Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de junio de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° En cuanto al expediente 53478-2023-107-AL, CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 2° En cuanto al expediente 54404-2023-109-AL, CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 20 de enero de 2023, cursante de fs. 289 a 291 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 3° En cuanto al expediente 54923-2023-110-AL, CONFIRMAR la Resolución 020/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 39 vta. a 42, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 4° En cuanto al expediente 58383-2023-117-AL, CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 5° En cuanto al expediente 58731-2023-118-AL, CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 22 de agosto, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1011/2026-S2 Sucre, 18 de junio de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acciones de libertad Expedientes acumulados por conexitud según el Auto Constitucional 102/2026-CA/S-“B” de 23 de marzo Expedientes: 53478-2023-107-AL (La Paz) 54404-2023-109-AL (Santa Cruz) 54923-2023-110-AL (Potosí) 58383-2023-117-AL (Cochabamba) 58731-2023-118-AL (La Paz) En revisión: a) La Resolución 27/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esteban Alberto Quispe Valeriano contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz (53478-2023-107-AL); b) En revisión la Resolución 02/23 de 20 de enero de 2023, cursante de fs. 289 a 291 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Juan Campero Moreno en representación sin mandato de Gary Gonzales Borda contra Margoth Vargas Jordán y Félix Gerardo Balderas Arteaga, Fiscales de Materia (54404-2023-109-AL); c) La Resolución 020/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 39 vta. a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Ángel Porco Colque contra Omar Alberto Anagua Cuiza, Fiscal de Materia (54923-2023-110-AL); d) La Resolución 04/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Gualberto Soria Galvarro Cardona en representación sin mandato de Roberto Mario Daniel Ortiz Aramayo contra Elena Veizaga Mollinedo, Jueza de Instrucción contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba (58383-2023-117-AL); y, e) La Resolución 30/2023 de 22 de agosto, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Gumercindo Carrillo Aruquipa en representación sin mandato de Lucio Carlitos Huanca Gutiérrez contra Daniel Portales Barja, Fiscal de Materia; y, Efraín Cadena Mamani y Wilber Vicente Álvarez Pérez, funcionarios policiales (58731-2023-118-AL).
En el expediente 53478-2023-107-AL, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Ministerio Público solicitó la ampliación de su detención preventiva por el plazo de treinta días, extremo que fue atendido por el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio 95/2023 de 25 de enero, que dispuso dar curso a dicha ampliación, sin considerar que la víctima presentó desistimiento y su persona acreditó elementos como domicilio, trabajo lícito, la inexistencia de antecedentes penales o de violencia, además del Informe Psicológico de 22 de noviembre de 2022 emitido por la Psicóloga del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -que establecería que no presenta conductas agresivas-, lo que vulnera los derechos invocados. En el expediente 54404-2023-109-AL, el accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a ser oído, a la garantía del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y de los principios de seguridad jurídica y celeridad; toda vez que, los Fiscales de Materia demandados dispusieron su aprehensión luego de prestar su declaración informativa, sin que exista control jurisdiccional en la causa penal de origen, pues, si bien esta recayó a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz de manera anterior a su declaración, al momento de su privación de libertad se encontraba de vacación, sin que el proceso penal hubiese sido remitido al Juez de Instrucción Penal de Turno, pues no existían detenidos preventivamente en esa oportunidad. En el expediente 54923-2023-110-AL, el accionante denuncia la lesión de sus derechos a la presunción de inocencia, a la defensa, a la libertad y de la garantía del debido proceso; toda vez que, pese a que se presentó de manera voluntaria y espontánea en instalaciones del Ministerio Público, la autoridad Fiscal demandada, en aplicación de lo establecido en el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), emitió orden de aprehensión en su contra, sin cumplir los presupuestos relativos a la legalidad formal y material de la aprehensión y sin que se le notificara para su declaración informativa; por lo que, se encuentra indebidamente detenido; puesto que, no existe motivo fundado para mantener la ejecución de dicha medida. En el expediente 58383-2023-117-AL, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a la garantía del debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 16 de agosto de 2023, la Jueza demandada dispuso su detención preventiva, bajo una actuación parcializada -a su criterio-, al sugerir actos investigativos a la víctima y fundamentar su decisión en conjeturas formuladas por ésta, las cuales habrían sido asumidas como ciertas; asimismo, la imposición de la medida extrema se sustentó en la concurrencia de un solo riesgo procesal, lo que vulnera los derechos invocados. En el expediente 58731-2023-118-AL, el accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad -por persecución indebida-; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, emitió mandamiento de aprehensión y de allanamiento a su domicilio, bajo el fundamento de su inasistencia a una audiencia de medidas cautelares, la cual no le fue notificada, ni a él o a su abogado; en ese contexto, el Fiscal de Materia demandado, acompañado de aproximadamente diez efectivos policiales -entre ellos los funcionarios policiales codemandados-, ingresaron a su domicilio, accediendo a cada una de las habitaciones, incluso a las ocupadas por sus inquilinos, llegando a precintarlas sin que tal medida hubiera sido expresamente dispuesta por la autoridad jurisdiccional, configurándose la ejecución de medidas de hecho que inciden directamente en su derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II- de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, se procedió al sorteo de las presentes causas 53478-2023-107-AL (fs. 105 a 107); 54404-2023-109-AL (fs. 298 a 300); y, 54923-2023-110-AL (fs. 46 a 48). Por otro lado, mediante Auto Constitucional 102/2026-CA/S-"B" de 23 de marzo, Comisión de Admisión de este Tribunal dispuso la acumulación de los expedientes: 53478-2023-107-AL (fs. 103 a 113); 54404-2023-109-AL (fs. 304 a 308); 54923-2023-110-AL (fs. 50 a 54); 58383-2023-117-AL (fs. 35 a 39); y, 58731-2023-118-AL (fs. 49 a 53); en razón a que comparten una temática en común; consecuentemente, en cumplimiento a tal determinación, se procede a emitir la presente Sentencia Constitucional Plurinacional con la respectiva acumulación de causas.
El art. 125 de la Constitución Política Estado (CPE) establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…) …únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas son nuestras). Complementando dicho entendimiento, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció como uno de los tres supuestos de improcedencia de esta acción de defensa allí desarrollados: “Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…” (el subrayado nos corresponde).
III.2.1. En el expediente 53478-2023-107-AL, el accionante denuncia que el Juez demandando, mediante Auto Interlocutorio 95/2023 de 25 de enero, dispuso la ampliación de su detención preventiva requerida por el Ministerio Público, sin considerar que la víctima del hecho presentó desistimiento, su persona acreditó domicilio, trabajo lícito, la inexistencia de antecedentes penales o de violencia; además de adjuntar Informe Psicológico de 22 de noviembre de 2022, el cual establecería que no presenta conductas agresivas.
La acción de libertad es un mecanismo excepcional para proteger la libertad física frente a restricciones ilegales o arbitrarias; por lo que, no sustituye los recursos ordinarios, debiendo observarse el principio de subsidiariedad cuando exista un medio idóneo y eficaz conforme se refiere en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En el proceso penal, las resoluciones sobre detención preventiva son impugnables mediante apelación incidental según establece el art. 251 del CPP, que constituye la vía adecuada para cuestionar su fundamentación, valoración probatoria y presupuestos. En el caso analizado, se advierte que el impetrante de tutela, pese a encontrarse legalmente habilitado para interponer el referido recurso contra el Auto Interlocutorio 95/2023, que dispuso la ampliación de su detención preventiva, no hizo uso de dicho medio de impugnación, pretendiendo que a través de la presente acción de libertad se revise la corrección de la decisión jurisdiccional, lo cual resulta improcedente, al no evidenciarse una restricción manifiestamente ilegal o arbitraria que justifique la intervención excepcional de la justicia constitucional. En consecuencia, al existir un medio ordinario idóneo que no fue oportunamente activado por el peticionante de tutela, corresponde denegar la acción de libertad, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, en aplicación del principio de subsidiariedad. III.2.2. En el expediente 54404-2023-109-AL, el peticionante de tutela denuncia que los Fiscales de Materia demandados dispusieron su aprehensión luego de prestar su declaración informativa, sin que exista control jurisdiccional en la causa al momento de su privación de libertad.
De la revisión de antecedentes se advierte que, si bien el accionante fue aprehendido en sede fiscal, también se tiene que el proceso penal fue puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente, habiéndose presentado imputación formal el 19 de enero de 2023 ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, autoridad que asumió el control jurisdiccional en suplencia legal por vacación del Juez natural de la causa, fijando incluso audiencia para el 20 del mismo mes y año. Ahora bien, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuando las presuntas vulneraciones provienen de actuaciones del Ministerio Público y existe control jurisdiccional, corresponde que las mismas sean previamente reclamadas ante el juez de instrucción penal que conoce la causa, como mecanismo idóneo, eficaz y oportuno, quedando excluida la vía constitucional directa. En ese contexto, no se evidencia que el accionante hubiera acudido ante el juez que ejercía el control jurisdiccional -en este caso, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz- a efectos de cuestionar la legalidad de su aprehensión o los actos del Ministerio Público; omisión que, denota el incumplimiento del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad, al no haber activado previamente el mecanismo ordinario de control judicial previsto por la normativa procesal penal; asimismo, no se advierte la concurrencia de circunstancias excepcionales que permitan prescindir de la subsidiariedad. III.2.3. En el expediente 54923-2023-110-AL, el accionante cuestiona la legalidad de su aprehensión dispuesta mediante Resolución Fundamentada de Aprehensión de 28 de marzo de 2023, y ejecutada el 11 de abril del mismo año, alegando inobservancia del art. 226 del CPP; sin embargo, se advierte que existe un proceso penal en curso, con imputación formal y solicitud de detención preventiva presentada el 12 de igual mes y año, bajo control del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Potosí.
En ese contexto, las supuestas irregularidades en la actuación fiscal debían ser reclamadas ante el referido Juez de Instrucción, autoridad competente para ejercer el control jurisdiccional de la investigación y resolver la legalidad de la aprehensión; no obstante, el impetrante de tutela omitió acudir a esta vía idónea y eficaz, activando directamente la acción de libertad sin agotar los mecanismos ordinarios; situación por la cual, se incumple el principio de subsidiariedad conforme se refiere en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
III.2.4. En el expediente 58383-2023-117-AL, el accionante, a través de su representante sin mandato, cuestiona la razonabilidad de la medida extrema dispuesta en su contra, alegando que la misma se sustentó en conjeturas de la víctima y en la concurrencia de un solo riesgo procesal, lo que evidenciaría la inexistencia de base legal para su procedencia.
Empero, de la revisión del acta de audiencia de medidas cautelares celebrada el 16 de agosto de 2023 (fs. 2 a 6 vta.), se tiene que el impetrante de tutela, además de haber formulado solicitud de enmienda, complementación y aclaración, no hizo uso del recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP; extremo que, inclusive, fue reconocido por él mismo en audiencia de garantías. En ese contexto, corresponde aplicar el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en el que se establece que la acción de libertad no procede cuando existen mecanismos idóneos, eficaces y efectivos dentro de la vía intraprocesal para la protección de los derechos denunciados, siendo el recurso de apelación contra medidas cautelares previsto en el art. 251 del citado Código un medio recursivo que reúne tales características, resultando inexcusable su activación y agotamiento previo a la interposición de la presente acción tutelar; en consecuencia, al no haber observado el accionante dicho entendimiento, corresponde denegar la tutela solicitada por aplicación del principio de subsidiariedad, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. III.2.5. En el expediente 58731-2023-118-AL, el peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el Juez de la causa emitió mandamientos de aprehensión y de allanamiento a su domicilio, bajo el fundamento de su inasistencia a una audiencia de medidas cautelares, acto que no le fue notificado ni a él ni a su abogado; en tal sentido, el Fiscal de Materia demandado, acompañado de aproximadamente diez efectivos policiales -entre ellos los funcionarios policiales codemandados-, ingresaron a cada una de las habitaciones de su domicilio, incluso a las ocupadas por sus inquilinos, procediendo a su precintado sin que dicha medida hubiera sido expresamente ordenada por la autoridad jurisdiccional, configurándose la ejecución de medidas de hecho.
Al respecto, se advierte que los agravios planteados por el accionante se encuentran vinculados a actuaciones desarrolladas dentro del proceso penal seguido en su contra, aspectos que deben ser cuestionados ante el Juez de control jurisdiccional a través de los mecanismos previstos en el Código de Procedimiento Penal; entre ellos, el incidente de nulidad de actuaciones conforme al art. 169 de la referida norma procesal, ante la supuesta falta de notificación a la audiencia de medidas cautelares, así como el control jurisdiccional de la investigación y de los actos de ejecución en el marco del art. 54.1 del citado Código, a efectos de denunciar eventuales excesos en la actuación fiscal o policial; no obstante, no se evidencia que el peticionante de tutela haya activado dichos mecanismos ante la autoridad judicial competente, limitándose a acudir directamente a la justicia constitucional. Asimismo, en cuanto a la alegación de medidas de hecho, no se acredita de manera objetiva que los actos denunciados constituyan actuaciones completamente al margen de la autoridad jurisdiccional; por cuanto, los mismos se produjeron en ejecución de mandamientos judiciales previamente emitidos, lo que excluye su consideración como actos arbitrarios desvinculados del proceso. En consecuencia, al no haberse agotado los mecanismos idóneos previstos en la vía ordinaria, ni evidenciarse una afectación directa e ilegal a la libertad al margen del control jurisdiccional, corresponde denegar la acción de libertad, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, en aplicación del principio de subsidiariedad -Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional-. En consecuencia, al no haberse activado previamente el control jurisdiccional respecto a la actuación del Ministerio Público, corresponde denegar la tutela solicitada por incumplimiento del principio de subsidiariedad, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° En cuanto al expediente 53478-2023-107-AL, CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 2° En cuanto al expediente 54404-2023-109-AL, CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 20 de enero de 2023, cursante de fs. 289 a 291 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 3° En cuanto al expediente 54923-2023-110-AL, CONFIRMAR la Resolución 020/2023 de 12 de abril, cursante de fs. 39 vta. a 42, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; 4° En cuanto al expediente 58383-2023-117-AL, CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 5° En cuanto al expediente 58731-2023-118-AL, CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 22 de agosto, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1011_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): b0cd54f046bb53d7a6428868e0dc2971f2d39bf87ccfb9e9417437cb34d6d939
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