Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso, así como al principio de non bis in ídem; puesto que: i) Se inició un proceso penal contra su persona con total incompetencia material por parte de la jurisdicción ordinaria por la supuesta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras de predios destinados a la comercialización de lotes de terreno; ya que, previamente no intervino la jurisdicción agroambiental iniciándose el proceso de desalojo como base del proceso penal de avasallamiento conforme prevé la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, la cúal establece un mecanismo previo de solución del conflicto en el ámbito de la jurisdicción agroambiental antes que sea promovida la acción penal; y, ii) Planteado el incidente de doble juzgamiento por vulneración al principio non bis in ídem, señalando la existencia de diferentes procesos penales por los mismos hechos presentado con el FUD 701102032100945, los ahora accionados haciendo caso omiso de las resoluciones que fueron presentadas al momento de formular el incidente de doble juzgamiento, dicho incidente fue rechazado con el fundamento de que la prueba no fue la idónea. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza Jurídica de la acción de libertad; b) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; y, c) Análisi…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 1263 a 1264 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1014/2025-S1 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54376-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 011/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 1263 a 1264 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Álvaro Chapi Cabrera en representación sin mandato de William Mendo Flores contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del mismo departamento; y, Luis Enrique Rodríguez Suárez, Fiscal de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 1242 a 1255 vta., manifestó lo siguiente:
El 7 de mayo de 2021, Oscar Delon Manguta Mojica, Representante Legal de Carlos Alberto Terrazas Cortez presentó denuncia contra “NN” por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras, señalando que sería propietario y que se dedica a la compraventa de lotes de terreno, habiendo adquirido dos terrenos, uno ubicado en la urbanización El Trapiche III, Unidad Vecinal (UV) 307, Manzano 21, con matrícula computarizada 7.01.2.01.0082912, y otro en el mismo lugar, con UV 307, Manzano 22, con matrícula computarizada 7.01.22.01.0082987 y que a dichos terrenos habrían ingresado personas desconocidas, sin poder identificar a ninguna de ellas, existiendo construcciones y mejoras habitadas por terceros, hecho que motivó el inicio del caso signado con el Formulario Único de Denuncia (FUD) 701102032100945, correspondiente al caso FELCC- 333/2021; es así que, el 17 de septiembre de 2021, el Ministerio Público emitió Resolución de Rechazo de Denuncia, bajo el argumento de que, conforme a la Resolución Departamental “1016/2018” y la SCP 0047/2015-S2 3 de febrero, no se podría seguir desarrollando el proceso por la vía penal; empero, el 2 de febrero de 2022, el Ministerio Público resolvió revocar la Resolución de Rechazo de Denuncia de 17 de septiembre de 2021; posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, el Fiscal de Materia hoy coaccionado dispuso la emisión del mandamiento de detención preventiva contra su persona, la cual fue ejecutada durante su declaración informativa policial en calidad de denunciado; posteriormente, presentó ante la Jueza hoy coaccionada, la resolución de ampliación de imputación formal contra su persona. El 8 de diciembre de 2022, se celebró la audiencia de medidas cautelares, en la cual se planteó de manera oral la excepción de incompetencia y el incidente de doble juzgamiento y vulneración del principio non bis in ídem, dichos planteamientos fueron resueltos por la Jueza ahora coaccionada, mediante Auto de igual fecha, el cual sin realizar ningún análisis respecto de la SCP 047/2015-S2, relativa a la inaplicabilidad de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, rechazó de manera ilegal los incidentes planteados, señalando que las pruebas aportadas consistían en fotocopias simples y que los mismos fueron manifiestamente improcedentes; lo que, suscitó que formule recurso de apelación incidental de manera oral. El 3 de febrero de 2023, se llevó a cabo la audiencia del recurso de apelación incidental, que fue resuelta por el Vocal hoy accionado, quien dispuso excluir la fundamentación del referido recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio de 8 de diciembre de 2022, absteniéndose de considerar las apelaciones presentadas contra dicho Auto Interlocutorio, mediante el cual se resolvieron las excepciones de incompetencia y el incidente de doble juzgamiento, indicando que al rechazarse el mismo, no correspondía tramitar ningún recurso de apelación contra ese Auto Interlocutorio, excluyendo de su análisis a la SCP 0047/2015-S2, que establece que no se puede aplicar la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, respecto de predios que no tengan por destino la actividad agroambiental, como ocurre en el presente caso, al tratarse de una denuncia de avasallamiento y tráfico de tierras sobre predios destinados a la comercialización de lotes de terreno. La Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, prevé la posibilidad de activar previamente el procedimiento de desalojo en la jurisdicción agroambiental, disponiendo que, de verificarse el desalojo voluntario, se constituye en un óbice legal que impedía el inicio de la acción penal; en cambio, en caso de suscitarse el desalojo voluntario y proseguir el procedimiento de desalojo hasta la emisión de una sentencia ejecutoriada, la citada Ley prevé en su art. 9.II, que la sentencia que declare probada la demanda constituirá la base de la acusación formal para la acción penal; asimismo, al tratarse el bien inmueble presuntamente avasallado de carácter urbano y al no tener por finalidad una actividad agroambiental, la víctima tenía la opción de iniciar el proceso penal por alguno de los delitos de persecución penal privada; en los que, no intervenía el Ministerio Público, conforme lo establece, la SCP 0675/2014 de 8 de abril. Indicó que no existe la posibilidad de inicio de una acción penal directa sin la intervención previa del juzgado agroambiental; ya que, no podía considerar por la vía directa el procesamiento del delito de avasallamiento, ni tráfico de tierras sobre predios urbanos destinados a la venta de lotes, no debiendo existir un proceso penal sin antes darse por concluido un proceso de desalojo voluntario en la instancia agroambiental y sin que exista una sentencia agroambiental que ordene el desalojo, debido a que es la base de la acusación y el punto de partida para la competencia material de la jurisdicción ordinaria, así como la legitimidad de la intervención del Ministerio Público; por lo que, las autoridades hoy accionadas, al tratarse de un proceso penal sin tomar en consideración el debido procesamiento, y haber dispuesto dentro de un proceso penal ilegal la detención preventiva de su persona en el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, se ha cometido una vulneración flagrante a su derecho a la libertad de locomoción. Finalmente manifestó que planteó un incidente de doble juzgamiento por vulneración al principio non bis in ídem, señalando la existencia de diferentes procesos penales promovidos por los mismos hechos formulados con el FUD: 701102032100945, por los mismos hechos, como los casos FELCC-413/17, FELCC-601/2017 y FELCC 495/17, los referidos procesos fueron iniciados antes de la existencia del proceso que “a la fecha” mantiene a su persona con detención preventiva, por los mismos hechos a través de los cuales se le impuso la medida cautelar de la detención preventiva, ejerciendo el ius puniendi del Estado en cuatro ocasiones e incluso los representantes legales de Carlos Alberto Terrazas Cortez desistieron de todos los procesos; empero, con los mismos argumentos, se dio inicio en reiteradas ocasiones la misma causa, con complicidad del Ministerio Público y las autoridades ahora accionadas; por lo que, ante el insistente procesamiento se vulneró el principio non bis in ídem, situación que ya fue resuelta por la Jueza hoy coaccionada, mediante Auto Interlocutorio 07/18, emitido dentro del caso FELCC-413/17; por el cual, se declaró la existencia de doble juzgamiento y refrendado por Auto de Vista 229/2018 de 9 de octubre; sin embargo, las autoridades ahora accionadas hicieron caso omiso a las resoluciones presentadas al momento de plantear el incidente de doble juzgamiento dejando de lado los desistimientos formulados en diferentes casos, el cual fue rechazado bajo el argumento de la inexistencia de prueba idónea, a pesar de que todos los procesos fueron puestos bajo control jurisdiccional de la Jueza hoy coaccionada; por lo que, al no ser considerados dichos aspectos y dispuesta la detención preventiva de su persona, se vulneró su derecho a la libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso, así como al principio de non bis in ídem; citando al efecto los arts. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 inc. 7) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la libertad del accionante.
Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1260 a 1262 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Luis Enrique Rodríguez Suárez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: a) El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP “047/2015” establece lineamientos respecto a las investigaciones de los tipos penales de avasallamiento y tráfico de tierras; y en el caso de autos, se hizo referencia a dos Manzanos; uno con una superficie de 35.000 m y otro de 14.000 m, los cuales cuentan con sus correspondientes partidas computarizadas inscritas en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) a nombre de Carlos Alberto Terrazas Cortez; b) El accionante fue Presidente el 2017 y el 2019, y durante dicho período habría procedido a la distribución de los Manzanos en lotes; es decir que, en el lugar se encuentran más de ciento cincuenta familias avasalladoras, así como personas dedicadas al tráfico de tierras y otras que hubiesen sido víctimas de estafa al adquirir los referidos terrenos; c) Se cumplió con el debido proceso, realizándose la inspección ocular y citándose a los testigos correspondientes para efectos de la investigación, la cual resultó complicada porque las personas actuaron en grupos; asimismo, si bien el accionante ya no ejercía la Presidencia, en esa calidad continuaba firmando certificados de vivienda; y, d) El proceso penal se encuentra en conocimiento de la Jueza hoy coaccionada, ante quien se presentaron los incidentes que, en grado de apelación fueron confirmados; por lo que, dentro de la investigación ordinaria por los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras se determinó lo que correspondía, no siendo evidente la vulneración de su derecho a la libertad alegada por el accionante. Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del mismo departamento, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones vía WhatsApp cursantes a fs. 1257 y 1259.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 011/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 1263 a 1264 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Dentro de la problemática planteada, los abogados rectificaron respecto a determinados aspectos que hubiesen ocurrido en el proceso penal; empero, lo hicieron en forma de reclamo; 2) Se denuncia la existencia de un indebido procesamiento, al respecto la jurisprudencia constitucional establece ciertos requisitos para los cuales procede la acción de libertad por indebido procesamiento, señalando que sólo puede ser tutelado cuando el acto denunciado como vulnerado constituye la causa directa y principal de la privación de libertad del accionante, así como que se encuentra en un completo estado de indefensión; aspectos que deben ser cumplidos para que proceda la tutela de la acción de libertad; 3) En el caso de análisis, no fueron cumplidos los señalados requisitos; puesto que, el accionante únicamente se refirió a la tramitación del proceso ordinario, sin mencionar de qué manera los hoy accionados vulneraron su derecho a la libertad; y, 4) Dentro del proceso penal se hizo uso de todos los mecanismos de defensa; por lo que, el accionante no se encontraba en estado de indefensión, si bien se hallaba con detención preventiva; empero, estaba bajo control jurisdiccional de la autoridad competente, ante quien se debe hacer conocer cualquier reclamo; además, este Tribunal de garantías no puede revisar actuaciones procesales, a efectos de evitar una confrontación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional con relación al planteamiento de la acción de libertad; por lo que, sin ingresar al análisis de fondo, corresponde denegar la presente acción de libertad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa ampliación de Imputación Formal de 7 de diciembre de 2022, dirigida a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionada-, Luis Enrique Rodríguez Suárez, Fiscal de Materia -hoy coaccionado-, solicitó la detención preventiva de William Mendo Flores -ahora accionante-, por el lapso de ciento ochenta días a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola del mismo departamento, en el proceso penal identificado con el FUD 701102032100945, correspondiente al caso FELCC 333/2021, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras (fs. 498 a 502 vta.).
II.2. Consta Mandamiento de Detención Preventiva de 8 de diciembre de 2022, emitido por la Jueza hoy coaccionada, mediante el cual se ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, que designe un custodio y ejecute el mencionado Mandamiento contra el accionante, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el nombrado, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y de tráfico de tierras (fs. 509). II.3. Cursa Acta de audiencia de medidas cautelares celebrada el 8 de diciembre de 2022 (fs. 596 a 599.); en la que la Jueza ahora coaccionada, emitió Auto Interlocutorio de la misma fecha, en la cual declaró “las excepciones e incidentes” manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento y prueba, determinando que correspondería al principio rechazar esa solicitud, en la investigación seguida por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras (fs. 599 al 601 vta.). II.4. Consta Acta de Audiencia de aplicación de medidas cautelares de 3 de febrero de 2023 (fs. 1195 a 1200); en la que, Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionado-, mediante Auto de Vista de dicha fecha, resolvió el recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 8 de diciembre de 2022, declarando admisible y procedente parcialmente; en consecuencia, revocó en parte el citado Auto Interlocutorio, teniéndose desvirtuados los presupuestos previstos por el art. 234.1 y 2 del CPP, quedando latentes los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del mismo Código, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- (fs. 1200 a 1204).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso, así como al principio de non bis in ídem; puesto que: i) Se inició un proceso penal contra su persona con total incompetencia material por parte de la jurisdicción ordinaria por la supuesta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras de predios destinados a la comercialización de lotes de terreno; ya que, previamente no intervino la jurisdicción agroambiental iniciándose el proceso de desalojo como base del proceso penal de avasallamiento conforme prevé la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, la cúal establece un mecanismo previo de solución del conflicto en el ámbito de la jurisdicción agroambiental antes que sea promovida la acción penal; y, ii) Planteado el incidente de doble juzgamiento por vulneración al principio non bis in ídem, señalando la existencia de diferentes procesos penales por los mismos hechos presentado con el FUD 701102032100945, los ahora accionados haciendo caso omiso de las resoluciones que fueron presentadas al momento de formular el incidente de doble juzgamiento, dicho incidente fue rechazado con el fundamento de que la prueba no fue la idónea. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza Jurídica de la acción de libertad; b) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; y, c) Análisis de caso concreto.
La SCP 0095/2020-S1 de 20 de julio, señala que: “El art. 125 de la CPE instituye la acción de libertad señalando que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Asimismo, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro En cuanto a la procedencia de esta acción tutelar el art. 47 del CPCo establece que: ‘La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal’. Conforme lo desarrollado se tiene que la Norma constitucional citada, así como las disposiciones legales referidas, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevén la activación de acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad, que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal y a la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción y el debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado con la libertad personal. Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Entendimiento que fue asumido en la SCP 0990/2019-S1 de 9 de octubre”.
La SCP 0155/2025-S1 de 21 de marzo, establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SSCCPP 0490/2019-S2 de 9 de julio y 0306/2020-S1 de 12 de agosto -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció (...), que: …Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…). Asimismo, la misma Sentencia señaló que: ʽ …las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertadʼ. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, se entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso, así como al principio de non bis in ídem; puesto que: 1) Se inició un proceso penal contra su persona con total incompetencia material por parte de la jurisdicción ordinaria por la supuesta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras de predios destinados a la comercialización de lotes de terreno; ya que, previamente no intervino la jurisdicción agroambiental iniciándose el proceso de desalojo como base del proceso penal de avasallamiento conforme prevé la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, la cúal establece un mecanismo previo de solución del conflicto en el ámbito de la jurisdicción agroambiental antes que sea promovida la acción penal; y, 2) Planteado el incidente de doble juzgamiento por vulneración al principio non bis in ídem, señalando la existencia de diferentes procesos penales por los mismos hechos presentado con el FUD 701102032100945, los ahora accionados haciendo caso omiso de las resoluciones que fueron presentadas al momento de formular el incidente de doble juzgamiento, dicho incidente fue rechazado con el fundamento de que la prueba no fue la idónea.
De los antecedentes cursantes en obrados se tiene que el 7 de diciembre de 2022, el Fiscal de Materia hoy coaccionado adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de “Pampa de la Isla” del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal signado con el FUD 701102032100945, correspondiente al caso FELCC 333/2021, comunicó a la Jueza ahora coaccionada la ampliación de imputación formal contra el acciónate, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y de tráfico de tierras (Conclusión II.1.), consta Mandamiento de Detención Preventiva de 8 de igual mes y año, emitido por la Jueza hoy coaccionada, mediante el cual se ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola del mismo departamento, que designe un custodio y ejecute el mencionado Mandamiento contra el accionante, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el nombrado, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y de tráfico de tierras (Conclusión II.2.). Se evidencia de igual manera que cursa audiencia de medidas cautelares celebrada el 8 de diciembre de 2022 (fs. 596 a 599.); en la que la Jueza ahora coaccionada, emitió Auto Interlocutorio de la misma fecha, en la cual declaró “las excepciones e incidentes” manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento y prueba, determinando que correspondería rechazar al principio esa solicitud, en la investigación seguida por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras (Conclusión II.3.); con el argumento de que el ofrecimiento de pruebas se encontraría incompleta al haberse presentado solamente las carátulas de procesos civiles o conciliatorios y no así las demandas; además, se presentaron resoluciones que pudieron ser legalizadas; ya que, están aparentemente a nombre del imputado -accionante-, quien tendría acceso para poder presentar la documentación pertinente y legalizada por los fiscales; empero, la misma se encontraba en fotocopias simples las cuáles pudieron haber sido modificadas, no pudiendo darse la pertinencia e idoneidad; llegando a la conclusión de que el ofrecimiento de prueba no fue pertinente, ni adecuada en ese tipo de planteamiento; de igual manera, señaló que la fundamentación sería carente y que no se adecuaría al ordenamiento jurídico. Posteriormente, se tiene que el 3 de febrero de 2023, se celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares; en la cual, el Vocal hoy accionado, mediante Auto de Vista de igual fecha, resolvió el recurso de apelación incidental planteado por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 8 de diciembre de 2022, declarando admisible y procedente parcialmente; en consecuencia, revocó en parte el citado Auto Interlocutorio, teniéndose desvirtuados los presupuestos previstos por el art. 234.1 y 2 del CPP, quedando latentes los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del mismo Código, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Conclusión II.4.); en dicho Auto de Vista, en el que se dilucidaron aspectos relacionados con la probabilidad de la autoría y los riesgos procesales establecidos en la señalada normativa, previamente se aclaró que únicamente se abordaría lo dispuesto en dicho recurso, y que no se procedería a considerar, ni el juez natural, menos la aplicación de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras; ya que, el accionante tuvo el momento oportuno para plantear y hacer valer sus derechos; empero, esos derechos hubiesen sido tácitamente consentidos.
Ahora bien, en el planteamiento del problema jurídico en la presente acción de libertad, el accionante refiere situaciones eminentemente relacionadas con el derecho al debido proceso, vinculadas al juez natural y al principio non bis in ídem en cuanto al primero, sostiene que el proceso penal seguido contra su persona signado con el FUD 701102032100945 y el caso FELCC 333/21, se hubiese iniciado con total incompetencia material, al no intervenir de manera previa a la jurisdicción agroambiental, conforme a lo establecido por la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, en cuanto a la regulación de avasallamiento y tráfico de tierras, al tratarse de predios destinados a la comercialización de lotes de terreno; sin embargo, conforme lo previsto por el art. 4 de la referida Ley, la competencia para conocer temas relacionados con avasallamientos, fue otorgada tanto a la jurisdicción agroambiental como a la jurisdicción ordinaria, al señalar que esos temas serán resueltos por los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal, para conocer y resolver las acciones establecidas en la señalada Ley; asimismo, el art. 5 de la misma Ley, determina que corresponde a la jurisdicción agroambiental conocer y resolver todo lo relacionado con el procedimiento de desalojo. En cuanto a la alegación de que los hoy accionados hubiesen desconocido el principio de doble juzgamiento, al respecto cabe señalar que no se encuentra de manera clara identificado el accionar de cada una de los ahora accionados con el desconocimiento del principio non bis in ídem; sin embargo, de los antecedentes cursantes en la presente causa se advierte que el accionante suscitó excepción de incompetencia e incidente de doble juzgamiento en la audiencia de medidas cautelares de 8 de diciembre de 2022, los cuales fueron declarados manifiestamente improcedentes “…al carecer de fundamento y prueba…” (sic) dichas pretensiones al principio fueron rechazadas, y recurridas en apelación, el Vocal hoy accionado señaló que no se procedería a considerar, al juez natural, ni la aplicación de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, debido a que el accionante tuvo la oportunidad de hacer valer sus derechos; empero, no los ejerció; por lo que, consideró que dicha omisión implicaría su consentimiento. Por todo lo señalado, resulta necesario reiterar que mediante la acción de libertad únicamente se puede llegar a analizar el derecho al debido proceso cuando se encuentre vinculado de manera directa o indirecta con la libertad, extremo que no concurre en el caso de análisis; ya que, la supuesta restricción a la libertad del representado del accionante, responde a la concurrencia de los riesgos procesales subsistentes previstos por los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, modificado por la Ley 1173; en ese sentido, y tal como se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad, tiene como finalidad principal proteger y restituir los derechos fundamentales a la vida y a la libertad personal, cuando se encuentren en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción y al debido proceso cuando esté directamente vinculado con la libertad personal; y para proteger el derecho al debido proceso a través de la presente acción de defensa, deben concurrir determinados presupuestos que permitan la concesión de la tutela, en el presente caso, como se dijo, la determinación de la detención preventiva del accionante se encuentra dentro de los cánones de validez referidos precedentemente; es decir, ante la concurrencia de riesgos procesales que hacen a la factibilidad de asumir esa medida extrema por parte de los ahora accionados, de donde se puede colegir que en el presente caso la supuesta falta de competencia, así como la existencia de un supuesto doble juzgamiento no resultan vinculantes de manera directa o indirecta con la presunta vulneración del derecho a la libertad del accionante. De la misma manera, cabe señalar que en el presente caso, no se evidencia la existencia de indefensión absoluta que permita la formulación directa de la presente acción de defensa; más aun, si la privación de libertad del accionante responde a una determinación asumida por una autoridad competente con la finalidad de asegurar la presencia y comparecencia del nombrado en el proceso penal, a efectos de conseguir la prosecución de la investigación dentro del mismo; en ese sentido, queda claro que los argumentos planteados no se adecuan a la finalidad y ámbito de protección de la acción de libertad; ya que, si bien alega que se estaría poniendo en riesgo su derecho a la libertad y al debido proceso; empero, como ya se manifestó el Mandamiento de Detención Preventiva de 8 de diciembre de 2022, emanado contra el accionante, se encuentra válidamente determinado en el proceso penal que se le sigue; no pudiendo desnaturalizarse el objeto y la finalidad de la acción de libertad, que es viable cuando resulta evidente la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la libertad de locomoción de cualquier persona; aspecto que, no se evidencia en el presente caso; puesto que, conforme a la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el objetivo principal es precisamente proteger de manera específica el derecho a la libertad; no siendo, permisible cambiar su esencia y ampliar su alcance de protección a asuntos netamente procedimentales; no obstante, procedan y se susciten dentro del área penal; en ese orden, la presunta vulneración del derecho alegado en esta acción de libertad no se encuentra dentro de los alcances del art. 125 de la CPE; siendo evidente que los ahora accionados, no incurrieron en ningún tipo de vulneración que amerite la tutela de la presente acción de libertad, en ese contexto y en virtud a lo señalado corresponder denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 1263 a 1264 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1014_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): c8f4d2354e42e29ca326c693eeba6ba51cdf7bfacccc9f369867125f02ad7bcb
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