Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 3 de febrero de 2023 solicitó por escrito requerimientos fiscales para la obtención de prueba con la finalidad de presentarlas en una eventual audiencia de cesación de la detención preventiva; empero, fue rechazada por el Fiscal de Materia demandado, con excepción de un requerimiento dirigido al Director de la FELCC de El Alto del departamento de La Paz. Ante ello, el demandado alega que, los requerimientos están dirigidos a las víctimas y testigos del proceso penal, los cuales fueron rechazados porque generarían revictimización, ya que, solicita que los prenombrados informen si tienen alguna obstaculización en las declaraciones que realizan; asimismo, señala que, el accionante no agotó la subsidiariedad, debido a que el caso radica en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 61 a 64, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1002/2025-S2 Sucre, 3 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54635-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 61 a 64, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Calle Quiquisani contra Joel Fernández Ortiz, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 23 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 44 a 54, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encuentra privado de libertad un año, tres meses y quince días en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz -se entiende al momento de presentación de la acción tutelar-, y con el objetivo de enervar los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, principalmente en cuanto al peligro de obstaculización, ya que, “estaría influyendo” negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos en el proceso penal mencionado. Bajo ese contexto, por memorial presentado el 3 de febrero de 2023 solicitó a Joel Fernández Ortiz, Fiscal de Materia -ahora demandado-, la emisión de requerimientos fiscales con el fin de obtener pruebas para desvirtuar tal situación, de forma que, en una eventual audiencia de cesación de la detención preventiva, pueda recuperar su libertad. Dichos requerimientos estaban dirigidos al Director del Comando Regional de El Alto de la Policía Boliviana para realizar patrullaje, resguardo, vigilancia y auxilio en la vivienda de Flora Celia Condori Chino y de su hija menor de edad AA -víctimas del proceso penal-; al Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, con el objeto de suscribir acta de garantía de cumplimiento de no acercamiento a favor de las víctimas; al Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto, con el fin de que a través de un abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de dicho ente edil se suscriba acta de garantías y buen comportamiento de su persona; a Flora Celia Condori Chambi -víctima- para que informe si en algún momento fue amenazada, influida negativamente, si tuvo algún obstáculo o impedimento para declarar y testificar en la causa penal; a once personas -entre ellos testigos del proceso penal-, para que informen si en algún momento fueron amenazados, influidos negativamente, si tuvieron algún obstáculo o impedimento para declarar y testificar en la causa radicada en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) a fin de que emita la tarjeta prontuario -antecedentes penales- de las once personas; y, al Director de la FELCC de El Alto, para la suscripción de actas y garantías unilaterales de no acercamiento, no contacto virtual ni personal ni por terceras personas a favor de las once personas referidas anteriormente. Sin embargo, la autoridad fiscal demandada, mediante decreto de 6 de febrero de 2023 solo dio curso al requerimiento dirigido al Director de la FELCC de El Alto para la firma de acta de garantías de cumplimiento de no acercamiento a las víctimas del proceso penal; no obstante, los otros requerimientos fueron rechazados señalando que alguno de ellos genera revictimización de las prenombradas, otros deben ser enviados según procedimiento y conforme a normativa. Consiguientemente, mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2023 reiteró la solicitud antes referida, amparando el petitorio en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0134/2018-S4 de 16 de abril y 0528/2019-S3 de 2 de septiembre, a lo que la autoridad demandada responde con decreto de 23 de febrero de 2023, denegando nuevamente las solicitudes, desconociendo reiteradamente su obligación de emitir requerimientos fiscales para privados de libertad. Por ello, ante el accionar injustificado del Fiscal de Materia demandado al no otorgar los requerimientos fiscales solicitados, impidiendo la obtención de prueba para acceder posteriormente a una audiencia de cesación de la detención preventiva y así recuperar su libertad, presenta acción de libertad.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, acceso a la justicia y “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, “24”, 115, 116.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene la emisión y entrega de requerimientos vinculados a la obtención de prueba para una eventual cesación de la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 58 a 60 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) Solicitó requerimientos fiscales no como actos de investigación ni actos de revictimización, tampoco con la intención de obtener elementos de prueba para los resultados sobre el fondo del proceso penal, sino para demostrar que no concurre el riesgo de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173; b) Respecto a los requerimientos solicitados al Fiscal de Materia demandado, solo dio curso a uno de ellos; no obstante, la solicitud de los demás requerimientos fiscales fue reiterada el 22 de febrero de 2023, para agotar la subsidiariedad; y, c) Según la SCP 0134/2018-S4 señala que cuando se está en etapa de juicio y existe una acusación, el mismo puede acudir ante el Ministerio Público para solicitar los requerimientos siempre y cuando estén vinculados al derecho a la libertad y no al fondo del proceso, en ese sentido, se pretende obtener información de los testigos para que informen si fueron influenciados por su persona. El Juez de garantías, en audiencia de acción tutelar, consultó al impetrante de tutela: 1) Ante qué autoridad jurisdiccional radicó la causa penal. A lo que el abogado del accionante señaló que la misma se encuentra radicada en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; y, 2) Si ante el Juzgado mencionado se remitió algún requerimiento de conminatoria contra el Fiscal de Materia demandado; ante ello, la parte impetrante de tutela indicó que por lealtad procesal se realizó el mismo petitorio ante la autoridad jurisdiccional referida.
Joel Fernández Ortiz, Fiscal de Materia, en audiencia virtual de garantías, señaló que: i) Según el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), existen causales de procedencia para la acción de libertad, de las cuales, el accionante no explicó ni fundamentó si su vida está en peligro, o está ilegalmente perseguido o procesado, o está indebidamente privado de libertad personal; ii) Si bien se remitió memorial el 3 de febrero de 2023 que hace referencia a varios requerimientos para testigos y otras autoridades, de los cuales solo se dio curso a uno de ellos, aquello dirigido al Director de la FELCC de El Alto, respecto a la firma de acta de garantías de alejamiento de las víctimas del proceso penal; sin embargo, los demás requerimientos no tienen utilidad ni pertinencia, debido a que, al estar dirigidos a la víctima del proceso penal y a los testigos, estaríamos generando revictimización, ya que, pide que se haga vigilancia, resguardo y patrullaje en el domicilio de las víctimas, además de que las mismas informen si fueron amedrentadas o sufrieron algún tipo de obstaculización por parte del accionante, en el mismo sentido, se pide requerimientos para los testigos ofrecidos dentro del proceso penal; y, iii) El accionante no agotó la subsidiariedad, debido a que, la causa penal se encuentra en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, y el mencionado no acudió a dicha autoridad jurisdiccional.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 18/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 61 a 64, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante no refirió si su vida está en peligro y tampoco se observa que el mencionado está ilegalmente perseguido o procesado, ya que, la causa penal se encuentra radicada en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; b) Respecto a los requerimientos solicitados por el impetrante de tutela, los cuales hacen referencia a que los testigos del proceso penal informen si fueron amenazados o influenciados por el accionante; no obstante, estando ya la causa con acusación fiscal ante el Juzgado referido anteriormente, los requerimientos crean una confesión o criterio adelantado de los testigos; c) Considerando que se debe velar los derechos y la protección de las víctimas y que se debe aplicar en este caso la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, ya que se trata de la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, los requerimientos del accionante sí generan acciones de revictimización y amedrentamiento; y, d) Respecto a la subsidiariedad, el accionante refiere que envió la misma solicitud de requerimientos al Juzgado de Sentencia Penal mencionado ut supra, en la que, si no tuvo respuestas, debió presentar recurso de apelación incidental y de esa forma agotar la vía jurisdiccional ordinaria.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Por Resolución de imputación formal 46/2021 de 3 de diciembre, José Ángel Ponce Rivas, Fiscal de Materia, solicitó medidas cautelares personales de detención preventiva de Mario Calle Quiquisani -accionante-por cinco meses, debido a que faltarían actos investigativos para realizar, ya que, existirían riesgos de fuga y obstaculización del proceso (fs. 4 a 6 vta.). II.2. Mediante Resolución 305/2022 de 3 de noviembre, Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, declaró improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva, formulada por el impetrante de tutela (fs. 16 y vta.). II.3. A través de memorial presentado el 3 de febrero de 2023, el impetrante de tutela solicitó a Joel Fernández Ortiz, Fiscal de Materia -demandado-, requerimientos fiscales con fin de obtener pruebas para una eventual audiencia de cesación de la detención preventiva, las mismas que estaban dirigidas al Director del Comando Regional de El Alto de la Policía Boliviana para realizar patrullaje, resguardo, vigilancia y auxilio en la vivienda de Flora Celia Condori Chino y de su hija menor de edad AA -víctimas del proceso penal-; al Director de la FELCC de El Alto, con el objeto de suscribir acta de garantía de cumplimiento de no acercamiento a favor de las víctimas; al GAM de El Alto, con el fin de que a través de un abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de dicho ente edil se suscriba acta de garantías y buen comportamiento de su persona; a Flora Celia Condori Chambi -víctima- para que informe si en algún momento fue amenazada, influida negativamente, si tuvo algún obstáculo o impedimento para declarar y testificar en la causa penal; a once personas -entre ellos testigos del proceso penal-, para que informen si en algún momento fueron amenazados, influidos negativamente, si tuvieron algún obstáculo o impedimento para declarar y testificar en la causa radicada en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; al SEGIP a fin de que emita la tarjeta prontuario -antecedentes penales- de las once personas; y, al Director de la FELCC de El Alto, para la suscripción de actas y garantías unilaterales de no acercamiento, no contacto virtual ni personal ni por terceras personas a favor de las once personas referidas anteriormente (fs. 17 a 21). II.4. Por proveído de 6 de febrero de 2023, el Fiscal de Materia demandado, en respuesta al memorial enviado por el accionante el 3 de igual mes y año, señaló que alguno de los requerimientos solicitados por el prenombrado generan revictimización para las víctimas del proceso penal, otros deben solicitarse conforme a procedimiento, siempre y cuando sean útiles y pertinentes; en este sentido, rechazó la emisión de todos los requerimientos excepto el que fue dirigido al Director de la FELCC de El Alto, para la firma de garantías de alejamiento a favor de las víctimas de la causa penal (fs. 22).
II.5. Mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2023, el impetrante de tutela reiteró la solicitud de requerimientos al Fiscal demandado; no obstante, la misma fue rechazada por proveído de 23 de igual mes y año, firmada por el demandado (fs. 23 a 25).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 3 de febrero de 2023 solicitó por escrito requerimientos fiscales para la obtención de prueba con la finalidad de presentarlas en una eventual audiencia de cesación de la detención preventiva; empero, fue rechazada por el Fiscal de Materia demandado, con excepción de un requerimiento dirigido al Director de la FELCC de El Alto del departamento de La Paz. Ante ello, el demandado alega que, los requerimientos están dirigidos a las víctimas y testigos del proceso penal, los cuales fueron rechazados porque generarían revictimización, ya que, solicita que los prenombrados informen si tienen alguna obstaculización en las declaraciones que realizan; asimismo, señala que, el accionante no agotó la subsidiariedad, debido a que el caso radica en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A través de la SC 0619/2005-R de 7 de junio, el entonces Tribunal Constitucional, señaló que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo presentarse concurrentemente los siguientes supuestos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad".
Asimismo, la SCP 0037/2015-S3 de 15 de enero, al referirse a un caso en el que el accionante denunció que el representante del Ministerio Público no respondió a las solicitudes presentadas, pese a requerir la documentación para solicitar la cesación de la detención preventiva, se denegó la tutela sin ingresar al análisis de fondo, debido a que: “…el accionante no acreditó cómo estos requerimientos podrían ser utilizados a efectos de desvirtuar los riesgos procesales; es en ese sentido que, este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede concluir o inferir que los citados requerimientos sean indispensables y necesarios a la hora de solicitar la cesación de la detención preventiva; es decir, no se evidencia que la presunta falta de respuesta a los memoriales extrañados (que se constituiría en una presunta vulneración del derecho al debido proceso), tenga una vinculación con el derecho a la libertad del accionante…”; en este sentido, la solicitud de requerimientos a los fiscales de materia debe demostrar su pertinencia y cumplir con la carga argumentativa para desvirtuar los riesgos procesales, de lo contrario nos encontraríamos ante procesamiento indebido, debiendo plantear la producción de prueba ante la autoridad competente y agotada la instancia, activar posteriormente la acción de amparo constitucional.
En el caso concreto habiéndose determinado la detención preventiva del accionante porque sería un peligro para las víctimas del proceso penal y “estaría influyendo” negativamente sobre las prenombradas y testigos del proceso penal referido (Conclusiones II.1 y II.2) y para desvirtuar los riesgos de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, el accionante presentó memoriales el 3 y 22 de febrero de 2023 al Fiscal de Materia demandado, solicitando diferentes requerimientos del Ministerio Público que puede agruparse de la siguiente manera: a) Al Director del Comando Regional de El Alto de la Policía Boliviana para realizar patrullaje, resguardo, vigilancia y auxilio en la vivienda de Flora Celia Condori Chino y de su hija menor de edad AA -víctimas del proceso penal sobre la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica-; b) Al Director del FELCC de la ciudad de El Alto para dar garantías a la víctima, su familia y a los testigos; c) A la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que evidencien la suscripción de garantías; d) A las víctimas y testigos para que declaren si fueron amenazados por el accionante; y, e) Al SEGIP para conocer su tarjeta prontuario de las víctimas y testigos. En respuesta, el Fiscal de Materia demandado por proveídos de 6 y 23 de febrero de 2023, no dio lugar a lo solicitado, manifestando sobre a) y c) que pida conforme a procedimiento, con relación a b) se dio lugar a sus solicitud, en cuanto a d) se rechazó por implicar la revictimización y respecto a los testigos no son parte del proceso en este sentido se hizo incidencia en que en el proceso penal no se está investigado a las víctimas y a los testigos además no podía adelantarse el contenido de sus declaraciones que corresponde hacerse durante el juicio, y en relación a e) no tiene pertinencia al proceso (Conclusión II.4). De los antecedentes expuestos y en atención a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que el accionante impetró requerimientos fiscales, argumentando que los requería para sustentar una solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo y respecto a las solicitudes rechazadas, no demostró ni argumentó, que sus solicitudes sean necesarias y estuviesen directamente vinculadas con su solicitud de cesación de la detención preventiva y por tanto a su derecho a la libertad aspecto que tampoco demostró a través de su acción de libertad, por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, al no haberse demostrado relación alguna entre la necesidad de contar con los requerimientos fiscales y la cesación de la detención preventiva que el accionante afirma pretender con dichos informes debiendo entonces el prenombrado plantear la producción de prueba conforme a procedimiento y ante la autoridad competente y una vez agotada la instancia ordinaria; en su caso, interponer la acción de amparo constitucional conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 24 de marzo, cursante de fs. 61 a 64, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1002_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1e1382f32e639f7f1a99b25c9ac3465ece7fa7bffb98a713e99d8e72d4b91907
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