B.IA.LEGAL

SCP 1000/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56713-2023-114-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani denuncia la vulneración de sus derechos de petición y de acceso a la información pública, al considerar que el Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud no otorgó respuesta material ni fundamentada a las solicitudes formuladas mediante diversas notas dirigidas a dicha entidad, a través de las cuales requirió; la lista de servicios prestados y de beneficiarios del Municipio de Pucarani que recibieron atención por el Seguro Médico de Vejez; la lista de servicios y beneficiarios atendidos en el SSPAM; y, la lista de medicamentos y productos otorgados a cada beneficiario; ello a objeto de poder contar con dicha información que resulta indispensable para que la ciudadanía conozca el destino de los recursos municipales, por lo que la falta de una respuesta fundamentada sobre tales requerimientos de información vulnera, aparte del derecho de petición, el derecho al debido proceso, pues el proceso coactivo fiscal, iniciado por la CNS iniciado en contra del municipio de Pucarani carece de respaldo documental suficiente, respecto a los beneficiarios y servicios que originaron la deuda; por lo que se solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la CNS proporcione: a) la lista de servicios prestados y de beneficiarios del Municipio de Pucarani que recibieron atención por el Seguro Médico de Vejez; b) la lista de servicios y beneficiarios atendidos en el SSPAM; y, c) la lista de medicamentos y productos otorgados a cada beneficiario. En consecuencia, corresponde en revisión, verific…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución Constitucional 135/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 168 a 172 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1. CONCEDER en parte la tutela impetrada únicamente respecto al Administrador de la Caja de Salud Regional, en los mismos términos a los dispuestos por la citada Sala Constitucional, debiendo dicha autoridad por los mecanismos o conductos regulares otorgar respuesta dentro de los tres días hábiles de emitida esta resolución, ya sea de manera positiva o negativa, en lo que respecta a la solicitud de 25 de abril de 2023; salvo que por el paso del tiempo ya se haya emitido la respuesta correspondiente. 2. Denegar la tutela respecto al Gerente General de la CNS, codemandado, ya que no le llega los alcances y efectos de esta resolución, en mérito a que ninguna de las notas presentadas por la parte accionante fueron de su conocimiento.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Contenido y alcances del derecho de petición
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1000/2025-S3 Sucre, 27 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56713-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución Constitucional 135/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 168 a 172 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Lucana Siñani, Alcalde Municipal del Gobierno Autómo Municipal de Pucarani, en representación del Gobierno Autómo Municipal de Pucarani contra Uzziel Boris Claure Ignacio, Gerente General y Carlos Víctor Alvares Córdoba, Administrador Regional La Paz, ambos de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 13 a 18 vta., el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 9 de marzo de 2012, la Caja Nacional de Salud (CNS) emitió la Nota de Cargo 233.0072 por concepto de primas devengadas correspondientes a los periodos comprendidos entre julio de 2001 y diciembre de 2006, incluyendo intereses, multas, sanciones y gastos judiciales; documento que fue presentado ante el Órgano Judicial el 23 de abril de 2012, mediante memorial de 12 de abril del mismo año. Posteriormente, el 20 de junio de 2018, el Alcalde, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani (GAMP), solicitó la reliquidación y el muestreo del listado de beneficiarios que dieron origen a la referida Nota de Cargo.

