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SCP 1015/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
35952-2020-72-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos defensa, fundamentación, congruencia, valoración objetiva y razonada de la prueba, por cuanto, el Tribunal de Sentencia Penal demandados: a) Restringió su derecho a la defensa concediéndole en total solo de diecisiete minutos para fundamentar la totalidad de los motivos de su petición;

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 14/2020 de 25 de septiembre, cursante a fs. 117 a 127 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP
  3. III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1015/2023-S1 Sucre, 30 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 35952-2020-72-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 14/2020 de 25 de septiembre, cursante de fs. 117 a 127 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sara Susana Céspedes Sempértegui en representación sin mandato de Jhasmani Ramiro Torrico Leclere contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y Salomé Guzmán Terán, Richard Cruz Vargas y Fernando Villarroel Guzmán, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2020, cursante de fs. 98 a 103 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Juan Antonio Cuellar Rioja contra su persona por la presunta comisión de los delitos de secuestro, extorsión y lesiones graves y leves, en audiencia de aplicación de medidas cautelares personales celebrada el 15 de noviembre de 2018, el Juez de Instrucción Penal de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, determinó su detención preventiva, ante la concurrencia de los presupuestos establecidos en los arts. 233.1. 2; 234.1. 2 y 10 y 235.1. 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, el Ministerio Público emitió pliego acusatorio en su contra, remitiéndose la causa al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba -hoy demandado-; así, durante el transcurso del tiempo su situación jurídica se modificó hasta encontrarse vigente solo el riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP. De este modo, en audiencia de cesación a la detención preventiva de 23 de junio de 2020; si bien, no se dio curso a su solicitud, el Tribunal de Sentencia Penal ahora demandado determinó que para su procedencia se debía demostrar si la supuesta víctima gozaba de medidas de protección por parte del Estado. En ese marco, el 3 de septiembre de 2020, se volvió a solicitar cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, por existir nuevos elementos de convicción que demostraban que no concurrían los motivos que fundaron la medida y que era conveniente su sustitución por otra; asimismo, se señaló que en caso de proceder la cesación, era obligatoria la aplicación de las medidas contenidas en el art. 240 del citado Código. Igualmente, se arguyó la aplicación de lo determinado por la Disposición Décimo Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- con relación a la solicitud fundamentada del Ministerio Público sobre el tiempo de duración de la detención preventiva. A tal efecto, se emitió el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020, rechazando la cesación de la detención preventiva, ante el cual se planteó el recurso de apelación correspondiente siendo resuelto por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 22 de igual mes y año, declarando improcedente dicho recurso, manteniendo su detención preventiva. Entre los agravios establecidos, se tiene que: a) El Tribunal a quo -ahora demandado- solo concedió a su defensa técnica diez minutos para fundamentar la totalidad de los motivos de su petición para luego conceder otros siete minutos a su persona en ejercicio de su defensa material; restricción que ocasionó que la fundamentación sea incompleta porque no se le permitió manifestar los nuevos elementos de juicio que tornaban conveniente la modificación de la medida extrema de detención preventiva, menos se autorizó ampliar la argumentación relacionada a la Disposición Décimo Segunda de la Ley 1173, conforme consta en el acta de audiencia cursante a fs. 9 vta.; a contrario sensu, se otorgó diez minutos a cada uno de los intervinientes de la parte contraria como son el Ministerio Público, los cuatro abogados del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) y la víctima haciendo un total de sesenta minutos entro todos; pero en honor a la verdad se les brindó casi dos horas conforme consta en el acta de audiencia; b) Se vulneró su derecho a la congruencia; toda vez que, el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, se justificó -conforme consta del acta de aplicación de medida cautelar de 15 de noviembre de 2018-únicamente con relación al acusador particular Juan Antonio Cuellar Rioja; no así, en relación a las hijas del prenombrado. En perjuicio de esta parte el Tribunal amplio los alcances de dicho riesgo procesal a las hijas de la supuesta víctima; asimismo, pese a que se solicitó pronunciamiento expreso sobre el razonamiento y fundamentos sentados por la Vocal de la Sala Penal, Patricia Torrico Ortega al pronunciamiento del Auto de Vista de 4 de agosto de 2020, donde ya se supo establecer el por qué no se puede considerar la supuesta vulnerabilidad del referido acusador particular a efecto que se tenga por superado el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; c) Se advierte una motivación y fundamentación contradictoria; puesto que el Tribunal de Sentencia Penal demandado afirma no dar valor a las documentales vinculadas a las medidas de protección otorgadas a Juan Antonio Cuellar Rioja por confidencialidad; sin embargo, si se pronuncia con relación a similares literales vinculadas a las hijas del prenombrado denunciante para ampliar el riego procesal previsto en el 234.7 del CPP; d) No existe ningún tipo de fundamento y/o argumento valedero para que el Tribunal de Sentencia Penal confutado concluya que no resulta viable la cesación de la detención preventiva dentro los alcances de la Disposición Décimo Segunda de la Ley 1173 y consecuente aplicación de las medidas contenidas en el art. 231 bis de la misma norma adjetiva penal, limitándose a referir que si bien se logró acreditar los elementos de domicilio, trabajo y familia aún persiste el previsto en el art. 234.7 del CPP, que inviabiliza la posibilidad de conceder la cesación, olvidando que el peligro de obstaculización fue superado en su totalidad y que bajo el principio de objetividad y favorabilidad debieron proceder conforme manda el art. 231 bis, parágrafo segundo del citado cuerpo legal; e) Sobre la vulneración del derecho a la valoración razonable y objetiva de los nuevos elementos de juicio presentados: e.1) No se dio ningún valor a las documentales presentadas consistentes en dos certificados de arraigo, dos de depósito judicial y dos mandamientos de libertad, documentales que si bien acreditan haberse logrado la cesación de la detención preventiva en dos procesos penales distintos, también demostraban que el riesgo de fuga dentro la presente causa se reducía considerablemente; e.2) Tampoco se realizó un examen objetivo, razonado y fundamentado del informe psicológico de 10 de enero de 2020; puesto que, solo se mencionó que resulta insuficiente debido a que únicamente establece otros aspectos que de ninguna manera conlleva enervar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP cuando de su contenido se evidencia que se encuentra vinculado a determinar el perfil de su personalidad donde no se encuentran rasgos de agresividad y peligrosidad, contrariamente se aconseja un inmediato acercamiento familiar; y, e.3) Asimismo, se omitió dicha labor con relación al certificado médico de 3 de enero de 2020, librado por Teresa Quiroga Morales, literal vinculada al ya citado informe psicológico y a otro similar de 31 de agosto de 2020 elevado por el Gobernador del recinto penitenciario de El Abra que pone en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales su estado de salud; sin embargo, contradictoriamente el Tribunal exigió certificado forense para acreditar que contrajo COVID-19 menos se realizó la extrañada tarea sobre el informe social realizado en su núcleo familiar encaminada a demostrar la necesidad de aplicación del art. 7 del CPP; toda vez que, los cerca de dos años de detención preventiva, su familia se encuentra severamente afectada. Por su parte, el Vocal demandado reconoció expresamente que el contenido del Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020, se incurrió en incongruencia por omisión, que no hubo fundamentación ni motivación, que se omitió una valoración objetiva y razonada de la prueba y que no se valoró la totalidad de la prueba presentada; sin embargo, de oficio y sin que nadie se lo solicite trató de subsanar y enmendar cada vicio de nulidad detectado en el Auto Interlocutorio apelado reemplazando la labor que debió realizar el Tribunal de Sentencia Penal a quo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos defensa, fundamentación, congruencia, valoración objetiva y razonada de la prueba; así como el derecho a la libertad; sin citar, norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020 y del Auto de Vista de 22 del mismo mes y año, ordenando que los jueces del Tribunal de Sentencia Penal demandado celebre nueva audiencia de cesación a la detención preventiva en la que se permita a su defensa fundamentar y emitir pronunciamiento, respecto a la existencia de nuevos elementos que tornan conveniente dicha medida cautelar.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 25 de septiembre de 2020, según consta en acta cursante a fs. 116 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, se ratificó in extenso en la demanda de acción de libertad planteada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de informe escrito, cursante de fs. 112 a 113 vta., señaló: i) El Ministerio Público, a instancia de Juan Antonio Cuéllar Rioja, inicio proceso penal contra el ahora accionante por la presunta comisión de los delitos de secuestro, extorsión, lesiones graves y leves; ii) Si bien el accionante identificó los derechos vulnerados; empero, no señaló cual es el nexo de causalidad entre el criterio de interpretación utilizado y el derecho vulnerado; por lo que, no ha activado correctamente la jurisdicción constitucional; iii) El peticionante de tutela pretende que el Tribunal de garantías realice una labor de revisión de las resoluciones pronunciadas en la jurisdicción ordinaria y una revalorización de la prueba, sin considerar que la acción de libertad no es una instancia procesal ni de casación supletoria; y, iv) En el Auto de Vista de 22 de septiembre de 2020, se efectuó una valoración pertinente, a fin de establecer la procedencia o improcedencia del recurso planteado, sin dejar de lado el derecho a la libertad, debido proceso, defensa, igualdad de partes, juez imparcial, motivación, fundamentación y congruencia, así como los principios establecidos en la Norma Suprema, no siendo evidente lo que pretende demostrar la parte accionante; además, el Tribunal ad quem se halla limitado por el art. 398 del CPP, que fue interpretado por la “SCP 077/2012” que estableció que la norma aludida no puede ser interpretada de manera restrictiva, sino que su interpretación debe ser amplia e integral, no estando permitido a un Tribunal de apelación anular obrados, cuando verifique que el Juez omitió explicar los motivos que le llevaron a imponer una medida cautelar o que lo hizo, pero de una manera insuficiente, sino que le corresponde al Tribunal de alzada, resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción en que sustentan su decisión de confirmar o revocar el auto apelado; al margen de ello, se debe considerar que este Tribunal no consideró la necesidad de, en su caso, anular el Auto apelado, por cuanto no ha advertido la vulneración de derechos y garantías conforme exige el art. 169.3 del CPP. Richard Cruz Vargas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en audiencia informó: a) Es la quinta acción de libertad planteada por el accionante y lo aseverado por el mismo no resulta cierto, pues la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante duró siete horas, habiendo las partes intervenido más del tiempo establecido por la Jueza que presidía la audiencia; es así que se concedió la palabra al acusado y su defensa por el lapso de 7 y 10 minutos, pero dicha defensa, solo usó de una parte de ese tiempo, renunciando al restante, mientras que el ahora accionante se extralimitó en su tiempo, no sabiendo usar el tiempo concedido y, b) Con relación al derecho a la motivación y congruencia, el Tribunal basó su razonamiento en la fundamentación fáctica del riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP, no dándose mérito a la documentación presentada por el accionante debido a que no se presentaron certificados médicos; por lo que, el Tribunal demandado no vulneró el derecho a la defensa del acusado, además de que en audiencia de cesación de la detención preventiva se explicaron los motivos y razonamientos para la permanencia del art. 234.7 del CPP. Salomé Guzmán Terán, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba presentó Informe escrito de fs. 114 a 115, manifestando: 1) El Tribunal a quo realizó una valoración relacionada a las literales acompañadas, determinándose que las mismas resultaban ser insuficientes para poder enervar el art. 234.7 del CPP, relativo a que el acusado sería aún un peligro para la víctima, puesto que, las literales acompañadas más fueron atinentes a demostrar otros aspectos; asimismo, se volvió a recalcar el razonamiento que en una primera oportunidad la autoridad cautelar razonó para construir dicho riesgo procesal, al cual el Tribunal a quo, haciendo una valoración de la prueba acompañada, concluyó que no era suficiente, por lo que realizó una valoración de la misma; 2) El Tribunal a quo ejerció el poder ordenador previsto por el art. 339 del CPP concordante con el art.

8 inc. b), d) y e) del Reglamento de Conducta y medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal, que prevé que los Jueces y Vocales deberán establecer el tiempo máximo a ser utilizado por cada una de las partes; en ese marco, en la audiencia desarrollada inicialmente a efectos de exposición de la parte acusada, inicialmente se le concedió diez minutos y por ello considerando que aún no concluyó con la exposición de sus argumentos se le otorgaron siete minutos más; y, 3) Si se hubieran acompañado otras literales tendientes a mejorar la situación jurídica del acusado, con relación al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, es evidente que el Tribunal a quo valoraría las mismas; sin embargo, no siendo así, se dispuso lo ya reflejado en audiencia de 3 de septiembre del 2020. Fernando Villarroel Guzmán, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del ya citado Tribunal Departamental, informó que la audiencia de cesación a la detención preventiva del ahora accionante duró siete horas, en la misma, se ejerció la defensa técnica y material de acuerdo a lo previsto por la norma suprema; adhiriéndose a los informes de los jueces que complementan el Tribunal de Sentencia Penal.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba emitió la Resolución 14/2020 de 25 de septiembre, cursante de fs. 117 a 127 vta., a través de la cual denegó la tutela, en base a los siguientes fundamentos: i) Con relación a la denuncia de vulneración de los derechos a la defensa, igualdad procesal y juez imparcial, como emergencia de no haberse permitido a la defensa exponer completamente el por qué consideraba que existían nuevos elementos para el cambio de su situación procesal, basándose dicha denuncia en la relación de tiempo que se concedió a la defensa, así como a los acusadores en audiencia de cesación de la detención preventiva, fue así que realizado el análisis correspondiente a este punto de agravio y que de alguna manera sustenta los otros puntos de agravio en cuanto a la fundamentación, así como a la falta de valoración de la prueba, se debe tener presente que la resolución emitida por el Tribunal a quo ha sido también revisada a través de la Sala Penal correspondiente, fue así que dicha autoridad también es una de las demandadas, para lo cual corresponde ver justamente en esta instancia, pues una acción de libertad no es una tercera instancia que revisa la jurisdicción ordinaria, dentro de la fundamentación que realizó el Vocal ahora demandado, en este punto de agravio, se tiene claramente establecido que en segunda instancia se indicaron los tiempos que se hubiesen otorgado a las partes; por lo que, ese aspecto ha sido considerado por el Tribunal ad quem; es decir, existe una fundamentación oportuna de la Sala Penal correspondiente, por lo que el Tribunal de garantías no puede realizar mayor consideración al respecto, pues ya fue atendida esa situación para el Vocal demandado, con la debida fundamentación y motivación; ii) Con respecto a la denuncia de los derechos a la fundamentación, motivación y congruencia, que se hubiera dado porque no se dio valor a las literales vinculadas a las medidas de protección otorgadas a Juan Antonio Cuéllar Rioja, por temas de confidencialidad y que contradictoriamente se pronunciara con relación a similares literales vinculadas a las hijas del denunciante para ampliar el riesgo procesal previsto en el art 234.7 del CPP; al respecto, debe remitirse a lo que resolvió la Sala Penal correspondiente, la cual confirmó la resolución apelada y no dio lugar a la nulidad de la resolución, porque no existe relevancia constitucional que conlleve la nulidad, indicando que el razonamiento de la autoridad a quo fue emitida a la luz de la valoración de los elementos que se hubiesen acompañado en ese momento, de ello se tiene que el Auto de Vista emitido contiene fundamentación, motivación y congruencia; iii) Con relación a la denuncia de violación del derecho de valoración razonable y objetiva de los nuevos elementos, respecto del informe psicológico de 10 de enero de 2020, así como que no hubo pronunciamiento con relación a la prueba consistente en el certificado de la “médica Teresa Quiroga”, que iba en relación al informe de 31 de agosto de 2020, indicando también que no se realizó ninguna valoración del informe realizado sobre el núcleo familiar del acusado, empero al respecto se debe tener presente que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba referida a su admisión causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente demostrar la incidencia de la resolución final a dictarse, es decir, que la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida o si se hubiese practicado correctamente la admitida o si se hubiera valorado correctamente la prueba compulsada; en ese marco, el accionante no ha explicado si la prueba que se hubiese omitido tenía que ver con el fundamento y con lo solicitado por la defensa y la Sala Penal al resolver este punto de agravio; es decir, al poco tiempo para exponer su argumentación, resolvió con la debida fundamentación lógica y coherente, indicando los tiempos y momentos que tuvo para fundamentar su solicitud de cesación de detención preventiva, que inclusive se hubiese dado lugar a la fundamentación técnica y material; es decir, que el hecho de que el ahora accionante no hubiese usado el tiempo que se le otorgó para el objeto de la audiencia de cesación de la detención preventiva, no puede salvarse a través de una acción de libertad; iv) Con relación a la Disposición Décima Segunda de la Ley 1173, cuando indica el solicitante que no existe fundamento dirigido a esta situación y que solo se hubiese limitado a fundamentar en cuanto a ese contexto, se debe tener claro que al presente, si bien la defensa ha logrado acreditar los elementos domicilio, trabajo y familia; empero, aún persiste un riesgo procesal de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP, indica el accionante que el Tribual olvidó que el peligro de obstaculización fue superado en su totalidad y que bajo el principio de objetividad y favorabilidad debieron proceder conforme manda el art. 231 bis par. II del CPP, al respecto se debe aclarar que la acción de libertad no es una instancia revisora en la vía ordinaria; sin embargo, se puede advertir que el Auto de Vista cuestionado ha realizado el correspondiente análisis y compulsa de acuerdo a la norma procesal; y, v) El propio accionante admitió no haber fundamentado y generado los nuevos elementos conforme era su responsabilidad.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 14 de septiembre de 2021, cursante a fs. 136, a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión de plazo, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de agosto de 2023 (fs. 166); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del plazo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de medidas de protección DPVTMMP 172/2018 de 3 de octubre pronunciada por Walter Alberto Vizcarra Loaiza, Director de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, en favor del denunciante y víctima Juan Antonio Cuellar Rioja, teniendo como base para tal determinación, el informe psicológico y social del mismo (fs. 3 a 7). II.2. Constan las Resoluciones 173/2018 y 174/2018, ambas de 3 de octubre, que negaron las medidas de protección solicitadas por el Ministerio Público en favor de las hijas de Juan Antonio Cuellar Rioja (fs. 14 a 17); asimismo, se advierte un informe psicológico emitido por el psicólogo clínico del Hospital Cochabamba, del paciente Juan Antonio Cuéllar Rioja, de 13 de diciembre de 2018 (fs. 9 a 10). II.3. Cursa Informe psicológico de 10 de enero de 2020, emitido por el psicólogo del Hospital de Clínicas de La Paz del hoy accionante, Jhasmani Ramiro Torrico Leclere (fs. 21 a 24). II.4. Consta Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020 dictado por el Tribunal de Sentencia Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juan Antonio Cuellar contra el ahora accionante, por la presunta comisión de los delitos de secuestro, extorsión y lesiones graves y leves que rechazó la petición de cesación de detención preventiva del referido acusado, Jhasmany Ramiro Torrico Leclere (fs. 93 a 97). II.5. Por Auto de Vista de 22 de septiembre de 2020, el Vocal ahora demandado declaró improcedente la apelación formulada, confirmando el Auto Interlocutorio apelado de 3 del mismo mes y año (fs. 152 vta., a 158).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos defensa, fundamentación, congruencia, valoración objetiva y razonada de la prueba, por cuanto, el Tribunal de Sentencia Penal demandados: a) Restringió su derecho a la defensa concediéndole en total solo de diecisiete minutos para fundamentar la totalidad de los motivos de su petición;

a contrario sensu, se otorgó sesenta minutos a la parte acusadora para fundamentar su rechazo a la solicitud impetrada; b) Se vulneró su derecho a la congruencia; toda vez que, el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234. 7 del CPP se justificó -conforme consta del acta de aplicación de medida cautelar de 15 de noviembre de 2018- respecto a la falta de medidas de protección únicamente con relación al acusador particular Juan Antonio Cuellar Rioja; no así, respecto a las hijas del prenombrado; asimismo, no se pronunciaron sobre el razonamiento y fundamentos contenidos en el Auto de Vista de 4 de agosto de 2020 que estableció los motivos del por qué no se puede considerar la supuesta vulnerabilidad del referido acusador particular a efecto que se tenga por superado el riesgo procesal del art. 234. 7 del CPP; c) Se advierte una motivación y fundamentación contradictoria; puesto que el Tribunal de Sentencia Penal demandado afirma no dar valor a las documentales vinculadas a las medidas de protección otorgadas a Juan Antonio Cuellar Rioja por confidencialidad; sin embargo, si se pronunció con relación a similares literales vinculadas a las hijas del prenombrado denunciante para ampliar el riesgo procesal previsto en el 234.7 del CPP; d) No existe ningún tipo de fundamento y/o argumento valedero para que el Tribunal de Sentencia Penal confutado concluya que no resulta viable la cesación de la detención preventiva dentro los alcances de la Disposición Décimo Segunda de la Ley 1173 y consecuente aplicación de las medidas contenidas en el art. 231 bis de la misma norma adjetiva penal, limitándose a referir que si bien se logró acreditar los elementos de domicilio, trabajo y familia aún persiste el previsto en el art. 234.7 del CPP; y, e) Sobre la vulneración del derecho a la valoración razonable y objetiva de los nuevos elementos de juicio presentados como los dos certificados de arraigo, de depósito judicial y mandamientos de libertad, documentales que si bien acreditan haberse logrado la cesación de la detención preventiva en dos procesos penales distintos, también demostraban que el riesgo de fuga dentro la presente causa se reducía considerablemente; asimismo, del informe psicológico de 10 de enero de 2020 solo se señaló que únicamente establecía otros aspectos que de ninguna manera conlleva enervar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP cuando de su contenido se evidencia que se encuentra vinculado a determinar el perfil de su personalidad donde no se encuentran rasgos de agresividad y peligrosidad, contrariamente se aconseja un inmediato acercamiento familiar; omitiéndose también realizar dicha labor con el certificado médico de 3 de enero de 2020 librado por Teresa Quiroga Morales, literal vinculada al ya citado informe psicológico y a otro similar de 31 de agosto de 2020 elevado por el Gobernador del recinto penitenciario de El Abra que pone en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales su estado de salud; sin embargo, contradictoriamente se exigió certificado forense para acreditar que contrajo COVID-19, tampoco sobre el informe social realizado en su núcleo familiar encaminada a demostrar la necesidad de aplicación del art. 7 del CPP; toda vez que, los cerca de dos años de detención preventiva, su familia se encuentra severamente afectada. Por su parte, el Vocal demandado reconoció expresamente que el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020, incurrió en incongruencia por omisión, que no hubo fundamentación ni motivación, omitiéndose una valoración objetiva y razonada de la totalidad de la prueba presentada; sin embargo, de oficio trató de subsanar y enmendar cada vicio de nulidad detectado en el Auto Interlocutorio apelado reemplazando la labor que debió realizar el Tribunal de Sentencia Penal a quo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizaran los siguientes temas: 1) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 2) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; 3) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio, entre otras, asumieron el siguiente entendimiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las citadas SCP 2221/2012 y SCP 0100/2013 fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:

acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio, entre otras, asumieron el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -jurisprudencia incorporada al bloque de constitucionalidad a partir de la SC 0110/2010-R de 10 de mayo- la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica, que se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad; así como, de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la reiterada por la SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras, asumieron el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la 14El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”.

15El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 16El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 17El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”.

autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos defensa, fundamentación, congruencia, valoración objetiva y razonada de la prueba; por cuanto, el Tribunal de Sentencia Penal demandados: a) Restringió su derecho a la defensa concediéndole en total solo de diecisiete minutos para fundamentar la totalidad de los motivos de su petición; a contrario sensu, se otorgó sesenta minutos a la parte acusadora para fundamentar su rechazo a la solicitud impetrada; b) Se vulneró su derecho a la congruencia; toda vez que, el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP se justificó -conforme consta del acta de aplicación de medida cautelar de 15 de noviembre de 2018- respecto a la falta de medidas de protección únicamente con relación al acusador particular Juan Antonio Cuellar Rioja; no así, respecto a las hijas del prenombrado; asimismo, no se pronunciaron sobre el razonamiento y fundamentos contenidos en el Auto de Vista de 4 de agosto de 2020 que estableció los motivos del por qué no se puede considerar la supuesta vulnerabilidad del referido acusador particular a efecto que se tenga por superado el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; c) Se advierte una motivación y fundamentación contradictoria; puesto que el Tribunal de Sentencia Penal demandado afirma no dar valor a las documentales vinculadas a las medidas de protección otorgadas a Juan Antonio Cuellar Rioja por confidencialidad; sin embargo, si se pronunció con relación a similares literales vinculadas a las hijas del prenombrado denunciante para ampliar el riesgo procesal previsto en el 234.7 del CPP; d) No existe ningún tipo de fundamento y/o argumento valedero para que el Tribunal de Sentencia Penal confutado concluya que no resulta viable la cesación de la detención preventiva dentro los alcances de la Disposición Décimo Segunda de la Ley 1173 y consecuente aplicación de las medidas contenidas en el art. 231 bis de la misma norma adjetiva penal, limitándose a referir que si bien se logró acreditar los elementos de domicilio, trabajo y familia aún persiste el previsto en el art. 234.7 del CPP; y, e) Sobre la vulneración del derecho a la valoración razonable y objetiva de los nuevos elementos de juicio presentados como los dos certificados de arraigo, de depósito judicial y mandamientos de libertad, documentales que si bien acreditan haberse logrado la cesación de la detención preventiva en dos procesos penales distintos, también demostraban que el riesgo de fuga dentro la presente causa se reducía considerablemente; asimismo, del informe psicológico de 10 de enero de 2020 solo se señaló que únicamente establecía otros aspectos que de ninguna manera conlleva enervar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP cuando de su contenido se evidencia que se encuentra vinculado a determinar el perfil de su personalidad donde no se encuentran rasgos de agresividad y peligrosidad, contrariamente, se aconseja un inmediato acercamiento familiar; omitiéndose también realizar dicha labor con el certificado médico de tres de enero de 2020 librado por la Teresa Quiroga Morales, literal vinculada al ya citado informe psicológico y a otro similar de 31 de agosto de 2020 elevado por el Gobernador del recinto penitenciario de El Abra que pone en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales su estado de salud; sin embargo, contradictoriamente se exigió certificado forense para acreditar que contrajo COVID-19 tampoco sobre el informe social realizado en su núcleo familiar encaminada a demostrar la necesidad de aplicación del art. 7 del CPP; toda vez que, los cerca de dos años de detención preventiva, su familia se encuentra severamente afectada. Por su parte, el Vocal demandado reconoció expresamente que el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020, incurrió en incongruencia por omisión, que no hubo fundamentación ni motivación, omitiéndose una valoración objetiva y razonada de la totalidad de la prueba presentada; sin embargo, de oficio trató de subsanar y enmendar cada vicio de nulidad detectado en el Auto Interlocutorio apelado reemplazando la labor que debió realizar el Tribunal de Sentencia Penal a quo.

De la revisión de los antecedentes, se tiene que el ahora impetrante de tutela dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Juan Antonio Cuéllar Rioja por la presunta comisión de los delitos de secuestro, extorsión, lesiones graves y leves, solicitó la cesación a su detención preventiva a través de memorial de 28 de agosto de 2020, fundando en lo dispuesto en el art. 239.1 del CPP, la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173 y por haber contraído coronavirus COVID-19 (Conclusión II.3). A tal efecto, se señaló audiencia para el 3 de septiembre del citado año, conforme lo desarrollado en el acta, el accionante fundamentó los alcances de su pedido (Conclusión II.4, II.5 y II.6) emitiendo en consecuencia el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba el Auto Interlocutorio 3 de septiembre de 2020 que rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.7). Ante tal decisión, el accionante formuló recurso de apelación incidental, desarrollándose el 22 de septiembre de 2020 la correspondiente audiencia ante el Tribunal de alzada, emitiéndose el Auto de Vista que declaró improcedente el recurso de apelación, confirmando la resolución de primera instancia (Conclusiones II.8 y II.9).

Ahora bien, con carácter previo resulta necesario pronunciarse sobre el reclamo planteado contra el Tribunal de Sentencia Penal Segundo cuyos miembros habrían pronunciado el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020 supuestamente sin la debida fundamentación, congruencia, valoración objetiva y razonada de la prueba; al respecto, cabe señalar que en aplicación al principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa, no es posible ingresar al fondo de lo planteado por el demandante de tutela; dado que, al activarse el recurso de apelación en virtud del art. 251 del CPP, contra el referido Auto Interlocutorio de primera instancia, ameritaba al Tribunal de alzada corregir, enmendar o reparar cualquier presunto error o ilegalidad generado por el a quo, comprendiéndose que el examen de presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales debe ser analizado a partir de la última resolución emitida en la jurisdicción ordinaria, que en el caso constituye el Auto de Vista de 22 de septiembre de 2020, correspondiendo en ese marco denegar la tutela impetrada con relación a Salomé Guzmán Terán, Richard Cruz Vargas y Fernando Villarroel Guzmán, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en consonancia con las precisiones efectuadas.

En ese contexto, de acuerdo a la problemática planteada, corresponde ahora pronunciarse sobre la actuación de la autoridad de alzada demandada; a tal efecto se efectuará el análisis del Auto de Vista de 22 de septiembre de 2020. Con relación al Vocal ahora demandado

El accionante sostiene que dicha autoridad jurisdiccional en el Auto de Vista de 22 de septiembre de 2020, a pesar de reconocer que en el Auto apelado se incurrió en incongruencia por omisión, carece de fundamentación y motivación, prescindiendo una valoración objetiva y razonada de la totalidad de la prueba presentada, de oficio procedió a otorgarle valor probatorio a los indicios desplegados que el Tribunal a quo no analizó, violentando el principio de inmediación, toda vez que dicho Vocal jamás escuchó a la defensa con relación a qué valor se pretendía dar a esas pruebas. Ahora bien, del contenido del Auto de Vista de 22 de septiembre de 2020 contrastado con el recurso de apelación del imputado, conforme a lo extractado en la Conclusión II.8 de este fallo constitucional se tiene que en relación al primer agravio que denuncia la vulneración del derecho a la defensa e igualdad porque no se le habría otorgado el tiempo suficiente para fundamentar su pretensión y los elementos de convicción presentados; a su defensa técnica se le otorgo 10 minutos y al imputado por otros 7 minutos; en cambio a los abogados del SEPDAVI se les concedió mayor tiempo. Al respecto, el Vocal demandado, argumento: “El Tribunal a quo, en la audiencia de cesación a la detención preventiva ha sido muy tolerante, en cuanto a la intervención de los sujetos procesales, esto en atención a que de la revisión de obrados se tiene la audiencia de cesación a la detención preventiva tuvo un tiempo de más de 8 horas de duración, al margen de ello también se evidencia que el imputado ha hecho valer de manera amplia su derecho a la defensa, al suscitar incidentes en dicha actuación procesal, de donde no se tiene vulneración alguna al derecho a la defensa, por cuanto se ha otorgado el tiempo de diez minutos a la abogada y al imputado siete minutos, haciendo un total de diecisiete minutos para fundamentar su solicitud de cesación, tiempo que este tribunal considera más que suficiente para dicha actuación. Por otro lado, tampoco sea advierte vulneración al derecho a la igualdad de las partes; toda vez que, el Tribunal a quo ha otorgado el tiempo suficiente para la participación de cada uno de los sujetos procesales, por consiguiente este Tribunal de alzada no se advierte vulneración al derecho a la defensa, ni a la igualdad de las partes que en su caso conlleve la necesidad de aplicar lo dispuesto por el art. 169 núm. 3 del CPP …” (sic); de lo que se advierte que el Vocal demandado, otorgó una respuesta congruente, así como también fundamentada y motivada justificando del porque considera que los diecisiete minutos otorgados al imputado y su defensa técnica resulta razonable y suficiente para que pueda fundamentar la pretensión de la cesación a la detención preventiva, constatándose que el imputado hizo valer sus derechos de manera amplia e inclusive formuló incidente; sumado a que se carece de certeza que realmente se haya limitado el derecho a la defensa del accionante al ponerle un límite de tiempo para su intervención, toda vez que las pruebas y su solicitud de cesación a la detención preventiva constan en escrito en el proceso penal, a partir de lo cual el Vocal demandado pudo resolver los agravios planteados en apelación, además no debe olvidarse que la autoridad judicial es el director del proceso, por lo tanto le corresponde establecer las reglas a las que se someterá la intervención de las partes en audiencia, y es en la misma audiencia donde la parte si considera que esas determinación son arbitrarias puede impugnarlas; en consecuencia, no se evidencia la vulneración al derecho a la defensa e igualdad, correspondiendo denegar al respecto. En cuanto al segundo agravio donde se denuncia falta de fundamentación, motivación y congruencia en relación a la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173, verificado el Auto de Vista, el Vocal demandado, sostuvo: “Con relación al agravio relativo a que el Tribunal a quo no habría tomado en cuenta lo establecido por el art. 239.2 del CPP y la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173, al respecto cabe señalar que no resulta evidente la observación efectuada por la defensa, esto en virtud a que de la lectura de la resolución apelada se advierte que el Tribunal a quo se pronunció con relación a este presupuesto, por cuanto luego de hacer cita a las disposiciones legales relativas a la Disposición Transitoria anteriormente señalada, así como también a los requisitos establecidos en el art. 233 de la indicada norma adjetiva, llega a la siguiente conclusión: “En etapa de juicio y recursos para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en los Num.2 del presente artículo (…) si bien la defensa ha logrado acreditar los elementos de domicilio, trabajo y familia, empero al presente aún persiste el riesgo procesal descrito en el núm. 7 del Art. 234 de la Ley N 1173, lo que inviabiliza de conceder la posibilidad de conceder la cesación, bajo este entendimiento (…)”, de lo que se puede advertir que el Tribunal a quo en el caso concluyó que conforme a las disposiciones legales citadas no es aplicable la cesación de la detención preventiva. Esto en atención a que eventualmente ya existe un requerimiento conclusivo de acusación dentro de la presente causa, circunstancia que también se ha podido evidenciar al radicar la causa ya en un Tribunal de Sentencia; toda vez que, la disposición legal antes referida a criterio de este Tribunal es aplicable para la etapa preparatoria, por cuanto el plazo establecido en el art. 233 del CPP, así como la Disposición Transitoria Décimo Segunda de la Ley 1173, se encuentra vinculada a los actos investigativos relativos a la etapa preparatoria y no así a la etapa del juicio oral, en la que se encuentra el proceso; por lo que, este Tribunal considera que evidentemente no es posible disponer la cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.2 del CPP”. En ese sentido, se tiene que la respuesta otorgada por el Vocal ahora demandado en el Auto de Vista de 22 de septiembre de 2020 cumple con la congruencia y pertinencia; toda vez que, realiza un análisis correcto de la aplicación de la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley 1173 donde justifica las razones del porque no es aplicable al presente caso, ya que el proceso penal cuenta con requerimiento conclusivo de acusación radicado ante el Tribunal de Sentencia, lo que ciertamente implica que ya no existe actos investigativos que realizar, ha pasado a otra fase del proceso como es el de juicio oral; consecuentemente, el Vocal demandado ha efectuado un correcto análisis de la problemática esgrimiendo una adecuada fundamentación, motivación y congruencia a tiempo de resolver el agravio en relación a la resolución apelada, debiendo denegarse la tutela al respecto. Respecto al tercer agravio del recurso donde se denuncia que no se le permitió al imputado acompañar prueba sobre su enfermedad de COVID-19, verificado el Auto de Vista la autoridad de alzada en relación al agravio, argumentó: “Finalmente, en lo que respecta a la denuncia efectuada por la defensa en relación al COVID-19, al señalar que, en el caso tampoco habrían considerado que al presente el imputado se encontraría con COVID-19. A este punto debemos remitirnos a la resolución cuestionada en la cual el Tribunal A quo señala: "por otro lado la defensa señala que el acusado se habría diagnosticado el Covid-19 pero la defensa no se ha permitido acompañar prueba alguna que demuestre estos extremos más aun conforme así lo señala la S.C. 1768/2004 establece que el único documento válido para acreditar el estado de salud de una persona es el certificado médico forense”, de cuyo razonamiento se puede evidenciar que la autoridad judicial ha advertido la falta de elementos objetivos, que en su caso acrediten la enfermedad que el imputado padece como es el Covid-19, razonamiento que resulta ser correcto, ya que de la disposición legal establecida en el art. 239 del CPP y la jurisprudencia en vigencia, entre otras exige que la carga de la prueba en una solicitud de cesación a la detención preventiva, corresponde a la parte imputada, y; si bien es cierto que en el caso el apelante aduce la concurrencia de un elemento sobreviniente como es el padecimiento del COVID-19, lógicamente le correspondía a ésta parte acreditar dicho aspecto. Al margen de ello, cabe resaltar que el solo contagio del COVID-19, tampoco puede constituir un elemento suficiente, para en su caso determinar de manera inmediata la cesación de la detención preventiva, esto en atención de que si analizamos los antecedentes, y si bien es cierto que la Resolución 0120/220 de la Convención interamericana de Derechos Humanos, citada también en el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, ha establecido que se debe evitar contagio del COVID-19, principalmente en las personas en situación de alto riesgo como son los adultos mayores, mujeres embarazadas y mujeres con hijos lactantes, debiendo efectuarse una evaluación de las solicitudes presentadas en cuanto a los beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión, no siendo aplicable estos beneficios en el casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, esto en atención al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes con apego al principio de proporcionalidad y los estándares interamericanos aplicables. De lo que se puede establecer que si bien es cierto que, conforme a dichas resoluciones ésta enfermedad conlleva eventualmente a garantizar los derechos y garantías de los detenidos, en especial de aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, empero no es menos cierto que dicha resolución también establece que tratándose de casos que conllevan la vulneración de un bien jurídico protegido relevante como son los derechos humanos fundamentales, las autoridades judiciales deberán efectuar una ponderación más rigurosa en cuanto a los requisitos para su procedencia; por lo que, bajo ese razonamiento este Tribunal considera que la resolución apelada, aun sea insuficiente, conforme se ha podido advertir, este Tribunal no advierte la necesidad de en su caso anular la resolución apelada.

En tal sentido, se evidencia que el Vocal demandado a tiempo de pronunciarse al agravio planteado, ha justificado de manera congruente, fundamentada y motivada la respuesta que otorga donde explica el por qué existe para el imputado la carga o el deber acreditar una enfermedad necesariamente a través de elementos objetivos como son el certificado médico forense que es el idóneo para demostrar el padecimiento de la enfermedad del COVID-19, o cualquier quebrantamiento de la salud; por lo que, no es evidente lo alegado por el impetrante de tutela que no se le permitió acompañar prueba sobre su enfermedad de COVID-19, que como se tiene establecido, es una carga que le corresponde acreditar al solicitante; en consecuencia, la argumentación, fundamentación y motivación efectuada por el Vocal ahora demandado sobre dicha problemática planteada en el agravio es correcta, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Respecto al cuarto agravio referido a que no se han valorado los certificados de arraigo, dos certificados de depósito judicial, dos mandamientos de libertad, Autos de Vistas de la Sala Penal, el informe psicológico de 10 de enero de 2020, certificado médico emitido por Hospital de Clínicas de La Paz, informe psico-social con relación a su núcleo familiar. Sobre el particular el Vocal demandado en el Auto de Vista impugnado, sostiene: “Con relación al informe psicológico acompañado de fecha 10 de enero de 2020, también cuestionado por la defensa, cabe señalar que el Tribunal a quo al respecto señala que de igual forma resulta insuficiente, por cuanto en ella se establecían otros aspectos que de ninguna manera conllevaban a enervar el núm. 7 del art. 234 del CPP; cuyo razonamiento, si bien resulta ser insuficiente; sin embargo, de la revisión de los antecedentes del proceso, en específico del informe psicológico a la que hace mención la defensa, este Tribunal de alzada no advierte de que manera puede en su caso enervar dicho riesgo procesal, toda vez que del contenido del informe psicológico no se ha establecido que eventualmente el imputado se encuentre en condiciones suficientes, para en su caso establecer que la conducta asumida por el imputado en su momento, al presente se haya modificado sustancialmente, por cuanto dicho informe se limita únicamente a establecer que el imputado eventualmente habría mejorado en cuanto a su conducta, por lo que, también este Tribunal de alzada considera insuficiente dicho informe psicológico para enervar el peligro procesal en cuestión. Por otro lado, con relación a la falta de valoración de las pruebas señaladas por la defensa relativas a un certificado médico, informe socio económico, además de los Autos de Vista y otras resoluciones, que demuestran eventualmente que el imputado habría cumplido con la medida cautelar de arraigo, además de las fianzas impuestas, estas circunstancias, si bien es cierto que no han sido valoradas por el Tribunal a quo en su momento, conforme se puede evidenciar de la resolución apelada, empero no es menos cierto que este Tribunal no advierte de qué manera estos elementos de convicción pueden enervar el riesgo procesal, conforme se tiene construido en audiencia de medidas cautelares, pues como bien refiere el representante del Ministerio Público, para la construcción del riesgo de fuga descrito en el núm. 7 del art. 234 del CPP, se consideró la conducta asumida por el imputado con relación a la eventual víctima Juan Antonio Cuellar, además de haberlo sometido al prenombrado a múltiples torturas y Jhasmani Ramiro Torrico Leclere infirió amenazas graves no solo contra de la víctima, sino contra su entorno familiar, conforme se tiene de la Resolución de aplicación de medidas cautelares. Así, estos certificados médicos, así como el informe socioeconómico, además de las resoluciones dictadas en otros procesos y el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Segunda, de manera alguna guardan relación ni son suficientes para enervar el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, conforme parámetros que se tomaron en cuenta para la construcción de este riesgo procesal; por lo que, este Tribunal tampoco advierte que en el caso que dicha irregularidad como esa falta de valoración de las pruebas antes descritas constituya una vulneración a los derechos y garantías conforme establece el art. 169. 3) del CPP, de consiguiente este Tribunal no advierte la necesidad de anular obrados. De la compulsa del Auto de Vista, se evidencia que el Vocal ahora demandado, cuando analiza el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020, efectivamente constata que determinadas pruebas como el certificado médico, informe socio económico, informe psicológico, los Autos de Vista, arraigo, fianzas impuestas adjuntadas por el imputado en la solicitud de cesación a la detención preventiva, efectivamente no fueron valoradas por el Tribunal a quo, omisión que conforme a la jurisprudencia constitucional, no permite anular obrados, precisamente al estar vinculado a la libertad y en observancia a los principios constitucionales de celeridad, obliga al tribunal de alzada a resolver directamente el caso. Por esa razón, seguidamente el Vocal demandado procede a valorarlos a partir de criterios razonables establece que no advierte de qué manera estos elementos de convicción pueden enervar el riesgo procesal descrito en el numeral 7 del art. 234 del CPP, toma en cuenta el contexto de la conducta asumida por el imputado contra la supuesta víctima Juan Antonio Cuellar que fue sometido a múltiples torturas y amenazas graves no solo contra de la víctima, sino contra su entorno familiar, concluyendo que la falta de valoración de los elementos ofrecidos no constituye una vulneración a los derechos y por otra, dichos elementos son insuficientes para enervar el peligro de fuga de peligrosidad; por lo que, se concluye que el Vocal demandado realizó una valoración integral de las pruebas, subsanando las omisiones y deficiencias en la valoración incurridas por el a quo, medida que de ninguna manera vulnera el principio de inmediación en la valoración de las pruebas, por lo que corresponde denegar la tutela al respecto. En relación al quinto agravio del recurso que denuncia la incongruencia en la valoración probatoria porque no valora la prueba de las medidas de protección a la víctima por la confidencialidad y luego otorga valor correspondiente; al respecto se tiene que el Vocal demandado en el Auto de Vista cuestionado, señala: “La parte recurrente denuncia falta de valoración de toda la prueba, además de una incongruencia en dicha actividad valorativa, ya que por una parte no valora la prueba aportada por el tema de la confidencialidad y por otra da el valor correspondiente” (sic). Luego, de transcribir la parte pertinente de la resolución del a quo, concluye señalando: “De cuyo razonamiento si bien cierto que existe una cierta incongruencia en cuanto a la valoración de los elementos de convicción relativos a las medidas de protección y la solicitud de otorgar las garantías necesarias, por parte del imputado, empero, no es menos cierto que a la conclusión del razonamiento efectuado por el Tribunal a quo ha llegado al convencimiento de que dichos actuados resultaban irrelevantes, toda vez que los mismos habrían sido desestimados por la falta de consentimiento de los padres con relación a las hijas menores de edad de Juan Antonio Cuéllar, aspecto que conlleva lógicamente a que en el caso dichos elementos de convicción acompañados por la defensa resulten insuficientes, ello en el entendido de que si bien es cierto que existe la predisposición por parte del imputado de brindar las garantías necesarias a la eventual víctima, su entorno familiar y a los testigos en el presente caso; sin embargo, la misma resulta ser una manifestación unilateral que no ha merecido respuesta alguna por parte de los beneficiarios, lo que conlleva a inferir que dichos elementos de convicción sean insuficientes para en su caso enervar el peligro procesal anteriormente señalado, por lo que dicha irregularidad no tiene relevancia constitucional que conlleve a la declaratoria de nulidad de la Resolución” (sic). De lo anteriormente referido, se establece si bien el Vocal demandado reconoce una aparente incongruencia respecto a la valoración de la medida de protección otorgada a la víctima y la solicitud de otorgar garantías a la misma y las solicitudes de protección a las hijas de la víctima, estas carece de relevancia constitucional, porque posteriormente, justifica racionalmente de que dichos medios probatorios son irrelevantes e insuficientes para enervar el riesgo proceso previsto en el art. 234.7 del CPP; en consecuencia, corresponde denegar la tutela. Conforme a lo anteriormente descrito, se tiene que el Tribunal de Alzada se pronuncia a los agravios de manera congruente pero además amplía el análisis respecto a las pruebas aportada por el imputado omitidas en su valoración por el a quo, dando de esta manera claridad y justificación al rechazo de la cesación a la detención preventiva, cumpliendo con su labor fundamental de todos los Tribunales de alzada, el realizar un análisis integral de todos los elementos aportados al proceso, fundamentando y motivando sus decisiones en el marco del contexto de los supuestos hechos atribuidos al imputado. Por tal situación, el hecho de que el Tribunal de alzada haya ampliado el alcance de la valoración de las pruebas aportadas al proceso subsanando los errores del inferior, no se constituye en un acto lesivo, sino que, a contrario, es la fundamentación y control que se espera del Tribunal revisor; toda vez que, la reparación de los derechos vulnerados puede ser efectuada de manera directa por el Tribunal de apelación, particularmente cuando se trata de decisiones relativas a medidas cautelares en las que el Tribunal de alzada esta compelido a pronunciarse en el fondo cumpliendo con los estándares de fundamentación, motivación y congruencia desarrollados por la jurisprudencia constitucional y consignados en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por lo referido, se reitera que si bien la decisión del Tribunal a quo contiene deficiencias y omisiones en la consideración de la solicitud de la cesación a la detención preventiva; sin embargo, el Auto de Vista de 22 de septiembre de 2020 luego de realizar un análisis integral y sistémico, subsanó dicha deficiencia pronunciándose sobre todos los agravios y elementos probatorios ofrecidos en su momento por el accionante al momento de solicitar la cesación de su detención preventiva, esto conforme a la sólida línea jurisprudencial constitucional acerca de la determinación de medidas cautelares en materia penal, por la cual, la autoridad de alzada no está limitada a los agravios expresados en el recurso de apelación que en el caso particular no corresponde al no ser la determinación primigenia de la medida cautelar de detención preventiva, sino de la resolución de una solicitud de cesación a la misma; por lo que, no solo le es exigible al Vocal demandado, pronunciarse acerca de si los nuevos elementos probatorios traídos a consideración son suficientes o no para desvirtuar los riesgos procesales sino también revisar cuales fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la convicción en el A quo para imponer la medida cautelar para seguidamente definir si concurren efectivamente nuevos elementos que justifiquen la necesidad de que la medida cautelar sea modificada o CORRRESPONDE A LA SCP 1015/2023-S1 (viene de la pág. 29).

sustituida por otra dentro el marco normativo dispuesto por el art. 239 del CPP; por tal razón, corresponde denegar la tutela solicitada al no ser evidente la vulneración al derecho a la libertad y en debido proceso en su vertiente a la defensa, fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 14/2020 de 25 de septiembre, cursante a fs. 117 a 127 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora, siendo de Voto Disidente la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller.

Fdo. Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

18 El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1015_2023-S1.pdf · páginas 1 a 31.

Huella digital del PDF (SHA-256): 351a5c32937cb3c7a55938ad1e82481727302af0d7c178448dd33ecbe81bacd9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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