B.IA.LEGAL

SCP 0995/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 24 de junio de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
24 de junio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
69003-2024-139-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad; indicando que, se encontraba en pacífica posesión y ejercicio de su derecho propietario desde hace más de treinta años, en horas de la noche del 29 de abril de 2024, luego que diecisiete personas en horas de la mañana manifestaron la intención de comprar terrenos en la zona, uno de sus vecinos lo llamó a la ladrillera en la que estaba trabajando, debido a que un grupo de personas munidos de armas blancas, palos y machetes, habían derribado bardas, cortado alambres de los otros terrenos, golpeado y pateado mujeres, niños y personas de la tercera edad, para ingresar violentamente a su propiedad de donde fueron sacados con fuerza, bajo amenaza de matar a su persona, nietos, esposa e hijos, robándoles sus objetos personales, para después de ocupar ilegal y violentamente su inmueble, instalar carpas para quedarse, habiendo tenido que huir del lugar ya que los efectivos policiales convocados no asumieron acción alguna, limitándose a observar esos hechos debido a que se encontraban en número reducido; ante esta situación planteó un interdicto de recobrar la posesión contra los avasalladores, desarrollándose la audiencia el 26 de julio de 2024, en la que se inspeccionó cada lote e identificó a los loteadores, asumiendo la autoridad judicial la medida de no innovar, con la que instruyó se notifique a cada persona que está ocupando o construyendo en dicho predio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efect…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 242/2024 de 19 de noviembre, cursante de fs. 504 vta. a 507 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  2. III.2. Presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional ante denuncias por medidas o vías de hecho
  3. III.3. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  4. III.4. Protección constitucional reforzada a los adultos mayores
  5. III.5. Excepción al principio de subsidiariedad por pertenecer a un grupo vulnerable, la tercera edad
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0995/2026-S1 Sucre, 24 de junio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 69003-2024-139-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 242/2024 de 19 de noviembre, cursante de fs. 504 vta., 507 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Benigno Puita Mamani contra Luis Arancibia Oyola, Ariel Heredia Santa Cruz, Dina Román Rioja, Yohara Nazareth Torrejón Orosco, Katherine Álvarez Cueto y otras personas no identificadas.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 29 de octubre y 11 de noviembre de 2024, cursantes de fs. 84 a 91 y 109 a 111, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De la documental adjunta a la presente acción tutelar se evidencia que es legítimo propietario del inmueble ubicado en el barrio “Guapilo”, UV-227, Manzanos. 3, 4, 10, 12, 17 y 49, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matricula computarizada 7.01.1.06.0192917 el 21 de agosto del 1997, que cuenta con agua y luz eléctrica y tiene una superficie total de 26.657.98 m, siendo sus dimensiones al Norte 109,49 m, colindando con camino vecinal; al Sur mide 110.53 m y colinda con la Parcela 66; al Este mide 249.25 m y colinda con un camino vecinal; y al Oeste mide 249.29 m , colindando con la Parcela 47; sin embargo, pese a encontrarse en pacifica posesión y ejerciendo su derecho propietario desde hace más de treinta años, en horas de la mañana del 29 de abril de 2024, unas diecisiete personas llegaron indicando que querían comprar terrenos; por lo que, habiendo recibido el llamado de sus vecinos a la ladrillera de su propiedad en la que se encontraban trabajando, ubicada en una comunidad cerca de Pailón, se constituyeron en su predio, al que en horas de la noche llegaron un grupo grande de personas, munidos de armas blancas, palos, machetes y cohetes quienes ingresaron a la fuerza, derribaron bardas y cortaron alambres, generando “una violencia descomunal”, golpearon y patearon a mujeres mayores, niños y personas de la tercera edad, procedieron a cortar alambres de los demás terrenos y los sacaron de su inmueble a la calle por la fuerza como si fueran “basuras”, les gritaron "collas fuera" los vamos a matar, prendieron fuego y les robaron sus objetos personales como ser celulares, cumpliendo su objetivo de ocupar ilegal y violentamente su casa en la que instalaron carpas donde se quedaron, como se advierte de las fotografías adjuntas.

Este hecho se hizo conocer a las autoridades del distrito policial “DP 5” quienes se constituyeron en el predio, ante la peligrosidad de las personas que se encontraban en el inmueble, solo se limitaron a observar pasivamente la injusticia de la cual fueron víctimas; porque; el número de efectivos policiales era reducido y no podían auxiliarlos ya que dichas personas de manera violenta no solo los golpearon, intimidaron y amenazaron con armas blancas, machetes, palos y palas, sino los amenazaron con matar a su persona, nietos, esposa e hijos, por lo que tuvieron que huir del lugar; ante esta situación, interpuso un interdicto de recobrar la posesión contra Esther Jersy Gutiérrez Piérola ante el Juzgado Público Civil Comercial Vigésimo Séptimo de la Villa 1 de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, señalándose audiencia para el 26 de julio de 2024, en la que procedió a inspeccionar cada uno de los lotes para identificar a los loteadores que con violencia ingresaron y le quitaron su terreno y vivienda, constatando la existencia de construcciones y albañiles a quienes se comunicó que estaban impedidos de continuar con las edificaciones al existir un juicio, determinando prohibir a cada uno de los ocupantes innovar el predio, instruyendo a la Oficial de Diligencias pegar el Acta en cada una de las construcciones, instrucción que se cumplió notificándose a “KATHERINE CUETO”,”ARIEL HEREDIA”, “ESTHER YERSY GUTIERREZ PIEROLA”, “YOHARA NAZARET TORREJON” , “a una señora que dijo llamarse FLORA que no quiso indicar su apellido”, a los ocupantes del “Mz-3 de la UV-227” que “NO QUISIERON IDENTIFICARSE Y SE NOTIFICO Y SE COLOCO EL ACTA”, al ocupante del inmueble “Mz- 3 UV- 227” del portón de chapa negra que “NO QUISO IDENTIFICARSE PORQUE SE REHUSO” (sic), saliendo los albañiles de manera agresiva a atropellar a la funcionaria judicial, quienes a pesar de lo dispuesto continuaron con las construcciones, impidiendo su ingreso y el de su familia al único techo con el que cuentan, generando una daño irremediable e irreparable.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad citando al efecto los arts. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda tutela provisional; y en consecuencia se disponga que: En el plazo de 72 horas a partir de su legal notificación, los accionados procedan a desocupar su inmueble de una superficie total de 26.657.98 m, que cuenta con agua y luz eléctrica registrado a su nombre en la Oficina de DD.RR. bajo la matricula computarizada 7.01.1.06.0192917 el 21 de agosto del 1997.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de noviembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 495 a 504 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: a) Es propietario del inmueble ubicado en la zona denominada “Guapilo” UV 227 Manzanos 3, 4, 10, 12, 17 y 49 de una superficie de 26.657 m, registrado en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.06.0192917 el 21 de agosto de 1997, cuenta con un certificado de alodial emitido el 23 de mayo de 2024, certificación de tradición específica, título de propiedad debidamente protocolizado mediante la Escritura Pública 580/21 ante Notaría de Fe Pública 29 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, evidenciándose del certificado catastral que paga sus impuestos desde hace muchos años atrás y que cuenta con un plano debidamente aprobado en el registro público del Plan Regulador del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; b) Ante la solicitud efectuada para la realización de una inspección, consta el documento de la Notaría de Fe Pública 102, que claramente evidencia el ingreso por la fuerza de loteadores al terreno de los dueños, quienes fueron golpeados con palos, machetes en la espalda y les gritaban “salgan collas”, habiendo derribado las mallas de sus terrenos, cortado el alambre e ingresado en una turba al inmueble de Benigno Puita Mamani; c) Debe aplicarse al caso la flexibilización excepcional al principio de subsidiaridad establecida en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que exige el agotamiento de los medios de defensa ante las vías de hecho, más aun si se trata de una persona de la tercera edad, estando cumpliendo el accionante un día después de la audiencia, 63 años; por lo que, constituye un adulto mayor que goza de derechos inviolables, interdependientes, intransferibles e invisibles; d) Llevaron adelante la etapa preliminar de un interdicto de recobrar la posesión, expediente 300/2024, sin que hasta la fecha se hubiese admitido la demanda, ante las observaciones e incidentes de nulidad planteados por los accionados, habiendo solicitado Ariel Heredia Santa Cruz una resolución, muy aparte de la presentación maliciosa de un interdicto de retener la posesión, que fue rechazada y dado por no presentado por el Juez Público Civil Comercial Vigésimo Séptimo de la Villa 1 de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz ; y, e) En relación a que supuestamente compraron el lote de José Sosa Vaca, claramente admiten que ingresaron por la fuerza, ya que al no encontrarse el supuesto vendedor en el predio no pudieron tomar posesión, lugar en el que por el contrario el accionante vivía junto a toda su familia, de donde tuvieron que trasladarse a su ladrillera en la localidad de Pailón.

I.2.2. Informe de las personas accionadas

Yohara Nazareth Torrejón Orosco, Jonatan Paz Franco, Virginia Encinas Melgar, Claudia Encinas Melgar, Mery Jordan Sugarria, Yimy Ortíz Galvis, Juana Rojas Peña y Manuel Rodrigo Arteaga Rojas, a través de su representante legal mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2024 (fs. 221 a 224 vta.) manifestó que: 1) Lamentó que esté faltando a la verdad, y que al momento de presentar esta acción de defensa no se hubiere observado que la solicitud es incoherente, al indicar que su derecho vulnerado es la prohibición a innovar, lo que no corresponde a lo solicitado en esta audiencia; 2) Manifestó que no existen terceros interesados, cuando los mismos sí existen como se advierte de las minutas de transferencia que se adjuntaron, las cuales fueron legalmente obtenidas ante notarios de fe pública, es más hay un propietario que efectuó la transferencia a sus defendidos; 3) Se está abusando del “artículo 54” relativo al principio de subsidiariedad con la única justificación de que el accionante es una persona de la tercera edad, condición en la que también se encuentra José Sosa Añez, quien tiene setenta y nueve años, ejerce posesión y su derecho sucesorio desde el año 1964; 4) En observancia al principio de verdad material, se presentaron en la audiencia pese al poco tiempo que tuvieron desde su notificación la cual fue practicada de manera engañosa, ilegal, al sentar las diligencias de notificación en un horario en el que no se encontraba ninguna persona, siendo los vecinos quienes les comunican al estar viviendo en esas viviendas de manera quieta, pacífica y continua por más de siete meses, lo que evidencia incluso que su derecho a formular esta acción de amparo precluyó, como confiesan en su memorial de demanda; y, 5) Tal cual se manifestó, esta audiencia no puede ser suspendida al ser de carácter inmediato, teniendo cada uno la obligación de contar con todos los fundamentos para evitar vulneraciones al derecho al debido proceso y sobre todo defensa, extremo al que se suma la existencia de un derecho controvertido y que la parte accionante no quiere aceptar; por lo que, al haber activado la parte accionante un proceso civil que está tardándose en resolver, no puede acudir a la vía constitucional, pues en atención al principio de subsidiariedad la acción de amparo no procede al existir otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos en el que puede denunciar avasallamiento, presentar informes policiales y notariales, sin que se tenga evidencia sobre “que lo han correteado con palos, con ladrillos”, existiendo dos sentencias constitucionales interpuestas contra José Sosa Añez que se declararon “improcedentes” como son la SCP 0307/2012 del 18 de junio, que es un amparo constitucional interpuesto contra el ciudadano que vendió los terrenos a su defendido -José Sosa Añez- que se denegó ante la existencia de derechos controvertidos, al igual que la SCP 1204/2013-L del 4 octubre, al contar el indicado José Sosa Añez con documentación legal; por lo que, si el accionante se cree con derecho sobre esos predios que están ocupando y que les fueron transferidos legalmente, debe recurrir a la autoridad pidieron se deniegue la tutela solicitada. José Luis Arancibia Oyola, Katherine Álvarez Cueto y Esther Jersy Gutiérrez Figueroa a través de su abogada en audiencia manifestaron que: i) Reiteró que aprovechándose tal vez de la buena fe el Oficial de Diligencia de la Sala, se dejaron las notificaciones en los domicilios de sus defendidos cuando no había nadie y si no pegaron dichas notificaciones, las volvieron a sacar para que no tengan conocimiento de esta acción; ii) El interdicto de recobrar la posesión no es una acción preliminar como falsamente expresó la abogada del accionante, es un proceso que ya fue contestado, existiendo mala fe en el accionante, pues dentro del mismo se llevó a cabo una audiencia ocular, sin que hubiere presentado los antecedentes del expedientes al ser el amparo constitucional subsidiario, cuando existen otras vías donde hacer valer los derechos denunciados; iii) En dicho interdicto el accionante indicó que el “abastecimiento” se inició y produjo el 1 de enero del 2024, evidenciándose la intencionalidad y mala fe al presentar un muestrario fotográfico en el amparo constitucional para hacer creer a sus autoridades, quienes no tienen la posibilidad de constituirse en el lugar de los hechos para objetivamente establecer si es real, advirtiéndose de las fotos que la destrucción de un inmueble no se encuentra dentro de la manzana donde tienen sus lotes, está en otra manzana, tal cual se puede establecer del muestrario fotográfico presentado en el interdicto de recuperar la posesión en el que hubo una audiencia de inspección ocular a cargo del Juez; iv) De manera vergonzosa el Juez Público Civil Comercial Vigésimo Séptimo de la Villa 1 de Mayo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la solicitud de ampliación de la demanda, no obstante que ya había un acto judicial que impedía dicha ampliación, determinó “la nulidad de ese Auto que amplía la demanda con la finalidad de defender los terrenos de mis clientes donde han construido su inmueble”, ante la formulación de un interdicto de retener la posesión al tener cada uno minutas de transferencia que suscritas por quienes son los verdaderos propietarios, la familia Sosa Añez, teniendo debidamente registrado su derecho de propietario; v) Dichos predios fueron adquiridos por Luis Arancibia Oyola, persona de tercera edad; mientras que “la señora Katherine” suscribió el contrato de transferencia de terreno el 15 de mayo del 2024; es decir, las minutas de transferencia fueron posteriores a los supuestos hechos que está haciendo conocer de manera falsa y fantasiosa la parte accionante; vi) Se refirió a la agresión de diecisiete personas, pero lamentablemente no existe una sola denuncia o informe de la Policía, no se presentó ningún certificado médico que acredite las lesiones ocasionadas, estableciéndose de la documentación aparejada que la familia Sosa Añez tiene su título debidamente registrado en derechos y una tradición treintañal más antigua que el “Sindicato del Oriente” quien le vendió parte de sus terrenos al hoy accionante, lo que determinó la existencia de dos sentencias constitucionales por las cuales “han sido denegadas las tutelas tanto al señor Puita y como también a los personeros los socios del sindicato del oriente”; vi) Tomaron posesión pacífica de sus terrenos, los cuales hasta el día de hoy continúan ocupando y poseyendo al haberlos adquirido de manera legal y con documentos de transferencia reconocidos ante notarios de fe pública, acompañando la documentación que evidencia el derecho de propiedad de sus vendedores; vii) Pidió se reconozcan los derechos sobre la manzana tres, con la intención de aprovechar de la buena fe de su autoridad, cuando de la documentación de las minutas de transferencia de mis clientes, se evidencia que los lotes de terreno están insertos en la manzana diecisiete, haciendo referencia de manera genérica a su derecho de propiedad y de las manzanas de las cual fuera poseedor, pero no establece con meridiana claridad qué lotes fueron supuestamente avasallados, constituyendo el plano de ubicación que indica estar aprobado, uno que él presentó para su revisión, ya que en la manzana diecisiete el accionante es propietario de un solo lote de terreno signado con el número 300 con una extensión de 292 m con 56 centímetros cuadrados, pero se indica que se ingresó y vetó su derecho de propiedad sobre la extensión superficial de 4.192 m; y, viii) Están ejerciendo posesión sobre lotes de terreno que adquirieron de su verdadero propietario, por lo que ante las demandas civiles, el amparo constitucional resulta ser subsidiario conforme lo establecido por el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) sin que sea aceptable disponer la procedencia de esta acción cuando se interpusieron dos interdictos, de recobrar y retener la posesión. Pidieron se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 242/2024 de 19 de noviembre, cursante de fs. 504 vta. a 507 vta. concedió la tutela solicitad, ordenando la desocupación de los predios en la UV 227 Manzanos 3, lotes 23, 24, 32, 31, 30, así como también la Manzanos 17 “CON UNA EXTENSIÓN DE 2211.22 METROS QUE VENDRÍAN A SER LOS LOTES 30, 31, 32, 33, 34, 35 Y 36” (sic); y, conminando a las personas que estuvieran ocupando los mismos, que en el término máximo de cinco días desocupen dichos predios, bajo prevención de librar el mandamiento de desapoderamiento respectivo en su contra; sin costas, ni multas por ser excusable, bajo los siguientes argumentos y considerando los presupuestos establecidos en la SCP 0998/2012, ya que: 1) El accionante cumplió con la carga probatoria al demostrar su derecho de propiedad, que no podía ser afectado, al haber adjuntado los certificados alodial que indica es legítimo propietario del inmueble ubicado en la UV 227 Manzanos 3, 4, 10, 12, 17 y 49, treintañal, catastral y plano de ubicación; 2) Respecto de las medidas de hecho o actos realizados contra el ordenamiento jurídico, se acompañó una verificación notarial realizada por la Notario de Fe Pública 88, quien indicó que procedió a comprobar el inmueble “…de propiedad del ciudadano Benigno Puita (…) ha acudido a la manzana 3 de la U.V. 227 lotes 23, 24, 32, 31, 30, así como un lote de terreno en la manzana 17, con 2211 metros y en las cuales verifica que es imposible el ingreso del propietario porque han colocado calaminas en reemplazo de la barda y se han realizado construcciones” (sic fs. 506 vta.), verificación notarial que tiene la fuerza probatoria prevista en el art. 1289 del CC, documento que es prueba suficiente de que el propietario no puede ingresar a los predios, en los que se están efectuando construcciones sin su permiso, demostrándose así la existencia de medidas de hecho, al estar realizándose construcciones, impidiendo el ingreso del actual propietario, lo que significa la realización de actos con justicia por mano propia; 3) Se refirió dos sentencias constitucionales en “las cuales hubiese ganado el ciudadano Sosa Añez” (sic), las que fueron arrimadas al expediente y que denegaron la tutela pretendida ante la existencia de un conflicto respecto al derecho propietario; sin embargo, la parte demandada acompañó un certificado alodial bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0117328 ubicado en la localidad de Cotoca, Terrado o Isla de los Cuquises y el accionante presentó otro certificado alodial registrado bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0192917 ubicado en la UV 227 manzano 3, 4, 10, 12, 17 y 49, sin advertir cuál el derecho controversial pues existen dos matrículas computarizadas diferentes al referir la parte accionada una ubicación distinta a la manifestada por la accionante, por lo que al no existir discusión, no existen hechos controvertidos; y, 4) En relación a que debió acudirse a la vía civil para concluir el proceso que la parte accionante inició, de acuerdo con la SCP 998/2012, no es necesario agotar las vías legales ordinarias al no operar la subsidiaridad frente a medidas de hecho y en cuanto al plazo de inmediatez, existen los actos inmediatos y persistentes o permanentes, cuando el acto es uno solo, es realizado de manera inmediata siendo ese el momento a partir del cual debe computarse los seis meses, pero cuando los actos son permanentes o continuos, como son los avasallamientos o medidas de hecho, dicho término no se computa sino hasta que el propietario recupere su predio, por lo que en el caso el plazo para plantear esta acción tutelar, no se venció. Luis Arancibia Oyola, Ariel Heredia Santa Cruz y Katherine Álvarez Cueto por memorial presentado el 20 de noviembre de 2024 (fs. 589 y vta.), solicitaron se explique y enmiende la resolución constitucional pronunciada, indicando sobre cuál de los dos planos se dispondrá el desapoderamiento, pues al momento de interponer esta acción de amparo constitucional el accionante, presentó dos planos de ubicación de sus lotes de terrenos; el primero, presentado para revisión, tiene el sello de la Alcaldía Municipal, en el cual se advierte que la Manzana 17, solo tiene un lote signado con el número 37, de una extensión superficial de 292.56 m; y el segundo, es un plano de ubicación que carece de firma y autorización que acredite su veracidad al ser dibujado, no demuestra su idoneidad al no estar aprobado ni haber sido presentado a la Alcaldía para su revisión y que continúe el trámite para una futura aprobación “ ES MAS NI SIQUIERA TIENE UNA FORMA DE UN AGRIMENSOR Y ES CABALMENTE DONDE SE ENCUENTRAN DIBUJADOS LOS LOTES No. 30,31,32,33,34,35 y 36 que sus autoridades han dispuesto el desalojo” (sic). Por Auto de 22 de noviembre de 2024, el Tribunal de garantías “rechazó” la solicitud de complementación y enmienda argumentando que, los planos presentados por Benigno Puita Mamani tienen un valor complementario junto a las pruebas que respaldan su derecho propietario como son los certificados alodial, treintañal, catastral y verificación notarial, que reforzó la existencia de medidas de hecho (ocupación ilegal y construcciones sin autorización) sobre los terrenos del accionante al indicar que la Notaria de Fe Pública que la que: “informó las medidas de hecho en la U.V. 227, lotes 23, 24, 32, 31 y 30 y otro de la Mza. 17 con 2211.22 metros” (sic [fs. 591 a 592]).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 13 de mayo de 2026, cursante a fs. 598, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 23 de junio del citado año, cursante a fs. 602; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la matricula computarizada 7.01.1.06.0192917, con antecedente dominial 7012010026888, que establece la titularidad del dominio y el registro de propiedad en el Asiento 1, en favor de Puita Mamani Benigno y Puita Mamani Benigna respecto del lote de terreno ubicado en la UV. 227, Manzanos 3, 4, 10, 12, 17 y 49, con una superficie de 26657,98, adquirido mediante Escritura Pública de 3 de julio de 2009 e inscrito en la Oficina de DD.RR. el 20 de septiembre de 2009; advirtiéndose en el Asiento 3 una su inscripción, por dejar fuera de vigencia la matrícula 7012010026888, ante el cambio de jurisdicción municipal, efectuada mediante Escritura Pública 580 de 20 de agosto de 2021 e inscrito el 29 de junio de 2022 (fs. 3 y 6 a 7); certificado de tradición correspondiente al inmueble con matricula computarizada 7.01.1.06.0192917, correspondiente a Puita Mamani Benigno y Puita Mamani Benigna de 8 de marzo de 2024 (fs. 4 a 5 vta.); certificado catastral otorgado el 7 de junio de 2017, por la Dirección de Gestión Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz (fs. 8 a 9); comprobantes de pago de impuestos de inmueble correspondientes a las gestiones 2024 y 2023 (fs. 10 a 11) y replanteo de urbanización abierta aprobada por la Secretaria Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (fs. 108). II.2. Consta Título Ejecutorial PT0087462 otorgado el 12 de junio de 1992, en favor de Puita Mamani Benigno y otros, en relación a la propiedad “Guapilo”, ubicada en el Catón Cotoca, provincia Andrés de Ibáñez del departamento de Santa Cruz (fs. 13). II.3. Por Auto de 14 de septiembre de 1992, pronunciado por el Juez Agrario móvil Cuarto de Santa Cruz, se declaró parcelado y dividido el fundo “El terrado, Isla de los Cuquises, Guapilo o Junín” en la cantidad de 127 parcelas individuales, mas complementaciones, anexos, caminos, pasillos, campo deportivo y radio urbano en la forma, colindancias, dimensiones y especificaciones técnicas del plano topográfico, advirtiéndose que en la lista, la asignación de la Parcela 48 a Benigno Puita Mamani con “2.47.22” ha (fs. 26 a 31). II.4. Cursa Acta de audiencia preliminar desarrollada el 26 de julio de 2024, por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, expediente 300/24, dentro del interdicto de recobrar la posesión seguido por Benigno Puita Mamani y Benigna Mamani de Puita contra Ester Jersy Gutiérrez Pierola, advirtiéndose placas fotográficas de la inspección judicial realizada, en la que el indicado Juez ordenó la prohibición de innovar, instruyendo a la Oficial de Diligencias pegar dicha resolución en cada construcción que se esté realizando a fin de tomar conocimiento los que la ocupan o construyen (fs. 32 a 48). II.5. Por Acta Notarial 405/2024 de 22 de octubre de 2024, relativa a inspección realizada en el domicilio de Benigno Puita Mamani, a solicitud del mismo, ubicado en la zona este, UV 227, manzanas 3 y 17, entre noveno y décimo anillo, avenida troncal, zona Villa 1 de Mayo , en la que refirió que al momento de la verificación pudo constatar en algunos lotes de terreno, están iniciando construcciones y que se encuentran con barda, las cuales son recientes, portón de material, colocado de calaminas en reemplazo de bardas para cubrir el terreno, lo que impide el ingreso al propietario, por parte de los actuales ocupantes, sin que hubieren ingresado al mismo (fs. 50 y vta.), acompaña fotografías (fs. 52 a 61); de igual forma cursan declaraciones voluntarias de testigos presenciales que vieron como una turba de personas armadas con palos, machetes, derribaron la malla de sus terrenos y cortaron los alambres para ingresar con violencia y sacar a golpes al accionante y su familia, sin que la policía que fue convocado al efecto hubiere asumida acción alguna por la cantidad de loteadores que ingresaron de manera violenta al domicilio del accionante y Benigna Mamani de Puita. (fs. 64 a 66).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad; indicando que, se encontraba en pacífica posesión y ejercicio de su derecho propietario desde hace más de treinta años, en horas de la noche del 29 de abril de 2024, luego que diecisiete personas en horas de la mañana manifestaron la intención de comprar terrenos en la zona, uno de sus vecinos lo llamó a la ladrillera en la que estaba trabajando, debido a que un grupo de personas munidos de armas blancas, palos y machetes, habían derribado bardas, cortado alambres de los otros terrenos, golpeado y pateado mujeres, niños y personas de la tercera edad, para ingresar violentamente a su propiedad de donde fueron sacados con fuerza, bajo amenaza de matar a su persona, nietos, esposa e hijos, robándoles sus objetos personales, para después de ocupar ilegal y violentamente su inmueble, instalar carpas para quedarse, habiendo tenido que huir del lugar ya que los efectivos policiales convocados no asumieron acción alguna, limitándose a observar esos hechos debido a que se encontraban en número reducido; ante esta situación planteó un interdicto de recobrar la posesión contra los avasalladores, desarrollándose la audiencia el 26 de julio de 2024, en la que se inspeccionó cada lote e identificó a los loteadores, asumiendo la autoridad judicial la medida de no innovar, con la que instruyó se notifique a cada persona que está ocupando o construyendo en dicho predio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) De la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; 2) Presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional ante denuncias por medidas o vías de hecho; 3) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; 4) Protección constitucional reforzada a los adultos mayores; 5) Excepción al principio de subsidiariedad por pertenecer a la tercera edad; y, 6) Análisis del caso concreto.

III.1. De la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La SCP 0722/2025-S1 de 30 de junio, remitiéndose al entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 0223/2024-S1 de 17 de junio, que cita a la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, reiterada por la SCP 342/2018-S2 de 18 de julio, señala que: “La justicia constitucional en varias sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

…sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de ‘Estado de derecho’ o ‘Estado bajo el régimen de derecho’ cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, nace sepultando el modelo de ‘Estado bajo el régimen de la fuerza’, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.

En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ‘Estado de derecho legislativo’ o ‘Estado legal de Derecho’, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.

Actualmente, el Estado de derecho, se configura como ‘Estado constitucional de Derecho’, que es ‘…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación’, o en palabras de Prieto Sanchís ‘…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización’.

Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ‘Estado de derecho’, debido a que en esta última fórmula ‘Estado Constitucional de Derecho’: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.

De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

…i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema.

En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE” (las negrillas son nuestras).

III.2. Presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional ante denuncias por medidas o vías de hecho

La SCP 0223/2024-S1 de 17 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo asumió el siguiente razonamiento:

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; 3) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, 4) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

Respecto a la carga probatoria a ser cumplida por la parte accionante, la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.4.1., estableció los siguientes presupuestos:

“i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La SCP 0722/2025-S1 de 30 de junio, manifiesta que: “La SCP 0223/2024-S1, establece que:’ʽAsimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la citada SCP 0091/2018-S2, reiterada por la SCP 342/2018-S2, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: i) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, ii) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.-hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.

En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: a) Preventiva y/o b) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto.

Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado.

En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente.

Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria.

La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.4. Protección constitucional reforzada a los adultos mayores

La Constitución Política del Estado en sus arts. 67 al 69, además de consagrar, garantizar y proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas, proclama una protección especial a los adultos mayores o personas de la tercera edad por encontrarse dentro de un grupo denominado “vulnerable” y por tanto gozar de protección reforzada, reconociéndoles sus derechos y garantizando la vigencia de los mismos a través de políticas públicas definidas por el Estado, con la finalidad de proteger y resguardarlos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integra el grupo de atención prioritaria, pueda vivir con dignidad humana, gozar de una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales.

En ese sentido, la SCP 0307/2019-S4 de 29 de mayo, expresó que: «Abordar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas adultas mayores, implica el reconocimiento de las facultades y potestades de las que éstas gozan para desenvolverse en un ámbito de igualdad de oportunidades y con condiciones que les garantice la calidad y calidez de una vida digna y sin discriminación ni actos de violencia.

La Constitución Política del Estado, en sus arts. 67 al 69, reconoce los derechos de los adultos mayores, garantizando su vigencia a través políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana.

Así la SCP 1567/2013 de 16 de septiembre, en cuanto a la protección constitucional de los derechos del adulto mayor, señaló que: “El art. 1 de la CPE, establece que: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…ʼ, en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, citando a la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, señalando que : ʽ…según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…ʼ.

Ahora bien, bajo el razonamiento precedentemente referido, permite su flexibilización cuando el mismo va a ser contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que: ʽel principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciadaʼ (SCP 0292/2012 de 8 de junio), concordante con el art. 67.I de la CPE, que indica: ‘ʽAdemás de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humanaʼ.

En el nuevo orden constitucional, se va profundizando la incorporación y aplicación de políticas a favor de sectores vulnerables que formalmente, son iguales respecto del resto de las otras personas, pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, por varias situaciones requieren protección reforzada por parte del Estado, traducidas en diversas acciones afirmativas y coherentes con el valor justicia; en tal sentido la jurisprudencia constitucional, refiere que: ‘ʽ… la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad es la igualdad en su múltiple dimensión, valor-principio-derecho, fuertemente proclamada en el nuevo orden constitucional, que debe ser comprendida en sus dos vertientes: La igualdad formal e igualdad material, que se hallan complementadas, compatibilizadas y conciliadas en el texto constitucional’ (SCP 0846/2012 de 20 de agosto). Así también para dichos sectores en situación de vulnerabilidad la SCP 0086/2012 de 16 de abril, señaló: ‘ʽ…procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la ‘igualdad’ y la ‘justicia’ sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativasʼ.

En consecuencia, del contenido expresado en la justicia constitucional respecto de las personas adultas mayores con sus particularidades y por estar expuestas a diferentes riesgos, cuentan con tutela reforzada constitucional, complementándose con los principios y valores del Estado Plurinacional, referente en concreto al principio de dignidad y la realidad de los adultos mayores, recordando que mientras más edad tenga una persona es más propensa al abandono por su familia; hecho que convoca al Estado a disminuir ese penoso escenario, proporcionando la protección requerida, traducidas en políticas públicas, desde luego que también la sociedad debe generar mayor espacio y oportunidad de participación, según sus características pero ante todo revitalizando los conocimientos que tan ampliamente tienen, asumiendo actitudes en torno a la concepción cíclica de la vida”» (las negrillas son nuestras).

III.5. Excepción al principio de subsidiariedad por pertenecer a un grupo vulnerable, la tercera edad

La SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril, establece que: “La SCP 2126/2013 de 21 de noviembre, sobre la excepción a la subsidiariedad en casos de adultos mayores señala :‘…de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad…’.

A ello, la SCP 0998/2014 de 5 de junio agregó que: ‘Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandados’ “ (las negrillas y subrayado son nuestros).

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la propiedad; indicando que, se encontraba en pacífica posesión y ejercicio de su derecho propietario desde hace más de treinta años, en horas de la noche del 29 de abril de 2024, luego que diecisiete personas en horas de la mañana manifestaron la intención de comprar terrenos en la zona, uno de sus vecinos lo llamó a la ladrillera en la que estaba trabajando, debido a que un grupo de personas munidos de armas blancas, palos y machetes, habían derribado bardas, cortado alambres de los otros terrenos, golpeado y pateado mujeres, niños y personas de la tercera edad, para ingresar violentamente a su propiedad de donde fueron sacados con fuerza, bajo amenaza de matar a su persona, nietos, esposa e hijos, robándoles sus objetos personales, para después de ocupar ilegal y violentamente su inmueble, instalar carpas para quedarse, habiendo tenido que huir del lugar ya que los efectivos policiales convocados no asumieron acción alguna, limitándose a observar esos hechos debido a que se encontraban en número reducido; ante esta situación planteó un interdicto de recobrar la posesión contra los avasalladores, desarrollándose la audiencia el 26 de julio de 2024, en la que se inspeccionó cada lote e identificó a los loteadores, asumiendo la autoridad judicial la medida de no innovar, con la que instruyó se notifique a cada persona que está ocupando o construyendo en dicho predio. Consideraciones previas Antes de ingresar al análisis de la problemática expuesta, ante la solicitud de los accionados para que se declare improcedente la acción debido a la inobservancia del principio de subsidiariedad, al haber activado el accionante antes de acudir a la jurisdicción constitucional el interdicto de recobrar la posesión y por su parte los accionados, el interdicto de retener la posesión, medios de defensa ordinarios, resulta necesario aclarar lo siguiente: Primero. Tal cual se advierte del documento de identidad cursante a fs. 2, el accionante cuenta al momento con sesenta y tres años; por lo que, al formar parte de la población vulnerable, conforme se dejó establecido en el Fundamento Jurídico III.4., de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, goza de protección constitucional reforzada al tratarse de una persona adulta mayor, protección que debe brindarse a los más débiles que de acuerdo con la doctrina forman parte de los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas adultas mayores quienes por sus particularidades están expuestas a diferentes riesgos, debiendo ser protegidas en resguardo de sus derechos a la dignidad, a una vejez digna, con calidad y calidez humana, con igualdad, sin discriminación, buen trato y atención preferencial, además de la aplicación de un enfoque diferencial para el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos constitucionalmente en su favor. Segundo. De igual manera, considerando lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.5., del presente fallo constitucional, referido a la excepción al principio de subsidiariedad, con la única finalidad de efectivizar o materializar el derecho fundamental supuestamente vulnerado frente a aspectos formales o cuando a pesar de existir medios de defensa, estos resultaren ineficaces o tardíos para restablecer el derecho presuntamente vulnerado, esencialmente cuando se trate de grupos de atención prioritaria como son las personas adultas mayores; se advierte que dicha jurisprudencia es aplicable al caso, considerando que el accionante es una persona adulta mayor -se reitera-, como se constata de la fotocopia simple de su cédula de identidad, aparejada al momento de interponer esta acción de defensa, condición en la que goza de atención preferente y prioritaria por su situación de vulnerabilidad y manifiesta indefensión derivada de su edad avanzada, aspecto que permite efectuar una abstracción al principio de subsidiariedad, sin que sea necesario acreditar la existencia de daño irremediable o irreparable, requerimiento que destruiría el trato preferencial y lo condicionaría a observar formalismos que deben exigirse a quienes no se encuentran en las mismas condiciones de indefensión ni vulnerabilidad que la población de los adultos mayores. Por consiguiente, si bien es cierto que el accionante no agotó la vía de impugnación aperturada en la jurisdicción ordinaria, al haber formulado en la vía civil un interdicto de recobrar la posesión contra los ahora accionados, con la finalidad de buscar la protección de sus derechos (Conclusión II.4.); no es menos evidente que este aspecto no constituye un argumento válido jurisprudencialmente para no ingresar al fondo de la problemática planteada; por cuanto, nos encontramos ante un caso en el que no puede exigirse la observancia al principio de subsidiariedad; por lo que, se ingresará al examen de la problemática expuesta. De los antecedentes se advierte que, ante el proceso agrario de dotación de tierras iniciado por el Sindicato Agrario Oriente por Auto de 14 de septiembre de 1992, el Juez Agrario móvil Cuarto de Santa Cruz, declaró parcelado y dividido el fundo “El terrado, Isla de los Cuquises, Guapilo o Junín” en 127 parcelas individuales, mas complementaciones, anexos, caminos, pasillos, campo deportivo y radio urbano, con las colindancias, dimensiones y especificaciones técnicas del plano topográfico, habiéndose asignado la Parcela 48 a Benigno Puita Mamani con una extensión de “2.47.22” ha (Conclusión II.3.); habiéndose emitido en favor de Puita Mamani Benigno, el 12 de junio de 1992, el Título Ejecutorial PT0087462 en relación a la propiedad “Guapilo”, ubicada en el Cantón Cotoca, provincia Andrés de Ibáñez del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2.); constatándose de la matricula computarizada 7.01.1.06.0192917, con antecedente dominial 7012010026888, que la titularidad del dominio y la propiedad fue registrada en el Asiento 1, el 20 de septiembre de 2009, en favor del accionante y de Benigna Puita Mamani, sobre el lote de terreno ubicado en la UV. 227, Manzano 3, 4, 10, 12, 17 y 49, de una superficie de 26657,98 m; contando el accionante con el certificado de tradición del bien inmueble, el certificado catastral otorgado por la Dirección de Gestión Catastral y un replanteo de urbanización abierta aprobada por la Secretaria Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación, ambas del municipio de Santa Cruz (Conclusión II.1.).

Pese a lo referido, al haber irrumpido las personas accionadas y otras desconocidas a las que el accionante no pudo identificar, en horas de la noche en su predio (avasallamiento) de forma violenta y arbitraria “…munidos de armas blancas como ser palos, machetes ingresaron a la fuerza a mis predios llegando a derribar bardas y cortando alambres los que generó en una violencia descomunal, golpeándonos y pateándonos, no respetando ni a mujeres mayores ni a niños y personas de la tercera edad demostrando total actos alevosos puesto que no dejaron ladrillo sobre ladrillo porque derivaron mi barda, cortaron alambres de los demás terrenos y nos sacaron de la casa como si fuéramos basuras a la calle sufriendo una serie de golpes así demuestro por las fotografías adjuntas, llegando a sacarnos de nuestras casas por la fuerza y lanzarnos a la calle, hechos fueron por demás de violentos y alevosos, nos gritaban y nos decían ‘collas’ ‘fuera’ los vamos a matar y nos golpeaban, nos prendieron fuego se robaron nuestros objetos personales como ser celulares, me quitaron de las manos y me agarraron a “manazos” nos sacaron de mis terrenos y de mi casa con el fin de poder proceder con una ocupación totalmente ilegal y violenta, y luego por las mismas fotografías adjuntas se evidencia que colocaron carpas donde se quedaron, estos estaban munidos de armas blancas como ser palos, machetes, cuetes que nos lanzaban al cuerpo, peligrando así nuestra integridad física, ocupando de manera ilegal actualmente mi inmueble” (sic); se desconocieron y prescindiendo de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, habiendo asumido justicia de manera directa, abusando de la fuerza de una turba armada, que ejerció actos de violencia contra el accionante y su familia, los mismos resultan ser ilegítimos y carentes de respaldo legal, no solo debido al daño ocasionado sino la gravedad de la violencia ejercida, tal cual se evidenció de las declaraciones juradas de testigos que presenciaron la manera en que una grupo considerable de personas armadas con palos y machetes, derribaron la malla de sus terrenos y cortaron los alambres para ingresar con violencia y sacar a golpes y bajo amenaza de su bien inmueble al accionante y su familia, sin que la Policía convocada ante estos hechos hubiere asumido alguna acción debido a la cantidad de loteadores que actuaron, causando miedo y zozobra (Conclusión II.5.).

A dicho extremo se suma que, ante la inspección realizada por una Notaria de Fe Pública al domicilio de Benigno Puita Mamani, a solicitud del mismo, dicha funcionaria pública llegará a describir en el Acta Notarial 405/2024 de 22 de octubre que: “Nos dirigimos al lugar entrando a por el octavo anillo como referencia las manzanas de referencia se encuentran a tres cuadras hacia el noveno de la manzana 3 los lotes 23, 24, 32, 31, 30, de la manzana 17, un lote terreno con una superficie de 2211.22 según el plano que exhibe el propietario al momento de la verificación, se puede verificar como referencia que las manzanas referidas se encuentran sobre la avenida troncal que pasa a la calle paralela a la avenida troncal, una vez en el lugar juntamente con el solicitante y su abogado exhibe documentación consistente que demuestra que el derecho propietario del solicitante consistente en el folio del lote de terreno ubicado en la U.V. 227 manzanas 3, 4, 10, 12, 17 y 49, son la superficie de 26655 metros cuadrados, posteriormente procedemos a verificar el terreno en las diferentes manzanas, al momento de la verificación se puede constatar que en algunos de los lotes terreno están iniciando construcciones y que cuentan con barda pudiendo ver que la construcción es reciente, portón de metal, se puede ver que han colocado calaminas en reemplazo de la barda para cubrir el terreno que impide el ingreso al propietario por parte de los actores ocupantes por lo que fue imposible el ingreso...." (sic). En ese sentido, al constatarse que las acciones ejercidas se encuentran al margen de los mecanismos establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, en una actitud similar al ejercicio de justicia por mano propia, mediante actos o vías de hecho que no encuentran respaldo legal en disposición jurídica alguna, tal cual se establece en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2., de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, dichas acciones justifican la decisión de otorgar la tutela constitucional de manera efectiva y con carácter provisional, confiriendo un espacio temporal constitucional y jurisprudencialmente válido de eficacia para que se ejecute este fallo constitucional, el cual se inicia con la notificación legal de la resolución constitucional a los ahora accionados y otros que incurrieron en las medidas o vías de hecho proscritas, hasta que la jurisdicción competente a la que acudió el accionante en defensa de sus derechos, determine dentro de un debido proceso el derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en el barrio “Guapilo”, UV-227, Manzanos. 3, 4, 10, 12, 17 y 49, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0192917 el 21 de agosto del 1997, que cuenta con una superficie total de 26.657.98 m, ubicado en el municipio Cotoca, provincia Andrés de Ibáñez del departamento de Santa Cruz, ante la concurrencia de los presupuestos exigidos para el resguardo constitucional frente a las denuncias de medidas o vías de hecho, y al advertirse de manera objetiva la presencia de los actos denunciados a través de este medido de defensa constitucional, que privan de manera arbitraria al accionante del ejercicio de su derecho propietario e impiden el acceso a su bien inmueble, cumpliéndose la carga probatoria requerida para la concesión de la tutela solicitada la misma que debe efectivizarse en resguardo del citado derecho. En consecuencia, se reitera que la protección a brindarse no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente tiene un carácter provisional y transitorio, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y que es aplicable al caso concreto, en mérito a la obligatoriedad de su cumplimiento y carácter vinculante establecido por el art. 203 de la CPE, concordante con el art. 15 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 242/2024 de 19 de noviembre, cursante de fs. 504 vta. a 507 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0995_2026-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): aab34ff8b4926109cb0d6e6767270fd8b713eccc77e0f797fdf87d41cda8c187

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