El 27 de marzo de 2023, el mencionado Alcalde, ahora accionante, mediante Cite GAMP/MAE/123/2023, requirió al Administrador Regional de La Paz de la Caja Nacional de Salud la nómina de beneficiarios vinculados a la Nota de Cargo 233.0072; asimismo, el 27 de abril del mismo año, a través del Cite GAMP/A.J./046/2023, reiteró su requerimiento, solicitando la relación de servicios prestados y de beneficiarios del Municipio de Pucarani que recibieron atención por el Seguro Médico de Vejez, la lista de usuarios atendidos en el SSPAM, así como el detalle de medicamentos y productos otorgados a cada beneficiario. Pese a que se cumplieron los requisitos jurisprudenciales exigidos para el ejercicio del derecho de petición, la Caja Nacional de Salud no proporcionó la información solicitada, limitándose a emitir una comunicación que no contenía los datos requeridos; en ese sentido, el peticionante de tutela manifestó que el GAMP no se niega a cumplir con la obligación establecida en la Nota de Cargo; sin embargo, necesita acceder a las listas correspondientes para transparentar su gestión, rendir cuentas a la ciudadanía y verificar la veracidad de los registros que sustentan la deuda. Enfatizó que la ausencia de dicha información afecta los principios de transparencia, legalidad y control social que deben regir la administración municipal; además, sostuvo que la falta de respuesta vulnera el derecho de acceso a la información pública, indispensable para que la ciudadanía conozca el destino de los recursos municipales, y también incide en el derecho al debido proceso, toda vez que el proceso coactivo fiscal iniciado por la CNS contra el Municipio de Pucarani carecería de respaldo documental suficiente respecto a los beneficiarios y servicios que generaron la obligación económica. Asimismo, el peticionante de tutela refiere que, pese a las reiteradas solicitudes efectuadas, la Caja Nacional de Salud no proporcionó la información requerida, circunstancia que motivó la interposición de la presente acción constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la petición, de acceso a la información y al debido proceso citando al efecto los arts. 21.6 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la CNS proporcione: a) La lista de servicios prestados y de beneficiarios del Municipio de Pucarani que recibieron atención por el Seguro Médico de Vejez; b) La lista de servicios y de beneficiarios atendidos en el SSPAM; y, c) La lista de medicamentos y productos otorgados a cada beneficiario.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de junio de 2023, según el acta de audiencia cursante de fs. 161 a 166 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante se ratificó en los términos expuestos en su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

En su informe cursante de fs. 154 a 159, el Administrador Regional La Paz, de la Caja Nacional de Salud La Caja Nacional de Salud (CNS), a través de su representación legal, informó los siguiente: 1) La demanda de la acción de amparo constitucional interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani (GAMP) adolece de defectos formales y no cumple los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 33 y 53 del Código Procesal Constitucional, debido a que el petitorio resulta impreciso y fragmentado, al no identificar de manera clara el acto u omisión que habría vulnerado los derechos invocados, limitándose a solicitar la entrega de documentación; 2) La CNS sostuvo que ya en gestiones anteriores ya remitió al GAMP listados de beneficiarios del Seguro Médico Gratuito de Vejez; además, precisó que conforme al Decreto Supremo 25186, corresponde a los gobiernos municipales elaborar y remitir dichas nóminas a la entidad aseguradora, razón por la cual no es atribuible a la CNS la obligación de generar o reconstruir esa información; 3) Asimismo, indicó que no existe disposición normativa que obligue a proporcionar la lista individualizada de medicamentos, por cuanto tales datos forman parte de las historias clínicas de los pacientes, documentación protegida por la Ley 3131 y la Norma Técnica para el Manejo del Expediente Clínico, que garantizan la confidencialidad y el derecho a la intimidad de los usuarios del sistema de salud; 4) En cuanto al proceso coactivo social, informó que la Nota de Cargo 233.0072 de 9 de marzo de 2012, por el monto de Bs1 313 925,03.-(un millón trescientos trece mil novecientos veinticinco 03/100 bolivianos), fue emitida con base en informes técnicos y dio lugar al Auto de Solvendo contenido en la Resolución 25/2012, la cual adquirió firmeza el 26 de febrero de 2013, ingresando a fase de ejecución. A partir de entonces, el GAMP habría presentado reiterados memoriales y solicitudes orientadas a diferir el cumplimiento de la obligación, evidenciando una conducta procesal incompatible con el principio de buena fe; 5) El accionante pretende que el Tribunal de garantías asuma competencias que no le corresponden, solicitando no solo la entrega de documentación, sino también la revisión de los antecedentes que respaldan la Nota de Cargo, lo que implicaría una decisión ultra o extra petita; por ello, solicitó la denegatoria de la tutela constitucional, al carecer de sustento jurídico la pretensión deducida y existir una obligación coactiva firme y ejecutoriada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución Constitucional, concedió la tutela solicitada, únicamente en lo que corresponde al Administrador de la Caja de Salud Regional; debiendo dicha autoridad, por los mecanismos o conductos regulares otorgar respuesta dentro de los tres días hábiles de emitida esta resolución, ya sea de manera positiva o negativa, en lo que respecta a la solicitud de 25 de abril de 2023; tal determinación se dio con base en los siguientes fundamentos: i) Se ha constatado que el GAM de Pucarani, si bien es cierto que la nota primigenia tiene su origen en el año 2018, tal solicitud de información fue reiterada el 27 de marzo de 2023 y el 25 de abril del mismo año, lo que implica que hubo una situación secuencial, por la cual la entidad edil, ahora accionante, vino solicitando el ejercicio de su derecho a la petición, presentando su acción de amparo constitucional el 9 de mayo del mismo año, por lique esta se dio dentro del plazo de los seis meses, cumpliéndose con el principio de inmediatez; ii) Si bien es cierto que la parte accionada, a través del Gerente Regional de La Paz de la CNS, manifestó haber remitido con anterioridad información relacionada con las atenciones brindadas a afiliados en establecimientos de salud pública, afirmando que dicha información era de conocimiento de la parte accionante; iii) Sin embargo, la CNS, dentro del informe presentado ante el tribunal de garantías, sostiene que dicha entidad edil pretende ir más allá de lo que implica el derecho de petición, al solicitar información de atención a pacientes, así como de sus medicaciones, lo que conforme a la Ley 18867, el Decreto Supremo 25186, la “Resolución Ministerial 090/26” (sic), así como la Ley 3131 (Ley del ejercicio Profesional Médico) que son limitaciones normativas para dar tal tipo de información, que está bajo el cuidado y custodia del servicio médico o el profesional médico; por ello, se concluye que tal explicación debe ser dada al accionante en una respuesta fundamentada y razonada, conforme a lo determinado por la jurisprudencia constitucional; iv) La respuesta otorgada, por la entidad demandada, no ha logrado establecer porque no deben darle la lista de los servicios prestados y la lista de beneficiarios de dicha entidad edil, que recibieron la atención por el seguro médico, así como la información referente a la lista de medicamentos y recetas otorgadas a cada uno de los beneficiarios, debido a las limitaciones y prohibiciones legales sobre esta materia (ley 3131 y el Decreto Supremo (DS) 090/2008), tal extremo no se encuentra reflejado en la respuesta otorgada; vi) Lo solicitado resulta factible respecto al Administrador Regional de La Paz de la CNS, que deberá otorgar la respuesta mediante los mecanismos y conductos regulares, respondiendo de forma positiva o negativa, fundando su respuesta; en lo que respecta al Gerente General de la CNS, no le llega los alcances y efectos de esta resolución, en mérito a que ninguna de las notas presentadas por la parte accionante fueron de su conocimiento, por lo que no existe acto alguno, por el cual dicha autoridad haya podido incurrir en la omisión de dar una respuesta

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa en antecedentes oficio dirigido al Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud, Carlos Víctor Álvarez Córdoba, presentado por Alberto Lucana Siñani en fecha 27 de abril de 2023, mediante el cual solicitó: la lista de servicios prestados y de beneficiarios del Municipio de Pucarani que recibieron atención por el Seguro Médico de Vejez; la lista de servicios y beneficiarios atendidos en el SSPAM; así como la lista de medicamentos y productos otorgados a cada beneficiario (fs. 12). II.2. Mediante Nota UARLP/391/2023, emitida por el Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud, Carlos Álvarez Córdova, mediante la cual se respondió al oficio de solicitud presentado por Alberto Lucana Siñani el 25 de abril de 2023; en dicha comunicación, la autoridad administrativa se limitó a señalar que las atenciones reportadas por los municipios, en muchos casos, no corresponden a situaciones de urgencia o emergencia; que algunos usuarios ya no pertenecen al seguro de corto plazo; y que los registros presentados por los gobiernos municipales no cuentan con los datos necesarios para la identificación de los beneficiarios ni reúnen las características exigidas por la Ley 475 (fs. 10 a 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani denuncia la vulneración de sus derechos de petición y de acceso a la información pública, al considerar que el Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud no otorgó respuesta material ni fundamentada a las solicitudes formuladas mediante diversas notas dirigidas a dicha entidad, a través de las cuales requirió; la lista de servicios prestados y de beneficiarios del Municipio de Pucarani que recibieron atención por el Seguro Médico de Vejez; la lista de servicios y beneficiarios atendidos en el SSPAM; y, la lista de medicamentos y productos otorgados a cada beneficiario; ello a objeto de poder contar con dicha información que resulta indispensable para que la ciudadanía conozca el destino de los recursos municipales, por lo que la falta de una respuesta fundamentada sobre tales requerimientos de información vulnera, aparte del derecho de petición, el derecho al debido proceso, pues el proceso coactivo fiscal, iniciado por la CNS iniciado en contra del municipio de Pucarani carece de respaldo documental suficiente, respecto a los beneficiarios y servicios que originaron la deuda; por lo que se solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la CNS proporcione: a) la lista de servicios prestados y de beneficiarios del Municipio de Pucarani que recibieron atención por el Seguro Médico de Vejez; b) la lista de servicios y beneficiarios atendidos en el SSPAM; y, c) la lista de medicamentos y productos otorgados a cada beneficiario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son o no evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Contenido y alcances del derecho de petición

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.

El Tribunal Constitucional, a través de la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001[1] indicó que el núcleo esencial del derecho de petición comprende el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma. Por su parte, la SC 843/2002-R de 19 de julio estableció que dicho derecho incluye que la respuesta le sea debidamente comunicada o notificada.

La SC 189/01-R de 7 de marzo de 2001, definió el derecho de petición como:

…en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Posteriormente, en vigencia de la actual Constitución Política del Estado, la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.2 señala:

La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de la persona entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen, las autoridades vulneran el derecho a petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado.

En el marco de dichos razonamientos, la SCP 1731/2014 de 5 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.2, indica que:

…no es permisible en un Estado de Derecho, que la autoridad o particular a quien se dirige una solicitud de diferente naturaleza, rehúse conocer o dar el trámite que corresponde, o de atender de manera clara, pronta y oportuna, debiendo incluso poner a conocimiento del peticionario el resultado positivo o negativo de su solicitud, elementos que hacen la real configuración del derecho de petición.

De las normas y jurisprudencia citada, se concluye que el derecho de petición, es una facultad o potestad que tiene toda persona para obtener una respuesta oportuna, clara y completa sobre el asunto impetrado, de modo que el solicitante conozca la respuesta positiva o los motivos de la negativa a su petición.

Entendimiento extraído de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0614/2018-S2 de 8 de octubre.

III.2. Análisis del caso concreto

De la compulsa de antecedentes, se advierte que el impetrante de tutela, mediante nota de 27 de abril de 2023, requirió al Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud información detallada sobre servicios médicos, beneficiarios y medicamentos otorgados en el Municipio de Pucarani, con el fin de transparentar la legalidad y el control social que debe ejercerse en la gestión municipal, y permitir que la ciudadanía conozca el destino de los recursos públicos, mediante respaldo documental suficiente respecto a los beneficiarios y servicios prestados por la CNS (Conclusión I). Al respecto, se evidencia que mediante Nota UARLP/391/2023, emitida por el Administrador Regional La Paz de la CNS, la entidad únicamente emitió una comunicación general, sin proporcionar la información solicitada. Consecuentemente, el impetrante recalcó que el GAMP no se niega a cumplir con la deuda establecida en la Nota de Cargo, sino que requiere dichas listas para transparentar su gestión, rendir cuentas a la ciudadanía y verificar la veracidad de los datos (Conclusión II). Asimismo, el peticionante sostiene que la ausencia de respuesta por parte de la CNS vulnera su derecho de acceso a la información pública, derecho esencial para garantizar la transparencia y permitir que la ciudadanía conozca el destino de los recursos municipales. De igual manera, aduce que se afecta el derecho al debido proceso, en la medida en que el proceso coactivo fiscal iniciado por la CNS carece de respaldo documental suficiente que identifique claramente a los beneficiarios y servicios que dieron origen a la deuda reclamada.

En mérito a lo expuesto, debe considerarse que toda autoridad pública administrativa, tras tomar conocimiento de las solicitudes presentadas por los conductos regulares, está obligada constitucionalmente a brindar una respuesta fundamentada, ya sea positiva o negativa, resolviendo las inquietudes planteadas y comunicando los resultados al interesado. Surge así el deber de responder de manera formal y oportuna, evitando que la pretensión del solicitante quede en estado de incertidumbre o irresolución. Ahora bien, se constata la existencia de la referida Nota UARLP/391/2023, de 25 de abril de 2023, emitida por el Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud; dicho documento contenía una contestación imprecisa y poco clara; asimismo, en el informe presentado ante el Tribunal de Garantías, la autoridad manifestó que la entrega de datos personales y de pacientes se encontraba prohibida por el artículo 10 de la Ley N° 3131 -Ley del Ejercicio Profesional Médico-, y por el artículo 13 de la Resolución Ministerial 090/2008; sin embargo, tales fundamentos no fueron consignados en la nota emitida como respuesta a los requerimientos formulados por la parte accionante. De lo expuesto precedentemente, se concluye, en primer término, que el Gerente General de la Caja Nacional de Salud carece de legitimación pasiva, en razón de que dicha autoridad no tuvo conocimiento ni intervención en la solicitud formulada por el accionante; en consecuencia, no ostenta participación alguna en el presente caso. En cuanto al Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud, este sí tuvo conocimiento de las notas presentadas por el GAM de Pucarani, y en cumplimiento de sus obligaciones, dicha autoridad tiene el deber de brindar una respuesta, y si bien esta emitió la precitada nota de 25 de abril, sin embargo, esta respuesta en su contenido no fue clara, completa ni objetiva respecto a porque motivo, la documentación requerida por el solicitante de tutela no puede ser brindada o ser de público conocimiento. Es decir, que lo que se requiere en esta acción tutelar es que se dé una respuesta fundamentada u razonada, no así que se dé materialmente curso a lo solicitado. En ese sentido, se concluye que, el Administrador Regional de la CNS, omitió su deber, de carácter constitucional, de dar una repuesta fundamentada y razonada a la entidad edil ahora accionante, con lo cual se vulneró el derecho de petición, que en este caso se encuentra estrechamente vinculado al derecho de acceso a la información, que se encuentra reconocido en el art. 24 de la CPE; de cuya norma se extrae que este derecho puede ser ejercido por toda persona de manera individual o colectiva, con el único requisito de la identificación de peticionario; es decir, puede ser ejercido por una persona física o por una persona colectiva, en este último supuesto, en cualesquiera de las formas reconocidas por la Norma Suprema o la Ley; por lo que, se abre la protección que brinda la acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución Constitucional 135/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 168 a 172 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz; y en consecuencia:

1. CONCEDER en parte la tutela impetrada únicamente respecto al Administrador de la Caja de Salud Regional, en los mismos términos a los dispuestos por la citada Sala Constitucional, debiendo dicha autoridad por los mecanismos o conductos regulares otorgar respuesta dentro de los tres días hábiles de emitida esta resolución, ya sea de manera positiva o negativa, en lo que respecta a la solicitud de 25 de abril de 2023; salvo que por el paso del tiempo ya se haya emitido la respuesta correspondiente. 2. Denegar la tutela respecto al Gerente General de la CNS, codemandado, ya que no le llega los alcances y efectos de esta resolución, en mérito a que ninguna de las notas presentadas por la parte accionante fueron de su conocimiento.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1000_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 350a3a894a387d8912b9362e208fd3fb649ab6a80f07a1423167d6239e4ca3d6

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →