B.IA.LEGAL

SCP 1005/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Tercera · 27 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de agosto de 2025
Acción
Acción de Amparo Constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56824-2023-114-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, refiere la vulneración del principio non bis in ídem, tutela judicial efectiva, y seguridad jurídica; debido a que, dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra por la presunta comisión de falta establecida en el en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, fue beneficiado con el Acta de Reunión Extraordinaria 002 de 6 de mayo de 2019, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Sopachuy, que cerró su caso y dejó sin efecto la sanción impuesta; sin embargo, el referido Tribunal, dictó la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022 de 24 de octubre, que lo sancionó con el retiro definitivo del ejercicio del Magisterio, en cumplimiento al art. 13 inc. c) del aludido Reglamento; decisión que fue confirmada por la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, a través de la Resolución Administrativa Departamental en grado de apelación D.D.E.CH 041/2022 de 25 de noviembre, que lo declaró autor de la referida falta, pese a contar con una resolución de sobreseimiento emitida por el Ministerio Público a su favor sobre los mismos hechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 097/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 336 a 339 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia:

1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los entendimientos jurídicos del presente fallo constitucional, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

2° Disponer que, por Secretaría General de este Tribunal, se notifique con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Fiscalía General del Estado, para que, en el marco de sus atribuciones, asuman las acciones correctivas a fin de evitar se reitere lo advertido en la presente causa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Denegatoria de la acción de amparo constitucional por actos consentidos expresamente
  2. III.2. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa
  3. III.3. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales
  4. III.4. Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1005/2025-S3 Sucre, 27 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional Expediente: 56824-2023-114-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución AAC 097/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 336 a 339 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Gerardo Barco Mamani contra Juan Benito Sacari Bejarano, Director Departamental de Educación de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de mayo de 2023, cursantes a fs. 1, 206 a 216, el accionante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso administrativo instaurado en su contra a instancia de Celfa Pary Loayza en representación de AA, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Tribunal Disciplinario mediante Acta de Reunión Extraordinaria 002 de 6 de mayo de 2019, determinó declarar caso concluido y dejar sin efecto la sanción establecida en el art. 13 inc. c) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo aprobado por Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993. Paralelamente, fue suspendido de sus funciones, por haber sido imputado dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, causa que terminó con la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 21 de noviembre de 2019, que fue confirmada a través de Resolución Jerárquica de 4 de febrero de 2020; hechos que dieron lugar a que proceda su restitución a sus funciones en el Magisterio.

Sin embargo, producto de la Nota CITE: D.D.E.CH. - U.A.J./ 235/2022 de 9 de agosto, se determinó la continuación del proceso administrativo, dejando de lado lo decidido en el Acta de Reunión Extraordinaria 002; la prosecución ordenada decantó en la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022 de 24 de octubre, que dispuso su retiro definitivo del ejercicio del Magisterio; decisión que tiene la misma base fáctica del proceso penal en el que se dictó un sobreseimiento a su favor, así como la inclusión de un informe psicológico de un tercero, que es contradictorio al informe pericial producido en el referido proceso. Ante la interposición del recurso de apelación, la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, emitió la Resolución Administrativa Departamental en Grado de Apelación D.D.E.CH. 41/2022 de 25 de noviembre, que confirmó la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022, decisión que conculcó sus derechos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante denunció la vulneración del non bis in ídem, tutela judicial efectiva, y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 24, 115.II y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se les conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la nulidad de: a) La Resolución de Proceso Disciplinario Caso 05/2022 de 24 de octubre; y, b) La Resolución Administrativa Departamental en grado de Apelación D.D.E.CH. 041/2022 de 25 de noviembre; y por efecto de lo anterior, el Tribunal Disciplinario Colegiado de la Dirección de Educación de Sopachuy, emita nueva resolución tomando en cuenta el Acta de Reunión Extraordinaria 002 de 6 de mayo de 2019, en resguardo al principio del non bis in ídem, la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia el 3 de agosto de 2023, según el acta de audiencia cursante de fs. 325 a 335 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratifico íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo agregó que: 1) El de 6 mayo de 2019, el Tribunal Disciplinario desestimó la denuncia interpuesta por Celfa Pary Loayza el 20 de febrero del mismo año; sin embargo, existe un informe del Director Distrital de Sopachuy de 1 de agosto de 2022, dirigido al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, haciendo conocer los pormenores del proceso disciplinario iniciado en su contra; por lo que, el 9 del mismo mes y año, la Dirección Distrital de Educación de Chuquisaca, instruyó la prosecución del proceso, pese a haber tomado conocimiento de la existencia del rechazo de 6 de mayo de 2019; 2) En cumplimiento a lo ordenado, el Tribunal Disciplinario emitió la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022 de 24 de octubre, sin contemplar que existe una anterior resolución que desestimó la denuncia, que no fue objetada, lo que refleja la vulneración del principio non bis in ídem; y, 3) Sin convalidar lo mencionado recurrió la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022, y el Director Departamental de Educación de Chuquisaca, emitió la Resolución Administrativa Departamental en grado de Apelación D.D.E.CH. 041/2022 de 25 de noviembre, que con relación al reclamo acerca del non bis in ídem, se indicó que no fue transgredido; además, se vulneró la seguridad jurídica porque se debió resguardar los derechos del procesado en el marco de las quejas y lo que se vertió en el recurso de apelación formulado; finalizó reiterando el petitorio expresado en su escrito de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe del demandado

Juan Benito Sacari Bejarano, Director Departamental de Educación de Chuquisaca, a través de su abogado en audiencia, manifestó que: i) De conformidad a la SCP 0018/2018-S2 28 de febrero, el juez constitucional esta impelido a examinar si de acuerdo a los elementos aportados, la solicitud de tutela permite un cambio en la decisión o materialización de un derecho sustantivo, aspecto ausente en la presente causa, producto de que el accionante fue sancionado en tres oportunidades por la comisión de abuso sexual, conforme se tiene de las Resoluciones 01/2022 de 7 de julio, 04/2022 de 20 de septiembre, y 05/2022 de 24 de octubre, esta última que es objeto de la presenta acción de amparo constitucional, resaltando que los otros fallos no fueron objeto de impugnación alguna, por lo que se encuentran ejecutoriados, razón por la cual, no existe relevancia constitucional; y, ii) El reclamo del accionante ante la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, es que no se le puede juzgar en la vía administrativa por haber sido sobreseído en la instancia penal, lo que develaría la lesión al non bis in ídem, empero no existe identidad respecto al fundamento, ya que las sanciones son distintas entre los referidos procesos, debiéndose tomar en cuenta lo señalado por la SCP 0333/2020-S1 de 14 de agosto; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Celfa Pary Loayza, en calidad de tercera interesada, en audiencia manifestó que: a) Se constituyó en la primera denunciante el año 2019 en contra del accionante, tanto en la vía penal, como administrativa, por los hechos sucedidos en Sopachuy en 2014; b) El proceso penal iniciado, concluyó con sobreseimiento a favor del denunciado, por una pericia psicológica de la cual quedó “…impresionada por lo que sacó no la perito psicológica, ya que una niña de seis años era difícil hacerle recordar colores, fechas, no entonces, le pedía que recuerde muchos datos específicos, por eso la pericia salió indeterminada” (sic); c) Hubo muchas equivocaciones que produjeron la vulneración de los derechos de su hija, porque no se hizo una buena investigación, resaltó que los niños en el campo son tímidos, que hay muchos casos, y que ella fue la primera en denunciar, “…le duele como madre que le haya ocurrido eso a mi pequeña mientras yo estaba en el lugar también trabajando, la verdad es algo que no esperaba como familia, ya que eso ha afectado no solamente a mi persona, ha afectado a toda la familia, a mis papas, a mis hermanos a todos es un daño psicológico para toda la familia…” (sic); d) No tenía conocimiento de cómo llevar adelante un proceso penal, por lo que no pudo presentar las pruebas suficientes, porque existían testigos, sus abogados le dijeron que serían presentados en juicio, entre los cuales se tenía a un señor que pedía se rebaje de curso a su hijo con tal de que no pase clases con el accionante, pero “…lamentablemente yo no presente a tiempo, yo la verdad pedirles que realicen un buen trabajo, sería injusto que a este profesor que se le devuelva su cargo, yo no estoy de acuerdo, quisiera que se haga justicia ya que miren el caso quedo con sobreseimiento e inmediatamente a esta persona le devolvieron el cargo y volvió a cometer abuso en contra de otras menores de edad, contra sus estudiantes, entonces es como devolverle el arma al matón para que siga realizando siga matando, que de verdad un daño psicológico es matar un niño, acaso los niños no tienen derechos, ellos son vulnerables, no es cierto…” (sic); y, e) Todavía se encuentran acudiendo a psicólogos por lo ocurrido, en las escuelas siempre se está hablando de prevención de estos casos de abuso sexual, su hija al escuchar de estos temas le refiere que se siente mal, que todavía se acuerda de lo acontecido; por todo ello, le duele como madre, pidiendo que no se le otorgue la “herramienta” al accionante para seguir cometiendo abusos en contra de otros niños, es algo que les marca de por vida, entonces sería realmente peligroso devolver el cargo al impetrante de tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución AAC 097/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 336 a 339 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El procesamiento en la vía administrativa y penal, no siempre constituye en vulneración al principio del non bis in ídem, debido a que cada proceso persigue una finalidad diferente; empero, no resulta razonable ni admisible en un Estado Constitucional de Derecho, que en una misma vía como es la administrativa, se active en dos oportunidades diferentes procesos disciplinarios por un mismo hecho; 2) Con relación al segundo agravio -non bis in ídem- del recurso de apelación resuelto por la Resolución impugnada, el accionante en dicha oportunidad refirió haber demostrado su inocencia en el proceso penal de abuso sexual, pero el Tribunal Disciplinario pretende sancionarle administrativamente por los mismos hechos; se debe tomar en cuenta la SCP 0022/2020-S2 de 17 de marzo, que señaló que al perseguir las sanciones administrativas y penales fines diferentes no se transgrede el principio non bis in ídem; razón por la cual, en el presente caso, no se halla vulneración alguna; y, 3) Respeto a la denuncia de doble procesamiento por la emisión de la Resolución 05/2022, pese a haberse asumido en el Acta de 6 de mayo de 2019, una determinación sobre el caso, se advierte que no se activó el recurso apelación ni de revisión en el plazo establecido; sin embargo, luego de las consultas realizadas a las partes, se demostró que el accionante tuvo la misma sanción impuesta por la Resolución impugnada a través de la Resolución 12/2022 de 2 de agosto; decisión que se encuentra firme, aspecto que denota la ausencia de relevancia constitucional, en virtud a que la posible tutela que se otorgue, seria ineficaz.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta denuncia de 7 de enero de 2019, presentada ante Fiscal de turno de la Capital, formulada por Celfa Pary Loayza contra de Jorge Gerardo Barco Mamani por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado en el art. 312 del Código Penal (CP) (fs. 19 a 20). II.2. Cursa denuncia de 23 de febrero de 2019, ante el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Sopachuy interpuesta por Celfa Pary Loayza contra Jorge Gerardo Barco Mamani por la presunta comisión de la falta tipificada en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo aprobado por Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993 (fs. 15 a 18). II.3. Se tiene Acta de Reunión Extraordinaria 002 de 6 de mayo de 2019, a través del cual el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Sopachuy, determinó: “…caso concluido y dejar sin efecto la sanción establecida en el Reglamento de faltas y sanciones disciplinarias del Magisterio Art. 13 enciso c) (“sanción por falta muy graves: Retiro definitivo del Ejercicio del Magisterio o destitución del cargo”), por falta de información suficiente tanto documental y testifical, que permita evidenciar respecto a la manera en que habían ocurrido los hechos denunciados…” (sic) (fs. 38 a 39). II.4. Cursa Resolución de Sobreseimiento de 21 de noviembre de 2019, Caso FIS 1900097, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 1067127, por la cual, la Fiscal de Materia, Natividad Morales Choque, dispuso el sobreseimiento en favor de Jorge Gerardo Barco Mamani, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; y, Resolución Jerárquica de 4 de febrero de 2020, que ratificó la Resolución de Sobreseimiento (fs. 111 a 120). II.5. Mediante memorial de 20 de septiembre de 2022, solicitud de prescripción al proceso disciplinario interpuesto por Jorge Gerardo Barco Mamani a raíz de la denuncia interpuesta el 23 de febrero de 2019 por Celfa Pary Loayza; y Auto de 26 de septiembre de 2022, a través de la cual el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Sopachuy, declaró no ha lugar a la excepción planteada; asimismo, escrito de 17 de octubre de 2022, por medio del cual el accionante presenta descargos al proceso disciplinario que decantó en la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022 de 24 de octubre (fs. 108 y vta.; 138; y, 137 y vta.). II.6. El Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Sopachuy, pronunció la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022 de 24 de octubre, mediante la cual, se sancionó con el retiro definitivo del ejercicio del Magisterio a Jorge Gerardo Barco Mamani, en cumplimiento al art. 13 inc. c) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo; decisión que luego de ser apelada fue confirmada por la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, a través de la Resolución Administrativa Departamental en grado de Apelación D.D.E.CH 041/2022 de 25 de noviembre (fs. 179 a 182; 183 a 185; y, 188 a 197). II.7. Se tiene Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 01/2022 de 7 de julio y Caso 04/2022 de 20 de septiembre, a través de las cuales, el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Sopachuy, sancionó a Jorge Gerardo Barco Mamani con el retiro definitivo del ejercicio del Magisterio, en cumplimiento al art. 13 inc. c) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo; decisiones que fueron confirmadas por la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, por medio de las Resoluciones Administrativas Departamentales en apelación D.D.E.CH. 12/2022 de 2 de agosto y 035/2022 de 24 de octubre, respectivamente (fs. 252 a 262; y, 264 a 274). II.8. Cursa Sentencia 03/2023 de 8 de mayo, dentro del caso con IANUS 104302112100037, emitida por el Juez Publico Mixto Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Padilla del departamento de Chuquisaca, mediante la cual, se condenó a Jorge Gerardo Barco Mamani a quince (15) años de privación de libertad por habérsele hallado como culpable de la comisión del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en el art. 312 con relación al 310 inc. g) del CP (fs. 289 a 311). II.9. Se tiene Informe Psicológico realizado a la menor AA, de 31 de diciembre de 2018, a cargo de la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (D.N.A) del Distrito 8, que determinó: “según el relato de la niña y por la actitud reflejada durante la entrevista, se puede apreciar que evidentemente cuando tenía 6 años sufrió de abuso sexual por el profesor a quien identifica claramente…” (sic) (fs. 173 a 178).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, refiere la vulneración del principio non bis in ídem, tutela judicial efectiva, y seguridad jurídica; debido a que, dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra por la presunta comisión de falta establecida en el en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo, fue beneficiado con el Acta de Reunión Extraordinaria 002 de 6 de mayo de 2019, emitida por el Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Sopachuy, que cerró su caso y dejó sin efecto la sanción impuesta; sin embargo, el referido Tribunal, dictó la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022 de 24 de octubre, que lo sancionó con el retiro definitivo del ejercicio del Magisterio, en cumplimiento al art. 13 inc. c) del aludido Reglamento; decisión que fue confirmada por la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, a través de la Resolución Administrativa Departamental en grado de apelación D.D.E.CH 041/2022 de 25 de noviembre, que lo declaró autor de la referida falta, pese a contar con una resolución de sobreseimiento emitida por el Ministerio Público a su favor sobre los mismos hechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Denegatoria de la acción de amparo constitucional por actos consentidos expresamente

Sobre los actos consentidos, la SCP 640/2023-S3 de 22 de junio, reiteró el entendimiento asumido por la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, señaló que: “…para dilucidar dicho problema, debemos conceptualizar el significado de ‘acto consentido’, en primer lugar, diremos que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, el vocablo ‘acto’ es: ‘Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. Hecho o acción, como simple resultado de un movimiento. Instante en que se concreta la acción. Ejecución, realización frente a proyecto, proposición o tan solo intensión. Hecho a diferencia de la palabra, y más aún del pensamiento. Celebración, solemnidad. Reunión. Periodo o momento de un proceso, en sentido general. El empleo de la palabra como documento es galicismo, infiltrado en algunos Códigos Civiles de Hispanoamérica y propenso a crear equívocos con otros significados del vocablo (L. Alcalá-Zamora)’. El mismo diccionario, establece que ‘consentimiento’, es: ‘acción y efecto de consentir’, y la palabra ‘consentir’ según el mismo diccionario, es: ‘Permitir algo, condescender en que se haga. Aceptar una oferta o proposición. No presentar recurso contra una resolución judicial dentro del término dado para ello. Obligarse. Otorgar’.

En tal sentido, para que exista un acto consentido, debe existir una voluntad manifiesta sobre una acción, siendo muy importante la determinación de la voluntad expresa o manifiesta sobre hechos y actos.

De esta forma, se deben establecer las siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido, en tal sentido deberá considerarse como acto consentido: a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y éste no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos”.

La SCP 0198/2012 de 24 de mayo, estableció que: “…la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha enunciado ciertas causales de improcedencia, entre las que se encuentra el consentimiento libre y expreso del acto ilegal u omisión indebida supuestamente lesivo de derechos y garantías fundamentales. En este orden, implica que el legislador ha considerado que al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aun cuando después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica consecuencia no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna.

En la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, se concluyó que: ‘…Bajo dicho entendimiento el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo’; y luego, la referida Sentencia finalizó declarando que: ‘…para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias…’. Es decir que, la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe ser denegada contra los actos libre y expresamente consentidos por el accionante, los que pueden ser expresos, cuando se aceptó fehaciente o tácito el acto ilegal o la omisión indebida, dejando transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo”.

De lo referido se concluye que los actos consentidos en la acción de amparo constitucional, constituyen una causal de improcedencia reglada que de concurrir, impiden a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiendo emitirse en la etapa de admisibilidad un auto motivado declarando su improcedencia y en caso de que la acción tutelar sea admitida, corresponde denegar la tutela solicitada ante la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta si después de adquirido conocimiento sobre el acto o resolución que consideraba lesivo a sus derechos fundamentales, la parte accionante no efectuó reclamo alguno, promoviendo contrariamente la tramitación del proceso que se le sigue o permitiendo que los actos supuestamente vulneratorios continúen siendo ejecutados con manifestaciones de voluntad tácita o implícita, originando que el supuesto acto continúe vulnerando sus derechos.

Por otra parte, conviene señalar la SCP 0347/2020-S3 de 23 de julio, efectuando una sistematización de la jurisprudencia emitida sobre este tópico que conlleva una causal de improcedencia reglada por el Código Procesal Constitucional, señaló: “El art. 53 núm. 2 del CPCo, ha dispuesto que la acción de amparo constitucional no procederá contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; en cuanto al consentimiento del acto, la jurisprudencia emitida por este Tribunal ha sido uniforme al establecer que el núcleo de esta causal de improcedencia radica en esencia en la manifestación de voluntad sobre la aceptación de lo denunciado como vulnerado, expresión o acto que refleje de manera expresa e inequívoca que se está de acuerdo con los actos considerados como lesivos a los derechos que eventualmente están siendo reclamados mediante la tutela del amparo; causal que responde al derecho que tiene toda persona a obrar como mejor le parezca con el sólo limite de no desconocer los derechos de las demás personas, conforme ya lo estableció la SCP 0198/2012 de 24 de mayo, al indicar que: ‘ …se entiende que toda persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas; por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes‴ (las negrillas son añadidas).

Entendimiento reiterado en la SCP 0554/2025-S4 de 23 de mayo.

III.2. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano.

Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre[6], entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:

…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.

El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.

En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia” (las negrillas son añadidas). Jurisprudencia glosada en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo.

III.3. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales

Sobre el particular la SCP 0416/2024-S1 de 5 de agosto refirió que:

III.3.1. El enfoque interseccional

El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos[19] tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.

Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:

La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:

408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.

409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:

139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.

140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.

El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.

III.3.2. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

El art. 60 de la CPE, sostiene que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH[21], que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral[22]. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños[23]; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño[24] incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.

En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez[25], que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.

A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4[26] del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas.

Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes.

Así, el art. 15 de la CPE, señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable.

Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.

En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable[27].

Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida.

El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[28], resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas[30]-, sostiene en el párrafo 133, que:

…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”.

El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7.

En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual;

disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:

I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…)

IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas).

El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:

La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)

10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;

11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…).

En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:

ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos.

Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado y subrayado es nuestro)

Entendimiento desarrollado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, y reiterado por entre otras por la SCP 0187/2020-S1 de 28 de julio y la SCP 0478/2021-S1 de 24 de septiembre.

III.4. Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser

consideradas como mentiras, al constituirse esta en prueba fundamental de los hechos, conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El art. 119.I de la CPE, señala que:

Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. Así mismo la Constitución Política del Estado en su art. 120.I establece que:

Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial,… De igual manera, respecto al derecho que tiene la víctima de intervenir en un proceso penal, el art. 121.II de la Norma suprema, refiere que:

La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial… En ese marco constitucional, incumbe precisar que dentro el derecho penal como aplicación de última ratio, en la cual interviene todo el ius puniendi estatal a través del Ministerio Público para la sanción del ilícito penal, convergen intereses contrapuestos; es decir, por un lado la víctima, denunciante o querellante, incluido el Ministerio Público en delitos de orden público; y por otro lado, está el supuesto autor del delito, que por su condición de inculpado, todo el proceso penal en su contra debe estar rodeado de los principios y garantías constitucionales que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos frente a ese ius puniendi del Estado; empero, no se debe perder de vista los derechos de las víctimas que tienen igualdad en la participación penal, y con mucha mayor razón al tratarse de víctimas de violencia sexual; consecuentemente, su participación cobra mayor relevancia para la justicia ordinaria, instancia en la cual tiene la posibilidad de ser oída antes de una decisión por ejemplo, o de prestar su declaración informativa a efectos de su compulsa como medio probatorio dentro el proceso penal. Ahora bien, respecto a los delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres, dentro de un proceso penal, se debe tomar presente que para la presentación de las pruebas a producirse por parte de la víctima, debe tomarse en cuenta aspectos fundamentales descritos en la norma especializada al respecto, a lo cual los arts. 92 y 93 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), establece que:

ARTÍCULO 92. (PRUEBA). Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica. ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:

1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca al juzgado. 2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor. En ese marco; tratándose de delitos de violencia sexual, en las que la víctima opte por realizar la declaración, esta debe ser valorada por los operadores de justicia -tribunales, jueces y fiscales- como una prueba fundamental de los hechos denunciados, declaración que debe ser tomada como cierta, pese a que en el fondo de dichas alegaciones puedan existir contradicciones o inconsistencias internas, las que no deben ser tasadas como si el hecho no hubiere existido o que la víctima hubiese mentido en la misma. Así fue entendido en la jurisprudencia emitido por la Corte IDH, así tenemos el Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México[26] al indicar:

En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Entendimiento, reiterado por dicha Corte, en el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú[27] en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, la que determinó que las imprecisiones en la declaración de la víctima no significa que sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad, al señalar que:

150…al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. En ese sentido, en el referido Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, sobre estas imprecisiones en la declaración de la víctima, indicó que:

… la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas. Determinaciones asumidas por este este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio en su Fundamento Jurídico III.3, al establecer que:

Dada la naturaleza de esta forma violencia, no se puede esperar que, dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos. Concluyendo que en delitos de violencia sexual no es un requisito sine quanon que la víctima presente pruebas documentales, para demostrar los hechos, siendo su declaración la prueba fundamental sobre la existencia del delito, la que debe ser valorada conforme a la naturaleza del hecho. En ese entendido, adelantándose a los posibles actos de contradicciones o inconsistencias en las que pudiese incurrir la víctima de violencia sexual en su declaración, a causa del trauma causado por dicho vejamen, la referida SCP 0353/2018-S2 en el antedicho Fundamento Jurídico III.3, prescribió que.

Las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. Por lo que se concluye, que en los procesos penales en las que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, determinaciones descritas por la Corte IDH en el Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala[28], al indicar que:

La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género” (las negrillas son añadidas).

Precedente extraído de la SCP 0754/2024-S1 de 31 de diciembre.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante funda la lesión a sus derechos y garantías invocados, por haber sido sancionado disciplinariamente a través de la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022 de 24 de octubre, confirmada por la Resolución Administrativa Departamental en grado de apelación D.D.E.CH 041/2022 de 25 de noviembre (Conclusión II.6), pese a que mediante Acta de Reunión Extraordinaria 002 de 6 de mayo de 2019, se cerró su caso y se dejó sin efecto la sanción impuesta en su contra, fallo que además tiene como base fáctica la relación de hechos de la denuncia penal que cuenta con Resolución de sobreseimiento a su favor (Conclusión II.4).

En ese sentido, a efectos de resolver la acción de tutela promovida, es menester remitirnos a los antecedentes, de los cuales se tiene la denuncia disciplinaria interpuesta el 23 de febrero de 2019 por Celfa Pary Loayza en contra de Jorge Gerardo Barco Mamani por la presunta comisión de la falta establecida en el art. 11 inc. m) del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo (Conclusión II.2); asimismo, se tiene la denuncia de 7 de enero del mismo año, ante el Fiscal de turno de la Capital, interpuesta por Celfa Pary Loayza en contra de Jorge Gerardo Barco Mamani por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado en el art. 312 del CP (Conclusión II.1).

Con relación al proceso disciplinario se tiene como antecedente el Acta de Reunión Extraordinaria 002 de 6 de mayo de 2019, cuya parte resolutiva, refiere: “…caso concluido y dejar sin efecto la sanción establecida en el Reglamento de faltas y sanciones disciplinarias del Magisterio Art. 13 enciso c) (“sanción por falta muy graves: Retiro definitivo del Ejercicio del Magisterio o destitución del cargo”), por falta de información suficiente tanto documental y testifical, que permita evidenciar respecto a la manera en que habían ocurrido los hechos denunciados…” (sic) (Conclusión II.3), esta decisión administrativa resolvió la denuncia de 23 de febrero de 2019 formulada por Celfa Pary Loayza.

Asimismo, cursa la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022, que también resuelve la denuncia formulada por la tercera interesada; sin embargo, esta decisión fue apelada por memorial de fs. 183 a 185, cuyos agravios expresados por el accionante, son: i) “violación al principio de inocencia”; ii) “violación al debido proceso en su vertiente del principio de non bis in ídem como elemento esencial del debido proceso”; y, iii) errónea valoración de la prueba.

Debiéndose destacar que con relación al inciso ii), funda su pretensión en que “…con la prueba plena obtenida y presentada al Tribunal Disciplinario de Sopachuy, he demostrado que en el proceso penal por el supuesto delito de abuso sexual he sido SOBRECEIDO, y devuelto a mi cargo como profesor, y demostrando mi inocencia, el Tribunal pretende sancionarme administrativamente, por los mismos hechos y fundamentos que ya han sido ya resueltos dentro el proceso penal y declarado a mi persona inocente…” (sic); argumento que fue resuelto coherentemente por la Dirección Distrital de Educación de Chuquisaca, a través de la Resolución Administrativa Departamental en grado de Apelación D.D.E.CH 041/2022, estableciendo que de los hechos pueden emerger de diferentes tipos de responsabilidad, y que la acción penal difiere de la administrativa en su finalidad y sanción; por lo que, no existe un doble juzgamiento.

Ahora bien, se debe tomar en cuenta que de acuerdo al principio de congruencia como elemento del debido proceso, las autoridades judiciales y administrativas, están compelidas a pronunciarse acerca de los agravios propuestos por las partes, siendo plenamente evidente que el cuestionamiento formulado por el ahora accionante en contra de la Resolución Final de Proceso Disciplinario Caso 05/2022, se orientó al supuesto doble juzgamiento en la vía disciplinaria y penal por los mismos hechos; y no así, por haber sido absuelto en un primer momento -Acta de Reunión Extraordinaria 002-; por lo que, la Representación Departamental de Educación de Chuquisaca, no abordó ni resolvió el argumento que ahora plantea el impetrante de tutela en su acción constitucional incoada.

Esta observación, resulta relevante a la causa, en virtud a que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, los actos consentidos libre y expresamente, se traducen en acción u omisión respecto a una lesión que hubiere sufrido una persona; es decir, que pese a tener conocimiento de lo que pudiere generarle agravio a sus derechos y garantías, esta asume una conducta pasiva para con el reclamo de protección ante las autoridades competentes.

En el presente caso, el accionante no reclamó el doble juzgamiento en la vía administrativa, sino que, fundó su agravio en haber sido sobreseído en la vía penal, inclusive, interpuso una excepción de prescripción y presentó descargos dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra (Conclusión II.5), lo que demuestra indefectiblemente que consintió la prosecución de la aludida causa cuestionada y por ende sus incidencias, encuadrando su comportamiento a lo señalado en el párrafo anterior, aspecto que impide que este Tribunal pueda ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

III.6. Otras consideraciones

De la revisión de obrados, este Tribunal en atención a su deber como contralor de derechos y garantías, tiene la obligación de analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género en contra de mujeres menores de edad; pues en éstos asuntos, corresponderá analizar el contexto del proceso origen de la litis, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado Boliviano, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.

En ese margen, de acuerdo a los antecedentes, se advierte que el accionante fue procesado en tres oportunidades en la vía disciplinaria por la comisión de la misma falta (abuso sexual) en contra de sus alumnas, siendo una de las causas administrativas el origen del presente proceso constitucional (Conclusión II.7).

Asimismo, uno de los procesos disciplinarios iniciados en su contra, fue promovido ante la instancia penal, decantando en que el accionante haya sido sentenciado por la comisión del delito de abuso sexual agravado (Conclusión II.8); aspecto que devela el incumplimiento por parte del Estado del deber de diligencia como mandato convencional a través de sus representaciones, que obliga a todas sus instituciones a efectuar una adecuada atención para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

Puesto que, de la revisión de la Resolución de Sobreseimiento dictada en favor del accionante que fue confirmada por la Resolución Jerárquica, se advierte lo siguiente, que en los elementos de prueba se tiene el informe psicológico de la menor AA realizada por ante la defensoría de la niñez y adolescentes del Distrito 8, que refiere: “…se puede apreciar que evidentemente cuando tenía 6 años sufrió de abuso sexual por el profesor a quien identifica claramente…” (sic ) (Conclusión II.9-); sin embargo, la aludida resolución fiscal, se funda en la escasa información de la evaluada sobre los diferentes hechos suscitados, lo cual no permite realizar los análisis ni contrastes respectivos.

Aspecto del que indefectiblemente se concluye que el Ministerio Público, incumplió manifiestamente su deber de diligencia, puesto que trasladó la carga de la prueba a la víctima, más aún, si la pericia referida en la decisión de sobreseimiento no se pronunció ni definió criterio acerca de los puntos propuestos respecto a la escasa información que se da sobre el hecho y por la falta de elementos necesarios para realizar un análisis y contrastes requeridos, es por ello que no se puede llegar a una conclusión exacta; empero, en ninguna parte señala o desvirtúa que el testimonio de la víctima estaría en duda o no fuere creíble, por cuanto la declaración de la menor AA -víctima- constituye una prueba fundamental sobre el hecho (Conclusión II.9), encontrándose en una situación traumática que puede derivar en inconsistencias al recordar tantas veces lo ocurrido, lo que no significa que su relato fuere falso; que es justamente la base de la decisión de sobreseimiento, pues esta se complementa al señalar que el relato de la víctima no coincide con la presencia de otro menor BB como su compañero de escuela, y que con dicho dato se destruye la tesis de que se hubiere cometido el hecho, inobservandose de manera evidente, el valor probatorio que se debe otorgar a la declaración de la víctima en casos de violencia conforme la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.

Ahora bien, con relación a la decisión jerárquica que revisó la Resolución de Sobreseimiento, se tiene que los agravios planteados por la denunciante fueron los siguientes: a) Que la resolución de Sobreseimiento carece de valoración de la prueba, lo que conlleva a la autoridad fiscal a argumentar insuficiencia para sostener una acusación en juicio incurriendo por ende en indebida fundamentación; b) La omisión de valoración de elementos de prueba determinados, vulneran el principio de presunción de verdad art. 193 del Código Niña, Niño y Adolescente, -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, seguridad jurídica y el derecho a una tutela judicial efectiva incurriendo por ende en inadecuada fundamentación; toda vez que, existen suficientes elementos para acusar; y, c) Incorrecta valoración probatoria, por la autoridad fiscal; además, que se encontraría pendiente la remisión del dictamen pericial de credibilidad de testimonio.

Argumentos de los cuales la Resolución Jerárquica, concluyó que “…en el presente caso resulta ser lógico y valedero, el fundamentar un sobreseimiento por insuficiencia de elementos para emitir una acusación, pues como se ha referido de la revisión del cuaderno de investigación, se tiene que no existen elementos de prueba para que de forma razonable se fundamente una acusación fiscal por la presunta comisión de ABUSO SEXUAL, lo cual genera una duda razonable y bajo el principio de favorabilidad que al no tenerse convicción que se haya logrado obtener información suficiente en la fase investigativa y ante la información recabada, se considere la pertinencia de no presentar una acusación formal ante la autoridad competente…” (sic).

Del análisis de la decisión Jerárquica, se advierte que esta hace mención a la ausencia de medios probatorios, sin embargo, no refiere de qué manera cumplió con los mandatos convencionales en representación del Estado, sin establecer cómo es que efectivizó la aplicación de los estándares de juzgamiento con perspectiva de género e interseccional, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.2 y 3 de este fallo constitucional; criterios que establecen como base axiológica la prevalencia de la protección a las personas denunciantes en calidad de víctimas de delitos de género, máxime, si en el presente caso, conforme se tiene de la intervención de la tercera interesada se trata de un delito en contra de una menor de edad, cuyo relato goza de presunción de veracidad y si tuviese inconsistencias estas no pueden ser tomadas como la inexistencia del hecho punible; asimismo, no desarrolla, de manera pormenorizada cuáles son los actos investigativos realizados por el Ministerio Público en cumplimiento de la debida diligencia en procura de la proscripción y erradicación de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres, para la lograr una efectiva protección y reparación de sus derechos como pilar fundamental del Estado.

A esto se le debe sumar que, el accionante fue sancionado en tres oportunidades por la comisión de la misma falta en el ámbito disciplinario y sentenciado por la comisión de abuso sexual agravado, posteriormente a haber sido sobreseído por el Ministerio Público; lo que representa un precedente funesto y refleja la falla del sistema de investigación de los delitos en razón de género, puesto que la decisión que eximió de responsabilidad penal al prenombrado, fungió materialmente como vía para la realización de nuevos ilícitos penales de la misma naturaleza, realidad que no puede ser convalidada por este Tribunal Constitucional Plurinacional, en razón a todo lo mencionado, dada la finalidad de la necesidad de aplicar el juzgamiento con perspectiva de género y el enfoque interseccional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, aunque con otros términos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 097/2023 de 3 de agosto, cursante de fs. 336 a 339 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia:

1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los entendimientos jurídicos del presente fallo constitucional, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

2° Disponer que, por Secretaría General de este Tribunal, se notifique con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Fiscalía General del Estado, para que, en el marco de sus atribuciones, asuman las acciones correctivas a fin de evitar se reitere lo advertido en la presente causa.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1005_2025-S3.pdf · páginas 1 a 33.

Huella digital del PDF (SHA-256): 352193e68f30ba3f87b32ec45b1707540b5ee65af7c6d87448ea2c0f986085a0

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