B.IA.LEGAL

SCP 1008/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54590-2023-110-AL
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad, puesto que: a) La Fiscal de Materia demandada pese a tener conocimiento de la aparición con vida de la supuesta víctima de homicidio, no realizó los actuados correspondientes para viabilizar su libertad, toda vez que, purgaba detención preventiva por la supuesta comisión del delito de homicidio; y, b) El Investigador asignado al caso codemandado, sin considerar su presunción de inocencia, lo sometió a torturas, vejaciones, humillaciones y lo obligó a confesar la autoría del delito de homicidio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 102 a 104 vta., pronunciada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis del fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad: Exige reclamo previo de los actos del Ministerio Público o de la Policía ante el juez de instrucción penal, excepto cuando la vulneración
  2. III.2. Sobre la acción de libertad respecto al derecho a la vida y su ámbito instructivo
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1008/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54590-2023-110-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 02/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 102 a 104 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Henry Paz Silva contra Cynthia Amanda Gangas Linares, Fiscal de Materia; y, Emir Fernando Flores Aquino, Jefe del Puesto Policial de Puerto Consuelo II del municipio de Nueva Esperanza del departamento de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de marzo de 2023, cursante de fs. 70 a 71 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 27 de febrero de 2023, aproximadamente a horas 14:00, fue denunciado por Alan Acosta Claure por la supuesta comisión del delito de homicidio de Herlan Acosta Claure, motivo por el cual fue aprehendido y sometido a torturas, vejaciones y humillaciones, situación por la cual se vio obligado a confesar un delito que no cometió. Posteriormente, mediante el informe proporcionado por el Investigador asignado al caso, el Ministerio Público formuló la imputación formal; en consecuencia, el 1 de marzo de ese año en audiencia de consideración de medidas cautelares se emitió el Auto Interlocutorio -no consigna número de resolución- disponiendo su detención preventiva por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando. Transcurrieron diez días y apareció la supuesta víctima del homicidio, Herlan Acosta Claure, quien residiría en Guayaramerín del departamento de Beni.

Pese a los acontecimientos suscitados, el Investigador asignado al caso -ahora codemandado-, no puso a conocimiento del Ministerio Público la aparición con vida del supuesto occiso; así también, los familiares de la supuesta víctima tampoco levantaron la denuncia en su contra. No obstante, de ello, el referido Investigador manifestó que: “…hizo conocer a la fiscal Chinthia Gangas, y la misma no ha hecho nada para enmendar sus errores” (sic); a la fecha de la presentación de la acción tutelar continúa cumpliendo detención preventiva en el citado Centro Penitenciario.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad, citando al efecto los arts. 15.I, 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de marzo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 101 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo, manifestó que: a) A la fecha de presentación de la acción de libertad se encuentra ilegalmente procesado, toda vez que el supuesto occiso se encuentra con vida, tal como se constató en el certificado médico forense de obrados; b) El Investigador asignado al caso, hoy codemandado, lo coaccionó para que confiese la autoría del delito que no cometió; posteriormente, el funcionario policial informó a la Fiscal de Materia demandada que la víctima está con vida; sin embargo, dicha autoridad no hizo nada al respecto; y, c) Se lesionó su derecho a la libertad, al no ser autor, ni tampoco partícipe del delito atribuido; por lo que, solicitó se disponga su inmediata libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Cynthia Amanda Gangas Linares, Fiscal de Materia, por informe escrito, cursante de fs. 86 a 87 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El 28 de diciembre de 2022, Herlan Acosta Claure, salió de su domicilio ubicado en Guayaramerín hacia el municipio de Nueva Esperanza en el departamento de Beni, para realizar la recolección de castaña conjuntamente con “Oscar Faifer y Abran Ortiz”; 2) El 10 de febrero de 2023, fue la última ocasión que Herlan Acosta Claure se comunicó con su hermano Alan Acosta Claure, para preguntar por su hijo e indicarle que próximamente viajaría a “Guayara”; 3) El 22 del mismo mes y año, a horas 9:30, los familiares de Herlan Acosta Claure se comunicaron con Abraham Ortíz, quién les informó que el mencionado se encontraba desaparecido por cinco días; de manera posterior Francisca Ramos mencionó que Herlan Acosta Claure conjuntamente con Henry Paz Silva y Lucas Marques da Cunha Conseicao realizaron un flete -no se especifica detalles-; 4) El 23 de igual mes y año, se efectuó la búsqueda en el municipio de Nueva Esperanza; fue entonces que se encontraron con Henry Paz Silva -ahora accionante-, quien expresó que “lo mataron y lo enterraron”; 5) El 26 del referido mes y año, los familiares, la Policía Boliviana y brasilera, se dirigieron a la República Federativa de Brasil, a la localidad Palma Real, inmediaciones del río Madera, lugar del hecho donde supuestamente estaría enterrado la víctima conforme lo establecido por Henry Paz Silva -ahora impetrante de tutela-; in situ, pese a realizar el rastrillaje de 300 m. a la redonda no tuvieron resultado alguno; ipso facto el ahora peticionante de tutela expresó que “Lucas Marques Da Cunha Conseicao mató al señor Herlan y lo votaron al río” (sic); 6) Como elementos probatorios se tiene, el informe policial del asignado al caso , la denuncia, el registro del lugar del hecho, el muestrario fotográfico y recolección de indicios materiales -prendas de vestir pertenecientes a Herlan Acosta Claure-; 7) El 6 de marzo del citado año, el Investigador asignado al caso -ahora codemandado-, presentó informe complementario, mencionando que Herlan Acosta Claure se encontraba con vida y estaría en su domicilio ubicado en Guayaramerín junto a sus familiares; por lo que, el Ministerio Público emitió requerimiento para su valoración médico forense; así también, esa misma fecha, solicitó al Fiscal de Materia de Guayaramerín, recepcione las declaraciones de Herlan Acosta Claure y demás testigos -actuaciones en proceso de realización-; 8) Conforme el certificado médico de 24 de marzo de 2023, emitido por Carlos Said Pacheco Romero, Médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), consta el siguiente diagnóstico: “herida contusa en parpado superior derecho, Infiltrado hemorrágico su[b]conjuntival de ojo derecho…” (sic); 9) La SC 1284/2011-R de 26 de septiembre, haciendo alusión a “…la calificación provisional del delito, constituye una atribución privativa del Fiscal a cargo de la investigación, quien será el encargado de comprobar en la etapa preparatoria su comisión…” (sic); por lo tanto, la situación jurídica del ahora accionante puede cambiar en la tramitación de la etapa preparatoria, incluso a tiempo de presentarse la acusación formal; estos aspectos no afectan los derechos al debido proceso y a la defensa de las partes procesales; y, 10) El demandante de tutela no presentó prueba alguna para sustentar la lesión a sus derechos, ni tampoco hizo referencia al acto de omisión supuestamente ocasionado por la suscrita. Emir Fernando Flores Aquino, Jefe del Puesto Policial de Puerto Consuelo II del municipio de Nueva Esperanza del departamento de Pando -Investigador asignado al caso-, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursarte a fs. 73 vta.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 102 a 104 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) No existe prueba o indicio alguno que demuestre que el accionante haya sido sometido a coacciones por parte del Investigador asignado al caso-codemandado-; ii) La Fiscal de Materia demandada desde un inicio realizó los actuados correspondientes dentro el proceso penal; así también, se tiene que el proceso radicó en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez Y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Sena del departamento de Pando; sin embargo, en la audiencia de consideración de medidas cautelares de 1 de marzo de 2023, el impetrante de tutela no hizo reclamo alguno de su aprehensión, tampoco de las supuestas torturas a las que indicó fue sometido; incluso, en dicha audiencia su abogado renunció a los recursos previstos por ley y en la presente audiencia de garantías quiso suplir esa omisión; iii) Esta acción tutelar no identificó las vulneraciones a los derechos enunciados, tampoco se demuestra “que hayan solicitado pronunciamiento expreso a la Fiscal ni a la Juez sobre la libertad del accionante (…), más bien se tiene plena competencia de la Juez del Sena para conocer y realizar el control jurisdiccional correspondiente” (sic); y, iv) La Fiscal de Materia y el Investigador asignado al caso hoy demandados actuaron correctamente, cumpliendo con los actuados respectivos dentro el proceso penal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Informe de inicio de investigaciones e imputación formal con aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cobija de 28 de febrero de 2023: actuados presentados por Cynthia Amanda Gangas Linares, Fiscal de Materia -ahora demandada- ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez Y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Sena del departamento de Pando --, dentro de la causa penal seguida por el Ministerio Público a denuncia de Alan Acosta Claure contra Henry Paz Silva -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de homicidio; solicitando la aplicación de medidas cautelares personales en relación a los riesgos procesales de peligro de fuga establecido en el art. 234.1, 2 y 4, y peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sea por el lapso de ciento cincuenta días, a efecto que el Ministerio Público realice los actos investigativos pendientes; así también, impetró el señalamiento de fecha y hora de audiencia de consideración de situación jurídica (fs. 35 a 41). II.2. Por Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023, el Juez de mencionado juzgado, dispuso en la parte resolutiva: “RESUELVE ordenar la detención preventiva por ‘‘120 días’’ para el imputado HENRY PAZ SILVA, hoy solicitante de tutela, en el Centro Penitenciario Villa Bush de mencionado departamento, en un lugar distinto a las personas que cumplan sentencia.

‘‘Señalándose audiencia de control jurisdiccional para el día martes 27 de junio del 2023 a horas 14:30 p.m. Por secretaria expídase mandamiento de detención preventiva (…). Asimismo, póngase a conocimiento de la juez de ejecución penal la presente resolución y el mandamiento de detención preventiva” (sic). No obstante, la autoridad judicial en aplicación al art. 404 del CPP, consultó a las partes para hacer uso del recurso de apelación; empero, ninguna de las partes propuso la impugnación, motivo por el cual, se dispuso la ejecutoria de la resolución (fs. 80 a 82).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad, puesto que: a) La Fiscal de Materia demandada pese a tener conocimiento de la aparición con vida de la supuesta víctima de homicidio, no realizó los actuados correspondientes para viabilizar su libertad, toda vez que, purgaba detención preventiva por la supuesta comisión del delito de homicidio; y, b) El Investigador asignado al caso codemandado, sin considerar su presunción de inocencia, lo sometió a torturas, vejaciones, humillaciones y lo obligó a confesar la autoría del delito de homicidio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad: Exige reclamo previo de los actos del Ministerio Público o de la Policía ante el juez de instrucción penal, excepto cuando la vulneración

del derecho a la libertad física no está relacionada a un hecho delictivo o de existir dicha vinculación, no conste que se hubiera dado a conocer el inicio de las investigaciones en los plazos previstos en el Código de Procedimiento Penal

La SCP 0650/2024-S4 de 24 de septiembre, estableció que: «Al Respecto, la SCP 0441/2023-S4 de 5 de junio, establece que: “Por disposición del art. 125 de la CPE, la acción de libertad se constituye en el mecanismo de defensa de los derechos a la libertad y la vida de toda persona, cuando considere que su vida se encuentra en peligro o que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, siendo una de sus características más relevantes la exención de formalidades procesales para su activación, dado que puede ser presentado por cualquier persona afectada u otra a su nombre sin necesidad de mayor exigencia que su sola identificación, además que puede ser realizada por escrito o de manera verbal. (…) En ese sentido, el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispone que la Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional; norma que guarda coherencia con el art. 54.1 del adjetivo penal, que señala que los jueces de instrucción penal serán competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo ordenamiento legal; lo que implica que, el juez que ejerce el control jurisdiccional, en la etapa que corresponda, tiene el deber de ejercer el control del proceso, tanto en las actuaciones del Ministerio Público como en las que correspondan a la Policía Nacional, control que debe ser ejercido en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes en el proceso. Así fue razonado en la SCP 0003/2020-S3 de 2 de marzo, cuando señaló que: ‘…el Juez de Instrucción Penal, es el encargado del control jurisdiccional desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria, teniendo bajo su control todos los actos investigativos realizados por el Ministerio Público, así como las actuaciones de la Policía Nacional, en tal sentido las partes ante cualquier acto vulneratorio de sus derechos deben denunciar previamente ante dicha autoridad judicial, las posibles lesiones de derechos a objeto de su resguardo y en su caso restitución, pues el control jurisdiccional se constituye en el medio idóneo, oportuno y eficaz para ello‛”» (las negrillas son nuestras). En ese orden de ideas, conforme a la jurisprudencia reiterada e uniforme, el juez de instrucción penal, es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación y específicamente de los actos del Ministerio Público y de la Policía Boliviana, desde los actos iniciales hasta la culminación de la etapa preparatoria, afirmación respaldada en las previsiones contenidas en los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP. En ese marco, en el supuesto de existir una acción u omisión que restrinja el derecho a la libertad dentro del marco de una investigación iniciada, la o el agraviado deben acudir ante el juez de instrucción penal, a efectos que éste como contralor de la investigación se pronuncie al respecto resolviendo lo que corresponda en derecho; abriéndose únicamente la jurisdicción constitucional al persistir la restricción aludida, por no repararse lo denunciado. Sobre el particular, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:

Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Al respecto, cabe resaltar que, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, moduló la primera parte del primer supuesto contenido en la SC 0080/2010-R, descrito supra, en relación a los casos en que opera la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa -que exigía la denuncia de los actos considerados como ilegales ante el juez de instrucción penal de turno, en caso de no existir autoridad a cargo de la investigación-; a cuyo efecto, puntualizó que: “…el nuevo orden constitucional es esencialmente garantista de los derechos fundamentales y de manera especial del derecho a la libertad personal, por lo señalado anteriormente, es necesario y al efecto, se opera un cambio de línea jurisprudencial y específicamente del entendimiento expresado en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, referido a que: ‘Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno’, en razón a que el Juez cautelar no tiene competencia al no haber conocido siquiera el inicio de investigación y bien podría tratarse de una indebida privación de libertad originada en una cuestión ajena a un delito, y porque, además, constituye un deber de las personas y servidores públicos, y en especial de las fuerzas del orden público así como de la autoridad fiscal, cumplir con la Constitución Política del Estado y respetar en consecuencia, el derecho a la libertad física de las personas, derecho que solo puede limitarse en los casos y formas establecidas por la ley y en virtud de una orden emanada por escrito de autoridad competente; consecuentemente, no puede considerarse, de ninguna manera, excepto en los casos en los que se haya dado aviso de una investigación, o si no se dio aviso, que exista vinculación con la presunta comisión de un delito que la pretensión de tutela al derecho a la libertad personal sea conocida y resuelta previamente por un Juez cautelar de turno, asignándole a la acción de libertad un carácter subsidiario que no corresponde a su naturaleza y que, en el caso descrito, carece de fundamento constitucional y legal. En ese mismo orden, con relación específicamente a la presunta lesión del derecho a la libertad personal por causa de un indebida privación de libertad; es decir, cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación. Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

Por su parte, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, moduló a su vez los entendimientos asumidos en la precitada SCP 0185/2012, en relación al supuesto de referencia, concluyendo que: “…con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional. (…) Se aclara que el razonamiento expuesto en los párrafos anteriores, únicamente está destinado a la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y, por lo mismo, de ninguna manera implica limitar la posibilidad que tiene el aprehendido de acudir con su reclamo ante el juez cautelar de turno a efecto que dicha autoridad se pronuncie sobre la legalidad formal y material de su aprehensión; sin embargo, se precisa que en ese supuesto, la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando la autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado” (las negrillas y el subrayado fueron agregados). De la jurisprudencia constitucional glosada, se concluye que, al ser el juez de instrucción en lo penal, la autoridad llamada por ley para efectuar el control jurisdiccional de la investigación penal y velar por el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los procesados, en el supuesto de denunciarse actos ilegales u omisiones indebidas de representantes del Ministerio Público o de efectivos de la Policía Boliviana, éstos deben ser previamente impugnados ante dicha autoridad, en los supuestos que involucren la comisión de un delito y éste haya asumido conocimiento de la investigación en los plazos procesales establecidos al efecto. Caso contrario, cuando la supuesta amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté relacionada a un hecho delictivo o de existir dicha vinculación, no se diera a conocer el inicio de las investigaciones en los plazos estipulados en el Código de Procedimiento Penal, no es exigible acudir al juez de instrucción penal de turno, quien conforme se advirtió, no tiene competencia alguna en el primer supuesto, por no estar el acto ilegal relacionado con una conducta delictiva; y, en el segundo, ante la existencia de una dilación e incumplimiento de plazos procesales para informar el inicio de las investigaciones, bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional. Aspectos que deben ser tomados en cuenta en el análisis y resolución de acciones de libertad, en las que se impugnen conductas arbitrarias de funcionarios fiscales o policiales.

III.2. Sobre la acción de libertad respecto al derecho a la vida y su ámbito instructivo

La SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, estableció la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, precisando que: “…cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad boliviana: 1) La protección de la vida humana es el valor fundamental sobre el cual se construye la noción de Estado Social de Derecho, por ello es el primer derecho fundamental enunciado en el texto constitucional; y, 2) La administración de justicia está al servicio de la población y de la sociedad sobre la base de criterios anti formalistas en búsqueda de un sistema de verdad material” (las negrillas son nuestras).

Conforme a ello, y en virtud a lo previsto en los arts. 125 y 126 de la CPE, en concordancia con los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el derecho a la vida puede ser protegido de manera indistinta por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad; debiendo considerarse de igual forma, que en virtud a la importancia del derecho a la vida, la jurisprudencia constitucional reguló la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, cuando se denuncien vulneraciones del derecho a la vida o de la integridad personal.

Ahora bien, en cuanto a la protección del derecho a la vida por la acción de libertad, la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, señala que: “…de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona 'que considere que su vida está en peligro', sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que 'su vida está en peligro'. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción’… Conforme a ello, la acción de libertad en su modalidad de instructiva, se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas por la justicia constitucional, a través de este mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Finalmente, compele destacar que, este Tribunal en la SC 1931/2010-R de 25 de octubre, aludiendo a lo señalado en fallos constitucionales anteriores, indicó que: “…si bien el recurso de Hábeas Corpus se rige bajo el principio de informalismo, no es posible soslayar la obligación de los recurrentes, ahora accionantes, de demostrar las afirmaciones que realiza al demandar de hábeas corpus, hoy acción de libertad, aún sea en la audiencia prevista al efecto, requisito que tiene por objeto que este Tribunal tenga certeza sobre la veracidad de las denuncias formuladas y la responsabilidad de las autoridades que hubiesen incurrido en el acto ilegal u omisión indebida lesiva del derecho protegido, lo que a su vez implica que el principio de informalismo no alcanza a la presentación de prueba suficiente y necesaria que demuestre el acto ilegal u omisión indebida reclamados” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). En dicho contexto, para otorgar tutela vía constitucional cuando se denuncien amenazas o vulneraciones del derecho a la vida, las mismas deben ser ciertas e inminentes, además de evidente y plenamente acreditable con la prueba acompañada a la demanda constitucional.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la libertad, puesto que: 1) La Fiscal de Materia, demandada pese a tener conocimiento de la aparición con vida de la supuesta víctima de homicidio, no realizó los actuados correspondientes para viabilizar su libertad, toda vez que, purgaba detención preventiva por la supuesta comisión del delito de homicidio; y, 2) El Investigador asignado al caso, codemandado sin considerar su presunción de inocencia, lo sometió a torturas, vejaciones, humillaciones y lo obligó a confesar la autoría del delito de homicidio. Ahora bien, una vez descrita la problemática planteada por el accionante, de la revisión de los antecedentes, se tiene que, la Fiscal de Materia hoy demandada informó el inicio de investigaciones al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez Y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Sena del departamento de Pando, dentro la causa penal por la supuesta comisión del delito de homicidio; en la misma, solicitó el señalamiento de audiencia de consideración de situación jurídica, y la consideración de detención preventiva por el lapso de ciento cincuenta días en virtud a los riesgos procesales aplicables al ahora accionante (Conclusión II.1).

Mediante Auto Interlocutorio de 1 de marzo de 2023, el Juez del mencionado juzgado, ordenó la detención preventiva por ‘‘120’’ días del imputado en el Centro Penitenciario Villa Bush, seguidamente fue señalado audiencia de control jurisdiccional para el 27 de junio del mismo año a horas 14:30; ipso facto dispuso se libre mandamiento de detención preventiva; pese a la consulta de la autoridad judicial, ninguna de las partes interpuso recurso de apelación, motivo por el cual, fue ejecutoriada la resolución emitida (Conclusión II.2).

En ese contexto, en torno a la denuncia formulada contra los ahora demandados, es importante establecer que las actuaciones de la representante del Ministerio Público y de los funcionarios policiales de la Policía Boliviana están supeditadas al control jurisdiccional del juez competente, quien tiene la responsabilidad de supervisar el proceso, proteger los derechos y las garantías de las partes procesales involucradas; por lo que, correspondía que el impetrante de tutela antes de acudir a la jurisdicción constitucional, previamente realice la reclamación de sus derechos lesionados, a través de los mecanismos de defensa idóneos y oportunos establecidos en la jurisdicción ordinaria, contempladas en el art. 167 y ss. del CPP.

En ese orden, encontrándose el proceso penal instaurado contra el impetrante de tutela bajo el control jurisdiccional del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez Y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Sena del departamento de Pando; opera la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa, por cuanto, lo que compelía -en relación a las denuncias referidas a la supuesta ilegalidad de la aprehensión ya que la Fiscal de Materia demandada no habría materializado las actuaciones pertinentes al aparecer con vida la supuesta víctima de homicidio-, era acudir previamente ante la autoridad judicial mencionada; en el caso no se presentan los supuestos descritos en la SCP 1888/2013, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, para ingresar de forma directa al análisis de fondo de esta acción tutelar, que se presentan cuando las lesiones o amenazas al derecho a la libertad física o personal no están vinculadas a un delito, o cuando constando dicha relación, no se informó al Juez cautelar sobre el inicio de investigaciones pese a haber transcurrido los plazos procesales establecidos al efecto en el Código Adjetivo Penal.

Situaciones que, se reitera, no se advierten en el caso, en el que, se cuestionan actos supuestamente ilegales de la Fiscal de Materia y del Investigador asignado al caso -funcionario policial-, demandados, emergentes de un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Alan Acosta Claure contra el peticionante de tutela por el delito de homicidio; teniéndose constancia, se repite, del informe de inicio de investigaciones al ya mencionado Juez; por lo que, concernía acudir ante dicha autoridad, quien estaba a cargo del control jurisdiccional del proceso, no así de forma directa a la jurisdicción constitucional (Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional); más aún si, en la propia audiencia de medidas cautelares, el impetrante de tutela no efectuó reclamo alguno sobre la supuesta ilegalidad de su aprehensión. Motivo por el que, no puede ingresarse a efectuar estudio de fondo sobre el caso de examen; siendo viable acudir a esta acción constitucional, solo ante la persistencia de las ilegalidades denunciadas.

Finalmente, cabe destacar que, en cuanto a la presunta transgresión del derecho a la vida, el accionante refiere que, en el transcurso de su aprehensión hubiera sido sometido a torturas, vejaciones y humillaciones, viéndose incluso obligado a confesar un delito que no cometió; dichas afirmaciones no fueron respaldadas por el mencionado, no habiendo adjuntado prueba alguna a la demanda tutelar -como fotografías, entre otras, a fin de no caer en rigorismos ni formalismos procesales-; no contándose, por ende, con elementos ciertos e inminentes para concluir la existencia de la vulneración del citado derecho. Al respecto, debe considerarse que si bien en problemáticas en las que se denuncia su transgresión, opera la prescindencia de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, tomando en cuenta el carácter primario y básico del derecho a la vida que debe ser protegido ante un real peligro para éste (Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional); corresponde a la jurisdicción constitucional establecer si realmente se está ante una lesión o peligro directo al mismo, por cuanto su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción. Por lo expuesto, compele denegar la tutela en relación a dicho derecho, lo que no significa el desconocimiento de los derechos del demandante de tutela, quien conforme a la protección constitucional y del bloque de constitucionalidad que lo ampara, puede activar las vías de reclamo acudiendo a la vía y jurisdicción pertinente -respecto a las denuncias de aprehensión ilegal- o presentar la prueba pertinente -a fin de cuestionar lesiones de su derecho a la vida-; y, en su caso ante la persistencia en la transgresión de los derechos que considera lesionados, recién acudir a la jurisdicción constitucional, en la que este Tribunal sí se encontraría posibilitado a analizar el petitorio realizado en esta demanda tutelar. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta; aunque en uso de la terminología correcta, concernía precisar que no se efectuó examen de fondo alguno sobre la temática en cuestión.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 102 a 104 vta., pronunciada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis del fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1008_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): b6561db513c96ea8e8e918be758ff27d8db3cd06a899ef1714af95c716849e84

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