B.IA.LEGAL

SCP 0994/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 23 de junio de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
23 de junio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
68891-2024-138-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación, así como a sus derechos políticos, “de recurrir de la resolución”, a la certeza y certidumbre frente a decisiones judiciales y a la aplicación objetiva de la ley; así como, a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; puesto que, la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 de 14 de mayo, emitida por los entonces Vocales hoy accionados, que declararon improcedente su recurso extraordinario de revisión, contiene fundamentos equivocados porque: i) El recurso no fue interpuesto de manera extemporánea; ya que, recién conoció la ilegalidad el 27 de marzo de 2024; ya que, nunca existió ninguna concentración de la Falange Socialista Boliviana que autorizó el cambio de nombre, sigla o color; lo que, configura un documento de reciente obtención; ii) Afirman que carece de legitimación activa para interponer el recurso extraordinario de revisión; por cuanto, fue expulsado del partido político, sin tomar en cuenta que dicha decisión fue revocada; en consecuencia, existe una apreciación sesgada de la prueba; y, iii) Los ex Vocales ahora accionados afirman que la petición no se encuentra dentro de los casos de procedencia estipulados por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 8 de agosto de 2024, cursante de fs. 154 a 158 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, bajo los mismos efectos dispuestos por el Juez de garantías, disponiendo además la inmediata habilitación sin trámite alguno del partido Falange Socialista Boliviana, reconociendo al accionante como su representante legal; aclarando que ésta concesión de tutela no afecta ni modifica los derechos de otros partidos políticos ya reconocidos. 2° La tramitación de las denuncias por quejas por incumplimiento y sobrecumplimiento indebidamente remitidas en revisión, cursantes en antecedentes (expediente principal y cuadernillo adjunto), deben ser devueltas a la autoridad remitente a los fines de que asuma las determinaciones pertinentes. 3° De acuerdo con las múltiples observaciones realizadas a la actuación del Juez de garantías, se llama la atención a Héctor Yabeta Alba, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, exhortándole a cumplir debidamente sus deberes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Acerca de la línea jurisprudencial de la interpretación de la legalidad ordinaria y el estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. El derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso.
  3. III.3. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
  4. III.4. El derecho a la impugnación como componente del debido proceso
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0994/2026-S1 Sucre, 23 de junio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 68891-2024-138-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12 de 8 de agosto de 2024, cursante de fs. 154 a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Otto Andrés Ritter Méndez contra Nelly Arista Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, Yajaira San Martín Crespo, Francisco Vargas Camacho y Tahuichi Tahuichi Quispe, ex Vocales del Tribunal Supremo Electoral.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 22 de julio de 2024, cursante de fs. 116 a 137, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 8 de febrero de 2024, solicitó al Tribunal Supremo Electoral, fotocopias legalizadas y certificaciones relativas a la personería jurídica de Falange Socialista Boliviana, recibiendo en repuesta el Oficio TSE-SC-EXT 0128/2024 de 14 de marzo, recepcionado el 27 de marzo de 2024. Con dicho documento se confirmó plenamente que la personería jurídica fue modificada ilegalmente, habiéndose efectuado el cambio de nombre, sigla, color y símbolos de manera absolutamente ilegal, correspondiendo la nulidad de pleno derecho. Consecuentemente, por la vía de recurso extraordinario de revisión, el 27 de marzo de 2024, solicitó la nulidad de las Resoluciones 046/2003 de 22 de julio y 48/87 de 30 de julio de 1987, debiendo restituirse la personalidad jurídica de la Falange Socialista Boliviana, bajo los argumentos desglosados y fundamentado en hechos irrefutables.

El 14 de mayo de 2024, el Tribunal Supremo Electoral, emitió la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 de 14 de mayo, decisión absolutamente ilegal, irrazonada, carente de fundamentación jurídica, contraria a la verdad con falsedades deliberadas y absolutamente inmorales. Previamente, aclara que el 14 de mayo de 2024, se desarrolló una audiencia de acción de amparo constitucional interpuesta por su persona contra los Vocales ahora accionados; puesto que, no se pronunciaron desde la interposición de su recurso y en dicho acto se declaró que hasta esa fecha su recurso no fue radicado; por lo que, se le concedió la tutela. El 16 de mayo de 2024, fue notificado con la radicatoria del expediente, y en menos de sesenta minutos se emitió la “Resolución” que adolece de fundamentación contradictoria y motivada, que afecta directamente el derecho al debido proceso y derechos fundamentales y en la que existe valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad, así como una incorrecta aplicación del ordenamiento normativo. En ese entendido, la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, declara improcedente su recurso extraordinario de revisión, porque supuestamente fue presentado de manera extemporánea; sin embargo, dicha impugnación se basa en la nulidad hasta el vicio más antiguo, cuando la situación recién fue conocida por su persona el 27 de marzo de 2024. En ningún momento alegó desconocer la Resolución 48/87, sino que desconocía su ilegalidad; por lo que, el Tribunal Supremo Electoral confunde causa con efecto. Así, mediante la Nota recibida el 27 de marzo de 2024, se enteró que nunca existió ninguna concentración de la Falange Socialista Boliviana que hubiese autorizado el cambio de nombre, sigla y color, siendo esta un documento de reciente obtención. Al ser el referido Tribunal un Órgano de poder, la documentación emitida por éste hace plena prueba, conforme dispone el art. 1296 del Código Civil (CC). Asimismo, se encuentran ante una transgresión flagrante del art. 35.I incs. c) y d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-. Por lo tanto, la Resolución 48/87 es nula de pleno derecho por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para realizar los cambios efectuados; y, la Resolución 046/2003 deviene también a ser nula; por ser, un acto sucesivo que cancela la personería. El art. 552 del CC., prevé que la acción de nulidad es imprescriptible, norma civil aplicable a materia administrativa; por cuanto, la nulidad no produce efectos jurídicos; por lo que, ni siquiera la prescripción puede subsanarla. Se encuentran ante una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad, equidad y una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico; ya que, más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo vulnera derechos y garantías constitucionales, por no haberse aplicado correctamente la valoración probatoria se reconocería que nunca se notificó a ningún personero de la Falange Socialista Boliviana, ilegalidad confirmada por el propio Tribunal Supremo Electoral al señalar: “…evidencian que la FSB tenía vigencia y vida orgánica activa de forma simultánea a la existencia del Partido político cuya personalidad jurídica es reconocida por la Resolución N° 48/87 de 30 de julio de 1.987, de la cual se pretende su nulidad” (sic). La Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 refiere que carece de legitimación activa para interponer el recurso extraordinario de revisión; puesto que, en antecedentes cursa la Sentencia de 4 de mayo de 2001, emitida por el Tribunal de Honor de la Falange Socialista Boliviana; en la cual, se decreta su expulsión pública con pérdida total de derechos; sin embargo, no dan cuenta que sobre aquella determinación interpuso Recurso de Queja ante la Corte Nacional Electoral, que emitió la Resolución 212/2001 de 23 de noviembre, que declaró probado el Recurso de Queja, por existir vicios procedimentales y la nulidad de la referida Sentencia; por lo que, la resolución del Tribunal Supremo Electoral se fundamenta en una falsedad o una verdad a medias; por lo tanto, no existe congruencia en la Resolución impugnada. La Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 indica que su reclamo no se encuentra dentro de los casos de procedencia señalados por el art. 217 de la Ley del Régimen Electoral (LRE) -Ley 026 de 30 de junio de 2010-, tratando de negar sus propias resoluciones o ignorar sus propios actos, vulnerando con ello el principio de impugnación previsto por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y la SCP 0258/2024-S3 de 24 de mayo. Además, el propio Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, en su art. 13.V prevé que las resoluciones sobre cancelación de personalidad jurídica que emita el Tribunal Supremo Electoral son de única instancia, inapelables y sólo admiten el recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley de Régimen Electoral.

I.1.2. Derechos garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación, así como a sus derechos políticos, “de recurrir de la resolución”, a la certeza y certidumbre frente a decisiones judiciales y a la aplicación objetiva de la ley; así como, a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; citando al efecto los arts. 13, 14.IV, 26, 115, 119 y 180.I de la CPE; 8.2 inc. h), 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 de 14 de mayo; y, b) Se ordene a las autoridades ahora accionadas emitan una nueva resolución resolviendo el recurso extraordinario de revisión en el fondo, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas, aplicando los principios de restitutio in integra y de verdad material.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 8 de agosto de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 149 a 153 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Francisco Vargas Camacho, Tahuichi Tahuichi Quispe, Nelly Arista Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, Gustavo Ávila Mercado y Yajaira San Martín Crespo, los entonces Vocales del Tribunal Supremo Electoral, en audiencia manifestaron que: 1) Con carácter previo al inicio de la audiencia, solicitó que el Juez de garantías, aclare por qué asumió competencia del amparo constitucional, si el domicilio del accionante es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y del Tribunal Supremo Electoral se encuentra en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; ante lo cual, el accionante respondió que, por razones personales, tiene su domicilio en la localidad de Aguas Calientes del municipio de Roboré del departamento de Santa Cruz; 2) El objeto de la acción de amparo constitucional versa sobre la resolución del recurso extraordinario de revisión; y a partir de ello, la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, versa sobre dos elementos relevantes; 3) En primer lugar, el procedimiento para resolver ese tipo de recursos, se encuentra previsto por el art. 217 de la LRE, que establece los requisitos mínimos requeridos para la admisión; sin embargo, las impugnaciones presentadas datan de hace más de veinte años y el procedimiento se aplica cuando se descubran nuevos hechos prexistentes o se demuestren con elementos de reciente obtención que fue dictada de manera errónea; además que, la norma establece cuáles son los casos en los que se puede interponer el recurso extraordinario de revisión; por lo que, se podrá advertir de la lectura de la acción tutelar, que no se acreditó de manera fehaciente hechos nuevos ni preexistentes posteriores a las resoluciones impugnadas que demuestren que las mismas fueron dictadas erróneamente; 4) En el momento en que se dieron los hechos, los miembros del partido Falange Socialista Boliviana, tenían la oportunidad de reclamar en tiempo hábil y oportuno alguna disconformidad; 5) El recurso extraordinario de revisión debe ser planteado en el plazo perentorio de cinco días posteriores a la notificación de la resolución y la Resolución 48/87, fue debidamente notificada conforme se puede extraer de la página web del Órgano Electoral; por lo que, dicha decisión fue de conocimiento público en su momento y de la misma manera la Resolución 046/2003, conforme indican el Informe de Secretaría de Cámara 61/”2023” de 4 de julio y varios otros aspectos analizados; elementos que denotan la notificación de los personeros del partido Falange Socialista Boliviana, cumpliéndose con el art. 46 de la Ley de Partidos Políticos -Ley 1983 de 25 de junio de 1999-, que establecía que las resoluciones de cancelación de los partidos políticos tenían que darse a conocer a esas organizaciones, como sucedió; y por otro lado, fue publicado en la Gaceta de la Corte Nacional Electoral el 1 de agosto de “2023”.En consecuencia, el argumento del accionante de que recién tomó conocimiento de esas resoluciones no tiene fundamento alguno; 6) La segunda condicionante del recurso extraordinario de revisión es que será interpuesto cuando existan hechos nuevos y en este caso no se han establecido cuáles son esos hechos, tampoco existe prueba fehaciente sobre hechos preexistentes, ni prueba alguna de que la solicitud se enmarca en los cinco casos previstos en la Ley del Régimen Electoral; y, 7) Conforme con lo anterior, no se ha cumplido con el plazo previsto por el art. 218 de la LRE; por lo tanto, la acción es extemporánea.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12 de 8 de agosto de 2024, cursante de fs. 154 a 158 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) La nulidad de la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 de 14 de mayo, pronunciada por el Tribunal Supremo Electoral, disponiendo que dicha entidad emita una nueva decisión apegada a las garantías del debido proceso en los elementos de fundamentación, motivación y congruencia; ii) El Tribunal Supremo Electoral, dentro de las atribuciones y competencias conferidas por ley, debe hacer conocer al accionante cuando resuelva su petición; y, iii) Sin costas ni costos por ser excusable. Bajo los siguientes fundamentos: a) Para la procedencia de la acción de amparo constitucional se deben reunir tres requisitos formales y elementales: el principio de inmediatez, que se observa en el presente caso; por cuanto, el ahora accionante fue notificado con la Resolución el 14 de marzo de 2024; el principio de subsidiariedad; por cuanto, no se tiene otra forma de impugnación más que la acción tutelar; y, la legitimación es acreditada, el accionante es representante de un partido político, como es la Falange Socialista Boliviana; b) La Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, debe reunir las garantías del debido proceso en motivación, fundamentación y congruencia, conforme determina la SCP 0567/2012 de 20 de julio; y, c) La “Resolución 0128/2024”, no reúne las garantías del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, siendo evidente la vulneración de los derechos alegados, porque se debe dar la satisfacción al justiciable, cumpliendo con la fundamentación, motivación y congruencia que debe tener toda resolución judicial o administrativa, más aun si en el presente proceso no se cumple con lo señalado.

En vía de aclaración, complementación y enmienda, la representante legal del Tribunal Supremo Electoral, solicitó al Juez de garantías que se les informe cuáles son los hechos que se advierten como nuevos o que son prexistentes que demostrarían la procedencia del recurso extraordinario de revisión. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, señaló que dejó sin efecto la Resolución impugnada y no puede expresarse con relación a las atribuciones y competencias del Tribunal Supremo Electoral.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Auto Constitucional (AC) 083/2025-CA/S de 14 de febrero, cursante de fs. 230 a 233, ante la solicitud efectuada por Otto Andrés Ritter Méndez -accionante-

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 13 de marzo de 2026, cursante a fs. 252, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 19 de junio del citado año, cursante a fs. 256; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta copia legalizada de la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 de 14 de mayo, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, que declaró: “…IMPROCEDENTE el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por Otto Andrés Ritter Méndez contra las Resoluciones N° 048/87 y 46/2003, emitidas por la ex Corte Nacional Electoral” (sic [fs. 5 a 8]). II.2. Cursa memorial presentado el 27 de marzo de 2024, ante el Tribunal Supremo Electoral por Otto Andrés Ritter Méndez -ahora accionante-por la vía del recurso extraordinario de revisión, solicitando la nulidad de la Resolución 48/87 de 30 de julio de 1987 y de la Resolución 46/2003 de 22 de julio, ambas dictadas por la ex Corte Nacional Electoral; por consiguiente, la restitución de la personalidad jurídica de la Falange Socialista Boliviana (fs. 12 a 19). II.3. Consta fotocopia de la Resolución 046/2003 de 22 de julio, emitida por la Sala Plena de la -entonces- Corte Nacional Electoral, que fundamenta en su CONSIDERANDO los siguientes puntos: “Que de conformidad con el Art. 45 de la Ley de Partidos Políticos,procede la cancelación de la personalidad jurídica y registro debe disponerse mediante Resolución de Sala Plena de la Corte Nacional Electoral por dos tercios de votos del total de sus miembros, debiendo tramitarse de acuerdo con el procedimiento establecido por el Capítulo Undécimo de la Ley de Partidos Políticos, correspondiendo a la Corte proceder de oficio en los casos previstos en los párrafos II, III y V del Art. 44 de la referida Ley. Que dentro del plazo previsto legalmente, el partido político ‘FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA’ no dio cumplimiento al mandato legal precedentemente señalado, tal como se acredita por el informe N° 61/2003 de Secretaría de Cámara y por lo expuesto por los propios representantes de dicho partido en la audiencia pública realizada en la fecha” (sic). De acuerdo con ello, la parte dispositiva resuelve: “Primero: Cancelar la personalidad jurídica del partido político ‘FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA’ y disponer que por Secretaría de Cámara se proceda a la cancelación del registro así como de la nómina de dirigentes y delegados ante la Corte Nacional Electoral. Segundo: Instruir a Secretaría General a que proceda a la publicación de la presente Resolución tanto en la Gaceta Oficial Electoral como en un medio de prensa de circulación nacional” (sic [fs. 55 a 56]). II.4. Cursa fotocopias de la Gaceta Oficial Electoral “Nº 11” de 2003, correspondiente a las Resoluciones emitidas de julio a diciembre del referido año, en cuyo contenido cursa la Resolución 046/2003, previamente desglosada (fs. 72 a 74). II.5. Por fotocopia de la Resolución 48/87 de 30 de julio de 1987, se tiene que la Sala Plena de la entonces Corte Nacional Electoral, en atención al oficio presentado por David Añez Pedraza, representante legal del partido político “Falange Socialista Boliviana”, solicitó cambio de nombre, siglas, símbolo y color, presentando la nueva denominación de la organización y demás requisitos; por lo que, se dispuso: 1) Reconocer la personalidad jurídica del partido Político Movimiento Al Socialismo Unzaguista (MAS-UNZAGUISTA); 2) Disponer el registro de su declaración de principios, programa de gobierno y estatutos e inscribir su Directorio Nacional y domicilio; y, 3) Registrar su sigla MAS-UNZAGUISTA junto con los colores señalados y símbolo (fs. 75); y, en atención a la fotocopia de la Resolución 026/89 de 21 de febrero de 1989, la Sala Plena de la entonces Corte Nacional Electoral, a solicitud de parte interesada, ratificó la Resolución 48/87 de 30 de julio de 1987 (fs. 60). II.6. Cursa copia legalizada de la Resolución 212/2001 de 23 de noviembre, dictada por la entonces Corte Nacional Electoral, en el recurso de queja presentado por el accionante que en su parte -dispositiva en lo pertinente a esta resolución- indica: “SEGUNDO.- Declarar probado el recurso de queja presentado en fecha 15 de Junio de 2001, por existir vicios procedimentales que vulneran el derecho a la defensa y al debido proceso.

TERCERO.- Declarar la nulidad de la sentencia dictada en fecha 4 de Mayo de 2001 por el Tribunal de Honor de Falange Socialista Boliviana y del Decreto de Jefatura No. 004/01 de fecha 4 de junio de 2001 dictado por el Jefe Nacional de F.S.B. Dr. Rommel Pantoja Pantoja. En consecuencia, corresponde al Tribunal de Honor de Falange Socialista Boliviana, sustanciar un nuevo proceso con estricta sujeción a su ordenamiento interno” (sic [fs. 87 a 89]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación, así como a sus derechos políticos, “de recurrir de la resolución”, a la certeza y certidumbre frente a decisiones judiciales y a la aplicación objetiva de la ley; así como, a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; puesto que, la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 de 14 de mayo, emitida por los entonces Vocales hoy accionados, que declararon improcedente su recurso extraordinario de revisión, contiene fundamentos equivocados porque: i) El recurso no fue interpuesto de manera extemporánea; ya que, recién conoció la ilegalidad el 27 de marzo de 2024; ya que, nunca existió ninguna concentración de la Falange Socialista Boliviana que autorizó el cambio de nombre, sigla o color; lo que, configura un documento de reciente obtención; ii) Afirman que carece de legitimación activa para interponer el recurso extraordinario de revisión; por cuanto, fue expulsado del partido político, sin tomar en cuenta que dicha decisión fue revocada; en consecuencia, existe una apreciación sesgada de la prueba; y, iii) Los ex Vocales ahora accionados afirman que la petición no se encuentra dentro de los casos de procedencia estipulados por el art. 217 de la LRE, contradiciendo que la normativa indicada que cualquier determinación sobre la cancelación de la personalidad jurídica de un partido político admite el recurso extraordinario de revisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Acerca de la línea jurisprudencial de la interpretación de la legalidad ordinaria y el estándar jurisprudencial más alto; b) El derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso. Jurisprudencia reiterada; c) El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; d) El derecho a la impugnación como componentes del debido proceso; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. Acerca de la línea jurisprudencial de la interpretación de la legalidad ordinaria y el estándar jurisprudencial más alto

Respecto de la interpretación de la legalidad ordinaria, en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, señala que: “ Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales…”.

Dicho razonamiento, fue posteriormente complementado, como en la SC 0718/2005-R de 28 de junio que señaló: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional verificar si en la labor interpretativa desarrollada por la jurisdicción ordinaria se cumplieron con los requisitos de interpretación admitidos por el derecho y el juez o tribunal intérprete se ha sujetado al sistema de valores y principios que sustentan el sistema constitucional boliviano, para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional. No debe olvidarse que el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión ” ( las negrillas nos corresponden). En otras palabras, añadió a la parte peticionante de tutela constitucional, una carga argumentativa a la solicitud de revisión de la interpretación de legalidad ordinaria, estableciendo con ello un requisito para el examen de fondo, definido como autorestricción, criterio uniformemente asumido en múltiples fallos.

En la vigencia de la -en ese entonces- nueva Constitución Política del Estado, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, recondujo el entendimiento a lo indicado en el primer fallo citado, suprimiendo cualquier requisito de carga argumentativa para la interpretación de la legalidad ordinaria, señalando que: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba (…) es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes…”. No obstante que esta reconducción de la línea jurisprudencial perdió visibilidad en el mar de resolución de causas; las que, mantuvieron la aplicación de la línea jurisprudencial más restrictiva, constituye el estándar jurisprudencial más alto a la luz de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, el cual debe ser aplicado para la resolución de causas.

III.2. El derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso.

Jurisprudencia reiterada

Respecto de la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso, la SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio establece que:“‘…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio)'. De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo. (…) De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho”. En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, indicó que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

III.3. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva

En la SCP 0017/2018-S2 de 28 de febrero, se desarrolló el siguiente fundamento: “El derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, conforme lo entendió la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa.

En ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece tres elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia:

1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

A lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refiere que en el ámbito procesal, debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales de manera más favorable, que asegure una justicia material por encima de una formal.

Finalmente, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, sobre la base de las SSCC 0944/2001-R, 0125/2003 y 1206/2010-R; y, la SCP 1450/2013 de 19 de agosto, entiende que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales -como componente del derecho a la tutela judicial efectiva- debe ser en la medida de lo determinado por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se lesiona el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva”.

III.4. El derecho a la impugnación como componente del debido proceso

El art. 180.II de la CPE, reconoce que: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, como un principio de la jurisdicción ordinaria; no obstante, esta previsión como parte integrante del debido proceso en tanto garantía, principio y derecho, no se limita a aquella rama de la justicia, sino que alcanza a todo proceso, definiéndose sus características de la siguiente manera: “…el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo al el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), estando previsto por las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Ley fundamental y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, responder a todos los agravios denunciados, al estar ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras” (SCP 0202/2023-S3 de 11 de abril, citando a la SCP 1322/2022-S3 de 28 de septiembre).

III.5. Análisis del caso concreto

Consideración previa Antes de ingresar a resolver el presente caso, corresponde abordar un aspecto incidental que se presentó en la tramitación de la causa, posterior a la emisión de la Resolución 12 de 8 de agosto de 2024, dictada por el Juez de garantías. En primer lugar, se adjunta un cuadernillo de fs. 120 a los antecedentes del expediente 68891-2024-138-AAC -que ahora se examina-, y dicha documental comprende la tramitación de la “Queja por desobediencia de resolución emanada de la acción de amparo constitucional” de 6 de noviembre de 2024, interpuesta por el accionante en contra de los entonces Vocales hoy accionados, denunciando la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 069/2024 de 19 de septiembre, emergente de lo resuelto en la acción de amparo constitucional interpuesta, requiriendo su nulidad y se emita nueva decisión que restituya la personería jurídica de la Falange Socialista Boliviana (fs. 43 a 53 del cuadernillo adjunto). Ahora bien, dentro del cuadernillo referido, el Juez de garantías, conforme los arts. 16 y 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo), otorgó a la denuncia interpuesta (fs. 43 a 52 del cuadernillo adjunto) la tramitación de queja por incumplimiento, disponiendo el traslado a los fines del informe correspondiente (fs. 54 y vta., del cuadernillo adjunto). Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2024, cursante de fs. 70 a 71 del cuadernillo adjunto, Oscar Abel Hassenteufel Salazar, el entonces Presidente del Tribunal Supremo Electoral rechazó los fundamentos de la denuncia. En consecuencia, por Resolución 19 de 21 de noviembre de 2024 (fs. 72 a 75 vta., del cuadernillo adjunto), el Juez de garantías declaró ha lugar la queja interpuesta, disponiendo que se expida una nueva resolución.

Posteriormente, por memorial interpuesto el 31 de enero de 2025 (fs. 99 a 100 y vta. del cuadernillo adjunto), Francisco Vargas Camacho, entonces Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral hoy accionado presentó queja por sobrecumplimiento respecto de la determinación de 21 de noviembre de 2024. Al respecto, por decreto de la misma fecha, el Juez de garantías determinó remitir los antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 101 del cuadernillo adjunto). Finalmente, se encuentra en antecedentes el memorial de 28 de enero de 2025 (fs. 199 a 200 vta. del expediente principal), presentado por Francisco Vargas Camacho, entonces Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral ahora accionado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; por medio del cual, solicita pronto pronunciamiento sobre el caso y además denuncia sobrecumplimiento bajo los mismos términos que interpuso ante el Juez de garantías. Por decreto constitucional de 31 de enero de 2025, el Magistrado Presidente de la Comisión de Admisión, acerca de las quejas interpuestas dictó lo siguiente: “…corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional el conocimiento de las quejas por incumplimiento o sobrecumplimiento de las decisiones dictadas por los jueces o tribunales de garantías cuando estas alcanzan calidad de cosa juzgada constitucional, previo cumplimiento del trámite establecido por el ACP 0049/2017-O de 24 de octubre; y, en el presente caso, la decisión de primera instancia no alcanzó dicha condición, puesto que la causa se encuentra en turno aguardando sorteo; en consecuencia, no corresponder atender lo solicitado en el memorial que antecede” (sic). A partir de lo desglosado anteriormente, no corresponde un pronunciamiento por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional acerca de las quejas interpuestas, en tanto el procedimiento aplicado por el Juez de garantías no es el adecuado para solucionar las pretensiones de queja por incumplimiento y sobrecumplimiento que le fueron planteadas. Entiéndase que el decreto constitucional de 31 de enero de 2025, emitido en Comisión de Admisión, aclaró que la causa aún no se encontraba sorteada; por lo que, no correspondía su atención, remitiéndose en contenido al ACP 0049/2017-O; y en dicho fallo, el fundamento jurídico que establece el procedimiento de las quejas o denuncias por incumplimiento o demora en la ejecución de sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada constitucional en acciones de defensa, adicionalmente señala lo siguiente: “El procedimiento establecido supra, no es aplicable a la ejecución de fallos pronunciados en primera instancia; es decir, por expresa determinación del art. 129.V de la Constitución Política del Estado (CPE), los fallos pronunciados por los jueces y tribunales de garantías, en el conocimiento de casos específicos, son de cumplimiento y ejecución inmediata; en consecuencia, el incumplimiento o la demora en la ejecución de fallos de primera instancia, conlleva a la adopción de mecanismos previstos por el art. 17 del CPCo, en cuyo mérito el juez o tribunal de garantías, tiene las facultades para adoptar todas las medidas necesarias a fin de hacer cumplir sus determinaciones; por lo que, el procedimiento establecido en el AC 0006/2012-O de 5 de noviembre, y complementado en el presente Auto Constitucional, es únicamente aplicable a incidentes suscitados en ejecución de sentencia y sobre sentencias con calidad de cosa juzgada constitucional, conforme determina el art. 16.I del CPCo” (el subrayado es nuestro). A partir de la jurisprudencia vinculante indicada, es evidente que el Juez de garantías, implementó un procedimiento impertinente a la situación en la que se encontraba el proceso; puesto que, era de su conocimiento la fecha en la que presentó la denuncia por incumplimiento (6 de noviembre de 2024), cuando el caso ni siquiera fue remitido en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional; lo cual, recién se cumplió el 18 de noviembre de 2024, según el sello de recepción de la empresa de Courier (fs. 198 del expediente principal); entonces, al encontrarse aún dentro su tuición el caso, bajo ningún criterio la denuncia de incumplimiento podía ser tramitada según el procedimiento previsto para reclamar el incumplimiento de un fallo en que concurra la cosa juzgada constitucional, debiendo aplicarse; por ende, la tramitación señalada en el extracto de jurisprudencia previamente transcrito; falencia que el juzgador indebidamente cometió e incluso, cuando la contraparte reclamó el sobrecumplimiento, su pretensión fue ignorada por el Juez de garantías, elevando -se reitera- indebidamente los antecedentes en revisión ante este Tribunal. En conclusión, las quejas interpuestas, en cumplimiento estricto de la norma y la jurisprudencia, tendrían que ser devueltas al Juzgado de origen a fin de que proceda conforme los fundamentos explicados; no obstante, bajo los principios procesales de dirección del proceso, impulso de oficio y no formalismo, se deberán devolver los actos para su corrección conjuntamente la presente decisión, emitida en revisión de la Resolución 12 de 8 de agosto de 2024, emitida por el Juez de garantías respecto de la tutela solicitada. Análisis El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación, así como a sus derechos políticos, “de recurrir de la resolución”, a la certeza y certidumbre frente a decisiones judiciales y a la aplicación objetiva de la ley; así como a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; por cuanto, la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 de 14 de mayo, dictada por los entonces Vocales del Tribunal Supremo Electoral hoy accionados, que declaró improcedente su Recurso Extraordinario de Revisión, contiene fundamentos equivocados porque: 1) El recurso no fue interpuesto de manera extemporánea, dado que recién conoció la ilegalidad el 27 de marzo de 2024; puesto que, nunca existió ninguna concentración de la Falange Socialista Boliviana que autorizó el cambio de nombre, sigla o color; lo que, configura un documento de reciente obtención; 2) Los Vocales ahora accionados afirman que carece de legitimación activa para interponer el Recurso Extraordinario de Revisión; por cuanto, fue expulsado del partido político, sin tomar en cuenta que dicha decisión fue revocada; en consecuencia existe una apreciación sesgada de la prueba; y, 3) Los ex Vocales ahora accionados afirman que, la petición no se encuentra dentro de los casos de procedencia estipulados por el art. 217 de la LRE, contradiciendo que la normativa establece que cualquier determinación sobre la cancelación de la personalidad jurídica de un partido político admite el recurso extraordinario de revisión. Planteada la problemática propuesta por el accionante, debe precisarse que principalmente denuncia la vulneración del debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación; por cuanto, la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 -presuntamente- incurre en los errores que identifica, vulnerando con ello los demás derechos enunciados. Ahora bien, se aclara respecto a la presunta vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso, que este Tribunal no tutela principios de forma directa, siendo necesaria su vinculación con derechos y garantías constitucionales, condición que no se advierte en el presente caso; por lo que, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. Continuando sobre los motivos de la acción de amparo constitucional, el accionante rebate los fundamentos expuestos por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral en la decisión que resolvió su recurso extraordinario de revisión, a partir de lo cual se debe entender que la declaratoria de improcedencia de la pretensión constituye en sí una forma de resolución que exime a la autoridad judicial o administrativa a resolver lo presentado a su conocimiento, ante el incumplimiento de requisitos que permitan el pronunciamiento de fondo, en este caso, por los motivos que indica la decisión. En ese entendido, la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, en su análisis del caso concreto, señala textualmente: “…antes de ingresar en cualquier consideración de fondo, salta a la vista un problema jurídico de orden procesal, referido al plazo y a las condiciones de admisibilidad del Recurso Extraordinario de Revisión planteado por el señor Otto Andrés Ritter Méndez” (sic); y a la conclusión de éste análisis, luego de desestimar la causa por los motivos que se señalarán más adelante, definen que: “…en aplicación del párrafo segundo del artículo 218 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, sin ingresar en ninguna consideración de fondo, y sin mayor fundamentación ni trámite, corresponde declarar la improcedencia del Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el señor Otto Andrés Ritter Méndez” (sic [las negrillas nos corresponden]). Ahora bien, a los fines de resolver la acción tutelar interpuesta, una primera consideración al respecto, es que la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, en ningún momento consideró la condición del recurrente, que es un adulto mayor, quien merece un trato diferenciado por pertenecer a un grupo vulnerable; motivo por el cual, en el presente caso, incluso se dispuso el adelanto de sorteo y resolución pronta de la causa (AC 083/2025-CA/S de 14 de febrero [acápite I.3 del presente fallo]). La doctrina constitucional de protección reforzada de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, fue mencionada en la SCP 0116/2021-S1 de 1 de junio -entre otras-, desarrollando el siguiente entendimiento: “Al respecto, en la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, se reconoce que el fundamento de dicha protección reforzada se halla en la múltiple dimensión de la igualdad, reconocida constitucionalmente como valor, principio, derecho y garantía. Se afirma que el principio de igualdad formal se encuentra conciliado, complementado y compatibilizado con el de la igualdad material, que busca la igualdad efectiva mediante el trato desigual a los desiguales, y se encuentra constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva o que disciplina políticas o acciones afirmativas a favor de personas, que forman parte de grupos en desventaja para buscar el equilibrio con la población en general, como es el caso de las mujeres embarazadas y discapacitados. En el fallo que se examina, también se precisa que de la conciliación, complementación y complementariedad de la igualdad en sus vertientes formal y material, nacen dos funciones: a) La primera, obliga al Estado a través de sus órganos en sus respectivos roles, a otorgar un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes; así, al legislador ordinario, a dictar normas de desarrollo de discriminación positiva; al ejecutivo, a realizar políticas públicas a través de acciones afirmativas o acciones positivas; y, a los jueces, a proferir jurisprudencia que potencie el principio de igualdad material a través de una interpretación progresista, extensiva, libre de formalismos, a partir de los criterios y métodos de interpretación, constitucionalizados como los de favorabilidad, favor debilis y pro hómine; y, b) La segunda, es configurar un auténtico derecho subjetivo de las personas pertenecientes a estos colectivos tradicionalmente discriminado, a recibir un trato jurídico desigual y favorable en determinados casos, con la finalidad de conseguir su equiparación social, precisamente a través de medidas normativas, políticas públicas y jurisprudenciales” (las negrillas nos corresponden). Entonces, para resolver el presente caso, debe aplicarse el principio de favorabilidad y la desigualdad del accionante frente a otras personas, por ser un adulto mayor, quien merece un trato especial por parte del Estado; criterio que necesariamente tuvo que ser acatado por el Tribunal Supremo Electoral. Dentro de ese marco, acerca de la extemporaneidad señalada en la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, presenta los antecedentes de las resoluciones impugnadas, concluyendo de ello que el recurrente ahora accionante: “…habría tomado conocimiento de las resoluciones ahora impugnadas en 26 de marzo de 2024 y por consiguiente su recurso se encontraría dentro del plazo establecido en el artículo 218 de la Ley N° 026. Al respecto, la nota con CITE TSE -SC-EXT N° 0128/2024 de 14 de marzo de 2024 citada por Otto Ritter Méndez que califica como el acto por el que ha tomado conocimiento de las Resoluciones ahora impugnadas y que considera como plazo de inicio para computar el plazo del Recurso Extraordinario de Revisión únicamente es una nota que responde a una solicitud de 8 de febrero de 2024 y reiterada el 13 de marzo de 2024, en el marco del derecho de petición que corresponde a todo ciudadano, por lo que no puede ser tomada en cuenta como una notificación o acto procesal similar, pues los actos procesales de notificación con las resoluciones ahora impugnadas fueron efectuados oportunamente y a los legitimados en el año 1987 y 2003” (sic); desestimando por extemporánea la pretensión únicamente en consideración a la obtención de copias legalizadas solicitadas, y de la misma manera, en el informe presentado, los entonces Vocales hoy accionados señalan que los miembros de la Falange Socialista Boliviana “…tenían la oportunidad de reclamar en tiempo hábil y oportuno alguna disconformidad…” (sic); sin embargo, en la Resolución ahora confutada, también se indica que no había motivo; por el que, deba notificarse a Otto Andrés Ritter Méndez accionante, ello para justificar la ausencia de legitimación. Además de la jurisprudencia constitucional referida respecto a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, también debe considerarse la jurisprudencia emitida con relación al principio de verdad material, como en la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, establece que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez” (las negrillas nos pertenecen). La Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, amparada en los arts. 217 y 218 de la LRE, desestima la solicitud efectuada por el accionante, indicando que las respuestas constituyan una “notificación o acto similar”; sin embargo, no responde en definitiva a los propuesto en el recurso interpuesto, toda vez que en el memorial (Conclusión II.2.), el recurrente refiere en su exposición de hechos (particularmente en los puntos 8 y 13), aclaraciones respecto a la legitimación y el procedimiento que debió seguirse, reclamando la falsedad de los actuados; aspectos que, simplemente fueron desestimados por el Tribunal Supremo Electoral por la formalidad del plazo de interposición, al no considerar ninguno de los argumentos del recurrente, sin responder aquellas proposiciones en concreto una a una. Entonces, se verifica ausencia de fundamentación y motivación a la respuesta del recurso, que responda al principio de verdad material y a la condición de adulto mayor del recurrente. En cuanto a la legitimación activa resuelta por la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, se tiene que el argumento; por el que, se declara que el accionante no cuenta con legitimación activa, es que hubiere sido expulsado de la organización política en 2001; por lo tanto, no tendría facultad alguna para interponer el recurso extraordinario de revisión; sin embargo, como señala el nombrado, recurrió de aquella decisión en su momento, la cual fue favorablemente acogida, revirtiendo aquella expulsión. En la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, el punto II.2.2, acerca de la condición del recurrente, señala que: “Cursa en antecedentes la Sentencia de 4 de mayo de 2001 emitido por el Tribunal de Honor del entonces partido político Falange Socialista Boliviana (…) Esta sentencia fue puesta en conocimiento de la entonces Corte Nacional Electoral el 7 de mayo de 2001. Mediante Resolución N° 123/2001 de 24 de julio de 2001 la Sala Plena de la entonces Corte Nacional Electoral resolvió autorizar a Rommel Pantoja Pantoja como nuevo Jefe Nacional de Falange Socialista Boliviana y de Roberto Roca Lea Plaza como Secretario General del nombrado partido político. Estos aspectos también demuestran que las Resoluciones ahora impugnadas, no correspondían ser notificados al recurrente Otto Andrés Ritter Méndez, por carecer de legitimación” (sic [las negrillas nos corresponden]). Conforme con lo indicado, si la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, extrajo de los antecedentes del caso la determinación de expulsión del accionante, para con ello determinar ausencia de legitimación para recurrir de las resoluciones impugnadas, surge la interrogante de por qué motivo no se consignó que aquella determinación fue revocada por una instancia superior, puesto que el accionante adjunta a la acción interpuesta y que tendría que necesariamente también constar en los antecedentes del Órgano Electoral Plurinacional, fotocopia legalizada por el Secretario General del Tribunal Supremo Electoral el 3 de julio de 2024, de la Resolución 212/2001 de 23 de noviembre, que en el punto tercero de la parte resolutiva dicta: “Declarar la nulidad de la sentencia dictada en fecha 4 de Mayo de 2001 por el Tribunal de Honor de Falange Socialista Boliviana y del Decreto de Jefatura No. 004/01 de fecha 4 de junio de 2001 dictado por el Jefe Nacional de F.S.B. Dr. Rommel Pantoja Pantoja. En consecuencia, corresponde al Tribunal de Honor de Falange Socialista Boliviana, sustanciar un nuevo proceso con estricta sujeción a su ordenamiento interno” (sic [Conclusión II.6.]).

En este punto, se verifica una errónea fundamentación y motivación respecto del argumento de ausencia de legitimación del recurrente; ya que, se demostró una omisión dentro de las consideraciones de la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, que en parte dio lugar a la decisión de improcedencia, criterio que constatado con la documental referida no es evidente o cierto, pues si, el accionante fue expulsado del partido político, también fue restituido a aquella organización política, sin que conste otro elemento en contrario de data posterior; por ello, el criterio para determinar que no se contaba con la legitimación necesaria es inadecuado. En consecuencia, corresponde conceder la tutela acerca de este reclamo, al existir una ausencia de fundamentación y congruencia en el proceso, así como omisión valorativa de los antecedentes que debieran cursar en el Órgano Electoral Plurinacional, a los fines de establecer con certeza la legitimación del recurrente -accionante-. Por otro lado, acerca de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, indica que el mecanismo interpuesto por el accionante no se enmarca en los casos previstos por el art. 217 de la LRE, enumerando una a una las cuestiones previstas en la referida norma.

De acuerdo con las citas de jurisprudencia constitucional indicadas en los Fundamentos Jurídicos III.3. y III.4., del presente fallo, los derechos a la tutela efectiva y a la impugnación, involucran no sólo acceder a la jurisdicción, sino lograr un pronunciamiento de ella; y en su caso, impugnarla ante una instancia superior, omitiendo rigorismos excesivos o formalidades desmedidas, en atención al principio pro actione. El accionante, por su parte, reclama que el propio Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, en su art. 13.V la LRE prevé que: “Las resoluciones sobre cancelación de personalidad jurídica que emita el Tribunal Supremo Electoral son de única instancia, inapelables y sólo admiten el recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley Nº 026”. Bajo una interpretación favorable de las normas y tanto armónica como integral del ordenamiento jurídico vigente en el ámbito electoral, no pueden restringirse las causales previstas por el art. 217 de la LRE a sólo lo expresamente establecido en el texto; puesto que, la generalidad con la que fueron formuladas debe precisamente permitir que diversas situaciones no previstas o concebidas en el momento de la producción normativa puedan ser conocidas a través del recurso extraordinario de revisión por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral; así por ejemplo, al referirse la citada disposición a “controversias de organizaciones políticas”, ello comprende una amplia gama de situaciones que podrían ser consideradas como controversias, como podría ser el caso de lo denunciado por el accionante, aún más considerando que, como correctamente afirma, es un Reglamento de la entidad electoral el que prevé que las decisiones sobre la cancelación de la personalidad jurídica de una organización política son: “…inapelables y solo admiten el recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley N° 026”. De acuerdo con la garantía general del debido proceso en su elemento del derecho a la impugnación y el carácter progresivo de los derechos fundamentales, previsto por el art. 13.I de la CPE, esos elementos constitutivos, no tienen un carácter meramente enunciativo, sino que constituyen un mecanismo para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Así, los arts. 8.2. inc.h) y 25 de la CADH, consagró el “derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior”, como elemento de una garantía judicial mínima; norma que es complementada con el reconocimiento del derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, prescrito, cuya denominación jurídica es “protección judicial”. La interpretación favorable e integral de estas normas determinan que el criterio para establecer la improcedencia por no encontrarse lo pedido en los alcances del art. 217 de la LRE, dictada en la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024, no es adecuada y vulnera los derechos del accionante, entendiéndose que un reclamo acerca de la cancelación de la personería jurídica de un partido político sí puede ser considerada dentro de los casos previstos por el art. 217 de la LRE. En síntesis, se ha verificado la vulneración de los derechos a la tutela efectiva, al debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación y a recurrir de la resolución, en tanto la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024 resulta contradictoria en algunos de sus fundamentos, así como insuficiente en otros, además de omitir considerar tanto antecedentes del caso necesarios para el pronunciamiento como la propia condición del accionante, impidiéndole conseguir una respuesta en segunda instancia que sea satisfactoria a lo que reclama. Por lo tanto, corresponde conceder la tutela, bajo los mismos términos que dictó el Juez de garantías. Otras consideraciones No puede pasarse por alto varias actuaciones del Juez de garantías. Inicialmente, en la audiencia de 8 de agosto de 2024, ante el cuestionamiento de la representación de los entonces Vocales del Tribunal Supremo Electoral hoy accionados, acerca de su competencia por el domicilio, el Juez señaló: “…el suscrito Juez hoy constituido en tribunal de garantía constitucionales no es investigador para verificar si el accionante vive o no vive en la Localidad de Robore…” (sic). Afirmación impertinente en tanto toda autoridad jurisdiccional, incluidas aquellas que asumen el manto de Juez o Tribunal de garantías constitucionales, tienen como uno de sus primeros deberes el de verificar su competencia como un elemento de inicial y particular cuidado antes de asumir el conocimiento de una causa, para emitir una decisión conforme con el debido proceso. Por otro lado, del análisis de la Resolución 12 de 8 de agosto de 2024, emitida por el Juez de garantías, de manera contraria al deber de fundamentación y motivación señalado en el Fundamento Jurídico III.2., del presente fallo constitucional, concedió la tutela sin señalar el motivo de la misma o justificar de alguna manera su decisión, simplemente indicando sin argumentación alguna que la Resolución impugnada carecería de fundamentación, e incluso confundiendo las determinaciones sobre las que basó su análisis, citando la Nota TSE-SC EXT 0128/2024 de 14 de marzo, que únicamente responde al accionante su solicitud de copias legalizadas y certificaciones, cuando el objeto de la acción tutelar recae en la Resolución Jurisdiccional TSE-RSP-JUR 037/2024. En síntesis, la autoridad que actuó como Juez de garantías incumplió su deber de fundamentar la decisión emitida. Ante el planteamiento de queja por incumplimiento e incluso de sobrecumplimiento, de acuerdo con lo apuntado en la Consideración previa del presente fallo, el Juez de garantías, omitió dar cumplimiento a la jurisprudencia constitucional vinculante sentada en el ACP 0049/2017-O de 24 de octubre, imprimiendo un trámite incorrecto e innecesario a una situación que era de su pleno conocimiento; en la cual, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir un pronunciamiento, en cumplimiento del art. 40.II del CPCo. Por último, el art. 38 del CPCo establece que: “…La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevarán de oficio, en revisión, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución…”. Consiguientemente, los jueces y tribunales de garantías, tienen el deber de remitir en revisión de manera oportuna ante este Tribunal, las piezas procesales señaladas precedentemente y evitar dilaciones perjudiciales en la resolución de la problemática jurídica. En el presente caso, consta que una vez expedida la Resolución 12 de 8 de agosto de 2024, el Juez de garantías no remitió la causa en revisión hasta el 18 de noviembre de 2024 (fs. 198), incluso ante el reclamo efectuado por el personero del Tribunal Supremo Electoral mediante memorial de 2 de septiembre de 2024 (fs. 171); demora que perjudica la atención pronta de la causa y atenta contra la previsión contenida en el art. 129.IV de la CPE y el citado art. 38 del CPCo que exigen que la resolución del juez o tribunal de garantías se eleve en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas, lo que no ocurrió en el presente caso. Todas estas observaciones al desempeño de la autoridad jurisdiccional requieren que este Tribunal llame la atención al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, por no desplegar adecuadamente su rol como Juez de garantías en desconocimiento de la norma y la jurisprudencia y en particular por el grosero retraso incurrido en la remisión para revisión, instándole a cumplir con responsabilidad sus funciones. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 8 de agosto de 2024, cursante de fs. 154 a 158 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, bajo los mismos efectos dispuestos por el Juez de garantías, disponiendo además la inmediata habilitación sin trámite alguno del partido Falange Socialista Boliviana, reconociendo al accionante como su representante legal; aclarando que ésta concesión de tutela no afecta ni modifica los derechos de otros partidos políticos ya reconocidos. 2° La tramitación de las denuncias por quejas por incumplimiento y sobrecumplimiento indebidamente remitidas en revisión, cursantes en antecedentes (expediente principal y cuadernillo adjunto), deben ser devueltas a la autoridad remitente a los fines de que asuma las determinaciones pertinentes. 3° De acuerdo con las múltiples observaciones realizadas a la actuación del Juez de garantías, se llama la atención a Héctor Yabeta Alba, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, exhortándole a cumplir debidamente sus deberes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0994_2026-S1.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5e05de0b3c253182d3cc7b42b6d9863d63c818596ece7ad1d519d59266fd87a5

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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