Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de septiembre de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, y congruencia interna y dinámica; puesto que, en el proceso ejecutivo seguido contra su persona fue citada por edictos; por cuanto, no conoció la demanda ejecutiva; asimismo, tomando conocimiento de dicho proceso después de cuatro años, interpuso incidente de nulidad reclamando que su domicilio no es indeterminado, y por ello no correspondía dicha citación por edictos; no obstante, los Vocales ahora accionados, pronunciaron el Auto de Vista 144/2022 de 29 de julio, a través del cual se confirmó el Auto Interlocutorio 216/2022 de 30 de marzo, y determinó que la citación por edictos se encuentra justificada por la indeterminación del domicilio de su persona, al existir contradicción de los “informes” del SEGIP y el SERECI, pues se evidenció la existencia de dos domicilios diferentes, siendo ambas instituciones públicas encargadas de los datos de las personas; sin valorar la prueba que presentó respecto a su domicilio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 99/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 973 a 976, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1016/2023-S3 Sucre, 12 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 56626-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 99/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 973 a 976, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Myriam Concepción Vaca Cuellar contra Asunta Montenegro Melgar y Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocales de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
La accionante por memoriales presentados el 3 de febrero y 3 de marzo de 2023, cursantes de fs. 799 a 805 vta.; y, 809 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso ejecutivo seguido contra su persona haciendo uso del derecho a la defensa, el 25 de “agosto” de 2021 -siendo lo correcto octubre-, interpuso incidente de nulidad, que fue rechazado por Auto Interlocutorio 139 de 18 de febrero de 2022; por lo que, formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el cual también se rechazó mediante Auto Interlocutorio 216/2022 de 30 de marzo, concediéndose en consecuencia el recurso de apelación en efecto devolutivo. Los argumentos del incidente de nulidad fueron que conforme a la Nota con CITE: SEGIP/NE-077/2018 de 9 de mayo, su domicilio real se encuentra ubicado en la av. Julio Patiño esquina “C.19/N° 1322”, zona Calacoto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por lo que, en esa dirección debió ser citada y no por edictos como se procedió; no siendo evidente el Informe -de 12 de julio de 2018- realizado por el Oficial de Diligencias -del Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Beni-, quien afirmó que intentó realizar la citación en los domicilios que fueron informados por el Servicio General de Identificación General (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI); además que, el medio de comunicación por el que se emitió el edicto no tiene alcance nacional. Asimismo, el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Beni, determinó que al no establecerse su domicilio con certeza; en razón a que se encuentran registrados diferentes domicilios en el SEGIP y el SERECI, las cuales son instituciones públicas, y que el Oficial de Diligencias de dicho Juzgado, se desplazó junto con Roger Durán Gallozo -ahora tercero interesado- buscando el domicilio para la citación; empero, no fue posible encontrar ese domicilio; por cuanto, se procedió a su citación por edicto en un medio de circulación nacional; y que no se demostró que su domicilio fuera en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz a la fecha de la citación. El Testimonio 187/2015 de 13 de febrero, y otras pruebas, como el registro domiciliario demuestran que su domicilio se encuentra en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por lo que, no existió la indeterminabilidad que exige el Auto Supremo (AS) “1214/2019”, el cual establece que la “notificación” por edictos solo procede cuando el domicilio es desconocido. Los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 144/2022 de 29 de julio, a través del cual se confirmó el Auto Interlocutorio 216/2022, existiendo incongruencia, porque no se resolvieron todos los agravios formulados ni se valoró toda la prueba, ya que sin analizar el art. 78.II del Código Procesal Civil (CPC), el cual posibilita la citación por edictos solo cuando no es posible determinar el domicilio, siendo que en el presente caso sí estaba determinado, tampoco se pronunciaron respecto al AS “1214/2019” que establece la misma regla ni respecto al “…certificado de la junta de vecinos…” (sic); así también, se interpretó de forma errónea la Certificación SERECI-BEN-CERT-144083-8-2612/2018 de 3 de diciembre; puesto que, la misma acredita el domicilio que un habitante establece para el sufragio, y finalmente no analizaron la Certificación E.E.B. CITE 0235/2012 de 19 de noviembre del Diario Contacto, la cual certificó que la distribución de ese periódico a nivel nacional es irregular.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, y congruencia interna y dinámica; citando al efecto los arts. 115.II, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, la restitución de sus derechos y garantías constitucionales “ANULANDO” el Auto de Vista 144/2022 de 29 de julio, y se emita uno nuevo.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 968 a 972, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) Siendo una persona adulta mayor, es beneficiaria de los criterios de favorabilidad y flexibilidad para la interposición de la acción de amparo constitucional, aunque esté fuera de plazo, señalando al efecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1840/2012 de 12 de octubre y “0605/2016”; b) El 15 de marzo de 2018, el ahora tercero interesado inició proceso ejecutivo contra su persona; por cuanto, se emitió la Sentencia Inicial 30/2018 de 26 de igual mes, disponiendo el remate de sus bienes por una deuda de “$ 65000”; por lo que, el 25 de agosto de 2021 interpuso incidente de nulidad, justificando el transcurso del tiempo ante la existencia de la pandemia -Coronavirus (COVID-19)-, y que tuvo conocimiento de ese proceso por la existencia de construcciones en su propiedad; y, c) Una vez citada por edictos, no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 78.III del CPC, ni se convocó a un abogado defensor de oficio, sino hasta después de cinco meses; por ello, dicho proceso se tramitó encontrándose su persona en estado de indefensión, ya que no pudo formular diferentes medios de defensa, rematándose catorce lotes de terreno, los cuales fueron adjudicados en favor de la empresa ahora tercera interesada por “$ 24000”.
Asunta Montenegro Melgar y Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocales de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción tutelar ni presentaron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 900 y 901.
La empresa “NUDELPA” Limitada (Ltda.) a través de su representante legal, Jorge Guillermo Núñez del Prado Arana, mediante memorial presentado el 22 de mayo de 2023, cursante de fs. 963 a 966, así como en audiencia, manifestó que: 1) Todos los argumentos de la accionante fueron debidamente analizados y dilucidados en el Auto Interlocutorio 139; 2) El Auto de Vista 144/2022 cumplió con todos los requisitos previstos por los arts. 213.II y 218 del CPC; identificando y explicando los fundamentos jurídicos de su decisión, con base al art. 78.II del CPC, explicando la imposibilidad de la determinación de un único domicilio de la accionante, ya que conforme a la Certificación SERECI-BEN-CERT-144083-8-2612/2018 del SERECI, el domicilio de la nombrada figuraba en la av. 6 de agosto de la ciudad de Trinidad, hecho que ahora pretende desconocer, solo porque le conviene a efectos de su interés; y, 3) Respecto a la legalidad del edicto el Diario Contacto fue aprobado para publicaciones de edictos, remates y otras comunicaciones jurídicas, mediante Circular de Sala Plena 21/2012 de 18 de octubre. Por todo lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada. Roger Durán Gallozo, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su notificación por cédula cursante a fs. 892.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 99/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 973 a 976, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) En la acción de amparo constitucional debe tomarse en cuenta la formulación de los agravios por los cuales se planteó el recurso de apelación; por cuanto, se tiene que la accionante reclamó que en el proceso ejecutivo seguido contra su persona, la citación se efectuó por edictos; por lo que, interpuso incidente de nulidad de dicha citación, el cual fue rechazado -mediante Auto Interlocutorio 139-, determinación contra la cual formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, así en esa última instancia reclamó los mismos aspectos relacionados a su domicilio y a la citación, debido a que el periódico -Diario Contacto- en el que se difundieron los edictos no tenían circulación nacional; ii) Con base a ello, se tiene que conforme a lo establecido por el art. 78.II del CPC, cuando se trata de personas desconocidas o no pudiera establecerse el domicilio, la parte solicitará la citación mediante edictos, lo que ocurrió en el presente caso, pues de acuerdo a los “Informes” del SERECI y el SEGIP, los mismos resultan contradictorios en cuanto al domicilio de la accionante, por ello se procedió a la citación por edictos; así también, se tiene que el Diario Contacto certificó que su circulación es a nivel nacional por vía digital; por lo que, sí tiene alcance a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; y, iii) La verificación de que la accionante fue citada por edictos, demuestra que el proceso ejecutivo y el posterior remate de bienes en favor de la empresa hoy tercera interesada, como así también, el Auto de Vista 144/2022 no vulneraron el derecho al debido proceso. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la accionante a través del memorial presentado el 23 de mayo de 2023, solicitó a la Sala Constitucional se subsane la omisión respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia interna, ya que el Auto de Vista 144/2022 no se pronunció en cuanto a la “notificación” que debió realizarse en el domicilio real consignado por el SEGIP; así también, con relación a la congruencia dinámica, pues dicho Auto de Vista no valoró las pruebas que presentó, y finalmente la subsanación respecto al derecho a la defensa ya que existió indefensión absoluta. Asimismo, explique porqué considera que ese Auto de Vista contiene suficiente motivación y fundamentación; y cuál es el momento en que la citación cumplió su finalidad, y a qué citación se refiere. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, por Auto de 25 de mayo de 2023, cursante a fs. 981 rechazó la misma, porque fue presentada posterior a las veinticuatro horas señaladas por la norma procesal constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2021, Myriam Concepción Vaca Cuellar -ahora accionante- interpuso incidente de nulidad, reclamando su citación por edictos (fs. 335 a 339 y vta.). II.2. A través del Auto Interlocutorio 139 de 18 de febrero de 2022, emitido por Ingrid Antelo Orihuela, Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Beni, se rechazó el incidente de nulidad, justificando la aplicación del art. 78.II del CPC (fs. 365 a 367 vta.). II.3. Por memorial presentado el 24 de febrero de 2022, la accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, reclamando congruencia procesal (fs. 371 a 372 vta.). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 216/2022 de 30 de marzo, pronunciado por Ingrid Antelo Orihuela, Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Beni, se rechazó el recurso de reposición concediendo el recurso de apelación en efecto devolutivo (fs. 384 a 386). II.5. Consta Auto de Vista 144/2022 de 29 de julio, emitido por Asunta Montenegro Melgar y Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocales de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora accionados-, a través del cual se confirmó el Auto Interlocutorio 216/2022 (fs. 790 a 792). Con el que fue notificado la accionante el 2 de agosto de 2022 (fs. 794).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, y congruencia interna y dinámica; puesto que, en el proceso ejecutivo seguido contra su persona fue citada por edictos; por cuanto, no conoció la demanda ejecutiva; asimismo, tomando conocimiento de dicho proceso después de cuatro años, interpuso incidente de nulidad reclamando que su domicilio no es indeterminado, y por ello no correspondía dicha citación por edictos; no obstante, los Vocales ahora accionados, pronunciaron el Auto de Vista 144/2022 de 29 de julio, a través del cual se confirmó el Auto Interlocutorio 216/2022 de 30 de marzo, y determinó que la citación por edictos se encuentra justificada por la indeterminación del domicilio de su persona, al existir contradicción de los “informes” del SEGIP y el SERECI, pues se evidenció la existencia de dos domicilios diferentes, siendo ambas instituciones públicas encargadas de los datos de las personas; sin valorar la prueba que presentó respecto a su domicilio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 129.II de la CPE, respecto al principio de inmediatez; establece que la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. A su vez, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) indica que la referida acción tutelar podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. La SCP 0871/2014 de 12 de mayo, asumiendo criterio uniforme sobre el principio de inmediatez, concluyó que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías; así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'. (…) Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: ‘se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses- debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada’” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, y congruencia interna y dinámica; puesto que, en el proceso ejecutivo seguido contra su persona fue citada por edictos; por cuanto, no conoció la demanda ejecutiva; asimismo, tomando conocimiento de dicho proceso después de cuatro años, interpuso incidente de nulidad reclamando que su domicilio no es indeterminado, y por ello no correspondía dicha citación por edictos; no obstante, los Vocales ahora accionados, pronunciaron el Auto de Vista 144/2022 de 29 de julio, a través del cual se confirmó el Auto Interlocutorio 216/2022 de 30 de marzo, y determinó que la citación por edictos se encuentra justificada por la indeterminación del domicilio de su persona, al existir contradicción de los “informes” del SEGIP y el SERECÍ, pues se evidenció la existencia de dos domicilios diferentes, siendo ambas instituciones públicas encargadas de los datos de las personas; sin valorar la prueba que presentó respecto a su domicilio.
