Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de septiembre de 2023
Concede en parte la tutela
La empresa accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al comercio y al debido proceso; puesto que, personal de la administración del edificio “Torre UBC 1”, a cargo de la empresa hoy accionada y funcionarios de seguridad de ese edificio, el 14 de noviembre de 2022, impidieron su ingreso a las oficinas que tiene en el mismo, inicialmente intentado por el área de parqueo y luego por el lobby; aspectos que fueron reflejados en el Acta Notarial 383/2022 de igual fecha; y a pesar que el administrador del citado edificio les reconoció como copropietarios y como representante legal de la Inmobiliaria UBC S.R.L., el 16 de igual mes y año, envió una carta notariada conminándoles al cumplimiento del Reglamento de Recepción y Control de Accesos de dicho edificio, informando las funciones de su personal e imponiéndoles una serie de requisitos para poder ingresar como visitantes; determinación que se constituye en vías o medidas de hecho al ser contraria al orden jurídico vigente, que suprime su derecho de acceso y tránsito a sus bienes inmuebles. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 143/22 de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 514 vta. a 519, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada de manera provisional, respecto al derecho a la propiedad privada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Sociedad Anónima Santa Cruz Services S.A a través de su personal, cese de todo acto que perturbe arbitrariamente el derecho a la propiedad privada de José María Reyes García en representación legal de la Inmobiliaria Urubó Bussines Center Sociedad de Responsabilidad Limitada (UBC S.R.L.), permitiendo el ingreso -acceso y tránsito- a las oficinas y parqueos que tiene en el edificio “Torre UBC 1”. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a los derechos al comercio y al debido proceso, así como respecto a la solicitud de condenación en costas y costos de acuerdo a lo expresado en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1000/2023-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52707-2023-106-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 143/22 de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 514 vta. a 519, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José María Reyes García en representación legal de la Inmobiliaria Urubó Bussines Center Sociedad de Responsabilidad Limitada (UBC S.R.L.) contra Juan Ricardo Mertens Olmos en representación legal de la Sociedad Anónima Santa Cruz Services S.A.
La empresa accionante a través de su representante legal por memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante de fs. 259 a 266, manifestó lo siguiente:
En el lugar denominado Colinas del Urubó, fue construido un edificio compuesto por un complejo hotelero llamado “Hotel Radisson” y un bloque de oficinas denominado “Torre UBC 1”, compartiendo ambos el área de parqueos. En el citado bloque de oficinas, la Inmobiliaria UBC S.R.L. es propietaria de parqueos, oficinas y módulos que componen la oficina corporativa del piso 7, contando con facultades de usar, gozar y disponer de esos espacios. Mediante Escritura Pública 1369/2017 de 19 de septiembre, se constituyó el Régimen de Administración del piso 7 de la “Torre UBC 1”, por el cual los propietarios de unidades privadas que componen la oficina corporativa, conforme a lo establecido por el art. 274 del Código Civil (CC), constituyeron irrevocablemente una servidumbre perpetua, continua y aparente en favor de la Inmobiliaria UBC S.R.L., para el uso, aprovechamiento y administración de esa oficina corporativa y obtenga el mayor beneficio por el uso de ese conjunto de bienes; recibiendo los referidos propietarios una retribución por la cesión de los bienes en servidumbre. El 10 de octubre de 2022, personal de la Inmobiliaria UBC S.R.L. se encontraba mostrando y tomando medidas de la oficina -se entiende corporativa- con funcionarios de una empresa interesada en alquilar la misma, a su conclusión, fueron intervenidos por personal de la administración del edificio a cargo de la empresa hoy accionada, quienes procedieron a retirarlos de manera brusca del lugar. El 11 de igual mes y año, su persona como representante legal intentó ingresar a sus oficinas y parqueos ubicados en la “Torre UBC 1”; sin embargo, el personal de la administración y funcionarios de seguridad del edificio a cargo de Winston Israel Diez Chávez, impidió nuevamente su ingreso, siendo obligados a llamar a efectivos de la Policía Boliviana, y a pesar de su intervención la empresa ahora accionada no permitió su ingreso. El 14 de noviembre de 2022, con la intervención de la Notaria de Fe Pública de la ciudad de Porongo del departamento de Santa Cruz, se constituyeron en el edificio “Torre UBC 1”, tratando de ingresar por el parqueo de dicho edificio, siendo impedidos por personal de seguridad del mismo, que actuó acatando órdenes de la administración del edificio a cargo de la empresa hoy accionada, y porque Winston Israel Diez Chávez no autorizó su ingreso. Asimismo, fueron informados que todos sus parqueos fueron asignados a funcionarios del Banco Fassil Sociedad Anónima (S.A.), que pertenece al mismo grupo económico de esa empresa. De manera posterior se intentó ingresar por el lobby del citado edificio; empero, nuevamente la empresa hoy accionada y el personal de seguridad impidió su ingreso; aspectos que fueron reflejados en el Acta Notarial 383/2022 de igual fecha. El 16 de noviembre de 2022, Winston Israel Diez Chávez identificándose como administrador del edificio “Torre UBC 1”, envió la Nota con Cite: ADM-SCS-108/2022 de 14 del citado mes y año, conminándolos al cumplimiento del Reglamento de Recepción y Control de Accesos de dicho edificio, e informando que su personal tenía la responsabilidad de registrar, verificar la identidad, la seguridad física y patrimonial de las personas que se encontraban dentro del mismo, velando por la seguridad de los bienes y activos, y que podían exigir información a esas personas; imponiéndoles una serie de requisitos para poder ingresar como visitantes a pesar de ser reconocidos como representante legal de la Inmobiliaria UBC S.R.L. y como copropietarios. Además, haciendo referencia al contenido del art. 4 del citado Reglamento, les indicó que era su responsabilidad verificar que las personas fueran registradas y estar autorizadas por algún propietario para ingresar, caso contrario se restringiría su ingreso, y adicionalmente de contar con autorización se debía presentar cédula de identidad vigente y pasar por una revisión de sus pertenencias.
Por lo expuesto, la determinación asumida por la empresa ahora accionada se constituye en lesiva a la propiedad privada, por ser contraria a las facultades elementales que salvaguarda la Constitución Política del Estado; por lo que la acción de amparo constitucional también es dirigida contra el mencionado Reglamento de Recepción y Control de Accesos del edificio “Torre UBC 1”, emitido por la referida empresa. La unilateral supresión de su derecho de acceso y tránsito a los inmuebles de propiedad de la Inmobiliaria que representa en el edificio “Torre UBC 1”, que impone la empresa hoy accionada, resulta contraria al orden jurídico vigente; no existiendo ninguna orden de autoridad competente para la extinción de ese derecho; encontrándose ante un caso de vías o medidas de hecho, que aún se mantiene.
La empresa accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al comercio; -añadiendo en audiencia el derecho al debido proceso-; citando al efecto los arts. 13, 47.I, 56.I y II, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) El cese de la medida de hecho que afecta a la empresa que representa; b) El restablecimiento de su derecho de acceso y tránsito hacia los inmuebles de su propiedad y sobre los que se posee derecho de servidumbre en el edificio “Torre UBC 1”; y, c) La condenación de costas y costos a la empresa ahora accionada.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 510 a 514 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El representante legal de la empresa accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que sobre el inmueble donde funciona la Inmobiliaria UBC S.R.L., se acreditó y existe un régimen de servidumbre, lo cual les ampara para ejercer la reclamación de sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho al debido proceso, que al no existir ocasionó de manera arbitraria las restricciones -denunciadas-.
Sociedad Anónima Santa Cruz Services S.A., en audiencia a través de su abogada, señaló que: 1) El edificio “Torre UBC 1”, donde se encuentra el inmueble cuyo ingreso se hubiese impedido a la empresa accionante, se constituyó bajo el régimen de propiedad horizontal y al ser una modalidad especial de propiedad, se aplican ciertas restricciones al ejercicio del derecho a la propiedad privada, las cuales no pueden ser consideradas como vulneratorias de ese derecho; 2) El marco regulatorio de la copropiedad se encuentra contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal, que establece que los propietarios de los pisos o departamentos en los que se divide un edificio, podrán acordar un reglamento de copropiedad para precisar sus derechos y obligaciones, que tendrá fuerza obligatoria respecto a terceros adquirientes; 3) El art. 165 del CC, determina que al constituirse la copropiedad, debe redactarse un reglamento que establezca las normas relativas al uso de las cosas comunes, a los derechos y obligaciones de los copropietarios y las reglas de la administración; 4) Los copropietarios del edificio “Torre UBC 1” inscribieron en el registro de la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), la Escritura Pública “554/2015”, que fue presentada y se constituye en el Reglamento de Copropiedad, contemplando las normas que rigen las relaciones de los copropietarios frente a la comunidad; 5) Quien compra un inmueble en el mencionado edificio, por adhesión se encuentra sometido a las reglas establecidas en ese documento; 6) La empresa accionante con los folios reales presentados acreditó su derecho propietario y en esa calidad se somete al Reglamento de Copropiedad; 7) De ese Reglamento surgen manuales y procedimientos operativos, entre ellos, el Reglamento de Recepción y Control de Accesos al edifico “Torre UBC 1”, cuyo objetivo principal es resguardar la vida, integridad física, seguridad y tranquilidad de los copropietarios, siendo de obligatorio cumplimiento por los copropietarios, inquilinos, proveedores, funcionarios o visitantes en cualesquiera de las dependencias del citado edificio; 8) Se debe denegar la tutela solicitada por concurrir las causales de improcedencia previstas por el art. 30 con relación al art. 33.2, ambos del Código Procesal Constitucional (CPCo), relativo a la falta de legitimación pasiva, y las causales comprendidas por los art. 53.2 y 3, y 54 del mismo Código; 9) La empresa accionante refiere que se le restringió su derecho al ingreso al referido edificio por parte de terceras personas que no fueron identificadas, mencionando a los encargados de las áreas de ingreso del edificio que son del personal de seguridad y el personal a cargo de la recepción; 10) En el Acta Notarial 383/2022, esas personas referidas no fueron identificadas. En la relación de los hechos de ese actuado notarial se indica que terceras personas manifestaron que ejecutaban órdenes del administrador Winston Israel Diez Chávez, y que tendría responsabilidad; empero, no fue accionado; 11) Se acusó a la empresa que representa -hoy accionada-, sin establecer bajo que mecanismo su representante legal restringió los derechos de la empresa accionante. Por lo expuesto, concurrió la falta de legitimación pasiva denunciada; 12) Se debe aplicar la determinación asumida en la SC “0148/2010”, que establece la posibilidad de que no se ingrese a analizar la cuestión de fondo cuando se pueda probar la convalidación de los hechos denunciados como lesivos del derecho a la propiedad; 13) Teniendo en cuenta la obligación establecida por el art. 8 inc. g) del Reglamento de Copropiedad, la empresa accionante debió comunicar formalmente a la administración del edificio, que al ser una persona jurídica la propietaria de la “unidad”, también debió presentar el poder de su -actual- representante legal, y de la documentación adjuntada en calidad de prueba de descargo, se presentó un poder extendido por Inmobiliaria UBC S.R.L. a nombre de Richard Canedo, el 2019; siendo esa la última vez que se tuvo conocimiento sobre quién era el representante legal; 14) El piso 7 del edificio “Torre UBC 1”, que es el inmueble al que no pudo acceder la parte accionante, se encuentra vacío “hasta la fecha”; por eso se desconocía que José María Reyes García, era el representante legal de la Inmobiliaria UBC S.R.L.; en ese sentido, tomando en cuenta la referida obligación de los copropietarios y que el nombrado no demostró que cumplió con esa obligación al presentarse como representante legal de dicha empresa, se entiende que resulta aplicable el principio de convalidación; y, 15) Se debe denegar la tutela solicitada por no probarse la existencia de medidas de hecho; además, porque se tiene demostrado que la empresa accionante conoce y se encuentra sometida a un Reglamento, que establece sus obligaciones y restricciones para ingresar al citado edificio.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 143/22 de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 514 vta. a 519, concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) En el marco de la tutela reparadora, el cese de todo acto de perturbación a la posesión y a la propiedad en el uso, goce y disfrute por parte de la empresa accionada y otros no identificados; y, ii) En el marco de la tutela preventiva, la prohibición de medidas de hecho que restrinjan el derecho a la propiedad de la empresa accionante; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) No existe controversia sobre el derecho propietario de la empresa accionante; puesto que esta y el representante legal de la empresa hoy accionada reconocieron ese derecho y se encuentra demostrado con documentación cursante en el cuaderno procesal; b) Ambas partes reconocen que la propiedad es ejercida bajo el instituto de la propiedad horizontal y se encuentra regido por reglas en común en cuanto a los usos de la servidumbre; c) Lo que reclama la parte accionante es que a título de las restricciones estatutarias reglamentarias, no se le puede restringir el acceso a los inmuebles que son de su propiedad, mucho más cuando los mismos son de uso comercial y no de vivienda. Y la empresa hoy accionada, se ratificó en el contenido de la Nota con Cite: ADM-SCS-108/2022, exigiendo conforme al reglamento y estatuto el cumplimiento de ciertos requisitos a efectos de hacer uso de las áreas comunes, siendo su limitación un derecho; d) Se verificó el contenido de la SCP 0579/2020-S1 de 7 de octubre, producto de una anterior acción de amparo constitucional interpuesta por el entonces representante legal de la empresa accionante, contra el representante legal de la empresa hoy accionada, por presuntas medidas de hecho, al existir una misiva que delimitaba el horario de acceso a los parqueos, determinándose que no se demostró la medida de hecho en esa ocasión; e) Del Acta Notarial de “fojas 101” -383/2022-, se evidencia que el 14 de noviembre de 2022, José María Reyes García se apersonó al ingreso del parqueo -del edificio “Torre UBC 1”-, anunciando al guardia de seguridad que ingresaría a su parqueo, quien manifestó que consultaría si podría ingresar, y después de diez minutos otro guardia de seguridad se apersonó a su movilidad, indicándole que los parqueos estaban asignados a los funcionarios del Banco Fassil S.A.; asimismo, notó que “el solicitante” no tenía su viñeta, y que por órdenes de la administración no tenía permitido dejarlos ingresar; asimismo, se advierte que, conjuntamente con la Notario de Fe Pública se apersonaron al lobby del Centro Empresarial UBC, anunciando ser representante legal de la empresa accionante que es propietaria -del piso 7-, manifestando la encargada de la puerta que consultaría a la administración si podía permitir su ingreso; y luego de transcurridos diez minutos aproximadamente, volvió a consultar si podía ingresar, señalando la encargada que no tenía ninguna respuesta; por lo que no se permitió su ingreso. Siendo esa la carga documental presentada por la empresa accionante a efectos de demostrar las medidas de hecho; f) La empresa hoy accionada justifica su accionar en virtud de la carta notariada -ADM-SCS-108/2022- dirigida al representante legal de la empresa accionante, y entregada el 16 de noviembre de 2022, argumentando que el Reglamento de Recepción de Control de Accesos al edificio “Torre UBC 1”, se constituye en un instrumento que establece procedimientos y controles, destinados a brindar seguridad y tranquilidad a los copropietarios, inquilinos, funcionarios, ocupantes, visitantes y proveedores -a cargo del personal encargado de recepción y seguridad del control de acceso-; además de señalarle cuales eran los presupuestos que debían cumplir los visitantes; siendo las normas claras sobre los procedimientos a ser ejecutados y efectivizados por dicho personal; concluye solicitando en su condición de administrador del mencionado edificio, que a tiempo de ingresar coadyuve al personal de recepción y cumpla estrictamente el mencionado Reglamento; g) El Acta Notarial 383/2022 presentado por la parte accionante denota una prohibición de ingreso por los parqueos y por el lobby -al edificio “Torre UBC 1”-, limitando y restringiendo su ingreso a los predios que son de su propiedad; h) La empresa accionante tiene derecho de uso, goce y disfrute sobre los “inmuebles en cuestión”, cuyo derecho propietario no fue controvertido, y también sobre las áreas comunes como se establece en el Estatuto de Constitución y el Reglamento “de la materia”; i) La empresa hoy accionada argumenta que no se cumplió con los “…reglamentos estatutarios y por ello lo invita a que los cambie a efectos de hacer uso de su ingreso…” (sic); j) Materialmente, conforme el contenido del Acta Notarial 383/2022, la empresa ahora accionada restringió el acceso, tanto vehicular como peatonal; en ese sentido, “los inmuebles en cuestión”, no son lugares destinados a vivienda, sino son comerciales, y si bien su acceso pudiere estar de alguna manera reglamentado; empero, bajo ninguna perspectiva puede restringirse su ingreso por algún medio al lugar que se constituye en propiedad única, privativa y exclusiva de la empresa accionante; k) La empresa ahora accionada refiere que en resguardo a la seguridad de inquilinos, propietarios y otros, se exigen estas medidas que conllevan el ejercicio de una facultad que le inviste el señalado Reglamento; sin embargo, los “reglamentos estatutarios” de ninguna manera pueden restringir el acceso al inmueble de propiedad de la empresa accionante; por consiguiente, las medidas de hecho son evidentes en la “…Carta Notarial de fecha 14 de noviembre del 2022…” (sic), fecha en la cual se limitó su ingreso, lo que no se puede permitir; y, l) De manera contraria a lo suscitado en la acción tutelar que dio curso a la SCP 0579/2020-S1, en el presente caso se demostraron documentalmente las medidas de hecho, con el Acta Notarial 383/2022; asimismo, por el reconocimiento de los hechos suscitados por parte de la empresa ahora accionada y la prohibición del ingreso al edificio “Torre UBC 1” invitándolo a cumplir con el “reglamento estatutario”. En vía de aclaración, enmienda y complementación, el abogado de la empresa accionante, solicitó a la Sala Constitucional la extensión de fotocopias legalizadas de todo lo obrado en triple ejemplar. Asimismo, el abogado de la empresa ahora accionada solicitó a la Sala Constitucional que: 1) Se establezca si las medidas de hecho fueron probadas en el presente caso, dando cumplimiento a los cuatro requisitos determinados por la SC “0148/2010”, o en su defecto, se especifique si la empresa accionante probó debidamente ser víctima de la comisión de medidas de hecho; empero, en aplicabilidad del mencionado fallo constitucional; 2) Entre las medidas reparadoras se mencionó que la empresa hoy accionada debía cohibirse de efectuar disposición que impida el ingreso, debiéndose aclarar ese término; y, 3) Tomando en cuenta que existen reglamentos vigentes e inscritos en la Oficina de DD.RR., siendo los mismos legítimamente válidos, se aclare si “…este de parte del accionado…” (sic) se encuentra facultado a modificar esos reglamentos que son vinculantes para los copropietarios del edificio. En mérito a esas solicitudes, la Sala Constitucional ordenó que por Secretaría se extiendan las fotocopias legalizadas en triple ejemplar, solicitadas por la empresa accionante, previo descargo de rigor. Asimismo, respecto a la solicitud efectuada por la empresa ahora accionada, declaró no ha lugar el primer punto, ya que fueron amplios y claros en la jurisprudencia, actos y hechos no controvertidos; así como los aspectos en controversia que fueron dilucidados en audiencia de consideración de la acción de defensa. En cuanto a las medidas reparadoras -segundo punto-, de ninguna manera puede limitarse el ingreso al inmueble de propiedad de la empresa accionante. Sobre el tercer punto, la Sala Constitucional no ejerció el control tutelar sobre los reglamentos, los cuales fueron reconocidos en cuanto a su cumplimiento, resaltando el argumento de la empresa hoy accionada de que su cumplimiento es imperativo; empero, bajo ninguna razón se puede entender que un Reglamento esté por encima de la Constitución Política del Estado, y no permitir el ingreso bajo ningún medio, lo que resulta en una medida de hecho que se tutela de manera provisional.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa un Disco Compacto (CD) con el rótulo de videos-prueba (fs. 95), así como fotografías en las que se aprecia a José María Reyes García representante legal de UBC S.R.L. -ahora accionante-, funcionarios encargados de la administración y funcionarios policiales (fs. 96 a 103). II.2. Consta el Acta Notarial 383/2022 de 14 de noviembre, suscrita por la Notaria de Fe Pública 1 del municipio de Porongo del departamento de Santa Cruz; Acta de Verificación efectuada en el Centro Empresarial UBC, “Torre UBC 1”, ubicada en la avenida Segunda de las Colinas del Urubó (fs. 105), y fotografías del accionante y la Notaria de Fe Pública dialogando con personal de seguridad y con la encargada de portería (fs. 120 a 121). II.3. Mediante Nota con Cite: ADM-SCS-108/2022 de 14 de noviembre, entregada con la intervención Notarial el 16 del mismo mes de 2022; Winston Israel Diez Chávez, Administrador del Edificio “Torre UBC 1”, conminó al representante legal de la empresa accionante al cumplimiento de los Reglamentos de uso interno de mencionado edificio (fs. 123 a 124; 470 a 472).
La empresa accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al comercio y al debido proceso; puesto que, personal de la administración del edificio “Torre UBC 1”, a cargo de la empresa hoy accionada y funcionarios de seguridad de ese edificio, el 14 de noviembre de 2022, impidieron su ingreso a las oficinas que tiene en el mismo, inicialmente intentado por el área de parqueo y luego por el lobby; aspectos que fueron reflejados en el Acta Notarial 383/2022 de igual fecha; y a pesar que el administrador del citado edificio les reconoció como copropietarios y como representante legal de la Inmobiliaria UBC S.R.L., el 16 de igual mes y año, envió una carta notariada conminándoles al cumplimiento del Reglamento de Recepción y Control de Accesos de dicho edificio, informando las funciones de su personal e imponiéndoles una serie de requisitos para poder ingresar como visitantes; determinación que se constituye en vías o medidas de hecho al ser contraria al orden jurídico vigente, que suprime su derecho de acceso y tránsito a sus bienes inmuebles. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0568/2020-S3 de 24 de septiembre, haciendo referencia a su vez a la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció los fines y definición de los actos denominados medidas o vías de hecho, señalando lo siguiente: «“…en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”. En cuanto a la carga probatoria, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó: “Por su parte, si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos”» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0250/2018-S2 de 12 de junio, señaló que: “Sobre la base del reconocimiento constitucional otorgado al derecho a la propiedad, la jurisprudencia constitucional precisó su contenido, enfatizando que su potestad conlleva la facultad del uso, goce y disposición del objeto, en tanto no importe un perjuicio al interés colectivo y en cuanto cumpla las condiciones que el Estado las fije para su materialización; ahora bien, en cuanto a la propiedad agraria, ésta se encuentra reconocida en el art. 393 de la CPE, disponiendo que: “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda. Las citadas normas constitucionales concernientes tanto a la propiedad privada como a la agraria, no son incompatibles en términos generales, salvo la exigencia del cumplimiento de la función social o económica social, según corresponda, en el régimen de propiedad agraria; en ese entendido, a contrario sensu, su incumplimiento conlleva la reversión de la propiedad al dominio original del Estado, aspectos precisados y explicitados en la jurisprudencia constitucional; en ese comprendido, el derecho a la propiedad de la tierra contenido en los respectivos títulos ejecutoriales idóneos, gozan de protección constitucional, en casos que cumplan la función social o económica social. Con base en las normas constitucionales citadas, la jurisprudencia expresó cuál es el núcleo duro del derecho a la propiedad, que comprenden los derechos de uso, goce y disfrute, y las obligaciones negativas emergentes para el Estado y para los particulares, traducidas en las prohibiciones de privación arbitraria y de limitación arbitraria de propiedad” (las negrillas nos corresponden).
La empresa accionante a través de su representante legal, denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al comercio y al debido proceso; puesto que, personal de la administración del edificio “Torre UBC 1”, a cargo de la empresa hoy accionada y funcionarios de seguridad de ese edificio, el 14 de noviembre de 2022, impidieron su ingreso a las oficinas que tiene en el mismo, inicialmente intentado por el área de parqueo y luego por el lobby; aspectos que fueron reflejados en el Acta Notarial 383/2022 de igual fecha; y a pesar que el administrador del citado edificio les reconoció como copropietarios y como representante legal de la Inmobiliaria UBC S.R.L., el 16 de igual mes y año, envió una carta notariada conminándoles al cumplimiento del Reglamento de Recepción y Control de Accesos de dicho edificio, informando las funciones de su personal e imponiéndoles una serie de requisitos para poder ingresar como visitantes; determinación que se constituye en vías o medidas de hecho al ser contraria al orden jurídico vigente, que suprime su derecho de acceso y tránsito a sus bienes inmuebles. Con carácter previo, corresponde referirse a las causales de improcedencia expuestas por la empresa ahora accionada, la cual en audiencia de consideración de la acción tutelar alegó inicialmente la falta de legitimación pasiva de su representante legal. Al respecto, es necesario hacer notar que la empresa accionante identificó a Juan Ricardo Mertens Olmos, como el representante legal de la Sociedad Anónima Santa Cruz Services S.A. -hoy accionada-, quien de acuerdo al Testimonio 3027/2021 de 21 de diciembre, de protocolización de las partes pertinentes del Acta de Directorio de la referida Sociedad Anónima de 20 del indicado mes de 2021, figura como el Presidente de su Directorio (fs. 279 a 280 vta.); además, la referida empresa ahora accionada de acuerdo al contrato privado de prestación de servicios para la administración integral del bien inmueble denominado edificio “Torre UBC 1”, de 30 de julio de 2022 (fs. 442 a 447), se encuentra a cargo de la administración integral del referido edificio, contando para ello con personal, tales como administrador, seguridad y vigilancia, recepción, entre otros. Así también, del Testimonio 733/2022 de 14 de diciembre, relativo al poder notarial extendido por la empresa hoy accionada (fs. 271 a 281), se advierte que Juan Ricardo Mertens Olmos, figura como su representante legal, quien conjuntamente con Álvaro Velasco Bruno, confirieron facultades en favor de Winston Israel Diez Chávez, administrador del edificio “Torre UBC 1”, para actuar como apoderado dentro de la presente acción de amparo constitucional. De lo expuesto, se tiene que Juan Ricardo Mertens Olmos, al tener la calidad de Presidente del Directorio de la empresa hoy accionada y ser identificado como representante legal de la misma, cuenta con la debida legitimación pasiva para actuar como accionado, no siendo por ello, evidente la falta de legitimación alegada. Asimismo, se menciona que se desconocía que José María Reyes García, era el representante legal de la Inmobiliaria UBC S.R.L, y que como no cumplió con su obligación de presentarse en esa calidad, resulta aplicable el principio de convalidación; sin embargo, del video 3 que se encuentra en el disco compacto con el rótulo de “VIDEOS-PRUEBA” (Conclusión II.1.), se advierte la presentación del poder de representación a solicitud de un personero de la empresa hoy accionada, a quien también se identifica en la fotografía adjunta (fs. 97). Además, de la lectura del Acta Notarial 383/2022, se evidencia que el nombrado el 14 de noviembre de 2022, al intentar ingresar al edificio “Torre UBC 1”, por el lobby, se presentó como representante legal de la empresa accionante. En ese sentido, no resulta evidente el argumento esbozado con relación al principio de convalidación. Finalmente, como causal de improcedencia se hace mención sin ningún argumento al principio de subsidiariedad; al respecto, es necesario señalar que de acuerdo al razonamiento jurisprudencial mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las denuncias por vías de hecho, configuran una excepción a la aplicación de dicho principio, pudiendo frente a esas circunstancias, ser activado directamente el control tutelar sin la necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Por todo lo expuesto, al no resultar viables las causales de improcedencia mencionadas por la empresa ahora accionada, corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada en la acción de defensa. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se advierte que la empresa accionante es propietaria de oficinas ubicadas en el piso 7 y de parqueos, en el edificio “Torre UBC 1” (fs. 30 a 43 vta.); lugar al cual, el 14 de noviembre de 2022, su representante legal se apersonó conjuntamente con la Notaria de Fe Pública 1 del municipio de Porongo del departamento de Santa Cruz, con la intención de ingresar al interior del edificio, inicialmente por el área de parqueo y luego por el lobby; sin embargo, no se permitió su ingreso, aspecto reflejado en el Acta de Verificación, Acta Notarial 383/2022, donde se hizo constar que a las 12:05 horas de esa fecha se dirigieron al ingreso de los parqueos, donde el solicitante se anunció con el guardia de seguridad para ingresar a sus parqueos, quien le manifestó que consultaría sí podrían entrar, después de aproximadamente unos diez minutos, otro guardia de seguridad se aproximó a la movilidad en la que se encontraban, manifestando que los parqueos estaban asignados a los funcionarios del Banco Fassil S.A., y que no tenía “su viñeta”, y que por orden de la administración “(ISRAEL)” -se entiende Winston Israel Diez Chávez, administrador del edificio “Torre UBC 1”-, no tenía permitido dejarlos ingresar. Posteriormente a las 12:15 horas se dirigieron al lobby de dicho edificio, donde el solicitante se anunció como representante legal de la empresa accionante, que tiene varias oficinas en el mismo, habiendo manifestado la encargada de portería -se entiende recepción-que consultaría con administración si podía permitir su ingreso, y transcurrido aproximadamente unos diez minutos, “el solicitante” volvió a preguntar si podía ingresar a sus oficinas, señalando la encargada que no tenía ninguna respuesta del administrador; por lo que no podía permitir que se ingrese sin esa orden. Al efecto cursan fotografías del representante legal y la Notaria de Fe Pública dialogando con personal de seguridad y con la encargada de portería -se entiende recepción-(Conclusión II.2.). Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que la empresa accionante a través de la acción de amparo constitucional, denuncia las medidas de hecho asumidas por personal de administración del edificio “Torre UBC 1”, a cargo de la empresa ahora accionada, quienes impidieron su ingreso a las instalaciones del referido edificio donde tiene el derecho propietario sobre oficinas y parqueos. En ese sentido, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, las medidas de hecho se constituyen en actos cometidos por funcionarios públicos o particulares, contrarios a los principios del Estado Constitucional de Derecho, que prescinden de los mecanismos institucionales, afectando derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; situación que se hace merecedora de una tutela pronta, oportuna y eficaz, siendo la acción de amparo constitucional el medio idóneo mediante el cual se pretende evitar abusos al orden constitucional vigente y el ejercicio de la justicia por mano propia; exigiéndose a la parte accionante, la acreditación de manera objetiva de esas vías o medidas de hecho. Bajo ese contexto jurisprudencial, del contenido del Acta Notarial 383/2022 se advierte que el 14 de noviembre de 2022, personal perteneciente a la empresa hoy accionada encargada de la seguridad y de la recepción del edificio “Torre UBC 1”, donde la empresa accionante tiene oficinas y parqueos, sin ningún justificativo válido impidieron el ingreso de su representante legal, a pesar de identificarse en esa calidad ante dicho personal, alegando simplemente que por órdenes de la administración del referido edificio y que al no contar con una respuesta que permita acceder al interior del mismo, no se podía dejarlo ingresar.
La situación descrita, en coherencia con el razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se configura como una medida o vía de hecho; puesto que la empresa hoy accionada encargada de la administración del edificio “Torre UBC 1”, a través de su personal, en prescindencia de los mecanismos legales a su alcance y sin ningún argumento valedero impidió el ingreso del representante legal de la empresa accionante a los bienes inmuebles de su propiedad, afectando de esa manera el derecho a la propiedad privada, que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, conlleva el derecho de uso, goce y disfrute, así como la prohibición para el Estado y especialmente para los particulares, de la privación o limitación arbitraria del citado derecho a la propiedad privada. Si bien el administrador del edificio “Torre UBC 1”, designado por la empresa hoy accionada, a través de la Nota con Cite: ADM-SCS-108/2022 entregada el 16 de noviembre de 2022, con intervención notarial, conminó al representante legal de la empresa accionante al cumplimiento de los Reglamentos de uso interno del mencionado edificio; poniendo en su conocimiento parte del contenido de su Reglamento de Recepción y Control de Accesos; explicando las funciones y procedimientos que en él se establecen respecto al personal de recepción y seguridad en puntos de acceso, y en cuanto al registro de las visitas y la verificación de documentación; asimismo, señalando que dicho representante legal pretendió ingresar al citado edificio sin cumplir los procedimientos de seguridad establecidos y negándose a exhibir el poder que acredite la representación legal de la empresa accionante (Conclusión II.3.); sin embargo, los aspectos descritos y principalmente el justificativo alegado, no fueron expuestos en el momento en que el referido representante legal intentó ingresar a sus oficinas y parqueos el 14 de noviembre de 2022, sino que fueron mencionados recién dos días después, el 16 de ese mes y año, a través de la Nota con Cite: ADM-SCS-108/2022, cuando las vías de hecho ahora denunciadas ya se habían ejecutado y consolidado; situación que corrobora la comisión de esas medidas asumidas sin ninguna causa jurídica, en prescindencia de los mecanismos legales y sin ningún fundamento por personal de la empresa ahora accionada, que vulneró el derecho a la propiedad de la parte accionante. Además, es necesario señalar respecto al referido justificativo alegado por el administrador del edificio “Torre UBC 1”, de que la empresa accionante no cumplió con la normativa que rige a esa propiedad horizontal; que revisada la normativa en cuestión contenida en el Reglamento de la Asociación de Copropietarios del edificio “Torre UBC 1”, Estatuto Orgánico de la “Asociación de co propietarios Torre Uno UBC” (ACUBC T1), Reglamento de Recepción y Control de Accesos Edificio Torre UBC 1, así como de la Nota con Cite: ADM-SCS-108/2022 enviada por dicho administrador al accionante el 16 de noviembre de 2022, puede establecerse que respecto a la restricción del ingreso a los propietarios no existe una normativa específica que pueda explicar la medida asumida, pues incluso la restricción que se transcribe en dicha Nota se encuentra referida a los visitantes y no a los propietarios, existiendo una clara diferencia de trato entre co propietarios y visitantes, conforme lo aclara el punto 3.2 del señalado Reglamento de Recepción y Control de Accesos. En todo caso, si existe alguna documentación que debió ser presentada por el propietario, a los efectos del control de ingresos que realiza la administración, ésta debió ser comunicada al accionante oportunamente para su cumplimiento, pero de ningún modo desplegar acciones que impidan su ingreso al edificio, como sucedió en el caso concreto, constituyendo dicha acción, como se tiene señalado, en una medida de hecho que vulnera el derecho propietario de la empresa accionante. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela de manera provisional respecto a las vías de hecho identificadas en el accionar del personal de la empresa hoy accionada representada legalmente por Juan Ricardo Mertens Olmos, y que se encuentra a cargo de la administración, seguridad y recepción del edificio “Torre UBC 1”, debiendo la misma cesar en esas medidas permitiendo el ingreso -acceso y tránsito- del representante legal de la empresa accionante a las oficinas y parqueos que tiene en el mencionado edificio; debiendo previamente dicho accionante, cumplir con su obligación de presentar la documentación requerida y que permita coadyuvar a la identificación del propietario y sus personeros. Al no acreditarse la vulneración del derecho al comercio por parte de la empresa accionante y simplemente mencionar en audiencia la vulneración del derecho al debido proceso, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre los mismos, debiendo denegarse la tutela al efecto. En cuanto a la solicitud de condenación de costas y costos, las mismas no pueden ser consideradas en razón al alcance de la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 143/22 de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 514 vta. a 519, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada de manera provisional, respecto al derecho a la propiedad privada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Sociedad Anónima Santa Cruz Services S.A a través de su personal, cese de todo acto que perturbe arbitrariamente el derecho a la propiedad privada de José María Reyes García en representación legal de la Inmobiliaria Urubó Bussines Center Sociedad de Responsabilidad Limitada (UBC S.R.L.), permitiendo el ingreso -acceso y tránsito- a las oficinas y parqueos que tiene en el edificio “Torre UBC 1”. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a los derechos al comercio y al debido proceso, así como respecto a la solicitud de condenación en costas y costos de acuerdo a lo expresado en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas.
Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1000_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 178e3f9fb58e817ffab7f0ec604ab0f2c39909600e0a1236b2ddcd61604b138d
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