B.IA.LEGAL

SCP 1006/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
43173-2021-87-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato alega a lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de las pruebas y un indebido procesamiento; toda vez que, en alzada el Vocal -ahora demandado- mediante Auto de Vista 308/2021 de 31 de agosto, declaró la improcedencia de su apelación contra el Auto Interlocutorio 367/2021 incurriendo en los siguientes actos ilegales: i) Respecto a la excepción de incompetencia, se señaló que no se adjuntó elemento de prueba alguno que demuestre el divorcio entre la hoy accionante con el hijo de la presunta víctima, cuando se adjuntó como prueba el carnet de discapacidad y dos certificados de matrimonio, constando en este último la desvinculación matrimonial extrañada que acreditan que el Juez de la causa no era competente para conocer ese tipo de ilícitos; y, ii) En cuanto al incidente de nulidad de imputación formal 025/2021 no se consideró que dicho requerimiento fiscal, no hizo mención al modo, tiempo y lugar de la comisión de los supuesto hechos ilícitos, puesto que, de la declaración testifical se pudo evidenciar que estos nunca existieron. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto; b) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; c) El derecho a la fundamentación y …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la 018/2021 de 21 de septiembre, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  3. III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  4. III.4. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1006/2023-S1 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 43173-2021-87-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 018/2021 de 21 de septiembre, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Mena Quispe, en representación sin mandato de Bertha Celia Fonseca Grimaldis contra Henry Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2021, cursante de fs. 42 a 48, la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Remedios Mamani Vicencio Vda. de Urquizo en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica interpuso excepción de incompetencia e incidente de actividad procesal defectuosa que fue objeto de rechazo por Auto Interlocutorio 367/2021 de 16 de agosto dictado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz. A tal efecto, interpuso recurso de apelación incidental que radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictándose el Auto de Vista 308/2021 de 31 de agosto por el Vocal Henry Sánchez Camacho -hoy accionado- sin fundamentar ni valorar las pruebas.

Por la discapacidad motora grave que tiene y la violencia sufrida por parte de los hijos de la denunciante, se iniciaron dos procesos penales por violencia familiar o doméstica en las que se determinaron medidas de protección a su favor. El referido Auto de Vista 308/2021 adolece de fundamentación fáctica y jurídica, esto en razón a que el 4 de septiembre de 2021, presentó la excepción de incompetencia adjuntando prueba, entre las que cursa un carnet de discapacidad, certificado de matrimonio y su correspondiente cancelación, sin embargo, se observó que no se habría presentado esta documentación, aspecto que es totalmente falso, porque se evidenció que desde la gestión 2019, no existe el vínculo matrimonial y menos aún el vínculo de afinidad entre su persona con la presunta víctima, en ese marco el Juez de control jurisdiccional, no es competente para conocer los supuestos hechos ilícitos, por lo que considera que se vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación. Formuló también un incidente de nulidad de imputación formal, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, ya que no se acomodaría a lo establecido en art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando que no hace mención al modo ni lugar de los hechos y que según las actas de declaración así como las declaraciones testificales, los hechos se produjeron supuestamente el 14 de enero de 2021 y no así el 25 de febrero del mismo año, como señala la Resolución impugnada, por lo que el fondo de la acción penal, es la pretensión de desalojarla de la propiedad en la que vive. Por otra parte, la autoridad demandada de manera arbitraria, interrumpió el audio impidiéndoles plantear el recurso de explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de las pruebas e “indebido procesamiento”; citando al efecto, el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se revoque el Auto de Vista 308/2021 de 31 de agosto y se ordene el cese del procesamiento indebido, declarando probada la excepción de incompetencia en razón de materia, declinando la competencia para conocer la denuncia penal, así como la del Ministerio Publico, disponiéndose que se remita el cuaderno de control jurisdiccional, previo sorteo al Juez de Instrucción Penal y la remisión del cuaderno de investigaciones ante la División Personas del Ministerio Público.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 60, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La demandante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó íntegramente los argumentos de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Henry Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 56 a 58 vta., señaló: a) El Auto de Vista 308/2021 confirma la resolución impugnada emitida por el titular del Juzgado Anticorrupción y Violencia a la Mujer Cuarto del departamento de La Paz, por lo que dicha resolución se circunscribe a lo establecido en la norma procesal penal, respecto a los puntos cuestionados en el recurrido Auto Interlocutorio, en virtud del principio de limitación por competencia; b) No se presentó prueba alguna que demuestre la desvinculación del matrimonio existente y consecuentemente la relación de afinidad que existiría entre la víctima y la imputada, tampoco señala a qué materia corresponderían los hechos investigados, asimismo, respecto al incidente de nulidad de la imputación formal se tiene que revisada la resolución de imputación formal se estableció que la misma cumple con los requisitos establecidos por el art. 302. 4 del CPP, ya que señala el tiempo, la forma, y el lugar de los supuestos hechos de agresiones psicológicas y amenazas, sufridas por la víctima habiéndose verificado que no existe agravio alguno; c) La parte accionante, no fundamentó la violación al derecho a la locomoción, tampoco señaló qué clase de fundamentación jurídica o fáctica carece el Auto de Vista impugnado constatándose que la demanda de acción de libertad sólo transcribe memoriales y las resoluciones judiciales emitidas tanto por el Juez de origen como por el Tribunal ad quem no demuestra la relación intrínseca con el derecho a la libertad; y, e) El recurrente no solicitó la aplicación del art. 125 del CPP, relativo a la enmienda complementación y aclaración del Auto de Vista 308/2021 señalando y afirmando que el recurrente estaba plenamente de acuerdo con la resolución judicial emitida por la Sala Penal Tercera pretendiéndose subsanar dicha negligencia.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución N° 018/2021 de 21 de septiembre, cursante de fs. 61 a 62, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción penal por la supuesta comisión del delito de violencia, familiar o doméstica, en la que se hallan como sujetos activos y pasivos, Bertha Celia Fonseca Grimaldis en calidad de investigada y Remedios Mamani Vicencio Vda. de Urquizo como querellante, la primera con una discapacidad motora grave y la segunda una persona de la tercera edad con más de setenta años de edad, personas que se hallan con una doble protección en sus derechos, una porque es mujer con discapacidad y la segunda también por su condición de la tercera edad; 2) En la acción de libertad, se acompaña el Auto Interlocutorio apelado, sin embargo esta Resolución está incompleta, toda vez que se presenta sólo una hoja con el folio 98, el Auto de Vista confutado, dos resoluciones de imputación formal que en el fondo son idénticas contra Bertha Celia Fonseca Grimaldis y Mónica Aylin Urquizo Fonseca, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en la que se solicita la aplicación de la detención domiciliaria sin vigilancia o la que determine el Juez o Tribunal considerando si el imputado cuenta con la posibilidad de proveer sus necesidades económicas o las de su familia pudiéndose autorizar su salida durante la jornada laboral; y, 3) La resolución de imputación formal, así como la resolución judicial, emitidas tanto por el Ministerio Público y por la autoridad jurisdiccional, son facultades privativas de sus funciones; por lo que, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece que la misma cumple con la fundamentación jurídica exigida por el norma adjetiva penal, en la que señala que el Juez no advirtió que se haya incorporado el certificado de matrimonio, la cual habría sido anulado por orden judicial, asimismo advierte que esta documentación tampoco se presentó al juzgado de origen, situación por la que el accionante señaló que éstas aseveraciones son totalmente falsas, que habría pretendido hacer uso del recurso previsto en el artículo 125 del CPP, sin embargo el audio fue cortado, al respecto, cabe señalar que la complementación, explicación y enmienda podrán ser planteados en el término de un día, por lo que se advierte que el accionante dio por bien hecho estas acciones judiciales, no siendo este tribunal de garantías constitucionales de revisión o de apelación dado que conforme la amplia jurisprudencia emitida por este Tribunal también se rige por el principio de subsidiaridad, qué caracteriza a las demandas de acción de libertad de una manera excepcional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por memorial de 17 de junio de 2021, el Ministerio Público imputa formalmente a Bertha Celia Fonseca Grimaldis –accionante- y su hija -Mónica Ayelen Urquizo Fonseca- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, proceso en el cual sería victima Remedios Mamani Vicencio Vda. de Urquizo, abuela paterna de la última nombrada (fs. 8 al 11 vta.). II.2 Cursa memoriales presentados el 4 de agosto de 2021, y el 5 de igual mes y año por los cuales la hoy accionante interpuso primero una excepción de incompetencia en razón de materia y posteriormente un incidente de nulidad de Resolución de Imputación Formal 25/2021; en respuesta el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, fijó audiencia para la resolución de ambos planteamientos para el 11 de agosto de 2021 (fs. 5 a 7 y 20 a 23 vta.). II.3. Cursa Auto Interlocutorio 367/2021 de 16 de agosto, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la ciudad de El Alto que declara infundada la excepción de incompetencia en razón de materia, así como el incidente de nulidad de imputación formal; así en la misma audiencia la defensa de la hoy impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el referido fallo (fs. 161 a 163). II.4. Mediante Auto de Vista 308/2021 de 31 de agosto, emitido por el Vocal hoy accionado se resolvió el recurso de apelación interpuesto, determinando la admisibilidad del recurso y declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas para finalmente confirmar el Auto Interlocutorio 367/2021, entre otros, bajo los siguientes argumentos:

“3ro.- Que, la parte imputada, se considera agraviada toda vez que la autoridad jurisdiccional, no habría dado lugar a su excepción de incompetencia en razón de materia, toda vez que habría demostrado que entre Bertha Celia Fonseca Grimaldi y Heriberto Urquizo Mamani existía un vínculo matrimonial, pero que posteriormente se han divorciado, consecuentemente, la victima ahora Remedios Mamani Vicencio no tendría ninguna relación de parentesco con Bertha Celia Fonseca, toda vez que ya con su hijo existe el divorcio (…). Consecuentemente al no existir ese parentesco de familiaridad, no podrían ser Juzgados por este hecho de Violencia Familiar o Doméstica. 3.1.- Al respecto, este Tribunal de Alzada ha revisado minuciosamente el legajo de apelación, así como el memorial que habría presentado a esta Sala Penal Tercera la parte apelante, no existe ningún elemento probatorio que demuestre que el divorcio entre Bertha Celia Fonseca Grimaldi y Heriberto Urquizo Mamani hijo de Remedios Mamani Vicencio, a efectos de desvirtuar el no parentesco por afinidad entre la parte denunciante y la parte imputada, consecuentemente, al no existir ese elemento probatorio, este Tribunal de Alzada, no tiene objetivamente demostrado lo que indica la parte apelante, por eso también la autoridad A quo, ha momento de rechazar esa excepción de incompetencia, de manera expresa indica que no hay documentación que pueda sustentar los fundamentos que ha señalado la parte imputada ahora apelante, en consecuencia, se establece que no se habría cumplido con la obligación que establece el Art. 314 y 315 del CPP modificado por la Ley 1173, que obliga a la parte excepcionista presentar prueba, que demuestre sus fundamentos, situación que no lo ha presentado. 4to. Que, por otro lado, manifiesta que ha interpuesto esta excepción de incompetencia en razón de materia. Sin embargo, no ha fundamentado a que materia supuestamente le correspondería estos hechos, para que se conozca con el afán de la averiguación de la verdad histórica del hecho a puesto que, conforme al Art. 310, 308 núm. 2) del CPP modificado por la Ley 1173, cuando interponemos una excepción de incompetencia en razón de materia, tenemos que fundamentar porque consideramos que ese litigio Judicial no puede ser resuelto por una determinada materia en el ámbito penal y se tiene que fundamentar y demostrar a que materia del Jurisdiccional, ya sea en la misma área penal Civil, Familiar y otras, donde se debería de tramitar la presente causa.

En este caso, la parte apelante solamente indica que es incompetente para conocer por el hecho de violencia familiar o doméstica, pero no ha fundamentado y mucho menos ha demostrado con prueba, que materia del derecho es la competente para conocer este litigio judicial, consecuentemente, no existiría agravio alguno. 5to.- Que, también la parte apelante manifiesta que la autoridad A quo, así como el Ministerio Publico, no han establecido lo previsto por el Art. 302 num. 4) del CPP, en establecer el modo, tiempo y lugar de la comisión de los hechos, motivo por el que ha sido imputado. 5.1.- Al respecto, es importante establecer que la imputación formal de manera clara establece, señalando que "...la victima denuncia que por parte de la imputada es quién le hostiga psicológicamente todo el tiempo, el día 25 de febrero del presente año, tuvo que dormir en la calle en una carpa, le prestaron los vecinos e incluso lo subieron a las redes sociales, los vecinos le indican que ya no puede vivir así, ya que como tiene dinero paga para que no tenga procesos, el día el lunes por la tarde a las 18:00 p.m. aprox. llego vociferando que no le metió en la cárcel a su hijo y que al cajón le voy a meter, sufro muchas amenazas…”. En consecuencia, de la lectura de esta parte fundamental, que esta específicamente en la fundamentación jurídica de la imputación, la víctima se refiere a que en este caso la ciudadana Bertha Celia Fonseca, Mónica Aylen Urquizo Fonseca partes imputadas, ejercen violencia psicológica en ella entonces, ahí está el modo, la violencia psicológica y que ha consecuencia de eso inclusive, le habrían hecho dormir en la calle en fecha 25 de febrero del presente año, y que a partir de ahí sigue sufriendo esa Violencia Psicológica; entonces el modo es pues la violencia psicológica de haberle expulsado a que duerma en la calle, la fecha a partir del 25 de febrero y que continua con ese su actuar, el lugar del domicilio donde habitan la parte víctima y la parte imputada que vendría a ser en la zona de Rio Seco, Ex tranca, Av. 14 de septiembre N° 220, y que inclusive le va hostigando al indicar que le agradezca que no ha metido a su hijo a la cárcel, y que a la vez sufre amenazas. Entonces aquí de manera clara, concreta y sencilla está relatado el modo, tiempo y lugar motivo por el que el Ministerio Público, provisionalmente ha calificado ese hecho en violencia familiar o doméstica, por ser por la parte imputada familiar a fin a la parte víctima, motivo por el que la autoridad jurisdiccional, en su momento de resolver este incidente, indica que lógicamente el modo y el tiempo está pues señalado en la relación circunstancial de los hechos dónde se hace referencia al tiempo, a la forma de la comisión y el lugar donde se hubiere generado las eventuales agresiones así como los elementos que sustenta para atribuir provisionalmente el delito previsto por el Art. 272 bis del CP, es decir, que se refiere a la imputación formal. Y que la misma revisada por este Tribunal de Alzada cumple con todos los requisitos del Art. 302 del CPP y especialmente, el Art. 302 núm. 4) de la norma adjetiva penal con relación al modo, tiempo y lugar, en consecuencia, no es cierto ni evidente que no exista de manera expresa esa situación, ya que ahí está la imputación y lo único que la parte imputada tiene que hacer es ejercer su derecho a la defensa y lógicamente poder destruir esos elementos de convicción indiciarios que con lleva a que participe en el hecho.” (sic) (fs. 182 a 185 vta.; y, 198 a 200 vta.). II.5. Cursan Certificados de Matrimonio 158054 y 173402 emitido por Carmen del Pilar Carrasco Heredia, Oficial de Registro Civil 20105026 y Daniel Jesús Mamani Ticona, Oficial de Registro Civil 20105044, ambos del por el Servicio de Registro Cívico (SERECI) de La Paz, en el cual se establece el matrimonio de Eliverto Wilmer Urquizo Mamani y la accionante sucedido el 5 de enero de 1995, con fecha de emisión el primer certificado el 3 de agosto de 2021 y el segundo el 17 de septiembre del mismo año, en ambos certificados al reverso se establece como fecha de disolución del matrimonio (Divorcio) el 12 de agosto de 2019, tramitada ante el Juzgado Publico de Familia Tercero de El Alto. (fs. 3 a 4 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato alega a lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de las pruebas y un indebido procesamiento; toda vez que, en alzada el Vocal -ahora demandado- mediante Auto de Vista 308/2021 de 31 de agosto, declaró la improcedencia de su apelación contra el Auto Interlocutorio 367/2021 incurriendo en los siguientes actos ilegales: i) Respecto a la excepción de incompetencia, se señaló que no se adjuntó elemento de prueba alguno que demuestre el divorcio entre la hoy accionante con el hijo de la presunta víctima, cuando se adjuntó como prueba el carnet de discapacidad y dos certificados de matrimonio, constando en este último la desvinculación matrimonial extrañada que acreditan que el Juez de la causa no era competente para conocer ese tipo de ilícitos; y, ii) En cuanto al incidente de nulidad de imputación formal 025/2021 no se consideró que dicho requerimiento fiscal, no hizo mención al modo, tiempo y lugar de la comisión de los supuesto hechos ilícitos, puesto que, de la declaración testifical se pudo evidenciar que estos nunca existieron. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto; b) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; c) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; d) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; d.1) El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa; d.2) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; d.3) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; d.4) El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto

El Voto Aclaratorio de la SCP 0373/2019-S2 de 14 de junio, reiterado por la SCP 0120/2020-S1 de 22 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El art. 196.I de la (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional. Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones -interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-. El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que, el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:

Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional. Por otra parte, el art. 3.5 del citado cuerpo legal, hace referencia a los principios procesales de la justicia constitucional, entre los que se encuentra el principio de no formalismo, por el cual “…sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso”; siendo los fines del proceso, en armonía con las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que fueron detalladas en el art. 196 de la CPE, antes referido, precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales; consecuentemente, haciendo efectivos los principios constitucionales, procesales y la finalidad de la justicia constitucional, corresponde que este Tribunal propugne una protección efectiva de los derechos y garantías, exigiendo las mínimas formalidades para impartir una justicia constitucional pronta, efectiva y sin obstáculos, que respondan a las necesidades de la o el ciudadano. Lo anotado cobra mayor relevancia en las acciones de libertad, que dada su naturaleza jurídica, tienen entre sus características al informalismo, que supone la carencia de requisitos formales para su interposición y se manifiesta en la posibilidad de presentar esta acción de manera escrita u oral, sin requerir de la concurrencia de un abogado; la permisión de interponerla a nombre de otra persona, sin necesidad de mandato; la posibilidad de proteger hechos conexos no expresamente denunciados; y, de salvar los aspectos de derecho que fueron omitidos por la o el accionante, entre otros aspectos, conforme lo establece reiteradamente la propia jurisprudencia constitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal.

III.2. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

Al respecto, el ya referido Voto Aclaratorio de la de la SCP 0373/2019-S2 de 14 de junio, reiterado por la SCP 0120/2020-S1 de 22 de julio entre otras, asumió el siguiente razonamiento: A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre de 2004, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la 2El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”. 3El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 4El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 5El FJ III.1, manifiesta: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…”(las negrillas son nuestras); lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella.

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional (…).

Como consecuencia, el debido proceso en materia penal, constituye ante todo una limitación al poder punitivo del Estado, siendo que en su esencia comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales establecidas por el legislador a efectos de asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, siempre bajo la condicionante de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas; protección que abarca entre otros elementos, los principios medulares que integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

De esta manera, se concluye que el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.

principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que:

…Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…) [resaltado añadido].

Asimismo, la misma Sentencia señaló que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo, es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene 6El FJ III.3, expresa: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en la jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre.

señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun cuando no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, la Magistrada que suscribe la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

7 La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ. III.1.2, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que: “el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes: “(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.4. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.

III.4.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa

Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución 10El FJ III.5, señala: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima -arts. 180.I y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los Derechos Humanos.

Desde esta nueva perspectiva garantista aplicada al caso concreto; en la ponderación de bienes superiores, nítidamente se contraponen dos criterios de protección: 1. Los derechos de la víctima, al acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño; y, 2. El derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. (…)

En este esquema, si bien es el Estado el que asume el ius puniendi, actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano, en la medida en que los mismos fueron “confiscados” por el Estado como único titular de la facultad sancionadora. (…)

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó en la Asamblea General de 29 de noviembre de 1985, en la Resolución 40/34, la primera declaración sobre la protección a la víctima: `Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder´, estableciendo los siguientes derechos de las víctimas:

1. Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, superando los paradigmas del proceso penal para facilitar el acceso y permitir el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la existencia de un hecho delictivo, para ello, los procesos judiciales y administrativos deberán adecuarse a las necesidades de la víctima, lo que comprende: (…)

d) Proteger su dignidad, minimizar molestias, garantizar su seguridad, el de la familia y testigos a su favor contra intimidaciones y represalias; (…)

`Dentro de la concepción de Estado Social de Derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual:

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas]. A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:

…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental (las negrillas son incorporadas). En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que, en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares initernacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.

III.4.2. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:

…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.

Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica,

tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado].

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.

Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.

En ese marco, a continuación, se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:

i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas]. Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-. Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de: d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras].

iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género

-perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.

Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.

iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.

Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.

III.4.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.

Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.

8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas].

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).

Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.

3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.

4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.

5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.

6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.

7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.

8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.

9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.

10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.

13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.

14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.

15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).

En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).

Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas).

De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

III.1.4. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.

Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:

…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo).

El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.

III.5. Análisis del caso concreto

En el caso objeto de análisis, la accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de las pruebas e “indebido procesamiento”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra su persona por el Ministerio Público a instancia de Remedios Mamani Vicencio Vda. de Urquizo por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Domestica, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de El Alto, mediante Auto Interlocutorio 367/2021, rechazó la excepción de incompetencia y el incidente de nulidad de imputación formal; por lo que interpuso apelación incidental, y en alzada el Vocal demandado mediante Auto de Vista 308/2021 de 31 de agosto, declaró la improcedencia de su apelación incurriendo en los siguientes actos ilegales: i) Respecto a la excepción de incompetencia, se señaló que no se adjuntó elemento de prueba alguno que demuestre el divorcio entre la hoy accionante con el hijo de la presunta víctima, cuando se adjuntó como prueba el carnet de discapacidad y dos certificados de matrimonio, constando en este último la desvinculación matrimonial extrañada que acreditan que el Juez de la causa no era competente para conocer ese tipo de ilícitos; y, ii) En cuanto al incidente de nulidad de imputación formal 025/2021 no se consideró que dicho requerimiento fiscal, no hizo mención al modo, tiempo y lugar de la comisión de los supuesto hechos ilícitos, puesto que, de la declaración testifical se pudo evidenciar que estos nunca existieron. Con carácter previo, al análisis de fondo de la problemática planteada, cabe señalar que la lesión del debido proceso alegada no está directamente vinculada al derecho a la libertad, al respecto tal como se establece en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo, del análisis dinámico de la jurisprudencia a partir del estándar jurisprudencial más alto sobre la acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso; el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, que en el supuesto de acción de libertad y procesamiento indebido, está contenido en la SCP 0217/2014 de 5 de febrero. En ese mérito, corresponde analizar la problemática jurídica identificada anteriormente. 1) Respecto la presunta carencia de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, en relación a la resolución de la excepción de incompetencia En este primer punto, la accionante denuncia que el Vocal hoy accionado señaló erróneamente que no se adjuntó elemento de prueba alguno que demuestre el divorcio entre la hoy accionante con el hijo de la presunta víctima, cuando se adjuntó como prueba el carnet de discapacidad y dos certificados de matrimonio, constando en este último la desvinculación matrimonial extrañada que acreditan que el Juez de la causa no era competente para conocer ese tipo de ilícitos. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes se tiene que el Ministerio Público, por memorial de 17 de junio de 2021 imputó formalmente a Bertha Celia Fonseca Grimaldis –accionante- y su hija Mónica Ayelen Urquizo Fonseca por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, proceso en el cual sería víctima Remedios Mamani Vicencio Vda. de Urquizo -abuela paterna de la última- por el hecho sucedido el 25 de febrero de 2021 donde tuvo que dormir en la calle por las amenazas y violencia psicológica constante por parte de su ex yerna y su hija quienes viven en su casa; pese a que, el 2016 venció el contrato de anticrético que tenía con su ex yerna (Conclusión II.1).

Por memorial de 4 de agosto de 2021 presentado ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de El Alto, la accionante interpuso la excepción de incompetencia refiriendo que mediante Sentencia de 12 de agosto de 2019 el Juez Público de Familia Tercero de El Alto determinó disolver el matrimonio que tenía con el hijo de la denunciante, por lo que, al carecer de algún vínculo de familiaridad ya no se constituiría en el Juez natural, pidiendo remitir los antecedentes por sorteo ante el Juez de Instrucción Penal y que de igual manera, el Ministerio Público remita los antecedentes ante la División de personas; a efecto, de resolver esta excepción y otra que interpuso el 5 del mismo mes y año fijándose audiencia para su conocimiento y resolución para el 11 de agosto de 2021 (Conclusión II.2). Mediante Auto Interlocutorio 367/2021 de 16 de agosto, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la ciudad de El Alto, declaró infundada la excepción de incompetencia en razón de materia, así como el incidente de nulidad de Imputación Formal. En la misma audiencia la defensa de la hoy impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el referido fallo (Conclusión II.3). Remitida en alzada, la apelación incidental referida, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 308/2021, determinó en primera instancia la admisibilidad del recurso y la improcedencia de la apelación, respecto a la excepción de incompetencia, en sus fundamentos refiere:

3ro.- Que, la parte imputada, se considera agraviada toda vez que la autoridad jurisdiccional, no habría dado lugar a su excepción de incompetencia en razón de materia, toda vez que habría demostrado que entre Bertha Celia Fonseca Grimaldi y Heriberto Urquizo Mamani existía un vínculo matrimonial, pero que posteriormente se han divorciado, consecuentemente, la victima ahora Remedios Mamani Vicencio no tendría ninguna relación de parentesco con Bertha Celia Fonseca, toda vez que ya con su hijo existe el divorcio (…). Consecuentemente al no existir ese parentesco de familiaridad, no podrían ser Juzgados por este hecho de Violencia Familiar o Doméstica. 3.1.- Al respecto, este Tribunal de Alzada ha revisado minuciosamente el legajo de apelación, así como el memorial que habría presentado a esta Sala Penal Tercera la parte apelante, no existe ningún elemento probatorio que demuestre que el divorcio entre Bertha Celia Fonseca Grimaldi y Heriberto Urquizo Mamani hijo de Remedios Mamani Vicencio, a efectos de desvirtuar el no parentesco por afinidad entre la parte denunciante y la parte imputada, consecuentemente, al no existir ese elemento probatorio, este Tribunal de Alzada, no tiene objetivamente demostrado lo que indica la parte apelante, por eso también la autoridad A quo, ha momento de rechazar esa excepción de incompetencia, de manera expresa indica que no hay documentación que pueda sustentar los fundamentos que ha señalado la parte imputada ahora apelante, en consecuencia, se establece que no se habría cumplido con la obligación que establece el Art. 314 y 315 del CPP modificado por la Ley 1173, que obliga a la parte excepcionista presentar prueba, que demuestre sus fundamentos, situación que no lo ha presentado.

4to. Que, por otro lado, manifiesta que ha interpuesto esta excepción de incompetencia en razón de materia. Sin embargo, no ha fundamentado a que materia supuestamente le correspondería estos hechos, para que se conozca con el afán de la averiguación de la verdad histórica del hecho a puesto que, conforme al Art. 310, 308 núm. 2) del CPP modificado por la Ley 1173, cuando interponemos una excepción de incompetencia en razón de materia, tenemos que fundamentar porque consideramos que ese litigio Judicial no puede ser resuelto por una determinada materia en el ámbito penal y se tiene que fundamentar y demostrar a que materia del Jurisdiccional, ya sea en la misma área penal Civil, Familiar y otras, donde se debería de tramitar la presente causa. En este caso, la parte apelante solamente indica que es incompetente para conocer por el hecho de violencia familiar o doméstica, pero no ha fundamentado y mucho menos ha demostrado con prueba, que materia del derecho es la competente para conocer este litigio judicial, consecuentemente, no existiría agravio alguno. (CONCLUSION II.4) Ahora bien, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la motivación resulta arbitraria cuando emerge de la omisión de la valoración de la prueba aportada en el proceso, lo que inicialmente podría desembocar en la posible concesión de la tutela al no haber el Vocal demandado considerado que el certificado de matrimonio que presentó la ahora accionante en el reverso lleva registrado la cancelación del matrimonio. Sin embargo, en el presente caso corresponde efectuar el análisis integral de la problemática en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, ya que independientemente de que la imputada ahora accionante sea una mujer discapacitada y la víctima adulta mayor, quien hubiera supuestamente sufrido violencia por parte de la primera; además de su nieta, conforme lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el examen de los problemas jurídicos relacionados a hechos de violencia, no se debe pasar por alto la obligación de aplicar el principio y estándar de la debida diligencia que dirige todas las etapas de los procesos por delitos de violencia en razón de género de acuerdo a lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348 basándose en el enfoque integral de los derechos de las partes en conflicto. Por lo desarrollado precedentemente y los antecedentes del caso entendemos que la ahora accionante, planteo la excepción de incompetencia a efectos de que el Juez especializado en Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer que conoce la causa, remita los antecedentes ante un Juez de Instrucción Penal ordinario, por cuanto ya no existiría ningún vínculo de familiariedad con su ex esposo e hijo de la supuesta víctima.

Ahora bien, de la lectura de la imputación formal y la argumentación planteada por la misma accionante en su excepción de incompetencia reconoce que su hija Mónica Ayelen Urquizo Fonseca -co imputada-, resulta ser la nieta paterna de la víctima, por lo que más allá de que se haya procedido a la desvinculación matrimonial con el hijo de la denunciante, existe un vínculo por la familiaridad de su hija con la denunciante que no se rompe con el divorcio al ser un lazo consanguíneo, máxime si el art. 15.7 de la Ley 348 establece que “Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado”. Por otra parte, considerando que el proceso penal de referencia se encuentra en la etapa investigativa, conforme a procedimiento el Ministerio Público a través de la dirección funcional de la investigación podrá esclarecer los hechos y precisar en un siguiente requerimiento conclusivo si se produjo suficiente prueba que acredite la existencia de la conducta típica y el sujeto activo del delito, teniéndose que están comprendidos en actos de violencia en la familia –como ya se dijo- el cónyuge y ex cónyuge, conviviente y ex conviviente o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado con ello resulta razonable, que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la ciudad de El Alto, mediante Auto Interlocutorio 367/2021 de 16 de agosto, haya declarado infundada la excepción estableciendo entre sus fundamentos que “…el delito provisionalmente atribuido será motivo de investigación durante el desarrollo de la etapa preparatoria para poder determinar la existencia o en todo caso la inexistencia, así como la probabilidad y participación de la parte investigada ahora impetrante…” (sic). En el marco de lo referido, no es posible conceder la tutela impetrada ni anular el Auto de Vista denunciado, dado que, en virtud del análisis realizado, se confirma que el delito imputado, conforme al art. 72 de la Ley del Órgano Judicial (Ley 025 de 24 de junio de 2010) modificada por la Ley 348, es de competencia exclusiva de los Jueces de Instrucción de Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres. Por lo tanto, el pronunciamiento de una nueva resolución no resultaría procedente, ya que el Auto de Vista cuestionado se enmarca dentro de los parámetros legales aplicables y guarda conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, garantizar la debida diligencia en este tipo de procesos resulta imperativo para evitar retrasos innecesarios y cumplir con los estándares de protección en casos de violencia de género, tal como se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.4. En consecuencia, corresponde denegar la tutela respecto a este punto. 2) Respecto la presunta carencia de fundamentación y motivación en relación al incidente de nulidad de imputación formal planteado. En este segundo punto, la accionante denuncia que, el Auto de Vista cuestionado adolece de fundamentación porque no tomo en cuenta que la Resolución de imputación formal 025/2021, no hizo mención al modo tiempo y lugar del supuesto hecho y que de la declaración testifical se pudo evidenciar que el hecho nunca existió. Al respecto dentro el ya referido proceso penal en el cual la ahora accionante fue imputada junta a su hija por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1), se tiene que, mediante escrito de 5 de agosto de 2021, la accionante interpuso el incidente de nulidad de Resolución de Imputación Formal 25/2021 (Conclusión II.2) y el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de El Alto, en la audiencia de 16 de similar fecha y año mediante Auto Interlocutorio 367/2021 declaró infundado el incidente al igual que la excepción de incompetencia que la cual ya fue objeto de análisis (Conclusión II.3); motivo por el cual interpuso apelación incidental que fue declarada improcedente por el Vocal demandado mediante el Auto de Vista anteriormente mencionado 308/2021 de 31 de agosto (Conclusión II.4). Para el análisis correspondiente es necesario partir señalando que el agravio expresado por la ahora accionante fue que “…el Ministerio Publico, no han establecido lo previsto por el Art. 302 num. 4) del CPP, en establecer el modo, tiempo y lugar de la comisión de los hechos, motivo por el que ha sido imputado…) (sic); ante este la autoridad demandada en el Auto de Vista denunciado respondió con el siguiente fundamento:

“5.1.- Al respecto, es importante establecer que la imputación formal de manera clara establece, señalando que "...la victima denuncia que por parte de la imputada es quién le hostiga psicológicamente todo el tiempo, el día 25 de febrero del presente año, tuvo que dormir en la calle en una carpa, le prestaron los vecinos e incluso lo subieron a las redes sociales, los vecinos le indican que ya no puede vivir así, ya que como tiene dinero paga para que no tenga procesos, el día el lunes por la tarde a las 18:00 p.m. aprox. llego vociferando que no le metió en la cárcel a su hijo y que al cajón le voy a meter, sufro muchas amenazas…”. En consecuencia, de la lectura de esta parte fundamental, que esta específicamente en la fundamentación jurídica de la imputación, la víctima se refiere a que en este caso la ciudadana Bertha Celia Fonseca, Mónica Aylen Urquizo Fonseca partes imputadas, ejercen violencia psicológica en ella entonces, ahí está el modo, la violencia psicológica y que ha consecuencia de eso inclusive, le habrían hecho dormir en la calle en fecha 25 de febrero del presente año, y que a partir de ahí sigue sufriendo esa Violencia Psicológica; entonces el modo es pues la violencia psicológica de haberle expulsado a que duerma en la calle, la fecha a partir del 25 de febrero y que continua con ese su actuar, el lugar del domicilio donde habitan la parte víctima y la parte imputada que vendría a ser en la zona de Rio Seco, Ex tranca, Av. 14 de septiembre N° 220, y que inclusive le va hostigando al indicar que le agradezca que no ha metido a su hijo a la cárcel, y que a la vez sufre amenazas. Entonces aquí de manera clara, concreta y sencilla está relatado el modo, tiempo y lugar motivo por el que el Ministerio Público, provisionalmente ha calificado ese hecho en violencia familiar o doméstica, por ser por la parte imputada familiar a fin a la parte víctima, motivo por el que la autoridad jurisdiccional, en su momento de resolver este incidente, indica que lógicamente el modo y el tiempo está pues señalado en la relación circunstancial de los hechos dónde se hace referencia al tiempo, a la forma de la comisión y el lugar donde se hubiere generado las eventuales agresiones así como los elementos que sustenta para atribuir provisionalmente el delito previsto por el Art. 272 bis del CP, es decir, que se refiere a la imputación formal. Y que la misma revisada por este Tribunal de Alzada cumple con todos los requisitos del Art. 302 del CPP y especialmente, el Art. 302 núm. 4) de la norma adjetiva penal con relación al modo, tiempo y lugar, en consecuencia, no es cierto ni evidente que no exista de manera expresa esa situación, ya que ahí está la imputación y lo único que la parte imputada tiene que hacer es ejercer su derecho a la defensa y lógicamente poder destruir esos elementos de convicción indiciarios que conlleva a que participe en el hecho.” Por lo descrito, se advierte que la autoridad demandada, remitiéndose a la revisión de la imputación formal, explicó que en dicho requerimiento fiscal para la calificación provisional del presunto delito de violencia familiar o doméstica, consideró los elementos indiciarios fácticos a partir de los hechos denunciados y suscitados entre la ahora accionante y la supuesta víctima que en este caso viene a ser la madre de su ex esposo, quienes habitan un mismo inmueble, donde esta última refiere sufrir violencia psicológica ante las constantes amenazas y hostigamiento que recibe de la hoy impetrante de tutela y que dieron lugar a que el 25 de febrero de 2021, fuera expulsada de su domicilio teniendo que dormir en una carpa en medio de la calle, y que continua el hostigamiento amenazándola con hacer daño a su hijo; circunstancias que la autoridad demandada refirió, establecen claramente el modo como se da el hecho, señalando que es a través de la violencia psicológica, misma que se ejerce en el domicilio donde ambas partes habitan, constituyendo ese el lugar, y que habría derivado en que en fecha 25 de febrero del citado año, la presunta víctima fue obligada a dormir en la calle, precisándose así el tiempo en que se suscitó el hecho; concluyendo de esa forma que la Resolución de imputación formal cumplió con las exigencias establecidas en el art. 302.4 del CPP, con relación al modo, tiempo y lugar, de los supuestos hechos y su calificación provisional. Tras ese análisis, este Tribunal advierte que el ya citado Auto de Vista, en relación a este segundo punto cuestionado por la accionante, contiene el fundamento factico extrañado, adecuado a la normativa procedimental penal, con relación al alcance y contenido de la imputación formal que fue objeto de examen por parte de la autoridad demandada, de cuya explicación también se entiende los motivos en los cuales sustentó su decisión; en tal sentido, los argumentos de Vocal accionado, si bien no son ampulosos pero son claros y concretos, cumplen con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional en el tratamiento de incidentes, de parte de las autoridades jurisdiccionales, quienes están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo; al haberse cumplido dichos parámetros en relación a este segundo aspecto denunciado por la impetrante de tutela, concierne denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la 018/2021 de 21 de septiembre, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 La línea jurisprudencial sobre el principio de informalismo que rige a la acción de libertad, desarrollada en diferentes tópicos, puede ser encontrada en la sistematización de la jurisprudencial 2012-2015, efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; disponible en: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/3954.

8 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…´” (el resaltado es nuestro).

11 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.

12 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 13Ibídem.

14 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación de 8 de junio de 1990.

15 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1006_2023-S1_id65539.pdf · páginas 1 a 40.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5b4c9b61eb22f54451b2597bc9f7bd3c5fd49c5ada618f3e9f6fa49746a213e2

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