B.IA.LEGAL

SCP 1012/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54528-2023-110-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso su detención preventiva, por ello es que para solicitar la cesación a la detención preventiva necesita recabar nuevos elementos, situación que le motivó a solicitar al Fiscal de Materia especializado en delitos de tráfico de sustancias controladas, para que requiera al Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, a objeto de que otorgue fotocopias legalizadas de la Sentencia 029/2018, del mandamiento de libertad, asimismo emita certificación sobre la ejecutoria de la sentencia, “…si dicha sentencia esta ejecutoriada, si esta fue cumplida por mi representado, cuando fue cumplida y si el mandamiento de libertad emanado en favor del mismo fue ejecutado…” (sic). […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AL-08/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional y en los mismos términos dispositivos de la Sala Constitucional, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante; y, 2° Se llama la atención al Secretario demandado, con la advertencia que, si nuevamente incurre en actos dilatorios en el trámite de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La oportunidad procesal para el retiro y desistimiento de la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. La acción de libertad innovativa
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1012/2025-S1 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 54528-2023-110-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AL-08/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Francisco Javier Mena Soruco en representación sin mandato de Sergio Bares Canedo contra Cesar Ariel Rioja Bustamante, Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de marzo de 2023, a fs. 1 y 5 a 8, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el 22 de diciembre de 2022, la Fiscalía emitió resolución de imputación formal en su contra, sustanciándose la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 23 de igual mes y año, y mediante auto interlocutorio la autoridad jurisdiccional dispuso la medida cautelar de última ratio de la detención preventiva a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de Cochabamba, resolución que a pesar de haber sido revocada en apelación incidental, “…los Vocales de la Sala Penal…” (sic); mantuvieron la medida cautelar de detención preventiva, al establecer que se tenía por acreditada la probabilidad de autoría y la concurrencia del riesgo de fuga inserto en el núm. 7) del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por tener sentencia condenatoria ejecutoriada en otro proceso. Con el objeto de acumular nuevos elementos de prueba y poder solicitar audiencia de cesación a la detención preventiva, se requirió al Fiscal de Materia, en aplicación de los dispuesto por los arts. 218 y 306 del CPP, se sirva requerir la notificación al Secretario ahora demandado, a objeto que otorgue fotocopias legalizadas de la Sentencia 029/2018, del mandamiento de libertad y emita una certificación informando “…si dicha sentencia esta ejecutoriada, si esta fue cumplida por mi representado, cuando fue cumplida y si el mandamiento de libertad emanado en favor del mismo fue ejecutado…” (sic); en respuesta a lo impetrado el Fiscal de Materia, emitió requerimiento de 7 de marzo de 2023, disponiendo se notifique a dicho funcionario judicial a objeto que cumpla con lo solicitado, en un plazo prudente; dicho requerimiento fue notificado al ahora demandado en fecha 14 de marzo de 2023, es decir hace nueve días, pero lamentablemente pese a que personal de la oficina jurídica que lo asesora asistió a dicho juzgado en más de seis oportunidades, no ha dado cumplimiento a dicho requerimiento fiscal, alegando que el expediente se habría extraviado, después de que estuviese archivado y finalmente, ya no otorga ningún tipo de explicación al respecto.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Que el Secretario ahora demandado cumpla de manera inmediata con lo requerido por la autoridad fiscal, mediante requerimiento de fecha 7 de marzo de 2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración a la presente acción de libertad se realizó el 24 de marzo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 16 a 17, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliando sus argumentos en audiencia, señaló que: 1) El “día de ayer” después de presentar la acción de libertad, ha sido contactado por el ahora demandado, informándole que ya habría encontrado el expediente de la causa y que hubiera dado cumplimiento al requerimiento fiscal, en ese entendido hubiera emanado la certificación impetrada, la misma que hubiese sido enviada en ese momento a su persona a través de una fotografía y recogida por uno de los asistentes de la oficina; asimismo, la copia legalizada de la sentencia que fue requerida por la autoridad fiscal; en ese entendido, el “día de hoy” ya se hubiese reparado la lesión extrañada al debido proceso y tampoco se estaría coartando de manera ilegal el derecho a la libertad, toda vez que ya cuenta con los elementos para solicitar la cesación a la detención preventiva, no encontrándose en indefensión, en ese sentido pone a consideración lo vertido para su consideración.

I.2.2. Informe del funcionario demandado

Cesar Ariel Rioja Bustamante, Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, por informe escrito, de fs. 11 y vta., manifestó lo siguiente: i) Habiendo sido notificado con el memorial de 3 de marzo de 2023 y el requerimiento fiscal de 7 del mismo mes y año, en fecha 14 del citado mes y año, en el cual solicitaba una copia legalizada de la Sentencia 029/2018 y del mandamiento de libertad, sin mencionar el “código del proceso” del cual solicita las copias legalizadas, ni el informe; empero, de la revisión minuciosa de todos los procesos del juzgado, dentro de lo humanamente posible, entre los cuales se encontró el expediente con Número Único de Registro Judicial (NUREJ) 30126905, el cual al revisar advierte que se encontraba en prearchivo, pudo verificar que el proceso cuenta con una sentencia ejecutoriada y se remitió los actuados al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, también verificó que no consta ningún mandamiento de libertad y una vez encontrado “el proceso” se remitió lo solicitado ante el Fiscal solicitante; y, ii) La parte interesada se apersonó ante el despacho judicial tres veces, y el “día de ayer” 23 de marzo de 2023, se le indicó que buscaría al medio día y que se tendría respuesta a primera hora de la tarde, ya que no se contaba con el NUREJ, que luego accedió. Por lo que requiere se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, a través de la Resolución AL-08/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 18 a 21, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) En lo esencial, los cuestionamientos denunciados en la demanda como el hecho de que han transcurrido más de nueve días en la emisión de los actuados, puso en conocimiento que dichas actuaciones han sido ordenadas por el Fiscal de Materia asignado al caso y es en función a ello que la parte accionante previamente debe acudir y denunciar ante esa autoridad Fiscal, mencionando las vulneraciones que considera se estuviesen ocasionando a su persona y más aún si la propia autoridad fiscal conmina al funcionario que en caso de no otorgarse dichos actuados en el plazo prudente se aplicará lo establecido en los arts. 160 y 161 del Código Penal (CP); b) Esta acción de defensa, que conforme se encuentra claramente establecido en diferentes líneas jurisprudenciales, se la utiliza por la urgencia de la situación, configurándose como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados, al existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido; deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en esos casos la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos vulnerados a pesar de haberse agotado estas vías específicas; c) Una vez agotado ese medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, el impetrante de tutela recién tendrá la posibilidad de acudir a la jurisdicción constitucional para el restablecimiento de sus derechos, por medio de la presente acción de libertad, la cual no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección ni como una instancia adicional en el proceso, pues ello desnaturalizaría su esencia; y, d) El funcionario judicial ahora demandado ha incurrido en demora al dar una respuesta al requerimiento fiscal, ya que reconoce en su informe el tiempo transcurrido y pretende justificar su accionar en el sustento de que no se encontraba el proceso, en consecuencia llama severamente la atención al funcionario judicial, quien debe observar el fiel cumplimiento a las atribuciones conferidas por la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 3 de marzo de 2023, suscrito por Sergio Bares Canedo -ahora accionante-, dirigido al Fiscal de Materia especializado en delitos de tráfico de sustancias controladas de la ciudad de Cochabamba, solicitando que se notifique al Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, para que, por secretaria franqueen fotocopias legalizadas de la Sentencia 029/2018 y del mandamiento de libertad. Asimismo, informe y/o certifique lo siguiente: “… 1) Si la prenombrada sentencia, esta ejecutoriada; 2) Si esta ha sido cumplida por mi persona y cuando ha sido cumplida la condena de la misma; 3) Si el mandamiento de libertad ha sido ejecutado y su esto es así cuando se ejecutó” (sic [fs. 2 y vta.]) II.2. Consta Decreto emitido por el Fiscal de Materia el 7 de marzo de 2023, señalando lo siguiente:

“A LO PRINCIPAL.- Se tiene presente. AL 1.- NOTIFÍQUESE A LA SECRETARIA DEL JUZGADO PENAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS LITIGAGOR Y SENRENCIA N° 5 DE LA CAPITAL DE COCHABAMBA, a fin de que franquee fotocopias legalizadas de la sentencia N° 029/2018 y del mandamiento de libertad. Asi mismo informe y/o certifique los siguientes puntos 1), 2) y 3) sea conforme al memorial que antecede, debiendo esta parte proveer con los recaudos de ley, que debe entregarse en el plazo prudente, de su legal notificación bajo alternativa de aplicarse los art. 160 y 161 del Código Penal por desobediencia a la autoridad y por impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones. AL OTROSÍ.- En merito a las modificaciones de la Ley 1173, notifíquese en el portafolio digital del caso sistema de Justicia Libre, debiendo realizar seguimiento bajo su responsabilidad” (sic [fs. 3]) II.3. Cursa informe de 23 de marzo de 2023, suscrito por el Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, dirigido al Fiscal de Materia, en cumplimiento al requerimiento fiscal de 7 de marzo de 2023 (fs. 12)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso su detención preventiva, por ello es que para solicitar la cesación a la detención preventiva necesita recabar nuevos elementos, situación que le motivó a solicitar al Fiscal de Materia especializado en delitos de tráfico de sustancias controladas, para que requiera al Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, a objeto de que otorgue fotocopias legalizadas de la Sentencia 029/2018, del mandamiento de libertad, asimismo emita certificación sobre la ejecutoria de la sentencia, “…si dicha sentencia esta ejecutoriada, si esta fue cumplida por mi representado, cuando fue cumplida y si el mandamiento de libertad emanado en favor del mismo fue ejecutado…” (sic). Con dicho requerimiento el ahora demandado fue notificado el 14 de marzo de 2023, transcurriendo nueve días sin que el mismo responda el requerimiento fiscal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La oportunidad procesal para el retiro y desistimiento de la acción de libertad; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 4) La acción de libertad innovativa; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. La oportunidad procesal para el retiro y desistimiento de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0319/2018-S2 de 9 de julio, asumió el siguiente razonamiento:

La oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas:

a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales-ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada. La citada SCP 0103/2012, entiende que a pesar de que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos, en el marco de las obligaciones del Estado.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, realizó el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser 2El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 3El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.4. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial. El Tribunal Constitucional, en la SC 0092/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.

Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio , se recondujo el 10El FJ III.2, indica: “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”.

11El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.

12El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad. En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero. - Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo. - En los casos, en que, presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero. - En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. Luego, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras.

tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…) El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”.

13 El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1 establece:

“…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos”. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.5. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso su detención preventiva, por ello es que para solicitar la cesación a la detención preventiva necesita recabar nuevos elementos, situación que le motivó a solicitar al Fiscal de Materia especializado en delitos de tráfico de sustancias controladas, para que requiera al Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, a objeto de que otorgue fotocopias legalizadas de la Sentencia 029/2018, del mandamiento de libertad, asimismo emita certificación sobre la ejecutoria de la sentencia, “…si dicha sentencia esta ejecutoriada, si esta fue cumplida por mi representado, cuando fue cumplida y si el mandamiento de libertad emanado en favor del mismo fue ejecutado…” (sic). Con dicho requerimiento el ahora demandado fue notificado el 14 de marzo de 2023, transcurriendo nueve días sin que el mismo responda el requerimiento fiscal.

Con carácter previo, corresponde precisar en cuanto al retiro de la acción tutelar efectuado por el impetrante de tutela mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2023, y ratificada en la audiencia tutelar desarrollada el mismo día de la presentación del memorial señalado, esta petición no resulta atendible; toda vez que, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, se estableció que el retiro o desistimiento de la acción de libertad, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública; de modo que, en el caso concreto, al haber efectuado esta solicitud de forma posterior al Auto de admisión, no corresponde su viabilidad. De la revisión del legajo constitucional se tiene que el peticionante de tutela, solicitó al Fiscal de Materia especializado en delitos de tráfico de sustancias controladas de Cochabamba, requerimiento fiscal para el Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, para que por secretaría franquee fotocopias legalizadas de la Sentencia 029/2018, y del mandamiento de libertad, asimismo certifique si la sentencia esta ejecutoriada, si ha sido cumplida y si el mandamiento de libertad ha sido ejecutado, información que servirá como nuevos elementos para solicitar audiencia de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.1); el Fiscal de Materia, se pronunció a través del decreto de 7 de marzo de 2023, disponiendo que se notifique al Secretario ahora demandado, para que brinde las fotocopias solicitadas y certifique los tres puntos señalados en el memorial (Conclusión II.2); y, en fecha 23 de marzo de 2023, el Secretario -ahora demandado- remitió informe al Fiscal de Materia, conteniendo las respuestas a los puntos solicitados en el requerimiento fiscal y del memorial (Conclusión II.3). Por otra parte es necesario hacer referencia al informe del demandado, quien indicó que el 14 de marzo de 2023, fue notificado con el memorial de 3 del mismo mes y año y con el requerimiento fiscal de 7 del citado mes y año, así también señala que la excusa por el cual no brindo el informe solicitado dentro del plazo prudente, es a causa de la falta de identificación del NUREJ del proceso, asimismo aclara que de las tres oportunidades que se apersonó la parte interesada, recién el día 23 de marzo de 2023 accedió al NUREJ, por lo que habiendo encontrado el expediente en prearchivo suscribió el informe, para luego ser remitido al Ministerio Público. De los antecedentes expuestos, se tiene acreditado que el solicitante de tutela presentó memorial al Ministerio Público solicitando requerimiento fiscal para el Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, para que emita fotocopias e información sobre el cumplimiento de una sentencia condenatoria, que fue recepcionada el 14 de marzo de 2023. Dicha petición fue atendida formalmente recién el 23 del referido mes y año. Según el Secretario demandado, señaló que la demora de la emisión de la certificación, es a causa de la falta del código del proceso por parte del memorial y requerimiento fiscal para facilitar dicha búsqueda. Sin embargo, esta justificación resulta inaceptable desde el punto de vista jurídico, ya que el marco normativo que regula las funciones del personal judicial establece de forma clara, que es responsabilidad del Secretario, la custodia, organización y localización eficiente de los expedientes. Así lo dispone el art. 94.1 y 8 de la LOJ, que impone la obligación de custodiar, conjuntamente y bajo responsabilidad, los expedientes y archivos de la oficina judicial; esta previsión se refuerza con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que exige mantener un inventario actualizado del proceso. En consecuencia, resulta inadmisible trasladar al accionante la carga de identificar datos que son parte de la organización interna del juzgado, máxime si la supuesta falta de inventario por parte del Secretario demandado no fue regularizada al momento del traspaso de funciones, lo que constituye otra vulneración a la normativa administrativa. En ese marco, a la fecha de celebración de la audiencia de acción de libertad -24 de marzo de 2023-, había transcurrido siete días desde la solicitud inicial, sin que el expediente haya sido ubicado ni la petición materialmente satisfecha. Ello configura una inobservancia al principio de celeridad que rige todo proceso penal y que, conforme a la doctrina constitucional reiterada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe entenderse como una dimensión concreta del derecho al debido proceso. En ese marco, el precedente constitucional contenido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional cobra especial relevancia, pues establece que la acción de libertad es procedente incluso en ausencia de una afectación directa al derecho a la libertad física, siempre que exista una amenaza indirecta derivada de irregularidades dentro del proceso penal que puedan conducir eventualmente a una restricción ilegítima de la libertad. En ese entendido, el retardo injustificado en emitir la certificación en favor del accionante, dentro de un proceso penal, más aún tratándose de información y documentación que le puede servir como elementos para solicitar la cesación a la detención preventiva, lo que puede generar indefensión y obstaculizar el ejercicio del derecho a la defensa. Esto, a su vez, puede derivar en situaciones de vulneración futura de la libertad, como en el caso presente, la imposición de alargar la detención preventiva sin una debida contradicción oportuna. Por lo tanto, bajo la lógica de la acción de libertad traslativa -que admite la protección de garantías procesales que si bien no suponen una detención ilegal actual, sí constituyen amenazas ciertas-, se habilita la tutela constitucional con el fin de restablecer el derecho fundamental vulnerado, en este caso, el derecho al debido proceso penal en su vertiente de celeridad, defensa y acceso efectivo a los antecedentes del proceso. Así también, cabe hacer referencia a que, si bien el Secretario del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Penal Quinto del departamento de Cochabamba, indicó en su informe que no se ha señalado el NUREJ y que el mismo fue encontrado en prearchivo, pues correspondía que dicho extremo sea puesto de manera inmediata en conocimiento de su autoridad jurisdiccional a fin de que esta pueda disponer las medidas necesarias para esclarecer la situación y evitar mayor afectación a los derechos del solicitante. No hacerlo, y mantener al accionante en una situación de incertidumbre durante más de cinco días sin una respuesta clara y concreta sobre el estado de su petición, configura una vulneración al principio de celeridad procesal, reconocido como uno de los pilares del debido proceso. Además, el otorgar una respuesta oportuna y precisa por parte de los funcionarios judiciales no solo garantiza el ejercicio efectivo del derecho de petición, sino que también permite a la parte interesada adoptar oportunamente las acciones que considere pertinentes en resguardo de sus intereses, contexto que demanda una mayor diligencia institucional. Por lo que el actuar del Secretario demandado, se encuentra previsto conforme a los Fundamentos Jurídicos III.3 del presente fallo constitucional. Así, conforme al bloque de constitucionalidad, se concluye que la acción de libertad planteada es procedente, dado que el incumplimiento de una orden emanada por una autoridad, la desorganización interna del juzgado y la falta de respuesta material a una solicitud procesal lícita, constituyen una forma de inobservancia de los principios y garantías fundamentales que rigen la función jurisdiccional. Finalmente, si bien el Secretario demandado dio cumplimiento a la orden del Ministerio Público antes de la realización de la audiencia de acción de libertad, este Tribunal -en coherencia con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional-, considera que no corresponde convalidar una lesión a derechos fundamentales mediante un cumplimiento extemporáneo; por cuanto, el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente el de la libertad personal, no puede quedar sujeto al arbitrio o a la discrecionalidad de las autoridades administrativas, resultando necesario establecer un precedente respecto a la obligación de las autoridades de acatar de forma inmediata las órdenes emanadas por una autoridad, exhortándole a no incurrir en conductas contrarias al orden constitucional, las cuáles podrían ser objeto de responsabilidad administrativa o penal. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AL-08/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional y en los mismos términos dispositivos de la Sala Constitucional, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante; y, 2° Se llama la atención al Secretario demandado, con la advertencia que, si nuevamente incurre en actos dilatorios en el trámite de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sistematizó toda la línea jurisprudencial, sobre la posibilidad y oportunidad de desistir o retirar la acción de libertad, que pueden resumirse así: i) No se admite el retiro ni el desistimiento de la acción de libertad -SSCC 0188/2004-R de 9 de febrero y 0929/2003-R de 3 de julio, entre otras-; ii) No es posible el retiro ni el desistimiento después de admitida la acción de libertad -por todas, la SC 0031/2005-R de 10 de enero-; y, iii) No es posible desistir ni retirar la acción de libertad, cuando hubo cesación del acto lesivo -por todas, las SSCC 1425/2011-R de 10 de octubre y 1229/2010-R de 13 de septiembre-.

4 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”. 9El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa lailegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1012_2025-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 949e83fd2099ce6558b1aa6349d5b18d9e5b19e2bedb7fa87841534a70bf42e9

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