Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una respuesta pronta y oportuna y, al debido proceso; toda vez que, al interponer una apelación incidental planteada en audiencia contra el Auto Interlocutorio 1079/2022 de 6 de diciembre, que amplió su detención preventiva, la notificación se practicó de manera errónea a un abogado anterior y no a su defensor vigente. Como resultado, la audiencia de apelación se llevó a cabo sin la presencia de su abogado defensor y el Tribunal de alzada declaró inadmisible la apelación con el fundamento de que hubo un desistimiento tácito por su inasistencia; posteriormente, presentó una solicitud de corrección del procedimiento, mismo que fue respondido por el Secretario codemandado instando a que la Oficial de Diligencias codemandada informe sobre la notificación, mismo que se realizó consignando datos de otro caso. Ante ello, la Vocal demandada señala que, conforme a los informes de los codemandados, las notificaciones se realizaron a los números consignados en el legajo de apelación. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 55 a 61, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo señalar nueva audiencia de apelación, conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamentos Jurídico III.1 de este fallo constitucional, salvo que a tiempo de notificarse la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la situación jurídica del accionante ya se encuentre definida y/o se hubiese modificado por el carácter provisional, temporalidad e instrumentalidad de las medidas cautelares personales.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; y, Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1007/2025-S2 Sucre, 3 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54677-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 55 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Boris Choque Ayala en representación sin mandato de Edmundo Álvaro Gutiérrez Gonzales contra Margot Pérez Montaño, Vocal; Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; y, Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias todos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de febrero de 2023, cursantes a fs. 1 y 37 a 41, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, estando detenido preventivamente, solicitó la cesación a la detención preventiva, la cual mereció el Auto Interlocutorio 1079/2022 de 6 de diciembre, que determinó la ampliación de la medida extrema por el plazo de dos meses; ante ello, interpuso recurso de apelación. Remitidos los antecedentes ante el Tribunal de alzada, Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora codemandada- notificó erróneamente a un abogado anterior, sin revisar adecuadamente el cuaderno de apelación y en base a un informe remitido por la Auxiliar del juzgado remitente, lo que ocasionó que la audiencia de apelación se desarrollara sin la presencia de su abogado. En consecuencia, Margot Pérez Montaño, Vocal de la mencionada Sala -demandada- dictó el Auto de Vista 086/2023 de 7 de febrero confirmando la ampliación de la detención, declarando improcedente la apelación por inexistencia de formulación de agravios y alegando la imposibilidad de suspensión de la audiencia. Posteriormente, solicitó la regularización del procedimiento, pero Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la citada Sala -ahora codemandado-, dispuso que la Oficial de Diligencias codemandada emita informe. Dicha funcionaria presentó un informe equivocado, consignando otro “CUD” y otros sujetos procesales; por lo que, se dejó en total estado de indefensión a su persona, ya que la Vocal demandada debió responder a su solicitud mediante un auto y no con una providencia realizada por el Secretario codemandado.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a una respuesta pronta y oportuna y, al debido proceso, en su elemento “debida celeridad”; citando al efecto los arts. 22, 23 y “24” de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Ordenar a la Vocal demandada, que en el plazo de veinticuatro horas renueve el acto y señale audiencia de consideración de apelación y fundamentación de medida cautelar; b) Ordenar a la Oficial de Diligencias codemandada que proceda a la notificación del abogado con el último apersonamiento y solicitud de cesación de la detención preventiva, conforme al informe de 11 de enero de 2023 emitida por la Secretaria del Juzgado Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, c) Llamar la atención a la Oficial de Diligencias codemandada, a objeto de que en futuras actuaciones se revise los antecedentes conforme a sus facultades establecidas y se remitan antecedentes ante el consejo disciplinario.
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 54 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que: 1) La parte procesal correcta sería el abogado Boris Choque Ayala, con número de celular 69939628, ya que, el error radicó en que la Oficial de Diligencias codemandada consideró un informe emitido por la secretaria de otro juzgado, es decir, notificó por error a otro abogado; y, 2) Respecto a su solicitud de corrección de procedimiento, la Vocal demandada debió, haber convocado a defensa pública, sancionando al abogado inasistente.
Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 49 y vta., sostuvo que: i) De los antecedentes cursa oficio de remisión suscrita por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, cuya verificación mediante informe se consigna números telefónicos de las partes procesales, del cual, la oficial de diligencias informó que dio pleno cumplimiento de la notificación, conforme a la documentación remitida ante apelación; ii) Según el informe del Secretario codemandado, al momento de la instalación de audiencia de apelación se encontraba el ahora accionante, sin la presencia de su abogado, el mismo que no reclamó ningún aspecto sobre la inasistencia de su abogado y al no estar presente se entendió que, no formuló agravio alguno respecto al Auto Interlocutorio 1079/2022, por lo que, conforme el art. 396.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando que un recurso de apelación puede ser desistido en cualquier momento, se concluyó que, ante su inasistencia existió un desistimiento tácito, ya que tampoco presentó ningún memorial de solicitud justificada de suspensión del acto procesal; y, iii) El impetrante de tutela tuvo la posibilidad de solicitar una explicación, complementación o enmienda, de acuerdo al art. 125 del CPP teniendo dicha instancia para enmendar la resolución de apelación, esto considerando el principio de subsidiariedad. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 50 y vta., sostuvo que: a) Tomó conocimiento del proceso mediante oficio de remisión, realizada por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en el legajo de apelación cursa informe de 1 de septiembre de 2022 en el que se consigna los números telefónicos de las partes procesales; b) Se notificaron a todas las partes procesales esto de acuerdo al informe escrito por la Oficial de Diligencias codemandada de 23 de febrero de 2023, donde mencionó que se habría dado cumplimiento a dicha notificación. Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 51 y vta., sostuvo que: 1) Al momento de la recepción de los legajos de apelación, se percató que solo se remitieron las piezas pertinentes, ya que, no hay certeza respecto a un nuevo apersonamiento presentado en el juzgado de origen; 2) Las notificaciones con el señalamiento de audiencia de 6 de febrero de 2023 se realizaron a los números contenidos en el último informe cursante a fs. 129 y no de fs. 91 -ambos del legajo de apelación-, ya que, el último informe por cronología debería contener el número de celular de reciente obtención.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 55 a 61, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Del informe emitido por la Oficial de Diligencias codemandada se tiene que, se cumplió con las notificaciones, esto de acuerdo con la diligencia de notificación a fs. 129 y no a fs. 91 -del legajo de apelación- como menciona el impetrante de tutela, por lo que, conforme el art. 102 del CPP la notificación a cualquiera de los abogados de las partes se considera como válida; y, ii) La SC 1180/2003-R de 20 de agosto señaló que si bien el juez tiene la obligación de cuidar los vicios y otorgar el impulso procesal, esto no implica que las partes del proceso tengan un rol pasivo respecto a los actuados procesales, asumiendo constantemente un control de las actuaciones jurisdiccionales respecto a los datos de las partes. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado del accionante refirió que si bien en la audiencia de apelación se encontraba el impetrante de tutela; sin embargo, la Vocal demandada no le dio la palabra para que haga uso de su defensa material; asimismo, la Resolución 09/2023 que acaba de emitirse está fundamentada en el informe de la Oficial de Diligencias codemandada, donde notificó a quien no es parte del proceso penal; razón por la cual, solicitó la complementación correspondiente. El Juez de garantías, en respuesta refirió que la Resolución 09/2023 se emitió conforme a los datos proporcionados en la presente acción de libertad, conforme a los informes emitidos de la parte demandada y se valoró con los elementos de prueba que se adjuntó; en consecuencia, sostuvo que no corresponde aclaración, complementación ni enmienda.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene informe de 1 de septiembre de 2022, emitido por Andrea Milena Mamani Saire, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el cual se consignan números de celular de las partes del proceso, entre ellos de Edmundo Álvaro Gutiérrez Gonzales -ahora accionante- y de su abogado Yacid Deker López Zenteno y María Luz Huanca Caracora, con número de celular 73748865 (fs. 29). II.2. Cursa formulario de notificaciones correspondiente a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de 6 de febrero de 2023, mediante el cual se realiza la notificación al impetrante de tutela, al número de su abogado 73748865 (fs. 30). II.3. Por memorial de solicitud de corrección de procedimiento presentado el 8 de febrero de 2023, emitido por el accionante, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el cual, solicitó se renueve el acto de audiencia de consideración de apelación de medida cautelar, conforme el art. 168 del CPP y a efecto de que se cumpla adecuadamente con las notificaciones. La misma fue respondida, mediante providencia de Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la mencionada Sala -codemandada-, disponiendo que la Oficial de Diligencias informe en el día sobre la situación de las notificaciones (fs. 33 a 34). II.4. Consta informe de 23 de febrero de 2023 emitido por Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandada-, correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Raúl Fernando Peñarrieta Rocha por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 35).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una respuesta pronta y oportuna y, al debido proceso; toda vez que, al interponer una apelación incidental planteada en audiencia contra el Auto Interlocutorio 1079/2022 de 6 de diciembre, que amplió su detención preventiva, la notificación se practicó de manera errónea a un abogado anterior y no a su defensor vigente. Como resultado, la audiencia de apelación se llevó a cabo sin la presencia de su abogado defensor y el Tribunal de alzada declaró inadmisible la apelación con el fundamento de que hubo un desistimiento tácito por su inasistencia; posteriormente, presentó una solicitud de corrección del procedimiento, mismo que fue respondido por el Secretario codemandado instando a que la Oficial de Diligencias codemandada informe sobre la notificación, mismo que se realizó consignando datos de otro caso. Ante ello, la Vocal demandada señala que, conforme a los informes de los codemandados, las notificaciones se realizaron a los números consignados en el legajo de apelación. Asimismo, el accionante no alegó perjuicio por la inasistencia de su abogado en audiencia, por lo que, la apelación fue declarada improcedente, considerándose un desistimiento tácito por inasistencia injustificada; por su parte, el Secretario codemandado mencionó que, según el informe de la Oficial de Diligencias codemandada, las notificaciones se realizaron conforme al legajo de apelación, utilizando los números telefónicos allí consignados; por lo que, se cumplieron con la notificación de las partes; por lo que, la notificación se realizó únicamente con base en los documentos y números telefónicos consignados en dicho legajo.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada La SCP 0689/2023-S1 de 27 de junio, respecto a la inasistencia de la defesa técnica, estableció que: “Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia ininterrumpida de las partes, pero además toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes: (…) ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso) posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, unicamente para fines de registro. (…) En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia despues o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez.
(…) Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente. Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA) (…) b) Ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48)
horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores (el resaltado corresponde al texto original).
Judicial Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo del Órgano Judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, señala que: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva, por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde, habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente…” (las negrillas son nuestras).
Es necesario delimitar el objeto procesal a resolver y determinar si la notificación errónea que derivó en la ausencia del abogado defensor en la audiencia de apelación incidental y la consecuente declaración de inadmisibilidad vulneraron el derecho a la libertad del accionante y su garantía al debido proceso en su vertiente a la defensa técnica, considerando que, se trata de una audiencia de medidas cautelares, en la cual, se confirmó la ampliación de su detención preventiva.
Así, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en casos de inasistencia del abogado defensor, lo que corresponde es la designación de un defensor de oficio o estatal y la suspensión de la audiencia a fin de garantizar la debida preparación y el pleno ejercicio de la defensa técnica. En cuanto a la Vocal demandada En el presente caso se denota que el actuar de la Vocal demandada conllevó a la anulación de la defensa material y técnica del accionante, puesto que conforme el entendimiento desarrollado dicha autoridad no podía desarrollar y resolver la apelación sin garantizar la presencia de un abogado defensor, siendo que tuvo la posibilidad de preguntar al imputado por el motivo de la inasistencia de su abogado y verificar la efectividad de las notificaciones o en su caso, considerar su inasistencia injustificada y proceder conforme el art. 113 del CPP garantizado el ejercicio del derecho a la defensa técnica del accionante, máxime tratándose de una audiencia relativa a medidas cautelares que afectan la libertad del procesado; por lo tanto, su obligación radicaba en designar un defensor público o en su defecto, reprogramar la audiencia si no se podía garantizar una defensa técnica efectiva en ese momento, al haber omitido esta obligación, vulneró el derecho a la libertad vinculado al debido proceso, al tratarse de una audiencia de apelación de medidas cautelares; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.
En cuanto al Secretario y Oficial de Diligencias demandados El accionante alega que el actuar del Secretario codemandado habría provocado que la Vocal demandada incurra en error, ante lo cual el Secretario codemandado refiere que se notificó a las partes procesales conforme a los datos cursantes en obrados; y, la Oficial de Diligencias codemandada no habría realizado una revisión adecuada al cuaderno de apelación donde se consignada el número de su abogado, y que la misma alega que no tenía certeza del último apersonamiento del abogado defensor, quien habría notificado con base a un informe erróneo de la auxiliar de otro juzgado. Pues bien, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el incumplimiento o inobservancia de las funciones otorgadas en los preceptos legales o el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado por parte del personal de apoyo jurisdiccional, ocasionará que tales funcionarios adquieran legitimación pasiva, ello no implica que el juez deje sus funciones de dirección del juzgado que precede, por cuanto debe realizar el seguimiento correspondiente teniendo la facultad de impartir instrucciones.
Tales condiciones en la que actuaron los codemandados, si bien pueden constituirse en un posible error atribuible a la remisión de antecedentes, de la revisión de obrados, se determina de ello que, no constituye en una inobservancia directa de sus funciones encomendadas por la normativa vigente o sean producto del incumplimiento de alguna orden superior; por lo que, esta inobservancia no puede imputarse de manera directa como vulneración dolosa de los codemandados, los cuales pudieron ser reclamados por el accionante ante la misma Vocal demandada en el caso del Secretario y Oficial de Diligencias, ambos codemandados.
En consecuencia, si bien el error inicial en la notificación puede comprenderse como un defecto administrativo, la omisión decisiva radica en la actuación de la Vocal demandada, quien tenía el deber de garantizar la presencia del abogado defensor en la audiencia de apelación; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a los referidos demandados lo que no implica que no pudiesen ser juzgados en la vía disciplinaria en caso de haber cometido faltas. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 55 a 61, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo señalar nueva audiencia de apelación, conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamentos Jurídico III.1 de este fallo constitucional, salvo que a tiempo de notificarse la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la situación jurídica del accionante ya se encuentre definida y/o se hubiese modificado por el carácter provisional, temporalidad e instrumentalidad de las medidas cautelares personales.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; y, Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1007_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): a1e2598b220732dd5a02f9622b4b8fed83a0c443a93102092cda3f36170dcad3
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