Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025
Deniega la tutela
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de motivación y fundamentación y por falta de valoración integral de pruebas; y, a la vida; toda vez que, por acta de aprehensión por particulares de 27 de febrero de 2023, emitido por funcionarias de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de La Paz, fue aprehendida de forma ilegal y privada de su libertad de locomoción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 8/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 105 a 113, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1011/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54637-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 8/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 105 a 113, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz contra Nayda Daniela Mena Alcón, Carmen María Quina Machaca y Alejandra Mena Alcón, funcionarias de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de La Paz; Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia; y, Juan Edgar Hilari Velasco, funcionario policial.
Por memorial presentado el 28 de febrero de 2023, cursante de fs. 15 a 17, la accionante expresó lo siguiente:
Gozó de baja médica por enfermedad del 26 al 28 de febrero de 2023; toda vez que, padecía de un problema hepático al haberle diagnosticado Esteatosis Hepática Difusa y Colecititis Crónica Litiásica-MC INTOSH II. El 27 de febrero de 2023, cuando se disponía a comprar medicamentos en una farmacia ubicada en la calle Loayza de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, fue interceptada por funcionarias del Consejo de la Magistratura de La Paz, que le señalaron que tenía una orden de aprehensión y que debían conducirla a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); ante esa circunstancia, consultó el motivo y le manifestaron que existiría un proceso por incumplimiento de deberes de dos acciones de libertad que no fueron llevadas en su Juzgado el referido día, procediendo a introducirla a una movilidad sin su consentimiento, con dirección a la FELCC de esa ciudad. Señaló que, respecto a las acciones de libertad, estas debían haber sido tramitadas y desarrolladas por el Juzgado de Sentencia, Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz y no por su despacho, encontrándose en esa fecha con baja médica; extremo que se puso en conocimiento del Consejo de la Magistratura de La Paz; por lo que, sus administrativos tenían la obligación de observar los mecanismos necesarios y la celeridad correspondiente para designar a su suplente legal. Ahora bien, el 27 de febrero de 2023, a horas 15:10, el teniente Juan Edgar Hilari Velasco, la notificó para su declaración informativa a horas 16:00, y manifestó que de forma irregular, primero es aprehendida por la mañana por funcionarias del Consejo de la Magistratura de La Paz, desconociendo el motivo o la razón; y, de forma posterior en la tarde, en oficinas de la FELCC la notificaron con Orden de Citación en calidad de sindicada, a horas 15:20, instrucción emitida por el Fiscal de Materia, Tomás Choque Condori; vulnerándose sus derechos a la libertad y al debido proceso, por actuaciones irregulares.
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de motivación y fundamentación y por falta de valoración integral de pruebas; y, a la vida, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Anular el acta de aprehensión de 27 de febrero de 2023; b) Anular la notificación de 27 de febrero de igual año, con la citación por el delito de incumplimiento de deberes y evasión; c) Anular la Resolución de imputación formal por el delito de incumplimiento de deberes y retardación de justicia, CUD: 201103012300432; d) Su inmediata libertad conforme a la SCP 0909/2014 de 14 de junio; y, e) La reparación de daños civiles y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 102 a 104 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante mediante su representante sin mandato se ratificó en la acción de libertad de manera íntegra, y ampliándola señaló que la accionada fue aprehendida de forma ilegal por particulares el 27 de febrero de 2023, a horas 10:30; y, recién fue notificada con la Orden de Citación en calidad de sindicada, emitida por el Fiscal de Materia a cargo del caso, a horas 16:45. Señaló que estuvo aprehendida en las oficinas de la FELCC de forma ilegal por más de cinco horas, en este lapso de tiempo sin tener ninguna información de los motivos y de su situación legal; vulnerándose sus derechos a la libertad, al debido proceso y la vida.
Nayda Daniela Mena Alcón, Asesora Legal del Consejo de la Magistratura La Paz, mediante informe de 1 de marzo de 2023, cursante de fs. 66 a 71, señaló: 1) La aprehensión por particulares se la realizó a horas 10:31, por inmediaciones del Banco PRODEM S.A. y no así a las 8:35 en una farmacia, como fue alegado; manifestó que la accionante registró su asistencia en el sistema biométrico a horas 8:34, registrando con normalidad su ingreso al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2) En relación a que fue sometida e introducida sin su consentimiento a una movilidad, esto nunca sucedió, siendo lo verídico que efectivos policiales le solicitaron subir a la patrulla para dirigirse a las oficinas de la FELCC; ante su negativa, se convocó a agentes policiales femeninas para que realicen su conducción a esta dependencia; 3) Manifestó que la baja médica de la solicitante de tutela del 26 al 28 de febrero de 2023, fue presentada al Control de Personal del referido Tribunal Departamental de Justicia el 27 de dicho mes y año a horas 14:54, pese a que la misma habría marcado a horas 8:34, conforme se tiene del reporte de asistencia de esa fecha; 4) La designación de suplencias es ordenada por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y de forma posterior se pone a conocimiento del Consejo de la Magistratura de La Paz; esta suplencia no es determinada en el día, sucediendo casos que incluso después de dos semanas son asignadas; 5) La designación de suplencias no es una atribución del Consejo de la Magistratura de La Paz; 6) La peticionante de tutela tiene otro proceso por los delitos de incumplimiento de deberes, retardación de justicia, supresión y destrucción de documentos y falsedad material; por el que, el 27 de febrero de 2023, se le notificó con la Resolución de Aprehensión emitida por el Fiscal de Materia, Tomás Choque Condori, que a la fecha ya cuenta con imputación formal; 7) El Fiscal de Materia asignado puso en conocimiento del Juez el inicio del investigaciones, poniendo a su disposición a la persona aprehendida; por lo que, el Juez de garantías no podría emitir criterio alguno en la presente causa; y, 8) En el momento de su aprehensión por particulares, la accionada no exhibió ninguna documentación que acreditó que estuviera con baja médica; consecuentemente solicitó se deniegue la tutela. Carmen María Quina Machaca, servidora pública del Consejo de la Magistratura de la ciudad de La Paz, mediante informe de 1 de marzo de 2023, cursante de fs. 89 a 92 vta., presentó los mismos argumentos de la accionada supra; solicitando se deniegue la tutela solicitada.
Juan Edgar Hilari Velasco, Oficial Investigador, mediante informe de 1 de marzo de 2023, cursante a fs. 96 y vta., señaló: Que dio cumplimiento a las directrices contenidas en el requerimiento fiscal emitido por el Director Funcional de la Investigación, Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia, notificando a la accionante a horas 15:20, negándose a firmar y a horas 15:45 en presencia de su abogado recién se dio por notificada. Señaló que en ningún momento se vulneró algún derecho, ni realizó ninguna aprehensión; solicitó se deniegue la tutela, “…al no existir subsidiariedad…” (sic). Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia; presentó informe oral en audiencia, señalando que la impetrante de tutela no refirió qué derechos y garantías se le vulneraron; también alegó que no presentó imputación formal, como se señaló en la acción de libertad y que en la audiencia no se escuchó ningún fundamento, como establece el art. 125 de la norma constitucional; solicitó se deniegue la tutela.
Claudia Mabel Chávez Sivila, servidora pública de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de la ciudad de La Paz, mediante informe de 1 de marzo de 2023, cursante a fs. 100 y vta., señaló: i) En fecha 27 de febrero de 2023, ante la denuncia de falta de respuesta a Acciones de Libertad signadas con NUREJ: 204067643 y NUREJ: 204067672, a la fecha no se encontraban proveídas, ni señalaban audiencia de acción de libertad, constando que la Jueza Gladys Bacarreza Morales, se encontraba en calidad de suplente legal, ii) Revisadas las acciones de libertad y concluidas las labores de Control y Fiscalización, aproximadamente a horas 10:30 se procedió a buscar a la Jueza en su despacho de origen, Juzgado Primero de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer, al no encontrarla en su oficina y constatar que habría realizado el marcado de asistencia a horas 8:34, se solicitó a través del grupo de coordinación del Consejo de la Magistratura, se la pueda localizar a fin de que pueda aclarar las razones del porque no habría cumplido con sus funciones en el Juzgado de Sentencia Quinto contra la Violencia hacia la Mujer, conforme establece la normativa para la atención de acciones de Libertad, que se constituyen en acciones Constitucionales de inmediata atención. Juan Onofre Mamani Cordero, servidor público de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de la ciudad de La Paz, mediante informe de 1 de marzo de 2023, cursante a fs. 101 y vta., señaló: La Unidad de Control y Fiscalización, el día lunes 27 de febrero de 2023, al tener conocimiento que dos Acciones de Libertad, no fueron atendidas oportunamente, en el Juzgado de Sentencia Quinto contra la Violencia hacia la Mujer, se envió al personal de esta Unidad, para realizar el seguimiento y verificación de las posibles presuntas irregularidades existentes, en los dos casos en cuestión.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 8/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 105 a 113, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) De las evidencias y pruebas que presentó la accionante, se estableció que no hay documentación referente al 28 de febrero de 2023, donde supuestamente se habría vulnerado su derecho a la libertad y locomoción; b) Se estableció que la ahora accionante, según su certificado de incapacidad temporal refiere que su baja es del 26 al 28 de febrero 2023, y se evidencia en el formulario de control de asistencia del día lunes 27 de igual mes y año, que registró su asistencia a horas 8:34; c) Manifestó que no hay coherencia en la petición de la acción de libertad en relación a los supuestos hechos ocurridos el “28” de febrero de 2023, como refirió la abogada de la peticionante en la audiencia virtual; d) En las acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el demandante es parte esencial, tiene el deber presentar o de adjuntar prueba que respalda su denuncia; al respecto, la SC 2152/2010 de 19 de noviembre, que cita a su vez la SC 0053/2010 de 27 de abril, señaló que para valorar los hechos demandados requiere que el actor demuestre con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa, dado que para acusar la violación del derecho a la libertad se deben demostrar los hechos que afectan ese derecho con prueba verificable, debiendo ser debidamente acreditado por los medios de prueba permitidos por el ordenamiento jurídico; e) En la audiencia virtual se estableció que existe una acción de libertad contra el Consejo de la Magistratura Distrito La Paz - Unidad de Control y Fiscalización, no se refirió, ni individualizó qué funcionario del Consejo de la Magistratura, habría cometido la vulneración de derechos o garantías de la solicitante de tutela, se demandó al Consejo de la Magistratura de La Paz (Unidad de Control y Fiscalización) como persona jurídica, y se demandó a cuatro personas, sin fundamentar ni señalar en audiencia pública, el grado de participación de cada uno de las accionados; f) No se demostró que la solicitante de tutela este ilegalmente perseguida, o que su vida corra peligro, o que esté indebidamente detenida o privada de su libertad por los hechos supuestamente ocurridos el “28” de febrero de 2023; y g) En la fundamentación que presentó en la audiencia virtual no señaló, ni especificó, cuál de las cuatro vertientes del art. 125 se habría vulnerado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Acta de Aprehensión por particulares de 27 de febrero de 2023, contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionante-; firmada por Nayda Daniela Mena Alcón, Carmen María Quina Machaca y Severina Hernández, todas funcionarias del Consejo de la Magistratura de La Paz (fs. 9).
II.2. Orden de citación en calidad de sindicado de 27 de febrero de 2023, emitida por Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia, para Gladys Bacarreza Morales (fs. 12). II.3. Consta acta de notificación a Gladys Bacarreza Morales, de 27 de febrero de 2023, a horas 15:20 (fs. 12). II.4. Cursa memorial de informe de inicio de investigaciones, dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público a instancias del Consejo de la Magistratura contra Gladys Bacarreza Morales, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y retardación de justicia, dirigido al Juez de Turno de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de la ciudad de La Paz (fs. 64 a 65 vta.).
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de motivación y fundamentación y por falta de valoración integral de pruebas; y, a la vida; toda vez que, por acta de aprehensión por particulares de 27 de febrero de 2023, emitido por funcionarias de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de La Paz, fue aprehendida de forma ilegal y privada de su libertad de locomoción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1888/2013 de 29 de octubre, efectuando una integración jurisprudencial sobre la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció lo siguiente: “…la acción de libertad (…) se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que “…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del antes recurso de hábeas corpus. Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación). Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que “ i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito”. La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2: “1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional” (el resaltado es añadido). En consecuencia a partir de la jurisprudencia constitucional glosada y lo previsto por los arts. 54 inc.1) y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se reconoce la competencia de los Jueces de Instrucción Penal para ejercer el control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación dentro de las fases que componen la etapa preparatoria, respecto a las actuaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, dentro del marco establecido por el CPP, la Norma Suprema así como las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes que forman parte del bloque de constitucionalidad; en tal sentido, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad, debe acudir ante esa autoridad.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y por falta de valoración integral de pruebas; y a la vida; en razón que, mediante acta de aprehensión por particulares de 27 de febrero de 2023, funcionarias del Consejo de la Magistratura de La Paz, procedieron a aprehenderla de forma ilegal y arbitraria al retenerla contra su voluntad cuando transitaba por una calle de esa ciudad, siendo conducida a las oficinas de la FELCC; y, hasta horas 15:20, recién fue notificada con Orden de Citación como sindicada, dentro del proceso de incumplimiento de deberes, alegando que desconocía el motivo y razón de su ilegal aprehensión. De la revisión de antecedentes, se tiene que funcionarias del Consejo de la Magistratura de La Paz, se apersonaron al despacho de la ahora accionante para realizar una inspección y evidenciando su ausencia y que no cumplió con su obligación como Jueza de llevar audiencias de acción de libertad programadas; en forma posterior, los funcionarios de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de La Paz, al dirigirse al Ministerio de Justicia, la encontraron de forma casual, solicitándole dirigirse a las oficinas de la FELCC, en cumplimiento del art. 229 del CPP (Conclusión II.1.). Una vez constituida en estas oficinas a horas 15:20 fue notificada con la Orden de Citación en calidad de sindicada de 27 de febrero de 2023, emitida por Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia, tomando conocimiento luego de más de cinco de horas los motivos y razones de su aprehensión (Conclusiones II.2. y 3).
Ahora bien, la acción de libertad se configura en un mecanismo extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como el de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; asimismo, tutela el derecho a la vida cuando se halle en peligro; naturaleza jurídica en base a la cual, esta acción de defensa podrá ser activada por toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal o de locomoción. En ese entendido, definida la problemática en revisión, de acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, todas las actuaciones realizadas por los funcionarios policiales o representantes del Ministerio Público, que se consideren presuntamente ilegales y guarden relación con los derechos a la libertad física o de locomoción, corresponden ser denunciadas ante el juez que conoce la causa, al constituirse en la autoridad competente para conocer las denuncias de posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Jurisprudencia que se entiende, es ampliable a la aprehensión por particulares, cuando exista informe de inicio de investigaciones al Juez cautelar, dentro de los plazos de ley. De los antecedentes cursantes en obrados se evidencia que la accionante no acudió con su reclamo ante el juez encargado de ejercer el control jurisdiccional de su proceso, agotando los mecanismos y recursos intraprocesales existentes e idóneos en la vía ordinaria, denunciando la supuesta orden de aprehensión ilegal; toda vez que, en el marco de lo previsto en los arts. 54.1 y 279 del CPP, dicha autoridad es la garante de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en la etapa procesal, de quienes son parte en el proceso, por tener la competencia para atender las denuncias vinculadas a la vulneración de sus derechos. En ese orden, al no haber acudido la accionante previamente ante la autoridad jurisdiccional a objeto de denunciar las supuestas irregularidades cometidas a su turno por cada uno de los codemandados y así obtener la reparación de sus derechos presuntamente lesionados, resulta imposible ingresar al análisis de fondo de la denuncia formulada, correspondiendo denegar la tutela, en virtud de la subsidiariedad excepcional de esta garantía constitucional. Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, el que fue citado en la audiencia de garantías, no concierne efectuar pronunciamiento alguno, tomando en cuenta que, la impetrante de tutela no expuso como habría sido lesionado el mismo, haciendo referencia únicamente a la existencia de una baja médica, y que se habría producido la aprehensión denunciada de ilegal, que debe ser cuestionada, se reitera, ante el Juez cautelar. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta; con la precisión que debió denegarla sin ingresar al examen de fondo de la temática en cuestión.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 8/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 105 a 113, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1011_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): f243cb73bbdf5f4ba4a1b7337ae04bbd14ca4501a5822d087e5f08a524c5275d
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