el Auto de Vista 126 de 13 de octubre de 2023 que rechazó la solicitud de “reposición parcial” del expediente, se trata de un simple auto interlocutorio que emerge de la solicitud incidental efectuada por el accionante, lo que hace inviable el planteamiento del recurso de casación en contra de la misma. En ese sentido, corresponde ingresar al análisis de fondo de las problemáticas planteadas. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que; dentro del proceso de ordinarización del proceso civil ejecutivo, sobre cumplimiento de obligación y resarcimiento de daños y perjuicios instaurado por el ahora tercero interesado contra el accionante, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 06, resolvió confirmar la Sentencia de 7 de octubre de 2016, que declaró probada la demanda e improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho; fallo que fue notificado al accionante en Secretaria de Cámara de ese Tribunal, el 4 de marzo 2020, a las 18:10 horas (Conclusión II.1.). Encontrándose ejecutoriado el mencionado Auto de Vista, mediante Oficio 146/2020 de 1 de septiembre, la Secretaria de Cámara de Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del referido Tribunal, procedió a la devolución del cuadernillo de apelación, siendo recepcionado en la misma fecha por el Auxiliar del Juzgado Público Civil y Comercial Décimosegundo de la Capital del citado departamento (Conclusión II.2.). De manera posterior, mediante memorial presentado el 15 de noviembre de 2021, el accionante interpuso incidente de nulidad de notificación ante la referida Sala, por considerar que existió una ilegal notificación con el referido Auto de Vista, además de la supresión del nombre de su apoderado acreditado a juicio en la misma (Conclusión II.3.); Mediante memorial presentado el 3 de mayo de 2023, ante los Vocales ahora accionados, el accionante solicitó la búsqueda de memorial del incidente planteado, señalando que, no se imprimió el trámite de ley y en las múltiples ocasiones que se apersonó a ventanilla de sus oficinas, le señalaron que vuelva (Conclusión II.4.). Por efecto de la solicitud, el ex Vocal ahora accionado, emitió el decreto de 5 de igual mes y año, ordenando la búsqueda del memorial extraviado sobre el incidente de nulidad; y, por Informe escrito de la misma fecha, el Secretario de Cámara de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera señalado Tribunal, refirió que no se encontró dicha documentación entre los archivos (Conclusión II.5.). Posteriormente, a través del decreto de 8 de mayo de 2023, José Ernesto Aponte Rivera, ex Vocal accionado, dispuso se oficie al Juzgado de origen a efectos de que se verifique en el expediente la existencia del memorial del incidente de nulidad presentado por el accionante, requerimiento que fue respondido mediante Oficio 644/2023 de 24 de igual mes, en el que se hace conocer que en el expediente no cursa el memorial mencionado (Conclusión II.6.). Por efecto de dicho informe, mediante memorial de 1 de septiembre de 2023, presentado ante los Vocales hoy accionados, el accionante solicitó emitan providencia de “reposición parcial” de expediente conforme al art. 104 del CPC (Conclusión II.7.). Puesta en conocimiento de Javier Eid Guzmán hoy tercero interesado la indicada solicitud, a través de memorial de 6 de octubre de igual año, señaló que no se puede dar curso a la indicada solicitud; debido a que, los Vocales perdieron competencia y precluyo el derecho del demandado para solicitar la reposición. Finalmente, a través del Auto de Vista 126 de 13 de octubre de 2023, los Vocales ahora accionados, rechazaron la solicitud de reposición presentada por el accionante, aduciendo encontrarse ejecutoriado el Auto de Vista 06, y devuelto al Juzgado de origen, perdiendo competencia el Tribunal de alzada para resolver posteriores solicitudes, que la parte demandada tuvo el tiempo oportuno para presentar los recursos correspondientes, al no hacerlo en el plazo correspondiente dejo precluir su derecho (Conclusión II.8.).