De la revisión de los antecedentes, se tiene que mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2021, la accionante interpuso incidente de nulidad, reclamando su citación por edictos (Conclusión II.1.), el cual a través de Auto Interlocutorio 139 de 18 de febrero de 2022, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Beni, fue rechazado, justificando la aplicación del art. 78.II del CPC (Conclusión II.2.), interponiendo la accionante el 24 de febrero de 2022, recurso de reposición bajo alternativa de apelación, reclamando congruencia procesal (Conclusión II.3.), que también fue rechazado por Auto Interlocutorio 216/2022 de 30 de marzo, pero concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo (Conclusión II.4.); es así que, se emitió el Auto de Vista 144/2022 de 29 de julio, por los Vocales ahora accionados, confirmando el Auto Interlocutorio 216/2022, con el que la accionante fue notificada el 2 de agosto de 2022 (Conclusión II.5.).
Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional se rige por el principio de inmediatez, requisito que obliga a la persona presuntamente afectada en sus derechos, a solicitar la tutela constitucional en el plazo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial que contiene el acto vulneratorio, en el entendido que, quien requiere tutela constitucional debe solicitarla de forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias. En ese contexto, se evidencia que la accionante interpuso esta acción de defensa contra el Auto de Vista 144/2022, que le fue notificado el 2 de agosto de 2022, de acuerdo a la diligencia de notificación cursante a fs. 794, por lo que considerando el principio de inmediatez, que establece seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, la accionante tenía hasta el 2 de febrero de 2023, para la presentación de la presente acción tutelar; sin embargo, la interpuso el 3 de ese mes y año, de acuerdo al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) cursante a fs. 806, sobrepasándose al plazo referido; por ello, el derecho de la accionante de acudir a esta jurisdicción constitucional por medio de esta acción de amparo constitucional, caducó por su presentación extemporánea. Debiendo aclararse que dicho requisito formal de admisibilidad no puede ser superado con el único argumento alegado por la accionante en audiencia de esta acción de defensa, en el sentido que, por ser una persona adulta mayor debería ser beneficiada con criterios de favorabilidad y flexibilización respecto al plazo de interposición de esta acción de defensa, debido a que dicha condición no justifica el vencimiento del plazo de caducidad de esta acción tutelar, más aun cuando no se demostró que la presentación de la acción de amparo constitucional, luego de un día de haberse vencido el plazo de los seis meses, no es atribuible al descuido o desidia de la accionante, y tampoco que existiera alguna restricción que impidiera que la accionante presentara esta acción de defensa, presupuesto excepcional de flexibilización del principio de inmediatez (SCP 0793/2021-S3 de 20 de octubre); es así que, al no cumplir la accionante con el principio de inmediatez que rige esta acción de defensa, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 99/2023 de 22 de mayo, cursante de fs. 973 a 976, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1016_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): e1fcd4a2faf3b57d2c8a22071cfbf14ebc4f68afa0f95f348b8ea191f0bb9227
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