Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Tercera · 27 de agosto de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a los principios de seguridad jurídica y verdad material; toda vez que, dentro del proceso de división y partición de dos bienes inmuebles, que aduce que son de su propiedad, esta presentó su solicitud de acumulación de procesos, para que este sea resuelto de manera conjunta con el proceso de usucapión decenal que ella se encontraba tramitando por cuerda separada, sin embargo, el Juez demandado al momento de rechazar el incidente de acumulación de procesos que interpuso, no aplicó debidamente los arts. 345 y 346 del CPC; por tal motivo, en la misma audiencia presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, sin embargo, la autoridad judicial, lejos de entender los hechos e interpretar la norma de forma legal -art. 368 del CPC-, una vez más confirmó su fallo, manteniendo incólume dicha resolución el Juez demandado concedió el mismo en efecto diferido, “en aplicación del art. 244.II del CPC, ante una eventual impugnación que se dicte dentro del correspondiente proceso”; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2023, que resolvió el incidente de acumulación de procesos, y se ordene que el Juez demandado emita nueva resolución, conforme a los argumentos expuestos de su parte. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 041/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 100 a 102, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1002/2025-S3 Sucre, 27 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional Expediente: 56759-2023-114-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 041/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 100 a 102, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ruth Blanca Ponce Coila contra Arturo Malfert Molina, Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de Potosí. I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursante de fs. 87 a 90 vta., la accionante expresó que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Refiere que es hija de Benigno Ponce Ríos, quien ante el olvido y abandono de sus otros dos hijos, José Moisés y Fabio Freddy Ponce Coila, el 29 de agosto de 2019, en pleno uso de sus facultades mentales, antes de su fallecimiento, realizó un testamento abierto, ante Notario de Fe Pública 12, consignándola a la impetrante de tutela como única heredera de dos inmuebles en su cláusula segunda; el primero se encuentra ubicado en calle 6 de agosto 139, zona Satélite y el segundo, en el campamento Pailaviri, vivienda 398, pabellón 97, ambos registrados en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.). Anoticiados del fallecimiento, y a pesar de la voluntad de su progenitor, sus dos hermanos, se hicieron declarar herederos para luego iniciar proceso de división y partición de los citados inmuebles ante el Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de Potosí -demandado-, siendo notificada con dicho proceso; no obstante, debido a su situación económica; así como, al encontrarse a cargo de sus dos hijos y ser viuda, no pudo contratar a tiempo los servicios profesionales de un abogado, y cuando pudo hacerlo, este le dio a conocer que la demanda se encontraba avanzada, habiéndola declarado rebelde y que para ello tenía que pagar una multa. Desesperada por tal situación, al encontrarse viviendo y poseer ambos inmuebles como “dueña” por más de veinte años, presentó proceso de usucapión decenal ante el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del citado departamento, causa que conoció la autoridad judicial ahora demandada en suplencia, y que se encontraba estancada; por lo que, el 24 de mayo de 2023, en el desarrollo de la audiencia complementaria, dentro de la causa de división y partición de bienes inmuebles, su persona interpuso incidente de acumulación de proceso, pedido que fue rechazado por el Juez ahora demandado, a través de Auto Interlocutorio de esa fecha –resolución ahora impugnada-, bajo el argumento que dicho proceso se encuentra ya “en estado de sentencia” -art. 345.II.2 del Código Procesal Civil (CPC)-, y que se causaría una demora injustificada al esperar que el proceso de usucapión se iguale al proceso de división y partición que afectaría al principio de celeridad. Contra tal determinación, en la misma audiencia, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, alegando que la demanda de división y partición, aún no contaba con sentencia y que faltaba producir prueba pericial, ya que el perito no pronunció informe alguno; es más, se tenía que cambiar al perito y nombrar a otro, conforme a procedimiento; además, argumentó que el proceso ingresa en estado de sentencia cuando se termina el debate y producción de prueba, y que el hecho de encontrarse en una audiencia complementaria no “significaba autos para sentencia”, sino que en la misma solo se termina de agotar la prueba. A pesar de ello, la autoridad judicial, lejos de entender los hechos e interpretar la norma de forma legal -art. 368 del CPC-, una vez más confirmó su fallo, manteniendo incólume dicha resolución, concediendo la apelación en el efecto diferido, ante una eventual apelación de sentencia, dejando en vilo a su persona y que a partir de ello, el proceso de división y partición sea declarado probado, y que a partir de ahí, en su proceso de usucapión se presenten acciones de defensa de litis pendencia o cosa juzgada, que extingan su derecho cuando es posible y sobre todo legal el poder tramitar todo en una sola causa y buscar la verdad material. Por tales motivos, alegó que no se aplicó de forma objetiva el art. 345 del CPC -aplicación objetiva de la ley-, por cuanto, el incidente de acumulación es una acción idónea para saber la verdad, fue declarado improcedente, resolución arbitraria que la dejó en indefensión, sin acceso “efectivo” a la justica, a la verdad material, a la seguridad jurídica y al debido proceso. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados La impetrante de tutela denunció lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a los principios de seguridad jurídica y verdad material, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2023, que resolvió el incidente de acumulación de procesos, y se ordene que el Juez demandado emita nueva resolución, conforme a los argumentos expuestos de su parte. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública de 28 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 94 a 99 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La accionante a través de su abogado ratificó in extenso su memorial de acción tutelar y ampliándolo, señaló que: a) Benigno Ponce Ríos, procreó a José Moisés y Fabio Freddy ambos Ponce Coila -hijos y hermanos de la solicitante de tutela-, a quienes les hizo estudiar y sacarlos profesionales -ambos ingenieros agrónomos-, uno vive en Tarija y otro en Santa Cruz, dejándolo en el olvido -la CPE sostiene que es deber de los hijos velar por los padres-, y que su fallecimiento fue por una enfermedad degenerativa, por lo que su persona se hizo cargo de sus necesidades; b) El 29 de agosto de 2011, se realizó una minuta de anticipó de legitima “testamento abierto” estableciendo que los bienes que logró poseer su progenitor pasaran a favor de su persona “…mi hija es la única persona que ha cuidado de mi persona y también tengo dos hijos pero los cuales no quiero dejarles absolutamente nada porque me han dejado en el olvido…” (sic); sin embargo, luego del fallecimiento, sus hermanos se declararon herederos, para luego iniciar proceso de división y partición de bienes, proceso que llegó a conocer la autoridad judicial ahora demandada, conoció la causa cuando mentalmente “quedó viuda” y se encontraba a cargo de sus dos hijos, circunstancias que impidieron contar con abogado, pero la demandada se encontraba “avanzando” e incluso fue declarada rebelde; c) En el desarrollo del proceso de división participación, se llevó a cabo audiencias, dando lugar a la producción de prueba pericial, perito que fue reemplazado porque no cumplió con el trabajo encomendado, designando de esa manera a otro perito; es así que, en la audiencia complementaria de 24 de mayo, interpuso de “forma escrita” incidente de acumulación de procesos conforme a los art. 345 y 346 del CPC, alegando la existencia de otra causa paralela, que cumple con el objeto, causa y las partes procesales serían las mismas, por esa razón, pidió la suspensión de dicho verificativo a efecto de correr traslado a la parte demandante -hermanos- para que dentro de plazo “…también de manera escrita pueda responder…” (sic); no obstante, el Juez demando decidió proseguirla “…el incidente lo vamos a tratar de manera oral…” (sic), incumpliendo lo estipulado con el art. 368 del CPC; así, emitió el Auto Interlocutorio de esa fecha, sosteniendo que el proceso de división y partición estaría en estado a dictarse sentencia, rechazando la acumulación del proceso; por lo que “…ante esa eventual Resolución hemos planteado el recurso de reposición (…) señor Juez usted no nos puede señalar le hemos dicho de que el procesos se encuentra en esta inicial si todavía no se ha terminado de producir la prueba pericial, si recién en la audiencia complementaria usted está nombrando a un nuevo perito y está señalando otra audiencia para continuar la presente audiencia (…) está en autos para Sentencia o para Sentencia una vez que se termina de producir toda la prueba...” (sic); sin embargo, la autoridad judicial demandada rechazó dicho recurso, manteniendo firme el Auto Interlocutorio de 24 de mayo; y, d) El Juez demandado no aplicó de manera objetiva la ley, pues debió determinar la acumulación de procesos y a partir de ello, emitir resolución que corresponda -arts. 345 y 346 del CPC-, además, la resolución cuestionada prohibió gozar de un proceso justo y equitativo, así como, del derecho a la defensa y principio de verdad material, la cual está sobre las formalidades. I.2.2. Informe del demandado Arturo Malfert Molina, Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de Potosí, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 93. I.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 041/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 100 a 102, denegó la tutela impetrada, decisión con base al siguiente fundamento: 1) El Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2023, rechazó la acumulación de procesos, solicitada por la ahora accionante, y ante la interposición de un recurso de reposición con alternativa de apelación, el Juez demandado concedió el mismo en efecto diferido, “en aplicación del art. 244.II del CPC, ante una eventual impugnación que se dicte dentro de correspondiente proceso” (sic); 2) Lo determinado en su parte resolutiva es lo que interesa al tribunal de garantías, ya que el Juez de la causa concedió una apelación en el efecto diferido, lo que implica que el Tribunal de alzada, donde radique la causa es quien se pronunciará sobre los agravios expuestos, naturalmente esta interposición de un recurso de apelación contra la Sentencia Final que se vaya a dictar dentro de esa causa; y, 3) Ello imposibilita al tribunal de garantías de poder ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, aun fuera cierto lo expuesto por la impetrante de tutela; sin embargo, existe la posibilidad que luego de que fuera resuelto el recurso de apelación por el Tribunal de alzada, el recurrir a un Tribunal de garantías, si es que se cree que se vulnera algún derecho; ahora no pueden adelantarse, ni tampoco corresponde aplicar la excepción a la regla en casos de subsidiariedad, ya que no se demostró la existencia de un daño irreparable o un perjuicio irremediable.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Audiencia Complementaria y Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2023, Arturo Malfert Molina, Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de Potosí -demandado-, rechazó el incidente de acumulación de procesos, deducido por Ruth Blanca Ponce Coila -accionante-, seguidamente en dicho verificativo procesal, el abogado de la solicitante de tutela, con base en los arts. 253 y 254 del CPC, formuló recurso de reposición con alternativa de apelación contra la citada resolución, rechazada que fue la indicada reposición y confirmó el mencionado Auto Interlocutorio del mismo mes y año, concediendo así la apelación en efecto diferido en aplicación del art. 244.2 del ya referido Código “…ante una eventual impugnación a la resolución que se dicte dentro del siguiente proceso…” (sic [fs. 71 a 82].
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a los principios de seguridad jurídica y verdad material; toda vez que, dentro del proceso de división y partición de dos bienes inmuebles, que aduce que son de su propiedad, esta presentó su solicitud de acumulación de procesos, para que este sea resuelto de manera conjunta con el proceso de usucapión decenal que ella se encontraba tramitando por cuerda separada, sin embargo, el Juez demandado al momento de rechazar el incidente de acumulación de procesos que interpuso, no aplicó debidamente los arts. 345 y 346 del CPC; por tal motivo, en la misma audiencia presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, sin embargo, la autoridad judicial, lejos de entender los hechos e interpretar la norma de forma legal -art. 368 del CPC-, una vez más confirmó su fallo, manteniendo incólume dicha resolución el Juez demandado concedió el mismo en efecto diferido, “en aplicación del art. 244.II del CPC, ante una eventual impugnación que se dicte dentro del correspondiente proceso”; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2023, que resolvió el incidente de acumulación de procesos, y se ordene que el Juez demandado emita nueva resolución, conforme a los argumentos expuestos de su parte. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, citando a la SC 0274/2011-R de 29 de marzo, desarrolló que:
…“[L]a acción de amparo constitucional, de acuerdo a los arts. supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley' y ' …siempre que no existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'; omisión o de la amenaza de restricción de los derechos, se acuda a la jurisdicción constitucional.
Este Tribunal, a través de su uniforme jurisprudencia, ha desarrollado el carácter subsidiario del amparo constitucional, señalando que: ' ... no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasión perjuicio irremediable e irreparable' (SSCC) 1089/2003-R, 0552/2003-R, 0106/2003-R, 0374/2002-R, 1337/2003-R, entre otras)”.
Siguiendo ese razonamiento, la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, desarrolló las siguientes reglas y subreglas de improcedencia de la acción de amparo por subsidiariedad, cuando: “ …1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico y, 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no sé agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existen otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).
Sobre el tópico, la SCP 1543/2022-S4 de 28 de noviembre, razonó que:
“[E]l recurso de reposición es el medio procesal previsto por el legislador para impugnar providencias o decretos de mero trámite; a través del cual, el juez, advertido de su error, pueda revocar o modificar su determinación de manera inmediata, debido al carácter sumario de su tramitación y resolución.
Al respecto el Código Procesal Civil, norma este instituto del art. 253 al 255.
En concordancia con lo manifestado, el art. 254 del merituado compilado legal, en cuanto a la oportunidad para su interposición y el procedimiento a seguir, establece lo siguiente:
I. Este recurso se interpondrá verbalmente en la audiencia o por escrito fundamentado en el plazo de tres días contados a partir de la notificación con la providencia o auto interlocutorio; en este último caso, siempre que no hubieren sido dictadas en audiencia.
II. La autoridad judicial podrá resolver inmediatamente y sin sustanciación, el recurso, manteniendo, modificando, dejando sin efecto o anulando la providencia o auto interlocutorio.
III. El recurso planteado por escrito será corrido en traslado con plazo de tres días, con la contestación o sin ella, se dictará resolución sin más trámite.
V. La apelación contra los autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso de reposición, debiendo deducir ambos recursos de manera conjunta.
En cuanto a su procedimiento, el merituado Código Procesal Civil, establece que solo se podrá interponer este recurso contra providencias o decretos de mero trámite, pues dada la naturaleza de lo dispuesto mediante éstas, su emisión no puede generar contención, como los autos interlocutorios simples destinados a resolver cuestiones de procedimiento que se presentan en la tramitación del proceso o los autos interlocutorios definitivos que ponen fin al proceso de manera definitiva, y que por lo tanto resuelven cuestiones que requieren si sustanciación.
