Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de agosto de 2023
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia omisiva externa y valoración de la prueba; toda vez que, al haber interpuesto recurso de casación en contra de la Sentencia 13/2020 de 9 de octubre, emitida por la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, el cual resolvió declarar improbada su demanda en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, y del Servicio de Caminos, del mismo departamento; radicada la causa ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, ésta instancia declaro infundado su recurso a través del Auto Supremo 255 de 21 de abril de 2021, confirmando el fallo del inferior.
En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) De la comparecencia del tercero interesado en casos de posible afectación de sus derechos; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 161/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 165 a 174, pronunciado por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia:
1. ANULAR obrados de la presente acción de amparo constitucional hasta el Auto de admisión de 30 de noviembre de 2021 inclusive (fs. 93 y vta.), para que se subsane la acción de amparo constitucional con la intervención de los terceros interesados ya referidos; y.
2. Llamar severamente la atención a Juan Carlos Mendoza García, Vocal Presidente de Sala Constitucional Segunda y Gonzalo Flores Céspedes, autoridad convocada de Sala Constitucional Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por los razonamientos contenidos en el acápite “otras consideraciones” del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1003/2023-S1 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 43949-2021-88-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 161/2021 de 15 de diciembre de 2021, cursante de fs. 165 a 174, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por René Martínez Paz, representante legal de la Empresa “MTCB” Consultores Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2021, cursante de fs. 79 a 90, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso contencioso administrativo seguido por su persona en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GAD-Tarija) y el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) del citado departamento, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el 21 de abril de 2021, el Auto Supremo 255, que declaró INFUNDADO su recurso de casación, confirmando la Sentencia de primera instancia 13/2019 de 9 de octubre, estableciendo la improcedencia de su demanda contenciosa, considerando con ello, que el fallo emitido por los Magistrados ahora accionados, carece de fundamentación, motivación, congruencia omisiva y valoración probatoria, ya que no consideraron de manera íntegra los antecedentes de la causa, atentando de manera flagrante contra sus derechos y garantías constitucionales en ejercicio del art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 51, 52, 53 y siguientes del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia omisiva externa y valoración de la prueba señalando al efecto los arts. 115.II y 180.I, de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto Supremo 255/2021 de 21 de abril, expedido por los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, instruyendo la emisión de otro fallo, respetando el orden constitucional.
Celebrada la audiencia el 13 de diciembre de 2021, según se tiene del acta de audiencia cursante de fs. 152 a 164 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, por medio de su abogado ratificó íntegramente los antecedentes expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, ambos Magistrados de Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito el 6 de diciembre de 2021, conforme consta de fs. 99 a 105, por el cual solicitaron se deniegue la tutela impetrada, señalando que respecto de los agravios de ausencia de fundamentación, motivación, congruencia, debe tenerse en cuenta que al momento de emitir el Auto Supremo cuestionado, se analizó todos los antecedentes relevantes para resolver los puntos demandados de manera clara y precisa, exponiendo objetivamente los hechos y razonamientos al respecto, citando los preceptos jurídicos, sustantivos y adjetivos para apoyar su determinación, no siendo evidente lo denunciado. Jarehla Jahdy Tarupayo Tejerina, Carla Tatiana Espinoza Cortez, María Luisa Carvajal Moya, Sergio David Corrillo Machicado, Yanett Choque Huanca, abogados apoderados de Oscar Gerardo Montes Barzon Gobernador del GAD de Tarija, interviniendo en calidad de tercero interesado presentó informe escrito el 13 de diciembre de 2021, cursante de fs. 143 a 151; asimismo, participando en audiencia de acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: a) El proceso contencioso que planteó la empresa MTCB en contra del GAD de Tarija se encuentra con sentencia ejecutoriada, y adquirió la calidad de cosa juzgada, no existiendo nada más que dilucidar; b) La justicia constitucional “autolimitó” su competencia en relación a la valoración de la prueba producida en el proceso judicial o administrativo, aplicable solo en casos de conductas omisivas de jueces y tribunales ante la falta de compulsa y apartamiento flagrante de principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; y, c) Lo que se pretende a través de la acción de amparo constitucional es que se declare probada la excepción de falsedad de título coactivo acumulado a la presente causa; sin embargo, la misma es inatendible pues dicha excepción fue conocida, valorada y resuelta en primera instancia por el Juez a-quo, que declaró probada la pretensión; y en apelación, con la misma facultad, el tribunal de segunda instancia revocó la medida, declarando improbada la excepción, por lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no puede valorar estos elementos y desconocer la facultad privativa con la que cuentan los jueces y tribunales ordinarios para ingresar a valorar la prueba producida dentro del proceso judicial.
A efecto de atender la interposición de la acción de amparo constitucional, ante la acefalía de vocalía de Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por proveído de 30 de noviembre de 2021, el Vocal Presidente convocó al Vocal de la Sala Constitucional Primera del citado departamento, disponiéndose remitirle todas las piezas pertinentes para su conocimiento.
Ahora bien, en audiencia de acción tutelar, Gonzalo Flores Céspedes, Vocal convocado de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, señaló que se percató de que el otro tercero interesado constituido en el Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), no fue señalado en el Auto de Admisión para ser notificado y siendo que formó parte del proceso contencioso, no se puede ingresar a valorar la acción interpuesta para no vulnerar derechos y garantías del referido; a su turno, el Vocal Presidente expresó: “…no conformes para emitir resolución, corresponde convocar a un Vocal Dirimidor” (sic). Iván Sandoval Fuentes, Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, actuando en calidad de dirimidor, atendió la disidencia señalada por las autoridades que conforman el ahora Tribunal de garantías y resolvió expresando: “…se apoya el voto del Dr. Gonzalo Flores es que, corresponde en el presente caso denegar en el fondo de la presente acción de amparo constitucional lo que implica que la parte accionante pueda volver a plantearse la acción a efectos de que se incorpore debidamente al SEDCAM como tercero interesado…” (sic).
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante la Resolución 161/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 165 a 174, denegó la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática bajo los siguientes fundamentos: 1) El Vocal convocado de Sala Constitucional Primera, observó que el Auto de Admisión de la presente acción tutelar de 30 de noviembre de 2021, no consignó la notificación a Richard Casso, representante del SEDCAM de Tarija como tercero interesado en la causa, considerando que dicha entidad cuenta con interés legítimo en el proceso;, por lo que, la emisión de una resolución que considere el fondo de la problemática, podría afectar derechos y garantías constitucionales de los mismos; 2) Respecto de la notificación a terceros interesados que cuentan con interés legítimo en la causa, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0874/2017-S2 de 21 de agosto, expresó que: “Comprensiones jurisprudenciales que no obstante de haber sido emitidas en vigencia de la anterior Norma Suprema y antes de la promulgación del Código Procesal Constitucional, respectivamente, son compatibles con el nuevo orden constitucional; toda vez que, aunque no se halle identificado en la Ley Fundamental actual, ni en el Código Procesal de la materia anotado, la identificación al tercero interesado, como requisito de admisión de la acción de amparo constitucional; de acuerdo al art. 31 del CPCo, el juez o tribunal, se halla facultado para convocar a éstos de oficio o a petición de parte cuando se considere necesario; presentándose aquello lógicamente, cuando la problemática demandada en la acción tutelar, derive de procesos judiciales o administrativos, en los que resulta ineludible, que la parte contraria a la que plantea la garantía constitucional, tenga conocimiento de la misma, siendo que los resultados de ésta, podrían generar la afectación de sus derechos o intereses legítimos; debiendo velarse que, en mérito al derecho a la defensa que le asiste, pueda ser oída haciendo uso de los alegatos y medios de defensa pertinentes al caso, a fin que el juez o tribunal de garantías, falle teniendo una comprensión certera sobre el tema, escuchando a todas las partes que tengan interés en la problemática en particular” (sic); y, 3) Constatando la omisión de la notificación al tercero interesado SEDCAM, conforme establece el art. 31 del CPCo, es preciso asegurar el conocimiento del referido con la presente acción tutelar.
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso Contencioso radicado en Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, seguido a instancias de la Empresa “MTCB consultores Asociados S.R.L., representada por René Martínez Paz contra el Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Tarija y el Servicio Departamental de Caminos, (SEDCAM), ambos del departamento de Tarija, cursa la Sentencia 3/2019 de 30 de abril, que declaró IMPROBADA la demanda (fs. 2 a 24 vta.). II.2. Mediante memorial de 24 de mayo de 2019, René Martínez Paz, representante legal de la empresa MTCB Consultores Asociados SRL, interpuso ante la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, recurso de casación en contra de la Sentencia 3/2019, solicitando la nulidad de la referida resolución y la emisión de otro fallo (fs. 25 a 32). II.3. A través de Auto Supremo 47/2020 de 29 de enero, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, ANULO obrados incluida la Sentencia 3/2019, disponiendo la emisión de un nueva resolución (fs. 33 a 34 vta.). II.4. Por Sentencia 13/2020 de 9 de octubre, la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró improbada la demanda de la Gobernación de Tarija como la de la empresa MTCB en contra del Gobierno Autónomo Departamental y el SEDCAM, ambos del departamento de Tarija (fs. 35 a 59 vta.). II.5. Cursa memorial de 11 de noviembre de 2020, por el cual René Martínez Paz, representante de la empresa MTCB, interpuso ante Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, recurso de casación en la forma en contra de la Sentencia 13/2020 de 9 de octubre, solicitando su nulidad y la emisión de una nueva (fs. 60 a 68 vta.). II.6. Se evidencia que por Auto Supremo 255/2021 de 21 de abril, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, se declaró INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por René Martínez Paz representante de la empresa MTCB (fs. 70 a 73 vta.). II.7. René Martínez Paz representante de la empresa MTCB, habiendo interpuesto acción de amparo constitucional en contra de los Magistrados de Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, -hoy accionados-, e identificando a los terceros interesados en la causa, en las personas de Oscar Gerardo Montes Barzón Gobernador del Departamento de Tarija y Richard Casso Director Departamental de Caminos de Tarija, solicito se disponga su notificación y admita la misma, por lo que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de 30 de noviembre de 2021, señalando que:
“POR TANTO: La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, con la concurrencia del Vocal Gonzalo Flores Céspedes de la Sala Constitucional Primera, ADMITE la acción de amparo constitucional presentada por René Martínez Paz en su condición de Representante Legal de la Empresa “MTCB Consultores Asociados SRL” contra, los Magistrados José Antonio Revilla Martínez y esteban Miranda Terán, integrantes de la Sana Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, notifíquese en calidad de tercero interesado al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija en la persona de su Gobernado señor Oscar Gerardo Montes Barzón, para efecto, por Secretaria líbrese Provisión Citatoria encomendando su diligenciamiento a la Sala Constitucional de Turno de Tarija, misma que deberá entregarse a la parte accionante para su respectivo diligenciamiento y devolución en tiempo oportuno” (sic [fs. 93 y vta]).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia omisiva externa y valoración de la prueba; toda vez que, al haber interpuesto recurso de casación en contra de la Sentencia 13/2020 de 9 de octubre, emitida por la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, el cual resolvió declarar improbada su demanda en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, y del Servicio de Caminos, del mismo departamento; radicada la causa ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, ésta instancia declaro infundado su recurso a través del Auto Supremo 255 de 21 de abril de 2021, confirmando el fallo del inferior.
En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) De la comparecencia del tercero interesado en casos de posible afectación de sus derechos; y, b) Análisis del caso concreto.
Al respecto, la SCP 0435/2015-S2 de 29 de abril, indicó: “Entre las normas comunes de procedimiento de las acciones de defensa se encuentra el art. 33.1 del CPCo, que establece como requisito para la acción que ésta deberá contener al menos: Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. Además deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata. Por su parte, el art. 31.II también del CPCo, dispone: “La Jueza Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados”. Sobre la figura e intervención del “Tercero Interesado” en las acciones tutelares, concretamente en la acción amparo constitucional, el Tribunal Constitucional a través de la jurisprudencia generada ha ido evolucionando en su concepción cuyo hito se da con la SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, referida a la comparecencia del tercero interesado en la audiencia de la acción amparo constitucional como requisito de admisibilidad. Ulteriormente, la presencia del tercero interesado era obligatoria y el Juez o Tribunal de garantías debía disponer su notificación bajo responsabilidad penal. En este mismo sentido, la SC 1351/2003-R, estableció que en todo proceso judicial o administrativo en el que la decisión final pudiera afectar los derechos o intereses legítimos de terceras personas, éstas deben ser citadas o notificadas; ya que de actos jurídicos, resoluciones judiciales, actos administrativos, o de la existencia de un proceso principal o de origen puede sobrevenir una acción tutelar, en la que es de rigor la notificación a terceros interesados, dado que sus derechos pueden resultar afectados con la resolución de la acción indicada. Actualmente, tanto el art. 31 como el 35.2 del CPCo, conciben este requisito de admisibilidad como algo facultativo, asegurándose de que si la parte accionante no lo menciona, será el Juez o Tribunal de garantías quien pueda hacerlo de oficio o a petición de parte; en este mismo sentido, las disposiciones citadas facultan a aquella persona natural o jurídica que pruebe interés legítimo en una acción tutelar, a presentarse directamente ante el Juez o Tribunal de garantías, quien de ser necesario, admitirá su participación y alegaciones en audiencia, garantizando de esta manera el derecho de acceso a la justicia constitucional por parte de un tercero interesado que pueda ejercer su derecho a la defensa, a ser oído, exigibilidad que tiene la finalidad de garantizar el derecho a la defensa de personas que si bien no son parte en la acción tutelar interpuesta; empero, tienen un interés legítimo en su resultado. Bajo esta perspectiva, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial referida a la comparecencia del tercero interesado en acciones de amparo constitucional, referidos a la forma y procedimiento de su citación, como a las emergencias o efectos jurídicos. Así la SC 1351/2003-R, determinó que: “…el Juez o Tribunal del recurso, como protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos, debe garantizar el derecho a la defensa de los terceros que tengan interés legítimo en el proceso en cuestión”. En este sentido, por regla general, en todo recurso de amparo que se derive de un proceso judicial o administrativo, en el que una de las partes demande al juez, Tribunal u órgano administrativo por lesión a algún derecho fundamental o garantía constitucional, supuestamente generada en el proceso principal, se debe hacer conocer, mediante la notificación pertinente, a la otra parte -que adquiere la calidad de tercero interesado- la admisión del recurso, al mismo tiempo que a la autoridad recurrida. En los demás casos, el juez o Tribunal, debe extraer de los hechos que motivan el recurso, si existen terceros con interés legítimo y, en consecuencia, debe disponer su notificación. El término de las 48 horas, señalado para que el recurrido presente su informe, cuenta también para que el tercero interesado pueda apersonarse y formular sus alegatos, computable, para ambos, desde la última notificación con la admisión del recurso’. En nuestro actual ordenamiento constitucional la función/potestad de impartir justicia que emana del pueblo boliviano, se sustenta en principios constitucionales entre ellos el principio de probidad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en sintonía con estos principios de orden constitucional, la norma procesal constitucional también establece principios procesales que rigen las actuaciones de las autoridades judiciales a tiempo de impartir la justicia constitucional, entre los que cabe destacar los principios de dirección del proceso que impone el deber de conducir el desarrollo del proceso, la intervención de las partes y establecer los actos correctivos necesarios; el de impulso de oficio, exige la realización de las diferentes actuaciones procesales sin necesidad de petición de las partes; el de celeridad, obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, y, el de concentración, en el desarrollo del proceso debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles. La glosa de los principios constitucionales resulta pertinente y necesaria porque, por una parte, se encuentra vinculado a los requisitos para la acción, entre los que destaca la mención de las terceras personas que tengan interés legítimo y se acredite el interés alegado, regulados por las normas comunes de procedimiento en acciones de defensa en general, en la norma procesal. Por otra, es la autoridad judicial, la que 1 Respecto a los principios constitucionales que rigen la función de impartir justicia, el art. 178:I de la CPE, expreso textualmente: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. 2 Respecto a los principios procesales de la justicia constitucional prevista en el art. 3 del CPCo., establece expresamente: “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional así como las Juezas, los Jueces y Tribunales, a tiempo de impartir justicia constitucional, se regirán por los siguientes principios:
1. Conservación de la Norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional. 2. Dirección del Proceso. Por el que deben conducir la intervención de las partes y establecer los actos correctivos necesarios. 3. Impulso de Oficio. Por el que las diferentes actuaciones procesales se efectuarán sin necesidad de petición de las partes. 4. Celeridad. Que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación. 5. No Formalismo. Por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. 6. Concentración. En el proceso constitucional debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles. 7. Motivación. Que obliga a fundamentar y argumentar un fallo de forma jurídicamente razonable. 8. Comprensión Efectiva. Por el cual en toda resolución, los fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos deben ser de fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso y la población en general”. 3 Respecto a los requisitos generales para la presentación de una acción de defensa, el art. 33 del CPCo., expresa textualmente: “La acción deberá contener al menos: 1. Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, deberán tiene el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos para las acciones de defensa en general y para la acción de amparo constitucional, en caso de incumplirse dichos requisitos por el accionante, debe ordenar su subsanación en el plazo de tres días, bajo alternativa de tenerse por no presentada en caso no haberse subsanado, procedimiento expreso y expedido previsto en la norma procesal , en su caso, también es la autoridad judicial, a quien le corresponde cumplir el deber de convocar a terceros interesados cuando consideren necesario, de oficio; empero, también es necesario enfatizar que el tercero interesado tiene la facultad de comparecer en el proceso iniciado, ante la autoridad judicial, quien de estimarlo necesario admitirá sus alegaciones.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia omisiva externa y valoración de la prueba; toda vez que, al haber interpuesto recurso de casación en contra de la Sentencia 13/2020 de 9 de octubre, emitida por la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, el cual resolvió declarar improbada su demanda en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, y del Servicio de Caminos, del mismo departamento; radicada la causa ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, ésta instancia declaro infundado su recurso a través del Auto Supremo 255 de 21 de abril de 2021, confirmando el fallo del inferior.
acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata. 2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado. 3. Patrocinio de abogado cuando corresponda, o en su caso la solicitud de defensor público. 4. Relación de los hechos. 5. Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados. 6. Solicitud, en su caso, de medidas cautelares. 7. Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren. 8. Petición”. 4 En cuanto al deber de la autoridad judicial de verificar el cumplimiento de los requisitos de la acción de defensa, el art. 30 del CPCo., establece: “(Improcedencia)
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33, 53 y 66 del presente Código. 1. En caso de incumplirse lo establecido el Artículo 33 del presente Código, dispondrá la subsanación en el plazo de tres días a partir de su notificación. Cumplido el plazo y no se hubiera subsanado la observación, se tendrá por no presentada la acción. (…)”.
5 En lo que concierne al deber de la autoridad judicial de convocar al tercero interesado y la facultad de este ultimo de comparecer en el proceso iniciado y expresar sus alegaciones, se encuentra previsto en el art. 31 en los siguientes términos: “(Comparecencia de terceros)
I. La persona natural o jurídica que pruebe interés legítimo en una Acción de Defensa podrá presentarse ante la Jueza, Juez o Tribunal, que de estimarlo necesario, admitirá sus alegaciones en audiencia. II. La Jueza, Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados”.
Identificada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes del presente fallo Constitucional; así, se tiene que: Dentro el proceso Contencioso seguido por René Martínez Paz, representante de la empresa MTCB, contra la Gobernación y Servicio de Caminos, ambos del departamento de Tarija, por Sentencia 3/2019 de 30 de abril, la autoridad judicial a quo declaró IMPROBADA la demanda de la Gobernación de Tarija como la de la referida empresa, instaurada en contra del GAD de Tarija y el SEDCAM; por lo que mediante memorial de 24 de mayo de 2019, el representante legal de la empresa MTCB, interpuso recurso de casación en contra de la referida Sentencia, solicitando su nulidad, así como la emisión de un nuevo fallo; radicada la causa ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados ahora demandados, a través del Auto Supremo 47/2020, anularon obrados, incluida la Sentencia inicial 3/2019, disponiendo la emisión de una nueva resolución; a lo que el Juez inferior, dando cumplimiento a la determinación de la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia 13/2020, declarando improbada la demanda de la Gobernación de Tarija como la de la empresa MTCB en contra del GADM y el Servicio de Caminos, ambos del departamento de Tarija; por lo que el 11 de noviembre de 2020, el representante de la empresa MTCB, nuevamente interpuso recurso de casación en contra de la Sentencia 13/2020, solicitando su nulidad y se dicte otro fallo; advirtiéndose que por Auto Supremo 255/2021, la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por René Martínez Paz (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 y II.6).
En ese marco; René Martínez Paz, interpuso acción de amparo constitucional contra los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, e identificando a los terceros interesados en la causa, en las personas de Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del Departamento de Tarija y Richard Casso, Director Departamental de Caminos del mismo departamento, solicitó se disponga su notificación y admita la misma, por lo que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Sucre constituido en Tribunal de garantías, emitió el Auto de admisión de 30 de noviembre de 2021, viabilizando la acción tutelar, e instruyendo la notificación al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija como “tercero interesado” (Conclusión II.7). Sin embargo, antes de ingresar a la revisión de las cuestiones de fondo identificadas por éste Tribunal Constitucional Plurinacional, es necesario efectuar algunas aclaraciones de carácter procesal que fueron resaltadas por el Tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción de amparo constitucional.
En esa comprensión, se puede advertir con claridad que dicho Tribunal de garantías, resolvió denegar la tutela solicitada -Resolución 161/2021 de 15 de diciembre-, expresando entre sus justificaciones: a) La omisión en la convocatoria al tercero interesado -representación del Servicio Departamental de Caminos de Tarija-, pese a que de manera expresa fue solicitado por el accionante a momento de interponer la presente acción tutelar. Como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico desarrollado en el presente fallo, si bien al accionante le corresponde el deber de señalar los datos generales del tercero interesado que tenga interés legítimo para intervenir en el proceso y éste último tiene la facultad de comparecer en una acción tutelar si estima necesario, formulando sus alegaciones para que la autoridad judicial lo estime o desestime; sin perjuicio de aquello, la autoridad judicial tiene el deber de convocar a los terceros interesados cuando considere necesario, incluso de oficio, en cumplimiento al principio de dirección del proceso. En esa comprensión, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, al haber resuelto la acción tutelar mediante la Resolución 161/2021, denegando la tutela solicitada sin ingresar al fondo de la problemática, por omisión en el procedimiento de verificación y subsanación de los requisitos para dar continuidad a la acción de amparo constitucional, incumplieron su deber de dar observancia del principio de dirección del proceso; ya que una vez instalada la audiencia de acción tutelar, en el desarrollo del mismo, después de la intervención de las partes, el Vocal de Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -Vocal convocado-, advirtió que en la causa hubiera otro tercero interesado constituido por el SEDCAM-Tarija que no hubiera sido convocado, ni señalado en el Auto de admisión, pese a que el accionante de manera expresa solicito su convocatoria a momento de presentar su acción de amparo constitucional, por lo que no ingresó a valorar los demás elementos reclamados; ante dicha situación, el Vocal Presidente al existir controversia para emitir resolución, convocó a un dirimidor, recayendo la polémica en el Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quien apoyó la advertencia realizada por el Vocal convocado, expresando que en el presente caso corresponde denegar la tutela sin ingresar al fondo a objeto de que el ahora accionante presente nuevamente su acción tutelar, incorporando debidamente al tercero interesado, excluido por el Tribunal de garantías, quienes como autoridades judiciales en la etapa de verificación y subsanación de la acción de amparo constitucional, pese a que tenían el deber de verificar lo solicitado en observancia al principio de dirección procesal, no fue cumplido; es decir, dichas observaciones debieron efectuarse antes y a momento de la admisión de la acción de amparo constitucional, sin que tengan que esperar a ser tratados en la audiencia pública de la acción tutelar.
En síntesis, los Vocales que se constituyeron como tribunal de garantías a cargo del conocimiento y resolución de la acción de amparo constitucional, no cumplieron con los deberes impuestos en la norma procesal constitucional, tampoco observaron el principio de dirección del proceso para este fin, cual es, la de convocar a los terceros interesados para que tengan la oportunidad de intervenir en el proceso y ejercer sus derechos (igualdad de oportunidades en el proceso, defensa, principios de contradicción, bilateralidad, inmediación) en los términos que a ellos les convenga en interés propio. Por lo que ésta omisión, deviene en la sanción de nulidad de obrados a fin de que se repongan actuaciones procesales subsanando las omisiones antes descritas y se salvaguarden derechos y garantías de quienes tienen interés legítimo para intervenir en el proceso; determinación que encuentra sustento en lo establecido en la SCP 0464/2022-S1 de 23 de junio, que citando a la SCP 0309/2019-S2 de 29 de mayo, en su Fundamento Jurídico razonó en sentido que el Juez o Tribunal de garantías, para convocar al tercero interesado, debe tomar en cuenta los hechos denunciados por el accionante y las pruebas aportadas que denoten en forma clara la lesión de los derechos o garantías constitucionales. Otras consideraciones
Si bien el vocal convocado de Sala Constitucional Primera, observó en el desarrollo de la audiencia de acción tutelar la omisión y consignación de la notificación al otro tercero interesado constituido en el SEDCAM, cabe resaltar que de la revisión de los antecedentes que componen la presente causa, se advierte que al momento de emitir el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional el 30 de noviembre de 2021 (Conclusión II.7), se evidencia que los dos Vocales que conformaron el Tribunal de garantías, firmaron al pie de dicho requerimiento, demostrando que no cumplieron con el deber impuesto en el procedimiento de verificación y subsanación de los requisitos para dar prosecución a la acción de amparo constitucional y tampoco se observó el principio de dirección procesal; no obstante, las deficiencias y omisiones advertidas concerniente a la etapa procesal antes indicada, emitieron la resolución constitucional denegando la tutela, sin ingresar al fondo por un error, que en su oportunidad pudieron haber evitado cumpliendo los deberes y el principio procesal antes señalado, con la debida diligencia para la causa.
En esa comprensión, resulta justificado emitir la respectiva llamada de atención a los Vocales Constitucionales que oficiaron de Tribunal de garantías que conocieron, tramitaron y resolvieron la acción de amparo constitucional, por la omisión y las deficiencias detalladas en líneas precedentes. En consecuencia, la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, al denegar la tutela solicitada, compulsó de manera inadecuada los antecedentes del proceso desde su admisión.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 161/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 165 a 174, pronunciado por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia:
1. ANULAR obrados de la presente acción de amparo constitucional hasta el Auto de admisión de 30 de noviembre de 2021 inclusive (fs. 93 y vta.), para que se subsane la acción de amparo constitucional con la intervención de los terceros interesados ya referidos; y.
2. Llamar severamente la atención a Juan Carlos Mendoza García, Vocal Presidente de Sala Constitucional Segunda y Gonzalo Flores Céspedes, autoridad convocada de Sala Constitucional Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por los razonamientos contenidos en el acápite “otras consideraciones” del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
6 Ahora bien, en el marco del nuevo Código Procesal Constitucional la SCP 0824/2013 de 11 de junio, se pronunció sobre el nuevo desarrollo legal en cuanto a la participación del tercero interesado en las acciones de defensa, concretamente en la acción de amparo constitucional. En ese sentido, estableció que el Código Procesal Constitucional faculta al juez o tribunal de garantías, a poder convocarlos de oficio o a solicitud de parte, siempre y cuando, lo considere pertinente; puesto que, de esa pertinencia depende la admisión de la acción de amparo constitucional; por lo que, la no citación al tercero interesado, no constituye un aspecto que motive el rechazo in límine de la acción o la nulidad; dado que, su convocatoria es potestativa y no obligatoria; de ahí, que el juez o tribunal de garantías, siempre deberá considerar, si es o no necesaria su intervención, teniendo en cuenta los hechos denunciados por el accionante y las pruebas aportadas, que denoten en forma clara la lesión de los derechos o garantías y sea previsible que la prueba que pudiese aportar éste o los argumentos que pueda exponer, no sean suficientes para desvirtuar la presunta vulneración denunciada en las acciones de defensa. Entendimiento que también fue asumido en la SCP 0309/2019-S2 de 29 de mayo.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1003_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): c32879b125d0027fdf7fa24f05f76622d33eee82c345f1b886ceeae5530f55c3
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