Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de agosto de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia; por cuanto, dentro del proceso civil de anulabilidad de contrato, seguido a instancias de Nelva Rodríguez Santa Cruz Vda. de Suárez (fallecida) en su contra y de otros, solicitó ante el Juez de la causa la declaratoria de extinción del proceso por inactividad procesal, quien mediante el Auto Definitivo 60/2021 de 18 de marzo, dio curso a lo solicitado; sin embargo, al ser apelado dicho fallo por los hijos de la de cujus, los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 140/2021 de 13 de agosto, admitieron el recurso de apelación y anularon obrados, empero, sin dar respuesta a todas sus peticiones expuestas en su memorial de respuesta al indicado recurso, en el que principalmente se cuestionó la falta de legitimación activa de los hijos de la de cujus para actuar en el proceso e interponer el recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 113/2021 de 5 de octubre, cursante de fs. 139 a 143 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del departamento del Beni; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada conforme los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer que los Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer el presente fallo constitucional, emita un nuevo Auto de Vista si es que hasta la fecha no lo hubiera hecho, en el que se considere y se pronuncie respecto a legitimación pasiva de los sucesores de la de cujus y su acreditación posesional respecto al bien inmueble objeto de la litis.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1013/2023-S1 Sucre, 29 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 43480-2021-87-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 113/2021 de 5 de octubre, cursante de fs. 139 a 143 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Zenón Marín Mollo contra Roberto Ismael Nacif Suarez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.
Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2021, cursante de fs. 23 a 27, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso ordinario de anulabilidad de contrato radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, seguido a instancias de Nelva Rodríguez Santa Cruz Vda. de Suárez (fallecida) contra su persona y otros; interpuso extinción de la causa por inactividad procesal, toda vez que no se realizó ninguna gestión para notificar a seis de los demandados con la pretensión principal y que hubieran sido integrados a la litis, a través de la instrucción del Auto Supremo 44/2018 de 14 de febrero; por lo que, la autoridad judicial constatando dichos argumentos, mediante el Auto Definitivo 60/2021 de 18 de marzo, declaró extinguida la acción en base al art. 247.I.1 del Código Procesal Civil (CPC), y una vez notificado a las partes, el mismo fue apelado por los hijos de la citada demandante, en su calidad de “supuestos” copropietarios del inmueble objeto del litigio, denunciando que el Juez a quo hubiera actuado arbitrariamente al integrar a la causa a personas que en un principio no fueron demandadas, además, como herederos forzosos estarían presentando un recurso de apelación en razón del fallecimiento de su madre, amparando su pretensión en el art. 1002 del Código Civil (CC), aclarando que no hubieran tramitado la aceptación de herencia por falta de recursos. Que, con dicha actuación se estableció que los apelantes no tenían legitimación activa para actuar dentro del proceso, más allá de haber acreditado su condición de hijos; empero, no de copropietarios del inmueble. Una vez remitidos los actuados de la apelación por ante la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 140/2021 de 13 de agosto, por el cual dispusieron la nulidad de obrados hasta que el Juez de instancia emplace a las personas que fueron incorporadas al litigio; vulnerando así normas de carácter procesal y el derecho al debido proceso en su vertiente de motivación; toda vez que, el Auto de Vista aludido no contaba con respuesta a todas las cuestionantes planteadas al momento de contestar al recurso de apelación “infra petita”, entre ellas, la falta de legitimación activa de los hijos de la de cujus, pues no acreditaron vocación hereditaria aceptando la herencia, menos titularidad como copropietarios del inmueble objeto de la causa, demostrable a través de registro en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), requisitos necesarios para actuar dentro del proceso, contrario a lo establecido en el art. 265 del CPC, que señala: “…los Autos de Vista deberán circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación…” (sic); denotando que dichas autoridades accionadas, al momento de pronunciarse no consideraron estos extremos.
Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista 140/2021 de 13 de agosto; y, b) Se dicte un nuevo fallo en base a los fundamentos expuestos.
Previo a celebrarse la audiencia de acción tutelar, el 23 de septiembre de 2021, el impetrante de tutela a través de su abogado aclaró que Jonathan Suarez Balcázar, considerado como tercero interesado en la misma no era heredero; por lo que, pidió se lo retire de esa condición, solicitud que fue aceptada por el Tribunal de garantías, tal como consta en el acta de suspensión de audiencia, cursante fs. 102 a 105.
Celebrada la audiencia pública el 5 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 135 a 138 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, ratificó los fundamentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y haciendo uso de su derecho a la réplica, manifestó que: 1) Lo único que reclamó es que los Vocales ahora demandados se pronuncien respecto a su memorial de contestación al recurso de apelación interpuesto, por el cual observó la legitimación pasiva de los hijos de la de cujus -ahora terceros interesados-, en ningún momento solicitó un pronunciamiento de fondo del recurso de apelación; y, 2) No se manifestaron con relación a la contestación ni presentaron informes, incurriendo en omisión, misma que es causal de nulidad; resultando necesario se emita un nuevo fallo.
Roberto Ismael Nacif Suarez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, pese a ser notificados no presentaron informe escrito y tampoco asistieron a la audiencia de acción tutelar.
Jacqueline y Luis Alberto, ambos Suárez Rodríguez, en audiencia a través de su abogado, manifestaron lo siguiente: i) De acuerdo al art. 265.II del CPC, se establece que al momento de la emisión del Auto de Vista 140/2021 que anuló obrados, no se vulneró el derecho al debido proceso denunciado; toda vez que, el accionante al contestar el recurso de apelación se circunscribió a los puntos resueltos por el Juez a quo, sin hacer referencia a la transgresión de la ley sustantiva y adjetiva; ii) El art. 1007.II del CC, establece que: “Los Herederos sean de cualquier clase, continúa la posesión de su causante desde que se abre la sucesión sin embargo Los Herederos simplemente legales y los testamentarios así como el estado deberán pedir judicialmente la entrega de la posesión…” (sic); y, iii) Al momento de interponer el recurso de apelación no era necesario presentar la declaratoria de herederos para entrar en posesión de la herencia o representar a la de cujus; solicitando de esa manera, se deniegue la tutela solicitada. Renato Fernando y Ronald, ambos Suárez Rodríguez, no asistieron a la audiencia de la presente acción de defensa, pese a su legal notificación cursante a fs. 35 y 36.
La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, mediante Resolución 113/2021 de 5 de octubre, cursante de fs. 139 a 143 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 140/2021 y la emisión de un nuevo fallo sin sorteo previo; en base a los siguientes fundamentos: a) El ahora accionante a tiempo de contestar al recurso de apelación formulado contra el Auto Definitivo 60/2021, hizo referencia a que los apelantes -terceros interesados-, no contaban con legitimación activa para actuar dentro de la causa, aunque habrían acreditado ser hijos de la de cujus, más no así copropietarios del inmueble; asimismo señaló que el Auto Supremo 44/2018, disponía que todas las personas que pudieran ser afectadas con la sentencia que se dictaría dentro del proceso ordinario de anulabilidad de contrato, debían ser integradas al litigio; b) A través del Auto de Vista 140/2021, los Vocales ahora demandados, anularon obrados hasta “fs. 1124”, disponiendo dictar nuevo fallo en el que emplacen a incluir en la demanda a todas las personas indicadas en el Auto Interlocutorio 276/2019 de 5 de noviembre; empero, sin considerar que la sanción del art. 247.I.1 del CPC no era aplicable al caso, porque se ordenó de oficio la integración de otros sujetos que no estaban señalados en la pretensión principal, mismo que no fue a requerimiento de alguna de las partes; c) Se indicó que la carga de la citación es exigible, siempre y cuando se hubiera señalado en la demanda principal, caso contrario no lo es, siendo inválida la integración de terceras personas a la litis, extremo que generó confusión acerca de la extinción del proceso; y, d) Que, al haberse alegado la lesión del debido proceso en su componente congruencia, señalando que el Auto de Vista 140/2021, resultaría ser incongruente, toda vez que los Vocales accionados no se pronunciaron respecto a todos los puntos de agravio denunciados en el memorial de contestación al recurso de apelación interpuesto en la causa principal por los ahora terceros interesados, se evidencia que las autoridades ahora demandadas omitieron emitir criterio respecto a todos los aspectos señalados en la contestación, particularmente sobre la falta de legitimación activa de los ahora terceros interesados por no contar los mismos con la calidad de copropietarios del inmueble, toda vez que, su derecho propietario al no estar registrado en la Oficina de DD.RR., es expectaticio, por lo tanto, no es oponible frente a terceros, conculcando con ello, el derecho denunciado.
Mediante decreto constitucional de 9 de agosto de 2022, cursante a fs. 153, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 22 de agosto de 2023, cursante a fs. 1599; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 8 de marzo de 2021, Zenón Marín Mollo -ahora accionante-, solicitó al Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, la declaratoria de extinción del proceso por inactividad procesal, argumentando que desde que se hubo integrado a la litis a otros sujetos que tuvieron en su oportunidad posesión del inmueble, éstos no fueron notificados por más de siete meses (fs. 19 a 22 vta.). II.2. Por Auto Definitivo 60/2021 de 18 de marzo, el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, declaró: “…LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA, por el incumplimiento de la parte actora con su obligación de dar continuidad al proceso” (sic [fs. 17 a 18]). II.3. A través de memorial de 16 de abril de 2021, Jacqueline, Luis Alberto, Renato Fernando y Ronald, todos Suárez Rodríguez -ahora terceros interesados-; y, Jonathan Suárez Balcázar, en calidad de copropietarios, interpusieron recurso de apelación contra el Auto Definitivo 60/2021, dictado por el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, señalando que de su parte nunca existió inactividad procesal, ya que lo ordenado en el Auto Supremo 44/2018 de 14 de febrero fue cumplido a cabalidad, solicitando revocar totalmente el citado Auto Definitivo (fs. 13 a 16 vta.). II.4. Cursa memorial de contestación al recurso de apelación, de 4 de mayo de 2021, por el cual el impetrante de tutela señaló que los apelantes -ahora terceros interesados-:
…En el caso de autos los Sres. JACQUELINE, RONALD, LUIS ALBERTO y RENATO FERNANDO, todos SUAREZ RODRIGUEZ y JONATHAN SUAREZ BALCAZAR no han acreditado mediante documentación idónea (Declaratoria de Herederos) la legitima sucesión de los mismos en relación a su progenitora NELVA RODRÍGUEZ SANTA CRUZ VDA. DE SUÁREZ, puesto que si bien tienen la vocación hereditaria hasta y en cuanto no se demuestre positivamente su Aceptación de la Herencia no han adquirido la herencia, careciendo, por consiguiente, de legitimación activa para continuar con la presente acción. Por los argumentos expuestos y dado el hecho de que se encuentra probada la defunción de la demandante, Sra. NELVA RODRÍGUEZ SANTA CRUZ VDA. DE SUÁREZ, corresponde a sus Probidades instaurar el inicio del trámite de sucesión procesal conforme a las reglas procesales establecidas en el Art. 31 del C.P.C. a efecto de resguardar el derecho al debido proceso que tienen los posibles sucesores de la demandante Sra. NELVA RODRÍGUEZ SANTA CRUZ VDA. DE SUÁREZ, pero como hasta la fecha solo han demostrado su vocación hereditaria solicito declare INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO (sic [fs. 5 a 12 vta.]). II.5. Consta Auto de Vista 140/2021 de 13 de agosto, por el cual Roberto Ismael Nacif Suarez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni -autoridades ahora accionadas-, anularon obrados hasta “fs. 1124”, disponiendo la emisión de un nuevo fallo, donde se emplace a la parte demandante a incluir en su demanda a todas las personas indicadas en el Auto Interlocutorio 276/2019 de 5 de noviembre (fs. 3 a 4).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia; por cuanto, dentro del proceso civil de anulabilidad de contrato, seguido a instancias de Nelva Rodríguez Santa Cruz Vda. de Suárez (fallecida) en su contra y de otros, solicitó ante el Juez de la causa la declaratoria de extinción del proceso por inactividad procesal, quien mediante el Auto Definitivo 60/2021 de 18 de marzo, dio curso a lo solicitado; sin embargo, al ser apelado dicho fallo por los hijos de la de cujus, los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 140/2021 de 13 de agosto, admitieron el recurso de apelación y anularon obrados, empero, sin dar respuesta a todas sus peticiones expuestas en su memorial de respuesta al indicado recurso, en el que principalmente se cuestionó la falta de legitimación activa de los hijos de la de cujus para actuar en el proceso e interponer el recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.
Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in idem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención al principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, en cuanto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las 1 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 2 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, su valoración, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
3 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC),
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia; por cuanto, dentro del proceso civil de anulabilidad de contrato, seguido a instancias de Nelva Rodríguez Santa Cruz Vda. de Suárez (fallecida) en su contra y de otros, solicitó ante el Juez de la causa la declaratoria de extinción del proceso por inactividad procesal, quien mediante el Auto Definitivo 60/2021 de 18 de marzo, dio curso a lo solicitado; sin embargo, al ser apelado dicho fallo por los hijos de la de cujus, los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 140/2021 de 13 de agosto, admitieron el recurso de apelación y anularon obrados, empero, sin dar respuesta a todas sus peticiones expuestas en su memorial de respuesta al recurso de apelación en el que, principalmente se cuestionó la falta de legitimación activa de los hijos de la de cujus para actuar en el proceso e interponer el recurso de apelación. De los antecedentes descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el accionante mediante memorial de 8 de marzo de 2021, solicitó al Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, la declaratoria de extinción del proceso por inactividad procesal por falta de notificación de los sujetos que fueron integrados a la litis, por más de siete meses (Conclusión II.1), mereciendo el Auto Definitivo 60/2021; por el cual, el mencionado Juez declaró la extinción de la causa (Conclusión II.2). Posteriormente, a través de memorial los ahora terceros interesados, interpusieron recurso de apelación contra el referido Auto Definitivo (Conclusión II.3). Por memorial de contestación al recurso de apelación, el impetrante de tutela señaló que los apelantes -terceros interesados-, no tenían legitimación activa en la causa, toda vez que, al fallecimiento de su madre Nelva Rodríguez Santa Cruz Vda. de Suárez, éstos no hubieran tramitado la declaratoria de herederos, menos haber demostrado ser copropietarios del inmueble objeto de la litis principal, demostrable con registro por ante la Oficina de DD.RR. (Conclusión II.4). Finalmente por Auto de Vista 140/2021, los Vocales accionados, anularon obrados hasta fs. “1124” y dispusieron la emisión de un nuevo fallo, emplazando a la parte demandante a incluir en su demanda a todas las personas indicadas en el Auto Interlocutorio 276/2019 de 5 de noviembre (Conclusión II.5). Con lo descrito, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación de la problemática realizada precedentemente, en ese sentido se tiene que:
De la verificación del memorial de la presente acción de defensa se tiene que el demandante de tutela refirió que al momento de contestar al recurso de apelación el 4 de mayo de 2021, en cuanto a sus agravios -objeto de esta acción tutelar-, argumentó que los entonces apelantes, ahora terceros interesados, cuando plantearon el indicado recurso, no acreditaron a través de documentación idónea la legítima sucesión de derechos en relación a su progenitora Nelva Rodríguez Santa Cruz Vda. de Suárez, como es la declaratoria de herederos, tampoco su condición de copropietarios del inmueble con registro en la Oficina de DD.RR., careciendo los mismos de legitimación activa en la causa; asimismo, refirió que si bien habrían demostrado su vocación hereditaria al ser hijos de la de cujus, empero, no acreditaron haber aceptado la herencia mediante documento idóneo, lo que conllevó a que el Auto de Vista 140/2021, fuera dictado omitiendo pronunciarse sobre cuestiones que son materia de expresión de agravios expuestos en la contestación del recurso de apelación, el cual se encuentra reflejado en el desarrollo de la Conclusión II.4, que describe:
…En el caso de autos los Sres. JACQUELINE, RONALD, LUIS ALBERTO y RENATO FERNANDO, todos SUAREZ RODRIGUEZ y JONATHAN SUAREZ BALCAZAR no han acreditado mediante documentación idónea (Declaratoria de Herederos) la legitima sucesión de los mismos en relación a su progenitora NELVA RODRÍGUEZ SANTA CRUZ VDA. DE SUÁREZ, puesto que si bien tienen la vocación hereditaria hasta y en cuanto no se demuestre positivamente su Aceptación de la Herencia no han adquirido la herencia, careciendo, por consiguiente, de legitimación activa para continuar con la presente acción. Por los argumentos expuestos y dado el hecho de que se encuentra probada la defunción de la demandante, Sra. NELVA RODRÍGUEZ SANTA CRUZ VDA. DE SUÁREZ, corresponde a sus Probidades instaurar el inicio del trámite de sucesión procesal conforme a las reglas procesales establecidas en el Art. 31 del C.P.C. a efecto de resguardar el derecho al debido proceso que tienen los posibles sucesores de la demandante Sra. NELVA RODRÍGUEZ SANTA CRUZ VDA. DE SUÁREZ, pero como hasta la fecha solo han demostrado su vocación hereditaria solicito declare INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO (sic). A efectos de realizar la correspondiente contrastación, verificamos las respuestas otorgadas en el Auto de Vista 140/2021, emitidas por Roberto Ismael Nacif Suarez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, conforme los siguientes argumentos:
…Los puntos de la apelación son los siguientes: 1. Que de su parte no habría existido inactividad procesal ya que se habría cumplido todo lo ordenado en el Auto 4472018, toda vez que el mismo no habría ordenado una litisconsorcio sino que solo habría ordenado que se integre a la Litis al primer comprador y demás personas que hayan adquirido su derecho de las transferencias descritas en la demanda. 2. Que el Art. 247 CPC no sería aplicable a este caso toda vez que la litisconsorcio habría sido promovida de oficio y no así su persona que habría dado que habría cumplido todas las actuaciones necesarias para la continuidad del proceso.
Corrida en traslado se contesta a la misma conforme a lo siguiente: 1. La parte demandante no habría visto el acta de audiencia de 19 de agosto de 2019 por la cual se habría dispuesto el cumplimiento del Auto Supremo 44/2018, por la cual se ordenó se oficie a DD.RR. y Plan Regulador se establezca cuáles serían las personas que derivan sus derechos de las matriculas cuestionadas. 2. El Auto Supremo 44/2018 sería claro al disponer la integración a la Litis, es decir la litisconsorcio, es decir del primer comprador y de las personas que hayan adquirido su derechos de las transferencias que fueron descritas en la demanda. 3. Existiendo personas de las cuales se conocía su domicilio se habría incumplido la carga de citarlos dentro del plazo que establece la ley, carga que correspondería únicamente a la parte demandante, toda vez que la citación sería un acto obligatorio que el demandante debe cumplir y si no lo hace se impone la sanción del Art. 247 CPC. Analizadas ambas posiciones se pasa a resolver en base a lo siguiente: Conviene iniciar la exposición diciendo que ciertamente la citación a la parte demandada es carga de la parte demandante; no obstante, la sanción del Art. 247-I-1 CPC no es aplicable a este caso por la razón de que lamentablemente cuando se ordenó de oficio la Litisconsorcio (sea por el Tribunal Supremo o por el Juez que cumplió la orden), no fue a instancia de la parte demandante, por consiguiente se actuó de forma incorrecta en la materialización de esa disposición, toda vez que, por la naturaleza del proceso civil en el cual es protagónico el principio Dispositivo, corresponde a la parte demandante indicar a quienes va demandar y si, de oficio, de ordena la integración de terceras personas inicialmente no demandadas, se debe ordenar a la parte actora que los incluya en su demanda. Solo de esa forma es exigible la carga de citación y la consiguiente sanción ante su incumplimiento, de otra forma es legítimo sostener, como lo hace en este caso la recurrente, que de su parte no se pidió el litisconsorcio y que por consiguiente no se podría imponerle la extinción del proceso por esta causa. Hecho este análisis se tiene que es inválida la forma en la que se ha operado la integración a la Litis de terceras personas en cumplimiento del Auto Supremo Nro. 44/2018, la misma ha generado esta confusión acerca de la procedencia, o no, de la extinción del proceso en este caso, la cual genera más dudas aun por el hecho de que existen otras personas que han sido citadas por edictos y que se habría cumplido en su caso la carga de la citación, surgiendo la interrogante de si es posible extinguir todo el proceso por el supuesto incumplimiento en la citación de una parte de los “demandados” Este tribunal considera necesario que se retrotraiga el tramite hasta que en la resolución de fs. 1124-1125, es decir el Auto Interlocutorio Nro. 276/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, se ordene de forma correcta la integración de todas las personas indicadas en dicha resolución, y se emplace a la parte demandante que los incluya como demandados con el cumplimiento de todos los requisitos que el Art. 110 CPC establece.
LA sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o doméstica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, conforme al Art. 218-II-4 CPC., ANULA obrados hasta fs. 1124, disponiendo que se dicte un nuevo auto en el que se emplace a la parte demandante a incluir en su demanda a todas las personas indicadas en el Auto Interlocutorio Nro. 276/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, bajo conminatoria de tenerse como no presentada la demanda (sic). Es pertinente señalar que según el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, éste consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. En consecuencia, se establece que los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 140/2021, en ninguna de sus partes hicieron referencia respecto a todos los puntos objeto de la contestación del recurso de apelación, por el cual se observó que los apelantes, ahora terceros interesados, no contaban con legitimación activa para actuar dentro de la causa, contrariando lo dispuesto por el art. 265 del CPC, el cual señala que: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación”; considerando de esa forma que los Vocales ahora demandados incurrieron en una incongruencia omisiva, puesto que solo se remitieron a considerar determinados agravios, entre ellos, que el Juez a quo, de manera oficiosa, dispuso la incorporación a la litis de terceras personas ajenas que en su oportunidad no fueron señaladas en la demanda principal, así como su proceso de notificación; sin embargo, omitieron pronunciarse respecto a la falta de legitimación activa de los apelantes, por no haber acreditado su legítima sucesión respecto de su progenitora, para continuar con la causa (Conclusión II.4); demostrándose de esta manera que por intermedio del indicado fallo los Vocales ahora accionados no consideraron todos los agravios reclamados, que se encuentran plenamente descritos en la contestación del recurso de apelación de 4 de mayo de 2021, obviando verificar que los ahora terceros interesados no acreditaron mediante documentación idónea la legítima sucesión de derechos al fallecimiento de su progenitora Nelva Rodríguez Santa Cruz Vda. de Suárez, 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
como es la declaratoria de herederos, menos demostraron su condición de copropietarios del inmueble con registro en la Oficina de DD.RR.; por ello, los mismos carecerían de legitimación activa en la causa; motivo por el cual esta jurisdicción constitucional considera que lo denunciado por el peticionante de tutela es evidente, tomando en cuenta que no existe relación entre lo solicitado y lo resuelto, contrario al razonamiento de la congruencia externa, el cual señala que toda determinación judicial que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes; y lo resuelto por las autoridades judiciales y/o administrativas, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando, en consecuencia, su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; pudiendo ser lo resuelto de manera positiva o negativa, menos incurrir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes, que en el caso resulta ser contrario a los intereses del ahora accionante; motivo por el cual corresponde conceder la tutela en cuanto a la congruencia reclamada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 113/2021 de 5 de octubre, cursante de fs. 139 a 143 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del departamento del Beni; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada conforme los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer que los Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el plazo de cuarenta y ocho horas de conocer el presente fallo constitucional, emita un nuevo Auto de Vista si es que hasta la fecha no lo hubiera hecho, en el que se considere y se pronuncie respecto a legitimación pasiva de los sucesores de la de cujus y su acreditación posesional respecto al bien inmueble objeto de la litis. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1013_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 69881de99f0ae9adf3be253db2982f7d63bb7866e56b4317da43f34464a8f390
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