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SCP 1001/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
37018-2021-75-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante alega como lesionados sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, en razón a que el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, confirmando el Auto Interlocutorio de 14 de septiembre del citado año, incurrió en los siguientes agravios: i) Respecto a la modificación o levantamiento de custodios policiales, su denuncia se centró en que el Tribunal a quo no valoró el informe social de 4 de septiembre de igual año, aspecto que no fue resuelto por el Vocal demandado, tampoco explicó por qué considera que su imposición fue debido al peligro de obstaculización vigente previsto por el art. 235.2 del CPP y los fundamentos probatorios, jurídicos y fácticos expuestos por su defensa técnica son insuficientes para dejar sin efecto la vigilancia con custodios permanentes; ii) Sobre la falta de fundamentación, motivación y congruencia para retornar a trabajar en la Policía Boliviana, el Tribunal a quo rechazó dicha petición bajo el sólo argumento de la falta de antecedentes para su revisión respecto a las medidas cautelares impuestas, aspecto que era de responsabilidad suya presentarlos, esto sin explicar los motivos y fundamentos legales que sustentaron dicha determinación, a lo cual el Vocal demandado no emitió pronunciamiento alguno; omisión que se repite en torno al riesgo procesal de obstaculización vigente -art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2020 de 16 de noviembre, cursante de fs. 119 vta. a 127, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en base a los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1001/2023-S1 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 37018-2021-75-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 034/2020 de 16 de noviembre, cursante de fs. 119 vta. a 127, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paulina Ramos Mamani Vda. de Mamani contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2020, cursante de fs. 91 a 104, la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Francisco Ayllón Romay, por la presunta comisión del delito de trata de personas mediante Auto de Vista de 17 de enero de 2019, se dispuso su cesación a la detención preventiva otorgándole medidas cautelares personales consistentes en detención domiciliaria con custodio, arraigo, fianza real de Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos), garantía personal de dos garantes, prohibición de contactarse con la víctima, testigos, peritos y demás participes y la presentación los días lunes y jueves ante el Ministerio Público. Posteriormente, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí donde se encuentra radicado su proceso con acusación formal mediante Auto Interlocutorio de 14 de octubre de 2019, autorizó su ejercicio del derecho al trabajo en un Centro Clínico, no así en la institución policial donde antes desempeñaba labores. Por tal motivo, mediante escrito de 8 de septiembre de 2020, presentado ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, solicitó la modificación de medidas cautelares respecto a levantar los custodios policiales y la autorización para que su persona pueda trabajar en la Policía Boliviana, petición que fue rechazada por Auto Interlocutorio de 14 del mismo mes y año. Así una vez planteada la impugnación incidental correspondiente, el Vocal ahora demandado por Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, declaró improcedente su recurso de apelación incidental incurriendo en los siguientes agravios: a) Respecto a la modificación o levantamiento de custodios policiales: a.1) Su denuncia se centró en que el Tribunal a quo no valoró el informe social de 4 de septiembre de 2020, a lo cual, el Vocal demandado se limitó a describir que tiene un hijo de diecisiete años bajo su dependencia; un ingreso mensual de Bs1 000.- (un mil bolivianos) por el trabajo que desempeña en un consultorio pediátrico; además que, cuenta con domicilio y se encuentra cautelada con vigilancia policial, incidiendo de esta manera en incongruencia omisiva al no emitir ningún pronunciamiento expreso y concreto sobre el agravio presentado menos explicar los motivos y las razones que sustentan su determinación de mantener la medida cautelar de custodios policiales permanentes; a.2) Se limitó a mencionar que "...los límites de las medidas cautelares están en función a los riesgos de obstaculización los cuales no habrian sido objeto de impugnación o cuestionamiento en la audiencia de modificación..." (sic) sin explicar a qué riesgos de obstaculización se refiere, cuáles los motivos y fundamentos legales para considerar que su imposición fue debido al peligro de obstaculización, tampoco expuso por qué se exige para el levantamiento de los custodios policiales, la necesidad de enervar el único peligro procesal previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-, cuando la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí le impuso una medida cautelar concreta y específica cómo es “…la prohibición de tener contacto con la víctima, testigos, peritos y partícipes para desarrollas el normal desarrollo del proceso…” (sic); y, a.3) La resolución confutada indica "...en ese margen sería insuficiente el fundamento probatorio, el fundamento jurídico y el fundamento factico expuesto para dejar sin efecto la vigilancia de custodios a cargo de la imputada, porque estos estarían cumpliendo una finalidad concreta y sería insuficiente que se le estuviera generando perjuicio económico a efectos de cubrir los gastos que implica los custodios a cargo de la imputada y en lo relevante también el tribunal de sentencia apelado a extrañado que no se han determinado de forma concreta el tipo de gasto y cuanto se está erogando en el pago del mantenimiento o sostén de los custodios policiales...." (sic); así no se manifiesta de manera precisa, porqué se considera que los fundamentos probatorios, jurídicos y fácticos expuestos por su defensa técnica son insuficientes para dejar sin efecto la vigilancia con custodios permanentes ni cuál es la finalidad concreta a la que se refiere y su relación con el único riesgo procesal vigente previsto en el art. 235.2 del CPP; b) Sobre la falta de fundamentación, motivación y congruencia para retornar a trabajar en la Policía Boliviana, al respecto se denunció: b.i) El Tribunal a quo rechazó dicha petición bajo el sólo argumento de la falta de antecedentes para su revisión respecto a las medidas cautelares impuestas, aspecto que era de su responsabilidad presentarlos, esto sin explicar los motivos y fundamentos legales que sustentaron dicha determinación sin que el Vocal demandado emita pronunciamiento alguno que revele si es evidente o no el agravio denunciado, incurriendo de esa manera en incongruencia omisiva; b.ii) Se limitó a mencionar que: "...se debe considerar que las medidas cautelares en sí mismas responden a eventualidades concretas como la obstaculización a la que se hizo mención precedentemente, estando este vinculando al requisito sustancial vigente el cual tiene relación con circunstancias relativas a la ocupación o a la actividad que desempeñaba la ahora recurrente, una contra orden respecto a la determinación inicialmente asumida por el órgano jurisdiccional no resultaría factible a efectos factible a efectos de una restitución que infiere se le debería generar de acuerdo al informe legal emitido por el asesor legal del Comando Departamental de la Policía…” (sic); al respecto, el Vocal demandado señaló que las medidas cautelares responderían a eventualidades concretas como la obstaculización vinculada a requisito sustancial vigente el cual tendría relación con la actividad que desempeñaba, sin explicar los motivos o razones del por qué considera que el riesgo procesal de obstaculización y el requisito sustancial estaría supuestamente vinculado de alguna manera a las funciones que desempeñaba en la Policía Boliviana, tomando en cuenta, que el supuesto delito que se le atribuye, no fue cometido en el ejercicio de funciones; asimismo, se limita a mencionar que una contra orden a la determinación asumida por el órgano "no resultaría factible" a efectos de una restitución a sus funciones; empero, no explica ni fundamenta cuales son los motivos, del por qué considera que una orden de autorización laboral no resultaría factible, más aun tomando en cuenta que el Comando Departamental de la Policía Boliviana, exigió como único requisito para retomar sus funciones policiales, una autorización judicial; y, b.iii) Por otro lado, el Auto de Vista observado señala "...en síntesis la prueba presentada, con base en los antecedentes analizados de que no solamente la prohibición del órgano jurisdiccional tiene directa incidencia para el retorno a las actividades laborales de la recurrente sino de que advierten otro tipo de situaciones, además de hacer una sugerencia concreta de que no es viable acceder a la solicitud esperando se le genere una autorización expresa, considera esta sala que no es suficiente la documentación presentada para generar convicción y generar especialmente una determinación de ordenar la restitución a su fuente laboral de la imputada como infiere se debería realizar la parte recurrente...” (sic); al respecto, la autoridad demandada menciona que no solamente la prohibición del órgano jurisdiccional tendría directa incidencia para el retorno a sus actividades policiales, sino de que advertirían otro tipo de situaciones; sin embargo, no especifica cuáles serían esas otras situaciones, que supuestamente inviabilizarían la autorización para que vuelva a trabajar en la Policía Boliviana más aun tomando en cuenta que el informe jurídico DCJCD-42/2020 de 13 de julio, elaborado por el Asesor Jurídico del Comando Departamental, motivo el rechazo de su solicitud de reasignación de funciones única y exclusivamente por que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, no autorizó dicho aspecto; por otra parte, simplemente se limita a mencionar que: “…no es suficiente la documentación presentada para generar convicción y generar especialmente una determinación de ordenar la restitución a su fuente laboral…” (sic); empero, no explica cuáles son los motivos y fundamentos legales para considerar que los elementos de convicción presentados no serían suficientes para generar convicción menos cual fue el valor que otorgó a los indicios probatorios presentadas por su persona a efectos de sustentar su petición; y, c) Sobre la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que, el hecho que su persona se encuentre procesada penalmente con detención domiciliaria y custodios policiales de ninguna manera podría justificar se le restrinja su derecho de retornar al desempeño de la referida labor.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II; 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, emitido por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, ordenándose que se dicte uno nuevo con la debida fundamentación, motivación y congruencia.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública, el 16 de noviembre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 112 a 119, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La peticionante de tutela a través de su abogado, se ratificó en el contenido de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentó informe alguno ni participó de la audiencia pública señalada pese a su legal notificación cursante a fs. 106.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Mario Leandro Jancko, en representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en audiencia señaló que: a) Con relación al custodio policial, si bien fuese cierto que existen gastos económicos en el sustento de quienes vigilan a la ahora solicitante de tutela, es posible que se pueda disponer una modificación; y, b) Con relación al derecho al trabajo, se tiene que la Policía Boliviana, determinó que la misma se encuentra suspendida de forma indefinida, no pudiendo regresar a sus funciones hasta que se resuelva este proceso de trata de personas, siendo esta la razón por la que se negó su solicitud de libertad.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, mediante Resolución 034/2020 de 16 de noviembre, cursante de fs. 119 vta. a 127, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Respecto a que no existe ningún pronunciamiento expreso sobre el informe social; se entiende que el Vocal ahora demandado si dio una respuesta razonable en el sentido que, dicho informe como sugerencia señala: “La suscrita Trabajadora Social sugiere a su autoridad tomar en cuenta estos aspectos para determinar su situación jurídica de la señora, que su prioridad es la modificación de medidas para que continúe con detención domiciliaria sin custodios por falta de recursos para cubrir los gastos que implica los custodios de alimento y pasajes, caso contrario prime su criterio” (sic), refiriendo que el ingreso económico de la parte imputada se ve afectado por los gastos policiales referentes a alimento y pasaje; sin embargo, lo que indicó el Vocal demandado en su Auto de Vista, es que se extraña cuánto se está erogando en el pago de mantenimiento o sostén de los custodios policiales, puesto que, el informe social si bien de forma general refiere gastos por alimentación y pasajes de los custodios policiales, no menciona cual es el monto concreto de ese gasto y sobre el cual no existe ninguna prueba, por eso, es que concluye señalando que a su criterio es insuficiente la prueba presentada, pues ni siquiera existe prueba de un aproximado del gasto económico erogado por la imputada en esa vigilancia policial, siendo razonable su respuesta y también su solución; no siendo complicado demostrar esa circunstancia en un futuro. Incluso, tal criterio es compartido por el representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien entiende que es factible la modificación de la medida. Por lo que, se concluye este punto expresando que no existe falta de motivación, pues se explica racionalmente el por qué no se dio lugar a la modificación; 2) La accionante refiere que no se explicó a qué riesgos de obstaculización se refiere y cuáles son las razones que dan lugar a la vigencia de la medida de custodios policiales cuando existe un solo riesgo vigente. Entendiendo que el imputado en ningún momento trató de modificar ese riesgo de obstaculización vigente, es más, al parecer ni siquiera fue enunciado, al margen de ello no podía además el Vocal ahora demandado realizar un nuevo análisis, ni nueva explicación del riesgo de obstaculización y consecuentemente sobre la imposición de dos custodios policiales, porque esa tarea ya se la hizo en su momento cuando se le impuso los dos custodios policiales y si no fue objetada, apelada, quiere decir que el argumento fue aceptado, lo que imposibilita en el futuro dar nuevamente explicaciones para sustentar lo que está vigente, salvo se traiga nuevos elementos que ameriten nuevos argumentos. Por lo que, en este punto no existe vulneración a derecho alguno, menos al debido proceso en su elemento falta de fundamentación; 3) La demandante de tutela refirió que no se explicó por qué los fundamentos probatorios son insuficientes para dejar sin efecto la vigilancia policial; sin embargo, el Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, explicó a qué se refiere con el informe social y luego continuó señalando que: “…sobre los demás elementos pertinentes al caso existe la posibilidad de no valorar absolutamente todos, sino los que tengan incidencia y estén vinculados estrictamente a lo que se ha pedido como el certificado del REJAP y los antecedentes policiales, además se presentó memoriales que solicitan una restitución o reincorporación a su fuente laboral, sobre este margen de las solicitudes que también las ha presentado como prueba se ha absuelto tales solicitudes mediante un informe de carácter legal y también cursa una resolución de carácter administrativo, los cuales establecen la suspensión indefinida, etc…” (sic), no observando que se haya obviado el realizar una descripción y luego la explicación de cada una de las literales presentadas, refiriendo que no todas son pertinentes y que algunas pueden incidir en la petición, posteriormente, realizó una explicación amplia de lo que significa la aplicación de medidas cautelares, para referir que, si se le ha impuesto dos custodios policiales a la imputada es porque eso correspondía por la vigencia de un riesgo de obstaculización previsto en el art. 235 del CPP, y que los límites de las medidas cautelares están en función a los riesgos de obstaculización establecidos en su momento. Por lo que, en este punto no se ve que exista omisión de valoración de los elementos probatorios que fueron presentados en su momento, a más de ser considerados insuficientes por el Vocal demandado para fines de su pretensión; 4) Finalmente la accionante refiere que no se explicó, cuál la finalidad de los custodios policiales; señalando que la finalidad de la misma ya fue fundamentada en el momento de haberse dispuesto dicha medida, en resumen, la resolución se encuentra fundada y motivada, además que dio respuesta a los supuestos agravios, manifestando congruencia interna y externa, esto en razón a que se resolvió en función a lo pedido y explicado en la audiencia de apelación; por lo que, respecto al primer punto relativo al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, no existir la vulneración alegada; por lo mismo, no puede concederse tutela alguna; y, 5) Respecto al derecho al trabajo el Vocal demandado señaló que la suspensión en las labores policiales de la imputada es en forma indefinida y fue dispuesta por la institución policial; en razón a que, dicha Institución advirtió la inviabilidad de su retorno por la existencia de una imputación formal en su contra y que ésta determinación no fue estrictamente emanada por el Órgano Judicial, sin encontrarse vulneración a derecho alguno, no correspondiendo conceder la tutela.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 26 de octubre de 2021 (fs. 133) a solicitud de la Magistrada Relatora, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de requerir documentación complementaria; con la remisión de la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de agosto de 2023 (fs. 155) de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo. Asimismo, al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su Voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, emitido por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandado- a través del cual declaró improcedente el recurso de apelación, planteado contra el Auto Interlocutorio de 14 de septiembre del mismo año (fs. 7 a 10 vta.)

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante alega como lesionados sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, en razón a que el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, confirmando el Auto Interlocutorio de 14 de septiembre del citado año, incurrió en los siguientes agravios: i) Respecto a la modificación o levantamiento de custodios policiales, su denuncia se centró en que el Tribunal a quo no valoró el informe social de 4 de septiembre de igual año, aspecto que no fue resuelto por el Vocal demandado, tampoco explicó por qué considera que su imposición fue debido al peligro de obstaculización vigente previsto por el art. 235.2 del CPP y los fundamentos probatorios, jurídicos y fácticos expuestos por su defensa técnica son insuficientes para dejar sin efecto la vigilancia con custodios permanentes; ii) Sobre la falta de fundamentación, motivación y congruencia para retornar a trabajar en la Policía Boliviana, el Tribunal a quo rechazó dicha petición bajo el sólo argumento de la falta de antecedentes para su revisión respecto a las medidas cautelares impuestas, aspecto que era de responsabilidad suya presentarlos, esto sin explicar los motivos y fundamentos legales que sustentaron dicha determinación, a lo cual el Vocal demandado no emitió pronunciamiento alguno; omisión que se repite en torno al riesgo procesal de obstaculización vigente -art. 235.2 del CPP- que estaría supuestamente vinculado a las funciones que desempeñaba en la Policía Boliviana, tomando en cuenta, que el supuesto delito que se le atribuye, no fue cometido en el ejercicio de funciones; tampoco manifestó por qué considera que una orden de autorización laboral no resultaría factible, cuando el Comando Departamental de la Policía Boliviana a través de un informe jurídico, exigió como único requisito para retomar sus funciones policiales, una autorización judicial; y, iii) Sobre la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que, el hecho que su persona se encuentre procesada penalmente con detención domiciliaria y custodios policiales de ninguna manera podría justificar se le restrinja su derecho de retornar al desempeño de la referida labor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; y, c) Análisis de caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0479/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad;

3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante las SCP 0479/2018-S2 de 27 de agosto; SCP 447/2018-S2 de 27 de agosto, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP.

Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la 11El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad…”.

Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse…”.

simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.

En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestim a cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

Asimismo, la SCP 0506/2018-S2 de 14 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.2 indicó que: La detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia.

En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como “el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante aduce que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de trata de personas, alega como lesionados sus derechos al trabajo y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; en razón a que, el Vocal demandado al emitir el Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, confirmando el Auto Interlocutorio de 14 de septiembre del citado año, incurrió en los siguientes agravios: a) Respecto a la modificación o levantamiento de custodios policiales de su detención domiciliaria, su denuncia se centró en que el Tribunal a quo no valoró el informe social de 4 del referido mes y año, aspecto que no fue resuelto por el Vocal demandado, tampoco explicó por qué considera que su imposición fue debido al peligro de obstaculización vigente previsto por el art. 235.2 del CPP y por qué los fundamentos probatorios, jurídicos y fácticos expuestos por su defensa técnica son insuficientes para dejar sin efecto la vigilancia con custodios permanentes; b) Sobre la falta de fundamentación, motivación y congruencia para retornar a trabajar en la Policía Boliviana, el Tribunal a quo rechazó dicha petición bajo el sólo argumento de la falta de antecedentes para su revisión respecto a las medidas cautelares impuestas, aspecto que era de responsabilidad suya presentarlos, esto sin explicar los motivos y fundamentos legales que sustentaron dicha determinación, a lo cual el Vocal demandado no emitió pronunciamiento alguno; omisión que se repite en torno al riesgo procesal de obstaculización vigente -art. 235.2 del CPP-que estaría supuestamente vinculado a las funciones que desempeñaba en la Policía Boliviana, tomando en cuenta, que el supuesto delito que se le atribuye, no fue cometido en el ejercicio de funciones; tampoco manifestó por qué considera que una orden de autorización laboral no resultaría factible, cuando el Comando Departamental de la Policía Boliviana a través de un informe jurídico, exigió como único requisito para retomar sus funciones policiales, una autorización judicial; y, c) Sobre la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que, el hecho que su persona se encuentre procesada penalmente con detención domiciliaria y custodios policiales de ninguna manera podría justificar se le restrinja su derecho de retornar al desempeño de la referida labor. Ahora bien, conforme al acta de audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares de 1 de octubre de 2020, la ahora impetrante de tutela apeló el Auto Interlocutorio de 14 de septiembre del mismo año: 1) La resolución apelada carece de la debida fundamentación y motivación respecto a que las medidas impuestas le causan perjuicio económico ya que gana lo mínimo y no puede hacerse cargo de la atención y gasto que representan los custodios policiales; asimismo, no se valoró ni la incidencia y ni pertinencia de estos elementos de juicio en cuanto a su derecho al trabajo presentados como el informe social emitido por la trabajadora social del Juzgado de Ejecución Penal de 4 de septiembre de 2020 y el evacuado por Asesoría Jurídica del Comando Departamental de la Policía Boliviana de 13 de julio del citado año y memoriales de solicitud de restitución laboral argumentando que siempre trabajo de funcionaria policial y que su retorno se hallaba sujeto a que no existía autorización expresa de la autoridad jurisdiccional; y, 2) Los argumentos que sustentaron la determinación apelada son arbitrarios porque “…se hubiera advertido de que no se encuentran en estrados judiciales los jueces apelados para poder verificar los antecedentes del proceso, estos elementos y antecedentes argumentados como base de la fundamentación por parte de la recurrente advierten que se le hubiera generado agravio…” (sic). Mediante Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, el Vocal demandado declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante, confirmando el Auto Interlocutorio apelado, bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme al orden constitucional y la norma adjetiva penal, la aplicación de medidas cautelares incluida la privación a la libertad debe encontrarse dentro de los parámetros legales y constitucionales, sobre esta cuestión en concreto se tiene normado que ante la concurrencia del requisito de orden sustancial; es decir, la probabilidad de autoría, así como ante la concurrencia de riesgos de orden procesal básicamente el peligro de fuga u obstaculización por parte de quien se encuentra penalmente perseguido resulta factible disponer la detención preventiva o la restricción de cualquier otro derecho sin que implique violentar el derecho a la libertad y por consiguiente el principio de inocencia; ii) El carácter instrumental de las medidas cautelares sirven de protección al proceso penal; a tal efecto, se debe verificar la utilidad y necesidad de la restricción del derecho a la libertad o cualquier otro derecho principalmente si existe peligro de fuga u obstaculización, así en el presente caso continua vigente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, como elemento relevante a considerar de acuerdo a la secuencia de la fundamentación, al margen de ello, también se debe considerar lo establecido por el art. 250 de la citada norma adjetiva penal que permite la modificación de las medidas cautelares por diferentes circunstancias o razones; así en el caso de autos, se reclama que la detención domiciliaria con custodios policiales genera perjuicios en su economía porque debe cubrir los gastos de su sostenimiento, en ese entendido, no se hubiera valorado la prueba presentada tampoco se explicó los motivos de su insuficiencia para la modificación de la detención domiciliaría solicitada preventiva; iii) Sobre el informe social de 4 de septiembre de 2020, en lo relevante establece y se deduce que la imputada tiene un hijo de diecisiete años de edad bajo su dependencia, un ingreso laboral de Bs1 000.- por su trabajo en un consultorio pediátrico, así como domicilio acreditado y que obviamente por esa restricción del derecho a la libertad, a la locomoción, al estar cautelada dentro del domicilio con vigilancia policial se le generaría perjuicio; por otro lado, en relación a los demás elementos pertinentes al caso, existe la posibilidad de no valorar absolutamente todos sino los que tengan incidencia y estén vinculados estrictamente a lo que se ha pedido, entre los que se encuentran como el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y los antecedentes policiales; escritos de solicitud de restitución o reincorporación a su fuente laboral en la Policía que fueron respondidas mediante un informe de carácter legal y también cursa una resolución de carácter administrativo, los cuales establecen la suspensión indefinida y advierten de la inviabilidad del retorno a su trabajo vinculado a no solamente la prohibición o la determinación estrictamente emanada de órgano jurisdiccional, sino se hace alusión inclusive a su normativa interna la cual advertida de ese tipo de conducta presuntamente vinculada a una culpabilidad dentro del delito imputado, que la solicitud de reincorporación no sería viable de acuerdo al propio órgano policial; iv) De acuerdo a lo señalado precedentemente, se advierte que no se otorgó ningún permiso laboral; además que se debe considerar que las medidas cautelares en sí mismas responden a eventualidades concretas como la obstaculización a la que se hizo mención precedentemente, estando ese vinculado al requisito sustancial vigente el cual tiene relación con circunstancias relativas a la ocupación o la actividad que desempeñaba la ahora recurrente, una contra orden respecto a la determinación inicialmente asumida por el órgano jurisdiccional no resultaría factible a efectos de una restitución laboral que infiere se le debería generar de acuerdo al informe legal emitido por el Asesor Legal del Comando Departamental de la Policía Boliviana, en síntesis la prueba presentada con base en los antecedentes analizados, demuestra que no solamente la prohibición del órgano jurisdiccional tiene directa incidencia para el retorno a las actividades laborales de la recurrente sino que advierte de una sugerencia concreta respecto a la inviabilidad de acceder a la solicitud impetrada; en tal virtud, se concluye la insuficiencia de la documentación presentada para generar convicción y generar especialmente una determinación de ordenar la restitución a su fuente laboral porque los límites de las medidas cautelares están en función a los riesgos de obstaculización establecidos y esos riesgos no fueron objeto de impugnación ni de cuestionamiento en la audiencia donde se pide la modificación de la detención preventiva; v) En consecuencia, resulta insuficiente el fundamento probatorio, jurídico y fáctico expuesto a efectos de dejar sin efecto la vigilancia de custodios policiales a cargo de la imputada porque éstos como se mencionó cumplen una finalidad concreta resultando insuficiente solo señalar que se le genera perjuicio económico; dado que, no se determinó de forma concreta que tipo de gasto o el monto que se eroga en el mantenimiento o sostén de los custodios policiales; en consecuencia, la condición económica y la necesidad que se invoca, no resulta definitiva conforme también lo advirtió el Tribunal a quo; y, vi) Acerca de la falta de revisión de los antecedentes procesales que sustenten la resolución apelada, no se advierte agravio alguno dado que el análisis efectuado a la prueba presentada resultó suficiente para su determinación sin que se le haya generado agravio a la recurrente por las razones expuestas. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tanto las resoluciones de primera instancia como las de apelación, deben tener una adecuada fundamentación y motivación, que expliquen las razones por las cuales, las autoridades judiciales consideran que se presentan los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, para la procedencia de la detención preventiva. En ese sentido, la medida cautelar de detención preventiva, que importa la afectación del derecho a la libertad del imputado, debe ser dispuesta por la autoridad judicial, previa verificación de los requisitos establecidos por la Constitución Política del Estado y la ley. Así, el art. 233.1 y 2 del citado Código, establece que realizada la imputación formal, el Juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del Ministerio Público o de la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante. Con relación al segundo requisito previsto por el art. 233.2 del CPP, referido a la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso -riesgo de fuga, art. 234 del citado Código- u obstaculizará la averiguación de la verdad -riesgo de obstaculización, art. 235 del adjetivo penal-. En el mismo marco de las consideraciones precedentes, corresponde al acusador o víctima demostrar su concurrencia; es decir, que el acusador en audiencia, debe explicar cuál es el riesgo procesal que se presenta, y si es más de uno, deberá identificar cuáles son ellos, así como las circunstancias del hecho de las que deriva; y finalmente, explicar por qué la medida cautelar de detención preventiva que solicita, permitiría contrarrestar el riesgo procesal.

En ese contexto, como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones, porque éstas, no satisfacen la exigencia de una debida motivación ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal. Bajo tales aspectos, del cotejo del recurso de apelación incidental y el Auto de Vista confutado, en cuanto a la falta de la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba presentada; lo cual, le causaría perjuicio económico al tener que brindar manutención a los custodios policiales que resguardan su detención domiciliaria ya que gana lo mínimo y no puede hacerse cargo de la atención y gasto que representan; asimismo, no se valoró ni la incidencia y ni pertinencia de estos elementos de juicio en cuanto a su derecho al trabajo presentados como los informes social emitido por la trabajadora social del Juzgado de Ejecución Penal de 4 de septiembre de 2020 y el evacuado por asesoría jurídica del Comando Departamental de la Policía de 13 de julio del citado año, y memoriales de solicitud de restitución laboral argumentando que siempre trabajo de funcionaria policial y que su retorno se hallaba sujeto a que no existía autorización expresa de la autoridad jurisdiccional. Ante ese agravio, el Vocal demandado al dictar el Auto de Vista de 1 de octubre de 2020, como se consignó precedentemente argumentó que el Auto Interlocutorio apelado dio cumplimiento a las exigencias de motivación y fundamentación expresando los motivos por los cuales no se acogieron los argumentos de la parte impetrante de tutela, exponiendo consideraciones y conclusiones que de forma concisa pero suficientemente expresaron y justificaron las razones de la determinación.

Así señaló que la modificación de la medida cautelar impuesta que busca dejar sin efecto la vigilancia de custodios policiales a cargo de la imputada, cumple una finalidad concreta prevista dentro la norma adjetiva procesal -asegurar la presencia del imputado durante la sustanciación del proceso penal-; por lo que, según el Vocal demandado, la prueba presentada resultaría insuficiente para dejar sin efecto dicha custodia policial; toda vez que, el informe social de 4 de septiembre de 2020, en lo relevante establece que la imputada tiene un hijo de diecisiete años de edad bajo su dependencia, un ingreso laboral de Bs1 000.-por su trabajo en un consultorio pediátrico, así como domicilio acreditado sin que los demás elementos indiciarios tengan incidencia en la problemática a resolverse al no estar vinculados estrictamente a lo peticionado -certificados del REJAP y antecedentes policiales-; esto en cuanto no determinó de forma concreta por la hoy accionante que tipo de gasto y cuanto eroga en el pago de mantenimiento de los referidos funcionarios policiales. En efecto, dicha explicación resulta suficiente para comprender que el Auto de Vista observado consideró de forma correcta que la restricción generada por la detención domiciliaria, al ser la segunda medida cautelar más gravosa prevista por nuestro ordenamiento jurídico restringe el derecho a la libertad personal del imputado bajo el fundamento y finalidad que emana de su propia naturaleza jurídica, la cual se funda en la peligrosidad procesal latente prevista en los arts. 234 y 235 del CPP -riesgo de fuga y peligro de obstaculización- y el propósito de asegurar la presencia del imputado en el proceso y su no interferencia en el normal desarrollo en el esclarecimiento de la verdad; así en el caso particular, se halla vinculado al preceptuado en el art. 235.2 del adjetivo penal vigente, de ahí que se previó que la detención domiciliaria se cumpla con vigilancia; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto.

Por otra parte, sobre la falta de fundamentación, motivación y congruencia en el rechazo de la solicitud de retorno al cumplimiento de labores policiales, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandado- señaló que el informe emitido por Asesoría Legal del Comando Departamental de la Policía Boliviana y la Resolución Administrativa pronunciada por la misma instancia disponen la suspensión indefinida de la institución vinculada no solamente a la prohibición o la determinación estrictamente emanada por el órgano jurisdiccional, sino también a la normativa interna de la institución policial, la cual advertida de ese tipo de conducta imputada establece que no sería viable una reincorporación de funciones policiales; esto en consonancia con el peligro de obstaculización vigente que tiene relación con circunstancias relativas a la ocupación o la actividad que desempeñaba la ahora recurrente. De este modo, el Vocal demandado concluye que una “contra orden” respecto a la determinación inicialmente asumida por el órgano jurisdiccional no resultaría factible a efectos de una restitución laboral por cuanto dicha petición encuentra su límite en las medidas cautelares impuestas como riesgo de obstaculización que no fueron objeto de impugnación ni de cuestionamiento en la audiencia donde se pidió la modificación de la detención preventiva.

Conforme a lo anterior, se advierte que el Vocal demandado respondió de manera fundamentada y motivada el agravio expuesto, en observancia al debido proceso; dado que, consideró los intereses comprometidos y la idoneidad de la medida impuesta, además de la necesidad de mantenerla; por consiguiente, respecto a este punto en particular también se deniega la tutela impetrada. Finalmente, sobre la falta de revisión de los antecedentes procesales por parte del Tribunal de Sentencia Penal a cargo del juicio oral, la autoridad jurisdiccional de alzada -hoy demandada- no advirtió agravio alguno, dado que el análisis efectuado a la prueba presentada resultó suficiente para que el prenombrado Tribunal emita su determinación; consecuentemente, al efectuarse una ponderación adecuada respecto al agravio presentado, también corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2020 de 16 de noviembre, cursante de fs. 119 vta. a 127, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en base a los Fundamentos Jurídicos precedentemente expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en la Sala dentro del presente caso, dirime el Presidente Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, siendo de Voto Disidente la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1001_2023-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8a94fa487ab06025d9ddc8a40c06f2758f234b6f4c22b028f83f260f141aa0eb

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