Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad, y al debido proceso en sus elementos, defensa, legalidad, motivación, fundamentación, presunción de inocencia, y juez imparcial, por cuanto, en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, presentaron excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño, la cual fue declarada infundada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 31 de enero de 2023; por lo que, interpusieron recurso de apelación incidental, remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que no señaló audiencia de consideración de la mencionada apelación, manteniendo su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2023 de 30 de marzo, cursante de fs. 32 vta. a 35 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1007/2025-S3 Sucre, 28 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54574-2023-110-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 4/2023 de 30 de marzo, cursante de fs. 32 vta., a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Christian Saúl Solís Hinojosa en representación sin mandato de Juan Pablo Charcas Delfín y Edu Enríquez Abril contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 6 a 7 vta., los accionantes a través de su representante, manifestaron que:
En el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, presentaron excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño, que fue declarada infundada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, en suplencia de su homólogo Sexto mediante Auto de 31 de enero de 2023, ante lo cual interpusieron recurso de apelación incidental, remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que no señaló audiencia de consideración de la mencionada apelación, manteniendo su detención preventiva.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos, defensa, legalidad, motivación, fundamentación, presunción de inocencia, y juez imparcial citando al efecto los arts. 22, 23, 62, 60, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se señale audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de la excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño.
Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de marzo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 32 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante, reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señalaron que, en virtud del principio de celeridad, así como del derecho a la justicia pronta y oportuna que tiene todo ciudadano boliviano se debe instar a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba señale audiencia de consideración de apelación incidental de extinción de la acción por reparación integral del daño.
Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien hizo conocer que la autoridad demandada en la acción tutelar ya no forma parte de la mencionada Sala, por informe escrito presentado el 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 30 a 31 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: a) La jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar la prueba; dado que, dicha actividad corresponde a la jurisdicción ordinaria; b) La causa fue remitida en grado de apelación el 13 de febrero de 2023; mediante decreto de 14 de mismo mes y año se dispuso la radicatoria, poniendo en conocimiento de las partes la excesiva carga procesal, imposibilitando el cumplimiento de los plazos procesales conforme el art. 404 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP) y en aplicación del art. 130 del mismo Código, se suspendió el plazo de consideración de la apelación incidental; por lo que, no se vulneró los derechos invocados por los accionantes; y, c) Por proveído de 29 de marzo de 2023, se señaló audiencia de consideración de la apelación incidental extrañada para el 5 de abril del mencionado año a horas 14:30.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 4/2023 de 30 de marzo, cursante de fs. 32 vta., a 35 vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que: la falta de señalamiento de audiencia de consideración de apelación incidental del Auto de 31 de enero de 2023, que declara infundada la excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño no guarda directa relación con la privación de libertad de los accionantes y tampoco se advierte estado de indefensión ya que pudieron hacer valer su derecho ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Imputación Formal de 12 de diciembre de 2022, emitida en contra de los accionantes por la presunta comisión del delito de robo agravado en la cual se solicitó la aplicación de medidas cautelares personales (fs. 14 a 18 vta.). II.2. Acta de audiencia de consideración de aplicación de medida cautelar de 15 de diciembre de 2022, en la cual se dispuso la detención preventiva de los solicitantes de tutela (fs. 19 a 22 vta.). II.3. Acta de conciliación 17/2023 de 16 de enero, de la cual se tiene que los accionantes realizaron la reparación integral del daño (fs. 3 a 4). II.4. Por memorial presentado el 20 de enero de 2023, los solicitantes de tutela plantearon excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño (fs. 2 y vta.). II.5. Auto de 31 de enero de 2023 emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del Departamento de Cochabamba que declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño (fs. 24 vta. a 25 vta.). II.6. Decreto de 14 de febrero de 2023, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el que dispuso la radicatoria del recurso de apelación incidental y la suspensión del plazo de ese recurso en virtud del art. 130 del CPP en razón de la carga procesal de la referida Sala (fs. 26). II.7. Decreto de 29 de marzo de 2023, emitido por la referida Sala, por el que señaló audiencia de consideración de apelación incidental de la excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño, para el 5 de abril de 2023 a horas 14:30 (fs. 28).
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad, y al debido proceso en sus elementos, defensa, legalidad, motivación, fundamentación, presunción de inocencia, y juez imparcial, por cuanto, en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, presentaron excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño, la cual fue declarada infundada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 31 de enero de 2023; por lo que, interpusieron recurso de apelación incidental, remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que no señaló audiencia de consideración de la mencionada apelación, manteniendo su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0472/2020-S4 de 22 de septiembre, estableció que: «El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en concordancia con el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), determina que: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (el resaltado nos pertenece), en ese sentido y de una manera más precisa el art. 47 del mismo cuerpo normativo, señala lo siguiente: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:
1. Su vida está en peligro;
2. Está ilegalmente perseguida;
3. Está indebidamente procesada;
4. Está indebidamente privada de libertad personal”
En relación a la denuncia de un indebido procesamiento, la SCP 1665/2012 de 1 de octubre, refirió que: “La Norma Suprema, en sus arts. 115.II y 117.I, reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional, proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que dichas autoridades adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso” (el resaltado nos pertenece).
Sin embargo, no toda denuncia por la lesión del debido proceso y sus elementos, puede ser objeto de análisis de la acción de libertad, bajo ese entendimiento la SCP 1566/2013 de 16 de septiembre, sostuvo que: “(…) cuando se denuncia la existencia de un indebido procesamiento a través de la acción de libertad (…) la jurisprudencia constitucional a través de la SCP de 0505/2013 de 18 abril, ha reiterado el entendimiento de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre entre otras, señalando que: ‘…la protección que brinda el Recurso de hábeas corpus en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes’ (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-R, 1312/2001-R, 111/2002-R, 81/2002-R, 397/2002-R, 940/2003-R, 1758/2003-R y 0219/2004-R, entre otras)” (el resaltado nos pertenece).
Circunscribiendo de forma más precisa las causales en las cuales la acción de libertad puede ser activada, ante la denuncia de un indebido procesamiento, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo citando a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó lo siguiente: “(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad» (las negrillas nos corresponde).
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos, defensa, legalidad, motivación fundamentación, presunción de inocencia, y juez imparcial, por cuanto, en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, presentaron excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño, la cual fue declarada infundada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 31 de enero de 2023, por lo que interpusieron recurso de apelación incidental, remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que no señaló audiencia de consideración de la mencionada apelación, manteniendo su detención preventiva. De la revisión de los antecedentes adjuntos, se puede evidenciar que el Ministerio Público mediante Resolución de Imputación Formal de 12 de diciembre de 2022, emitida en contra de los accionantes por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicitó la aplicación de medidas cautelares personales (Conclusión II.1), en virtud de la cual el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del mismo departamento, conforme el Acta y resolución de audiencia de medida cautelar de 15 de diciembre de 2022, dispuso la detención preventiva (Conclusión II.2). Posteriormente, en razón de haber reparado el daño y arribado a una conciliación con la víctima de acuerdo al Acta de conciliación de 16 de enero de 2023 (Conclusión II.3), los solicitantes de tutela interpusieron la excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño (Conclusión II.4), misma que fue declara infundada por Auto de 31 de enero del mencionado año por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba en suplencia de su homólogo sexto (Conclusión II.5), habiendo apelado en la misma audiencia se dispuso por la autoridad judicial la remisión de los antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Consiguientemente por decreto de 14 de febrero del señalado año la mencionada Sala Penal dispuso la radicatoria de la apelación y la suspensión del plazo de la apelación incidental en virtud del art. 130 del CPP, en razón de la carga procesal de la referida Sala (Conclusión II.6) y posteriormente por decreto de 29 de marzo del mismo año, señaló audiencia de consideración de apelación incidental para el 5 de abril de 2023, a horas 14:30 (Conclusión II.7). De lo manifestado se puede evidenciar que conforme los alcances establecidos por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, toda persona que considere encontrarse indebidamente procesada puede activar la acción de libertad, en procura de corregir estas arbitrariedades. Sin embargo, no toda denuncia por la vulneración del derecho al debido proceso en alguno de sus elementos, puede ser objeto de análisis por esta acción tutelar; por lo que, la jurisprudencia constitucional, ha definido para que la tutela del derecho al debido proceso, pueda ser reclamado por la acción de libertad, deben presentarse de forma concurrente los siguientes supuestos: 1) Que el acto u omisión indebida o ilegal, debe estar vinculado con la libertad, por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe demostrarse un absoluto estado de indefensión; vale decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o privación de libertad. En el presente caso, los impetrantes de tutela invocaron la vulneración de sus derechos en virtud de que habiendo interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que rechazó su excepción de extinción de la acción por reparación integral del daño, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por decreto de 14 de febrero del señalado año, dispuso la radicatoria de la apelación y la suspensión del plazo de la apelación incidental en virtud del art. 130 del CPP, y posteriormente por proveído de 29 de marzo del mismo año, señaló audiencia de consideración de ese recurso para el 5 de abril de 2023, a horas 14:30. Siendo el reclamo central del accionante la suspensión de plazos y el no señalamiento de audiencia de apelación de manera oportuna. De lo manifestado, se debe tener presente que los impetrantes de tutela se encontraban guardando detención preventiva en virtud a la solicitud del Ministerio Público formulada junto con la Imputación Formal y consiguiente resolución de audiencia de medida cautelar de 15 de diciembre de 2022; en consecuencia, su privación de libertad deviene de la aplicación de la referida medida cautelar por la concurrencia de riesgos procesales demostrados y fundamentados en la señalada audiencia. Pretendiendo los accionantes resolver con la acción de libertad interpuesta la tramitación de su excepción de extinción de la acción penal por reparación integral del daño, siendo el acto denunciado como ilegal o indebido la suspensión de plazos y el no señalamiento oportuno de la audiencia de apelación, el cual no se encuentra vinculado de manera directa con su derecho a la libertad o la restricción del mismo, ya que como se dijo se encuentran privados de libertad en virtud de una resolución de consideración de detención preventiva; sin encontrarse tampoco argumentado ni evidenciado que se encuentren en un estado absoluto de indefensión; toda vez que, tienen una participación activa dentro del proceso, ejerciendo su defensa técnica con pleno conocimiento de todos los actuados del proceso penal; por lo que, no se encuentran en un estado absoluto de indefensión.
Consiguientemente, no concurren los supuestos establecidos para la procedencia vía acción de libertad ante la denuncia de lesión del debido proceso, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. Asimismo, respecto al derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, la presunción de inocencia y el juez natural, debe tenerse presente que, los referidos derechos simplemente son enunciados en la presente acción tutelar sin manifestar argumentación alguna o el acto ilegal por los que se consideran lesionados, habiéndose limitado los accionantes a referir que dichos derechos se encuentra lesionado sin proporcionar mayores elementos o explicación como es que, la autoridad demandada con su actuación llegó a vulnerarlos; por lo que, corresponde de igual forma denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2023 de 30 de marzo, cursante de fs. 32 vta. a 35 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1007_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): f4c8079b3c7455b187d3c46f2b973604e94babf655d1b6a98a607b154d3a37d0
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