En ese entendido, la norma procesal civil, establece en su art. 254.V del CPC, que en caso de impugnar un auto interlocutorio simple, debe hacerse mediante un recurso de reposición bajo alternativa de apelación, y en caso de que la determinación ponga fin al proceso; es decir, sea resuelto mediante un auto definitivo, el art. 258 de igual norma, se pueda plantear recurso de apelación de manera directa. (…)
Resulta importante puntualizar que el art. 254.V del mismo cuerpo legal, norma la oportunidad para apelar los autos interlocutorios, de los que se hubiera solicitado previamente una reposición, estableciendo que una vez denegado el recurso de reposición o que la resolución continúe siendo lesiva, pueda conceder la apelación; empero, siempre y cuando esta hubiera sido deducida de manera alternada al recurso de reposición, norma clara y explícita, en cuyo texto establece que la apelación contra los autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta” (énfasis agregado).
Dentro del presente caso la accionante denuncia la lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a los principios de seguridad jurídica y verdad material; toda vez que, el Juez demandado al momento de rechazar el incidente de acumulación de procesos que interpuso de su parte, no aplicó debidamente lo establecido por el art. 345 y 346 del CPC; por lo que dentro de la misma audiencia interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, sin embargo, lejos de considerar sus argumentos y buscar la efectivización de la verdad material, se remitió a confirmar el Auto Interlocutorio impugnado de su parte, y concedió la apelación en efecto diferido, extremo que vulnera sus derechos. Al respecto, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el amparo constitucional se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando estos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección; es decir, se activa al no existir otros mecanismos o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada, ello en aplicación del principio de subsidiariedad establecido en los arts. 129.I de la CPE y 54.I del Código Procesal Constitucional CPCo. En dicho contexto, de la revisión de antecedentes se tiene que, en efecto, la impetrante de tutela dentro del proceso civil de división y partición de bienes, seguido por sus hermanos, en la audiencia complementaria de 24 de mayo de 2023, la impetrante de tutela, que se encontraba tramitando un proceso de usucapión decenal sobre los mismos inmuebles que son objeto del proceso de división y partición de bienes, interpuso incidente de acumulación de procesos, pidiendo además a la autoridad judicial ahora cuestionada la suspensión de dicho actuado procesal, ello a efecto de correr traslado a la parte demandada para que responda en el plazo de cinco días -arts. 345 y 346 del CPP-. Empero, la indicada autoridad judicial decidió proseguir y tramitar tal incidente de manera oral; así, en sustanciación y resolución, por Auto Interlocutorio de la misma fecha, el Juez demandado rechazó dicho incidente; por lo que, acto seguido la solicitante de tutela, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de esa misma data, concediendo así la apelación en efecto diferido en aplicación del art. 244.2 del ya referido Código “…ante una eventual impugnación a la resolución que se dicte dentro del siguiente proceso…” (sic [Conclusión II.1]).
En armonía con lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, corresponde señalar que la oportunidad para apelar los autos interlocutorios, de los que se hubiera solicitado previamente una reposición, estableciendo que una vez denegado el recurso de reposición o que la resolución continúe siendo lesiva, pueda conceder la apelación; por ello, sin duda correspondería interponer el recurso de apelación contra los citados Autos Interlocutorios de 24 de mayo de 2023, sin embargo, la accionante interpuso de manera directa está acción tutelar, impidiendo así que el superior en grado revise esa determinación, inobservando en consecuencia el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional. Aparte de ello, se tiene que la autoridad demandada, dentro del Auto impugnado, en su parte resolutiva si bien rechazó la reposición, concedió la apelación, en efecto diferido, lo que implica que el Tribunal de alzada, donde radique la causa es quien se pronunciará sobre los agravios expuestos, naturalmente también puede interponer la impetrante de tutela un recurso de apelación contra la Sentencia que se vaya a dictar dentro de dicho proceso, por lo que no existe el agotamiento de los medios de impugnación ordinarios dentro de esta causa. Consiguientemente, lo que se pretende, a través de este mecanismo de defensa, es que se retrotraiga momentos procesales, dejando sin efecto los aludidos rechazos, aspecto que no es posible; toda vez que, no se agotó la vía ordinaria y acudió de modo directo a este mecanismo de defensa constitucional; en ese sentido, la situación descrita se hace aplicable al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, concurriendo la regla 2 y subregla: “… b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución…” (resaltado añadido [SC 1580/2011-R]). En definitiva, al inobservar el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, implica la imposibilidad de poder analizar el fondo de lo impetrado, correspondiendo denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática en revisión. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 041/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 100 a 102, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1002_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 13bf28371c3d6f2b8a934ef0050bec1a0a1dba0f25216139cc607fd9de97b16a
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →