Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 14 de diciembre de 2023
Deniega la tutela
El accionante en calidad de detenido preventivo, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de partes, a la “seguridad jurídica”, cosa juzgada, a la libertad y al acceso a la justicia; arguyendo que, el Vocal demandado a través del Auto de Vista 114/2022 de 26 de mayo, ingresó a resolver la apelación incidental formulada por la víctima contra el Auto Interlocutorio de 6 de mayo de 2022; no obstante, que dicho recurso fue extemporáneo; dado que, el plazo al efecto debía computarse desde la emisión de esa decisión y no a partir de su notificación virtual, practicada por orden del Juez a quo en atención a que la referida víctima no asistió al acto procesal en el que se emitió el aludido fallo apelado; sumado a ello, la víctima fue notificada fuera de plazo y dicho Auto de Vista resolvió dos recursos de apelación contra diferentes resoluciones. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 77/2022 de 18 de julio, cursante de fs. 47 a 55 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0995/2023-S2 Sucre, 14 de diciembre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 49478-2022-99-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 77/2022 de 18 de julio, cursante de fs. 47 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Enrique Gómez López contra Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
Por memoriales presentados el 23 y 30 de junio de 2022, cursantes a fs. 1, 5 a 7 y 17, el accionante manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual radicado en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de Trinidad del departamento de Beni, se halla cumpliendo detención preventiva por el lapso de medio año, estando con acusación fiscal y en vísperas de desarrollarse el juicio oral y público. En las diferentes audiencias cautelares, se fueron quedando solo dos riesgos procesales, correspondientes a los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, peligro efectivo y riesgo de obstaculización con relación a la víctima, respectivamente. El 6 de mayo de 2022, se llevó a cabo audiencia de cesación de la detención preventiva, a la cual no asistió la supuesta víctima y su abogado defensor, pese a su notificación; en cuyo acto procesal, ofrecidos y valorados los elementos probatorios el citado Juez de Sentencia, si bien negó la modificación de dicha medida cautelar; no obstante, logró desvirtuar el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del indicado Código, ello en mérito a que los actuados procesales demostraban que nunca ejerció una conducta obstaculizadora. Una vez finalizado el mencionado verificativo, el aludido Juez determinó que todos los sujetos procesales que se creían afectados por su resolución contaban con el plazo de setenta y dos horas para realizar su respectiva apelación incidental, siendo ese el acto procesal que vulneró su derecho al debido proceso, porque dicha autoridad de manera arbitraria y en un acto de total favoritismo hacia la supuesta víctima, ordenó su notificación vía virtual, generando con ello que la mencionada tenga un plazo que le corría desde la misma, cuando el término que tenía era de setenta y dos horas concedidas el 6 de mayo de 2022 a horas 17:03, no correspondiendo ser contadas desde la aludida notificación por ciudadanía digital. Esa decisión vulneró sus derechos a la igualdad de partes, a la “seguridad jurídica”, a la cosa juzgada y al debido proceso, dando como resultado que una apelación incidental aun cuando fue planteada de tiempo hay sido de conocimiento de un tribunal de alzada; siendo que, correspondía su rechazo. La actitud de no dar cumplimiento a la norma procesal establecida en el art. 163 del CPP acarreará responsabilidades administrativas y penales al demandado; ya que, no existe un argumento sostenible ni justificativo alguno para que el Juez a quo ordenara la notificación virtual con el Auto Interlocutorio de 6 de mayo de 2022 a la víctima, pues en un primer momento concedió el plazo de setenta y dos horas a todas las partes en audiencia de cesación de la detención preventiva. A pesar de ello, el Vocal demandado conociendo de la aludida extemporaneidad del recurso de apelación, llevó adelante la audiencia de apelación incidental y emitió el Auto de Vista 114/2022 de 26 de mayo, dando por válido dicho recurso, revocó el Auto Interlocutorio impugnado, dejando nuevamente vigente el riesgo procesal de obstaculización, previsto en el art. 235.2 del CPP. No cuenta con otro medio de defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales que la presente demanda tutelar, para restablecerlos.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de partes, a la “seguridad jurídica”, a la cosa juzgada, a la libertad y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 114 de 26 de mayo de 2022.
Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 39 a 46, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la presente acción de defensa, y ampliándolo manifestó que: a) Además de la menor -supuesta víctima-, apareció otra -Enohe Yensi Rojas Oyola-, quien fuera la madrina de aquella, al margen de lo previsto por el art. 76 del CPP; b) El plazo para apelar de setenta y dos horas corre de momento a momento; c) El art. 160 del Código Adjetivo Penal prevé que las resoluciones serán notificadas dentro del plazo de veinticuatro horas, que comienza desde el momento que el Juez emite su resolución; sin embargo, la correspondiente diligencia se hizo cuatro o cinco días después de forma virtual, haciéndose llegar esa notificación a la víctima el 11 de mayo de 2022; la cual, creyó estar emplazada para apelar; d) El 9 de dicho mes y año, presentó otra solicitud de cesación de la detención preventiva, que fue negada el 12 del indicado mes y año, por no haber desplegado nuevos elementos; por lo que, impugnó esa decisión; consiguientemente, se están analizando dos actos procesales el del 6 y 12 de mayo de 2022, y el Tribunal de alzada resolvió en un acto las dos apelaciones; es decir, la extemporánea formulada por la víctima y la de su persona; e) Se le hizo conocer al Vocal demandado sobre su extemporaneidad; sin embargo, el mismo hizo referencia a la notificación virtual, amparándose en el art. 160 del CPP; y, f) Solicitó se declare la nulidad del Auto de Vista 114/2022 porque resolvió dos impugnaciones, agravando su situación jurídica.
Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por informe escrito presentado el 6 de julio de 2022, cursante de fs. 28 a 30, señaló que: 1) Si bien el Juez a quo dispuso en su acta que dictada la resolución quedaban todos los sujetos procesales notificados con el pronunciamiento de esa decisión, ello implicaba que no estaban incluidos los sujetos procesales ausentes, debiendo ser notificados como se procedió efectivamente, más aún cuando la víctima tiene derecho a ser escuchada y conocer los actos del proceso, practicada esa diligencia el 11 de mayo de 2022 a horas 12:06; con base en lo cual, esta formuló recurso de apelación el 12 de ese mes y año; 2) Pudo verificar que dados los datos de notificación y apelación de la víctima, el mismo se hallaba dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP; por ello, declaró su admisión e ingresó al fondo del análisis; y, 3) No se evidenció ninguna vulneración a los derechos del accionante, no siendo correcto que se habría admitido un recurso de apelación extemporáneo; por lo que, corresponde denegar la tutela.
“Nathaly Vega”, representante fiscal, en audiencia de garantías señaló que el accionante nombró varias vulneraciones; empero, las mismas no fueron reprochadas en un momento oportuno, como el hecho de que la víctima no tenga esa calidad y no habría conocido la apelación incidental de esta; aspectos que no fueron reclamados en el verificativo de dicho recurso, que es objeto de la presente acción de tutela; en ese orden, se advirtió que no se transgredieron derechos del peticionante de tutela.
Carla Susana López Villarroel, representante de la víctima, a través de su abogado en audiencia de garantías se adhirió al informe del Vocal demandado, así como, a los argumentos del Ministerio Público; siendo efectivamente notificada por ciudadanía digital el 11 de mayo de 2022, con el acta de audiencia de cesación de detención preventiva, solicitando se deniegue la tutela impetrada. Enohe Yensi Rojas Oyola, representante de la víctima, señaló en audiencia de garantías que, al momento del verificativo de cesación de la detención preventiva no se hallaba presente; por tal razón, el Tribunal a quo ordenó que sea notificada mediante ciudadanía digital, para que no se vulneren sus derechos; en ese mérito, apeló esa decisión mediante buzón judicial dentro del plazo legal para ello; por lo que, se debe denegar la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 77/2022 de 18 de julio, cursante de fs. 47 a 55 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 114/2022, con relación solo a la apelación de Enohe Yensi Rojas Oyola, debiendo emitirse uno nuevo dentro de plazo, en el marco del art. 251 del CPP y notificar a la autoridad demandada; con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien la víctima puede participar en cualquier acto que considere necesario, también debe cumplir con los requisitos para ello; ii) La representante de la víctima el 16 de mayo de 2022, apeló según timbre correspondiente a la numeración 3516 594, indicando que fue notificada el 11 de dicho mes y año, con el acta de resolución de 6 del mismo mes y año; iii) El art. 251 del CPP -modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, prevé que las resoluciones que dispongan o modifiquen medidas cautelares serán apeladas en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas; entonces se incumplió lo que establece el instituto de las medidas cautelares, previstas en dicho precepto legal; y, iv) El Vocal demandado a tiempo de citar el Auto de Vista 114/2022, debió pronunciarse de oficio respecto al recurso formulado, sí el mismo estaba o no dentro del plazo de ley, debiendo aplicar correctamente lo que establece la norma citada, habiendo omitido dicho pronunciamiento inclusive de oficio. A tiempo de resolver la solicitud de aclaración y complementación formulada por la víctima, se puede evidenciar que existe un certificado de dirección de plataforma a través del buzón judicial, el cual tiene como fecha el 15 de mayo de 2022; por lo que, igualmente no se hallaría dentro del plazo la apelación de la aludida, hoy tercera interesada.
De acuerdo a decreto constitucional de 23 de agosto de 2023, cursante a fs. 62, se suspendió el plazo para la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a objeto de recabar documentación complementaria que finalmente no fue remitida por el Juzgado de la causa, con el argumento de que no contaban con el expediente porque el mismo fue enviado al Tribunal de alzada en virtud del recurso de apelación restringida presentado contra la Sentencia condenatoria 31/2022 de 26 de octubre; no obstante, frente a la necesidad de no dilatar el pronunciamiento de la resolución correspondiente, se pasó a dilucidar el problema planteado; en ese orden, se reanudó el cómputo del plazo, a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 13 de diciembre de igual año (fs. 75 a 77); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cusan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 6 de mayo de 2022, dictado -dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Enrique Gómez López -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual- por el Juez de Sentencia Penal Tercero de Trinidad del departamento de Beni, se rechazó la cesación de detención preventiva, habiéndose enervado el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP (fs. 2 vta. a 3). II.2. Mediante Auto de Vista 114/2022 de 26 de mayo, Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandado-, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio apelado, disponiendo se mantenga el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código Adjetivo Penal (fs. 11 a 16 vta.).
El accionante en calidad de detenido preventivo, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de partes, a la “seguridad jurídica”, cosa juzgada, a la libertad y al acceso a la justicia; arguyendo que, el Vocal demandado a través del Auto de Vista 114/2022 de 26 de mayo, ingresó a resolver la apelación incidental formulada por la víctima contra el Auto Interlocutorio de 6 de mayo de 2022; no obstante, que dicho recurso fue extemporáneo; dado que, el plazo al efecto debía computarse desde la emisión de esa decisión y no a partir de su notificación virtual, practicada por orden del Juez a quo en atención a que la referida víctima no asistió al acto procesal en el que se emitió el aludido fallo apelado; sumado a ello, la víctima fue notificada fuera de plazo y dicho Auto de Vista resolvió dos recursos de apelación contra diferentes resoluciones. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 162 del CPP prevé: “Salvo las notificaciones practicadas en audiencia y aquellas que deban practicarse personalmente, las partes serán notificadas, en sus respectivos buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Los abogados serán notificados en sus buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Las notificaciones al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y demás instituciones estatales se realizarán en sus respectivos buzones de notificaciones disponibles mediante ciudadanía digital”. Asimismo, el cómputo del plazo para plantear apelación contra resoluciones que disponga medidas cautelares está previsto por el art. 251 del CPP que establece: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas”. La SCP 0710/2018-S2 de 31 de octubre, sostuvo que: «En relación al recurso de apelación incidental contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, la SCP 1177/2013 de 30 de julio, estableció que: “De acuerdo a lo previsto por el art. 251 del CPP, el recurso de apelación referido debe ser interpuesto en el plazo perentorio de setenta y dos horas el cual corre de momento a momento, así lo determina el art. 130 del citado Código, que establece que los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción, señalando además que se computarán sólo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos, así la SCP 0847/2006-R de 29 de agosto estableció que: ‘…cuando se establece el plazo para apelar o impugnar en horas, tendrá que tomarse en cuenta la hora exacta de la notificación con la determinación que se quiera apelar, momento desde el cual sin interrupción, es decir, de manera continua se contabilizará la hora a efectos de determinar si se presentó o no dentro de plazo una determinada impugnación’. En ese mismo sentido, la SCP 0563/2013 de 21 de mayo, estableció: ‘III.2.Cómputo de plazos para la apelación en materia penal (..) Fin para el cual, nos remontaremos a las normas establecidas en nuestra legislación. En ese cometido y de la revisión del art. 130 del CPP, se tiene que, con relación a los plazos procesales, se prevé que: ‘Los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria de este Código. Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. Los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada la notificación y vencerán a las veinticuatro horas del último día hábil señalado. Al efecto, se computarán sólo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos. Los plazos comunes expresamente determinados en este Código, comenzarán a correr a partir de la última notificación que se practique a los interesados. Los plazos sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales; y podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso’.
‘De donde se tiene que los plazos computados por horas, se inician inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su inicio; por ejemplo, el plazo previsto por el art. 251 del CPP, de setenta y dos horas para apelar del auto de imposición o rechazo de medidas cautelares, se computa de momento a momento, al igual que el recurso de reposición (art. 402 del CPP). Los plazos computados por días, comienzan a correr el día hábil siguiente, salvo disposición contraria de la ley; por ejemplo, aquel para interponer el recurso de casación previsto por el art. 417 del citado cuerpo legal. Por disposición de la misma norma, los plazos en materia penal, deben contabilizarse solamente los días hábiles; sin embargo cuando éstos estén referidos a medidas cautelares, se computarán en días corridos…”. Asimismo respecto a la necesidad de la brevedad del trámite procesal del recurso de apelación incidental la SCP 0369/2012 de 22 de junio, citando a su vez a la SC 0612/2004-R de 22 de abril entre otras, señaló que: “…si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción, sin soslayar lo dispuesto por el primer párrafo del art. 130 del CPP en sentido de que los plazos son improrrogables y perentorios y que su incumplimiento incluso da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (art. 135 del CPP) (…). Complementando dicho entendimiento y haciendo énfasis en la celeridad que debe imprimirse a los trámites sobre cesación de medidas cautelares, no solo respecto al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior de impugnación, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, manifestó que: ‘No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda”’.
Una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, el mismo deberá ser remitido ante la Corte Superior de Justicia -ahora Tribunal Departamental de Justicia-, en el término de veinticuatro horas, por su parte el Tribunal de alzada deberá resolver el mismo dentro de tercero día de recibidas las actuaciones, debiendo pronunciarse sobre el fondo del recurso y resolver la situación del imputado ya sea aprobando o revocando la resolución impugnada».
El accionante en calidad de detenido preventivo, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de partes, a la “seguridad jurídica”, a la cosa juzgada, a la libertad y al acceso a la justicia; por cuanto, el Vocal demandado a través del Auto de Vista 114/2022 de 26 de mayo, ingresó a resolver la apelación incidental de la víctima contra el Auto Interlocutorio de 6 de mayo de 2022; no obstante, que ese recurso fue planteado de forma extemporánea; dado que, el plazo al efecto debía computarse desde la audiencia en que se emitió esa decisión y no a partir de su notificación virtual, practicada por orden del Juez a quo, en atención a que la referida víctima no asistió a dicho acto procesal, en el que se emitió el aludido fallo apelado; sumado a ello, la víctima fue notificada fuera de plazo y el referido Auto de Vista resolvió dos recursos de apelación contra diferentes resoluciones. Enunciado el planteamiento del problema, corresponde contextualizar el mismo; a ese fin, se conoce que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, radicado ante el Juez de Sentencia Penal Tercero de Trinidad del departamento de Beni, mediante Auto Interlocutorio de 6 de mayo de 2022, esa autoridad rechazó la cesación de su detención preventiva, no obstante, se enervó el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP (Conclusión II.1); formulado el recurso de apelación, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 114/2022 revocó dicho Auto Interlocutorio, disponiendo que se mantenga el referido riesgo procesal (Conclusión II.2). Ahora bien, se evidencia que en la acción de amparo constitucional se reclamó un aspecto referente a que no se podía notificar a la víctima fuera de la audiencia de medidas cautelares con el Auto Interlocutorio de 6 de mayo de 2022, debiendo computarse su plazo de apelación desde el momento en que se dictó dicho fallo -en el indicado verificativo-; no obstante, su ausencia en el mismo; sin embargo, en audiencia de garantías, el accionante añadió dos elementos consistentes en que fue notificada la víctima en un plazo más allá de lo previsto legalmente y que el Auto de Vista cuestionado era ilegal porque en la audiencia de apelación resolvió dos recursos que impugnaban en actuados diferentes entre sí. En ese marco, el demandado y las terceras interesadas tuvieron la debida oportunidad de preparar su defensa sobre el contenido en la demanda principal de la presente acción tutelar, mas no con relación a las otras dos situaciones planteadas de manera sobreviniente en audiencia de garantías, incluso la prueba de la que podían valerse no pudo prepararse con la debida antelación ante las referidas situaciones nuevas; así, advertido el contexto señalado, corresponde seguir el razonamiento desarrollado por la SC 0365/2005-R de 13 de abril, citado a su vez por la SCP 0265/2019-S2 de 21 de mayo, la cual prevé que no son procedentes los nuevos hechos planteados en audiencia de garantías, pues allí solo se amplían los expuestos en la demanda principal. Entonces, cabe circunscribirse al primer problema planteado y en ese mérito -se reitera-, el mismo consiste en el reclamo de haber sido notificada la víctima fuera de la audiencia en que se dictó el Auto Interlocutorio apelado; decisión que se asumió porque no compareció a dicho verificativo. En ese marco, corresponde citar las partes pertinentes de la audiencia de medidas cautelares de 6 de mayo de 2022, de la siguiente forma:
“Ante su autoridad, ADAN MANCILLA RODRIGUEZ, con mi asistencia como Secretaria Judicial, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Publico en contra de CARLOS ENRIQUE GOMEZ LOPEZ por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual comparecen a objeto de celebrar la Audiencia de CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA que viene convocada para el día de hoy viernes 06-05-2022 14:30, estando las partes legalmente notificadas y evidenciándose que se encuentran en sala; FISCAL: CARLOS PELAEZ APONTE
DEFENSORÍA DRA. LILIANA CAMBARA
DENUNCIANTE: ENOHE YENSI ROJAS OYOLA
DENUNCIADO: CARLOS ENRIQUE GOMEZ LOPEZ
ABOGADOS DEMANDADOS: DR. CARMELO TABORGA Y DRA ELIZABETH PINTO LIJERON
JUEZ: Muy buenas tardes a todos los presentes estamos aquí para considerar y resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el abogado de la defensa en merito a los extremos que indican evidenciándose las notificaciones de todas las partes se tiene que hacer mención que la víctima Carla Susana López Villarroel no se encontraría en la presente sala pese haber sido notificada conforme el formulario de notificación con la finalidad de no vulnerar derecho de la víctima se corre traslado ante la inasistencia de la víctima al Ministerio Público.
FISCAL: De conformidad al principio de legalidad habiendo sido la victima legalmente notificada y el que no esté presente es viable la prosecución de la presente audiencia estando presente la defensoría de la niñez y por tanto es viable la prosecución de la presente audiencia. (…) …teniéndose en cuenta los aspectos y escuchada todas las partes tanto en relación a los abogados de la defensa como fiscalía y abogado de la defensoría de la niñez y adolescencia se tiene lo siguiente: …la víctima es una menor de edad… (…)
El suscrito Juez de Sentencia Tercero de la capital a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en merito a la jurisdicción y competencia que por Ley ejerce al no haberse desvirtuado en su totalidad los riesgos procesales estado latente todavía en el artículo 234 en su numeral 7 SE RECHAZA LA SOLICITUD DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA las partes tienen el plazo de 72 horas para poder apelar a la respectiva resolución, con lo que finalizamos” (sic). Ahora, se pasa a transcribir el Auto de Vista 114/2022 de 26 de mayo, en las partes esenciales, del siguiente modo:
“VISTOS: De la apelación interpuesta por la parte procesada señor Carlos Enrrique Gómez López y la parte denunciante señora Enohe Yensi Rojas Oyola contra el Auto Interlocutorio de fecha 06 de mayo del 2022, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y Enohe Yensi Rojas Oyola, contra Carlos Enrique Gómez López, por la probable comisión del delito de Abuso Sexual, CUD. 801102012102368-2, se tiene la apelación incidental del régimen de medidas cautelares conforme establece el Art. 251 de la Ley 1970 (…) se procede a dictar la siguiente resolución de alzada:
Esgrimidos que han sido todos los fundamentos antes señalados de acuerdo al art. 113 de la ley 1173 las vastas y sentencias constitucionales emitidas por el tribunal constitucional plurinacional, han señalado de manera enfática, objetiva, trascendental que los tribunales ad quem tienen la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones conforme a las determinaciones establecidas en el art. 124 y 173 ambos del CPP, aludiendo que se debe efectuar una valoración armónica de los elementos probatorios traídos a colación de manera individual, y por supuesto de manera colectiva.
Antes de ingresar al fondo del recurso de apelación vamos a introducirnos respecto a lo que manifestaba el Dr. Taborga con relación a la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la Dra. Enohe Yensi Rojas Oyola, de la revisión de obrados se puede constatar el acta de audiencia de audiencia de cesación a la detención preventiva que data de 06 de abril del 2022, en ese contexto en dicha acta hace las exposiciones de cada una de las partes intervinientes concluyendo con la intervención del fiscal y la DNNA en la cual el juez a quo en dicha resolución precisamente en el cuaderno de apelación traído a colación a la sala penal a fojas 1 y vuelta dice, se emite la siguiente resolución, está contenida en el auto interlocutorio de fecha 06 de mayo del 2022, bajo este contexto y siguiendo la objetividad (…) dentro de los principios constitucionales establecidos en el art. 115 y 119 y por verdad material previsto en el art. 180 toda la CPE, el juez a quo a fojas 2 reitera y vuelta del cuaderno de apelación subido a esta sala penal claramente señala lo siguiente: en la parte resolutiva rechaza la solicitud de la cesación a la detención preventiva, las partes tienen el plazo de 72 horas para poder apelar la respectiva resolución por la que finalizamos regístrese, Dr. Carmelo Taborga quiero entenderlo que no especifica que el que es un riesgo para la víctima, es claro el peritaje en indicar que es un peligro para la víctima señor Juez el suscrito a comprendido y ya lo he manifestado en su resolución que el presente peritaje más está dirigido en relación al peligro efectivo para la sociedad y no así para la víctima por lo que finalizó la presente audiencia, la audiencia finalizó en fecha 6 de mayo del 2022 a horas 17:03, por lo cual se da por finalizada la presente firmando (…) de acuerdo a estos elementos probatorios y bajo el principio de oralidad, el Juez omitió notificar de manera oral conforme lo señala el art. 160 y siguientes del C.P.P., en la cual conlleva que se realicen las notificaciones pertinentes cursantes a fojas 3 y vuelta de obrados en la cual se puede divisar precisamente a fojas 4 de la notificación por ciudadanía digital de que la Dra. Rojas Oyola Enohe fue legalmente notificada el 11 de mayo del 2022 con el acta de audiencia y el auto correspondiente, así se tiene acreditado a fojas 4 pruebas documental que tiene el valor probatorio conforme lo señala el art. 173 del C.P.P.
Bajo este parámetro y notificaciones realizadas la ciudadana de nombre Enohe Yensi Rojas Oyola interpone recurso de apelación a dicho auto en fecha 12 de mayo del 2022, es decir haciendo un computo desde la notificación hacia la interposición del recurso de apelación, se encontraría dentro del plazo de 72 horas, situación jurídica que es admisible ya que es el mismo juez a quo también acepto dicho recurso de apelación por lo que para el suscrito vocal es admisible la situación jurídica en cuanto al recurso de apelación incidental opuesto por la citada ciudadana” (sic).
Ahora bien, de la lectura del acta de audiencia de 6 de mayo de 2022, se advierte que está consignada como presente la abogada Enohe Yensi Rojas Oyola; sin embargo, el accionante manifiesta que estaba ausente; lo que, detonó esta reclamación; consiguientemente, se puede entender que es un dato erróneo el señalado en la mencionada acta, dando por evidente que dicha representante de la víctima no había comparecido a la audiencia de modificación de medidas cautelares indicada. Sobre esa base, corresponde referir que dada la ausencia de la indicada víctima era necesaria su notificación con el Auto Interlocutorio de primera instancia, como lo exige el art. 162 del CPP citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, indicando que: “Salvo las notificaciones practicadas en audiencia y aquellas que deban practicarse personalmente, las partes serán notificadas, en sus respectivos buzones de notificaciones de ciudadanía digital”; en este caso, no fue practicada la notificación con la referida determinación en la audiencia de 6 de mayo de 2022, representante de la víctima en su calidad de denunciante; por lo que, se debía aplicar la segunda parte del aludido artículo; es decir, que se practique la notificación a la aludida ausente en su buzón de notificaciones de ciudadanía digital; por ello, el cómputo del plazo para su apelación no debía partir desde la fecha del mencionado verificativo, sino desde su diligenciamiento con el referido Auto Interlocutorio, que según el accionante y el Auto de Vista 114/2022 ahora cuestionado, data de 11 de mayo de 2022; por lo que, fenecía su plazo de apelación el 14 de dicho mes y año. En ese contexto, corresponde dilucidar si la víctima, apeló dentro de plazo de setenta y dos horas como prevé el art. 251 del CPP; al respecto, el Vocal demandado señaló que la referida víctima formuló ese recurso el 12 de mayo de 2022, por lo que dio por presentada su impugnación dentro de plazo; sin embargo, en audiencia de garantías la víctima proporcionó el dato de que esa impugnación fue practicada a través de buzón judicial el 13 de ese mes y año, habiéndose apersonado al día siguiente hábil -es decir, 16 del mismo mes y año-, ante -se entiende- el Juzgado de la causa, implicando ello que su recurso recién fue registrado esta última fecha. Asimismo, señaló: “…Al momento de presentarse mediante buzón judicial dentro de las certificaciones que prevé manifiesta toda vez que mi persona presentó el recurso de apelación el día viernes 13 de mayo del 2022 ahora 1555 está certificación debe ser presentada ante el juzgado o sala con la siguiente documentación la certificación de recepción es así que mi persona hizo uso de la certificación envío a través del [buzón] judicial en la cual el día hábil es decir que tiene 2 días para presentarse al momento de presentarse porque [ya a las] 5 de la tarde no se encuentran presentes los de la OGP [Oficina Gestora de Procesos], para la recepción ya dicha apelación mi persona se [apersona] el día siguiente hábil lunes 16 de mayo por eso es que tiene el registro de fecha de 16 de mayo (…) no haciendo valoración del certificado de recepción donde acredita de que se presentó en fecha 13 de mayo de 2022…” (sic). Ahora bien, el art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) prevé: “Artículo 110. (BUZÓN JUDICIAL). I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio”. En el presente caso, dados los hechos suscitados y lo dispuesto por la norma precedente, la representante de la víctima y también denunciante, si bien presentó su recurso en un día y hora hábil, situaciones para las cuales -inicialmente- no está previsto el buzón judicial, lo hizo en la previsión de que si se apersonaba a la unidad de recepción de memoriales ya no llegaba a que le reciban su memorial de impugnación, por la hora de cierre de su atención, entonces prefirió presentar aun en hora y día hábil, porque se comprende que en este caso, era insulso esperar al final de la jornada para que se considere como inhábil la hora de presentación o al sábado y domingo siguientes para que se haga la presentación digital en día inhábil, como dispone dicho artículo -en su numeral I-, pues la misma norma también considera los extremos de urgencia y de que se esté por vencer un plazo para la utilización de dicho medio telemático.
En ese contexto normativo, por un lado, se tiene claramente advertido que el recurso fue planteado en tiempo legal (13 de mayo de 2022); y, por otro su interpretación normativa -la de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni- que lo convierte en extemporáneo; sin embargo, ponderando los hechos, se cuenta la presentación efectiva que se hizo de forma virtual dentro de plazo; situación que, no se puede dejar de lado y por las circunstancias particulares de presentación del recurso de apelación objeto de esta acción de amparo constitucional, corresponde tenerlo como legal, pues del 11 de mayo de 2022 al 13 de dicho mes y año, no pasaron las setenta y dos horas de plazo para su interposición.
Ahora bien, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad de partes, a la “seguridad jurídica”, a la cosa juzgada, a la libertad y al acceso a la justicia; al respecto, dada la correcta aplicación de la norma realizada por el Vocal demandado, no se evidencia vulneración alguna al debido proceso, pues se respetaron los parámetros de presentación de memoriales previstos por la norma. Con relación a la denuncia de transgresión del derecho a la libertad, la misma no se halla dentro del ámbito de protección de la acción de amparo constitucional, sino de la acción de libertad; finalmente, con relación a los restantes derechos y cosa juzgada, más allá del correcto proceder del Vocal demandado, no existe argumentación alguna del accionante que las sostengan.
En ese marco, la decisión asumida por el mencionado Vocal fue correcta, cuando dio por presentada dentro de plazo legal el recurso de apelación de la representante de la víctima. Consiguientemente, siendo el objeto de cuestionamiento de esta acción de tutela que se haya considerado dentro de plazo la presentación de dicha apelación, y desvirtuada la teoría del impetrante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 77/2022 de 18 de julio, cursante de fs. 47 a 55 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0995_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): fb5ba7633701a10c488132de2756762def8849fa20e234194fcad801513eb947
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →