B.IA.LEGAL

SCP 1002/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
43204-2021-87-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, al debido proceso e interés superior del niño; por cuanto, dentro del proceso penal seguido contra el menor SHCQ, por la presunta comisión del delito de pornografía, al emitirse Resolución de Rechazo RMV 11/2021 el 5 de agosto, en dos oportunidades solicitó se otorgue medidas de protección; no obstante, pese a dicha petición la autoridad fiscal ahora demandada sin la debida fundamentación rechazó ambas peticiones, denotando una falta de debida diligencia. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad y la protección del derecho a la vida; b) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; c) Medidas de protección en casos de violencia; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte Resolución 33/2021 de 25 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se dispone que Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil del departamento de La Paz, adopte las medidas necesarias para cumplir su deber de diligencia y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. 3° Se exhorta al Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías que en la tramitación de acciones tutelares actúe conforme las facultades propias de la jurisdicción constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.La acción de libertad y la protección del derecho a la vida
  2. III.2. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres
  3. III.3.Medidas de protección en casos de violencia
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1002/2023-S1 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 43204-2021-87-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2021 de 25 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando en representación sin mandato de la María Gisela Ortube Cajias madre de la menor AA contra Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2021, cursante de fs. 8 a 15, la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su persona contra el menor SHCQ, por la presunta comisión del delito de pornografía previsto y sancionado por el art. 323 Bis del Código Penal (CP); el 5 de agosto de 2021, la autoridad fiscal ahora demandada emitió la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 resolviendo rechazar la denuncia que interpuso; no obstante, considerando que dicha Resolución no es definitiva, en la misma fecha, al amparo del art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia –Ley 348 de 9 de marzo de 2013– solicitó se otorgue medidas de protección para la menor y su familia, petición que mereció el decreto de 9 de agosto de igual año, indicando “‘Estese a la Resolución de Rechazo emitido bajo conminatoria y control jurisdiccional’” (sic) como si dicho fallo definitivo y la menor no contaría con derechos.

Posteriormente, el “18 de julio de 2021” al amparo del art. 306 del Código Niña, Niño y Adolescente impugnó la Resolución de Rechazo RMV 11/2021; y, por otra parte, a través de memorial de 18 de agosto de 2021, reiteró la emisión de medidas de protección; sin embargo, a través de decreto se le manifestó que “‘Estese a decreto de fecha 19 de agosto de 2021’” (sic), debiendo esperar la resolución del Fiscal Departamental de La Paz. Así, pese a que en dos oportunidades solicitó se otorgue medidas de protección, la autoridad fiscal ahora demandada con una falta de debida diligencia rechazó ambas peticiones sin la debida fundamentación, negándole toda forma de protección a la víctima, situándola en un estado de indefensión y transgrediendo el derecho al debido proceso, cuando estándares internacionales y la Ley 348 establecen la obligación de emitir en favor de la víctima, medidas de protección que se vinculan con el derecho a vivir una vida sin violencia, las cuales deben darse dentro de todo el procedimiento penal y no solo en la etapa preparatoria.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, al debido proceso e interés superior del niño, citando al efecto los arts. 15.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Convención de Belem Do Pará; y, 6 y 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se revoquen los decretos de 9 y 19 de agosto de 2021, por los cuales se negó la otorgación de medidas de protección para la víctima y se disponga que en el día se las emita y efectivice; b) Se conmine a la autoridad demandada a realizar todas las actuaciones investigativas con la debida diligencia, bajo la observación del interés superior del niño, debido proceso, y perspectiva de género e interseccionalidad; y, c) Se disponga la responsabilidad administrativa y civil, debiendo llegar incluso a la reparación del daño moral a la víctima.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 50 a 56, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando el mismo, manifestó que: 1) Las medidas de protección debieron ser emitidas por el Ministerio Público de oficio cuando se tuvo conocimiento del hecho delictivo; no obstante, pese a ello, en el caso concreto se solicitó las medidas de protección debido a que se profirió una resolución de rechazo totalmente ilegal y fuera de la norma; 2) El art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establece la aplicación de la ley especial sobre la general, en el caso al tenerse dos normas de protecciones especiales como son la Ley 348 y CNNA debe seguirse el entendimiento jurisprudencial de la SCP “017/2019-S2” que sostiene que en caso de colisión de “bienes jurídicos” debe primar los derechos de la víctima; por lo que, el Ministerio Público no puede pretender desconocer la Ley 348 a la que se le debe agregar el CNNA; 3) La autoridad fiscal señaló que al emitir las medidas de protección se lesionaría la presunción de inocencia; no obstante, las indicadas medidas tienen como fin limitar que el denunciado se acerque al lugar donde frecuenta la víctima y otros que en ningún momento transgreden la presunción de inocencia; además, el legislador no estableció que las medidas de protección deban imponerse una vez que el denunciado tenga una sentencia ejecutoriada, si apenas tengan conocimiento de un hecho de violencia contra una mujer; y, 4) En relación al incumplimiento del “principio de subsidiariedad” alegado por la autoridad fiscal demandada debe considerarse el lineamiento sostenido por la SCP “19/2018-S2” que hizo alusión a la procedencia de la acción de libertad en casos de violencia de género contra las .mujeres; así, el presente caso se encuentra vinculado a las medidas de protección que precautelan la integridad física, psicológica y sexual para la víctima.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado cursante de fs. 44 a 49; y, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, manifestando al efecto que: i) De la revisión del cuaderno de investigaciones se tiene que la parte accionante no solicitó ninguna medida de protección a favor de la víctima desde el 4 de mayo de 2021 hasta el 5 de agosto de dicho año, fecha en la que se emitió la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 bajo conminatoria del juez de control jurisdiccional; ii) Al emitirse la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 dándose conclusión a la investigación en su etapa preliminar, se encontraba impedida de realizar actos de investigación y menos otorgar medidas de protección; iii) Siendo la víctima y el sindicado menores de edad se debe aplicar la Ley 348, además del sistema penal para adolescentes, tomando en cuenta los derechos y garantías establecidas en el art. 262 del Código Niña, Niño o Adolescentes (CNNA), como la presunción de inocencia hasta que no se emita una sentencia firme que determine la existencia de un hecho y la participación del imputado; por lo que, sería contradictorio que ante la existencia de una resolución de rechazo de denuncia se tenga que imponer medidas de protección; consecuentemente, no se evidencia vulneración que le corresponden a la víctima ni al debido proceso; y, iv) La parte accionante no agotó los medios para poder efectivizar su pretensión, pues conforme establece el art. 306 del CNNA la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 fue objetada y será el Fiscal Departamental de La Paz quien procederá a ratificar o revocar la aludida Resolución de Rechazo; además, no acudió ante el juez de control jurisdiccional con el objeto de garantizar la tutela de sus derechos.

I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

El representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia manifestó “…de acuerdo al informe de las exposiciones de lo que hubo tanto de la parte accionante por la Dra. Merlo establece que hubo actos y omisiones y demás que no son atribuibles a la víctima es más acaban de notificarnos con rechazo con la presente denuncia de que se está haciendo por la victima que una niña en todo caso la defensoría de aplicación de la normativa que corresponde va a objetar esta resolución de rechazo finalmente y no se cree que sea necesario pero vamos a estar a la espera de su autoridad aplique la norma de las leyes especiales leyes ordinarias, normas constitucionales más la normativa internacional que es parte del bloque de constitucionalidad vamos a pedir que aplique la norma para el beneficio de la víctima por un lado y por otro lado se tome la perspectiva de convicción de genero eso todo señor Juez” (sic).

I.2.4. Intervención del tercero interesado

Roger Emilio Cuaquira Segales, Abogado del menor SHCQ denunciado dentro del proceso penal seguido por pornografía manifestó que: a) La parte impetrante de tutela no acudió al juez de control jurisdiccional para solicitar medidas de protección por lo que no se demostró que se hubiese superado la “subsidiariedad”; y, b) La parte peticionante de tutela no refirió que tipo de acción de libertad interpuso (reparadora, restrictiva, correctiva, preventiva, traslativa, innovativa, instructiva); además, si bien se señala la SCP “017/2019-S2” la misma no se adecua a la acción de defensa planteada.

I.2.5. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 33/2021 de 25 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad fiscal ahora demandada requiera “…que ambos adolescentes no tomen contacto por si o por medio de terceras personas…” (sic), manifestando al efecto: 1) Las medidas de protección tienen como objeto proteger a la víctima de un hecho de violencia; y, si bien en el caso concreto se emitió la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 debe considerarse que la misma no es definitiva, además que fue proferida al no existir suficientes elementos para pronunciar una acusación fiscal; consiguientemente ello no representa un impedimento para aplicar medidas de protección; y, 2) Con relación a la solicitud de remitir antecedentes se consideró que el accionar de la autoridad fiscal ahora demandada tiene un justificativo “….cursa a 3 de mayo del 2021 el requerimiento inicial que consta a este informe de acción directa por el cual evidentemente no se aplican medidas de protección de las cuales deberían haber sido aplicadas de oficio el ministerio público pero sin embargo en este requerimiento 3 de mayo firma la abogada Janeth Lourdes Parí y no así la autoridad hoy accionada y se podría dar lectura de los antecedentes del cuaderno de investigación que cursa las actas declaración tanto de la denunciante como el adolescente que esta conflicto con la ley penal, cursa el inicio de la investigación, informes policiales y se tiene el primer decreto de participación de la autoridad hoy accionada de la Dra. Rosario Merlo Villca de 12 d julio del 2021 que refiere: la suscrita fiscal de materia signada de la fiscalía especializada en justicia juvenil habiendo tomado conocimiento el día de hoy del memorial presentado de plataforma virtual por el impetrante reitera el asunto de solicitud a objeto de ser considerando así mismo se debe tomar en cuenta que cursa un acta de representación que cursa a fs. 67 del cuaderno de investigación que dice lo siguiente: informa a su autoridad en fecha 6 de junio del 2021 horas 12 estaba previsto la entrevista informativa en cámara GELSEL sin embargo no se realió por no apersonarse de la misma por ambientes de la cámara GELSEL estando presente de los funcionario DNA refiere la negativa de la madre de la adolescente. Todo ello nos conlleva a una conclusión en el marco estrictamente jurídico Constitucional de que por un lado no existe responsabilidad administrativa ni penal de la hoy accionada justamente por este marco legal ley Cód. N.N.A de que exige la sobre valoración de los derechos y garantías constitucionales de adolescentes que tiene conflicto con la ley penal y también los derechos de la hoy accionante no lleva necesariamente a realizar un análisis de este hecho bajo el principio de ponderación de los derechos de ambos adolescentes es tal como lo refirieron ambas partes de esta acción de libertad de los adolescentes M.G.O.C. Y S.H.C.Q. de los antecedentes de este hecho la autoridad constitucional hoy constituida y manifestada por mi persona considera que deben emitirse medidas que tenga objetivamente de proteger a ambos adolescentes medidas que no restrinjan el derecho a la vida, salud, educación, de ambos adolescentes porque también está plasmado en el marco art. 35 de la ley 348 pues es cierto y evidente que es importante mantener a estos adolescentes distanciados de que no tomen contacto por sí o por intermedio de terceras personas” (sic). En la vía de aclaración, enmienda y complementación, la parte accionante refirió: i) Se dispuso que ambos adolescentes no se acerquen atribuyéndosele a la víctima la prohibición de acercarse al agresor, desnaturalizándose las medidas de protección; en tal sentido, solicitó se aclare cuál es el fundamento legal para que imponga una medida de protección para el agresor; ii) Pidió la enmienda de la Resolución 33/2021 respecto a las iniciales de la menor debido a que no se puede poner en descubierto a los progenitores porque implícitamente se estaría poniendo en publicidad a la víctima; iii) Respecto a la responsabilidad administrativa, en el fallo se justificó el actuar de la autoridad fiscal ahora demandada señalando que la misma actuó con la protección del CNNA; sin embargo, debe tenerse en cuenta que las medidas de protección deben ser aplicadas de manera inmediata; en tal sentido, debe complementarse cuál es la interpretación que se le da al art. 32 de la Ley 348. Al respecto, el Juez de garantías manifestó “…con relación a la aclaración d primera, tercera y cuarta aclaración de solicitud de remitir antecedentes desde su autoridad fiscal con relación al petitorio de la parte accionante la autoridad hoy constituida Juez de Garantía Constitucionales Considera que la resolución es documento clara y que no tiene un elemento negativo que tenga que aclararse pero si le va considerara la enmienda cuanto a las iniciales de revisión del cuaderno de investigación la victima tiene como iniciales VNRO y no así MGOC como se lo había mencionado a la largo de la resolución…” (sic).

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 13 de junio de 2022, cursante a fs. 74, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 22 de agosto de 2023 (fs. 339); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 4 de mayo de 2021, a través del cual, Jeanneth Lourdes Pari Vasquez, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil y Delitos Medioambientales del departamento de La Paz, pone en conocimiento del juez público de la niñez y adolescencia de turno de la Capital de igual departamento, el inicio de investigaciones de un hecho vinculado al delito de pornografía previsto y sancionado por el art. 323 Bis del CP cuya denunciante y menor víctima se constituyen en la parte ahora accionante, teniendo como denunciado el menor ahora tercero interesado (fs. 103). II.2. Mediante Resolución de Rechazo RMV 11/2021 de 5 de agosto, Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil del departamento de La Paz –ahora demandada– dispone como acto conclusivo de la etapa preliminar de la investigación el rechazo de la denuncia interpuesta por María Gisela Ortube Cajias –parte accionante– contra el menor SHCQ –ahora tercero interviniente– por la presunta comisión del delito de pornografía (fs. 160 a 163 vta.). II.3. A través de memorial de 5 de agosto de 2021, presentado ante la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil del departamento de La Paz, María Gisela Ortube Cajias –parte impetrante de tutela– solicita disponga medidas de protección a favor de su hija extensible a su familia

“Se otorgue las garantías unilaterales a mi hija V.N.R.O. extensible a su familia, por parte del menor de iniciales S.H.C.Q. que por el rango etareo del denunciado debe ser bajo la garantía de sus padres.

Disponga se acerque a los lugares que mi hija frecuenta como ser su domicilio, centros de estudios y lugares de recreación. Prohibición de contactarse con mi hija de manera directa o por intermedio de terceras personas. Y como señale agregue todas las que considera necesarias para garantizar la integridad de mi hija, al tener una protección reforzada” (sic [fs. 164]).

Escrito que mereció el decreto de 9 de agosto de 2021 por el que, la autoridad fiscal ahora demandada expresamente manifiesta “En lo principal.-Este a la Resolución de Rechazo emitido bajo conminatoria y control jurisdiccional” (sic [fs. 165]). II.4. Por memorial –no refiere fecha– presentado ante la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil del departamento de La Paz, María Gisela Ortube Cajias –ahora accionante– “impugna” la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 (fs. 166 a 169 vta.). A tal efecto, se emite el decreto de 19 de agosto de 2021, por el que, se manifiesta:

“Se tiene presente el memorial presentado por Maria Gisela Ortube Cajias en su calidad de denunciante, mediante el cual Objeta la Resolución de Rechazo de denucnai RMV No. 11/2021 de fecha 05 de agosto de 2021, de conformidad con lo establecido en el Art. 305 del C.P.P. y 306 de la Ley 548 remitase el cuaderno de investigaciones ante la Fiscalía Departamental de La Paz, una vez que la Central de Notificaciones adjunte las actas de notificación a las parte y sea con nota de atención y demás formalidades de ley.” (sic[ fs. 171]). II.5. Mediante memorial de 18 de agosto de 2021, presentado ante la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil del departamento de La Paz, María Gisela Ortube Cajias –impetrante de tutela– reitera la solicitud de medidas de protección (fs. 172), mereciendo al efecto el decreto de 19 de dicho mes y año, por el que, la autoridad fiscal ahora demandada determina “Estese al decreto de fecha 19 de agosto de 2021” (sic [fs. 172 vta.]). II.6. Se tiene Requerimiento Fiscal de 25 de agosto de 2021, suscrito por la autoridad fiscal ahora demandada, mediante el que requiere a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)

“Que por la unidad RECONVENCIONAL de la FELCC-LA PAZ se proceda a otorgar amplias garantías BILATERALES por parte de RENAN JAIME CUAQUIRA SEGALES y el adolescente S.H.C.Q. y los progenitores de la víctima menor, RAUL GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALES Y MARIA GISELA ORTUBE CAJIAS, extensible a su entorno familiar, sobre la prohibición de tener contacto entre ambos adolescentes…” (sic [fs. 177]). II.7. Cursa Resolución FDLP/WEAL/R-1418/2021 de 15 de septiembre, a través de la cual, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, resuelve revocar la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 disponiendo se continúe con la investigación y se realice las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del caso (fs. 207 a 209).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, al debido proceso e interés superior del niño; por cuanto, dentro del proceso penal seguido contra el menor SHCQ, por la presunta comisión del delito de pornografía, al emitirse Resolución de Rechazo RMV 11/2021 el 5 de agosto, en dos oportunidades solicitó se otorgue medidas de protección; no obstante, pese a dicha petición la autoridad fiscal ahora demandada sin la debida fundamentación rechazó ambas peticiones, denotando una falta de debida diligencia. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad y la protección del derecho a la vida; b) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; c) Medidas de protección en casos de violencia; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1.La acción de libertad y la protección del derecho a la vida

En relación al presente punto, previo a referirnos a la normativa que rige la acción de libertad, es preciso hacer una reseña de los antecedentes de su origen; en tal sentido, siguiendo lo referido por Ciro Añez Nuñez, Sorayda Santiago Salame y otros en la obra Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada; se tiene que, el 11 de enero de 1931 a través del referéndum constitucional se propuso incluir en la Constitución –entre otros– un mecanismo de protección de los ciudadanos denominado habeas corpus el cual se accionaba contra los arrestos, detenciones y procedimientos ilegales; posteriormente, con la reforma constitucional de 1938, la incorporación del indicado recurso fue materializado estableciendo expresamente que:

Artículo 8°.- Toda persona que creyere estar indebidamente detenida, procesada o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante el juez de partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. La autoridad judicial decretará inmediatamente que el individuo sea conducido a su presencia y su decreto será obedecido, sin observación ni excusa, por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial decretará la libertad, hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas. La decisión que se pronuncie dará lugar al recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, recurso que no suspenderá la ejecución del fallo.

Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan a las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán reos de atentado contra las garantías constitucionales, en cualquier tiempo, y no les servirá de excusa el haber cumplido órdenes superiores. Posteriormente, con la reforma constitucional de 1967 se estableció la posibilidad de acudir ante un juez instructor, la prohibición de suspensión de la audiencia, la rebeldía del demandado, la revisión de la decisión por la Corte Suprema de Justicia y la sanción de la autoridad que incumpla conforme manda el procedimiento constitucional. Luego, con la reforma constitucional de 1994 con la creación del Tribunal Constitucional se determinó que el mismo se encargaría de la revisión de la sentencia emitida. El 7 de febrero de 2009 con la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado se estableció varias modificaciones que inclusive incluyó el cambio de denominación, pasando de recurso de hábeas corpus a acción de libertad, además de ampliar su ámbito de protección, estipulando de esta manera:

Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

1Constitución Política del Estado 1967 haciendo referencia al recurso de hábeas corpus en su art. 18 determinó: “Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.

La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de l a autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella cuanto por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos una vez citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior.

En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se elevara en revisión, de oficio, ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.

Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.

Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán remitidos, por orden de la autoridad que conoció del “Hábeas corpus”, ante el Juez en lo penal para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.

La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este Artículo quedará sujeta a la sanción del Artículo 127, inciso 12, de esta Constitución.”

Por su parte el Código Procesal Constitucional con referencia a esta acción de defensa estableció:

Artículo 46°.- (Objeto) La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. Artículo 47°.- (Procedencia) La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:

1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal Así, a partir de la referida normativa es que el Tribunal Constitucional Transitorio que estableció a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que la acción de libertad tiene por objeto proteger los derechos a la integridad física y libertad (personal y de circulación) además, del derecho a la vida; no obstante, respecto a este último se estableció que debía existir una vinculación entre el peligro de afectación del mismo con el derecho a la libertad. Posteriormente, si bien de manera inicial se estableció la protección del derecho a la vida cuando tenga vinculación con el derecho a la libertad, pues de lo contrario debía ser tutelado vía acción de amparo constitucional; no obstante, a través de la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, que contiene el estándar jurisrprudencial más alto se moduló dicho entendimiento, 2En su FJ III.5 sostuvo que: “Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: “…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los derechos a la vida e integridad física o personal fue reiterado en numerosos fallos. Así, en el caso Castillo Páez, de 3 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana sostuvo que: “…El hábeas corpus tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida”. En el mismo sentido, el caso Neira Alegría, fallo de 19 de julio de 1995.

La protección del derecho a la vida e integridad personal, por otra parte, está también prevista en las legislaciones de otros países, como en Costa Rica donde a través del hábeas corpus se protegen los derechos a la libertad e integridad personal; en el Perú, donde se protege la libertad personal y otros derechos conexos, así como la integridad y la prohibición de desaparición forzada, último supuesto que se vincula con el derecho a la vida. Algo similar sucede en Argentina, donde el hábeas corpus protege la libertad física, el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y la desaparición forzada de personas, y en Ecuador, donde se protege el derecho a la libertad, a la vida y la integridad física de las persona privadas de libertad. De este breve repaso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la legislación comparada, se puede observar que la protección al derecho a la vida vía hábeas corpus, en el caso boliviano, acción de libertad, está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad personal.

Cabe resaltar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, protegió el derecho a la vida a través del recurso de hábeas corpus, por conexitud con el derecho a la libertad de locomoción, en las SSCC 470/2004-R, 6512004-R, entre otras.”

ello considerando la naturaleza del derecho a la vida, la cual impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección, ya que no era posible que sobre la base de formalismo se deniegue la tutela con el argumento procesal de la idoneidad recursiva; por lo que, se determinó que el derecho a la vida podría ser tutela mediante la acción de amparo constitucional o acción de libertad; asimismo, se estableció que para el resguardo del derecho a la vida no era necesario vinculación con el derecho a la libertad Aunado a lo anterior, la SCP 2468/2012 reiterando el entendimiento contenido en la SC 0172/2006-R de 16 de febrero manifestó que el derecho a la vida comprende: 1) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; 2) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad. Comprendiendo que:

1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en minimizar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.). 2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que los individuos conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas.

Ahora bien, mediante la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, se determinó la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentren dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, ello en virtud a lo establecido en el art. 13.I de la CPE que establece que los derechos son interdependientes, es decir que se encuentran conectados unos con otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; así, de manera textual se manifestó que:

En mérito a dicha característica, es indudable que el ámbito de protección de las diferentes acciones de defensa y en especial de la acción de libertad, que tiene entre sus características al informalismo, no puede ser impenetrable, pues ello implicaría, por una parte, desconocer el carácter interdependiente de los derechos y, por otra, obligar a que el accionante, frente a la lesión de un derecho que se encuentra dentro del ámbito de una determinada acción de defensa, pero que se vincula con otros derechos, deba plantear diferentes acciones de defensa, lo que de manera evidente atenta contra los principios de la función judicial contenidos en el art. 178 de la CPE, como el de celeridad y respeto a los derechos, y los principios procesales de la justicia constitucional contenidos en el art. 3 del CPCo que, atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, así como la tutela inmediata de los derechos fundamentales, prevén el impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, la celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, la concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo, de acuerdo al cual sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. Entonces, conforme a los principios y valores que sustentan a nuestro Estado y la justicia constitucional, así como al carácter interdependiente de los derechos, el ámbito de protección de la acción de libertad puede verse ampliado en los casos en que los derechos alegados como lesionados se encuentren vinculados con aquellos que están en la esfera de tutela de esta acción de defensa.

Cabe mencionar, por otra parte, que ese entendimiento se encontraba plasmado en el art. 89.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que establecía que “cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre con poder notariado o sin él…”; norma que, en consecuencia, permitía analizar violaciones a otros derechos que tuvieran conexión con el derecho a la libertad física o personal.

En ese ámbito, dicha norma permitió la tutela de derechos conexos con el derecho a la libertad; entendimiento que debe ser asumido por este Tribunal, a la luz de las características de los derechos fundamentales que han sido referidas precedentemente y del principio de progresividad -que se desprenden también del art. 13 de la CPE- según el cual no se deben “…desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE)” (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre). En esa misma línea progresiva y proteccionista, a través de la SCP 0319/2018-S2 de 9 de julio, se otorgó un alcance amplio e interdependiente al derecho a la vida pues este derecho no solo debía representar una interdicción de la muerte arbitraria sino que implica la creación de condiciones de vida digna lo que involucra a otros derechos conexos e interdependientes que no encuentran dentro del ámbito de protección tales como:

El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad[11]; ii) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos[12]; iii) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas[13]; incluso iv) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios[14], entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección[15], respectivamente.

III.2. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido).

Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas. Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de 4 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”

protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niñoque en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.

Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, 5. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 6 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 7 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 8Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable (las negrillas son agregadas).

Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“..El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.

En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley 10Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 11Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).

12. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP;

así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una evaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10-ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art.234.7-del CPP- peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando 13“Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que: En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto citado y precisado esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.3.Medidas de protección en casos de violencia

Con relación al presente punto, es necesario manifestar que, debido al impacto que genera la violencia (en todas sus aristas) en el plano internacional, se estableció un sistema de obligaciones para los Estados, entre ellos, el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, estableciendo procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En esa línea, nuestro Estado asumiendo los compromisos internacionales suscritos, destinó una ley específica para garantizar a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad, así en relación a las medidas de protección, la Ley 348 inicialmente enumeró algunas de ellas, siendo posteriormente mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (modificatoria del Código de Procedimiento Penal) que se fortalece la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, añadiéndose otras medidas de protección, que en su mayoría están destinadas precisamente a las niñas, niños o adolescentes, siendo por ello que cuando se trate de menores de edad y de medidas de protección debe recurrirse a esta última (sin dejarse de observar de manera complementaria lo establecido en la Ley 348). Ahora bien, a fin de establecer cuál es el objeto de las medidas de protección, nuestra legislación doméstica, mediante la Ley 348 determinó que:

ARTÍCULO 32. (FINALIDAD). I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. (negrillas añadidas).

Asimismo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó:

Artículo 389. (APLICACIÓN).

I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, o la de su familia, resguardando además sus derechos patrimoniales, económicos y laborales. Ahora bien, debe considerarse que las medidas de protección se implementan en estricta observancia de los siguientes principios: i) Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. ii) Principio de oportunidad: Las medidas deben ser oportunas, específicas y adecuadas para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo. iii) Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes. Por otra parte, refiriéndonos a las características de las medidas de protección debemos señalar que: a) Son de cumplimiento inmediato. Al respecto, debemos señalar que el art. 32 de la Ley 348 y el art. 389 bis. II del CPP (incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres), en plena concordancia determinaron expresamente que las medidas de protección son de cumplimiento inmediato, siendo inclusive que puede recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución. b) Son temporales. El art. 389 quater del CPP (incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres) determina que “Las medidas de protección durarán en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación, independientemente de la etapa del proceso.”; en tal sentido, si bien se encuentran sujetas a un plazo expresamente determinado su vigencia y continuidad dependerán de la subsistencia de los motivos que las fundaron. c) Son preventivas y no sancionatorias, por lo que, no son una valoración jurídica concreta de la conducta de la persona agresora. Al respecto, debemos partir señalando que la presente característica se encuentra intrínsecamente vinculada con el objeto o finalidad de las medidas de protección , pues con su aplicación únicamente se pretende evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad, por lo que, se constituyen en medidas preventivas autosatisfactorias, y no así medidas sancionatorias que permita una atribución automática del estatus de responsable penal al presunto agresor de violencia, ya que esa determinación debe seguir el curso que la normativa procesal penal prevé para el efecto. Su incumplimiento genera responsabilidad administrativa, d) civil o penal. Debe considerarse que, el art. 40 de la Ley 348 estipula

“En caso de que al cabo de este tiempo no hubieran cambiado las condiciones de riesgo para las mujeres, se evaluarán las acciones de las entidades responsables de la aplicación de las medidas de emergencia determinadas a fin de establecer responsabilidades por omisión e incumplimiento de funciones en el marco de la normativa vigente, que determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales.”

Ahora bien, en cuanto a la autoridad competente para aplicar medidas de protección debemos señalar que, de manera inicial la Ley 348 determinó que ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

(…)

Artículo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, tienen competencia para: 4. Imponer de oficio la aplicación desmedidas de protección, que permitan a las mujeres en situación de violencia su acceso a casas de acogida, separación temporal de los cónyuges y/o convivientes y prevención de nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar sus derechos; No obstante, de manera posterior con la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres se modificaron e incluyeron algunos articulados del Código de Procedimiento Penal, estableciendo:

Artículo 52. (TRIBUNALES DE SENTENCIA). (…) II. Los Tribunales de Sentencia también serán competentes para disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima. (…) Artículo 53. (JUECES DE SENTENCIA). Las juezas o los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de: (…) 4. La imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento; (…)

Artículo 54. (JUECES DE INSTRUCCIÓN). Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: (…) 11. Disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento.” Asimismo, el Código de Procedimiento Penal en su art. 389 ter. I determina que:

I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez. (las negrillas son agregadas). Por otra parte, nuestra normativa doméstica enumera las medidas de protección que pueden ser dispuestas por la autoridad competente, así, de manera inicial fue la Ley 348 que estableció una lista de medidas a ser aplicables; no obstante, de posterior a través de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres se reiteran algunas medidas contenidas en la Ley 348, además se incorporó otras medidas en favor de las niñas, niños o adolescentes, teniéndose al efecto:

Art. 35 de la Ley 348

Art. 389 Bis de la Ley 1173

PARA NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES

No contempla medidas de protección específicas para niñas, niños o adolescentes

1. Salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del bien inmueble; 2. Prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar; 3. Prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima; 4. Prohibición de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia; 5. Suspensión temporal del régimen de visitas, guarda o custodia y convivencia con la víctima; medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva en la jurisdicción correspondiente. 6. Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de la víctima; 7. Devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima; 8. Prohibición de acercarse, en el radio de distancia que determine la jueza o el juez, al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la víctima; 9. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; 10. Prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima; 11. Someterse a programas de tratamiento reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales; 12. Fijación provisional de la asistencia familiar, cuando la persona imputada sea el progenitor; y, 13. Fijación provisional de la guarda, debiendo otorgar inmediato aviso a la jueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; en caso de delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, la guarda provisional de la niña, niño o adolescente, se otorgará en favor de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debiendo otorgar inmediato aviso a la jueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y ordenar que toda la familia ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. La fijación provisional dispuesta, se mantendrá hasta tanto el juez de la niñez y adolescencia resuelva. PARA MUJERES

1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer. 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de -----

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1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes; 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer; 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. 5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo, solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad. 6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia. 7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. 8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. 9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima. 10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes. 11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño.

12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo dé la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales. 13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. 14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres. 15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral. 16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral. 17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. 18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil. 19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de violencia.

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----- ----- -----estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia; 5. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; 6. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; 7. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos; 8. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima; 9. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes; 10. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño; 11. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar; 12. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer; 13. Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos; 14. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y, 15. Someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales. Constituirá también medida de protección especial, en favor de niñas, niños, adolescentes o mujeres la restitución de la víctima al domicilio que habría abandonado o del cual habría sido expulsada a consecuencia del hecho de violencia, garantizando su vida, seguridad e integridad.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, al debido proceso e interés superior del niño; por cuanto, dentro del proceso penal seguido contra el menor SHCQ, por la presunta comisión del delito de pornografía, al emitirse Resolución de Rechazo RMV 11/2021 el 5 de agosto, en dos oportunidades solicitó se otorgue medidas de protección; no obstante, pese a dicha petición la autoridad fiscal ahora demandada sin la debida fundamentación rechazó ambas peticiones, denotando una falta de debida diligencia. Expuesta la problemática traída en revisión, previo a ingresar al análisis de fondo de la misma; considerando que la autoridad fiscal demandada al momento de presentar su informe para la consideración de esta acción de defensa, hizo alusión a ciertos aspectos que considera esenciales respecto a la procedibilidad de la presente acción; corresponde dilucidar dichos argumentos; en tal sentido, refirió que, la parte accionante no agotó los medios para poder efectivizar su pretensión, pues conforme establece el art. 306 del CNNA la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 fue objetada, por lo que, será el Fiscal Departamental de La Paz quien procederá a ratificar o revocar la aludida Resolución de Rechazo; además, no acudió ante el juez de control jurisdiccional con el objeto de garantizar la tutela de sus derechos. Así, por lo expresado, es evidente que la autoridad fiscal ahora demandada considera que en esta acción tutelar concurriría la subsidiariedad excepcional (por la interposición de objeción al rechazo y la falta de reclamo ante el juez de control jurisdiccional); en tal sentido, de manera inicial debemos señalar que es evidente que la acción de libertad a diferencia de la acción de amparo constitucional no tiene un carácter subsidiario, pues el mismo protege derechos fundamentales trascendentales como lo son la libertad, integridad personal y vida; no obstante, es necesario considerar que en mérito al planteamiento de recursos ordinarios paralelos a esta acción de defensa se fue provocando la existencia de resoluciones contradictorias, que generaron una inseguridad jurídica, siendo precisamente por ello que la justicia constitucional desarrollo la regla de subsidiariedad excepcional en acciones de libertad determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz de protección de derechos, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a esta jurisdicción a través de la acción de libertad (SC 0160/2005-R de 23 de febrero). En esa línea, se tiene:

1) Con relación a que en el caso concreto concurriría la subsidiariedad excepcional debido a la interposición de la objeción a la Resolución de Rechazo RMV 11/2021; es necesario precisar que, es evidente que la normativa general (Código de Procedimiento Penal) y específica (Código Niña, Niño o Adolescente) establecen un mecanismo idóneo 18 El FJ III.1.2 sostuvo: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.” 19 Art. 305 del CPP (modificado por Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres) determina: “Artículo 305. (OBJECIÓN DE RECHAZO). El Ministerio Público notificará la resolución a las partes y a los abogados dentro del plazo de vienticuatro (24) horas, a través de los buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Las partes podrán objetar la resolución de rechazo dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a su notificación ante el fiscal que la dictó. Recibida la objeción remitirá los antecedentes al fiscal departamental y al control jurisdiccional dentro del plazo de vienticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El fiscal departamental, dentro de los diez (10) días siguientes, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria ordenará la continuación de la investigación y en caso de ratificación, el archivo de obrados. En ambos casos la decisión deberá ser notificada al control jurisdiccional en el plazo de vienticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Cumplido el plazo sin que se hubiera presentado la objeción, el fiscal comunicará al control jurisdiccional dentro del plazo de vienticuatro (24) horas la resolución de rechazo y que la misma no fue objetada. La resolución de rechazo no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante.” 20 El art. 306 del CNNA determina: “ARTÍCULO 306. (RECHAZO). I. La o el Fiscal podrá rechazar la denuncia cuando: a) El hecho no haya existido, no esté tipificado como delito o la persona adolescente no haya participado en él; b) No se haya podido individualizar al sujeto activo; c) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar una imputación; y d) Existan obstáculos legales para el desarrollo del proceso. II. En los casos previstos en los incisos b), c) y d) del Parágrafo precedente, la resolución no podrá ser modifi cada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso.

III. La víctima podrá impugnar la resolución de rechazo en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de su notifi cación, ante la o el Fiscal que la dictó, quien remitirá antecedentes 118 a la o el Fiscal Departamental, en el plazo

de un (1) día. La o el Fiscal Departamental, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las para impugnar una resolución de rechazo; no obstante, dicho aspecto o la interposición de la objeción de rechazo no constituye un óbice para ingresar a analizar el fondo de la acción tutelar, pues debe comprenderse que, el punto neurálgico de la acción de libertad se encuentra intrínsecamente vinculado a la falta de debida diligencia en la consideración y determinación de aplicación de medidas de protección, siendo evidente la disparidad entre ambos temas, pues tal como se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, las medidas de protección únicamente tienen como objeto y finalidad evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad no dependiendo de la interposición coetánea o posterior de un proceso penal, siendo precisamente por ello que no desde ningún punto se vincula con la otorgación de un valor jurídico de la conducta de la persona agresora; es decir que, con la atribución automática del estatus de responsable penal al presunto agresor de violencia.

Consecuentemente, si bien en el caso concreto, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional se advierte que, el 5 de agosto de 2021 la autoridad fiscal ahora demandada emitió la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 (Conclusión II.2), la misma que fue objetada (Conclusión II.4) y que inclusive mereció la Resolución FDLP/WEAL/R-1418/2021 de 15 de septiembre, a través de la cual, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, resuelve revocar la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 disponiendo se continúe con la investigación y se realice las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del caso (Conclusión II.7), este procedimiento penal se encuentra dirigido concretamente a determinar la responsabilidad del imputado, que no genera que el caso concreto sea procedente la aplicación de la subsidiariedad excepcioinal. 2) Por otra parte, respecto a que la parte accionante no acudió al juez de control jurisdiccional a efecto de efectuar sus reclamos, debemos señalar que, es evidente que las denuncias de actos ilegales y omisiones indebidas en las que pudieron incurrir las autoridades fiscales en etapa preparatoria, deben ser reclamadas ante el juez de control jurisdiccional; no obstante, debe considerarse que esta jurisdicción constitucional ejerciendo su verdadero rol de precautelar el respecto y vigencia de los derechos y garantías, a través de la la SC 0589/2011-R de 3 mayo, sostuvo que:

El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional (las negrillas son nuestras).

Sumado a ello que la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, refiriendose al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o peticionante de tutela, desarrolló un entendimiento progresivo, sosteniendo que:

No obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la aplicación de la regla y no así de la excepción (el resaltado es nuestro). Por lo expresado, es evidente que tratándose de casos vinculados a grupos vulnerables debe hacerse abstracción de la subsidiariedad excepcional; en tal sentido, siendo que a través de la presente acción de libertad se denuncia la vulneración de derechos de una menor, es posible ingresar al análisis de fondo de la presente problemática aún no se haya acudido al juez de control jurisdiccional. en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.”

Ahora bien, efectuadas esas consideraciones previas, no existiendo óbice para ingresar a analizar el fondo de la problemática, resulta necesario hacer alusión al contexto del cual emerge la misma; así, de las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de pornografía contra el menor SHCQ –tercero interviniente–; el 5 de agosto de 2021, la autoridad fiscal ahora demandada emitió la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 disponiendo el rechazo de la denuncia, generando que: i) A través de memorial de 5 de agosto de 2021, en la misma fecha, la parte impetrante de tutela solicite a la autoridad fiscal demandada disponga medidas de protección a favor de la menor víctima extensible a su familia, escrito que mereció el decreto de 9 de igual mes y año, por el que, la indicada autoridad expresamente manifestó “En lo principal.- Este a la Resolución de Rechazo emitido bajo conminatoria y control jurisdiccional” (sic [Conclusión II.3]). Asimismo, mediante memorial de 18 de agosto de 2021, reiteró la solicitud de medidas de protección, petición que fue resuelta a través del decreto de 19 de dicho mes y año, por el que, la autoridad fiscal ahora demandada determinó “Estese al decreto de fecha 19 de agosto de 2021” (sic [Conclusión II.5]). ii) La parte peticionante de tutela objeto la aludida Resolución de Rechazo RMV 11/2021, impugnación que mereció el decreto de 19 de agosto de 2021 determinándose la remisión del cuaderno de investigaciones ante la Fiscalía Departamental de La Paz (Conclusión II.4), instancia en la que se profirió la Resolución FDLP/WEAL/R-1418/2021 de 15 de septiembre, a través de la cual, resolvió revocar la Resolución de Rechazo RMV 11/2021 disponiendo se continúe con la investigación y se realice las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del caso (Conclusión II.7). Así, precisados los antecedentes del caso concreto, ingresando al análisis de fondo, siendo que la parte accionante denunció la lesión de su derecho a vivir una vida libre de violencia, es preciso remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, ello debido a que la ingente jurisprudencia constitucional refiriéndose a la protección del derecho a la vida (en general), fue desarrollando una línea progresiva en el tiempo, pues por el carácter esencial y troncal de dicho derecho, consideró que su tutela no debía estar condicionada a la vinculación con el derecho a la libertad; además, de manera posterior se sostuvo que a través de la acción de libertad era posible tutelar no solo el contenido esencial del derecho a la vida (constituido por el derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; el derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad) sino también derechos conexos como el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas, pues es el Estado a través de los órganos y jueces que tiene la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer. En esa línea, es evidente que la acción de libertad se constituye en un medio idóneo para acudir en casos de vulneraciones al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas, abordaje en el cual en caso que confluyan otros factores como la edad debe aplicarse un enfoque interseccional, que permita comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales, determinando si se aseguró el efectivo ejercicio de derechos, se actuó con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, y si para ese efecto se estableció procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección (Fundamento Jurídico III.2), estas medidas que conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, tienen por objeto evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad, siendo precisamente por ello que se constituyen en medidas preventivas autosatisfactorias pues depende únicamente del motivo que las fundo.

Efectuadas esas precisiones, para determinar si se lesionó el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas es preciso establecer si es evidente o no que la autoridad fiscal ahora demandada actuó con la debida diligencia en el conocimiento de una solicitud de medidas de protección, para ello debemos señalar que, conforme se evidencia de la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, a través de memorial de 5 de agosto de 2021, la parte peticionante de tutela solicitó se otorgue medidas de protección refiriendo que:

“Se otorgue las garantías unilaterales a mi hija V.N.R.O. extensible a su familia, por parte del menor de iniciales S.H.C.Q. que por el rango etareo del denunciado debe ser bajo la garantía de sus padres. Disponga se acerque a los lugares que mi hija frecuenta como ser su domicilio, centros de estudios y lugares de recreación. Prohibición de contactarse con mi hija de manera directa o por intermedio de terceras personas. Y como señale agregue todas las que considera necesarias para garantizar la integridad de mi hija, al tener una protección reforzada” (sic). Escrito que al ser de conocimiento de la autoridad fiscal ahora demandada mereció el decreto de 9 de agosto de 2021, por el que, se manifestó textualmente que: “En lo principal.- Este a la Resolución de Rechazo emitido bajo conminatoria y control jurisdiccional” (sic), argumento del cual se advierte que la indicada autoridad omitió pronunciarse respecto a las medidas de protección debido a que en el proceso penal se hubiese emitido una resolución de rechazo; no obstante sobre ello, debe precisarse que, el argumento relativo al estado del proceso desde ningún punto de vista se constituye en un justificativo válido para no considerar ni pronunciarse respecto a una solicitud de aplicación de medidas de protección, ello en el entendido que, dichas medidas se caracterizan por ser preventivas y autosatisfactorias dependiendo únicamente del motivo que las fundó, teniendo su duración en tanto subsistan dichos motivos, independientemente de la etapa del proceso, pudiendo mantenerse inclusive ante la emisión de una sentencia absolutoria, sobreseimiento, rechazo con su eventual tramitación de los recursos, como ocurrió en el caso concreto en el que se constató que se emitió la Resolución de Rechazo RMV 11/20, que al ser impugnada mereció una resolución jerárquica de carácter revocatorio. Por otra parte, siendo que las medidas de protección responden al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, debió considerarse que las mismas tienen que ser oportunas, específicas y adecuadas; por lo que, ante la solicitud de la parte impetrante de tutela, la autoridad fiscal demandada tenía la obligación de establecer si existe o no un nivel de riesgo respecto a la menor víctima y la de su familia, determinando de manera fundamentada y motivada si procede cada una de las medidas de protección requeridas, considerando para el presente caso el interés superior del niño mediante el cual sea posible incluir la estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en los menores interesados; no obstante, siendo que la indicada autoridad no garantizó la máxima protección y seguridad de la menor víctima, denotando a una falta de debida diligencia, la cual se agrava aún más, debido a que, posterior a la presentación del memorial de 5 de agosto de 2021 (de solicitud de medidas de protección), la parte accionante reiteró su petición a través del memorial de 18 de igual mes y año; no obstante, se tiene que, la autoridad fiscal ahora demandada respecto a dicho memorial, mediante el decreto de 19 de agosto de 2021 manifestó “Estese al decreto de fecha 19 de agosto de 2021” (sic), por el cual, se remitió el cuaderno de investigación ante la Fiscalía Departamental de La Paz; en tal sentido, al omitir en una segunda oportunidad su deber de protección de la víctimas, es evidente que se lesionaron los derechos al debido proceso, al interés superior del niño y al derecho a vivir una vida libre de violencia pues no se comprendió que dicho derecho implica la obligación de adoptar todas las medidas necesarias (como las medidas de protección) para poner fin a la violencia, generando un entorno de disfrute pleno de derechos; consecuentemente en mérito a lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada.

III.5. Otras consideraciones

En el caso concreto, es necesario destacar que el Juez de garantías al momento de emitir la Resolución 33/2021 de 25 de agosto, concediendo en parte la tutela, en su parte in fine, manifestó expresamente que “…deben emitirse medidas que tenga objetivamente de proteger a ambos adolescentes medidas que no restrinjan el derecho a la vida, salud, educación, de ambos adolescentes porque también está plasmado en el marco art. 35 de la ley 348 pues es cierto y evidente que es importante mantener a estos adolescentes distanciados de que no tomen contacto por sí o por intermedio de terceras persona” (sic), lo que conllevo a que, la autoridad fiscal ahora demandada emita el Requerimiento Fiscal de 25 de agosto de 2021, requeriendo:

“Que por la unidad RECONVENCIONAL de la FELCC-LA PAZ se proceda a otorgar amplias garantías BILATERALES por parte de RENAN JAIME CUAQUIRA SEGALES y el adolescente S.H.C.Q. y los progenitores de la víctima menor, RAUL GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALES Y MARIA GISELA ORTUBE CAJIAS, extensible a su entorno familiar, sobre la prohibición de tener contacto entre ambos adolescentes…” (sic [fs. 177]). Al respecto, si bien de lo expresado, se advierte que la indicada autoridad judicial de alguna manera pretendió aplicar el interés superior del niño debido a que en el proceso penal del cual emerge la acción tutelar se ven involucrados dos menores (víctima e imputado) estableciendo que las medidas de protección deben ser aplicadas en favor de ambos menores; no obstante, sobre ello debe manifestarse que por la finalidad que persiguen las medidas de protección en casos de violencia sexual, las mismas tienen como destinatarios a las víctimas del hecho criminoso, no siendo posible su aplicación a la parte imputada; por lo que, el razonamiento asumido del Juez de garantías fue totalmente incorrecto; sumado a ello que, lo expresado denotó que dicha autoridad extralimitó sus funciones, olvidando que la jurisdicción constitucional no tiene la potestad de pronunciarse respecto a labores específicas de otra jurisdicción ni del Ministerio Público. Consecuentemente, en mérito a lo referido se exhorta al Juez de garantías observe lo expuesto precedentemente con la finalidad de no incurrir en medidas no establecidas normativamente ni jurisprudencialmente. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte Resolución 33/2021 de 25 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se dispone que Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil del departamento de La Paz, adopte las medidas necesarias para cumplir su deber de diligencia y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. 3° Se exhorta al Juez de Sentencia Penal Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías que en la tramitación de acciones tutelares actúe conforme las facultades propias de la jurisdicción constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

3 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

9 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

14 La Ley 348 determina que: “ARTÍCULO 32. (FINALIDAD) (…) II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes.

15 El art. 389 bis. II del CPP establece: “Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución.”

16 El art. 32 de la Ley 348 determina que: “I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.” (negrillas añadidas).

17 El art. 389 del CPP (incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres) determina: “Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad.” (las negrillas son nuestras).

actuaciones, determinará la revocatoria o ratifi cación del rechazo. Si dispone la revocatoria ordenará la continuación de la investigación y en caso de ratifi cación el archivo de obrados, sin lugar a conversión de acciones.” (las negrillas son agregadas”

21 La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, en su FJ III.4 sostuvo que: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener

22 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia”

23 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: (…) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.

24 El art. 389 quater del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, determina: “Las medidas de protección durarán en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación, independientemente de la etapa del proceso” (negrillas añadidas).

25 Las medidas de protección serán aplicadas con el objeto de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad (art. 389 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres).

26 El art. 389 bis.II del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, determina que: “Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución.” (negrillas agregadas).

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1002_2023-S1.pdf · páginas 1 a 37.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5aa36c021fc1e34f2f9c842b8ae560b1788fea720744e022360db1bb0f8633bc

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