Establecidos los antecedentes procesales e identificadas las problemáticas respecto al Auto de Vista 126, se advierte que el accionante precisa como primera problemática que los Vocales hoy accionados suscribientes del mismo, vulneraron su derecho al debido proceso en su elemento de juez natural al declararse incompetentes para resolver la solicitud de “reposición parcial” del expediente. En el marco de lo referido, corresponde establecer que, de acuerdo a lo expresado en el art. 16.4 del CPC, los jueces y tribunales de instancia, pierden competencia por conclusión del pleito, aplicando esta normativa al caso concreto, una vez que los Vocales ahora accionados resolvieron el recurso de apelación y el Auto de Vista 06 quedo ejecutoriado, el Tribunal de Alzada perdió competencia para seguir conociendo el fondo del asunto o nuevas incidencias. Esto sucede porque se cumplió el principio de preclusión y el tribunal agotó su facultad jurisdiccional en ese caso específico. En ese sentido, una vez que los Vocales ahora accionados devolvieron el expediente, la competencia sobre el proceso se devolvió al juez de primera instancia para que se encargue de la fase de ejecución de sentencia. Aclarando que, las únicas excepciones donde el tribunal podría intervenir brevemente tras el fallo son: 1) La solicitud de enmienda y complementación, para corregir errores materiales, oscuridades o deudas de forma -siempre que se pida en el plazo inmediato-; y, 2) La interposición del recurso de casación, si es que la ley permite impugnar el Auto de Vista 06 ante una instancia superior -como el Tribunal Supremo de Justicia-. Por lo señalado, no se advierte que los Vocales ahora accionados al referir la perdida de competencia, hubieran vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento al juez natural, porque resulta correcta la afirmación de que dichas autoridades al resolver el recurso de apelación y devolver el expediente al Juzgado de origen, una vez ejecutoriado el Auto de Vista 06, perdieron competencia para seguir conociendo el fondo del asunto o nuevas incidencias. Respecto al segundo acto lesivo a través del cual el accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento motivación; debido a que, los Vocales ahora accionados, consideraron que la solicitud de “reposición parcial” del expediente se hubiese presentado en manera extemporánea y por lo tanto, operó la preclusión; no obstante, que el Código Procesal Civil, no establece ningún plazo de caducidad para solicitar la "reposición parcial" del expediente y ese derecho no está sometido a plazos ni términos.
En ese sentido, con la finalidad de verificar si esta denuncia resulta evidente, corresponde revisar el contenido del Auto de Vista 126, y se tiene que en el mismo, los Vocales ahora accionados señalaron que: “Al encontrarse ejecutoriado el Auto de Vista 06/20 de 14 de febrero de del 2020 mediante Auto Interlocutorio 02/20 de fecha 16 de julio del 2020 fue devuelto a su juzgado de origen mediante oficio N° 146/20 de fecha 01 de septiembre de 2020, por lo cual este Tribunal de Alzada pierde competencia para resolver posteriores solicitudes, ya que la parte impetrante tuvo el tiempo oportuno para presentar los recursos correspondientes, al no hacerlo en el plazo correspondiente dejo precluir su derecho y consintiendo los actos procesales dado este su correspondiente tramitación. Por lo que no correspondería atender la solicitud de reposición en esta instancia del proceso” (sic). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión con base a los hechos y la normativa aplicable al caso. En el marco de lo referido, se advierte que, mediante memorial presentado el 15 de noviembre de 2021, el accionante interpuso incidente de nulidad de notificación ante la referida Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por considerar que existió una ilegal notificación con el Auto de Vista 06, además de la supresión del nombre de su apoderado acreditado a juicio en la misma, posteriormente, mediante memorial presentado el 3 de mayo de 2023, ante los Vocales ahora accionados, el accionante solicitó la búsqueda de memorial del incidente planteado, señalando que, no se imprimió el trámite de ley y en las múltiples ocasiones que se apersonó a ventanilla de sus oficinas, le señalaron que vuelva. Que verificada la inexistencia del memorial referido, por memorial de 1 de septiembre de igual año, presentado ante los Vocales hoy accionados, el accionante solicitó emitan providencia de reposición de expediente conforme al art. 104 del CPC (Conclusiones II.3, II.4, II.5, II.6, y II.7.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, una muestra de que el proceso implica avance, es el principio de preclusión procesal; puesto que, dentro de cada etapa procesal las partes cuentan con facultades previstas por la ley que pueden ser ejercitadas, pero dentro del plazo establecido para el efecto, bajo alternativa de extinguirse. Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del período o sección correspondiente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso. Asimismo, de acuerdo al art. 16 de la LOJ, los actos procesales tienen una secuencia lógica y temporal, y los derechos de las partes deben ser ejercidos dentro de los plazos establecidos; la preclusión, de los recursos o derechos procesales no solo se refiere a la acción de interponer recursos, sino también a la posibilidad de presentar incidentes u otras solicitudes una vez que los actos procesales se han cumplido. En el caso concreto, los Vocales ahora accionados, de manera correcta y motivada rechazaron la solicitud de “reposición parcial” del expediente, por considerar que el accionante tuvo el tiempo oportuno para presentar los recursos correspondientes, y al no hacerlo dejó precluir su derecho y consintió los actos procesales desarrollados; debido a que, el incidente de nulidad de notificación fue interpuesto el 15 de noviembre de 2021, cuando ya los Vocales ahora accionados perdieron competencia para resolver cualquier incidente; puesto que, una vez resuelto el recurso de apelación a través del Auto de Vista 06 y ejecutoriado el mismo, devolvieron el expediente al Juzgado de origen el 1 de septiembre de 2020 para que continúe los actos de ejecución, lo que impedía a los mismos pronunciarse sobre el incidente interpuesto; empero además, llama la atención, la falta de diligencia del accionante para efectuar el seguimiento, primero del recurso de apelación planteado por el mismo, y segundo del memorial de incidente de notificación; siendo que, después de más de un año de devuelto el expediente al Juzgado de origen -1 de septiembre de 2020-, interponga incidente de nulidad de notificación -15 de noviembre de 2021- con el referido Auto de Vista que resolvió la apelación, y tercero, la demora en el reclamo sobre el incidente planteado ocurrida el 3 de mayo de 2023, vale decir, después de un año y seis meses aproximadamente. Los aspectos referidos, demuestran que el accionante, no actuó de manera oportuna para corregir la supuesta anomalía procesal respecto a la hora de notificación con el Auto de Vista 06, y recién, cuando ya los Vocales ahora accionados perdieron competencia por haber agotado su facultad jurisdiccional para resolver el recurso de apelación y el Juez de la causa haber reasumido la misma a través de la devolución del expediente, pretende se tramite un incidente de nulidad de notificación, lo que contraviene el principio de buena fe procesal, por el cual se obliga a las partes en un proceso, a actuar con lealtad procesal, evitando los fraudes emergentes de un cálculo meditado y abusivo por supuesta falencias procesales, para provocar dilaciones que luego pretendan imputarse a la administración de justicia, para generar causales de nulidad o de pretendidas vulneraciones a los derechos procesales; buena fe que, se debe manifestar en el control y anuncio oportuno de los errores judiciales, para procurar que los procesos se lleven a cabo sin la existencia de vicios procesales; en ese sentido, las partes de un proceso están obligadas a controlar y vigilar los posibles errores en los actos de las autoridades judiciales, y cuando se percaten de ellos, es su deber anunciarlos inmediatamente a la autoridad para que pueda corregirlos, y no dejar transcurrir el tiempo para sacar ventajas de los mismos. En ese sentido, el rechazo del trámite de “reposición parcial” del expediente, efectuada por los Vocales hoy accionados en el marco del principio de preclusión, debe de entenderse, no por la inexistencia de un plazo para presentar la reposición de expediente señalada en el art. 104 del CPC, sino desde el punto de vista de la perdida de competencia del Tribunal de alzada para seguir conociendo el fondo del asunto o nuevas incidencias; puesto que, los Vocales ahora accionados, al emitir el Auto de Vista 06 que resolvió el recurso de apelación, agotaron su facultad jurisdiccional en ese caso específico. En ese sentido, una vez que los Vocales ahora accionados devolvieron el expediente, la competencia sobre el proceso se devolvió al Juez de primera instancia para que se encargue de la fase de ejecución de sentencia, entonces, la demora en el seguimiento y la falta de acción en el tiempo en que los Vocales hoy accionados tenían competencia sobre el proceso, conduce a la preclusión del derecho para hacer viable su solicitud de “reposición parcial” del expediente y posterior resolución del incidente de nulidad de notificación planteado, lo que no implica, negación al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en razón a que, estos derechos debe ejercerse dentro de los plazos establecidos por la ley y de no existir plazos, deberán ser presentados dentro de un plazo razonable; lo contrario significaría que los litigantes prolonguen indefinidamente los procedimientos judiciales, en las instancias que ya perdieron competencia al haberse agotado su facultad procesal de seguir conociendo otras incidencias del proceso. Si bien en el caso concreto, los Vocales hoy accionados, realizaron acciones para encontrar el memorial extraviado en el marco de las solicitudes efectuadas por el accionante; sin embargo, no podían dar curso a un trámite de reposición de expediente, al haber perdido competencia en la causa. De lo precedentemente expuesto, se evidencia que los Vocales hoy accionados, no suprimieron ni restringieron el contenido esencial del debido proceso, en sus elementos de juez natural y motivación; ya que el Auto de Vista 06, dictado como resultado de la solicitud de “reposición parcial”, cumplió con el deber procesal de explicar las razones de su determinación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 65/2024 de 1 de abril, cursante de fs. 99 a 102, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1016_2026-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): e8d5b30bcac827d478957734612d2849ec753d5581c2d5c912a80f809a530564
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