Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y de acceso una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita; toda vez que, pese a que cumplió su condena en diciembre de 2019 y se emitió mandamiento de liberad en su favor el 13 del señalado mes y año, a la fecha de presentación de la presente acción de libertad, permanece privado de libertad por más de tres años adicionales y sin asistencia jurídica por parte del SEPDEP, aun cuando: a) Dicha institución tiene el deber de realizar visitas semanales a los establecimientos penitenciarios o cualquier lugar en el que se encuentren personas privadas de libertad, informando de ello a sus superiores, afectando su derecho de acceso a la justicia; y, b) Obviaron cumplir con lo establecido en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.; y, se confirma la exhortación realizada a la demandada por el Juez de garantías.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1001/2025-S2 Sucre, 3 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54634-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jose Luis Flores López contra Ana María Callisaya Iturri, Directora Departamental de La Paz, del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP).
Por memorial presentado el 21 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 9 a 13, el accionante manifiesta lo siguiente:
En diciembre de 2019, cumplió su condena de veinte años de privación de libertad -desde 1999 hasta 2019-; sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar aún se encuentra privado de libertad, es decir, por más tres años adicionales a lo dispuesto en sentencia, pese a contar con orden de libertad emitida el 13 de diciembre de 2019. Ante esta situación, el 20 de marzo de 2023 dirigió una nota a Ana María Callisaya Iturri, Directora Departamental de La Paz del SEPDEP -hoy demandada-, denunciando la falta de asistencia jurídica de sus procesos penales y la inasistencia semanal de los funcionarios de dicha institución; puesto que, cuando se encontraba en Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, algunos funcionarios le solicitaban dinero para tramitar su caso, a lo que se rehusó por tratarse ser un servicio gratuito del Estado; razón por la cual, cuando llegó su orden de libertad el 13 de diciembre de 2019, no se ejecutó oportunamente.
Asimismo, desde su traslado Centro Penitenciario de Chonchocoro del departamento de La Paz, el 25 de febrero de 2023, su defensa pública no se presentó en este lugar de manera regular, siendo intermitentemente su presencia, lo que hace que, al trascurrir el tiempo, sus derechos al acceso a la justicia pronta y oportuna, y a la libertad sean lesionados, en razón de lo siguiente: a) Vulneración al derecho al acceso a la justicia, porque se incumplieron disposiciones de la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública -Ley 463 de 19 de diciembre de 2013-, concretamente: 1) El art. 2, que establece: “El Servicio Plurinacional de Defensa Pública, es un servicio que otorga el Estado consagrando el derecho a la defensa como un derecho fundamental y como la expresión de justicia, basado en los principios, garantías, valores, fundado en la pluralidad y pluralismo jurídico”; 2) El art. 3.1 y 2, que determinan: “El Servicio Plurinacional de Defensa Pública tiene por finalidad: 1. Garantizar la inviolabilidad del derecho de defensa y el acceso a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, proporcionando la asistencia jurídica y defensa penal técnica estatal a toda persona denunciada, imputada o procesada carente de recursos económicos y a quienes no designen abogada o abogado para su defensa. 2. Ejercer sus funciones con el propósito de lograr una alternativa favorable a la solución del conflicto, evitando por todos los medios la retardación de justicia”; 3) El art. 15.5 y 7, que imponen el deber de: “5. Luchar contra la retardación o denegación de justicia y la vulneración de derechos de las usuarias o usuarios (…) 7. Realizar visitas semanales a los establecimientos penitenciarios o cualquier lugar en el que se encuentren personas privadas de libertad, informando de ello a sus superiores”; 4) El art. 37.2, 12 y 19, que atribuyen a los Directores Departamentales del SEPDEP las funciones de: “…2. Visitar semanalmente los establecimientos penitenciarios, policiales y celdas judiciales (…) 12. Imponer sanciones a las Defensoras; los Defensores, las servidoras y los servidores bajo su dependencia; conforme a reglamento (…) 19. Coordinar con las instituciones operadoras del sistema de justicia para el cumplimiento de la finalidad y las funciones del Servicio…”; y, b) Vulneración al derecho a la libertad, en tanto que el SEPDEP no acató lo estipulado en virtud al derecho a la libertad, incumpliendo lo establecido en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), que dispone: “Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan”.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y de acceso una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, que la demandada “…Reestablezca la formalidad legal, trabajando acorde a la Ley 463 en sus Arts. 15 numeral,7. Art. 37 numeral 2…” (sic), apersonándose una vez al mes y no excusarse de asistir al Centro Penitenciario de Chonchocoro, a fin de ser asistido en sus procesos penales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 20, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia señaló que: i) Los funcionarios del SEPDEP incumplieron los deberes contenidos en la Ley 463, en lo que respecta a la asistencia en sus causas penales: ii) No se ejecuta su libertad pese a contar con “…varias libertades y sigo preso…” (sic); y, iii) Se pide “…ayuda para efectivizar mi orden de libertad de fecha 13 de diciembre del año 2019 (…) Yo le pido a la defensa pública que trabaje en mi caso, no le estoy pidiendo libertad a defensa publica…” (sic).
Ana María Callisaya Iturri, Directora Departamental de La Paz del SEPDEP, en audiencia solicitó se deniegue la tutela, argumentando que: a) El SEPDEP atiende los casos de los privados de libertad que tengan alguna denuncia o que estén imputados o procesados por un delito, labor que se ha cumplido en el caso del accionante; b) Cuando el impetrante de tutela se encontraba en Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, se emitió una Resolución para su traslado, la cual fue cumplida, habiendo tenido acceso al servicio; c) En el Centro Penitenciario de Chonchocoro del departamento de La Paz, se realizan las correspondientes visitas; sin embargo, “...por los temas de movilidad y gasolina específicamente nos estamos constituyendo cada 15 días...” (sic); d) El peticionante de tutela fue entrevistado por la trabajadora social el día miércoles, en las jornadas de descongestionamiento; en esa oportunidad, el referido manifestó que deseaba contar con el servicio; e) Se cuenta con el certificado de permanencia y conducta, obtenido por la trabajadora social para verificar cual tiene mandamiento de libertad, mandamientos de detención preventiva y traslados en los diferentes casos, por ejemplo, uno del año 2000 y otro del 24 de mayo del mismo año; también consta el traslado al Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba y al Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca del departamento de Potosí, correspondiendo identificar cuál de estos casos es el que se va a atender; f) La institución no se rehúsa a brindarle atención; no obstante, debe aclararse que el mandamiento de libertad de 13 de diciembre de 2019 referido por el accionante, no se pudo verificar respecto a cuál proceso específico se ejecutaría; y, g) El SEPDEP no es la autoridad competente para disponer la libertad del impetrante de tutela, ya que ello corresponde únicamente a la autoridad jurisdiccional de la causa; por lo que, aunque el peticionante de tutela tenga abogado defensor público o particular, la autoridad judicial es la que determinará si corresponde o no la libertad.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 13/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 21 a 23, denegó la tutela solicitada; no obstante: 1) Exhortó a la demandada en su calidad de Directora del SEPDEP, preste asistencia jurídica al accionante para efectivizar su mandamiento de libertad, si es que corresponde y atender los otros procesos penales que tiene registrado; y, 2) Se notifique al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional con la Resolución constitucional, para que, por la unidad que corresponda, se otorgue los medios de transporte para que funcionarios del SEPDEP se constituyan semanalmente en el recinto Centro Penitenciario de Chonchocoro del departamento de La Paz; con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo con el memorial de acción de libertad y la prueba adjunta, se establece que el accionante presentó varias solicitudes para obtener asistencia jurídica y ejecutar su mandamiento de libertad; ii) Según el informe emitido por la demandada, se establece que la trabajadora social realizó la entrevista correspondiente al impetrante de tutela para que éste pueda acceder al servicio y posteriormente se le designe un defensor público; iii) Durante la audiencia, el peticionante de tutela solicitó que se le coadyuve y se le asigne un abogado a la brevedad posible, con la finalidad de ejecutar su mandamiento de libertad y la atención de sus otras causas; iv) Respecto al incumplimiento de las visitas semanales que establecen conforme los arts. 15.7 y 37.2 de la Ley 463, corresponde se oficie al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; y, v) Se concluye que no se vulneró al accionante ningún derecho fundamental previsto en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: I.1. Por nota con registro de recepción de 6 de marzo de 2023, Jose Luis Flores López -hoy accionante-, solicitó al Director o Directora Departamental de La Paz, del SEPDEP, la designación de un abogado defensor para sus “…tramites judiciales de libertad o sentencia cumplida (…) ya cumplió por demas la condena de veinte años, sobrepasandome tres años más en total son 23 años de una condena de 20 años” (sic [fs.2]). II.2. Mediante nota con sello de recepción de 20 de marzo de 2023, el impetrante de tutela, requirió al Director o Directora Departamental de La Paz, del SEPDEP que: “…la defesa publica del Departamento de la Ciudad de Santa Cruz y de la Ciudad de la Paz, el primero porque en Santa Cruz cobran dinero, pero mi persona se reusa a pagar algo que pertenece al Estado (…) El segundo porque la Defensa Publica de La Paz no viene al Recinto Penitenciario del Penal de Chonchocoro desde fecha 25 de Febrero de 2023…” (sic), y que por tanto no se le está prestando asistencia jurídica pese a contar con una orden de libertad de 13 de diciembre de 2019, incumpliendo disposiciones de las Leyes 463 y de Ejecución Penal y Supervisión (fs. 3 a 5 vta.). II.3. Cursa mandamiento de libertad corporal por cumplimiento de condena de 13 de diciembre de 2019, emitida por Isabel Paz Lea Plaza, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, en favor del ahora accionante por el delito de violación (fs. 8).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y de acceso una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita; toda vez que, pese a que cumplió su condena en diciembre de 2019 y se emitió mandamiento de liberad en su favor el 13 del señalado mes y año, a la fecha de presentación de la presente acción de libertad, permanece privado de libertad por más de tres años adicionales y sin asistencia jurídica por parte del SEPDEP, aun cuando: a) Dicha institución tiene el deber de realizar visitas semanales a los establecimientos penitenciarios o cualquier lugar en el que se encuentren personas privadas de libertad, informando de ello a sus superiores, afectando su derecho de acceso a la justicia; y, b) Obviaron cumplir con lo establecido en el art. 39 de la LEPS, que refiere que cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado de inmediato, sin necesidad de trámite alguno. Ante ello, la demandada señala que el accionante fue entrevistado por la trabajadora social en las jornadas de descongestionamiento, donde el mismo solicitó el servicio del SEPDEP en el departamento de La Paz, quedando pendiente identificar cuál de los casos se atenderá de acuerdo a su certificado de permanencia; asimismo, la institución no rehusó a prestar atención al impetrante de tutela, además que, el mandamiento de libertad de 13 de diciembre de 2019 no pudo verificarse en qué proceso se ejecutaría, no siendo su función disponer la libertad del peticionante de tutela al ser atribución de la autoridad judicial de la causa y, aunque el citado cuente abogado defensor público o privado, será la autoridad judicial quien determine si corresponde o no su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, estableció que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. (…) Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras).
Conforme al objeto procesal identificado, corresponde a este Tribunal analizar si la omisión de deberes funcionales atribuidos a la Directora Departamental de La Paz, del SEPDEP vulnera el derecho a la libertad del accionante y si dicha situación se enmarca en el ámbito de protección de la acción de libertad.
De manera previa, resulta pertinente señalar que, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la tutela del debido proceso, a través de la acción de libertad, es excepcional y procede únicamente cuando concurren de forma simultánea dos presupuestos: 1) El acto denunciado se vincule directamente con la libertad por operar como causa inmediata para su restricción o supresión; y, 2) Exista un estado absoluto de indefensión, traducido en que la parte accionante desconocía completamente el proceso seguido en su contra y no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos. En el caso presente, se debe analizar la pretensión del impetrante de tutela a la luz de estos requisitos. Respecto al primer presupuesto -a vinculación directa con el derecho a la libertad-, se advierte que el núcleo del reclamo del accionante radica en que, al contar con mandamiento de libertad, exige a la autoridad demandada el cumplimiento de deberes específicos contenidos en la Leyes 463 y de Ejecución Penal y Supervisión. Si bien la falta de asistencia legal es el agravio planteado por el impetrante de tutela, este no constituye la causa directa e inmediata de la misma. En este sentido, disponer la libertad de quien eventualmente haya cumplido una condena, no es una obligación que vincule a la demandada sino a la autoridad jurisdiccional competente y a la administración penitenciaria. La labor del SEPDEP, es de asistencia técnica para promover que dichas autoridades cumplan con la ley, pero no puede sustituirlas. Por lo tanto, no se constata que la omisión denunciada sea la causa principal y directa de la privación de libertad, no cumpliéndose el primer requisito para la viabilidad de la acción de libertad.
En cuanto al segundo presupuesto -el estado de absoluta indefensión-, si bien el accionante denuncia una falta de atención por parte del SEPDEP, de los antecedentes y del informe de la propia autoridad demandada, se evidencia que dicha institución tomó conocimiento del caso e inició gestiones para asistirlo, por lo que no se presenta una ausencia total de la misma. En el caso, se han iniciado las acciones para proveerle defensa, por lo que este segundo requisito tampoco se cumple en su estricta dimensión.
En virtud de lo expuesto, al no concurrir los dos presupuestos, lo que corresponde en estricto derecho es denegar la tutela solicitada, puesto que la problemática planteada excede el ámbito de protección de la acción de libertad.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.; y, se confirma la exhortación realizada a la demandada por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1001_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): c2b3effe793fdec8a69275916024aa526851fbfb106807cd63fc1cef3b50feee
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →